Tlaxcala, Tlax. Organizaciones de la sociedad civil cuestionaron la decisión del gobierno federal para no declarar Alerta de Violencia de Género para Tlaxcala por violencia sexual, desaparición y trata de personas, solicitada por separado por las asociaciones civiles Todos para Todos y Colectivo Mujer y Utopía.
En el Foro de Análisis de Contexto sobre las Violencias contra las Mujeres en Tlaxcala que se realizó en el Salón Blanco del Congreso del Estado, Marisol Flores García, integrante del Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Social A.C. señaló que con sólo reconocer el problema o “la buena voluntad de un gobierno” no es razón suficiente o criterio objetivo para que la Segob rechace las solicitudes de AVGM para el estado.
Por su parte, Miriam Pascual de Red Retoño, organización que visibilizó el caso de la desaparición de Karla Romero Tezmol en 2016, señaló que en 2017 en San Pablo del Monte se documentaron 14 casos de desaparición de niñas y 17 desaparecidas en los últimos dos años.
“Tenemos una incertidumbre en el estado sobre el número de personas desaparecidas, derivado del informe de la solicitud de AVG el gobierno reconoció solo 4 desaparecidas en todo el estado, sin embargo el Observatorio Ciudadano de Feminicidio logró documentar 35 casos de enero de 2016 a agosto de 2017 de niñas de 13 y 16 años, esto implica un obstáculo para el acceso de la justicia”, refirió Red Retoño.
Bajo este contexto Miriam Pascual criticó que la Conavim e Inmujeres argumentaran que “bastaba con la buena voluntad del estado” para no declarar una alerta de género.
“Lo que nosotras decimos es que ustedes están representando a un estado y como tal tienen obligaciones en materia de derechos humanos y no es un tema de voluntad, sino una obligación constitucional, nos parece completamente absurdo que el hecho de no declarar AVG sea una cuestión de buena voluntad”.
Por su parte, Edith Méndez Ahuactzin, directora del Colectivo Mujer y Utopía, mencionó que el gobierno ha cumplido con el 4 u 8 por ciento del Plan Sexenal contra la Trata de Personas a un año de que venza su vigencia.
Sin embargo, “lo relevante del informe y de las recomendaciones es que resaltan que antes de las solicitudes de AVG no había información estadística sobre la violencia sexual y la trata de personas y los protocolos no estaban funcionando, por lo que ahora el gobierno debe hacer una reasignación del presupuesto para atender las recomendaciones y replantear el Programa Estatal contra la Trata de acuerdo a los nuevos ordenamientos en la materia”, dijo Marisol Flores. En el foro además participó Rosario Téxis, directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivo de México (Ddeser).
