Tlaxcala, Tlax. Ex trabajadores del extinto Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP) denuncian que, a dos meses de la extinción del organismo, cerca de 40 personas no han recibido el pago de sus prestaciones ni finiquitos correspondientes.
Los denunciantes responsabilizan directamente a Arturo de Casa Vega, ex presidente del IAIP, a quien acusan de “abandono y complicidad”. A pesar de que, en su momento, aseguró que defendería los derechos de los trabajadores y que se habrían devuelto cerca de dos millones de pesos al gobierno estatal para sus finiquitos, se ha negado a intervenir en el proceso. Los ex empleados reprochan que De Casa Vega se haya reubicado rápidamente en una dependencia gubernamental.
Según la denuncia que llegó al correo de este medio, esta omisión constituye una violación a sus derechos laborales y humanos, lo cual ha puesto a los afectados en una situación de indefensión. Un caso particular es el de una ex trabajadora que se encuentra en las últimas semanas de su embarazo sin acceso a seguridad social ni a los recursos económicos que por ley le corresponden. Los afectados señalan este hecho como un acto de violencia laboral y de género.
La denuncia también menciona al secretario de Finanzas del estado, David Álvarez Ochoa, pues su área era responsable de garantizar la transferencia de los recursos para el pago de las obligaciones con los trabajadores.
Los ex empleados del IAIP recalcan que su situación no es solo un tema administrativo, sino una violación a derechos humanos básicos, ya que la falta de pago ha dejado a muchos sin estabilidad económica ni servicios médicos.
La Ley Federal del Trabajo establece que, en caso de extinción de un organismo público, los trabajadores deben recibir el pago de salarios devengados, prestaciones proporcionales y demás beneficios. Sin embargo, los denunciantes aseguran que ninguno de estos derechos ha sido cubierto.
Finalmente, hacen un llamado urgente al Congreso del Estado de Tlaxcala y a organismos de defensa de los derechos humanos para que intervengan. Los ex trabajadores consideran que esta situación es una injusticia que “exhibe una contradicción”, pues el gobierno que promovió la desaparición del IAIP para ser más eficiente, mantiene en la indefensión a quienes hicieron funcionar la institución.
