Escenario Tlaxcala

Federico Luis Pöhls Fuentevilla

Desde hace 42 años, cuando Miguel de la Madrid asumió la presidencia del país, comenzó la aplicación formal del modelo económico neoliberal en México. Poco a poco, sustentándose en la corrupción imperante, comenzó a desarrollarse un proceso decidido de cooptación y captura del Estado nacional.

Es ya bien sabido que con la entrada de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en 1986 (conocido como GATT, por su siglas en inglés) y luego con el Tratado de Libre Comercio en 1994, ya con Salinas de Gortari en la presidencia, se desmanteló lo que existía como estado nacional y, al mismo tiempo en que se daba la venta o privatización de todas las empresas estatales y paraestatales, se modificaron y diseñaron gran cantidad de leyes y reglamentos en favor de los intereses del poder empresarial y financiero nacional e internacional. Se llevó a cabo un claro proceso de cooptación del Estado mexicano en favor de esos intereses. Y este proceso se consolidó luego cuando se llegó a entregar el control de las instituciones públicas, incluyendo la misma presidencia de la república, a esos mismos intereses.

La expresión más fuerte de esto, que se conoce como captura del Estado, se dio con el arribo de Vicente Fox y la continuación de Felipe Calderón como titulares del ejecutivo federal. Manteniendo y hasta aumentando la corrupción, empresarias y empresarios ocuparon diversos cargos públicos clave y toda la política pública se terminó de organizar conforme los intereses de banqueros y empresarios, y conforme también a los dictados de las instituciones financieras internacionales, siendo las más grandes el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Doce años de irrupción sin recato del sector privado en el ejercicio de gobierno federal y de algunos estatales bastaron para consolidar en el país, con toda fuerza, lo que el investigador Raúl García Barrios equipara al delito de desviación de poder. Es decir, de acuerdo a Hauriou, cuando una autoridad o persona en funciones públicas, sin violar formalmente ninguna ley, utiliza el poder que le da su cargo con fines y por motivos distintos a los que debería tener; favoreciendo a intereses particulares y distintos al bien común que debería perseguir.

En México, según lo identifica y denuncia García Barrios, no se trata sólo de funcionarios en particular, sino de que se llevó la desviación de poder hacia todo el ejercicio del poder público federal tanto ejecutivo, como legislativo y judicial. De esta manera, escribe el investigador poniendo como ejemplo lo referente a los recursos naturales en manos de comunidades o pequeños y medianos propietarios, se reconfiguraron las instituciones administrativas y garantes de velar por el beneficio y los derechos de la población, “para violentar o debilitar los derechos de esos propietarios, ocultarles información relevante para tomar decisiones efectivas y someterlos impunemente a todo tipo de impactos ambientales, económicos y sociales…

El truco está en desviar el sentido de las instituciones garantes y mantener esta desviación de poder oculta detrás de un ‘velo de ignorancia’ para el resto de la sociedad…” Se logró, entonces, armar todo el aparato legal y administrativo (planes, políticas, programas y proyectos, e incluyendo los órganos descentralizados y desconcentrados) de manera que se favorecieran los intereses del poder fáctico empresarial y financiero en todos los ámbitos, por encima de los intereses de la ciudadanía. Y la desviación de poder se estableció de tal manera que luego ya no fue necesario que las y los empresarios estuvieran en cargos públicos para ejercer el poder federal y muchos estatales.

El sexenio en el que se puso a Enrique Peña Nieto en la presidencia y el periodo en que Marco Antonio Mena ocupó la gobernatura de Tlaxcala son ejemplos descarados de esto. Mientras Peña Nieto aseguraba a Coca Cola como su empresa favorita, Mena definía la misión de su gobierno como la de facilitar y allanar el camino a todo tipo de industria, por cualquier vía, para que se instalara en el territorio estatal.

Y actualmente, ¿será que el ejercicio del poder público en Tlaxcala tiene todavía el lastre de la desviación de poder? Pareciera que sí cuando, ante problemas graves que aquejan a la mayoría de la población, como las afectaciones a la salud por la contaminación industrial cuya solución cuestiona los intereses de ese grupo fáctico, se activa inmediatamente el mecanismo de negación–minimización del problema y, en caso de no haber de otra, entra en juego la simulación. Se disfraza la falta de atención a los problemas complejos mediante la realización de acciones dispersas, de relumbrón y gran impacto mediático pero mínimas en su impacto real, y muchas veces con costos muy elevados, por las que se trata de convencer a la ciudadanía de que el problema se está atendiendo y de que en verdad se pretende solucionarlo.

Ejemplos de esto se pueden ver en el Programa de Acciones de Saneamiento (PAS) por el que se simula estar atendiendo lo recomendado por la CNDH hace ya siete años, la construcción del Corredor Urbano del Zahuapan y la aprobación de la Ley de Cambio Climático para Tlaxcala. En estos casos tanto el ejecutivo como el legislativo estatal no se atreven a tocar, siquiera a mencionar, las graves afectaciones que la mediana y la gran industria han provocado a la salud de la población con sus emisiones y descargas, aunque ya hayan sido ampliamente documentadas y publicadas.

¿Habrá o no desviación de poder en Tlaxcala?