Tlaxcala, Tlax. Las organizaciones civiles agrupadas en el Colectivo Por una Migración Sin Fronteras, lanzaron esta mañana el llamado para que los poderes del estado (Legislativo y Ejecutivo) corrijan el vacío legal que la LXI Legislatura dejó en los artículos transitorios de la Ley de Atención y Protección de los Sujetos Migrantes.
En rueda de prensa, señalaron que los artículos transitorios son “inconstitucionales y violatorios” de los derechos humanos al supeditar la entrada en vigor de la Ley a la decisión de la Secretaría de Planeación y Finanzas sobre la viabilidad financiera para crear el Instituto Estatal de Migración, y porque el segundo transitorio abrogó en enero de 2017 la Ley de Protección y Atención a Migrantes dejando a la Dirección de Atención a Migrantes (DAM) sin marco jurídico para operar este año.
Sergio Luna y Alán Vigueras, representantes de Un Mundo Una Nación y Trayecto Tres, señalaron que, de no aprobarse la iniciativa ciudadana para reformar los transitorios, se corre el riesgo de retroceder en la defensa de los derechos de la población tlaxcalteca en retorno y los centroamericanos en tránsito.
Informaron que la iniciativa para reformar los artículos transitorios tuvo que entrar al Congreso a través de la comisión de Derechos Humanos que preside la diputada Dulce María Mastranzo Corona (PAN), debido a que la presidenta de la comisión de Asuntos Migratorios, la diputada independiente Yazmin del Razo Pérez, se negó a analizar la propuesta.
Ahora corresponde a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, a la de Derechos Humanos y a la de Asuntos Migratorios, analizar y dictaminar el proyecto de reforma.
“Manifestamos nuestra preocupación por la ambigüedad en la que se encuentra la entrada en vigor de la Ley de Atención y Protección de los Sujetos Migrantes por lo que exhortamos al Congreso local para que con apremio modifique los artículos transitorios por ser violatorios de principios jurídicos; asimismo, exhortamos al Ejecutivo local para que muestre voluntad política, pronunciándose para que, al modificarse los transitorios del ordenamiento señalado, permita que Tlaxcala cuente con un marco jurídico adecuado para la protección y atención de la población migrante”, señaló Norma Mendienta del Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (Cafami).
Por su parte, el padre Elías Dávila del Albergue la Sagrada Familia de Apizaco, conminó a los poderes locales a garantizar un marco legal que genere políticas públicas para la defensa de los derechos a la salud y la educación, a la reintegración laboral y de proyecto de vida de los migrantes de tránsito y retorno.
“De no entrar en vigor esta ley seguirá sin atenderse las necesidades diferenciadas que tienen las y los migrantes como es el caso de la niñez y adolescencia no acompañada, las mujeres, los indígenas quienes enfrentan mayores situaciones de violencia y discriminación, de los trabajadores temporales que son sujetos a fraude y explotación. En caso de no aprobarse, las acciones gubernamentales en materia de atención a migrantes quedarían sujetas a la discrecionalidad de las autoridades y con ello a un posible manejo desde intereses partidistas”, refirieron.
