Migrantes abandonan Tlaxcala tras hostigamiento por agentes migratorios, reciben ayuda de pobladores y gobierno local en su camino hacia Hidalgo, escoltados por autoridades mexicanas.
Tlaxcala, Tlax. El pasado sábado 26 de mayo, personas migrantes provenientes de diversas naciones como Perú, Venezuela, Haití, Cuba, Honduras, Guatemala y Nicaragua, emprendieron una caminata que los llevó a abandonar a pie el territorio del estado de Tlaxcala.
Imagen: Gonzalo Perper / Nierika Images
Tras pernoctar en la estación del tren Soltepec, en el municipio de Tlaxco, Tlaxcala, los migrantes se vieron obligados a dejar atrás esta región tras suopuestamente enfrentar hostigamiento por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).
La situación de vulnerabilidad en la que se encontraban estos migrantes, entre ellos niños, personas con discapacidad , mujeres y hombres, contrastó con la solidaridad mostrada por pobladores, quienes les brindaron ayuda alimentaria y apoyo durante su travesía.
Imagen: Gonzalo Perper / Nierika Images
Escoltados por la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército mexicano, los migrantes fueron conducidos hasta la comunidad de La Unión Tierra y Libertad, donde emprendieron su camino hacia Apan, Hidalgo.
A pesar de las dificultades y los desafíos en su camino, los migrantes continúan su búsqueda de mejores condiciones de vida.
Reprueban redada contra «Caravana Viacrucis Migrante» en Tlaxcala
La Universidad Iberoamericana, la Diócesis de Tlaxcala y la Arquidiócesis de Puebla han manifestado su rotundo rechazo ante la reciente redada perpetrada contra la Caravana Viacrucis Migrante.
El suceso aconteció mientras las personas en situación de movilidad humana transitaban por el territorio tlaxcalteca, específicamente en Tlaxco, a bordo del tren conocido como «La Bestia».
Cristihan Martínez / Nierika Images
Como consecuencia de esta acción, la caravana se vio obligada a detenerse en la estación de La Magdalena Soltepec el pasado sábado 25 de mayo.
A través de un comunicado conjunto, diversas organizaciones civiles han denunciado que las autoridades tlaxcaltecas y federales cercaron, emboscaron y amenazaron verbalmente a aproximadamente 300 personas migrantes, entre las que se encontraban mujeres embarazadas, niños, niñas y personas con discapacidad física.
Se resalta que la caravana había transitado previamente por el estado de Puebla, siendo escoltada por las autoridades para utilizar el mencionado tren de carga, el cual fue detenido en una zona remota y de difícil acceso.
Cristihan Martínez / Nierika Images
Las organizaciones expresaron su profunda preocupación ante la posibilidad de que estas personas sean detenidas, maltratadas, incomunicadas o deportadas sin la debida asistencia legal y humanitaria, poniendo en riesgo sus vidas al ser enviadas de regreso a países donde han enfrentado amenazas y violencia.
Este incidente se suma a las denuncias previas realizadas por los integrantes de la caravana, quienes reportaron agresiones a niños, embarazadas y amenazas por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) durante su paso por Puebla.
Cristihan Martínez / Nierika Images
La Jornada Oriente, en su editorial del 23 de mayo, destaca la discrepancia entre la actitud de la población y las acciones del INM frente a la vulnerabilidad de las caravanas migrantes, demandando una investigación exhaustiva de los hechos.
Finalmente, cabe recordar que esta caravana, conocida como «Viacrucis del migrante 2024», inició hace dos meses en Tapachula, Chiapas, como una movilización anual durante la Semana Santa para denunciar las políticas migratorias que son percibidas como «crueldad» por parte de los migrantes y sus defensores.
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Este país tiene el mayor número de presos por habitante en América del Sur, y una organización de familiares trabaja por sus derechos. Se calcula que unos 30.000 niños y niñas tienen a sus padres o madres privados de libertad.
Por Natalia Uval y Marina Santin
Es lunes y en el Espacio Colabora, en el centro de Montevideo, un grupo de mujeres y representantes de organizaciones sociales se reúnen para conversar sobre el impacto de tener familiares en la cárcel para los niños y niñas. Familias Presentes realiza estos plenarios mes a mes.
Están las mujeres que han liderado la conformación de la organización y también hay quienes llegan por primera vez. Una de ellas, vestida con ropa de trabajo ―son las seis de la tarde― y acompañada de una niña, dice que tiene a su hijo recluido en el Penal de Libertad. La emoción le impide seguir hablando.
Carolina Doglio, Gabriela Rodríguez, Martha Billares y Daniela Durán. Foto: Ernesto Ryan
No se sabe exactamente cuántos niños y niñas tienen a sus padres o madres privados de libertad en Uruguay, el país con más encarcelados por habitante de América del Sur y el décimo del mundo. Serán 30.000, estima alguien en el plenario. El Estado no dispone de esos datos y, por lo tanto, no existen políticas específicas para esa población, rehén de una situación que impacta en sus vidas y en su desarrollo. “El sistema penitenciario no reconoce el entorno afectado por la situación”, alertan. A veces los niños y niñas tienen vergüenza de decir que visitan a su padre o madre en la cárcel, y entonces mienten: “Voy a ver a mi papá al trabajo”, dicen, por ejemplo. Los adultos también lo hacen.
“No toda la familia reacciona de la misma forma. Para una parte de la familia es como si no existiera el tema”, contó a la diaria Carmen [nombre ficticio], una de las mujeres que se acercó al colectivo. Su hijo está privado de libertad, y si bien ella lo visita con regularidad, señala que sus dos hijos mayores “estuvieron seis meses sin ir a ver al hermano, sin preguntar cómo estaba”. “El único que me preguntaba era mi nieto, pobrecito, que me esperaba encontrar sola y me decía: ‘Abuela, no está en una jaula, ¿no?’”.
Lucía [nombre ficticio], otra de las familiares consultadas, plantea el desafío que implica “poder hablar y decir que tengo un familiar privado de libertad” y, a la vez, lo importante que es hacerlo para “visibilizar, porque a cualquiera le puede pasar, y hay que romper con el estigma”. “Yo tengo la alegría de que mis compañeros todos los domingos me preguntan ‘¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo estaba? ¿Qué está haciendo?’. Eso te reconforta, porque entonces vos sentís que no lo enterraron, que no está muerto”, agrega Carmen.
Marisa forma parte del colectivo Memoria en Libertad, integrado por niñas, niños y adolescentes que sufrieron las acciones del terrorismo de Estado en el siglo pasado. Ese día, en el plenario dice que hoy se siguen vulnerando los derechos de las infancias, que tienen que faltar a la escuela para asistir a las visitas, que no cuentan con preparación psicológica, que sufren estigmatización social.
Luisina trabaja en un Centro de Atención a la Primera Infancia (CAPI) que atiende a niños y niñas de entre tres meses y cuatro años que viven con sus madres privadas de libertad. Dice que no tienen recursos para atender toda la demanda, que hay niños y niñas aguardando ingreso. Que a veces la única salida que tienen esos niños son las consultas médicas y el CAPI. Un día hicieron una actividad de integración con los niños en La Floresta, en el departamento de Canelones, y sólo autorizaron a una madre a acompañarlos. A veces sancionan a la madre y la trasladan, y su hijo o hija debe interrumpir su proceso educativo.
En Familias Presentes hay un grupo que está trabajando específicamente en el impacto de la cárcel en los niños, niñas y adolescentes que tienen familiares privados de libertad. “Nos preocupan los niños en relación a la cárcel, tanto los que van como los que no van a visitar, porque, en realidad, hay muchas familias que toman la decisión por los niños de que no vayan, o los niños, cuando llega determinado momento, toman la opción de no visitar”, explicó en entrevista con la diaria Gabriela Rodríguez, una de las fundadoras de la asociación. A modo de ejemplo, apuntó que presentarán un proyecto al Instituto Nacional de Rehabilitación para “aliviar el tiempo de espera con alguna actividad recreativa o artística”.
Familias invisibles
En el plenario recuerdan que existen los Principios de Bogotá, que establecen derechos para los familiares de las personas privadas de libertad, y afirman que hay que tratar de eliminar esa visión de que los únicos afectados por la situación de privación de libertad son quienes están recluidos. Uruguay alcanzó, según cifras de 2023, la tasa de prisionización más alta de su historia: unos 400 privados de libertad por cada 100.000 habitantes (en el entorno de los 15.000 presos en todo el país). Esto implica que si hay entre cuatro y cinco familiares afectados por cada preso ―como estiman en el colectivo―, hay unos 70.000 uruguayos afectados directamente por la cárcel.
Pero Familias Presentes no nació de la preocupación de los familiares por su propia situación, sino para trabajar por los derechos de los privados de libertad. Fue con el correr del tiempo, al empezar a conversar entre ellos y conocer más experiencias, que se dieron cuenta de que el derecho de las personas presas “también están vulnerados”, recuerda Rodríguez. “Porque al principio decís ‘no me importa, yo me visto como sea, si quieren que me pare de mano me paro de mano, así puedo entrar, pero después pasan los años y uno se va dando cuenta de cómo eso va afectando y lo vas desnaturalizando’”, explica.
La diaria entrevistó a Rodríguez, Daniela Durán, Carolina Doglio y Martha Billares, integrantes de la organización. Consultadas sobre si en algún momento, desde que una persona es enviada a prisión, se les informa a los familiares sobre los derechos que tienen en su tránsito por el sistema penitenciario, las entrevistadas coincidieron en que no. “Para los familiares no hay nada, y eso es parte de lo que nosotros vamos aprendiendo”, sostuvo Durán. Por eso, Familias Presentes trabaja, entre otros puntos, en el acceso a información para los familiares de las personas privadas de libertad.
“Desde la organización entendemos que el sistema contempla a la persona privada de libertad y hace un abordaje individual. La familia, o el entorno en donde repercute también el sistema penitenciario ―porque nosotros también lo transitamos―, queda a un lado”, afirmó Doglio. Este desconocimiento, cuentan desde Familias Presentes, muchas veces se traduce en abusos o violencia institucional: “La institución te trata como si vos también fueras un delincuente”, aseguró Durán.
La paradoja que marcan desde el colectivo es que las familias son las que se encargan de cubrir los vacíos que deja el Estado. Cuya responsabilidad es “acompañar, pensar el egreso y sostener económicamente y emocionalmente a la persona”, explicó Doglio. La tarea de cubrir las necesidades básicas de la población en prisión recae, principalmente, sobre las mujeres, porque las que hacen las colas generalmente son mujeres, dicen, algo que se ve reflejado en la integración de la asociación, que es mayoritariamente femenina. “Eso agrava la situación de las mujeres que están privadas de libertad, porque, de pronto, tienen a la mamá, pero la mamá se tiene que hacer cargo de los hijos”, acotó Durán.
Familias Presentes va a tener un lugar en la mesa convocada por la Institución Nacional de Derechos Humanos y el Comisionado Parlamentario Penitenciario para la transformación del sistema carcelario. Foto: Camilo dos Santos
Sin embargo, tener un familiar en la cárcel no sólo incide en la economía de quien le lleva el paquete de comida o los productos de limpieza: hay que hacerse tiempo para visitar, lo que implica tener tiempo libre o flexibilidad laboral para adecuarse a los horarios de las visitas, y la preparación debida para ir, porque no se entra en cualquier condición. “Tenés que tener, como decimos todos, el ‘uniforme’”, explicó Martha. En general ―porque cada establecimiento tiene sus reglas― los colores prohibidos son el negro, el azul, el verde, el estampado camuflado, el blanco, el gris oscuro, el beige. “Tiene que ser pantalón largo, no puede ser bermuda, no puede ser pollera, no puede ser pantalón roto ni plataformas”, agregó Daniela.
“En el [ex] Comcar (una de las cárceles con peores condiciones de Uruguay) no se puede usar capucha ni gorro en invierno ni sombrero para el sol en verano. Las recomendaciones del Ministerio de Salud para los familiares de privados de libertad no corren”, apuntó Gabriela. Doglio agregó que las normas de vestimenta están atravesadas por la violencia de género: “Tenés que pensar qué es lo que te vas a poner para ir y también tenés que dejar de ser vos, porque si me pongo esta calza”, ejemplificó, “capaz que voy a provocar a alguien”. Y ante la necesidad, surge una respuesta del mercado: “En todas las cárceles hay gente que alquila ropa para que puedas entrar”.
Después de entrar está la revisión, y donde no hay escáner ―o los funcionarios entienden que no alcanza― hay que pasar a “la pieza”, apuntó Doglio, en referencia a una sala en la que el visitante se debe desvestir y se lo somete a una revisión más exhaustiva. “Tenés que descalzarte, sacarte la ropa, mostrar tus orificios, agacharte, toser”, explicó. Los elementos descartables, como pañales de bebés y de adultos o los protectores femeninos se desechan: “Hay que llevar un pañal de repuesto porque ese va para la basura y es a costo de la familia”, remarcó Rodríguez.
Con todo, Doglio apuntó que la frustración más grande es la de las familias que quieren pero no pueden acompañar materialmente a sus familiares privados de libertad: “Las cárceles están llenas de gurises que son, la mayoría, jóvenes y pobres, y eso también tiene mucho que ver, porque a veces las familias quieren acompañar, pero no pueden, capaz que no tienen recursos, que no tienen herramientas, que no tienen para mandar un paquete todas las semanas y para mandarle las cosas básicas”, lamentó.
Las cosas tampoco son fáciles a nivel emocional. “No hay nadie que te explique, que te diga ‘mire, va a pasar tal cosa, van a pasar dos semanas, lo van a evaluar y él va a estar en tal lugar’, o sea, vos vas averiguando medio que a los ponchazos”, señaló Doglio, y describió esa sensación como la “angustia de no saber dónde está la persona que querés, que, con suerte, te comunicaste una vez o le pudiste ir a alcanzar algo, y la incertidumbre. La incertidumbre te genera angustia y dolor”.
“Ahí vienen las madrecitas”
Familias Presentes se empezó a conformar en agosto de 2022. Rodríguez señaló que el “empujón” para su creación lo dio Graciela Barrera, hoy senadora por la coalición de izquierda Frente Amplio pero por entonces presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Delincuencia. “Ese impulso lo dio a partir de haber vivido como víctima. Desde ese lugar ella siempre comprendió muy bien, con mucha grandeza humana, que no hay dos veredas, que las personas estamos todas dentro de la sociedad y, por distintas circunstancias, nos tocan distintos roles”, reflexionó Rodríguez, que también mencionó como “otro gran impulsor” al exdirector de la Dirección Nacional del Liberado Jaime Saavedra.
Rodríguez sostuvo que lo que movilizó a las fundadoras fue que “desde la primera vez que nos paramos en una cola y desde la primera vez que tuvimos que decir ‘a dónde vamos a averiguar esto’” notaron que faltaba “una pata”, que eran “las familias organizadas, porque nadie más que nosotros va a estar interesado en que las familias tengan un trato digno, tengan la información que tengan que tener y en evitar abusos”. Asimismo, consideró que la idea “llegó en el momento en el cual nosotros, como familias, también estábamos en condiciones de asumir el trascender la situación individual para poder trabajar por lo colectivo”.
Plenario de Familias Presentes. Foto: Camilo dos Santos
Rodríguez entiende que la situación carcelaria, marcada por el hacinamiento, la violencia y la precariedad, es más visible ahora que “hasta hace dos, tres o cuatro años”, algo que favorece el reconocimiento que ha tenido Familias Presentes en los años que lleva trabajando. “Hoy por hoy es como una preocupación más cotidiana, y no decimos que sea obra de Familias Presentes, pero también por algo somos reconocidos y se busca nuestra voz para para conocer lo que pensamos, lo que sentimos; evidentemente porque era una voz que no existía, que no era visible”, apuntó.
Si bien confesó que “es difícil”, Rodríguez tiene la esperanza de que “como sociedad algún día terminemos de comprender” que el camino no es “gastar en cárceles, sino que si hacemos las cosas de otra manera, vamos a estar invirtiendo” en rehabilitación, y que eso se debe acompañar de más medidas alternativas a la prisión. “Nuestra sociedad durante muchos años ha pedido como solución a la seguridad más cárceles, más penas y más largas, y el sistema político, en parte, ha respondido, lamentablemente, con una inflación punitiva atroz que hoy creo que nadie puede sostener que haya sido la solución a algo”, subrayó.
Rodríguez resaltó que Familias Presentes va a tener un lugar en la mesa interinstitucional e interpartidaria que convocaron la Institución Nacional de Derechos Humanos y el Comisionado Parlamentario Penitenciario “para la transformación del sistema carcelario”, y entiende que esto es “la consagración de que lo que hemos venido haciendo y la forma en que hemos venido trabajando genera el respeto necesario”.
Por su parte, Billares indicó que en el marco del año electoral la organización se planteó un “acercamiento a todos los partidos políticos y, seguramente, hacer alguna actividad en la que tengan que exponer públicamente su postura frente a ciertas cuestiones” vinculadas al sistema penitenciario. Asimismo, Familias Presentes trabaja en una guía de recursos para familiares de personas privadas de libertad, con el fin de “asesorar a la gente, a dónde puede llegar, cómo tiene que llegar, con la ropa, cuando uno precisa un traslado para dónde se tiene que dirigir” y otras dudas frecuentes.
Del otro lado
Por otra parte, Rodríguez señaló que “para los privados de libertad” es importante “saber que hay gente fuera que les importa” lo que pasa del otro lado de las rejas. “Lo vivimos con Martha: llegamos a la cárcel de Canelones y, cuando empezamos a pasar [por las celdas escucharon], ‘che, che, ojo, ahí vienen las madrecitas’”, ejemplificó Durán. Las demás integrantes coincidieron en que perciben el agradecimiento de los privados de libertad. “Agradecen en todo momento que alguien se importe por ellos”, afirmó Durán.
En diálogo con la diaria, un privado de libertad que se encuentra cumpliendo pena en la Unidad 4 de Santiago Vázquez contó que conoció Familias Presentes a dos semanas de haber llegado: “Les expliqué mi situación, ellos me escucharon y me vinieron a ver, me trajeron cosas que precisaba, de higiene, alimentos, y se pusieron a mi disposición. Me explicaron bien de lo que se trataba [la organización], fueron como un apoyo familiar”, aseguró. Dijo que lo ayudaron a conseguir “un lugar en los estudios”, algo que describe como “muy difícil en el sistema carcelario”, porque “es muy lento y trancado”.
“También es muy difícil la asistencia médica; por lo visto, acá si no estás grave no es una emergencia, y también me ayudaron en eso. Siempre están apoyándome y preguntándome cómo me fue, cómo me siento, me han dado un apoyo de una familia unida y lo han hecho con muchos de este establecimiento”, afirmó. “Al menos ya no siento que estoy solo”.
La CEDHT investiga presunto uso de arma de fuego por subdirector de policía en un mitin en Teolocholco, Tlaxcala, el suceso resultó en un herido y un individuo bajo custodia..
Durante el cierre de campaña de Valentín Meléndez, candidato a presidente municipal de Teolocholco por el Partido del Trabajo (PT), se activó un protocolo de atención en la localidad debido a detonaciones de arma de fuego en el evento político, según informó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) a través de sus redes sociales.
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP)
Múltiples llamadas al 911 alertaron sobre disparos en el corazón del municipio, lo que movilizó a las fuerzas de seguridad hacia el lugar para abordar la emergencia.
La persona herida fue trasladada de inmediato al Hospital General de San Pablo del Monte, donde recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro.
El presunto responsable de los disparos fue detenido y puesto a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para esclarecer su situación legal.
De acuerdo con relatos en plataformas digitales e informes de la zona, el tiroteo se inició luego de un altercado entre seguidores del PT y de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Asimismo, mientras Valentín Meléndez, el candidato del PT, emitió una declaración oficial tras el incidente, mientras que la PGJE está llevando a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos.
El gobierno de Tlaxcala ha emitido un llamado a los actores políticos, candidatos y sus equipos de campaña para que se conduzcan con responsabilidad y en apego a las prácticas democráticas establecidas por la ley.
Asimismo, se les insta a cumplir con los acuerdos de civilidad durante el proceso electoral. El gobierno reitera su compromiso de salvaguardar la integridad de los ciudadanos, candidatos y sus equipos, con el objetivo de mantener la paz en la entidad.
Incidente en Teolocholco: Comisión de Derechos Humanos de Tlaxcala inicia investigación
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) ha iniciado una investigación tras los acontecimientos ocurridos el 26 de mayo en el municipio de Teolocholco, donde, según reportes, el subdirector de la policía municipal habría herido a varias personas con arma de fuego.
Según información recabada durante la tarde del domingo, personal de la Visitaduría región sur se desplazó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y al hospital de San Pablo del Monte, donde fueron atendidas las víctimas, con el objetivo de llevar a cabo las entrevistas pertinentes para determinar si se violaron sus derechos humanos y para evaluar la posible responsabilidad de las autoridades municipales.
Los medios de comunicación han informado que el incidente tuvo lugar frente a la presidencia municipal de Teolocholco durante un evento de carácter político, donde la intervención de la policía municipal en un incidente de tránsito desencadenó un altercado, culminando con el presunto uso de arma de fuego por parte del subdirector de la policía municipal contra civiles.
La presidenta de la CEDHT, Jakqueline Ordoñez Brasdefer, ha condenado enérgicamente cualquier forma de violencia perpetrada por autoridades de cualquier nivel de gobierno contra cualquier individuo, argumentando que dichas acciones constituyen una vulneración de los derechos humanos, los cuales están fundamentados en la dignidad e integridad de las personas.
Escenario Tlaxcala
Ordoñez Brasdefer afirmó que la CEDHT está llevando a cabo una investigación para asegurar que en todo momento se respeten los derechos humanos de todas las personas involucradas en los hechos, y que cualquier comportamiento delictivo sea juzgado de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Estado de Derecho.
Como resultado de estos acontecimientos, el agente de policía implicado en el incidente fue detenido por sus propios compañeros y, posteriormente, trasladado a la PGJE por elementos de las Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Marina para su resguardo.
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El Consejo Estatal de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala ordenó la sustitución inmediata de 19 directores municipales de seguridad por no contar con las certificaciones necesarias.
Tlaxcala, Tlax. El pasado 23 de mayo Consejo Estatal de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala ha ordenado la inmediata sustitución de 19 directores municipales de Seguridad Pública, esta determinación fue tomada en una sesión extraordinaria presidida por la gobernadora del estado Lorena Cuellar Cisneros, quien recibió el respaldo de las autoridades del Poder Legislativo y Judicial.
SEGOB Tlaxcala
Falta de exámenes y certificaciones motiva la sustitución
La medida se basa en la falta de exámenes de control y certificaciones necesarias por parte de los directores para ejercer sus funciones, incumpliendo así con la normativa federal y estatal.
El Consejo ha señalado que se han realizado varios exhortos previos para que estos funcionarios cumplan con los requisitos indispensables para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
La determinación del Consejo se fundamenta en la protección de los Derechos Humanos y en el cumplimiento de la nueva Ley de Seguridad Pública y Ciudadana del Estado de Tlaxcala.
Por unanimidad, se ha acordado que los encargados de la seguridad deben ofrecer certeza a la población, manteniendo un trabajo que garantice la seguridad y el respeto a los derechos fundamentales.
La decisión se sustenta en los resultados emitidos por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
De los 60 directores evaluados, 39 fueron aprobados, 9 no lograron aprobar, 10 no solicitaron la evaluación, uno está pendiente de programación y una dirección se encuentra sin titular.
Finalmente, la sesión extraordinaria se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i).
En ella estuvieron presentes los integrantes de la Mesa para la Construcción de Paz, así como autoridades del Poder Legislativo, Judicial y de la Secretaría de Gobernación federal.
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Maestros de la UPTx formaron sindicato agremiado a la CTM por inquietudes laborales.
Tlaxcala, Tlax. El viernes 24 de mayo, docentes de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) han formado un sindicato afiliado al Sindicato de Profesionistas de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Este movimiento surge en respuesta a diversas inquietudes laborales e inconformidades administrativas que han surgido entre el personal académico.
Denuncias Uptx
Manifestaciones por derechos laborales
El 21 y 22 de mayo, los maestros llevaron a cabo una manifestación pacífica frente a las instalaciones de la UPTx. Durante esta protesta, expresaron su descontento ante la falta de apertura al diálogo por parte de las autoridades universitarias y criticaron los recientes despidos de personal.
El personal docente, administrativo y de servicios de la UPTx ha realizado manifestaciones pacíficas de forma escalonada en respuesta al clima hostil generado por la Rectoría y los directivos de la universidad.
Denuncias Uptx
A pesar de haberse sindicalizado, según los docentes, la rectora Rosalía Nalleli Pérez Estrada ha iniciado una campaña de hostigamiento laboral, despidos injustificados y levantamiento de actas administrativas.
A través de pancartas, los catedráticos demandaron «Apertura al diálogo», «Contrato colectivo», y «Cargas horarias justas».
CTM Busca Negociar Contrato Colectivo
El secretario de Trabajo y Conflictos de la CTM en Tlaxcala, Víctor López Hernández, reveló que casi la mitad de los trabajadores de la UPTx se han afiliado al sindicato. Ahora, están en busca de negociar un contrato colectivo de trabajo con la universidad.
Denuncias Uptx
Durante las celebraciones del Día del Trabajo, la CTM informó a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros sobre esta intención.
Intervención de la CEDH
Ante esta situación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha emitido medidas cautelares a favor de los más de 132 trabajadores afiliados al sindicato.
Denuncias Uptx
Finalmente, estas medidas buscan garantizar que las relaciones laborales se desarrollen en estricto apego a la legalidad y seguridad jurídica, y que se evite cualquier forma de discriminación u hostigamiento laboral. Se ha instado a establecer una mesa de diálogo para resolver el conflicto de manera pacífica.
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Don Luis Augusto Reyes, de 82 años, falleció tras un asalto en su hogar en Tlaxcala donde fue dejado atado de pies y manos, lo que indignó a sus familiares debido a la falta de atención médica oportuna.
Tlaxcala, Tlax. Luis Augusto Reyes, de 82 años, falleció luego de un mes de luchar por su vida tras sufrir un violento asalto en su hogar. El atraco ocurrió el pasado 1 de mayo en la comunidad de Belén Atzitzimititlán, municipio de Apetatitlán.
Sujetos desconocidos irrumpieron en su casa, robándole las escrituras de dos terrenos y varios bienes, dejando al anciano atado de pies y manos. La gravedad de sus lesiones lo llevó a una dolorosa cirugía en la que tuvieron que amputarle las manos.
El señor Luis Augusto Reyes fue encontrado dos días después del asalto, severamente herido, en el piso de su domicilio ubicado en la carretera Tlaxcala-Apizaco.
Sus manos y pies estaban morados y las lesiones sufridas resultaron en un daño irreparable en el torrente sanguíneo.
A pesar de los esfuerzos médicos en el hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Adolfo López Mateos de la Ciudad de México, donde pasó 20 días luchando por su vida, no logró sobrevivir y 20 de mayo se confirmó su fallecimiento.
Don Luis fue despedido entre música de viento de una orquesta de la que era miembro. Las autoridades continúan investigando el caso en busca de los responsables de este crimen.
Familiares de Don Luis Augusto Reyes denuncian negligencia y falta de atención en Tlaxcala
La familia de Luis Augusto Reyes denunció que ni la Policía Estatal ni la Fiscalía del Estado tuvieron conocimiento del caso hasta que ellos lo denunciaron en medios de comunicación.
Según sus familiares, cuando Don Luis Augusto ingresó al Hospital General de Tlaxcala, no recibió atención médica hasta que presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. Fue entonces cuando fue trasladado al Hospital General del ISSSTE Adolfo López Mateos, en la Ciudad de México.
Finalmente, en el hospital capitalino, los médicos hicieron todo lo posible por salvar la vida del hombre de la tercera edad, quien finalmente requirió una cirugía para amputar sus manos. A pesar de los esfuerzos médicos, Don Luis Augusto falleció días después.
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Activistas y académicas convocaron a los candidatos para discutir las condiciones laborales de las mujeres en la industria indumentaria, pero estos no respondieron al llamado.
Tlaxcala, Tlax. El 22 de mayo llevó a cabo, en el Patio Vitral del Congreso de Tlaxcala, el foro «Derechos laborales de las trabajadoras de la industria indumentaria en la agenda electoral”, donde se abordó la necesidad de mejorar las condiciones de precariedad de las mujeres que se dedican a este sector.
El evento fue convocado por diversas asociaciones civiles, como la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser-Tlaxcala), Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C y Fundación AVINA.
Durante el foro se presentó el diagnóstico Recomendaciones para la justicia económica en la industria indumentaria de Tlaxcala y Puebla, un estudio realizado por catedráticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), en donde aborda la necesidad de mirar con perspectiva de género las condiciones en las que laboran las mujeres que se dedican a la industria indumentaria.
En ese sentido, Rosario Texis Zúñiga, directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser-Tlaxcala) externó que los resultados de esta investigación buscan promover mejores condiciones laborales de las mujeres que se encuentran en este sector, desde una perspectiva de justicia económica.
Uno de los objetivos de este foro es presentar a las y los candidatos de las elecciones 2024, las recomendaciones para que las agregaran en su agenda.
Sin embargo, no se contó con la presencia de ellos ni de sus representantes de partidos, a excepción del partido local Alianza Ciudadana. Al respecto, Texis Zúñiga mencionó que se les envió la invitación correspondiente a todos los partidos.
La importancia de poner a las mujeres de la industria indumentaria en la agenda electoral
De acuerdo con información de la investigación titulada «Recomendaciones para la justicia económica en la industria indumentaria de Tlaxcala y Puebla» al interior de los centros de trabajo imperan los bajos salarios, las largas horas de trabajo sin compensación, las condiciones laborales precarias y el acoso sexual, lo que impacta negativamente a las mujeres de manera específica y directa.
Denisse Pérez Martínez, representante de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C., dio a conocer durante el foro que no se ha encontrado un plan o iniciativa dirigida a superar las disparidades de género en el empleo dentro de la industria textil.
En el contexto específico de Tlaxcala, no existe una conexión con los esquemas estatales destinados al avance de las mujeres ni una colaboración interinstitucional para abordar la complejidad de este problema. Como resultado, estas acciones no están reflejadas en el presupuesto programático establecido.
Asimismo refirió que aproximadamente el 71% de las mujeres que laboran en la industria indumentaria en Tlaxcala realizan, además, trabajo doméstico y de cuidados, sin percibir salario.
El evento contó con la presencia de las diputadas locales Adriana Orea Díaz, Alejandra Ramírez Ortiz y Jacqueline España Capilla, quienes abordaron las necesidades en las que se enfrenta el Estado de Tlaxcala por garantizar condiciones de trabajo dignas a las mujeres que laboran en la industria indumentaria.
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De ganar Claudia Sheinbaum la presidencia de la república, muy probablemente reafirmaría los dichos de Manuel Velasco y ajustarían los programas sociales de acuerdo a la inflación
Tlaxcala, Tlax. La frase atribuida a Manuel Velasco Coello durante su visita a Tlaxcala, donde menciona que Claudia Sheinbaum ha sido clara en afirmar que los programas sociales no solo continuarán, sino que también tendrán un aumento gradual acorde a la inflación, es parte de un contexto económico complejo en México.
A continuación, se presenta una verificación sobre la gestión económica y las políticas monetarias y fiscales del gobierno federal en relación con la inflación y los programas sociales.
Política monetaria y fiscal en México
Según una nota del medio de comunicaciónExpansión, para 2025 el actual gobierno prevé un aumento significativo en el presupuesto destinado a programas prioritarios, continuando con la visión impulsada durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), más de 70 programas recibirán incrementos sustanciales en sus asignaciones presupuestarias.
Entre estos programas, destaca la Pensión para Adultos Mayores, que recibirá 482,953 millones de pesos, un aumento de 17,904 millones en comparación con el presupuesto de 2024.
Este monto es diez veces mayor al asignado a las becas Benito Juárez para Educación Media Superior, subrayando la prioridad que se otorga a este apoyo a la población de la tercera edad.
Los cerca de 483,000 millones de pesos destinados a la Pensión para Adultos Mayores en 2025 equivalen a la totalidad de lo recaudado por el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en 2023, que fue de 460,000 millones de pesos, según datos de Hacienda.
Este incremento presupuestal permitiría financiar un año completo del programa de Fertilizantes para el Bienestar, según los Precriterios de Política Económica 2025 presentados por Hacienda al Congreso el pasado 27 de marzo.
En total, diez de los programas sociales prioritarios del gobierno federal recibirán alrededor de 719,915 millones de pesos en 2024. Para 2025, la Secretaría de Hacienda propone elevar esta cifra a 747,631 millones de pesos, lo que representa una variación del 4% y un incremento de 27,715 millones de pesos en comparación con el cierre previsto para 2024.
De ganar Claudia Sheinbaum la presidencia de la república, muy probablemente reafirmaría los dichos de Velasco y ajustarían los programas sociales de acuerdo a la inflación.
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Alcalde de Zacatelco, Hildeberto Pérez, fue detenido por desvío de recursos; no obstante, ya era evidente la falta de gobernabilidad en el municipio.
Zacatelco, Tlax. Este lunes, agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y de la Guardia Nacional (GN) aprehendieron a Hildeberto Pérez, actual alcalde de Zacatelco, debido al presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, derivado de las observaciones encontradas en su cuenta pública del Ejercicio Fiscal 2022, las cuales apuntan a un probable daño patrimonial que supera los 10 millones de pesos.
La PGJE confirmó la aprehensión del edil, quien fue trasladado al Centro de Reinserción Social (CERESO) de Tlaxcala. Respecto a la situación jurídica de Hildeberto Pérez será determinada por un juez conforme a los delitos que se le imputan.
Según el artículo 160 del Código Penal, fracción II, el delito de uso indebido de atribuciones y facultades implica «el servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé una aplicación pública distinta de aquella a que estuvieren destinados o hiciere un pago ilegal».
Las penas para este delito pueden oscilar entre uno y nueve años de prisión, además de una multa que va de 18 a 648 días de salario. En caso de comprobarse que el servidor público se benefició personalmente, las sanciones podrían aumentar hasta en una tercera parte.
Con información de la PGJE, la Cuenta Pública correspondiente al 2022 de Zacatelco fue reprobada por la LXIV Legislatura del Congreso, dado que el probable daño patrimonial representó el 12.8% del presupuesto anual. Las observaciones señalaron irregularidades por un total de 10 millones 796 mil 563 pesos, distribuidos en varios rubros, incluyendo ingresos fiscales, participaciones e incentivos económicos, y fondos destinados a la infraestructura social municipal.
En esa línea, la auditoría realizada por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) detectó diversas irregularidades, como gastos pagados sin documentación comprobatoria, pagos de bienes y servicios sin acreditar su recepción o aplicación, y pagos a empresas sin justificación de operaciones comerciales. Además, se encontraron recursos públicos faltantes y sobreprecios en conceptos de obra, insumos y servicios.
Falta de gobernabilidad en el Municipio de Zacatelco
A pesar de que en estos momentos, el alcalde Hildeberto Pérez; se encuentre en prisión, la situación del municipio de Zacatelco ya se veía afectada desde el año pasado.
En diciembre de 2023, Ricardo Román, regidor de Zacatelco, acusó al hermano del edil, Francisco Pérez Álvarez de cometer actos de corrupción al interior de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del municipio, que en ese momento estaba a cargo de René Hernández.
Días después de esa declaración, el municipio de Zacatelco reprimió una manifestación con actos violentos, Ante este hecho, se decidió de manera unánime inhabilitar por tiempo indefinido la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad, acuerdo que fue firmado y respaldado por el secretario de Gobierno, legisladores locales y el alcalde Hildeberto Pérez Álvarez.
Desde entonces la seguridad del municipio de Zacatelco estaba a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
En hechos más recientes, el pasado mes de abril, tres policías estatales fueron linchados en el municipio, hecho que desencadenó acusaciones de falta de seguridad pública e incumplimiento de obligaciones por parte de las autoridades estatales, razón por la que el Congreso del Estado de Tlaxcala inició un expediente de juicio político en su contra, el cuál fue solicitado por la ciudadanía.
El artículo 24 de la Ley Municipal establece los procedimientos en caso de ausencia absoluta del presidente municipal. En este caso, correspondería a su suplente o al primer regidor asumir la responsabilidad, dependiendo de la naturaleza y duración de la ausencia.
A pesar de esta situación, su hijo Hilbeberto Pérez conocido como “El Puma” sigue en la contienda electoral por la alcaldía de Zacatelco y no se ha pronunciado al respecto de la detención de su padre.
Tlaxcala, Tlax. La producción de maíz libre de glifosato, con la utilización de técnicas agroecológicas, es más rentable que el uso de fertilizantes, plaguicidas y herbicidas, de acuerdo con una investigación del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuaria (INIFAP) realizada en dos comunidades de Tlaxcala.
Cristihan Martínez / Nierika Images
El glifosato es el herbicida de mayor uso en el mundo. “Fue introducido al mercado por la empresa Monsanto en 1974 con su formulación más conocida, el Roundup”, de acuerdo con el CONAHCYT.
Es un probable cancerígeno, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Provoca daño a nivel celular y en el ADN.
En algunos lugares del país al glifosato le llaman matatodo. “Detiene la síntesis de proteínas en células vegetales, con lo que el crecimiento de la planta cesa hasta que muere”, afirma un documento del CONAHCYT.
El estudio Rentabilidad de la producción de maíz en sistemas agroecológico y convencional en dos comunidades de Tlaxcala, de la investigadora Alma Velia Ayala y Benjamín Hernández, comparó dos sitios de producción de maíz: el faro Agroecológico “Vicente Guerrero” en Españita (compuesto por 100 productores) y productores de maíz criollo (nativo) en Huamantla.
Cada grupo fue integrado por 10 pequeños productores en igualdad de circunstancias tecnológicas.
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El faro agroecológico «Vicente Guerrero»-centro de cultivo de saberes técnicos y agroecológicos que buscan crear producción sustentable-, trabaja con policultivo: maíz, calabaza y frijol. Utiliza compostas, lombricomposta, harinas de rocas, microorganismos benéficos y otros insumos naturales, sin involucrar agroquímicos en ninguna etapa del proceso de cultivo.
Los productores de Huamantla usaron agroquímicos de manera empírica, es decir, de acuerdo a su propia experiencia y a como va desarrollándose el crecimiento del cultivo, sin asesoría técnica de alguna institución especializada en agronomía.
Los resultados del estudio arrojaron que el rendimiento del Faro agroecológico es mayor: su producción fue de 3.5 toneladas por hectárea, un rendimiento superior al promedio estatal y nacional, además de obtener frijol y calabaza.
Por su parte, los productores de Huamantla obtuvieron 2.5 toneladas por hectáreas, número menor inclusive a la media estatal de 2.4 toneladas por hectárea.
Glifosato y sus peligros
Durante la conferencia de prensa “Atención al decreto para prescindir del glifosato en México”, realizada el 24 de marzo de 2024, un grupo de científicos- de diferentes instituciones del país- ofrecieron diferentes números que indican las acciones emprendidas por el CONAHCYT para avanzar hacia la sustitución del glifosato.
La Dra. Ana Laura Wegie Broulo, investigadora de la UNAM, indicó que estamos en un momento crítico que demanda un cambio en el rumbo del planeta y en el país, donde la pandemia de Covid-19 mostró la vulnerabilidad provocada por las comorbilidades generadas por el desequilibrio ecológico.
Infografía: SEMARNAT.
México tienen 7 millones de hectáreas cultivables donde, durante los últimos 10 años, se ha triplicado el número de agrotóxicos peligrosos para la salud.
Actualmente, diversas instituciones del país están trabajando con productores de 22 estados organizados en faros agroecológicos, para sustituir el glifosato que se usa para matar maleza- arvenses-, cuando en realidad sólo el 7% son dañinas para los cultivos.
En el país, el 44% de los productores usa glifosato, de estos sólo el 8.7% de los productores a gran escala lo utiliza, de acuerdo con Luis Rafael Palacios Mirón, titular de la Procuraduría Agraria.
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En México, el 54% de la producción viene de los campesinos de pequeña escala: 5 millones de campesinos proveen de alimentos a México, en un país donde todavía el 50% de la tierra es de propiedad social.
El manejo de la maleza ya tiene alternativas milenarias: uso de animales, desbrozadoras, rotación de cultivos, etc. El campo mexicano ha sido sostenido por estas alternativas durante cientos de años, sin recurrir a ningún agroquímico.
Los números del campo en Tlaxcala
A pesar de que el estudio citado muestra mayor rendimiento con el sistema agroecológico, también es necesario remarcar que el 50% de los costos de producción se destinó al manejo de arvenses- maleza, mala yerba-, con el trabajo manual (uso de machetes y azadones), lo cual implica mayor presencia de jornaleros, ocupando entre 32 y 38 personas para el caso del estudio realizado en Españita.
El trabajo en el campo tlaxcalteca ha disminuido debido a la migración campo- ciudad, de cuerdo con la investigación del INIFAP.
El Censo agropecuario 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indica que en Tlaxcala hay 324 mil hectáreas en áreas rurales, de las cuales el 75.6% son utilizadas para actividades agropecuarias.
241 402 hectáreas son de uso agrícola- sembradas o no sembradas- de ellas el 93.0% usan el riego de temporal. En Tlaxcala se siembra maíz grano blanco, forrajero, avena forrajera, cebada grano y trigo grano. Además, se cultiva alfalfa, agave, nopal, fresa y manzana.
El campo tlaxcalteca es trabajado por 289 813 hombres y 83 046 mujeres, donde la participación de este género disminuyó de 26.0% a 22.3% en relación con el censo de 2007.
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Es importante señalar que el 33.7% de productores rebasan los 65 años, 49.5% tienen entre 45 y 65 y sólo el 16.7% tiene entre 18 y 45 años. Es decir, la tierra la trabaja en su mayoría personas mayores de 45 años.
Problemas como el alto costo de insumos y servicios, la inseguridad, la escasez de mano de obra, la pérdida de fertilidad del suelo y la edad avanzadas afectan la producción del suelo tlaxcalteca.
La diversificación de actividades es la opción para la supervivencia de los productores, quienes han aumentado su nivel escolar.
El estudio de INIFAP indica que, por lo menos en este ejemplo de núcleo agroecológico, la utilidad de los productores que no utilizaron glifosato fue superior, obteniendo- además de mayor producción-, frijol y calabaza para el autoconsumo.
Por cada peso que invirtieron los productores de Vicente Guerrero obtuvieron ganancias de 24 centavos, lo cual lo convierte en una actividad rentable, contrario a los productores de Huamantla que tuvieron una rentabilidad negativa.
La discusión de la prohibición del glifosato continúa en el ojo público debido a la nueva postergación del decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En un inusual comunicado emitido por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Secretaría de Economía (SE), se aseguró que no existe aún una sustitución para el glifosato a pesar de los esfuerzos emprendidos por un grupo de expertos del CONAHCYT, la Universidad Autónoma Chapingo, UNAM, Procuraduría Agraria y un copioso grupo de expertos que ofrecen alternativas agroecológicas para suprimir, de una vez por todas, este herbicida que atenta contra la salud pública.
