Escenario Tlaxcala

Federico Luis Pöhls Fuentevilla[1]

El 28 de septiembre, Octavio Rosas Landa, investigador y profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, participó en la primera sesión del webinario convocado por el Pronace Agua de Conacyt: Comunicación y diseminación para la formación de nuevos sujetos sociales del agua.

En ese rato, mientras Octavio hablaba sobre los modelos y las necesidades de comunicación de los nuevos sujetos sociales del agua, mostró, de forma sencilla y bien documentada, cómo los gobiernos tienen un mecanismo instalado por el que transforman la necesidad de resolver los grandes problemas de manera eficaz, a través de una o varias etapas, en una serie de actividades normalmente inconexas entre sí pero muy bien integradas en un discurso por el que afirman que todo se va solucionando de manera satisfactoria.

Es decir, es un mecanismo instalado, y muchas veces bien cobijado por normatividades hechas a modo, por el que pueden realizar acciones que parece que en verdad tienden a resolver los problemas de su región, pero que en el fondo están hechas para que nada cambie y muchas veces, además, para favorecer no a quienes sufren las consecuencias de esos problemas sino a quienes los han causado o a otros actores de fuera de la región.

Y con mucha pena tenemos que compartir también que el ejemplo que Octavio Rosas Landa utilizó para mostrar esto fue el de Tlaxcala y Puebla, en el proceso de atención a la recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), respecto a la devastación socioambiental en que nos han forzado a vivir y la violación de nuestros derechos humanos a un medio ambiente sano, a la salud, a la información y a la participación ciudadana en la búsqueda y construcción de soluciones para el problema.

Este proceso de transformación referido por Octavio tiene, ahora ya, al menos tres etapas en Tlaxcala:

Una, la transformación del cumplimiento de la recomendación de la CNDH en el cumplimiento de un convenio hecho a modo, y firmado en el 2020, en el que se desdibuja el punto principal de la recomendación, a saber, la elaboración e implementación de un Plan Integral de Restauración o Saneamiento para toda la Cuenca del Alto Atoyac, con la participación de la sociedad civil, y se le desbarata en una serie de acciones dispersas.

Dos, la transformación del cumplimiento de ese convenio, ya de por sí viciado, en el cumplimiento de un llamado Plan de acciones de saneamiento (PAS), en el que cada gobierno y dependencia indica qué es lo que pretende hacer sin importar si sus acciones tienen o no relación con lo que hagan las demás.

Y tres, la transformación del cumplimiento de ese PAS en la necesidad de llenar de cualquier manera, a como le dé la inventiva al funcionario o funcionaria en turno, un formato en Excel para que las autoridades, por ejemplo la gobernadora de Tlaxcala, pueda decir en la reunión que tiene con las demás instancias involucradas que está cumpliendo con cerca del 100% de las acciones comprometidas en el PAS, de forma que esto se confunda con un porcentaje semejante de cumplimiento de la recomendación de la CNDH aunque las acciones mencionadas ni sus intenciones tengan ya nada que ver con eso.

Es un mecanismo claramente perverso pero muy eficiente para engañar a la ciudadanía que utilizan las instancias gubernamentales con el cobijo de la CNDH.

Y sólo así se puede entender, que no justificar, cómo en Tlaxcala se puede afirmar que hay una preocupación por las afectaciones provocadas por la contaminación al mismo tiempo que se dice que la misma contaminación está bajo control; que se invierte en la ampliación de una planta de tratamiento cuando en realidad lo que se está haciendo es echar a andar componentes que la misma planta ya tenía; que se quieren atacar de fondo las causas de la contaminación y sus efectos mientras se utiliza nuevamente a las microempresas como chivos expiatorios en lugar de ir sobre las medianas y grandes, cuando ya se ha mostrado que son éstas las que vierten los componentes que más daño hacen a la salud humana y ambiental en sus descargas y emisiones al aire.

Este mecanismo les permite, pues, al mismo tiempo que se formaliza el establecimiento de una Procuraduría estatal de protección al ambiente, dar la bienvenida a más industrias automotrices priorizando la inversión económica sobre la normatividad ambiental que esas industrias deberían cumplir de acuerdo a las condiciones actuales de la cuenca y a la disposición real de agua en la región.

Con el mismo desparpajo les permite ofrecer el territorio a grandes empresas inmobiliarias para que, de la mano con las grandes empresas, continúen con la destrucción de los socioecosistemas de la cuenca y el agotamiento del agua y de la biodiversidad, por ejemplo, construyendo un parque lineal sobre el Zahuapan en la zona urbana de Tlaxcala, o facilitando (pasando sobre la norma) la construcción de torres de departamentos, fraccionamientos y unidades habitacionales, como parece que ya está sucediendo en Atlihuetzian y en otras comunidades y municipios del estado.

Igualmente les permite intentar, al menos por ahora e influyendo sobre el legislativo local, la elaboración de una nueva Ley de aguas para Tlaxcala con muy graves problemas de inconstitucionalidad y convencionalidad, pues no se considera el agua como derecho humano, no se prioriza el consumo humano sobre cualquier otro (más bien se tiene a priorizar el consumo industrial) y tiende a la privatización del agua al abrir posibilidades para convertirla en un bien económico y mercantilizable.

En fin, es necesario que las y los habitantes del estado busquemos siempre la manera de informarnos bien y que estemos muy atentos a estos manejos de los problemas y de la información, de manera que no dejemos que nos doren la píldora, que no nos engañen con discursos en los que se afirma que se está trabajando en la solución de los problemas cuando en realidad se están llevando a cabo acciones para ocultar esos problemas y para que en el fondo nada cambie y las y los beneficiarios de esas acciones y los programas sigan siendo los mismos.

[1] Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local. A.C.

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