En este artículo, descubrirás la verdad sobre Tlaxcala y su significado desmintiendo mitos y revelando una realidad fascinante.
Tlaxcala se encuentra ubicado en la región este del país, limitando al noroeste con Hidalgo, al norte, este y sur con Puebla, y al oeste con el Estado de México. Está conformado por 60 municipios que guardan una asombrosa historia
Tlaxcala es el estado más pequeño de la república y se caracteriza por una asombrosa riqueza cultural, entre la que destaca el origen de su palabra.
La palabra Tlaxcala proviene del náhuatl tlaxcalli que quiere decir tortilla, pero que al combinar con la terminación tlān que denota «lugar de» formar Tlaxcallān, el sustantivo pasa a significar tortillas o pan de maíz interpretado como: “Lugar de tortilla o pan de maíz”
Detrás del maíz en el significado de Tlaxcala
No es casualidad que en el significado de Tlaxcala remita maíz pues el estado cuenta con 12 tipos, entre ellos:
Maíz morado
Maíz azul de hoja morada
Teocintle
Maíz blanco y blanco ancho
Xocoyul o pinto
Maíz rojo «sangre de Cristo»
Maíz palomero
Maíz ajo
Los municipios que producen maíz son Huamantla, Cuapiaxtla, Españita, Benito Juárez, Ixtacuixtla, Tetlanohcan, Calpulalpan con increíbles colores como blanco, amarillo, rojo, morado, rosa y azul.
El presidente Donald Trump declaró en la toma de posesión que restituirá el programa «Permanecer en México», surgido durante su primer mandato y eliminado en la administración de Joe Biden tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
“Permanecer en México” (o “Remain in Mexico”) oficialmente llamado “MPP”: “Protocolos de Protección Migratoria”, consistía en que los inmigrantes debían esperar en México mientras buscaban asilo en los Estados Unidos hasta la fecha de comparecencia ante un juez de inmigración de EE. UU.
El Embajador de México en Estados Unidos dijo el mismo 20 de enero que Estados Unidos “está en su derecho” de restaurar la política, pero “nosotros no lo compartimos, tenemos un enfoque distinto”.
Por Wendy Selene Pérez / Factchequeado (Latam Chequea)
Durante la toma de posesión de su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró:“Declararé una emergencia nacional en nuestra frontera sur. Se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron, restauraremos mi política de Permanecer en México. Pondré fin a la práctica de captura y liberación, y enviaré tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país”.
El programa “Permanecer en México” (o “Remain in Mexico”) —oficialmente llamado “MPP”: “Protocolos de Protección Migratoria”—, consistía en que los inmigrantes que se trasladaban para entrar por la frontera sur debían esperar en México mientras buscaban asilo en los Estados Unidos hasta la fecha de comparecencia ante un juez de inmigración de EE. UU.
El programa se dio a conocer de manera oficial el jueves 20 de diciembre de 2018, durante el primer mandato de Trump. Y se hizo efectivo en enero de 2019. Durante la administración de Joe Biden, la Corte Suprema dispuso su terminación en junio de 2022 con el argumento de que “el MPP tenía fallas endémicas, impuso costos humanos injustificables, desvió recursos y personal de otras iniciativas prioritarias y no abordó las causas fundamentales de la migración irregular”.
En 2018, Kirstjen Nielsen, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), anunció que Estados Unidos había comunicado a México que las personas que entraran de manera indocumentada al país y pidieran asilo serían enviadas a México para que esperaran la resolución de EE. UU sobre sus trámites migratorios. Ahora, si Trump concreta lo que anunció, pasaría algo similar.
Qué dijo el gobierno de México
Durante la conferencia matutina del 20 de enero de 2025 de la presidenta de México, Claudia Sheibnaum, el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Juan Ramón de la Fuente, habló del MPP y dijo que “si lo vuelven a instrumentar, la indicación que nos ha dado la Presidenta, por supuesto, es enfatizar que esta es una decisión unilateral que toman ellos (Estados Unidos).
“Sí lo pueden hacer, está en su derecho. Nosotros no necesariamente lo compartimos; de hecho, no lo compartimos, tenemos un enfoque distinto, pero vamos encontrando los mecanismos de ajuste”.
Desde el 12 de enero de 2023 hasta hoy, la solicitud de la cita para tramitar el asilo humanitario en Estados Unidos tenía que hacerse obligatoriamente a través de la aplicación CBP One, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, del inglés Customs and Border Protection).
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Diputadas y diputados de MORENA deciden eliminar las comparecencias en Tlaxcala, esto a pesar de tuvieran como objetivo el diálogo constructivo entre Poderes.
Tlaxcala, Tlax. El día de ayer, en su inicio de actividades, los diputados de la LXV Legislatura aprobaron un acuerdo que establece la inviabilidad de las comparecencias de los secretarios del gabinete estatal ante el Congreso para analizar el Tercer Informe de Gobierno. Con el respaldo mayoritario de Morena, la decisión se argumentó señalando que la Constitución permite optar por otros mecanismos para evaluar las acciones gubernamentales.
Esta medida fue adoptada a pesar de que el ejercicio de las comparecencias tiene como objetivo sostener un diálogo constructivo entre Poderes. En un comunicado emitido en enero de 2024, la extinta LXIV Legislatura, destacó la importancia de este proceso para fomentar la rendición de cuentas, fortalecer la democracia y construir mejores condiciones para las y los tlaxcaltecas. Según lo expresado entonces, este ejercicio permitía identificar áreas de oportunidad y promover la retroalimentación entre autoridades.
No obstante las y los diputados que conforman la bancada de MORENA en el Congreso del Estado de Tlaxcala, expresó que la eliminación de las comparecencias busca agilizar el análisis y la rendición de cuentas a través de herramientas legislativas que, a su criterio, resultan más eficaces que las comparecencias tradicionales.
Esta respuesta del Congreso del Estado surge después de que, el pasado 11 de diciembre de 2024, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Miriam Martínez Sánchez, presentó ante la Mesa Directiva del Poder Legislativo una solicitud para que los titulares de las secretarías de Gobierno y Seguridad Ciudadana comparecieran ante el Congreso. La solicitud fue emitida en tiempo y forma, conforme a lo establecido en el artículo 96 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en la cual la congresista manifestó la necesidad de que los funcionarios estatales rindieran cuentas.
Por su lado, representantes de la oposición cuestionaron esta decisión. La diputada Blanca Águila Lima señaló que esta medida limita la supervisión, especialmente en temas delicados como la seguridad, donde consideró urgente evaluar los resultados del gobierno de Lorena Cuéllar.
La eliminación de las comparecencias en Tlaxcala marca un precedente que ha dividido opiniones dentro y fuera del Congreso. Mientras Morena defiende su postura como una mejora en la fiscalización, sus detractores advierten que esta decisión podría debilitar la transparencia y favorecer al Ejecutivo estatal, evitando cuestionamientos directos por parte de los legisladores.
Eliminación de comparecencias en Tlaxcala no es la única decisión de los diputados en beneficio del gobierno morenista de Lorena Cuéllar
La decisión de eliminar las comparecencias en Tlaxcala no es la única decisión que realizan las y los diputados de la LXV Legislatura en pro del gobierno actual, pues desde que iniciaron actividades en septiembre del 2024, en cinco meses han aprobado las iniciativas enviadas por la gobernadora del Estado, LorenaCuéllar Cisneros.
A continuación al lista de iniciativas y reformas que fueron aprobadas con rapidez por parte del Congreso de Tlaxcala:
Creación de la Secretaría de las Mujeres (12 de septiembre)
Reforma a la Ley de Deuda Pública (12 de septiembre)
Extinción del Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda de Tlaxcala (26 de noviembre)
Reforma Congreso del Estado disposiciones del Código Financiero de Tlaxcala (26 de noviembre)
Abrogación de la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio (12 de noviembre)
Sin contar la aprobación de la reforma al Poder Judicial y la extinción de organismos autónomos, ambas propuestas por el Gobierno Federal.
Mayoría de Morena en el Congreso de Tlaxcala se respalda de diputados detractores
El 2 de junio, las elecciones en Tlaxcala mostraron una tendencia a favor de MORENA, que consolidó su mayoría en el Congreso del Estado. Aunque en algunos distritos compitió de forma individual, en la mayoría lo hizo en coalición con otros partidos como el PT, PVEM, Fuerza por México, Nueva Alianza y RSP.
Entre los diputados que llegaron por esta coalición se encuentran David Martínez del Razo, Anel Martínez Pérez, Emilio de la Peña Aponte y Lorena Ruiz García. Estos representantes, originalmente de otros partidos, decidieron unirse a la bancada mayoritaria de MORENA.
El 10 de enero, estos diputados se incorporaron oficialmente a la bancada de MORENA, lo que reforzó aún más su control en la actual Legislatura del Estado de Tlaxcala.
México. En 2024, las infancias y adolescencias en México se enfrentaron al rezago educativo, pobreza, discriminación, violencia sexual, homicidios y desapariciones. Las poblaciones indígenas, niñas y adolescentes siguen siendo las más afectadas, de acuerdo con el Balance Anual 2024 de la Red por los Derechos de las Infancias en México (REDIM).
La Red por los Derechos de las Infancias en México (REDIM) presentó en Palacio Nacional su balance anual del año 2024 sobre la calidad de vida de las infancias y adolescencias en México y el contexto que les vulnera. Como principal preocupación, señalaron, se encuentra el incremento de la violencia sexual (afectando principalmente a niñas y adolescentes) y la brecha de pobreza/escolaridad que sufre las poblaciones indígenas.
En el evento estuvieron presentes Michelle y Ailen, niñas que forman parte del Grupo de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes de REDIM, cuyo objetivo es involucrar a las infancias en la toma de decisiones y creación de estrategias para garantizar sus derechos.
A continuación se desglosan algunos de los principales hallazgos y temas urgentes.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece varios principios fundamentales para medir los derechos de las infancias y su calidad de vida:
No discriminación
Según la Encuesta Nacional de Discriminación (ENADIS), entre el 27% y el 31% de los adolescentes de 12 a 17 años sufrieron discriminación en 2024, siendo los principales factores su orientación sexual, identidad de género, origen étnico y discapacidad.
“Nosotros vemos que la aceptación de la diversidad sexual sigue siendo muy centralizada la aceptación, en muchos lugares fuera de las ciudades sigue siendo tabú o no se habla. Tiene que ser hablado en las aulas, en los salones de clase”, comentó Michelle.
De acuerdo con el análisis de sus datos:
El 82.3% de las niñas y niños indígenas viven en condiciones de pobreza, el doble que la población no indígena.
El tono de piel y las discapacidades también son factores importantes de discriminación, afectando al 14% y 2% de los adolescentes, respectivamente.
Las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño subrayan la necesidad de combatir las causas estructurales de la discriminación y adoptar medidas especiales para nivelar las oportunidades de las comunidades indígenas.
Al respecto, Claudia Contreras, moderadora de la presentación e integrante de esta red manifestó que “es preocupante que para un grupo específico de la población la rezaga educativa sea tan latente, que sea casi el doble para la comunidad indígena. Tiene que haber un enfoque específico para ellos que atienda sus necesidades y se elimine la brecha”.
Interés superior de la niñez
Aunque este principio guía las políticas públicas, el presupuesto destinado a la infancia sigue siendo insuficiente. Para 2025, el incremento presupuestario fue mínimo, pasando del 10.8% al 10.9% del gasto público total, apenas ajustándose a la inflación. Es urgente mejorar la asignación de recursos hacia los grupos más vulnerables y garantizar su participación en la creación de políticas públicas con enfoque interseccional, informó la REDIM en su balance 2024.
Derecho a la vida, supervivencia y desarrollo
En 2024, 2 mil 243 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de homicidios, un aumento del 6.5% respecto al año anterior.
Se reportaron 9 mil 968 desapariciones, con más de siete personas menores de edad siendo desaparecidas todos los días. En ese sentido, las adolescentes mujeres son el grupo más afectado.
Por otro lado, el desplazamiento forzado sigue afectando a miles de niñas y niños, tanto por la violencia como por desastres naturales.
Entre las recomendaciones de este informe se encuentra abordar con urgencia la crisis de desapariciones con enfoque de género, garantizar la participación de niñas y niños buscadores y erradicar las causas de la violencia.
Principales Problemáticas Detectadas
Infancias trabajadoras
Según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2022, el 13% de las niñas y niños entre 5 y 17 años (3.7 millones) trabajaban, una problemática que se exacerbó por la pandemia.
Al mismo tiempo, REDIM identifica que hay un alto riesgo de reclutamiento forzado por el crimen organizado en estados como el Estado de México, Jalisco y Chiapas. Las recomendaciones de la red son: descriminalizar la explotación infantil, fortalecer los mecanismos de regulación y supervisión laboral y tipificar el reclutamiento de menores como delito.
Violencia sexual
En 2023, 10 mil niñas y adolescentes recibieron atención hospitalaria por violencia sexual, un incremento alarmante del 1,000% desde 2010.
“No se puede ignorar que la violencia sexual sigue siendo un problema que afecta principalmente a las niñas y adolescentes el 92% de los casos. Estamos hablando de niñas de 0-18 años que sufren acoso o violencia”, mencionó Claudia Contreras.
Entidades como el Estado de México, Veracruz y Coahuila concentran las mayores cifras.
Sus recomendaciones son: implementar la educación sexual desde la escuela, políticas de cero tolerancia en instituciones y garantizar justicia integral sin revictimización.
“Y si bien ejercemos una denuncia, no nos toman en serio por ser niños. Nos deberían tomar en serio y saber que lo que les estamos diciendo es grave, aunque no usemos el lenguaje que ellos utilizan”, comentó Michelle del Grupo de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes de REDIM.
Acceso a la salud
El 42% de niñas y niños carecen de acceso a servicios de salud, este escenario afecta principalmente a comunidades marginadas en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. A la par, reconocen que las adolescentes enfrentan barreras en salud sexual y reproductiva, incluyendo el acceso limitado a anticonceptivos y el aumento de embarazos adolescentes.
Entre las recomendaciones de REDIM frente a esta problemática está diseñar políticas que garanticen servicios de salud inclusivos, con un enfoque especial en salud mental y reproductiva.
Derecho a la alimentación
El 21% de las niñas y niños enfrentan carencias alimentarias, mientras que, la malnutrición sigue siendo un problema. Además, el 80% de las escuelas permiten la venta de alimentos chatarra.
“No podemos prohibir en sí la comida chatarra, pero sí podemos informar a los niños, niñas y adolescentes de las consecuencias de consumirla”, compartió Ailen, también integrante del Grupo de Participación de la REDIM.
Por lo tanto, sus recomendaciones se suscriben sobre regular la venta de comida no saludable en las escuelas y garantizar el acceso a alimentos nutritivos.
Derecho a la educación
3.8 millones de niñas, niños y adolescentes están en rezago educativo, con un aumento preocupante del 1% respecto al año anterior. Los estados más afectados son Nayarit, Guerrero y Oaxaca. Por lo tanto, exhortan a los gobiernos a implementar medidas para reducir este retraso y asegurar la pertinencia cultural en las comunidades indígenas.
¿Cuáles son los pasos a seguir?
“Le entregamos este reporte al gobierno actual con la esperanza de que se utilice para la creación de políticas públicas y estrategias conscientes que verdaderamente velen por los derechos de las niñas, niños y adolescentes del país. Los avances que hemos visto no son suficientes hasta ahora”, expresó Claudia Contreras al término de la exposición.
El Balance Anual 2024 sobre las Infancias en México de REDIM muestra los múltiples desafíos que enfrenta el país para garantizar los derechos de las infancias y adolescencias en el país, por ello, fue entregado directamente al Gobierno Federal y Presidencia. Para la organización, es preocupante que en la mayoría de los ámbitos la situación haya empeorado. Y es que han reconocido que se tienen que atacar las causas estructurales de estas problemáticas con políticas públicas que tengan el presupuesto necesario y se aplique un enfoque interseccional. Sólo así podrá construirse un futuro verdaderamente justo e inclusivo para las infancias del país.
“Aquí estamos ejerciendo nuestro derecho a la participación, pero tiene que haber más espacios donde nuestras voces sean escuchadas y tomadas en cuenta”, concluyó Michell».
Oaxaca, Oax. Al gobierno federal encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum no le es suficiente la instalación del megaproyecto del Corredor Interoceánico ni los más de 23 parques eólicos operando en el Istmo de Tehuantepec. Para este nuevo año, el 2025 su mirada está en impulsar la producción de hidrógeno y amoniaco en tierras zapotecas, con el argumento de que México se convirtió en el segundo lugar en el mundo en contar con una “Ley de cambio Climático” y el primero en Latinoamérica, pero, para los activistas y organizaciones civiles este “modelo ecológico” significa “el nuevo colonialismo energético”.
El gobierno federal informó, que la empresa responsable de producir hidrógeno y amoniaco en el Istmo de Tehuantepec será la empresa «Helex Istmo, filial de la Copenhagen Infraestructura Partners (CIP) de origen Danés, con una inversión de 10 mil millones de dólares ocupando el Polo de Desarrollo para el Bienestar de Ciudad Ixtepec, que abarca 413 hectáreas expropiados por el gobierno federal el año pasado.
“Esta producción de hidrógeno puede sustituir los combustibles fósiles empleados por las industrias del transporte marítimo, lo cual representará un hito en la historia del país, robusteciendo así la proyección del Istmo de Tehuantepec como un referente a nivel muncial”, dijo el gobierno federal en una presentación virtual del proyecto.
Pero, eso no es todo, además, de su proyecto de una planta de hidrógeno, Helax también requiere de 30 mil hectáreas, de las cuales, en 25 mil hectáreas construirá más de 190 aerogeneradores, que se sumarían a los 1,585 ya instalados en el Corredor Eólico del Istmo -calificado como el más grande de Latinoamérica- y ocupará 5 mil hectáreas para colocar 2 millones 910 mil 040 paneles solares – energía fotovoltaica- para alimentar de energía a ese megaproyecto.
Para ello, anunció que los aerogeneradores y las celdas solares podrían ubicarse en terrenos de ciudad Ixtepec e Ixtaltepec, sin embargo, aún no queda claro, pues en San Pedro Comitancillo, los ejidatarios y pobladores, así como activistas han informado, que lo que saben es que Helax añora para parte de su proyecto fotovoltaico, 3 mil 070 hectáreas de terreno agrario, de un total de 8 mil que resguarda el Ejido de San Pedro Comitancillo, es decir, en 40 por ciento de su territorio, en donde la empresa colocará miles de paneles solares para producir 500 megawatts.
Al respecto, de manera coordinada, en diciembre pasado, el colectivo Geocomunes, que acompaña a organizaciones y pueblos indígenas en la defensa de su tierra y territorio en la zona del megaproyecto industrial “Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec” alertó que la producción de hidrógeno y amoniaco de la empresa Danesa “Helax Istmo” es una nueva colonización.
En su análisis denominado “El proyecto de producción de hidrógeno y amoniaco de Helax Istmo: nueva ola de colonialismo energético al cobijo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, Geocomunes relata que la construcción de 190 aerogeneradores ocuparían los cerros Tablón, Taberna y Niza Bichi, zona donde en algún momento se otorgó una asignación minera “Prioyecto ixtepec”.
Geocomunes precisa, que de acuerdo con el Observatorio Comunitario para el cuidado de los Bienes Comunes en la Región del Istmo informa que la instalación de los aerogeneradores implica excavar en el subsuelo para crear una mezcla de cemento, grava, arena y agua con alrededor de 1200 toneladas por cada turbina de 3MW.
Este documento, que fue elaborado por este colectivo junto con defensores de la tierra argumentan que ocupar las tierras agrícolas para proyectos “implica a mediano o largo plazo afectaciones significativas para la autonomía de los pueblos y comunidades agrarias por colectivas por contratos de renta de 20 o 30 años, todo lo cual afecta directamente la soberanía alimentaria, y afectación sobre la dientidad”.
Además, significaría el encarecimiento de la vida porque habrá que comprar todo, hasta el agua que hoy cuesta doce pesos el garrafón seguramente llegará a costar 50 pesos cada uno en el corto plazo.
El también sociólogo y naturalista, destacó que en este municipio zapoteca destaca la identificación de 233 especies de flora y fauna, aunque señala que el número debe ser por lo menos 3 veces más ya que dicho proyecto de identificación de la biodiversidad de Comitancillo aún se está realizando.
De los cuales asegura, «podemos ya saber que habitan 103 especies de aves, 18 especies de reptiles, 36 especies de plantas, 60 especies de insectos de las que encontramos 34 especies de mariposas, 2 especies de anfibios, y 3 de hongos.
Hasta el momento, el proyecto Helax-Istmo- producción de hidrógeno y amoniaco verde para usos industrial a gran escala no prevé una consulta indígena, por lo tanto organizaciones como la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) y Maderas del Pueblo del Istmo exigen cancelación a esta megaobra, pues señalan, que desconoce las implicaciones ambientales que tendrá, pues según la Secretaría de Energía (Sener) se maneja como documento reservado.
Acá la liga para consultar trabajo de GeoComunes: https://geocomunes.org/Analisis_PDF/HelaxIstmo_GeoComunes2024_ligero.pdf?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0yo8DFUqELy3oO3sHHEKVBzqqxm6sReM6r3g5eeVLIYpxfh8C_xa8hr00_aem_nbvnUS2Xp_Gr69HvXl6XaA
Asimismo indica que el proyecto de Helax, la empresa prevé una planta desalinizadora cerca del Puerto de Salina Cruz con una capacidad de 2 mil 400 toneladas de agua de mar al día y la construcción de un ducto de 50 km para llevar el agua desaliñada hasta la planta hidrógeno de Ciudad Ixtepec.
Este proceso conlleva impactos que podrían causar mortalidad a los órganos marítimos. Lo que sí es verdad, señala GeoComunes en su texto, es que no se sabe el volumen de agua que se usa para la producción de hidrógeno.
**Nos oponemos rotundamente a los paneles solares en Ndaniiguiaa***
En Ndaniiguiaa- San Pedro Comitancillo- Juan Rafael Rodríguez Razgado, activista y fundador del movimiento #SalvemosLaVida, para él, la construcción de una planta de hidrógeno y amónico, deduce la muerte lenta de los recursos naturales del Istmo de Tehuantepec. En su municipio, San Pedro Comitancillo, hace unos meses, el gobierno federal pretende instalar una planta con miles de paneles solares, para alimentar de energía a este “colonialismo energético”, que para Juan Rafael sería “asesinar” los pocos recursos que aún goza esta región oaxaqueña llamada Istmo de Tehuantepec.
“Se ha logrado con el impulso de los ejidatarios, pobladores, vecinos, niños, jóvenes y sobre todo de voces de académicos y de la Gente Grande (Binni ngolas) , tumbar la idea de que la empresa producción solar, no la queremos, sería devastadora para nuestro ejido y nuestro campo, donde todos los años hacemos milpa y tenemos una fuerte cosecha de maíz zapalote chico, ajonjolí y Jamaica entre otros alimentos”, señaló.
Dijo que los ductos de agua además de Comitancillo, pasaran al lado de los pueblos de Palo Grande, Rincón Moreno, Santa María Mixtequilla y Magdalena Tlacotepec.
El también Naturalista y doctorante en Estudios Territoriales en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional en la Universidad Autónoma de Tlaxcala describió que al tirar el monte de los terrenos agrarios, se corre el riesgo de que desaparezcan las 4 especies de iguanas que ahí habitan, entre ellas la Iguana de Cola Espinosa Oaxaqueña (Ctenosaura oaxacana), endémica del Istmo de Tehuantepec, que su estado de conservación podría encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plazo, y por lo tanto protegida por la Norma Oficial 059,además de cientos de especies de flora y fauna de estos ecosistemas, es decir, se modificaría el paisaje y con ello el espacio habitado.
“Perder el Territorio significa una muerte lenta de nuestro pueblo, significa convertirnos en migrantes climáticos (no olvidemos que la temperatura aumentaría 04 grados centígrados más, muy por encima del 1. 5 grados centígrados causados por los gases de efecto invernadero, es decir, estaríamos modificando el microclima y con ello el ciclo hidrológico y las formas de vida”, señaló.
Además, significaría el encarecimiento de la vida porque habrá que comprar todo, hasta el agua que hoy cuesta doce pesos el garrafón seguramente llegará a costar 50 pesos cada uno en el corto plazo.
El también sociólogo y naturalista, destacó que en este municipio zapoteca destaca la identificación de 233 especies de flora y fauna, aunque señala que el número debe ser por lo menos 3 veces más ya que dicho proyecto de identificación de la biodiversidad de Comitancillo aún se está realizando.
De los cuales asegura, «podemos ya saber que habitan 103 especies de aves, 18 especies de reptiles, 36 especies de plantas, 60 especies de insectos de las que encontramos 34 especies de mariposas, 2 especies de anfibios, y 3 de hongos.
Hasta el momento, el proyecto Helax-Istmo- producción de hidrógeno y amoniaco verde para usos industrial a gran escala no prevé una consulta indígena, por lo tanto organizaciones como la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) y Maderas del Pueblo del Istmo exigen cancelación a esta megaobra, pues señalan, que desconoce las implicaciones ambientales que tendrá, pues según la Secretaría de Energía (Sener) se maneja como documento reservado.
Un linchamiento en el cual no participó, tiene preso a Saúl Rosales Meléndez, defensor de la Malinche. En San Pedro Tlalcuapan, Tlaxcala, su esposa, padres y cuatro hijos lo esperan, mientras el bosque aún lucha por sobrevivir.
Por: Paola Chavely Torres Nahuatlato y Eduardo Cordero
Fotografía: Poleth Rodríguez Hernández
Tlalcuapan, Santa Ana Chiautempan. Saúl Rosales ha vivido toda su vida a las faldas de la Matlalcuéyetl, una montaña que se eleva a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar y que viste gran parte del paisaje del Estado de Tlaxcala. En la cima, hace veinte años podía admirarse el tono blanco de los glaciares que contrastaba con el azul del cielo. Hoy, el cambio climático y el abandono del Estado que no ha visto en ella más que un espacio turístico, ha hecho que el turquesa se convierta paulatinamente en un marrón pardo, sucio. Un color que pareciera que resiente el acecho que ha vivido Saúl desde aquel 1 de marzo del 2024, cuando fue sentenciado a veinte años de prisión por defenderla.
Subir a la Matlalcuye, está muy lejos de ser lo que Arturo Montero definía como la diosa de la falda azul, pues actualmente implica enfrentar la visión de la tierra quemada: cadáveres de árboles que se asoman entre las barrancas, troncos mutilados y cenizos. Lo que evidencia que dejó de ser un gran pulmón verde, y que por el contrario ha habido rastro de un fuego que ha intentado extinguirla.
Raymundo Cahuantzi, quien también estuvo encarcelado por el caso del linchamiento, observa los estragos causados por el incendio de abril de 2023 en la comunidad de Tlalcuapan. La imagen fue capturada en abril de 2024, un mes después de su liberación tras pasar un año y nueve meses en prisión, al no encontrarse pruebas que lo vincularan con el delito. Fotografía: Poleth Rodríguez.
El último incendio mortal ocurrió en abril de 2023: duró 120 horas y arrasó con aproximadamente 100 hectáreas de bosque.
“Los conejos salían de entre las llamas.”, es lo que cuentan los miembros de la brigada comunitaria contra incendios de San Pedro Tlalcuapan, comunidad perteneciente al municipio de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala de donde es originario Saúl Rosales. Llevan palas y costales a bordo de la batea de una camioneta de redilas que se zangolotea sobre el camino de tepetate. Van en busca de sustrato para fertilizar los 3 mil encinos que resguardan en un vivero construido en la casa de una brigadista.
De pronto, suena el teléfono.
Es Saúl Rosales marcando desde el Centro de Readaptación Social – Cereso de Tlaxcala– a su esposa, Alicia Meléndez, quien como puede atiende la llamada mientras se sostiene con fuerza de los bordes de la camioneta. Después de Alicia, el teléfono pasa a las manos del hermano menor de Saúl. Luego al resto de la brigada.
Le cuentan que van a La Malinche. Charlan, ríen.
“Justo estábamos hablando de ti. Ya pronto volverás con nosotros a la montaña.”, le dice Alicia Meléndez con nostalgia.
La voz de Saúl sale de la bocina del celular. El polvo desciende sobre el rostro de Raymundo Cahuantzi, liberado en el mes de marzo de 2024 después de permanecer preso junto a Saúl, durante un año y siete meses. Hablan e intercambian esperanzas.
“Hay que echarle ganas, no te desanimes, verás que las cosas van a cambiar. Aquí estamos al pendiente de tu familia.”
Raymundo Cahuantzi descansa bajo la sombra de un árbol en lo alto de la Montaña de la Malinche, del lado de San Pedro Tlalcuapan, mientras narra los acontecimientos del 15 de abril de 2022. Fotografía: Poleth Rodríguez.
Cahuantzi recuperó la libertad en marzo, regresó para respirar el aire de los encinos, oyameles y ocotes. Saúl Rosales fue condenado a 20 años de prisión durante el mismo juicio.
Linchamiento a las faldas de la montaña
El lagarto cornudo del desierto parece un dinosaurio. Phrynosoma orbiculare es su nombre en latín y algunos habitantes de la Malinche piensan que es venenoso. No lo es, se alimenta sólo de hormigas y es uno de las 22 especies endémicas que habitan en El Parque Nacional La Malinche, un Área Natural Protegida que alberga al menos 937 especies de flora y fauna, de acuerdo con el programa de manejo.
Según la creencia popular, si tomas un lagarto con las manos, sin dañarlo, puedes también echar bien las tortillas en el comal, sin que éstas se doblen ni se esponjen. Eso nos dijeron en San Pedro Tlalcuapan, un pueblo ubicado en las faldas de la Malinche y una de las 94 comunidades regidas por usos y costumbres, reconocidas por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).
En 1938 se emitió el decreto para reconocer esta zona como Área Natural Protegida. Ese fue el año en que comenzaron los conflictos entre las comunidades y las entidades gubernamentales quienes, sin consultarlas, limitaron el aprovechamiento de los recursos naturales, como la leña, que anteriormente los abuelos utilizaban para prender su baño o para hacer tortillas. Aquellas personas que se arriesgan a cortar madera de un árbol enfrentan multas que pueden alcanzar hasta cincuenta mil pesos. Además, podrían ser arrestadas y enfrentar un proceso penal.
Sin embargo, estas sanciones no se aplican de la misma manera en todos los casos. Como pasa en Tetlanohcan, otra de las comunidades aledañas a la montaña, conocida por la extracción ilegal de madera y la colusión del gobierno municipal y estatal. Ahí, la justicia para Matlalcueyetl dura solo 72 horas de arresto.
Miembros de la Brigada Comunitaria Contra Incendios de San Pedro Tlalcuapan recorren los terrenos de la Malinche que resultaron dañados por el incendio de 2023. Fotografía: Poleth Rodríguez
San Pedro Tlalcuapan es un espacio donde coexisten la autoridad religiosa y civil. Es común que las personas tengan cargos como el de portero, fiscal y mayordomo. Al ocupar también puestos civiles, se les denomina tiaxcas, un cargo honorable que implica respeto de toda la comunidad.
Saúl Rosales es un tiaxca que comenzó sus funciones como presidente de la comunidad en enero de 2022. Llegar a ese lugar fue definido por su compromiso genuino, empatía y una estrecha conexión con los habitantes del pueblo. “Don Saúl”, como le dice la gente de Tlalcuapan, comúnmente participaba en varios procesos comunitarios: antes de ser presidente de comunidad fue comandante y muchos recuerdan cuando se involucró en el rescate de un jagüey: un pozo superficial destinado a retener agua de lluvia utilizada para el pastoreo y el riego del campo.
“Don Saúl tenía voluntad para trabajar por nosotros y por la montaña”, dice Eribel Bello, pobladora de San Pedro Tlalcuapan y miembro de la brigada comunitaria contra incendios
La legislación actual en Tlaxcala establece diversas responsabilidades para los presidentes de comunidad, como asistir a las sesiones de cabildo con voz y voto, garantizar el orden y la seguridad, proponer y gestionar obras públicas, administrar cuentas, imponer sanciones, regular comercios, promover la participación comunitaria y supervisar servicios esenciales, como el panteón.
En el caso de don Saúl, quien desempeñaba este cargo, recibía una remuneración de 10 mil pesos mensuales. Sin embargo, además de sus funciones oficiales, destinaba parte de este ingreso para cubrir gastos de limpieza en las instalaciones de la presidencia comunitaria y la clínica de salud.
En este esquema comunitario, un cuerpo de voluntarios –integrado por hombres y mujeres de Tlalcupan– que no portan armas ni patrulla, velan por la seguridad del pueblo, coordinados por el presidente de comunidad.
Sin embargo, la inseguridad empezó a afectar en Tlalcuapan, pues los robos a casas y negocios eran notables para los habitantes. A pesar del esfuerzo comunitario, estos actos seguían impactando, y Don Saúl estaba ahí para mediar los asuntos y llevarlos a las autoridades correspondientes del municipio de Chiautempan; para que pudieran dar un seguimiento judicial en el marco de la ley.
Entonces llegó el 15 de abril de 2022, un viernes santo.
En medio de una procesión acompañada de cohetes que partió a las ocho de la mañana desde la Iglesia de San Pedro Tlalcuapan, en la calle Constancia, dos personas intentaron robar en una vivienda. Al percatarse, los pobladores lograron detener a uno de ellos, lo que dio inicio a un linchamiento y al calvario que hasta hoy tiene a Saúl Rosales en la cárcel.
Ese día, varios pobladores de Tlalcuapan llevaron al presunto ladrón a la presidencia de la comunidad. Sin embargo, el ambiente ya estaba cargado de hartazgo por la creciente delincuencia en la zona. Según Alicia Meléndez, Saúl Rosales retuvo al detenido durante unos cincuenta minutos mientras contactaba a las policías de Chiautempan y Tlaxcala para entregarlo a las autoridades. Pero, en medio de la multitud, un grito enardecido rompió el momento: “Aquí tú no eres nadie; ahorita nos encargamos nosotros”. Acto seguido, sacaron al hombre a las calles, donde, tras ser golpeado, le quitaron la vida.
Esas palabras significaron su destitución del cargo, debido a la estructura política de la comunidad. Las decisiones políticas las toman en asambleas donde los tiaxcas tienen peso moral, pero la decisiones se toman en colectivo. En las comunidades importa más la palabra de la colectividad que la del individuo.
Para el momento del linchamiento ya habían arribado elementos de la policía municipal y estatal, ubicados a 200 metros de la presidencia de comunidad, quienes fueron rebasados por la cantidad de personas, calcudadas en aproximadamente 400 habitantes no sólo de Tlalcuapan sino de otras comunidades que, por la fecha, acudían a la iglesia a ver la judea: la representación de la pasión de Cristo.
Buscando un culpable
Los días transcurrieron con calles que guardaban como secreto a voces lo que ocurrió aquel viernes santo, hasta el 14 de julio de 2022, tres meses después de ocurrido el linchamiento, cuando las autoridades abarrotaron la comunidad de Tlalcuapan con helicópteros, patrullas y policías municipales y estatales.
Esa tarde, Saúl Rosales – quien recién salía de junta de cabildo – fue detenido por elementos de la Policía de Investigación, acusado formalmente de homicidio calificado por el deceso de una persona mientras él ocupaba el cargo de presidente de comunidad.
“El proceso fue muy rápido, él estaba en Cabildo ese día, lo pasaron a la Procuraduría; no me dieron tiempo de buscar a un abogado. Lo trasladaron al Reclusorio”, dice Alicia Meléndez, esposa de Rosales, sentada en un tronco entre el follaje de la montaña, mientras brigadistas descansan sobre la hojarasca y beben agua después de llenar los costales de sustrato.
Ese día, policías municipales y estatales armaron un cerco de seguridad para vigilar a la población. En medio de helicópteros y patrullas, la gente inició su camino a la Procuraduría después de repicar las campanas buscando conocer los motivos de la detención de su presidente de comunidad. Fueron recibidos por granaderos.
Un grupo de funcionarios aceptó conversar con una pequeña comisión de la comunidad quienes buscaban conocer la situación jurídica de Rosales. Al finalizar el diálogo, todos salieron menos Raymundo Cahuantzi, quien quedó bajo arresto también por el linchamiento.
El entonces Secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, indicó que la orden de aprehensión fue girada por la Procuraduría General del Estado (PGJE). La procuradora Ernestina Carro Roldán declaró a un medio local que “en Tlaxcala nadie puede hacer justicia por propia mano”. A ambos brigadistas se les impuso prisión preventiva oficiosa.
El escarabajo descortezador e incendios destruyen la montaña
“El Cuehcuex (hongo amanita sp) ya dejó de existir, es muy raro verlo. Antes había como si los hubieran sembrado”, dice Raymundo Cahuantzi. Con la falta de humedad en el suelo y la pérdida de la sombra que generan las copas de los árboles, los hongos han desaparecido paulatinamente.
Raymundo Cahuantzi cuenta durante el trayecto a la montaña recuerdos de su infancia en el campo. “Yo trabajo desde los 8 años. El campo siempre fue el sustento de mi papá, fuimos ocho hermanos. Vendíamos maíz y ayocote”.
Raymundo rememora cómo era la montaña, gracias a los relatos de su padre. “Se dedicaban al carbón, a la leña. Eran muy sabios, no cortaban cualquier árbol”. La milpa y los árboles siempre estuvieron ligados y presentes en su vida.
En Tlalcuapan, de acuerdo con un estudio realizado por el Colegio de Tlaxcala, se registraron 70 nombres de hongos tradicionales, 30 de ellos tienen raíz nahua: cuehcuex, ayutzi, ayoxochitl, xopitzal, xoletl, xoxocoyuli. Son una muestra de la riqueza biocultural de las comunidades aledañas a la Malinche.
La bióloga Bárbara Cruz Salazar, del Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta (CTBC) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), afirma que más del 50 por ciento del polígono de La Malinche presenta cambios de uso de suelo: hectáreas forestales que han pasado a ser tierras de pastoreo o de siembra.
“Lo poco que queda del bosque está fragmentado. La parte más conservada es la más alta, porque es más complicado llegar ahí, no porque exista control de las actividades humanas”, refiere en entrevista.
Además de la tala y los incendios, la deforestación en La Malinche tiene otra causa: el escarabajo descortezador destruyó el 80% del bosque de Tlalcuapan entre 2019 y 2022. El aumento del calor en la zona, a causa del cambio climático, propició el aumento de la población de este insecto. De acuerdo con la bióloga Eribel Bello, los árboles, estresados, se vuelven más débiles ante las plagas.
Eribel Bello sostiene una de las piñas, como comúnmente se conoce a los frutos de los pinos que crecen en la Malinche. Fotografía: Poleth Rodríguez
El escarabajo es la raíz del mal del bosque, pero también fue el motivo de la unión entre las comunidades. El colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzi Tlalcuapan nació como una respuesta para enfrentarlo.
Raymundo y Saúl participaban activamente en los trabajos para controlar la plaga del escarabajo descortezador, lo cual les acarreó fricciones con las autoridades estatales por el manejo de madera de los árboles caídos. Pues de acuerdo a testimonios de los integrantes del Colectivo, hubieron empresas contratadas por el gobierno estatal que aprovecharon la plaga para talar árboles para fines comerciales. Hasta ahora, se desconoce el nombre de las empresas involucradas. En 2022, este medio solicitó, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el plan de saneamiento correspondiente a los años 2019, 2020 y 2021 para combatir la plaga del escarabajo descortezador mediante la Secretaría de Medio Ambiente de Tlaxcala, pero no obtuvo respuesta.
Esta situación no sólo ocurrió en Tlalcuapan. Investigaciones periodísticas de Alex Castro y Gabriela Hernández, documentaron casos similares en Muñoztla y Cuahuixmatlac, Tlaxcala, comunidades que también sufrieron la devastación del escarabajo descortezador.
El Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzin sostiene que la detención arbitraria de Raymundo y Saúl se debe a la defensa activa del bosque, al oponerse al saqueo de la madera pues públicamente señalaron lo que estaba ocurriendo arriba de la Malinche, alegando que el Gobierno de Tlaxcala estaba siendo partícipe del saqueo de madera a través de empresas privadas; quienes aprovechándose de la plaga del escarabajo descortezador, talaron árboles y comercializaron con ellos.
Por lo que el CSyRM considera que la detención de Saúl Rosales y Raymundo Cahuantzi fue un golpe para desarticular el movimiento por el rescate de la Malinche.
A pesar de la ausencia de Saúl, las actividades por restaurar la Malinche tras la plaga del escarabajo descortezador, continúan; muchas veces con miedo, pero con la firme convicción de proteger su territorio.
La brigada comunitaria contra incendios, conformada por algunos miembros del CSyRM, se unió durante seis días para controlar el fuego descontrolado de 2023. Ese incendio ha sido uno de los más devastadores en los últimos años, y se propició en una de las zonas previamente reforestada tras la plaga que dañó los árboles.
“En la brigada participaron mujeres, jóvenes, niños, niñas y personas mayores. Las mujeres nos prepararon comida para mantenernos. Subimos a hacer brechas con palas”, dice una de sus integrantes.
En la Malinche, crecen unos cardos cuya flor rosa se resguarda entre las espinas. La preparan como té para curar el riñón o los males del corazón. Alicia, la esposa de Saúl Rosales, toma una de estas flores y la resguarda en un vasito de plástico, lista para descender de la Matlalcuéyetl con la brigada.
Una familia atravesada por la ausencia
Saúl tiene cuatro hijos: las dos hijas mayores abandonaron sus estudios y comenzaron a trabajar para sostener el hogar y pagar el proceso judicial por el que atraviesa su padre. La mayor estudiaba Lenguas en la UATx y la menor la preparatoria. Los dos hijos menores todavía estudian la primaria.
Alicia, la madre de los cuatro, cuenta que el hijo más pequeño, de nueve años, se encuentra bajo atención psicológica. La ausencia de Saúl duele. Un mes después de la detención de Rosales, su hijo menor le entregó una carta al ex presidente Andrés Manuel López Obrador después de burlar las vallas de seguridad pidiendo la liberación de su padre. Pero no hubo respuesta.
Con todo, Alicia cuida a su padre e inició un negocio de abarrotes, para poder sostener a su familia. Los jueves y domingos visita a Saúl en el Cereso, con la esperanza de justicia. Sin embargo, han pasado ya dos años y seis meses, y la justicia aún no llega.
La vida de Alicia, Saúl y sus hijos cambió radicalmente. Alicia asegura que el único «delito» de su esposo fue alzar la voz contra el saqueo de madera y luchar por proteger la Malinche. Para Saúl, este lugar lo era todo: su fuente de trabajo y su conexión con la tierra, pues, antes de ese 14 de julio era un campesino dedicado por completo a su familia.
Neftaly Pérez, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), y el abogado Carlos David Figueroa, quien lleva el proceso de Rosales, coinciden en un punto: la condena emitida por las juezas Aída Baez Huerta, Rossano Rubio Marchetti y Olivia Mendieta Cuapio es injusta y criminalizadora.
De acuerdo con un informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en México se registraron 123 eventos de agresión, con un total de 282 agresiones específicas contra defensores del territorio.
Se han contabilizado 22 eventos de criminalización, en un país donde fueron asesinadas 20 personas defensoras en 2023.
Cuenta Alicia que Saúl, sigue sin comprender porqué le tocó vivir ese infierno. Que su intención nunca fue hacerle daño a alguien. Extraña a su familia, quiere regresar a su tierra y trabajar en el campo.
“Ha bajado mucho de peso” dice la señora Alicia cuando recuerda esas visitas al CERESO.
Dentro del reclusorio, Saúl mantiene la ilusión de seguir trabajando y de terminar la secundaria abierta; para que sus hijos vean que a pesar de todo, sigue en pie.
La carpeta que llevó a la sentencia de Saúl Rosales estuvo marcada por inconsistencias y puntos poco claros
En la causa judicial 419/2022 –a la cual Escenario Tlaxcala tuvo acceso–, el Ministerio Público inicia acusando a Raymundo Cahuantzi de participar directamente en en linchamiento, “amarrando a la víctima con un lazo e incitando a los pobladores a que lo hicieran también”. La acusación del Ministerio Público, prolija en detalles, continúa su curso.
No obstante, estas pruebas no pudieron comprobarse, debido a que Raymundo se encontraba en la Iglesia de Tlalcuapan en ese momento. Una de las razones por las que pudo recuperar su libertad el pasado 1ro de marzo de 2024.
El Tribunal de enjuiciamiento emitió la sentencia el 25 de marzo, donde condenó a 20 años de prisión a Saúl ya que “el Agente del Ministerio Público demostró, más allá de toda duda razonable, la plena existencia del delito de homicidio calificado”, asegurando que Rosales fue copartícipe del homicidio al “prestar auxilio a los autores materiales del ilícito”.
En los medios de comunicación se ha señalado que la sentencia contra Saúl Rosales se basa en su obligación, como presidente de comunidad, de garantizar la integridad de la víctima, por tanto; no actuó como debería al no impedir el linchamiento que estaba sucediendo.
Ante esto, Alicia, señala que Saúl se puso en contacto con las autoridades del municipio de Chiautempan y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero no hicieron nada por intervenir en el linchamiento. Por eso, menciona que es injusto que solo se le acuse a él, que también deberían comparecer los responsables de dichas instituciones.
Para ese momento el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudada era :Maximino Hernández Pulido y renunció al cargo el 30 de abril 2022, por su lado, el edil de Chiautempan era Gustavo Jiménez Romero.
Figueroa considera que la sentencia de 20 años es un mensaje contra las comunidades y para prevenir más linchamientos: “es una política criminal”, menciona en entrevista para Escenario Tlaxcala.
Neftaly Pérez, quien ha asesorado a la familia de Rosales y de Cahuantzi, menciona que las juezas no han considerado la perspectiva intercultural de la comunidad de Tlalcuapan, necesaria para comprender el sistema de cargos.
El Protocolo para Juzgar con Perspectiva Intercultural emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indica que “se debe incorporar la perspectiva intercultural a los procesos judiciales”, tomando en cuenta sus “necesidades y especificidades culturales”, lo cual no sucedió durante el juicio que sentenció a Rosales.
Mientras tanto, en la casa de los padres de Saúl Rosales abunda el silencio.
“Yo en estas circunstancias que me encuentro, a veces pienso, ¿algún día tendré la oportunidad de abrazar a mi hijo?”. La voz de Margarito Rosales Conde, padre de Saúl, resuena en la sala de su casa.
Es un hombre de 73 años, enjuto, que reposa sus brazos sobre una andadera metálica. Usa unas gafas negras, es ciego. Se desplaza con dificultad. Su hijo preso es el mayor de 6 hermanos y era el que también apoyaba económicamente a sus padres.
María de los Ángeles Meléndez, de 68 años, muestra moretones en sus brazos, producto de las agujas. “Yo también me he enfermado, me están haciendo unos estudios porque me siento mal. Pienso en mi hijo, me duele saber que siendo inocente esté en ese lugar”.
Y es que la ausencia de Saúl les ha dejado una herida que les recuerda que vivir dignamente es un delito.
Sentados en la sala familiar, el padre y madre de Rosales, dos de sus hermanos, su esposa y Raymundo Cahuantzi dialogan frente a un altar donde abundan los objetos religiosos y mantienen la esperanza de la liberación de Saúl, para compartir el dulce de calabaza que elabora su madre, cosechada en uno de los terrenos que trabajan cerca de la Malinche.
María de los Ángeles Meléndez, madre de Saúl Rosales, recuerda cómo ha sido vivir la detención de su hijo. Fotografía: Poleth Rodríguez.
El mismo hecho, relatado una y otra vez ante jueces y medios de comunicación, remueve los rostros contraídos por el cansancio y el dolor.
Mientras Raymundo regresa nuevamente con la brigada a cuidar la montaña, nadie trabaja el campo de Saúl, yermo bajo el sol inclemente.
La tierra, la montaña y su familia esperan por él.
El pasado 19 de septiembre la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, decretó la creación de la Secretaría de las Mujeres en Tlaxcala (en adelante Secretaria de las Mujeres), además, se especificó que se hicieron modificaciones a varios artículos de la Ley que Garantiza el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala y que la Secretaría de Finanzas debía contemplar recursos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2025, para garantizar su operación a partir de enero. La Secretaría de las Mujeres, también debe expedir su reglamento interior noventa días naturales después de entrar en vigor el decreto antes mencionado.
De acuerdo con la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala, la “Secretaría de las Mujeres establecerá las políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres en el Estado, coordinándose para tal efecto con todas las dependencias o entidades de la Administración Publica Estatal y Municipal…” (art. 65), además, dentro de sus funciones está el orientar y asesorar a las autoridadesque son parte del Sistema Estatal para la elaboración del Programa Estatal, el cual, debe establecer la política pública para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres (art. 54).
El Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (Sistema Estatal), es presidido por el Secretario de Gobierno, se conforma por doce vocales de diferentes dependencias y entidades, así como de una Secretaría Técnica, que será asumida por la Secretaria de las Mujeres. El Sistema Estatal tiene como fin la “instrumentación de una coordinación única cuyo mecanismo facilite la articulación de los ejes de acción, sus instrumentos, servicios y políticas públicas, de conformidad con el Programa Integral Estatal…” (art. 50).
Con lo antes mencionado, es claro que el liderazgo y protagonismo de la Secretaría de las Mujeres en la coordinación interinstitucional y la creación del Programa estatal establecido en la Ley de Acceso a las Mujeres es esencial, no es un cambio de nombre, sino la oportunidad de que las políticas públicas que se implementen sean en beneficio de las mujeres, que en verdad se emprendan acciones de prevención, atención y protección a las víctimas y el acceso a la justicia.
Sobre el presupuesto para la Secretaria de las Mujeres en Tlaxcala
Para el ejercicio fiscal 2025, se asignó a la Secretaría de las Mujeres en Tlaxcala un presupuesto anual de 20,209,935.00, cantidad que solo es mayor al Instituto Tlaxcalteca de la Juventud con 18, 636,010.00, y el presupuesto mayor más cercano es el asignado a la Secretaría de la Cultura, con 61,878,636.00.
Una de las preguntas que nos hacemos como ciudadanía es ¿La Secretaría de las Mujeres ya tendrá su reglamento interno de cómo actuar?Pues, ya han pasado los 90 días establecidos, ya le han asignado un presupuesto pues comienza a entrar en funciones en enero de 2025. Otras de las preguntas que nos hacemos es ¿El Sistema Estatal tendrá ya elaborado y aprobado el Programa Estatal establecido en la Ley de Acceso a las Mujeres?
Sabemos que la violencia hacia las mujeres en Tlaxcala no se ha detenido, hay violencia familiar, violaciones, feminicidios, trata con fines sexuales, acoso sexual. De acuerdo con datos oficiales, de 2015 a la fecha el Banavim ha registrado 43,132 casos de violencia hacia las mujeres y el documento “Información sobre violencia contra las mujeres” muestra que en Tlaxcala se han hecho 4, 125 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia de pareja. Ante este contexto, es necesario que exista gobernabilidad, es decir, que el gobierno alcance los objetivos que se han planteado en las leyes y responda a la realidad de violencia en que viven las mujeres en Tlaxcala, con una coordinación interinstitucional, con presupuesto suficiente y personal capacitado/da.
Como sabemos, en Tlaxcala se declaró una Alerta de violencia de género para los 60 municipios del estado y hasta la fecha, el gobierno del estado solo ha cumplido 2 de las 30 medidas establecidas ¿Cuál será el papel de la Secretaría de las Mujeres en Tlaxcala y el presupuesto asignado para aportar ante la Alerta de Violencia de género en Tlaxcala?
En el Decreto antes mencionado se establecen 18 competencias, además de aquellas que les confieren otras leyes y ordenamientos jurídicos, entre esas funciones está el implementar acciones para fortalecer el acceso a la justicia de mujeres junto con la Fiscalía General de Justicia del Estado, eso significa que la Secretaría de las Mujeres en Tlaxcala no solo se enfocará a la prevención, sino deberá contribuir a que las mujeres tengan acceso a la justicia y por lo tanto, también a que se les otorguen servicios especializados de atención y protección para las víctimas.
Iniciamos el año 2025 con la Secretaría de las Mujeres en Tlaxcala, la cual tendrá el reto de que se aplique el decreto y las leyes que le competen, para que las mujeres tlaxcaltecas vivan libres de violencia y se deje de minimizar la grave situación que vivimos o vanagloriarse con la creación de instituciones que no avanzan en la erradicación de la violencia hacia las mujeres.
Un trabajo realizado por el medio Pie de Página, de la Red de Alianza de Medios: Periodistas de A Pie
En octubre de 2020, el gobierno mexicano arrestó a la activista Kenia Hernández. ¿Su delito? Protestar, como lo hacen miles de personas en este país. Ahora, desde la cárcel, ella comparte su visión sobre la lucha por su libertad, luego de pasar cuatro años en prisión
Texto: Mario Bravo
Foto: Graciela López / Cuartoscuro
CIUDAD DE MÉXICO. – A finales de 2024, desde un teléfono público en esa prisión, la abogada y luchadora social Kenia Hernández me concedió una breve conversación. La charla también fue junto a otros compañeros y compañeras, entre quienes se encontraba la solidaria América del Valle.
Con actitud afable, como si estuviera en la cocina de su casa preparando una sopa, y no injustamente dentro de una cárcel, Kenia me dijo algo que no he podido olvidar —y no quiero hacerlo—: “Ustedes, los periodistas, luchan igual que quienes nos oponemos a las injusticias, solo que lo hacen con su pluma”. Y como pasa con esas frases que anidan en la psique y no te sueltan, que te siguen a donde vayas –incluso en sueños – al comenzar 2025 decidí hacerle llegar algunas preguntas cortas y puntuales. Desde la prisión, donde ella pide que Capufe acepte un acuerdo reparatorio, Kenia respondió a las interrogantes de este periodista.
Pero antes, recordemos su caso.
Encarcelamiento injusto
En octubre de 2020, esta mujer indígena fue encarcelada tras ser acusada de dos delitos: robo con violencia armada y, en el ámbito federal, ataques a las vías de comunicación en pandilla. Ahora lleva cuatro años en prisión. Esta es la versión oficial del aparato judicial mexicano, aunque, en realidad, ella participó en una acción colectiva que permitió el libre tránsito de automovilistas.
En otras palabras, junto a otros ciudadanos, liberó momentáneamente casetas de cobro, lo que generó un perjuicio económico tanto a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), organismo público del gobierno mexicano, como a la empresa privada Autovías Concesionadas Mexiquenses.
Desde la cárcel, Kenia Hernández observa el paso de las estaciones del año. Ella tiene 35 años y es madre de dos hijos: uno de 7 años y otro de 12. A pesar de su encarcelamiento en el penal de Nezahualcóyotl Sur, sigue buscando el bienestar de sus hijos. La activista amuzga confecciona huaraches y otros productos artesanales, que vende para obtener ingresos y así sostener materialmente a su familia.
Eterno amor por la justicia
“¿Cómo podríamos llegar a la opinión pública sin el periodismo? ¿Cómo podríamos hacer que una verdad sea pública sin ustedes? Es cierto que ahora tenemos el apoyo de las redes sociales, pero solo el periodismo comprometido logra que la verdad llegue a todos los rincones del país y del planeta. Una vez logrado eso, es mucho más fácil hacer justicia, porque los poderosos, digan lo que digan, siempre temen a la opinión pública”, expresa Kenia Hernández al reflexionar sobre el papel que el periodismo debe y puede jugar frente a las injusticias en América Latina.
A mi entender, una tarea fundamental del periodismo no debe pasar necesariamente por hacer militancia, sino por narrar historias sin olvidar los hilitos de relatos y las hebras de biografías que los discursos hegemónicos jurídicos, mediáticos, políticos y económicos insisten en desechar o borrar. Por ejemplo, en el caso de Kenia Hernández, públicamente solo se suele mostrar su figura como la de una supuesta delincuente o, desde el ala de quienes resisten a las injusticias, como una víctima. Pero ella no puede ser únicamente una reclusa con un número asignado, una mujer que padece la cárcel, una fotografía en un afiche.
Ella ha sido, es y será algo más: historias, recuerdos, palabras, personas, amores, referencias. Astillas de otros tiempos, de otras circunstancias y geografías construyeron la manera de ser, estar, pensar y hacer de esta indígena que, desde prisión, solicita respetuosamente que la primera mujer presidenta de México revise su injusta privación de la libertad. Para reconstruir algo de la biografía de Kenia Hernández, más allá de verla como supuesta delincuente o mera víctima, sino como un ser humano, le pregunto cuáles han sido sus ejemplos de vida que le han permitido encarnar la palabra resistencia y la potente noción de rebeldía.
Sobre la resistencia
“Mi padre siempre me recordó que había niñas y niños en las calles, durmiendo sin un bocado de pan. Me enseñó que era necesario ponerse en su lugar y hacer algo por ellos. Me enseñó a caminar descalza porque algún día tendría que hacerlo si quería sobrevivir en la transformación del mundo. También me enseñó el valor de la justicia por encima de todo, así como de ser una mujer cabal y digna de palabra, porque eso es lo único que nadie podría arrancarme jamás. Me enseñó a cuidar el planeta y ser autosustentable. Mi papá, aun siendo dentista, cada año sembraba el maíz que consumíamos en la familia, y yo me iba con él. En cada semilla sembrada, sentía el amor que él sentía por la tierra. Crecí con eso.
«También me inculcó el amor hacia los libros, los números, lo correcto y hacia Dios. Cuando había una disputa familiar, siempre lo llamaban a él para dirimirla, y yo lo acompañaba. Supongo que así se avivó en mí el eterno amor por la impartición de justicia».
El orgullo de ser mujer
—¿De dónde viene su necesidad casi vital de ser rebelde?
—Mi abuela materna, en una época en la que no era bien visto que las mujeres trabajaran, lo hizo para sacar adelante a sus seis hijos. No se quedó en casa soportando la violencia de su esposo: se rebeló y nunca más permitió que le pusiera una mano encima, aunque eso supusiera trabajar 16 horas diarias como comerciante de frutas y verduras. En un tiempo, vivió con nosotros, y cada noche la veía llegar cansada. Pero, al sentarse en su silla mientras esperaba la cena, emitía discursos contra el machismo, transmitiéndome el orgullo de ser mujer. Mi abuela fue una mujer fuerte, muy inteligente, cabal y digna, que cuando mi abuelo tuvo que desplazarse por problemas personales relacionados con sus malos hábitos, ella no lo siguió. Se quedó a salvo, siguiendo sus ideales y no el machismo.
Valor y sacrificios
—¿Por qué seguir luchando, a pesar de que eso traiga cárcel, distanciamiento de los seres queridos y dificultades?
—Porque si nos detuviéramos pensando en la cárcel, la muerte o el exilio, ¿acaso lograríamos algo? ¿Qué habría logrado Zapata si no hubiese arriesgado su vida? ¿Qué habrían logrado las Adelitas si no se hubieran puesto las carrilleras? ¿Qué habría sido de Gandhi si no hubiera puesto su cuerpo en cada huelga de hambre? ¿Qué enseñanza habría transmitido Jesucristo si hubiera temido las represalias de los fariseos? Hace falta valor y sacrificios, sí, pero son enteramente necesarios si queremos un mejor México y un mejor mundo.
Heridas de lucha
—¿Qué significa para usted ser mujer indígena en el México actual?
—Ser mujer indígena significa que trabajamos seis horas diarias en nuestros textiles y tejidos para ganar 30 pesos al día o 900 al mes, según una investigación de la FAO, en la que yo misma participé realizando una encuesta a 80 familias amuzgas y mixtecas. Significa que, aunque estamos medianamente a salvo del crimen organizado gracias a nuestros procesos comunitarios, todavía tenemos miedo de que llegue el marido borracho y nos golpee. Significa que, cuando alguna de nosotras se atreve a levantarse para formar parte de los procesos de justicia comunitaria, hay hombres que dicen: “¡No seguiré enaguas!”
“También significa que, cuando exigimos que hombres y mujeres tomen decisiones y coordinen por igual en las asambleas comunitarias, nos tildan de rebeldes y eso provoca ganarnos enemigos sistémicos de por vida. Significa que la bigamia está bien vista en el hombre, pero cuando una de nosotras se cansa y decide emanciparse, entonces está mal (sí, también viví esto). Significa que, como impartidora de justicia en comunidades indígenas, te enfrentas a historias desgarradoras de mujeres vendidas por sus padres para una boda, y para confrontar eso debemos armarnos de valor. Ahí, incluso necesitamos el apoyo de hombres solidarios para librar una lucha histórica y antisistémica.
“Además, ser mujer indígena significa que, si estudias leyes y haces valer esos derechos, todo el sistema se vuelve en tu contra por ir demasiado adelante. Y, peor aún, si organizamos a otras para defender esos derechos y luchar por la libertad y la tierra, y logramos que nos sigan no solo mujeres sino también hombres, el machismo, el patriarcado y el capitalismo se unen para dejar claro que ellos son los que mandan. Esto lo he vivido durante los últimos cinco años: un año de persecución política y cuatro de injusto encierro”.
Tres palabras
Joan Manuel Serrat, al cantar un poema de Miguel Hernández, dijo alegre e impetuosamente al mundo:
Para la libertad sangro, lucho, pervivo.
Para la libertad, mis ojos y mis manos,
como un árbol carnal, generoso y cautivo,
doy a los cirujanos.
Para la libertad siento más corazones
que arenas en mi pecho: dan espumas mis venas,
y entro en los hospitales, y entro en los algodones
como en las azucenas.
Le pido a Kenia Hernández que defina esa palabra tan anhelada por ella: la libertad.
—Es la mayor gloria que tenemos en vida, gracias a la cual podemos decidir qué hacer y qué no hacer, con quién estar y con quién no. Hay que saberla dirigir hacia el bien propio, pero, sobre todo, hacia el bien común.
—¿Y el amor?
—El amor es la más grande de las virtudes humanas, la que nos impulsa a hacer el bien.
—¿Y cómo define la injusticia?
—Para mí, la injusticia es aquello que ocurre cuando solo se anteponen los intereses de unos pocos, ignorando los de todos. Es lo que sucede a diario cuando el poder se impone sobre el amor.
“Déjeme ayudarla…”
—Finalmente, ¿qué mensaje quisiera enviarle a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo?
—Señora presidenta: ha dicho usted que este es el año de la mujer indígena. Por favor, haga un trabajo real con nosotras y déjeme ayudarla. Hay mucho por hacer en nuestras comunidades. Nosotras sabemos lo que necesitamos porque nacimos y crecimos ahí. Si nos toma en cuenta, no será solo discurso, sino acción práctica. Y al decir esto espero no estar sembrando en el mar ni predicando en el desierto.
Al escuchar las palabras de Kenia Hernández, compartidas desde el penal Nezahualcóyotl Sur, resuena el legado del poeta español Miguel Hernández, quien en el final de El herido afirmó con tierna confianza en el futuro:
Retoñarán aladas de savia sin otoño
reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida.
Porque soy como el árbol talado, que retoño:
porque aún tengo la vida.
Tlaxcala. Desde hace dos años, el maltrato animal en Tlaxcala se reconoce como un delito. Es esencial que la población conozca que los actos de crueldad hacia animales domésticos, de trabajo o producción son conductas sancionadas por la ley.
Las penas incluyen prisión de seis meses a cinco años, además de multas que oscilan entre 50 y 2,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, lo que equivale a montos de $5,428.50 a $217,140. Las acciones sancionadas abarcan causar sufrimiento, dolor, estrés, lesiones, mutilaciones, tortura, abandono o muerte. También se considera delito el uso de animales con fines sexuales, la participación directa o indirecta en peleas de perros, y el secuestro o retención de animales con el objetivo de obtener rescate o beneficio económico.
El Código Penal del estado, en su artículo 437, establece las condiciones que excluyen responsabilidad en estos casos. Asimismo, el artículo 439 dispone que, en ausencia de un tutor para el animal, estos delitos serán perseguidos de oficio.
Para denunciar, las personas pueden acudir a las agencias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala en los municipios de Apizaco, Calpulalpan, Chiautempan, Contla, Huamantla, Ixtacuixtla, Natívitas, San Pablo, Tlaxcala, Tlaxco y Zacatelco, o llamar al número 246 46 50 500.
El Observatorio Ciudadano de Protección Animal (OCPA) insta a la ciudadanía no solo a presentar denuncias, sino también a dar seguimiento a sus casos. Según un informe del OCPA publicado en julio de 2024, hasta mayo de ese año, la Fiscalía había recibido 24 denuncias e integrado el mismo número de carpetas de investigación. Sin embargo, no se reportaron detenciones ni vinculaciones a proceso de presuntos responsables (OCPA, 2024).
Tlaxcala. Por más de una década, Marisol Ramírez vivió bajo un entorno de violencia psicológica, emocional y económica ejercida por Ricardo N., el padre de sus hijas: Alhena, Mía y Anyela. En un acto de supervivencia, Marisol abandonó su hogar hace un año y tres meses, tras ser víctima de una agresión física que puso en riesgo su vida. Desde entonces, desconoce el paradero de sus hijas y de su agresor.
A pesar de haber solicitado apoyo a las instituciones de justicia, Marisol señala que ha enfrentado la indiferencia de un sistema que, asegura, ha priorizado la influencia y recursos de Ricardo N. por encima de la seguridad y el bienestar de las menores.
Las autoridades: Los otros actores ejerciendo violencias contra de las mujeres
En entrevista, Marisol Ramirez denunció que la jueza Danielvira Ramírez Jiménez del municipio de Zacatelco fortaleció la violencia institucional al saber todos los detalles y no actuar en su momento. Esta decisión ha dejado a las menores fuera del alcance de su madre y sin seguimiento sobre su situación actual; lo que Marisol ha declarado como una situación incierta y sin seguimiento efectivo de la seguridad de sus hijas.
A pesar del anhelo que querer reencontrarse con sus hijas, Marisol compartió que se ha visto desencantada por parte de las instituciones que tiene como objetivo brindar ayudar a las mujeres que viven violencia. Al respecto mencionó que la Licenciada Aurora Molina Sánchez, del Centro de Justicia para Mujeres en Tlaxcala, habría rechazado brindarle ayuda debido a un vínculo personal con el abogado de Ricardo N., en ese sentido mencionó que se sintió revictimizada frente a la situación de violencia que estaba viviendo mientras pedía ayuda.
Al observar la poca disposición de las autoridades, Ricardo N. se ha jactado, según Marisol, de contar con recursos económicos y contactos que le permiten obstruir la relación con sus hijas. Incluso ha intentado manipularla emocionalmente, sugiriendo que puede recuperar a sus hijas si retoma una relación con él.
Marisol admite que, al desconocer los procedimientos legales para presentar una denuncia, confió en abogados que carecían de perspectiva de género. Esto no solo limitó su acceso a una defensa adecuada, sino que también resultó en la omisión de pruebas clave que documentaban los episodios de violencia ejercida por su expareja, Ricardo N.
Esta falta de representación legal especializada exacerbó su situación y complicó aún más la búsqueda de justicia y la posibilidad de proteger a sus hijas.
La búsqueda de Alhena, Mía y Anyela, después de un año
Después de un año y tres meses de la última vez que vio a sus hijas, Marisol ha hecho un llamado a las autoridades locales y federales para investigar el caso y localizar tanto a Ricardo N. como a Alhena, Mía y Anyela. Su exigencia no solo busca la reunificación familiar, sino también el acceso a un proceso justo que garantice la seguridad de las menores y evite la revictimización de quienes, como ella, han sobrevivido a la violencia de género.
Gracias a la desesperación y a su lucha incansable, Marisol logró interponer una denuncia formal por la desaparición de sus hijas, Alhena, Mía y Anyela, esperando que este paso marque el inicio de una búsqueda efectiva y una respuesta contundente de las autoridades.
Ante la incertidumbre y el temor por la seguridad de Alhena, Mía y Anyela, Marisol solicita a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general que difundan los boletines de búsqueda de sus hijas. Considera que la visibilización del caso puede ser clave para localizarlas a la brevedad.
Marisol expresa su preocupación de que Ricardo N. pueda trasladar a las menores fuera del país, lo que no solo complicaría su localización, sino que también pondría en riesgo cualquier posibilidad de reunirse con ellas nuevamente. Su llamado busca sumar esfuerzos colectivos para evitar que este escenario se concrete y garantizar la protección de las niñas.
