No han habido sentencias por los feminicidios perpetuados en Tlaxcala durante la administración de Lorena Cuéllar.
Tlaxcala, Tlax. Entre septiembre de 2021 y abril de 2024, el Colectivo Mujer y Utopía ha documentado 94 casos de feminicidio en Tlaxcala, ninguno ha tenido sentencia durante la administración de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.
El 24 de marzo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) publicó un informe sobre la incidencia delictiva y llamadas al 911, específicamente sobre la violencia contra las mujeres en Tlaxcala.
Según este informe, en el primer bimestre del año se registraron dos feminicidios en la región.
A pesar de que se tiene conocimiento de diez posibles feminicidios ocurridos entre enero y marzo de 2024, y de que la PGJE ha informado sobre la apertura de diez carpetas de investigación con protocolo de feminicidio, la misma dependencia local sólo reportó dos feminicidios al SESNSP.
Por su lado, en lo que va del año, el Colectivo Mujer y Utopía ha documentado 13 muertes de mujeres como probables feminicidios, de ellos tres registrados como accidentes o suicidios.
En ese sentido, es notable la disparidad de información respecto al número de feminicidios que se han perpetuado en los últimos tres años, durante la administración de Lorena Cuéllar; pues a pesar de que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) ha contabilizado 21 feminicidios en Tlaxcala, el Colectivo Mujer y Utopía (CMyU) ha registrado 94.
A continuación se observa el número de feminicidios perpetrados en Tlaxcala por año.
San Pablo del Monte, Tlaxcala, Apizaco, Huamantla y Zacatelco son los municipios en donde se concentran la mayoría de los feminicidios en la entidad.
Investigar muertes violentas de mujeres con perspectiva de género
Uno de los problemas que ha observado el Colectivo Mujer y Utopía es la ausencia de perspectiva de género pde parte de las autoridades locales al momento de investigar los casos de suicidio de mujeres.
Al respecto, Edith compartió que en algunos casos, los feminicidios se presentan como un suicidio debido a que quien cometió el delito altera la escena del crimen para que parezca un suicidio.
Sin embargo, se ha comprobado en casos específicos que al levantar la información correspondiente con perspectiva de género, se descarta la hipótesis de suicidio.
En esa línea, la directora del Colectivo Mujer y Utopía, resaltó que en casos de suicidio de mujeres, es crucial considerar si estaban experimentando violencia familiar o de pareja, amenazas debido a discriminación, u otras formas de violencia que pueden haber contribuido al acto.
«Si no se aborda con esta perspectiva, es probable que las líneas de investigación pertinentes no se establezcan y se atribuyan los casos a problemas de salud mental como depresión o ansiedad, sin abordar las circunstancias específicas que enfrentaban estas mujeres.»
Sin sentencias por los delitos de feminicidio en Tlaxcala perpetrados en administración de Lorena Cuéllar
A pesar de que en enero de este año, durante la comparecencia de actividades por parte de la Procuradora General del Estado de Tlaxcala, Ernestina Carro Roldán , se dio a conocer que se han realizado 9 de sentencias por el delito de feminicidio, la directora de Mujer y Utopía asegura que no se ha dictado sentencia alguna.
«Sí han habido sentencias por el delito de feminicidio pero de administraciones pasadas, no por el delito de feminicidios que se han perpetuado en la administración actual»
Sobre las decisiones judiciales emitidas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Carro Roldán informó que de las nueve sentencias dictadas, se obtuvo un total de 368 años de condena por dicho crimen.
Aunque la procuradora dio a conocer que desde que asumió el cargo en 2021 han girado cinco órdenes de aprensión por el delito de feminicidio, Edith Méndez resaltó que los procesos judiciales son largos, evitando la pronta impartición de justicia por este delito.
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El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) reservó registros de candidaturas de 10 partidos por irregularidades y violaciones legales, incluyendo omisiones en acciones afirmativas y encabezamientos inadecuados.
Tlaxcala, Tlax. El pasado 02 de abril de 2024, el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) tomó la decisión de reservar el registro de candidaturas a diputados locales de 10 de los 11 partidos políticos participantes en las próximas elecciones.
Esta medida fue tomada debido a que los documentos presentados por los partidos no lograron demostrar la pertenencia de las candidaturas por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional.
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones
Dentro de las irregularidades, el PAN colocó al exdiputado local de Morena, José María Méndez Salgado, como integrante de la comunidad LGBTTTIQ+, en busca de cumplir con las acciones afirmativas.
De acuerdo con el ITE, «las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria para situaciones en desventaja, que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos».
Asimismo, el ITE reservó las candidaturas de mayoría relativa y representación proporcional de la candidatura común “Sigamos Haciendo Historia en Tlaxcala”, integrada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Nueva Alienza (Panal), Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas (RSP), debido a diversas omisiones, dentro de las que destaca no acreditar los requisitos para la postulación de personas indígenas y no cumplir con la cuota migrante.
El ITE también determinó que el PRI violó la ley al encabezar Enrique Padilla Sánchez su lista de diputaciones de representación proporcional; por alternancia, debería ser una mujer la primera en la lista.
Además, no avaló cuatro de las ocho candidaturas de mayoría relativa correspondiente a la coalición “Fuerza y Corazón por Tlaxcala” por no postular ninguna en favor de los grupos vulnerables.
El PVEM también enfrentó problemas con sus registros, ya que su lista de candidaturas de representación proporcional fue rechazada al ser encabezada por un Jaime Piñón Valdivia, violando el principio de alternancia, pues debería ser una mujer la que encabece la lista.
Además, inscribió a un candidato para cumplir con la acción afirmativa de personas con discapacidad, presentando documentación no válida.
Por su parte, el Partido del Trabajo (PT) volvió a postular al coordinador nacional, Silvano Garay Ulloa, como candidato uno de la lista plurinominal, incumpliendo acciones afirmativas en favor de personas con discapacidad y residentes en el extranjero.
En lo que respecta al Partido de la Revolución Democrática (PRD), los consejeros del ITE han concluido que no cumplió con la postulación paritaria, con base en el principio de representación proporcional, dentro de las cuotas establecidas en favor de los grupos de atención prioritaria.
Esto incluye juventudes, indígenas, miembros de la comunidad LGBTTTIQ+, personas con discapacidad y residentes en el extranjero.
Por otro lado, el partido Movimiento Ciudadano (MC) ha sido destacado por el ITE como el único instituto político al que se le aprobaron ambas listas de candidatos: tanto de mayoría como de representación proporcional.
Esto se debe a que no sólo cumplió con la paridad de género, sino que también implementó acciones afirmativas a favor de los grupos vulnerables.
Finalmente, el ITE determinó que el Partido Alianza Ciudadana no cumplió con la postulación de personas indígenas ni de residentes en el extranjero.
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Aunque hubo obstáculos en el camino y la extrema derecha ahora amenace los consensos, España es pionera en Europa en la adopción de una ley integral o en la recopilación de datos, lo que conforma un sistema que es consultado habitualmente por otros países.
El maltrato que sufría por parte de su marido esta mujer nacida en Granada, en el sur de España, entró en los hogares andaluces en 1997 cuando contó en televisión el infierno que vivía hacía 40 años. Solo 13 días después de su aparecer en televisión, José Parejo la asesinó.
España ha sido un país pionero en implementar medidas integrales contra la violencia de género con compromiso político y movilización social. Foto de Olmo Calvo
El caso fue una sacudida. Con los años, Ana Orantes no solo se convirtió en un símbolo sino que contribuyó a impulsar las reformas legislativas que convirtieron a España en pionera en la puesta en marcha de políticas públicas contra la violencia de género y en un referente a nivel europeo.
Así es concebido el país de puertas para fuera, desde donde se suele destacar como la joya de la corona la Ley Integral contra la Violencia de Género, que este año cumple su vigésimo aniversario.
Lo recalca François Kempf, miembro del secretariado del Grupo de Expertos contra la Violencia contra la Mujer y Doméstica del Consejo de Europa (GREVIO), que vela por el cumplimiento del Convenio de Estambul por parte de los Estados: “España ha sido un país pionero al adoptar un enfoque integral para combatir la violencia de género, anclado en la ley de 2004”, que se ha complementado con una “evolución posterior de leyes y políticas que han demostrado compromiso al más alto nivel político y la voluntad de movilizar a la sociedad en torno a este objetivo”.
La entrevista a Ana Orantes le puso rostro, voz y palabras al maltrato que sufría por parte de su marido. En 1997, solo 13 días después de su aparecer en televisión, José Parejo la asesinó.
Aunque durante los Gobiernos del Partido Popular de José María Aznar se aprobaron medidas como la regulación de las órdenes de protección para víctimas, fue el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero el que impulsó el marco integral.
De hecho, ya en 2002, los socialistas habían presentado en el Congreso una propuesta de norma que desde los 90 venía trabajando la recién creada Red de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género, pero el PP votó en su contra.
Finalmente, el 8 de octubre de 2004 la ley fue aprobada por unanimidad.
La norma desplegó todo un sistema de protección y atención a las víctimas a través de juzgados especializados, ayudas sociales y laborales o servicios de atención psicológica, información y asesoramiento.
Pero más allá de las medidas concretas, la ley supuso un salto cualitativo al reconocer por primera vez que la violencia de género no es algo que afecte al ámbito privado, sino como un “símbolo más brutal de la desigualdad” entre hombres y mujeres. En su preámbulo, la ley indica que es una violencia que se caracteriza por la condición de género.
Manifestantes durante un 8M en la ciudad de Madrid. Foto de Alejandro Navarro Bustamante.
“Aunque podamos ser críticas, lo cierto es que comparativamente España es una referencia. Un elemento diferencial es que aquí se habla de violencia de género como tal cuando en otros muchos estados como Alemania se la llama violencia doméstica y queda en el ámbito familiar.
La denominación es un avance importantísimo porque permite vislumbrar la razón estructural que hay detrás”, sostiene Noelia Igareda, profesora de Filosofía del Derecho especializada en Género de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Antes del Convenio de Estambul
La recopilación de datos es otro de los elementos diferenciales: tanto de denuncias, sentencias y órdenes de protección como de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas hombres, algo que se hace oficialmente desde 2003 y superan ya los 1.200.
Teresa Nevado, exmiembro de la comisión ejecutiva del European Women Lobby y ahora secretaria general de la delegación española, así lo cree: “Se comenzó a tomar datos específicos en un momento en el que el resto de países no lo hacían ni tampoco muchos tenían ni tienen a día de hoy una ley integral, que se ha convertido en algo así como un modelo a seguir”.
Tanto es así que las visitas de delegaciones extranjeras a España para conocer el sistema han pasado a ser algo habitual. Representantes de países de todo el mundo como Francia, Argentina, Brasil, Ucrania, Alemania, Reino Unido, Egipto, Suiza o Turquía han venido en los últimos años a conocer el Sistema VioGén, con el que la Policía hace la valoración del riesgo de las víctimas y su seguimiento, según la recopilación de visitas que ha hecho el Ministerio del Interior desde 2019.
El 016 ―teléfono de atención a víctimas que funciona 24 horas todos los días― o las pulseras de control para maltratadores son otros de los engranajes del sistema por los que se interesan las visitas.
El sistema de atención a las víctimas es otro de los pilares de la respuesta de España al problema de la violencia de género.
Esta “respuesta coordinada” ante la violencia de género, que pasa también por la red de servicios a nivel autonómico y municipal, es destacada por el GREVIO, que también pone el foco en la creación de los juzgados y las unidades policiales especializadas.
Y, sobre todo, en la adopción de este enfoque integral y el reconocimiento de “la naturaleza de género” de este tipo de violencia “muchos años antes” de que se adoptara el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014, explica Kempf, que más allá de la ley de 2004 celebra también el “desarrollo posterior” de leyes y políticas.
Precisamente esta falta de perspectiva de género a la hora de investigar los crímenes contra las mujeres es algo que GREVIO ha criticado insistentemente a numerosos países como Bélgica, Francia, Malta, Montenegro, Países Bajos, Portugal o Serbia, según la evaluación realizada por el grupo en 2020.
Dos años más tarde, el país analizado fue Alemania, sobre el que, a pesar de los avances, el informe final alerta de “graves deficiencias” y “un problema general” que es la “falta de un plan de acción nacional y coordinación” sobre la violencia de género.
Las asignaturas pendientes
El recorrido español, sin embargo, no ha sido un camino exento de obstáculos. De hecho, la ley integral de 2004 fue objeto de numerosos recursos judiciales que argumentaban que la norma discrimina al hombre, un discurso que sigue siendo aceptado por una parte de la sociedad y el ámbito político a pesar de que el Tribunal Constitucional lo zanjó avalando la ley en 2008.
Pero más allá de las resistencias, son todavía muchas las lagunas en la protección y acompañamiento de las víctimas de violencia de género que están por cubrir, identifican las expertas.
“Hay países, como los escandinavos, que tienen estados de bienestar muy fuertes y potentes y quizá ahí en el campo de los servicios sociales, la red comunitaria de acompañamiento o las prestaciones sociales estén más desarrolladas”, sostiene Igareda, y dice que, por ejemplo, “es uno de los países similares a España en cuanto a definiciones legales”.
En su última evaluación, GREVIO apuntó a las “deficiencias” en España para garantizar “la seguridad de las mujeres y los niños” víctimas de violencia de género a la hora de decidir las custodias o regímenes de visitas, algo que también ha sido recientemente evidenciado por la ONU, que ha señalado al sistema judicial español por no proteger a los menores de “padres abusivos”.
Pero lo que más preocupación genera en el grupo de expertos es que el sistema no abarque otras formas de violencia machista más allá de la de pareja o expareja, por ejemplo, en lo que se refiere a los servicios de apoyo o la atención psicológica.
Por otro lado, para Igareda, “la gran asignatura pendiente de España” es que la política pública diseñada sobre el papel “sea desplegada en su totalidad”.
“La letra es avanzada, pero debe ir acompañada de recursos, formación en perspectiva de género, acompañamiento de las víctimas y los menores de edad y reparación. Que sean escuchadas, oídas y creídas, algo que hoy por hoy no está ocurriendo”, sostiene la jurista.
La amenaza del negacionismo
Con todo, el GREVIO volverá a evaluar a España este año, en concreto sobre el asunto “crear confianza brindando apoyo, protección y justicia a las víctimas”.
También evaluará las medidas que se han tomado en los últimos años, en los que el Ministerio de Igualdad ha impulsado la ley del solo sí es sí, que crea un marco integral de atención a las víctimas de violencia sexual.
Además, se han ampliado los servicios de atención como el 016 a otras formas de violencia machista, todos los feminicidios han comenzado a contabilizarse oficialmente y se ha vetado el uso del falso síndrome de alienación parental (conocido como “SAP” por sus siglas).
Y es que la extrema derecha, negacionista de la violencia de género y que reclama la derogación de la Ley Integral, ha emergido con fuerza y entrado en Gobiernos de comunidades autónomas y ayuntamientos.
Aunque habrá que esperar a ver cómo cristaliza esto en la práctica, lo que sí creen las expertas es que es una amenaza palpable:
“En la medida en que la extrema derecha puede decidir sobre el gasto público en comunidades y ayuntamientos, puede decidir no invertir o hacerlo en menor medida en la red de asistencia, acogida y servicios públicos. Están negando la existencia de la violencia de género, eso evidentemente tiene un impacto”.
Alfonso González, Candidato al Senado de la República por el Movimiento Ciudadano, presentó un medio de impugnación en contra de la candidatura de Ana Lilia Rivera.
Tlaxcala; Tlaxcala. El pasado 31 de marzo del 2024, Alfonso González, candidato al Senado de la República por Movimiento Ciudadano (MC), presentó ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un juicio de Revisión Constitucional Electoral en contra de Ana Lilia Rivera, presidenta y candidata al Senado de la República por presuntas irregularidades en su campaña.
El juicio de revisión constitucional, identificado con el número de expediente SCM-JDC-643/2024, aborda dos aspectos fundamentales: la inequidad en la contienda y la laicidad en la campaña electoral.
Respecto a la inequidad en la contienda, se argumenta que Ana Lilia Rivera no ha renunciado a su cargo como Senadora de la República, lo que le permite percibir un salario del Estado.
Esta percepción salarial, según González, está siendo utilizada para financiar su campaña electoral, lo que constituye un uso indebido de recursos públicos.
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO
Además, González mencionó que Rivera ostenta el cargo de titular de la Cámara de Senadores, lo que le otorga una presencia constante en los medios de comunicación, no por sus méritos personales, sino por la posición que ocupa.
Esto genera, según González, una inequidad en la comunicación y la vida pública, ya que Ana Lilia Rivera accede a espacios de cobertura nacional financiados con dinero del Estado, como el canal del Congreso y las redes sociales oficiales del Senado de la República.
En cuanto a la laicidad en la contienda, se acusa a Ana Lilia Rivera de utilizar símbolos religiosos católicos en sus redes sociales durante la campaña electoral, con el fin de captar adeptos a su movimiento político.
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO
Este uso de símbolos religiosos, según González, está prohibido por la Constitución Política y la legislación electoral vigente, ya que obstaculiza la conciencia del electorado y puede influir de manera indebida en su decisión.
Por lo que, Alfonso González espera que la Sala Regional del TEPJF resuelva a favor de la impugnación presentada, cancelando la candidatura de Ana Lilia Rivera y declarando nula la elección para el Senado en caso necesario.
«Si cualquiera de los ocho candidatos al senado no son capaces de señalar lo que está mal o si les tiembla la mano para hacerlo, entonces yo asumiré la responsabilidad de hacerlo como candidato y también lo haré como senador de la República».
Finalmente González reitera su compromiso con una contienda electoral limpia y equitativa, en la que no se utilicen recursos del Estado en beneficio de ningún candidato.
Para consultar el documento completo medio de impugnación en contra de la candidatura de Ana Lilia Rivera da clic aquí.
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Juan Manuel Díaz, originario de Orizaba, estudió biología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), es Maestro en Ciencias y doctor por el INECOL.
Formó parte del colectivo Xanay, donde realizaron cortometrajes documentales relacionados con la preservación de la cultura totonaca. Es organizador del Festixal de los Anfibios, en Orizaba, Veracruz, que celebrará su séptima edición este año.
En entrevista para Escenario Tlaxcala, Juan Manuel relata por qué es importante el trabajo de divulgación de la ciencia.
Biólogo Juan Manuel Díaz. Adscrito al Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta (CTBC) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx). Fotografía: Cortesía.
¿Cómo surgió tu pasión por los anfibios?
R: El primer acercamiento que tuve fue en la Universidad y me sorprendió la diversidad de ese grupo; formas, colores, tamaños, ciclos reproductivos, ahí me atraparon estos animales.
Tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de monitoreo de anfibios en las zonas costeras de Veracruz, fue lo que terminó de enamorarme de los anfibios.
He trabajado con especies de la región de los Tuxtlas (sur de Veracruz), Altas montañas (Orizaba, Huatusco), también con anfibios de Xalapa y alrededores.
En Tlaxcala trabajo con anfibios de la parte intermedia entre el Parque Nacional la Malinche y el Parque Nacional Iztaccíhuatl- Popocatépetl.
Mi especie favorita es el tlaconete común, que habita en Veracruz. La especie se llama Bolitoglossa Platydactyla, es una especie que tiene muchos mitos que atentan contra su conservación.
Además de que es bonita, me gusta ayudar a desmitificarla entre la gente.
¿Qué es y cómo nació el colectivo Xanay?
Yo participo en dos colectivos. Colectivo Xanay, que realiza labores sociales con la comunidad totonaca de la sierra norte de Puebla, surgió en 2003.
Lo que hago con la divulgación de la ciencia es, principalmente, el FestiXal de los Anfibios, un proyecto que promueve la conservación de los anfibios a partir de diferentes actividades como talleres, charlas, documentales y nuestra feria anual.
Lo organizo junto con Adriana Sandoval Comte, una técnica académica del INECOL. El proyecto surgió en 2018 y continúa realizándose en Xalapa, este año será la séptima edición.
Cuando llegué a Tlaxcala, el año pasado, decidí traer el evento para acá con el nombre de Festitlax de los Anfibios.
Se realiza durante los últimos días del mes , ya que el 28 de abril es el Día Internacional para la Conservación de los Anfibios. Fue un evento pequeño, que recibió a 30 participantes y fue dentro de las instalaciones del CTBC, en el campus de rectoría.
Fue un evento prueba, para ver cómo trabajábamos y empezar a armar el equipo de gente que pudiera seguir con el proyecto más adelante. Tuvimos cinco talleres diferentes, con ocho talleristas.
Decidimos realizar el segundo en la Laguna de Acuitlapilco, porque he tenido contacto con UPCOLAV. Me parece un espacio bello porque ahí hay anfibios, tenemos evidencias de que en algún momento habitaron ajolotes.
Ahora será un evento abierto al público, esperamos recibir mucha gente.
El equipo ahora está formado por 40 voluntarios; impartiremos talleres, charlas y velaremos por la seguridad de los participantes. Finalizará con un concierto y duplicaremos el número de talleres, serán diez en total.
Estos talleres son: máscaras de anfibios, anfibiomacetas, anfibios súper cazadores, la lengua increíble de la rana, el arma secreta, axolocabezas, diseña tu rana venenosa imaginaria, etc.
¿Por qué es importante la divulgación de la ciencia? Particularmente la de los anfibios
Llegué a través de la divulgación de la ciencia a través de talleres en la sierra totonaca de Puebla. En 2013 me invitaron a ofrecer talleres durante una jornada de invierno. Me gustó compartir lo que aprendí en el aula de clases con la gente.
Estas jornadas se hacían cada 6 meses, participé en ellas hasta 2022, aprendiendo más y más herramientas de divulgación. Dirigí mis talleres hacia problemáticas específicas de las comunidades y, lo más importante, empecé a aprender de la gente.
Al principio iba con la idea de querer enseñar, pero terminé aprendiendo de ellos.
Pensé que era momento de profesionalizarme en divulgación, así que tomé un Diplomado en Periodismo Científico y Comunicación Pública de la Ciencia en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla (CONCYTEP).
Ahora, en mi estancia posdoctoral, busco áreas en el estado de Tlaxcala que sean relevantes para conservar. No sólo trabajo con anfibios, también incluimos reptiles, mamíferos, mixomisetos, hongos, escarabajos y la vegetación.
A partir del estudio multitaxonómico planteamos la identificación del área que permita promover la conservacón de estas zonas.
Tlaxcala es el segundo estado con el mayor número de ecosistemas naturales nativos, el cambio de uso de suelo es la principal amenaza contra la biodiversidad.
En Acuitlapilco, por ejemplo, la UPCOLAV identifica el problema de la sequía. Ahora hacen trabajo de desasolve de barrancas que alimentaban de aguas pluviales a la laguna.
Otra problemática es la contaminación por descarga de aguas residuales. Investigadores de la UNAM encontraron que esa agua origina malformaciones corporales en los peces. Son dos grandes problemáticas de los cuerpos de agua.
Divulgadores de la Ciencia en el CTBC. Fotografía: Cortesía de Juan Manuel Martínez.
¿Cómo es el futuro de la divulgación de la ciencia?
En nuestro caso, el proyecto surgió porque los anfibios son el grupo de animales más amenazados a nivel mundial. Además de ser nuestro objeto de estudio.
Me gustaría que este mensaje estuviera presente: fueron los primeros animales en colonizar la tierra hace 360 millones de años y, ahora, pueden ser los primeros animales invertebrados en desaparecer.
De las más de 8 mil especies registradas, el 40% está en peligro de desaparecer.
Los anfibios no son considerados animales «carismáticos». Hay muchos mitos alrededor de ellos, todos falsos. Me gustaría aportar, a través de la divulgación, a la desmitifación de este grupo.
Ahora hay muchos creadores de contenido (tiktokers, youtubers) de divulgación de la ciencia, que han estudiado biología. Me gustaría que consideremos que no todas las personas tenemos el mismo acceso a la información.
No se debe juzgar el conocimiento de las personas, ni llegar con la postura de implantar un conocimiento sobre otro. Me gustaría que la divulgación de la ciencia dejara de ser vertical y apostara por lo comunitario y horizontal.
La edición del segundo Festitlax de Anfibios se realizará el 26 de abril, de 9 a 13 horas, en la Ribera Atlahapa, Laguna de Acuitlapilco, Tlaxcala. Entrada libre, evento familiar.
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Tlaxcala, Tlax. El Parque Nacional La Malinche es afectado por incendios, plagas y la tala inmoderada de árboles; problemáticas que han afectado de manera significativa en clima de la entidad.
En 2022, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) dio a conocer que en, 84 años, La Malinche ha perdido la mitad de su bosque.
Fotografía: Daniel Lobato
Esto ocurre a pesar de haber sido declarada como una Área Natural Protegida en hace casi un siglo, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas.
Biólogos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala en el artículo «La agonía de los Bosques de la Malinche», han revelado que el uso descontrolado de los recursos forestales, ha llevado a una «preocupante» deforestación y degradación del ecosistema, situación pone en peligro no solo la diversidad biológica, sino también la conectividad con otros volcanes de la región, como el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl, el Pico de Orizaba y el Cofre de Perote.
Fotografía: Daniel Lobato
Asimismo, dieron a conocer que la actividad humana afecta negativamente al bosque de La Malinche de múltiples formas, incluyendo la disminución del número de especies arbóreas, el incremento de la dominancia de algunas especies y la reducción de la masa forestal.
Con imágenes de Google Earth se puede observar que de 2011 a 2021, los cambios que ha sufrido el bosque de la Malinche por problemas de deforestación.
Municipios aledaños de la Malinche y las pérdidas de sus bosques
Los municipios que se encuentran en las faldas de la Malinche han sido los que visiblemente han tenido mayores consecuencias ambientales directamente relacionadas con la deforestación, debido a que han ido perdiendo hectáreas de sus bosques en los últimos diez años, así lo dio a conocer el sistema de monitoreo de boques Global Forest Watch.
Entre 2022 y 2024 se han emitido 561 alertas de deforestación en municipios como Teolocholco, Chiautempan, San Pablo del Monte, Mazatecochco y Acuamanala.
Este tipo de alertas son el resultado del procesamiento digital de imágenes de satélite de baja resolución para identificar rápida y oportunamente las áreas forestales en donde existe pérdida de bosque natural y, con ello, emitir acciones para su rescate.
Fotografía: Daniel Lobato
San Luis Teolocholco
En el caso de Teolocholco, en 2010 contaba con 5.72 kha de cobertura forestal, abarcando el 65% de su área terrestre.
Sin embargo, para el año 2023, esta cifra disminuyó tras perder 4 hectáreas de cobertura forestal. Entre octubre de 2022 y abril de 2024, se han emitido 187 alertas de deforestación en Teolocholco.
Santa Ana Chiautempan
Chiautempan, por su parte, ha sufrido una reducción similar en su cobertura forestal.
En 2010, tenía 2.69 kha de cobertura forestal. En 2023 esta cifra se redujo tras perder 11 hectáreas. Se registraron 73 alertas de deforestación en este municipio durante el mismo período.
San Pablo del Monte
San Pablo del Monte también ha experimentado una disminución en su cobertura forestal. En 2010, contaba con 1.67 kha de cobertura forestal, que representaba el 47% de su área terrestre.
Sin embargo, para 2023, perdió 2 hectáreas de cobertura forestal, y se reportaron 25 alertas de deforestación.
Mazatecochco de José María Morelos
Mazatecochco de José María Morelos, en 2010, contaba con 1.48 kha de cobertura forestal, cubriendo el 63% de su área terrestre.
Para 2023, si bien la pérdida de cobertura forestal fue menor, con menos de 1 hectárea, se registraron 14 alertas de deforestación.
Acuamanala de Miguel Hidalgo
Además, en 2010, Acuamanala de Miguel Hidalgo tenía 1.44 kha de cobertura forestal, la cual se extendía a lo largo del 72% de su área terrestre. Aunque para 2018 la pérdida de cobertura forestal fue menor, con menos de 1 hectárea, no obstante se registraron alarmantes 262 alertas de deforestación en este municipio.
Problemáticas ante deforestación de bosques de la Malinche
La deforestación de los bosques de la Malinche, compromete la capacidad de captación, filtración y disponibilidad de agua, así como la fertilidad del suelo, el secuestro de carbono y la regulación del clima y del aire, de acuerdo con el artículo de la UATx.
A corto plazo se observarán repercusiones en la calidad del aire, del agua, en la productividad del suelo y en la biodiversidad, cuyo impacto se extenderá más allá del entorno natural, afectando la economía y la salud de la sociedad local y regional.
Acciones gubernamentales en el rescate de bosques de la Malinche
En 2022, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) alertó sobre los devastadores efectos de la deforestación, que provocan la pérdida de biodiversidad, reducen la penetración del agua en los acuíferos y disminuyen la fertilidad del suelo.
Tlaxcala se ve afectada por esta problemática, siendo la erosión del suelo su segundo gran problema ecológico.
Fotografía: Daniel Lobato
Para este 2024 el Gobierno de Tlaxcala asignó un presupuesto de 3,621,660.00 para el Programa de Conservación para el Bienestar del Parque Nacional de la Malinche, destinado a promover acciones de reforestación, de acuerdo con Iniciativa con el Proyecto de Decreto dePresupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2024.
El Parque Nacional La Malinche resguarda bosques de pino y encino, bosque de oyamel y zacatonal de la montaña, además de contabilizar 937 especies: 22 son endémicas de la faja volcánica transversal y 25 están bajo algún tipo de protección.
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Tlaxcala, Tlax. El 4 de abril Monitor Xpress– con domicilio en la ciudad de Querétaro- compartió una nota donde se asegura que el “congreso de Tlaxcala y gobierno estatal complotean contra candidato del PVEM, Salvador Santos”.
En ese texto, Monitor asegura que “Marcela González Castillo, presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) del congreso de Tlaxcala y Luis Antonio Ramírez Hernández, secretario general de gobierno de Tlaxcala, se ponen de acuerdo en una llamada telefónica para conspirar en encarcelar al hermano del candidato a la presidencia municipal de Huamantla, Salvador Santos Cedillo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y sabotearle su campaña de re-elección a la alcaldía de el (sic) segundo municipio más importante de la entidad”.
Unas horas después de “filtrado el audio”, Alex Gómez publica una columna de opinión en dicho medio, asegurando que existe una conspiración, sin cuestionar el audio de 1:03 minutos, emanado de una cuenta satírica de X (antes Twitter), dando por hecho las aseveraciones del audio, sin consultar otras fuentes.
El mismo día, una nota firmada por la “redacción” de Monitor reproduce un texto titulado “Partido Verde llama a la equidad y cese de conspiraciones”, publicado- de manera íntegra- en el medio Debate Público– registrado en Huamantla por Juan Manuel Rojas Hernández-, y en la red social del Partido Verde de Tlaxcala.
Todo sucedió con algunas horas de diferencia.
La cuenta “parodia fake” Claudia Shitbaum– que tiene 32 mil seguidores en X-, publicó el audio de un minuto tres segundos a las 2: 40 pm.
Al momento se ha alcanzado 79 mil reproducciones.
En dicho audio pueden escucharse voces robóticas, carentes de errores al hablar y con un discurso lineal, deshumanizado.
Aunque no existe un programa para comprobar que el audio es una creación de Inteligencia Artificial, Verificado nos demuestra cómo algunas herramientas como iMyFone BoxVox son capaces de generar voces artificiales creíbles.
Independientemente de que pueda comprobarse quién esta detrás de esta campaña negra, la pregunta es si la sociedad tlaxcalteca está preparada para afrontar la manipulación de audio y video a través de Inteligencia Artificial, una situación que con el tiempo será más complicada debido al avance de la tecnología.
Durante las campañas aparecen y desaparecen medios de comunicación en páginas de Facebook que siembran rumores y, ahora, una casi sofisticada -pero aún risible- utilización de voces creadas por Inteligencia Artificial.
Escenario Tlaxcala ofrecerá a sus audiencias el servicio de verificación durante las próximas semanas.
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Emma fue despojada de su casa, y a Rafael lo encarcelaron dieciocho meses. Hasta hoy, los hermanos López Juárez no saben por qué los agentes llegaron un día de 2021 a asegurar su vivienda, ni por qué los vincularon con la desaparición de dos primos en la capital poblana. No les han mostrado la carpeta de investigación ni les han devuelto sus bienes; por eso viven en la calle
Por Aranzazú Ayala Martínez para A dónde van los desaparecidos
Emma López Juárez vive en un Chevy negro desde el 18 de septiembre de 2021. Ese día, agentes de la fiscalía especializada en desapariciones de Puebla entraron con una orden de cateo a su casa, ubicada en la Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza de la capital del estado. Buscaban indicios sobre la desaparición de dos primos de 37 y 34 años, quienes habían sido vistos por última vez tres semanas antes en la colonia La Paz, a seis kilómetros del domicilio de la maestra.
Ese martes, como cada día, Emma salió temprano a trabajar; desde hacía seis años era empleada en una pastelería, donde empezó como ayudante de producción y luego pasó al área de etiquetados. Al regresar, encontró su casa saqueada por los policías y a su hermano Rafael detenido; tampoco estaban sus dos perros, que según los vecinos mataron durante el operativo. El profesor de bachillerato, entonces de 54 años, pasó dieciocho meses en la cárcel antes de ser liberado.
De pie frente al Chevy, Emma voltea hacia la puerta de metal de su hogar, al que una orden judicial le impide acceder. “Estamos ahí afuera, ahora los dos [ella y su hermano] dormimos en el coche”, cuenta. “Bueno, una carcacha que tenemos, porque pues no podemos pasar, no tenemos ahorita tampoco nada que testimonie que podemos trabajar. No tenemos documentos, no tenemos empleo, no tenemos dinero”.
Emma perdió sus bienes y su familia en apenas unas horas. Durante el cateo, dice, también le robaron 200,000 pesos en ahorros y, debido a que estaban en el interior de la vivienda, no ha podido recuperar sus certificados de estudio y su cédula profesional, tampoco los de Rafael, por lo que se les dificulta conseguir trabajo. Con una maestría en Literatura, la mujer de 58 años refiere que durante más de dos décadas, de 1988 a 2011, trabajó como correctora de estilo y redactora en El Heraldo de Puebla.
Desde ese día de septiembre, la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares ha violado su derecho a la vivienda, pues no le permiten ingresar a su casa, y al debido proceso, ya que no le han dado acceso a la carpeta de investigación, señala en entrevista Daniela Torres Parra, abogada de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Ibero Puebla.
Hasta hoy, la desaparición de los primos Erick N. P. y Juan N. V. –hallados muertos días después– sigue sin resolverse, y ni a Emma ni a Rafael les han explicado por qué fueron relacionados con el delito.
“No quieren entregar la casa, la camioneta, el dinero ni nada, porque saben que todo lo hicieron mal. Hay niños, hay niñas [del vecindario] que vieron [lo que pasó] y que desechan desde el principio la versión de los ministeriales, porque ellos nos dicen que llegaron y tocaron muy amables, pero no, llegaron a romper la casa”, denuncia Rafael.
Rafael, más alto, duerme en el asiento del copiloto; a su lado, Emma pasa las noches sentada frente al volante. (Daniela Portillo/EsImagen/ObturadorMX)
‘Los descuartizadores’
A las diez de la mañana del 18 de septiembre de 2021, cerca de veinte policías judiciales y ministeriales rodearon la casa de los hermanos López Juárez. En su interior descansaba Rafael; el profesor de bachillerato se había contagiado de covid-19, por lo que tuvo que regresar de Huauchinango, en la Sierra Norte de Puebla, para dar sus clases en línea. Quince días antes había comprado una camioneta blanca Lincoln Navigator 2006, que ese día cubría la entrada de la vivienda que habitaba la familia desde 1979.
Los vecinos de la Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza, una colonia popular con altos índices delictivos, bajaron las cortinas de sus negocios ante las advertencias de los policías. Cuando Emma volvió de la pastelería a las dos de la tarde se encontró la vivienda asegurada, pero con las puertas abiertas. En la entrada estaba el documento que le impedía entrar: una copia de la solicitud de la fiscalía especializada para que se ejecutara la orden de cateo, como parte de la investigación contenida en la carpeta FGRP/CDI/FEIDDFDCP/DESAPARECIDOS-1/000634/2021. Supo por los vecinos lo que había pasado; también le dijeron que mejor no se acercara, temían que hubiera agentes encubiertos o delincuentes en los alrededores o dentro de la casa.
Para entonces, un rumor había empezado a correr en la colonia: los hermanos López Juárez, conocidos como “los maestros”, empezaron a ser llamados “los descuartizadores”.
La fiscalía especializada argumentó, en la solicitud a la jueza para que autorizara la orden de cateo –a la que tuvo acceso este medio, así como a otros documentos relacionados con el proceso de Rafael y con las gestiones para recuperar la vivienda–, que esperaba encontrar en la casa indicios sobre el paradero de los primos, aunque para esa fecha sus cuerpos ya habían sido localizados.
Los dos hombres fueron vistos por última vez el 27 de agosto, cuando acudieron a una entrevista de trabajo en la ciudad de Puebla; cuatro días después se encontraron sus cuerpos, calcinados y con huellas de violencia, en el municipio mixteco de Izúcar de Matamoros, a más de una hora de distancia de la capital poblana. Según reportes de medios locales, desde el día 3 de septiembre habían sido identificados. Ese mismo mes, el día 29, la Fiscalía General del Estado (FEG) de Puebla informó sobre la detención de una banda de cinco secuestradores, a la que vincularon con los crímenes.
“No encontraron nada [durante el operativo] porque es lógico que nosotros no nos dedicamos a hacer otra cosa más que trabajar y estudiar”, dice Emma. “Entonces, se lo llevan [a Rafael] por cohecho y delitos contra servidores públicos. Después de eso, mataron a mis perros que tenía, dejaron las puertas abiertas; todo me saquearon, todo, todo, todo”.
Antes de ese día, el tiempo libre de los hermanos transcurría entre recopilar leyendas de Puebla para convertirlas en narraciones, convivir en familia y salir de viaje. Preparaban una trilogía de libros con estas historias, que durante diez años Emma publicó cada domingo en El Heraldo de Puebla. “Y luego con esto se nos acabó todo”, lamenta.
Aún no saben por qué los agentes aseguraron su casa. Llegaron a pensar que podía relacionarse con la compra de la camioneta, que un vecino le vendió a Rafael, pero un documento del Registro Público Vehicular, en poder del profesor, consigna que no tiene reporte de robo ni está relacionada con ningún delito.
La abogada Torres Parra precisa que la fiscalía especializada, si bien tiene el derecho de solicitar órdenes de cateo e investigaciones cuando haya indicios suficientes del delito que se persigue, ha impedido el acceso a la justicia de los hermanos López Juárez.
De haber encontrado indicios en la casa, explica, tendrían que habérselo notificado a la dueña, Emma. Pero eso no sucedió; a la fecha, ni ella ni Rafael han podido revisar la carpeta de investigación porque el agente del Ministerio Público (MP) que investiga la desaparición de los primos no se los ha permitido, aseguran los hermanos.
Torres Parra aclara que, aunque los primos ya no están desaparecidos, pues fueron identificados como víctimas de homicidio, la fiscalía especializada sigue a cargo de la investigación porque los cuerpos fueron encontrados cuando se había iniciado la indagación por el delito de desaparición y le corresponde concluirla.
“En caso de que [Emma y Rafael] estuvieran siendo investigados [por la desaparición], tendrían derecho a revisar la carpeta de investigación, porque es parte del derecho de su defensa. Si no, por el simple hecho de que aseguraron y catearon su inmueble deberían poder verla, y eso les daría un poco de luz para saber si encontraron algo, y así podrían pedir que se retirara el aseguramiento. El [agente del] ministerio público, al negarles el acceso a la carpeta, está violando su derecho a la información y a una defensa técnica y adecuada”, señala.
‘No están encontrando a los desaparecidos’
Según las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), las desapariciones en Puebla se han multiplicado en los últimos años. De 66 personas registradas en 2020, el número aumentó a 442 en 2023, y tan solo del 1 de enero al 21 de marzo de este año hubo 163 casos. Actualmente, según el RNPDNO, hay 2,786 personas desaparecidas en el estado.
La desaparición de Guillermo Raúl López Escobedo, el pasado 28 de diciembre en Amozoc, generó bloqueos y movilizaciones. (Anel Esgua/EsImagen/ObturadorMX)
La investigación y el esclarecimiento de las desapariciones en Puebla son prácticamente nulos. Un análisis de la organización Impunidad Cero consigna que el estado tiene 99.6% de impunidad acumulada de 2019 a 2022 en casos de desaparición forzada y cometida por particulares, porcentaje que se obtuvo tras comparar las sentencias por estos delitos con los casos registrados en el RNPDNO.
Incluso cuando se condena a los culpables, las personas continúan sin ser localizadas. Según el portal Manatí, en los pasados meses de diciembre y enero, la FGE de Puebla logró tres sentencias por la desaparición de Nicora García, Ariana Corona, Betzabé Alvarado y Fabiola Narváez, pero ninguna de las cuatro jóvenes ha sido hallada.
“Tenemos casos con sentencias condenatorias y otros con sentencias absolutorias por deficiencias de la fiscalía, pero las víctimas siguen desaparecidas; se están enfocando más en cuadrar una investigación para tener a alguien castigado que en la búsqueda”, advierte en entrevista María Luisa Núñez Barojas, fundadora del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla. “Hay algunos perpetradores que, por lo menos, tienen una sentencia condenatoria, pero otros están libres, y las víctimas continúan desaparecidas, sin un rastro ni una pista que nos indique que pronto se les va a encontrar”.
Para la madre buscadora, el trabajo de la fiscalía especializada –creada en 2020 como una unidad administrativa de la FGE– resulta insuficiente e ineficiente. Subraya que ni los veinte MP ni los más de treinta elementos de la policía investigadora asignados al área han logrado un mayor número de localizaciones.
“Ya hay más agentes del ministerio público y de investigación, ya tienen más herramientas porque existe una ley general, hay [también] una ley estatal y un protocolo, ya tienen más recursos porque año con año le han incrementado el presupuesto a la Fiscalía General del Estado, pero de todas formas no están encontrando a los desaparecidos; entonces, ¿cuál es el problema?”, subraya. “La realidad es que las víctimas no son buscadas […], cuando se da el aviso de que hay bolsas con cuerpos desmembrados o una fosa, normalmente es resultado del trabajo que hacen las familias y de que consiguen información de testigos”.
Alexia Martínez Montalbán, responsable del Observatorio de Desaparición de Personas del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero Puebla, cuenta que han identificado una gran cantidad de carpetas de investigación asignadas a cada agente del MP, lo que impide que conozcan la totalidad de su contenido y provoca que, cuando atienden una, descuiden otra.
“En muchas carpetas de investigación, por omisiones no se tuvo acceso a cosas muy importantes, como las redes de vínculos, las sábanas de llamadas”, agrega. “Sabemos de mucha negligencia al interior de la fiscalía con muchos casos, pierden pruebas relevantes y la integración de las carpetas a veces es insuficiente”.
En lucha por su hogar
El laberinto judicial en que se vio inmersa Emma se bifurcó tras la detención de Rafael: trataba de obtener la libertad de su hermano, probar su inocencia, y a la vez recuperar su casa.
Rafael fue detenido cerca de las once y media de la mañana de ese 18 de septiembre; lo trasladaron desde los separos al Centro de Readaptación Social (Cereso), acusado de los delitos de cohecho y ataque a funcionarios. El profesor sostiene que la acusación es falsa, pues con el argumento de que tenía dinero en la bolsa del pantalón y que dentro de su casa había un machete apoyado en la pared, las autoridades aseguraron que trató de sobornar y agredir a los policías que participaron en el operativo.
Para lograr la liberación de su hermano, Emma acudió el 5 de septiembre de 2022 al Martes Ciudadano, una iniciativa del fallecido gobernador Miguel Barbosa Huerta para atender las peticiones de la ciudadanía. El mandatario turnó su caso a la Defensoría Pública del estado.
“Él [Barbosa] me apoyó, me contactó con la licenciada de la Casa de Justicia [un espacio estatal que brinda ayuda en los procesos legales]; ella, después de los ocho licenciados de oficio que nos habían cambiado, le tupió, le tupió, le tupió, y [mi hermano] salió con suspensión condicional del proceso”.
Emma, de 58 años, trabajó durante más de dos décadas como correctora de estilo y redactora en El Heraldo de Puebla. (Daniela Portillo/EsImagen/ObturadorMX)
El profesor estuvo preso dieciocho meses; tras ser liberado, el 27 de marzo de 2023, tuvo que acudir durante medio año al Cereso a firmar cada semana como medida cautelar mientras concluía el proceso penal; finalmente, fue absuelto el pasado 27 de septiembre. “No se le pudo demostrar nada”, dice Emma.
Este 4 de abril, Rafael tendrá una última audiencia para finalizar el proceso y solicitar la devolución de los bienes que le quitaron: su dinero y su camioneta.
La otra batalla de la maestra era por su casa. Pese a que acreditó la propiedad ante el agente del MP de la fiscalía especializada, se han negado a devolvérsela.
“Le dije [al MP] que es mi casa, pero él dice no, no lo es, tu casa está intestada. Pero es mi casa, me la donó mi señor padre y también mi hermana; ambos ya murieron, una en 2010 y mi padre en 2011, entonces la casa es mía”.
Según las escrituras, Emma es la dueña de la vivienda, pues le fue donada por su padre, Pedro López Ortiz, quien tenía junto con su hija María del Carmen el usufructo vitalicio del inmueble, es decir, podían habitarlo mientras vivieran. Puesto que ambos fallecieron, ahora la propietaria es la maestra.
De acuerdo con la abogada Torres Parra, el único posible obstáculo para recuperar la casa sería que, tras la muerte del padre y de la hermana de Emma, no se hubiera cancelado el usufructo vitalicio ante la notaría o el Registro Público de la Propiedad, pero aun así debería poder recobrarla. “De hecho, la única dificultad es la carente buena diligencia que debería tener la fiscalía”.
La maestra interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), con el oficio FGE/FEDH/UDH/0421/202, el 25 de noviembre de 2021 por el aseguramiento de la casa por la FGE, que fue desestimada el 2 de mayo de 2022.
Rafael denunció el caso al fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, quien el 19 de mayo de 2023 dirigió un oficio al titular de la fiscalía especializada, Alejandro García Badiola, y al visitador general Mario Ángel D’Abbadie Reyes, con la instrucción de que le dieran seguimiento. Tres días después, la Visitaduría General le informó que verificarían que los “servidores públicos de la institución” cumplieran con la procuración de justicia.
Los hermanos también solicitaron la ayuda del actual gobernador, Sergio Salomón Céspedes. Su caso fue turnado al área jurídica del DIF (Desarrollo Integral de la Familia) estatal desde el pasado 23 de mayo para que les brinden acompañamiento legal, pero no se ha logrado ningún avance.
“Nos encontramos ante autoridades que no conocen de violaciones a derechos humanos y que, además, las perpetúan”, afirma Torres Parra. “La fiscalía especializada tiene muchísimo trabajo pendiente, me parece muy impactante que en lugar de dedicarse a investigar y buscar responsables se dediquen a jugarle chueco a personas que ya comprobaron que no tienen nada que ver [con un delito] y sigan violentándolas”.
Al consultar a la FGE sobre el caso, su enlace de prensa indicó que el inmueble continúa asegurado porque la investigación por la desaparición y el homicidio de los dos primos no ha concluido, sin dar más información.
Dormir en un coche
Aunque mide poco más de metro y medio de altura, Emma dice que se ha encogido desde el 2021, al tener que dormir sentada en el estrecho Chevy. Fue lo único que le dejaron los ministeriales, el vehículo estacionado afuera de su casa. Rafael, más alto, se acomoda en el asiento del copiloto con las piernas estiradas, mientras su hermana duerme sentada, encogida a su lado.
Desde ahí, Emma vio cómo los delincuentes saqueaban su vivienda, cada noche, sin tregua. Salían en la madrugada, cargados con sus cosas. “El 6 de septiembre de 2022 un ratero entra, jala el calentador y abre la puerta; yo hice mi reporte a la policía, de que no puedo entrar a mi casa y que esto pasó”. Pero las autoridades no hicieron nada.
Emma vive en el Chevy, cuenta, para evitar que su casa termine completamente desmantelada. Pero el mismo automóvil ha sido poco a poco destruido: le han robado las llantas, los rines, le rompieron un vidrio e incluso le quitaron partes del cofre.
Cada día, los hermanos salen temprano para recolectar plástico y aluminio; su venta es el único ingreso que tienen, pues no han podido conseguir trabajo. (Daniela Portillo/EsImagen/ObturadorMX)
Desde que Emma perdió su trabajo en la pastelería, en noviembre de 2023, los hermanos López Juárez tienen una rutina diaria que solo se modifica cuando van a hacer diligencias a la fiscalía. O cuando sus vecinos los invitan a comer, a cenar un pan con café, o “a un convivio”.
Se levantan temprano, antes de las seis y media, y salen a buscar plástico y aluminio por la colonia y sus alrededores. Caminan entre tres y cinco horas para juntar residuos que luego venden a un centro de reciclado; el más cercano les queda a 40 minutos a pie de su casa.
Aunque Emma ha ingresado solicitudes de trabajo “en todos lados, de lo que sea”, no la quieren contratar, dice, ya sea por su edad o porque no tiene documentos. Y es que expedir la cédula profesional cuesta poco más de 400 pesos, que ni ella ni Rafael tienen.
“Unas vecinas me han regalado ropa, zapatos, porque pues no tengo; así como salí, así ando”. Dice que lo único que quiere es su casa. Que se la devuelvan porque es suya. Aunque prácticamente sea un basurero, un cascarón vacío, para ella continúa siendo su hogar.
**Foto de portada: Los hermanos López Juárez frente al Chevy en el que viven. Fue la única posesión que les dejaron los agentes tras despojarlos de su casa en septiembre de 2021. (Daniela Portillo/EsImagen/ObturadorMX)
http://www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).
Aranzazú Ayala Martínez
Es licenciada en literatura, periodista especializada en la cobertura de temas de Derechos Humanos, movimientos sociales, defensa del territorio y violencia de género. Actualmente es reportera del equipo de investigación periodística de www.adóndevanlosdesaparecidos.org en donde también es encargada del área de capacitaciones de La Red de Periodistas Especializadxs en Cobertura de Desaparición de Personas.
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