Maternidad o castigo: la criminalización del aborto en México sigue siendo una forma de violencia institucional
Criminalización persistente a pesar de los avances
En México, el aborto continúa siendo un tema marcado por la criminalización, la estigmatización y la desigualdad, a pesar de los avances legislativos y judiciales. El informe Maternidad o castigo: Hacia la despenalización del aborto en México, elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), ofrece un análisis exhaustivo sobre la situación actual del aborto en el país.
El documento revela que, si bien algunas entidades han ampliado el acceso al aborto legal, la criminalización persiste como una barrera estructural que impide el ejercicio pleno de los derechos reproductivos.
Fotos: Consuelo Pagaza y Andrea Murcia / GIRE
Aborto como servicio de salud, no como delito
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce el aborto como un servicio esencial de salud. Sin embargo, en México, su regulación sigue estando anclada al derecho penal, basado en causales y plazos. Esto genera un marco fragmentado e inequitativo, que contribuye al miedo, la confusión y la persecución legal de quienes deciden abortar.
Criminalización como violencia institucional
El informe de GIRE subraya que la maternidad impuesta constituye una violación a los derechos humanos. Considerar el aborto como delito refuerza la idea de que la maternidad es el destino natural y obligatorio de las mujeres, lo cual legitima la persecución penal, la violencia institucional y la estigmatización social.
Datos que evidencian la persecución
Entre 2012 y 2023, GIRE recopiló información de instituciones de salud, fiscalías y procuradurías, revisando más de 500 solicitudes y múltiples sentencias. Los datos muestran que miles de personas gestantes fueron denunciadas o procesadas penalmente, muchas incluso con prisión preventiva.
Estas situaciones afectan desproporcionadamente a mujeres en condiciones de vulnerabilidad social y económica, así como al personal de salud que brinda atención o información relacionada con el aborto.
Avances legales, pero insuficientes
A pesar de que 22 estados permiten la interrupción del embarazo hasta la semana 12, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado inconstitucional penalizar el aborto, este sigue tipificado como delito en la mayoría de los códigos penales estatales y en el Código Penal Federal, lo cual perpetúa la inseguridad jurídica.
Testimonios de criminalización
El informe recoge casos de mujeres que fueron encarceladas tras sufrir abortos espontáneos o inducidos. Una de ellas relata:
“Fui al hospital porque estaba sangrando mucho. Me acusaron de haberme provocado el aborto. Pasé meses detenida y mi familia se endeudó para poder sacarme.”
El personal de salud también es perseguido
No solo quienes buscan abortar están en riesgo. Médicas y médicos han declarado que, por miedo a represalias legales, se ven obligados a negar atención médica:
“Es muy doloroso ver a una mujer sufrir y no poder ayudarla por temor a que nos denuncien.”
Fotos: Consuelo Pagaza y Andrea Murcia / GIRE
Una deuda con los derechos humanos
El análisis se sustenta en los marcos de derechos humanos internacionales, como los del Sistema Universal y el Sistema Interamericano, que exigen al Estado mexicano garantizar el acceso a servicios seguros y eliminar toda barrera legal y social para ejercer la autonomía reproductiva.
Reconocimiento de la diversidad gestante
GIRE también subraya la necesidad de visibilizar a todas las personas con capacidad de gestar, incluyendo hombres trans, personas no binarias y otras identidades de género diversas, quienes enfrentan discriminación adicional en el acceso a servicios de salud.
El cambio narrativo y cultural en marcha
Aunque se perciben avances en el discurso institucional y mediático —que empieza a tratar el aborto como un tema de salud y derechos, no de moralidad—, el estigma social sigue siendo un obstáculo fuerte para garantizar el derecho a decidir.
Recomendaciones para una despenalización efectiva
El informe propone acciones concretas:
Congresos locales y federal: eliminar el aborto de los códigos penales y legislar desde un enfoque sanitario y de derechos humanos.
Poder Ejecutivo e instituciones de salud: garantizar atención segura, gratuita y no discriminatoria.
Fiscalías y Poder Judicial: evitar la persecución penal y respetar el debido proceso.
Medios y sociedad civil: promover narrativas que reconozcan el aborto como derecho, no como delito.
Hacia una verdadera justicia reproductiva
Maternidad o castigo es un llamado urgente a despenalizar totalmente el aborto en México. Es necesario reconocer la autonomía reproductiva como un derecho inalienable, garantizar servicios de calidad, y erradicar la violencia y discriminación que aún marcan este tema.
Solo así podrá construirse un país más justo, igualitario y respetuoso de las decisiones reproductivas de todas las personas con capacidad de gestar.
Por: Ana Paula Carbonell / Zona Docs
