Tlaxcala, Tlax. El pasado miércoles se realizó la mega marcha en Tlaxcala, la cuál convocó a organizaciones sindicales, colectivos y sociedad civil a reunirse frente a Palacio de Gobierno para protestar ante la ausencia que ha tenido el gobierno de Lorena Cuéllar para responder a las diversas problemáticas que acechan a la población.
Haber cubierto esta manifestación, pero sobre todo, cubrir durante el año las luchas de quienes defienden la vida, es de donde me permito escribir esta vez. Y es que sí, la mega marcha fue resultado de la represión y falta de diálogo que se han perpetuado por parte del Gobierno de Tlaxcala hacia sociedad civil, siendo el detonante la ola de violencia que han vivido diversos trabajadores sindicalizados de Gobierno quienes desde el 31 de julio se han manifestado ante la privatización del servicio médico.
La represión que se vivió durante una semana hacia las manifestaciones de agremiados sindicales, no ha sido la única. Basta recordar los casos de represión que han vivido diversos movimientos sociales en Tlaxcala. Como lo es, el movimiento feminista que además de ser reprimido, el gobierno de Cuéllar realizó una persecución de mujeres. Asimismo, el hostigamiento de los pobladores de Tlalcuapan, quienes en su defensa por el territorio ha derivado en la detención del edil de la comunidad, Saúl N. y el tiaxca, Raymundo N. Por otro lado, está el movimiento que ha surgido a raíz de la construcción del Autotrén en Tlaxcala. A sus integrantes, se les impidió el paso al Zócalo de la entidad tlaxcalteca hace un par de semanas.
No obstante, la represión no es el único problema que acecha al gobierno del Estado de Tlaxcala, también la ineficacia de las autoridades gubernamentales para dar soluciones ante casos de feminicidios, desapariciones, trata de personas, detenciones arbitrarias y contaminación ambiental. O al menos, esas fueron las denuncias que que también resonaron durante la mega marcha del pasado 9 de agosto.
Funcionarios públicos durante mega marcha en Tlaxcala ¿oportunismo o lucha social?
Bajo este contexto y alrededor de especulaciones sobre nuevos casos de represión, la mega marcha en Tlaxcala, convocó no solo a organizaciones sindicales y sociedad civil, también a funcionarios públicos. Y es alrededor de su presencia donde surgen mis primeras dudas. ¿Fueron convocados? y si fue así ¿por quién y para qué? ¿y si simplemente se invitaron solos a la partida del pastel? Cuestionamientos que me llevan a escribir estas líneas.
Durante la marcha, que salió de diferentes puntos del centro de Tlaxcala, acudió un contingente llamado «El de todas las luchas», el cual fue «encabezado» por diferentes funcionarios públicos, como Manuel Cambrón (PRD), Minerva Hernández (PAN), Blanca Águila (PRI). Durante la concentración frente a Palacio de Gobierno, también estuvo presente Anabell Ávalos, dirigente estatal del PRI. Todos ellos tienen un factor en común: son la «oposición» al gobierno de Lorena Cuellar.
El contingente «El de todas las luchas» fue liderado por las activistas Eréndira Jiménez y Yenny Chárrez. También estaba conformado por familiares de víctimas de feminicidio, detenciones arbitrarias y desaparecidos, médicos y por colectivos del municipio de Xicohtzinco -quienes denuncian el homicidio de un hombre por parte del Estado-.
Sobre la participación de funcionarios públicos en la mega marcha en Tlaxcala, se abre un debate sobre una posible politización de los movimientos. Discurso del que también se ha valido el Secretario de Gobernación, Sergio González Hernández, para desestimar las manifestaciones de quienes se han sentido vulnerados ante las acciones -y no acciones- de Cuéllar Cisneros.
Sin embargo, no es el único que ha dejado claro su posición frente a la participación de funcionarios públicos en la mega marcha en Tlaxcala. También integrantes del movimiento feminista y sociedad civil, han resaltado su inconformidad sobre las implicaciones que ocasiona que funcionarios públicos tomen ventaja por este tipo de movimientos, que se realizan desde la ciudadanía.
Tal es el caso de Yaocalli A.C., que a través de sus redes sociales pronunciaron que no acompañarían a la mega marcha en Tlaxcala, debido a que era un movimiento accionado por partidos políticos y sindicatos. Pese a que durante la marcha asistieron defensores de diversas luchas, Yaocalli extendió que la politización que hubo en dicha protesta no devenía de escenarios democráticos y organizativos de la ciudadanía, sino de los intereses de quienes decidieron participar en la mega marcha.
No obstante, una posición totalmente diferente es la del Centro Fray Julián Garcés, quienes sí participaron en la mega marcha en Tlaxcala, protestando en contra de la Ley de Aguas y Saneamiento del Estado de Tlaxcala, propuesta realizada por la diputada morenista Marcela González, en marzo de este año. Y que desde entonces ha estado en espera de aprobación, esto pese a que el CFJG ha realizado mesas de trabajo para entender lo que implicaría la privatización del agua en Tlaxcala y abiertamente ha rechazado esta Ley.
Y es que la delgada línea entre el actuar de los diversos funcionarios públicos, que marca la oposición dentro del sistema político en Tlaxcala y la oportunidad de apropiarse de los movimientos para favorecer sus carreras políticas, es muy delgada. A lo que en mi cabeza pasa la siguiente pregunta: ¿Se deslegitima a las manifestaciones cuando funcionarios públicos salen a la calle a protestar con ellos?
Aunque a algunos les duela, los funcionarios de gobierno, también tienen el derecho de marchar porque son ciudadanos y es uno de sus derechos civiles. Por lo que unirse a las voces que denuncian las múltiples injusticias, no debería ser mal visto, o al menos, no en esta mega marcha en Tlaxcala. Pero para entender o crear más dudas, a mí me gusta hacer uso de la disciplina que me guía en las coberturas en campo: La Sociología.
Y para este caso, desempolvaré mis apuntes, porque desde hace muchos años, este detalle ya se andaba cocinando, y fue Max Weber quien lo escribió -o tal vez su esposa y se lo apañó él- y que para este momento es el que me cobijará en más dudas. Weber fue quien analizó las acciones sociales, que pueden ser realizadas por cualquier sujeto político -en este rubro, nombro a todas y todos los que se manifestaron el 9 de agosto, porque salir a las calles a pronunciarse en contra de un sistema ya es en sí un acto político- y que para aclarar mis cuestionamientos, en este caso también enmarco a quienes se ostentan desde el poder: sí, los funcionarios públicos.
Una de las acciones que Weber analizó, es la acción con arreglo a fines, la cuál es determinada por expectativas en el comportamiento tanto de objetos del mundo exterior como de otros hombres, y utilizando esas expectativas como «condiciones» o «medios» para el logro de fines propios racionalmente sopesados y perseguidos.
Es que no es la primera vez que vemos a estos funcionarios públicos en las calles, porque aunque están muy bien guardados desde la cúpula del poder que representan, la primera vez que los vimos cerrando calles fue en las contiendas electorales, buscando la aprobación de la ciudadanía para lograr el voto que los ha llevado a las sillas que hoy ocupan, y que desde la «legitimidad» que les da el Estado, no es mal visto; como ahora, que, bajo el discurso de ciudadanos, captaron el reflector en esta manifestación.
Su contexto político es lo que pone en entre dicho su participación en la mega marcha en Tlaxcala. De lo que no hay duda, es que fue un acto simbólico, porque a no ser de la diputada Blanca Águila, jamás los había visto vestidos de civiles gritando: Justicia. Y a mi corta edad, no había visto este acto en Tlaxcala.
Aunque a veces soy mal pensada, también me gana la esperanza, por lo que me gustaría creer que pusieron atención a las denuncias de los familiares de Yazmín, quien desapareció a inicios de agosto y que también marcharon junto a ellos, o que estén dispuestos a tomar acciones para detener la contaminación de la cuenca de Alto Atoyac que han causado las industrias textileras, en vez de apoyar iniciativas que busquen privatizar el líquido vital, es importante que cedan su voto a escuchar las demandas de la ciudadanía que también hacen uso del Congreso del Estado de Tlaxcala y que la ausencia de los funcionarios públicos, es la única que sale a relucir.
¿Debería inferir la aparición de funcionarios públicos en la nobleza de las luchas sociales en Tlaxcala? Me lo sigo preguntando. Porque al interior de estos movimientos sociales, también hay personas que ponen el cuerpo para defender la vida. Y creo que no deberíamos minimizarlos, solo porque «las autoridades» figuraron por delante.
En este apartado también me gustaría agregar que muchos de quienes han vivido violencia por parte del Estado no marcharon, como los pobladores de Tlalcuapan, o las compañeras feministas; que desde su mirada crítica también saben que los sindicatos perpetúan actos de violencia, y que en su congruencia, la decisión, fue no marchar, no buscar el reflector -como ya sabemos quiénes-. Aclaro que aunque al interior de los gremios sindicalistas también se ejecuten actos violentos, no desestimo su lucha, porque he sido testigo de los impactos que devendrán del cambio en el sistema de salud.
Aunque los funcionarios públicos que marcharon, y que se jactan aliados del movimiento feminista, también deberían cuestionar a quiénes apoyan. También deberían ser más críticos porque no es solo marchar para que el golpe al Gobierno de Tlaxcala quede claro, ni por popularidad, también se debe marchar desde el cambio social.
No es que los funcionarios públicos que marcharon el pasado miércoles sean los únicos que se han sumado a manifestaciones desde un posicionamiento político. Porque el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abrazó los movimientos para poder tener el reconocimiento que hoy tiene, bueno, no sólo el reconocimiento, también aprovechó su actuar para que la gente lo idolatre tanto.
Lo que sí tendríamos que hacer todos es cuestionar las acciones del gobierno, que al mero estilo priísta, ha hecho oído sordos. Y cuando digo <<todos deberíamos cuestionar>> lo digo incluso para quienes se encuentran al interior de esa misma estructura, que aunque sé muy bien que lo hacen, no pueden salir a manifestarse o no les dejaron participar en la mega marcha en Tlaxcala. Que quede un gramo más de esperanza, deseo que los gritos les hayan resonado fuerte, para hacer el cambio y un poquito mejor, su trabajo. Ese deseo, que anhelamos muchos y que por eso esta columna se llama Para Utopías, es lo que anhelo al terminar estas líneas. Porque a pesar de todas mis dudas, sé que algunos de los que se manifestaron el pasado 9 de agosto, van caminando hacía allá, a la utopía de la que nos hablaba el buen Tomás Moro.
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