Teuchitlán, un nombre que alguna vez evocó la grandeza de una civilización ancestral, hoy se ha convertido en sinónimo de horror y abandono. El hallazgo del rancho Izaguirre, un campo de adiestramiento y exterminio operado por el crimen organizado, ha puesto en evidencia una realidad espantosa que afecta a todo el país: la impunidad. El dolor de las familias afectadas, la indiferencia de las autoridades y el sufrimiento de miles de víctimas son un recordatorio de que, en este rincón de Jalisco, la historia de los desaparecidos, la violencia y la complicidad de las instituciones sigue escrita con sangre. Teuchitlán ya no es solo un sitio arqueológico, es un grito de justicia que nos pertenece a todos.
El 5 de marzo, un grupo de madres buscadoras y habitantes de Guadalajara se unieron en un emotivo acto de exigencia de justicia por las víctimas de desapariciones forzadas y violencia en el estado.
Aquí parte de las voces y las razones por las que madres buscadoras y habitantes de Guadalajara acudieron a exigir justicia por las víctimas del sitio de exterminio localizado en Teuchitlán, Jalisco, el 5 de marzo.
Teuchitlán, junto con Tala, Lagos de Moreno, Unión de San Antonio y La Barca, comparte una misma realidad: la violencia los ha transformado y representa uno de los impactos más graves del abandono por parte de los centros políticos y económicos del país.
Las violencias, aunque parecen tener efectos similares en la vida y la integridad de las personas, adquieren matices distintos según la distancia geográfica y la falta de presencia estatal.
La conversión de territorios en espacios de control criminal
En estos municipios alejados de la Zona Metropolitana de Guadalajara, el crimen organizado ha logrado establecer un sistema de control territorial. Con la connivencia de algunas autoridades y el miedo impuesto a la población, estos grupos han creado una estructura paralela con retenes, uniformes, insignias, vigilancia y un sistema punitivo que se impone con la desaparición forzada.
El caso de Teuchitlán ejemplifica este fenómeno: espacios como el Rancho Izaguirre han sido transformados en centros de exterminio. Hornos que antes servían para actividades productivas ahora se utilizan como crematorios, y casas abandonadas se convierten en sitios de tortura y desaparición.
La impunidad y la inacción de las autoridades
Las autoridades han asumido un rol simbólico y meramente administrativo en estos escenarios de horror. Su trabajo se ha limitado a documentar datos y llenar expedientes sin cuestionar el contexto ni generar estrategias para evitar que estas atrocidades se repitan.
El hallazgo de más de 1,500 prendas en el Rancho Izaguirre, sin un debido aseguramiento ni descripción, es una prueba de que el Estado ha renunciado a su función de garantizar justicia y verdad. La burocracia ha transformado conceptos como «víctimas», «trazabilidad» o «restos humanos» en simples términos administrativos sin un verdadero propósito de reparación del daño.
El papel de las madres buscadoras
Las madres buscadoras han roto con esta normalización de la violencia. Sus acciones han expuesto la magnitud del horror y han obligado a las autoridades a reconocer la crisis. Gracias a su lucha, el rancho Izaguirre ha sido vinculado a otros centros de exterminio en Teuchitlán, revelando un patrón sistemático de violencia y desaparición forzada.
La banalidad del mal y la indiferencia del Estado
El juicio de Hannah Arendt sobre el nazi Adolf Eichmann reveló que los perpetradores de crímenes atroces pueden actuar desde la burocracia, sin cuestionar la moralidad de sus actos. Lo mismo ocurre con las autoridades mexicanas, cuyos discursos minimizan la tragedia.
Expresiones como el «ya me cansé» de Jesús Murillo Karam en el caso de Ayotzinapa, o la del Fiscal de Jalisco justificando que el rancho era «demasiado extenso» para procesarlo, reflejan una estructura de gobierno que ha aprendido a banalizar el mal. Las estrategias de comunicación están diseñadas para administrar la crisis, no para buscar justicia real.
Urge un modelo de justicia transicional
Mientras el Estado no asuma su responsabilidad y desarticule los modelos que perpetúan esta violencia, el crimen organizado seguirá operando con impunidad. Es urgente la implementación de un modelo de justicia transicional que permita entender la magnitud del horror y generar medidas que reparen el daño a miles de familias.
En Jalisco, la justicia que realmente avanza es la que construyen las madres buscadoras, las colectivas y la sociedad movilizada. Su lucha debe centrarse en la verdad y la compasión, evitando la manipulación política que solo perpetúa la impunidad.
Las fotos, los testimonios, las notas de prensa, los comunicados oficiales y los pronunciamientos de las autoridades sobre Teuchitlán son desgarradores y horrorosos.
Ya sabíamos que Jalisco —y todo México, en general— es una fosa común, pero los datos más recientes sobre el campo de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, añaden niveles de profundidad que antes solo podíamos especular.
Un horror que se repite en la historia
No es la primera vez que salen a la luz acontecimientos de esta magnitud: las matanzas colectivas y las desapariciones masivas ya han conmocionado antes a este país.
Mientras escribo este texto, me siento devastado al recordar Tlatlaya, Ayotzinapa o San Fernando, lugares cuyos nombres han quedado grabados para siempre en la memoria colectiva como espacios de dolor.
Ahora, a esa lista se suma Teuchitlán, un sitio que en mi juventud conocí y disfruté por su presa y las ruinas arqueológicas cercanas.
Duele hasta los huesos pensar que esta demarcación se convirtió en escenario de desapariciones forzadas, secuestros, torturas, violaciones, asesinatos y cremaciones masivas.
Dispositivos para controlar y desmoralizar
Para abordar el horror que se nos presenta, necesitamos recurrir a todas las herramientas teóricas y conceptuales que el pensamiento crítico ha desarrollado. Ya está en marcha lo que Dawn Paley —en su trabajo sobre la desaparición forzada en Coahuila— denomina la política de la confusión.
Este mecanismo, articulado desde el discurso oficial y replicado por los medios de comunicación, busca explicar la dilación del gobierno de Jalisco y la Fiscalía del Estado en investigar, documentar y armar los expedientes de los sucesos ocurridos allí.
También pretende justificar la incapacidad para «encontrar» los crematorios y la inacción ante este hallazgo, al tiempo que abre narrativas alternativas para contrarrestar las que el gobierno federal y la Fiscalía General de la República comienzan a divulgar.
El llamado de Paley es fundamental: no podemos seguir siendo pasivos frente a estos mecanismos que, a través de la confusión planificada, obstaculizan los esfuerzos sociales, como los de los colectivos de buscadores que luchan por la justicia.
De la pedagogía del terror a las políticas públicas
Ante hechos tan atroces, es crucial centrarnos en entender la politización de las narrativas para desarmar estos mecanismos generadores de confusión.
De lo contrario, su divulgación se vuelve funcional a lo que Rita Segato —en sus estudios sobre los feminicidios en Ciudad Juárez— ha denominado la pedagogía de la crueldad, cuya función es el control social y territorial.
Las narrativas oficiales, al mostrar ciertas caras del horror, nos transmiten un mensaje claro: no salgas, no te muevas, no te quejes, obedece y sé un buen ciudadano.
Aunque, paradójicamente, sabemos que muchas de las víctimas de desapariciones forzadas eran precisamente eso: buenos ciudadanos.
Discurso oficial: narrativas que legitiman la violencia
Prácticamente todos los estudios críticos sobre la violencia coinciden en que esta no solo se ha intensificado en los últimos tiempos, sino que responde a una lógica específica.
No debemos seguir difundiendo simplificaciones como la pérdida de valores o la ruptura del tejido social.
Más bien, la violencia cumple una función estratégica en este mundo cambiante asegurando ordenamientos sociales particulares.
Como señala Daniel Inclán en su trabajo La brutalidad utilitaria: a mayor horror, mayor es la potencia del disciplinamiento social.
Se generan narrativas cada vez más estridentes sobre «buenos y malos», «héroes y villanos» y se justifica la necesidad de más policías, más armamento, más ejército y más violencia.
Se invierte en campañas publicitarias, comerciales de radio y televisión, y vallas panorámicas, todo ello para legitimar el aumento del presupuesto en seguridad y la militarización de la vida cotidiana, en detrimento de áreas como la educación, la salud y el bienestar social.
Neoliberalismo, siempre presente en la violencia
El campo de entrenamiento de Teuchitlán, sus métodos de reclutamiento y el hacinamiento de personas relatado por los colectivos de buscadores son una muestra clara de que formamos parte de lo que se ha denominado guerra civil neoliberal.
Aunque se dice que México está en guerra, no se especifica que no se trata de una guerra convencional. Su adjetivación como neoliberal indica que no es un conflicto internacional entre ejércitos, ni una guerra interna como la Guerra de Reforma o la guerra civil estadounidense.
Tampoco es una guerra de individuos en la que «el hombre es un lobo para el hombre» como en el mundo imaginario de Thomas Hobbes.
Es, más bien, una guerra de múltiples frentes que, como señalan Dardot, Guéguen, Laval y Sauvetre en su estudio La opción por la guerra civil, tiene como meta imponer la dominación de las oligarquías a escala mundial.
Este tipo de guerra civil es total: debilita los derechos sociales y étnicos, es conservadora y criminalizante.
El narcotráfico, en este contexto, funciona como una empresa rentista que depende de mano de obra esclavizada y barata.
Está articulado con autoridades locales, estatales y federales, entrelazado con fuerzas policiacas y militares, y conectado con grupos empresariales de diversos ámbitos: industriales, inmobiliarios, financieros y especuladores, muchos de los cuales mantienen vínculos con homólogos en otros países.
Así, el campo de entrenamiento de Teuchitlán no debe entenderse como un hecho aislado, sino como un nodo interconectado dentro de una densa red que sostiene la guerra civil neoliberal.
Señalar a los culpables y generar espacios de justicia para las víctimas es esencial. Pero también es imprescindible desentrañar los hilos que tejen esta guerra civil neoliberal que vivimos en México.
Dado que en la reforma a la Constitución federal sobre protección y cuidado animal no se escucharon todas las voces de la sociedad civil, más de 300 agrupaciones en todo el país se unieron para conformar la Confederación por los Derechos Animales México (CODAM).
El papel del Observatorio Ciudadano de Protección Animal (OCPA)
El Observatorio Ciudadano de Protección Animal (OCPA) ha tomado como referencia a organizaciones internacionales con presencia en México, quienes le han asesorado en su labor. Asimismo, ha establecido alianzas con agrupaciones locales, como el Movimiento Animalista de Puebla, fortaleciendo así su impacto en la defensa del bienestar animal.
Por esta razón, el OCPA decidió sumarse a la CODAM y recientemente se integró de manera formal a esta confederación.
Diálogo en la Cámara de Diputados sobre la Ley General de Bienestar Animal
Actualmente, la Cámara de Diputadosmantiene conversaciones con diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) y asociaciones civiles en torno a la expedición de la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección a los Animales.
En este contexto, la CODAM ha tenido una participación activa. El pasado 10 de marzo, se realizó una reunión de trabajo con la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde Sofía Morín, en representación de la Confederación, destacó el papel esencial de los abogados en la creación de esta ley. También subrayó que la protección animal no es un tema aislado, sino que está directamente vinculado con la salud pública y la seguridad de las comunidades.
Armonización de leyes en las entidades federativas
Una vez que la Ley General sea expedida, los Congresos de las 32 entidades federativas deberán armonizar sus respectivas leyes con esta normativa. En el caso de Tlaxcala, el Observatorio Ciudadano de Protección Animal hará un llamado a los diputados locales para que garanticen una participación equitativa de médicos veterinarios, abogados, la dependencia estatal correspondiente y ciudadanos comprometidos con la protección de los animales.
Importancia de la participación ciudadana en la protección animal
Es importante recordar que, en la última reforma a la ley local, se excluyó a la sociedad civil, a sus abogados y a la Coordinación de Bienestar Animal. No obstante, han sido precisamente los ciudadanos quienes han impulsado los avances en el estado en materia de protección animal, ya que son ellos los primeros en denunciar y actuar contra el maltrato animal.
La lucha de mujeres y niñas en nuestro país ha tenido diferentes épocas y rostros, que iniciaron con la demanda de la garantía de acceso a la educación y a la participación política.
Hoy, en pleno siglo XXI y con los diversos cambios políticos, sociales, culturales, económicos, incluso ambientales, esa lucha continúa con diversos matices, demandas y exigencias en la voz de niñas, mujeres, activistas, estudiantes, artistas, profesionistas, madres, hijas, abuelas o mujeres envejecidas.
El rechazo del Estado a las exigencias feministas
Pero la deuda del Estado y su actitud de rechazo aumentan frente a las diversas exigencias y demandas que hacemos las mujeres víctimas de la violencia. Un claro ejemplo lo vimos con las vallas que colocaron un día antes de la marcha del 8M alrededor del Palacio de Gobierno de Tlaxcala, y en la nula atención a las demandas de las personas y colectivos que asistieron.
En vez de eso, y quizá más bien para ocultar su desinterés, el gobierno del estado se dio el lujo de mencionar, a través de sus redes sociales, que durante la marcha en la capital del estado garantizó la seguridad y el respeto, y que la misma gobernadora instruyó que se diera puntual seguimiento a las denuncias derivadas en la marcha y atender las peticiones de colectivas y organizaciones mediante el diálogo.
Entonces, ¿cómo atenderán las demandas y dialogarán con los colectivos y organizaciones si en todas las ocasiones cierran las puertas a esas voces? El silencio, la ausencia y las vallas son mensajes claros sobre la forma en que, al parecer, seguirán atendiendo estas demandas.
Machismo institucional y discursos minimizadores
Sumado a lo anterior, podemos ver que el machismo está fuertemente arraigado en las autoridades, como lo mostró el titular del gobierno municipal, quien en una entrevista realizada el 10 de marzo, al ser cuestionado sobre lo que opinaba de las manifestaciones del 8M en la capital, dijo que las mujeres están en todo su derecho, pero su preocupación más fuerte fue por los edificios, los murales y el kiosco de Tlaxcala. Así, rechazó los actos de iconoclasia y justificó que esta lucha nunca se debió haber dado porque la igualdad entre hombres y mujeres existe de manera natural.
El discurso de este funcionario es sólo una muestra de lo que por años se ha venido luchando a contracorriente: la necesidad de romper con las prácticas patriarcales que invisibilizan y minimizan las violencias, las denuncias y exigencias de las mujeres y niñas.
Acciones gubernamentales superficiales y sin impacto real
Esto se refuerza con algunas de las acciones municipales en torno al Día Internacional de la Mujer. Por ejemplo, en San Juan Huactzinco anunciaron, mediante una nota que después bajaron de las redes sociales, la presentación y degustación del pan morado conmemorativo. A pesar de que también tuvieron otras actividades con su evento denominado “Mujeres que trascienden”, estas acciones no van más allá de responder institucionalmente a la fecha sin generar un verdadero cambio.
La cuestión es que el 8 de marzo para las instituciones gubernamentales, especialmente en los municipios, no pasa de intentos por ofrecer clases de kickboxing, de zumba, encendido de luces, jornadas denominadas “Ponte bonita” con servicios como el rizado de pestañas, planchado de cejas y corte de cabello para fomentar el autocuidado y bienestar. Y así podríamos seguir mencionando un sinfín de actividades que frivolizan la conmemoración y se refuerzan con discursos como “en el Día Internacional de la Mujer celebramos su fortaleza, sus logros y siempre tendrán nuestro reconocimiento, respeto y admiración”, mientras que en lo cotidiano las mujeres siguen siendo víctimas del feminicidio, desaparición y explotación sexual.
Urge una respuesta gubernamental con perspectiva de género
La ineficacia del gobierno estatal y de los municipales se ve acentuada con el discurso contradictorio que manejan y las acciones que parecen llevarse a cabo sólo para tomarse la foto portando un moño, pañuelo o prenda morada. En vez de eso, deberían atender la urgente necesidad de que el funcionariado público tenga capacitaciones continuas e interdisciplinarias que les permitan comprender e identificar las causas profundas de las diversas formas de violencia que vivimos las mujeres y niñas.
Es fundamental comprender por qué, sin importar la edad, comunidad, municipio, etnia o colectivo, las voces siempre se unen en un solo clamor que pide el reconocimiento de que la violencia contra las mujeres sigue en aumento. El gobierno debe actuar en consecuencia y darse cuenta de que minimizar, invisibilizar, poner vallas y emitir discursos institucionales engañosos y frívolos ante los feminicidios, las desapariciones, la trata con fines sexuales y las violaciones en el estado, no hace más que seguir encubriendo y convertirlos en cómplices o responsables de un Estado proxeneta, feminicida y con cada vez más elevados niveles de violencia e inseguridad.
Oaxaca, Oax. Tras la desaparición de 9 jóvenes tlaxcaltecas en Oaxaca, entre el 27 y 28 de febrero pasado, se ha obtenido un testimonio relevante y pruebas del caso, ¡aquí te contamos las últimas actualizaciones!
Brenda, única sobreviviente del multihomicidio, declaró que policías municipales de Huatulco, Oaxaca están involucrados en este acontecimiento, pues ella recuerda que fue levantada, junto con Jaqueline N., para ser torturadas.
Aunque no entiende cómo es que sobrevivió, ya que ella fue abandonada con signos de violencia en Tehuacán, Puebla.
Después del hallazgo de un vehículo abandonado con 8 cuerpos, en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, se confirmó que seis de ellos correspondieron a los jóvenes tlaxcaltecas desaparecidos en Oaxaca.
Las víctimas fueron identificadas como Raúl N., Angie N., Nohemí N., Lesly N., Jacqueline N. y Rubén Antonio N.
Localizan vehículo con 9 cuerpos descuartizados en Puebla, 8 serían de los jóvenes de Tlaxcala que desaparecieron cuando fueron a las playas de Oaxaca, a todos les cortaron las manos, eran de una banda de ladrones llamada Los Zacapuaxtlas / Zacapoaxtlas https://t.co/5WSTN0PyF1pic.twitter.com/qqVkSr3G96
— Blog del Narco México (@blogdelnarcomx) March 3, 2025
Otro medio ha señalado que las víctimas pudieron haber tenido vínculos peligrosos con Alfredo Lavariega Canseco «el jocha», un político oaxaqueño, dueño del hotel en donde se hospedaron los jóvenes tlaxcaltecas.
Alfredo fue acribillado el 1 de marzo, un día antes de que se localizara el vehículo con los cuerpos.
Para @PartidoMorenaMx es más importante la supuesta popularidad de @Claudiashein, que policías y criminales hayan secuestrado a 14 jóvenes en Huatulco. @LuisaAlcalde se mostró ufana de una encuesta sobre la popularidad de #Sheinbaum.
Tlaxcala, Tlax. Este miércoles Alejandro Alonso Herrera Lumbrera, primer regidor del Ayuntamiento de Tlaxcala, golpeó e incomunicó a su esposa Edith N. Dicho funcionario menciona tener influencias en el gobierno para que su caso no proceda legalmente conforme a la Ley. ¡Aquí te decimos las cinco razones por las que el Gobierno del Estado no debería de respaldar al primer regidor del Ayuntamiento de Tlaxcala!
Durante la tarde-noche del miércoles, la activista y defensora de los Derechos Humanos, Jeny Charrez, expuso a través de sus redes sociales la denuncia que Edith N., le hizo llegar para manifestar que su esposo la estaba agrediendo físicamente. La primera razón para que Alejandro Alonso reciba todo el peso de la Ley, por parte del Gobierno del Estado es el señalamiento que hizo la víctima donde mencionó que constantemente recibió agresiones físicas por parte de su pareja.
La segunda razón es que la víctima recibió amenazas del desalojo de su vivienda, por parte de su pareja, quien siempre ha argumentado contar con influencias en el gobierno.
Foto tomada del perfil de Jeny Charrez
Después de la primera transmisión, Edith N. dejó de responder las llamadas. Este hecho alarmó a la activista, por ese motivo optó por hacer un llamado de emergencia al 911 para solicitar apoyo; sin embargo, no obtuvo una respuesta positiva. Fue así que decidió trasladarse al lugar donde habrían sucedido los hechos para poder dar seguimiento al caso.
Varios usuarios, a través de sus comentarios manifestaron su descontento, argumentando que es una constante la realización de llamados de emergencia sin la obtención de una respuesta y que estaría bien que las autoridades correspondientes tomen cartas sobre ese asunto.
Gracias a la intervención de la policía de género de Apetatitlán se pudo rescatar y resguardar a la víctima en el Centro de Justicia para las Mujeres. La tercera razón en contra del agresor es que existe evidencia de que la víctima fue privada de la libertad por unas horas, incluso fue obligada a cambiarse de ropa debido a que la que tenía puesta se encontraba manchada de sangre.
Cuarta razón: el agresor rompió el teléfono de su esposa para mantenerla incomunicada. Esto causó un momento de pánico y frustración a la activista, quien ejerció presión para poder rescatar a Edith N.
Antes de entregar a la víctima, el funcionario se atrevió a amenazarla, señalando que hablaría con la gobernadora para decirle que ignoraran su denuncia con los argumentos de que todo lo que se diga en contra de él es falso. Estas amenazas serán consideradas la quinta razón, ya que es un funcionario que más allá de hacer su trabajo ha ejercido violencia psicológica en contra de Edith N., y se presume que se fía del influyentismo para mantenerse en libertad.
Ante lo sucedido, Jeny Charrez dejó un mensaje hacia la gobernadora:
«Gobernadora, por favor, ya déjate de tonterías y de cubrir a agresores que están trabajando en el sector público, gracias a ti y a tus influencias».
Finalmente, Charrez recalcó que Edith N. no está sola y que no permitirá que siga siendo violentada, argumentando que creará una red de apoyo, en conjunto con otras activistas, para ella.
¿Y qué dice el jefe del agresor?
En una rueda de prensa con el Gobierno Municipal de Tlaxcala, el Presidente Municipal, Alfonso Sánchez García, informó estar al tanto de los hechos ya mencionados. Reiteró que las mujeres son una prioridad dentro de su administración y que por esa razón estará al pendiente del caso.
Aseguró que si se llega a comprobar la veracidad de los hechos expuestos en redes sociales, se actuará conforme a lo que determinen las autoridades correspondientes.
Sánchez García declaró, en la última rueda de prensa, que Alejandro Alonso solicitó licencia indefinida a su cargo para que las autoridades competentes lleven a cabo la investigación. Cabe señalar que de varios medios locales señalaron que evadió algunas preguntas que se le realizaron en torno al caso, abandonando el lugar sin dar réplica algunos de ellos.
Varios usuarios expresaron que es indignante que le otorgara una licencia en lugar de destituirlo de su cargo. También comentaron que es inoportuno que quiera lanzarse como candidato a la gubernatura para 2027 teniendo estas respuestas tibias ante una situación crítica que afecta la integridad de la mujer.
El hallazgo de Guachimontones y la riqueza histórica de Teuchitlán
El sitio arqueológico de Guachimontones, famoso por su singular arquitectura circular, fue descubierto en 1969 por los investigadores Phil Weigand y Acelia García. Según la página oficial del sitio, su exploración comenzó como una búsqueda de vestigios de casas prehispánicas en Etzatlán, pero pronto llevó al hallazgo de un altar y varias plataformas en un arreglo circular. Este descubrimiento dio inicio a más de 40 años de investigación, que culminaron en la identificación de una forma arquitectónica única en Mesoamérica.
Recorrer el museo de sitio permite conocer que Guachimontones forma parte de la Tradición Teuchitlán, una civilización que floreció hacia el año 1000 a. C. y alcanzó su apogeo alrededor del 200 d. C. Se estima que desapareció hacia el 500 d. C. De acuerdo con la revista Strategos, esta cultura construyó el centro prehispánico más importante del occidente de México.
El significado de Teuchitlán: entre lo sagrado y lo histórico
El nombre Teuchitlán ha sido objeto de diversas interpretaciones. Según la revista digital Strategos, podría traducirse como “Lugar donde se hace reverencia a Dios” o “El lugar del Dios del Inframundo”. Sin embargo, el gobierno de Jalisco documenta que proviene de la palabra Teotzitlán o Teutzitlán, con significados como “lugar dedicado a la divinidad” o “lugar del dios reverenciado”.
De sitio sagrado a escenario de impunidad
Desde hace una semana, el nombre de Teuchitlán ha estado en boca de todos, pero no por su riqueza arqueológica. Lo que ha sacudido a México es el descubrimiento del rancho Izaguirre, un centro de adiestramiento y exterminio operado por el crimen organizado. Lo que alguna vez fue un “lugar dedicado a la divinidad” se ha convertido en un símbolo de horror y violencia.
El hallazgo, realizado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, ha revelado la magnitud de la impunidad en el país. La respuesta de las autoridades no ha hecho más que incrementar la indignación: el fiscal Ernesto González admitió que sabían del rancho desde septiembre de 2024, pero no lo inspeccionaron a fondo “porque era bastante grande”. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió esperar una investigación antes de emitir juicios, y el fiscal Gertz Manero declaró que no era “creíble” que las autoridades locales desconocieran lo que ocurría allí.
El rancho Izaguirre y la maquinaria del crimen organizado
El rancho Izaguirre es el reflejo de un problema que lleva años creciendo en México: el poder del crimen organizado, la indolencia de las autoridades y la impunidad absoluta. Este sitio operaba como una línea de producción del horror, en la que los sobrevivientes eran convertidos en sicarios y los demás terminaban en fosas clandestinas.
Las imágenes de ropa, zapatos, cartas y objetos personales encontrados en el rancho solo generan más preguntas: ¿Cuántos de esos artículos pertenecen a personas que aún son buscadas?
Tras su decisión, que supuestamente habría terminado en buenos términos con el edil, Sergio Lara, 15 compañeros con certificación, decidieron seguirlo y buscar trabajo en otras administraciones municipales.
De acuerdo con el testimonio del ex director Francisco Javier que le dio a este medio, el actual edil de Papalotla ha desacreditado su valía al respecto de su perfil profesional y la presentación del Proyecto Integral que propuso (el cual lo llevó al puesto de director en el municipio) y acciones que fungió durante su cargo.
Sin embargo, con resultados positivos en el municipio, Francisco aún busca empleo tras la campaña de desprestigio que ha enfrentado por parte del edil, Sergio Lara.
Papalotla sin director de seguridad: ¿Cómo empezó?
Sergio Lara y Francisco Javier se conocieron durante la campaña a la presidencia de Papalotla.
“Entró a mi casa, le dije que tenía un proyecto el cual quería que conociera, quería cambiar un poquito la forma que pensaban de las policías en el municipio de Papalotla. Pero quería profesionalizarme también de cierta forma lo que era la dirección de seguridad pública del municipio. Es por ello que ya se le plantea el proyecto que teníamos a él y a su equipo de trabajo.”
Durante su dirección, se implementaron estrategias, unidades y consideraciones bajo el Nuevo Modelo de Justicia Cívica.
“Nosotros venimos a implementar otras áreas, en el C2 metimos análisis de inteligencia, algo que te pide la nueva ley de obra pública del Estado de Tlaxcala. El área de asuntos internos, un área de proximidad y prevención, se quería implementar y también ya está a punto de arrancarse de la policía de género. El grupo de reacción el cual dentro del municipio por el índice delictivo era importante.”
Javier comparte que las acciones que se realizaron durante su estadía en el ayuntamiento son el resultado de contar con un perfil adecuado. Asegura que hay instituciones en materia de seguridad en donde únicamente se accede con el perfil profesional correcto.
Tras 4 meses de servicio, el ex director consiguió que 40 de los 50 elementos de la corporación tuvieran certificación, que, con su salida, 15 de ellos algunos ya certificados, y algunos en proceso, decidieron retirarse en busca de distintas condiciones laborales alineados con sus ideales en materia de seguridad.
No obstante, durante su estancia en el C2 de Papalotla, Francisco Javier consiguió una radio base, una unidad en comodato, realizó mantenimiento, y la ampliación de 30 a 60 cámaras del C5.
Algunas de estas acciones son parte del Nuevo Modelo de Justicia Cívica del Estado, el cual busca fomentar la Cultura de la Legalidad y a dar solución de forma pronta, transparente y expedita a conflictos comunitarios para mejorar la convivencia en la comunidad.
Además de una unidad de inteligencia dentro del C2, la policía de género con la que no habían contado, una unidad de proximidad y prevención, así como una de asuntos internos y policía canina, que se implementarían por primera vez en el municipio.
Nuevo Modelo de Justicia Cívica del Estado
El Nuevo ModeloJusticia Cívica busca pasar del proceso actual de atención y sanción de faltas administrativas, a la incorporación de una visión de Justicia Cívica con enfoque restaurativo, que procura facilitar y mejorar la convivencia en una comunidad y evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas (lo puedes consultar aquí).
Francisco Javier y sus compañeros denuncian violencia económica y moral en la CEDHTLAX
Cuando un elemento de seguridad obtiene certificaciones en el ayuntamiento, implica incrementos salariales y beneficios a la ciudadanía, así como mejoras de gestión en el ayuntamiento.
“Cuando recibimos la dirección, se me notificó de tres y uno que lamentablemente había reprobado. (…) Esos documentos son privados, él (el presidente) recibe esos oficios, después me avisa si los compañeros aprueban o no, para que salga lo conducente. Ya sea para su baja o el cambio de aumento salarial.”
Sin embargo, a pesar de que Francisco Javier se encargó de certificar a elementos, Sergio Lara decidió no notificar que algunos habían aprobado su certificación y podían obtener mejores recursos económicos.
Esta situación no abona a la transparencia hacia los elementos de seguridad ni a los ciudadanos en cuanto a la capacitación de los elementos en el municipio.
El ex director, proporcionó a este medio los documentos necesarios que menciona acreditan estas certificaciones, sin embargo, a petición del entrevistado, resguardamos estas fuentes documentales.
De los 50 elementos de seguridad, 40 consiguieron certificarse para beneficio de las actividades de los programas que se implementarían, crecimiento laboral, económico y personal.
En Papalotla, de acuerdo con Gabriel Nava ex oficial del ayuntamiento, su percepción económica como oficial de seguridad pública era de $4,500 a la quincena sin certificación, y el incremento correspondería a $1500 quincenales, los cuales, el ex director menciona que nunca se vieron reflejados.
De acuerdo al tabulador de sueldos 2024 de Tlaxcala (ver aquí), un oficial de seguridad pública estatal percibe un salario de 13,484.18 mensual. Sin embargo, en el caso de los municipios como lo es Papalotla, los elementos de seguridad a nivel municipal gozan de un aumento tras la preparación y certificaciones a las cuales se inscriben y los acuerdos a los que lleguen con la administración de cada municipio.
“El sueldo que tenemos en los municipios es muy difícil para que los compañeros o la ciudadanía quiera integrarse en las corporaciones de seguridad pública. Lamentablemente se sabe que es un trabajo que es más por vocación. Digo, el sueldo no es tan dignificante como debería ser.”
Actualmente, 6 de los 15 ex elementos de seguridad (2 mujeres y 4 hombres) han presentado denuncias interpuestas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHTLAX), por la misma violencia económica que vive Gabriel Nava.
Entre los derechos vulnerados que denunciaron se encuentra el derecho laboral, en cuanto a:
1.- Tener un sustento.
2.- Derecho a la vivienda.
3.- Daño psicológico a los integrantes de sus familias.
Sergio Lara se ha asegurado de que les cierren las puertas en otras administraciones
Francisco Javier relata que se ha acercado a 4 ayuntamientos para conseguir un puesto de acuerdo a su perfil, sin embargo, Sergio Lara se ha asegurado de desmeritar y señalar corrupción en los resultados bajo la dirección del ex director.
«Nos desacredita diciendo que nos fuimos cesados, que nosotros nos fuimos del municipio por no dar resultados»
Sólo en el ayuntamiento de Tenancingo, el edil Emmanuel Contreras Corona, y el Director de Seguridad Pública de dicho municipio, hicieron caso omiso a las advertencias que el edil de Papalotla realizó. Por lo que en este municipio algunos de estos elementos de seguridad consiguieron un lugar en esta administración.
Sin embargo, Francisco Javier decidió continuar buscando un puesto que se alineara su perfil y experiencia profesional.
La declaratoria señala que autoridades municipales de Papalotla, manifestaron que los ex oficiales son personas conflictivas, y habían sido destituidos por incurrir en actos de corrupción.
A través de su discurso en medios (consultar aquí), el edil de Papalotla ha afectado a los familiares de Francisco Javier y los otros miembros que renunciaron.
Por lo que él espera una conciliación con el presidente para terminar con el acoso laboral y no continúe afectando su persona y su entorno de empleabilidad.
Papalotla sin director de seguridad pública
Actualmente, Francisco Javier aún se encuentra en búsqueda de un empleo y la responsabilidad de las necesidades básicas de su familia, por lo que continúa tocando puertas para encontrar una administración que le permita desarrollar el conocimiento que ha adquirido a través de su capacitación constante.
Por otro lado, el secretario del ayuntamiento, Antonio Lander Corona informó que hasta el momento la corporación opera con el comandante Alberto Torres Saucedo, quien se mantiene al frente de la seguridad en el municipio como encargado.
Esto, luego de que se comunicara que se nombraría a una persona externa y los elementos de seguridad se manifestaran en paro de labores.
El proceso para nombrar a un nuevo director debe cumplir con protocolos así como requisitos del perfil que quien ocupará el cargo, como certificaciones, exámenes de control y confianza por mencionar algunos.
🗣👮|| Pobladores de Papalotla, Tlaxcala, sostienen una mesa de diálogo con el alcalde Sergio Lara para reforzar la seguridad en la región tras recientes hechos delictivos. #Seguridad#Tlaxcalapic.twitter.com/3RpA5WUBTR
En este mismo contexto, pobladores del municipio exigieron al alcalde, Sergio Lara el aumento de la plantilla de elementos policiacos, tras el aumento de delitos y violencia.
Protestan vecinos de Papalotla por la inseguridad. Foto: Jesús Zempoalteca / El Sol de Tlaxcala
Razón por la que Francisco Javier considera que el edil, Sergio Lara ha realizado una campaña de desprestigio hacia su persona, pues tras su salida, el municipio de Papalotla ha enfrentado un aumento de inseguridad además de una reducción de elementos de seguridad para el municipio.
«Pienso que al momento de irnos varios elementos acreditados, hubo un golpeteo a su dirección de seguridad. Yo nunca los influencié y/u obligué a irse conmigo todos, realmente todos tenemos libre decisión y voz. El presidente Sergio Lara, al enterarse de mi salida, solo imagino que me iría yo. Pero los compañeros que también se dieron de baja dieron su motivo, el cual fue no congeniar con los ideales de trabajo de la administración y el departamento de seguridad.»
Desde este medio, buscamos al Presidente Sergio Lara para conocer su versión del tema, pero no obtuvimos respuesta.
Tlaxcala, Tlax. La precampaña de la familia Sánchez Anaya continúa. Como parte de la estrategia de posicionamiento del actual presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez Anaya, en su carrera premeditada por la gobernatura del Estado, un medio local le ha realizado entrevistas tanto a él como a su padre, Alfonso Sánchez García.
Durante su entrevista, Alfonso Sánchez Anaya, exgobernador de Tlaxcala reconoció que el haber impulsado la candidatura en 2004 de su esposa, María del Carmen Ramírez García para sucederlo en el cargo, fue un error, pues generó controversia y críticas a nivel nacional por este acto de nepotismo e incluso captó la atención de medios internacionales como CNN. Sin embargo, dijo haberlo hecho por amor.
«Fue un error, y además un error que afectó a Mari Carmen. Yo no debí haberlo cometido porque, finalmente, decidí con el corazón, no con la cabeza. Así es. El amor…»
No obstante, a pesar de la polémica respecto a la participación de la también ex senadora para la gobernatura del estado, pudo participar en las elecciones gracias a un fallo judicial.
También, habló del Gobierno de Morena dirigido por Lorena Cuéllar Cisneros calificándolo como «un buen gobierno que ha respondido a las demandas del pueblo», justificando además el fuerte «chapulineo» que ha provocado este partido por su popularidad.
«Con Morena lo que sucede es que como ha ganado procesos electorales. […]que nadie esperaba que se ganaran tantos diputados, y se arrasó. Entonces, pues toda la gente que quiere participar en un proceso electoral, pues quiere participar con el partido que le dé la posibilidad de ganar.»
A pesar de que destacó que uno de los mayores logros de este sexenio es su compromiso en materia de seguridad, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) Tlaxcala en el año 2023 , la población de 18 años y más considera que la inseguridad es uno de los problema más importante que aqueja hoy en día a la entidad federativa con un 70.1%.
