Hablar del transporte público en Tlaxcala, y México en general, es un tema que bien puede resultar confuso y complicado, su funcionamiento en cada estado o región es cambiante, al igual que su desarrollo y evolución no resultan ser del todo equitativos.
El tema del transporte público conlleva a hablar de su sistema de gestión, es decir, quién o quiénes son los responsables de su funcionamiento y, con ello, la calidad y precariedad del mismo.
El abanico de diferencias entre un estado y otro puede ser completamente cambiante, en el tipo de unidades, infraestructura, capacidades y aptitudes de los operadores, intereses de los concesionarios y políticos, servicio, seguridad e inclusión a los usuarios, etc. Factores como la población, el territorio, la economía, la política, las concesiones o la cultura impactan en las diferencias del servicio que el transporte público brinda.
Si bien, en algunas partes del país (CDMX, Edo. México, Guadalajara) han estado trabajando en los últimos años para equilibrar la balanza dentro del gran y complejo sistema de intereses del transporte público, los retos que se tienen en el camino aún son grandes.
Tlaxcala no se queda atrás, no por ser un estado pequeño, con distancias cortas, quiere decir que los retos y problemas que tiene por resolver dentro de este complejo sistema llamado transporte público sean pequeños.
Cuenta con un historial de acciones, las cuales, no se puede negar, han sido solo a favor de políticos y concesionarios, dejando por la borda el servicio y seguridad de los usuarios y los operadores, haciendo del transporte público algo muy poco público.
Por ejemplo, la reciente petición de los concesionarios tlaxcaltecas por subir la tarifa del transporte público, por parte de los transportistas; esta petición ahora es resultado de la disminución de usuarios del transporte a causa de la pandemia, pues ya se había hecho con anterioridad y fue denegada.
Otra demanda recurrente es aumentar la cantidad de años que puede ser usada una unidad de transporte, pasando de 10 a 15 años, lo cual también significa un detrimento en la calidad del servicio y un abandono al usuario.
Hay que tener muy claro que acciones como estas perjudican directamente la economía de los usuarios, ya que la petición no contempla, por parte de los concesionarios, ni exige, por parte de las instituciones, mejorar la calidad en el servicio del transporte.
La encrucijada y transición en las que se encuentra el transporte público cada vez son más notables, pues no es el único sector que pasa por esta situación de cambio a causa de la pandemia, pero su petición no genera ninguna solución ni aprobación fuera de su gremio.
Sin embargo, sí puede ser buen momento para que las instituciones tomen la rienda de este sector, como muchos estados ya han hecho, para generar mejor política pública, mejores decisiones y acciones, a fin de mejorar la calidad del servicio en el transporte público, dar un beneficio a los usuarios y crear una mejor ciudad, y no solo velar por intereses privados.
El reto está en crear un transporte público más público, las reformas que se pretendan hacer en materia de movilidad y transporte público deben solucionar los grandes problemas y deficiencias del servicio.
El transporte público en Tlaxcala se debe actualizar y modernizar, hay mucho trabajo por hacer, acciones por ejecutar y política pública por planear, tanto en rubro político como sociocultural, sobre todo por parte de quienes no permiten que el transporte público en Tlaxcala avance.
