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El clickbait no es periodismo: inventar noticias vulnera ciudadanos

El periodismo en Tlaxcala padece una enfermedad silenciosa pero devastadora: la total ausencia de responsabilidad ética. Para muchos portales de la región, la información no es un bien público ni una herramienta de fiscalización ciudadana; es una mercancía que se altera, se infla y se vende al mejor postor del algoritmo o de la pauta oficial.

El caso más reciente ocurrido tras el Festival de la Cerveza en el municipio de Tlaxcala expone con dolorosa claridad este diagnóstico.

El costo humano del sensacionalismo

Hace unos días, desde Escenario Tlaxcala dimos voz a una denuncia ciudadana legítima sobre presuntos cobros indebidos e irregularidades operativas en dicho evento. Lo hicimos bajo un estricto criterio metodológico: verificar los datos, escuchar a la fuente y presentar el contenido con el rigor que el formato exige, cuidando siempre los tiempos y la seguridad de la persona afectada. El ciudadano, en un acto de profunda valentía, decidió firmar con su nombre y rol, confiando en que la visibilidad pública empujaría una solución institucional.

El impacto fue inmediato. Sin embargo, la respuesta del entorno mediático tradicional no fue replicar la exigencia de transparencia, sino la rapiña informativa.

El portal El Periódico de Tlaxcala tomó la información de nuestra plataforma, se apropió de los datos personales de la fuente y procedió a manufacturar una narrativa plagada de invenciones. Con titulares estridentes que hablaban de «amenazas» y «corrupción» sin el menor sustento ni contraste de datos, convirtieron un reclamo ciudadano legítimo en un espectáculo de telerrealidad digital.

Para hablar con absoluta claridad y rigor metodológico, es necesario contrastar los hechos: en Escenario Tlaxcala publicamos una denuncia ciudadana verificada y puntual sobre presuntos cobros indebidos e irregularidades logísticas cometidas por el Ayuntamiento en el Festival de la Cerveza, respetando con precisión milimétrica el testimonio de la fuente afectada. En contraste, El Periódico de Tlaxcala capturó la identidad y el rol de nuestro denunciante para construir una burda ficción sensacionalista, inventando supuestas amenazas y una trama de corrupción sin el menor sustento ni contraste de datos.

Una cosa es fiscalizar las deficiencias del poder con evidencias; otra muy distinta es fabricar mentiras para rentabilizar el morbo digital a costa de la seguridad de las personas.

⁠El resultado de su irresponsabilidad fue trágico: el acuerdo institucional que el denunciante ya tenía prácticamente cerrado con las autoridades municipales para subsanar la vulneración de sus derechos se cayó por completo. La autoridad encontró en las mentiras publicadas por ese medio la excusa perfecta para levantarse de la mesa.

Este es el verdadero costo del periodismo irresponsable en Tlaxcala. No estamos ante un debate abstracto sobre derechos de autor o exclusivas periodísticas; estamos ante un ecosistema que, por conseguir un puñado de clics, es capaz de dinamitar la vida, la seguridad y los procesos de justicia de los propios ciudadanos.

El pliego de mínimos éticos

Hacer periodismo en un entorno donde el poder político y económico suele ser opaco requiere de una prensa robusta, pero sobre todo, profesional. Cuando un medio de comunicación se equivoca o miente, el daño no se borra con el cambio de algoritmo.

Por ello, desde esta dirección ejecutiva sostenemos que ya va siendo hora de que los medios locales adoptemos un estándar mínimo de responsabilidad:

  1. Retiro inmediato y disculpa pública: Si un medio publica información falsa o distorsionada que afecta a un ciudadano, su obligación primera es eliminar el contenido y ofrecer una disculpa explícita con el mismo alcance y peso editorial.
  2. Reparación del daño informativo: La libertad de expresión no es un cheque en blanco para difamar o inventar hechos. Las audiencias tienen derecho a saber cuándo se les ha mentido.

En Tlaxcala se publica sin preocupación por la ética porque históricamente no ha habido consecuencias. Los medios tradicionales operan bajo un modelo financiero obsoleto: no dependen de la confianza de sus lectores, sino de los convenios gubernamentales que justifican mediante métricas infladas de tráfico web. Para ellos, el morbo es un negocio rentable; para la sociedad, es una fábrica de analfabetismo crítico que nos deja indefensos ante los abusos del poder.

Hacia una alternativa ciudadana

En Escenario Tlaxcala nos negamos a ser parte de esa comparsa. Entendemos el producto periodístico como un compromiso inquebrantable con las audiencias y el territorio. Si documentamos temas de política, gobierno y derechos humanos, lo hacemos midiendo cada impacto social, porque nuestras fuentes no son mercancía.

Pero no podemos transformar este ecosistema solos. La única forma de que la prensa de Tlaxcala deje de actuar con impunidad es construyendo un modelo económico radicalmente distinto, donde los periodistas le rindan cuentas exclusivamente a la sociedad.

Por eso invitamos a nuestra comunidad a sumarse a El Círculo, nuestro espacio de membresía participativa donde los lectores fiscalizan y auditan nuestros propios procesos editoriales, garantizando que la ética nunca sea negociable. Y para quienes buscan blindar permanentemente la independencia de estas investigaciones, la suscripción a Ingobernables no es un gasto, sino el financiamiento directo de un escudo contra la opacidad y la mentira.

La salud democrática de Tlaxcala pasa, necesariamente, por la madurez de sus medios de comunicación. Es momento de exigir responsabilidades.

Al momento de la publicación de esta columna, hemos constatado que El Periódico de Tlaxcala eliminó la publicación de su cuenta de Facebook. No obstante, la nota difamatoria sigue activa y visible en su sitio web. Esto es simulación digital.

La reparación del daño informativo debe ser integral: no basta con maquillar las redes sociales para evadir la presión inmediata; se requiere la remoción absoluta del texto de sus servidores, acompañado de una disculpa pública y una rectificación explícita de cara a la ciudadanía afectada.


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En el Pleno | Derecho al cuidado, no agresores en procesos electorales, prevención al VPH y reformas en materia electoral y educativa

  • Derecho al cuidado de niñas, niños y adolescentes, reformas en materia electoral y educativa, los temas abordados en el Congreso de Tlaxcala.

Tlaxcala, Tlax.- Durante la sesión ordinaria de la LXV Legislatura, las diputadas Miriam Martínez Sánchez y Reyna Flor Báez subieron a tribuna para presentar iniciativas de reforma en materia electoral, de género y salud. Asimismo, el Pleno aprobó modificaciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, así como a la Ley de Educación, con el objetivo de fortalecer los entornos escolares.

Cuidado infantil e integridad en los procesos electorales: Miriam Martínez

La diputada Miriam Esmeralda Martínez Sánchez de la bancada del PAN presentó dos iniciativas relacionadas con el derecho al cuidado infantil y la integridad de los procesos electorales. En ese sentido, explicó que una de las propuestas plantea reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la Ley de Educación local, con el objetivo de elevar a rango legal el «derecho al cuidado» como un derecho autónomo.

Entre los puntos centrales de la iniciativa destaca el reconocimiento integral del cuidado en tres dimensiones: cuidar, ser cuidado y el autocuidado. Además, la propuesta incorpora un enfoque prioritario hacia la primera infancia, al establecer que la educación inicial constituye un derecho de las infancias y, por tanto, el Estado debe garantizar condiciones de dignidad y calidad para su acceso.

En el Pleno |  Derecho al cuidado, no agresores en procesos electorales, prevención al VPH y reformas en materia electoral y educativa
Fotografía: Congreso de Tlaxcala

Asimismo, la reforma contempla ampliar de manera progresiva la cobertura de educación inicial y fomentar una cultura del cuidado, reconociendo su importancia como eje fundamental para el desarrollo integral desde los primeros años de vida.

En su segunda intervención, la diputada presentó una propuesta de reforma en materia electoral y de género que busca adicionar el artículo 99 Ter a la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con el fin de establecer una causal específica de nulidad de elección. En ese sentido, la iniciativa plantea que la violencia política contra las mujeres en razón de género sea reconocida expresamente como motivo para anular un proceso electoral, otorgando mayor certeza jurídica a este tipo de casos.

La propuesta establece que los criterios de aplicación corresponderían a actos de violencia acreditados como graves, sistemáticos y determinantes en el resultado de la votación. Asimismo, contempla que la nulidad pueda declararse incluso cuando no sea posible atribuir directamente los hechos a una candidatura o partido político en específico, siempre que se demuestre un impacto diferenciado por razón de género durante la contienda electoral.

Salud y dignidad para la comunidad LGBTTQIA+

Mientras tanto, la diputada Reyna Flor Báez presentó una iniciativa para adicionar diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala en materia de prevención y atención igualitaria del Virus del Papiloma Humano (VPH). El objetivo central de la propuesta es que las políticas públicas de salud dejen de enfocarse exclusivamente en las mujeres y se orienten de manera equitativa hacia hombres y mujeres, incluyendo también a niñas, niños y adolescentes.

La legisladora señaló que la iniciativa busca reconocer que tanto hombres como mujeres pueden ser portadores y desarrollar padecimientos graves a causa del virus. Por ello, plantea que la Secretaría de Salud implemente programas y campañas de información científica, libres de estigmas, sobre el VPH y sus consecuencias.

En el Pleno |  Derecho al cuidado, no agresores en procesos electorales, prevención al VPH y reformas en materia electoral y educativa
Fotografía: Congreso de Tlaxcala

Asimismo, la propuesta contempla garantizar el acceso equitativo a esquemas de vacunación, fortaleciendo la cobertura tanto en niñas como en niños. Estas acciones, afirmó, formarían parte de una estrategia de detección oportuna dirigida a la población en general, con el propósito de identificar lesiones precancerosas o la presencia del virus en etapas tempranas.

Finalmente, la iniciativa responde a la necesidad de garantizar el derecho a la protección de la salud de manera integral y sin discriminación, al abordar un problema de salud pública que afecta a toda la sociedad.

El congreso aprueba reformas en materia de procesos electorales y educación

Al mismo tiempo, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, derivadas de una iniciativa presentada por la diputada Aurora Villeda Temoltzin, así como modificaciones a la Ley de Educación, que consolidaron propuestas impulsadas por las diputadas Anel Martínez Pérez, Engracia Morales Delgado y Madai Pérez Carrillo.

Por un lado, la reforma promovida por la legisladora del partido Redes Sociales Progresistas fue avalada mediante un dictamen que modifica diversos artículos con el propósito de garantizar que tanto la ciudadanía como los partidos políticos sean corresponsables en la construcción de contiendas libres de violencia política contra las mujeres y de actos de discriminación hacia grupos vulnerables.

En el Pleno |  Derecho al cuidado, no agresores en procesos electorales, prevención al VPH y reformas en materia electoral y educativa
Fotografía: Congreso de Tlaxcala

A la par, el Pleno aprobó la reforma a la Ley de Educación, la cual contempla, entre sus principales acciones, la restricción del uso de dispositivos móviles durante las horas de clase para prevenir distracciones y posibles delitos cibernéticos. Además, impulsa el fomento de una cultura de paz para prevenir la violencia escolar y la implementación del modelo de «Escuelas Promotoras de Salud», orientado a combatir problemáticas como la obesidad infantil.


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Entre despidos arbitrarios, señalamientos comerciales y vicios de contrabando, estás son las empresas que llegarán al PODECOBI de Huamantla

Por: Paola Torres Nahuatlato y Adrián Meléndez Cahuantzi

Tlaxcala, Tlax.- Durante el diálogo circular del pasado 12 de mayo, el titular del Fideicomiso para la ciudad industrial Xicoténcatl (FIDECIX), Alejandro Espinosa de los Monteros Mendieta, dio a conocer a las seis empresas que llegarán al Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Huamantla (PODECOBI)

Durante su intervención, dio a conocer que de las seis empresas que llegarán a Huamantla, tres corresponden a capital extranjero, SIAAG, de origen estadounidense; Sonavox, de capital chino-alemán; y Color Link, de origen argentino y estás dos con presencia en Tlaxcala desde 2019.

Las otras tres empresas corresponden a capital nacional, Rebelbox, con operaciones en el Estado de México; Geometrika 1000, originaria de Puebla; y Conversiones y Manufacturas Caná S. de R.L. de C.V., también asentada en el Estado de México. En conjunto, estas compañías desarrollan actividades que van desde la producción de alimentos hasta la fabricación de artículos de higiene personal.

Pese a la promesa del Gobierno de México de contratar empresas que impulsen el desarrollo de Tlaxcala a través del PODECOBI, al realizar una búsqueda sobre su forma de trabajo se identificó que algunas de estas empresas están ligadas a dinámicas de nearshoring y que, detrás del crecimiento industrial que han experimentado en distintos territorios, también existen señalamientos relacionados con problemas arancelarios y condiciones laborales, reportados en portales de empleo.

Ante este escenario, el PODECOBI —inaugurado el 12 de abril de 2026— busca consolidarse como una estrategia de desarrollo económico y bienestar social. No obstante, también deberá enfrentar los retos operativos y laborales que acompañan a las empresas que se instalarán en el complejo.

Empresas que llegarán al PODECOBI

Una de las empresas que llegarán al PODECOBI y que fueron anunciadas por Alejandro Espinosa, fue SIAAG, de capital estadounidense y sin registros previos de operaciones en territorio nacional y con una superficie cercana a los 207 mil metros cuadrados, la cuál estará enfocada en el giro de concentrados alimenticios. Sin embargo, al realizar una búsqueda en el Registro Público de Comercio (RPC), no encontramos ningún registro.

empresas que llegarán al Podecobi

A diferencia de Sonavox Electronics, de origen chino-alemán y que mantiene operaciones en la Ciudad Industrial Xicohténcatl II (CIX II), en Huamantla, desde 2019. La empresa ocupará alrededor de 69 mil metros cuadrados con actividades económicas dirigidas a la producción de bocinas para la industria automotriz, y bajo información del PRC realizó su inscripción al PRC en el año de 2023.

En tanto, Color Link, de capital argentino y que también se encuentra en la Ciudad Industrial Xicohténcatl II (CIX II) desde el sexenio priista de Marco Mena, desarrolla actividades relacionadas con la fabricación de artículos de tocador para firmas como Avon o Mary Kay. Con información del portal EMIS, la empresa fue fundada en agosto de 2017 y con información de Cámara Oscura, operó en Tlaxcala en 2019.

empresas que llegarán al Podecobi

Por otro lado, Geometrika 1000 es una empresa mexicana con actividades comerciales centradas en el diseño de empaques «plastic free» y originaria del municipio de San Andrés Cholula, en el estado de Puebla. La compañía trabaja principalmente en la manufactura, compra, venta y fabricación de artículos a base de papel, cartón, cajas y cartón corrugado, entre otros productos. Esta empresa llegará al Polo de Desarrollo con una superficie de 15 mil metros cuadrados.

Otra empresa mexicana que arribará al Polo de Desarrollo es Rebelbox, la cual cuenta con una sede en el municipio de Tepotzotlán, en el Estado de México. De acuerdo con información disponible en su sitio web, la compañía se dedica al desarrollo de procesos de empaques y embalajes.

No obstante, mediante una revisión al Registro Público de Comercio también se identificó que mantiene presencia en actividades relacionadas con la fabricación, compra, venta y maquila de productos vinculados con las industrias metalmecánica, hulera, electrónica, alimentaria, férrea y de materiales para la construcción.

Por su parte, Conversiones y Manufacturas Caná, una empresa mexicana con actividades empresariales en 2017 y con sede en el municipio de San Miguel Totoltepec, Toluca, México. De acuerdo con mexicopymes.com esta empresa se dedica a la producción de pañales y artículos de higiene personal y contará con una superficie superior a los 21 mil metros cuadrados dentro del Polo de Desarrollo.

De acuerdo con la plataforma Veritrade, la empresa ha registrado al menos nueve importaciones durante los últimos cinco años, con un valor estimado de 214 mil 072 dólares. Al tipo de cambio actual, cercano a los 17.39 pesos por dólar, esta cifra equivaldría aproximadamente a 3 millones 723 mil 105.91 pesos mexicanos. Aunado a esto, al buscar información de esta empresa en la plataforma del PRC no se logró obtener ninguna información sobre esta corporación.

Sustentabilidad ante el nearshoring

Frente a una crisis laboral que se ha agudizado en Tlaxcala durante los últimos meses, el PODECOBI sigue posicionándose como un espacio que detonará la economía regional a partir de las empresas asentadas en esta región de la entidad.

De acuerdo con información del IMSS, durante marzo el estado registró 118 mil 650 empleos formales, lo que representó un incremento de 2 mil 156 puestos respecto a febrero, cuando se contabilizaron 116 mil 494 empleos. Sin embargo, para abril de este años se reportó una caída de 776 empleos, al cerrar con un total de 117 mil 874 trabajadores registrados.

Ante este contexto, se detectó que varias de las compañías que llegarán a Huamantla han tenido prácticas relacionadas con el nearshoring, las cuales podrían derivar en procesos de precarización laboral en la región tlaxcalteca.

Casos como el de la empresa Sonavox, quien acumula evaluaciones en el portal Indeed donde extrabajadores señalan problemas relacionados con la organización interna, entre ellos la falta de un plan diario de producción, presuntas prácticas de nepotismo y despidos arbitrarios. Estas condiciones, a largo plazo, podrían impactar en el bienestar laboral y favorecer una alta rotación de personal.

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Y aunque hasta el momento, la planta mantiene un historial limpio ante autoridades como la PROFEPA y cumple con las normativas locales, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el documento «Nearshoring: anticipando riesgos para aprovechar oportunidades» advierte que las prácticas relacionadas con esta actividad pueden generar efectos negativos si no se gestionan de manera adecuada.

Entre ellos destacan el estrés hídrico y el agotamiento de recursos ante el aumento en la demanda de agua, lo que ocasiona una competencia directa entre los usos industriales —como el automotriz, altamente intensivo en consumo hídrico— y el consumo humano.

Además de los riesgos ambientales por la expansión industrial sin controles rigurosos, persisten posibles afectaciones a la salud derivadas de la contaminación y el manejo inadecuado de residuos peligrosos. A esto se suma el riesgo de precariedad laboral, con empleos marcados por bajos salarios, informalidad, contratos inestables y falta de seguridad social. Mujeres y personas con menor calificación laboral figuran entre los sectores más vulnerables ante estas condiciones.

Aunque el PODECOBI busca consolidarse como un espacio donde las y los trabajadores cuenten con servicios básicos cercanos a la planta industrial, este crecimiento también podría complejizar los procesos migratorios e incrementar la demanda de servicios esenciales como salud, transporte y educación.

Los efectos ante el medio ambiente

Ante este panorama, el nearshoring no solo acarrea incrementos masivos en la demanda de mano de obra, sino también un mayor consumo de agua y energía para abastecer las más de 53 hectáreas disponibles del PODECOBI. En este sentido, el crecimiento de la manufactura ha tenido la capacidad de ejercer presión sobre los acuíferos locales, situación que, asegura el PNUD, podría complicar el panorama para el consumo humano, especialmente en entidades como Tlaxcala, donde el estrés hídrico ha ido en aumento.

Ante este panorama, empresas como Geometrika 1000 —dedicada a la comercialización de empaques «biodegradables»— también abren el debate sobre el impacto real de sus procesos de producción, ya que estos requieren termoformado, impresión offset y el uso de solventes que implican un alto consumo energético y la generación de residuos peligrosos.

Si bien la empresa se mantiene libre de unicel, su proceso de manufactura depende de un alto consumo energético. A esto se suma que su discurso ecológico enfrenta cuestionamientos debido al uso de cartoncillo importado de China, material que actualmente es investigado por la Secretaría de Economía por presuntas prácticas desleales de dumping, situación que podría encarecer la materia prima.

Pues el 13 de febrero de 2025, la Secretaría de Economía de México publicó en el Diario Oficial de la Federación el inicio de una investigación antidumping sobre las importaciones de cartoncillo originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia.

Este procedimiento legal, radicado bajo el expediente AD 27-24 de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, se activó tras la solicitud de los productores nacionales como Productora de Papel, S.A. de C.V. y Cartones Ponderosa, S.A. de C.V..

Dichas empresas argumentaron que el cartoncillo chino ingresó al mercado mexicano con precios subvaluados y distorsionados entre 2019 y 2024, causando un daño severo a la industria nacional.

Complicaciones en el comercio internacional

Asimismo, ColorLink —empresa instalada en la Ciudad Industrial Xicohténcatl II y proveedora de marcas como Mary Kay, Natura y Avon— mantiene una fuerte dependencia de insumos importados desde Sudamérica, entre ellos bases químicas, siliconas, pigmentos y envases.

Según el portal Indicadores Argentina, asegura que durante 2025, la empresa argentina Nerova S.A. (y quien provee de recursos a la empresa Color Link), ha enfrentado procesos legales relacionados con sumarios aduaneros, a ello se suma una sanción emitida en septiembre de 2025 por autoridades de Buenos Aires debido a anomalías en su transporte terrestre de carga.

En este escenario, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advierte que el crecimiento manufacturero ligado al nearshoring puede mantener condiciones laborales frágiles, especialmente en sectores donde la rotación de trabajadores llega a alcanzar hasta el 20 por ciento mensual.


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¿Es posible prevenir desde las escuelas la trata de mujeres con fines sexuales?

El Estado de Tlaxcala ha sido identificado como uno de los lugares desde los cuales operan redes de tratantes con fines de explotación sexual, los cuales han tenido presencia desde hace al menos siete décadas en el territorio.

Los y las adolescentes son uno de los sectores más vulnerables ante estas redes de tratantes, ya que pueden ser enganchadas como víctimas de explotación sexual o ser parte del problema al ir construyendo y legitimando la aspiración de ser tratantes o consumidores.

Lamentablemente, esta situación de alto riesgo para muchas y muchos adolescentes es cotidiana, a causa de que han crecido en comunidades donde existen y operan las redes de tratantes y a ello se suma la débil aplicación de leyes y políticas públicas, que ha permitido la expansión de este problema.

Ante tal contexto ¿Qué es lo que se puede hacer? Prevenir desde las escuelas es una opción, pues además de ser un lugar para adquirir conocimientos, es también un espacio para la interpretación y la reproducción de la realidad, a través de ésta, se nos enseña cómo convivir en grupos extrafamiliares, validando gran parte de nuestra identidad y apreciando la de los demás, o por el contrario, nos enseña a reproducir de manera inconsciente, los estigmas y paradigmas que se han generado mucho antes de nuestra entera concepción del mundo, como ha pasado con la reproducción de imaginarios machistas y de la normalización de violencia hacia las mujeres.

Desde hace 11 años, el Centro Fray Julián Garcés ha impulsado la prevención en contextos escolares a través del trabajo directo en las aulas, primero a través de la formación de alumnas y alumnos como promotoras y promotores quienes, luego de recibir capacitación, realizaron talleres y pláticas de prevención de la trata con sus compañeros, compañeras, profesores, profesoras, padres y madres de familia; segundo, a través del trabajo realizado por profesores y profesoras, quienes incorporaron la prevención de la violencia y la trata en su trabajo curricular en el aula. Teniendo como base esa experiencia, el pasado 28 de abril se convocó a la jornada «Educar para el cuidado. Actuar colectivamente en la prevención de la violencia y la trata de mujeres y niñas».

En donde se presentó la publicación «Educar, cuidar y prevenir. Proyecto escolar por una vida libre de violencia», el cual plantea estrategias educativas para trabajar con los tres grados de secundaria y se enmarca en el modelo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Este proyecto es resultado del compromiso y trabajo colaborativo entre el Centro Fray Julián Garcés, científicas y científicos sociales y la Red de Profesores y Profesoras, formada en 2021, quienes en todo este tiempo han estado luchando desde lo práctico, para hacer de Tlaxcala un estado libre de Trata. En esta herramienta pedagógica se entretejen de forma conjunta dos de los ejes más importantes de la reproducción de las conciencias: La formación escolar y la comunidad.

Este proyecto educativo busca reflexionar, generar discernimiento y toma de conciencia a través del trabajo en los distintos campos formativos español, matemáticas, biología, historia, geografía, artes, etc., con una perspectiva crítica enfocada en la prevención de la violencia contra las mujeres y particularmente de la trata con fines sexuales. En sus contenidos el proyecto articula temas como Derechos Humanos y Ciudadanía, Violencia de Género y Vínculos afectivos.

Les invitamos a conocer los contenidos de esta publicación y a utilizarlo si te desempeñas en el ámbito de la educación, puedes descargarlo gratuitamente en la siguiente liga (da clic aquí).

Ahora se presenta el reto de que este trabajo sea aprovechado por las más de 200 escuelas secundarias que existen en el estado de Tlaxcala, y así aumentar el impacto de la prevención de la violencia y la trata de mujeres. Esta tarea deberá ser impulsada por el comité ejecutivo para la prevención de la trata de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala.

Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.


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SMA apuesta por «Tlaxcala Resiliente 2026», sin metas cuantificables de recuperación ambiental ni seguimiento técnico

Tlaxcala, Tlax.- La entidad ha apostado por el programa «Tlaxcala Resiliente 2026», una estrategia que busca hacer frente a los efectos del cambio climático mediante Soluciones Basadas en la Naturaleza, sin embargo, la convocatoria —que aún permanece vigente— presenta vacíos que podrían representar riesgos para el desarrollo y alcance del programa a futuro.

La estrategia que se encuentra sustentada en tres ejes, mismos que radican en «recuperar la cobertura vegetal, fortalecer a los polinizadores y promover prácticas comunitarias», y sentada bajo acciones alineadas con la política de «Gestión del cambio climático» establecida en el Plan Estatal de Desarrollo y retomada por el PACCET 2023-2030.

Este programa contempla la entrega de especies vegetales y florales que buscan contribuir tanto a los polinizadores como a las prácticas comunitarias, con el fin de vincular a la ciudadanía con su entorno.

No obstante, la realidad parece ser distinta, pues mediante una revisión detallada de las bases del programa, se identificaron vacíos operativos que podrían comprometer su impacto real en el territorio, principalmente por la ausencia de una línea base de cuidado y vigilancia. Esto representaría una vulnerabilidad en el seguimiento de las acciones y agudizaría el factor de supervivencia de las especies en entornos donde la responsabilidad ciudadana podría verse rebasada por las condiciones urbanas.

Un programa que se maneja sin brújula

El programa «Tlaxcala Resiliente 2026» que forma parte de las acciones que buscan contribuir al Programa de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Tlaxcala (PACCET) 2023-2030, y el cual está basado en las Soluciones Basadas en la Naturaleza, mismas que contempla medidas prioritarias para incrementar la capacidad de adaptación de los espacios frente a la actual crisis climática.

Frente a este panorama, se realizó un análisis de la convocatoria en el que se identificaron vacíos en el documento que podrían representar un riesgo durante el desarrollo de este. De acuerdo con especialistas, este tipo de iniciativas requieren planeación, adaptación al clima local, así como un alto rigor técnico, mediciones espaciales precisas y metodologías de seguimiento comprobables que no dejen de lado a las plantas, así como su cuidado y desarrollo.

Un programa que se mide bajo estimaciones, no bajo cuantificaciones

Aunque el objetivo principal del programa busca «fortalecer la resiliencia climática y recuperar cobertura vegetal», la convocatoria no contempla un apartado que exponga el estado actual de degradación del suelo en la entidad ni define metas cuantitativas por municipio. Además, aunque se plantea «estimar la superficie intervenida», no existe un compromiso previo respecto al número de hectáreas que se pretende rehabilitar.

En este sentido, Ramiro Flores y Manuel de Jesús González sostienen en «Planificación de sistemas de áreas verdes y parques públicos» que la planeación de áreas verdes no puede basarse en estimaciones, sino que requiere una tipología adaptada a cada ciudad y entorno habitable. Los autores argumentan que una gestión efectiva debe partir, por ejemplo, de un Sistema de Información Geográfica (SIG) que permita generar inventarios detallados con la ubicación exacta, el tipo de vegetación y las funciones ambientales de cada espacio.

Rafael Yus Ramos argumenta que esto puede derivar en una inversión insuficiente y en la pérdida de rumbo estratégico que requieren las áreas verdes bajo la implementación de métodos exhaustivos de medición, monitoreo y evaluación. De no existir estos mecanismos, las inversiones podrían terminar sin ser realmente aprovechadas y condicionar una lógica de «sembrar sin brújula», distribuyendo recursos de manera reactiva en lugar de basarse en una vulnerabilidad real.

Y esto se refleja en un déficit actual que no se menciona —como cuántas hectáreas requieren recuperación o cuál es la carencia específica de polinizadores—, permitiendo que el programa se limite a establecer cuotas estandarizadas de entrega, como «hasta dos árboles frutales por familia» o «de 80 a 120 plantas polinizadoras por plantel educativo» sin atender áreas con verdadero estrés hídrico.

Medidas para evaluar el programa «Tlaxcala Resiliente 2026»

Aunado a esto, el rigor métrico planteado en la convocatoria para evaluar su impacto frente al cambio climático se encuentra centrado en estimaciones y no en mediciones reales. En el documento se establece que «se realizará una estimación de superficie intervenida a partir del número de especies entregadas y de los espacios reportados» por las personas beneficiarias.

Sin embargo, al basar esta estrategia en lo que el Estado reparte y en lo que la ciudadanía reporta, no se contempla un método de medición objetivo que permita contrastar los resultados con un estado inicial, es decir, con una línea base previamente definida.

¿Cuál es la verdadera prioridad?

Además, aunque la convocatoria contempla de manera breve una «priorización territorial con base en vulnerabilidad climática», la selección y entrega de los apoyos se determina bajo una dinámica administrativa sustentada en la «disponibilidad de especies» y el «orden de registro», evidenciando que el programa no busca intervenir de manera concreta en un territorio determinado ni se guía por un diagnóstico cuantitativo previo, ya que la distribución de recursos depende de quienes logren registrarse mediante el formulario digital.

Ante ello, Alejandro Ismael Monterroso y Jesús David Gómez, en el articulo «Impacto del cambio climático en la evapotranspiración potencial y periodo de crecimiento en México» afirman que las intervenciones mediante plantas deben ser guiadas para contener el estrés climático real, y que las donaciones de plantas o la recuperación de polinizadores no deben ser generalizadas, ya que el clima y sus estragos actúan de distinta forma a nivel local.

Supervivencia de las plantas, un reto presente en el programa

A esto se suma la falta de indicadores rigurosos de supervivencia, pues la Secretaría no será la encargada de realizar las plantaciones de manera directa, lo que deriva la responsabilidad en las personas que soliciten este beneficio, y para que la SMA garantice el éxito de la plantación, se plantea una «carta compromiso» firmada por la ciudadanía beneficiaria, quien se encargará de darle seguimiento mediante el envío de «fotografías» y a través de «visitas de verificación aleatorias».

Para Rafael Yus Ramos, la recuperación de cobertura vegetal urbana y periurbana está respaldada por estándares científicos como la «regla 3-30-300» para áreas verdes, la cual advierte que no basta con entregar plantas o declarar intenciones. Para alcanzar este objetivo, los programas deben recurrir a inventarios de árboles, índices de vegetación satelitales, mapas de cobertura terrestre y análisis de visibilidad, aspectos que no se contemplan en el programa.

Una convocatoria sin una línea base

El Programa de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Tlaxcala (PACCET) 2023-2030 establece distintas referencias temporales como línea base, principalmente en función del área de análisis sobre la que pretende intervenir. Por un lado, contempla las emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (CyGEI), así como el balance energético y los mecanismos de mitigación, integrando información fundamental que sienta las bases necesarias para identificar posibles escenarios futuros.

Sin embargo, las metas planteadas en el programa están centradas en el reparto de insumos y no en un déficit ecológico claramente identificado, ya que no contempla una cobertura vegetal específica ni define la carencia exacta de polinizadores. Además, establece criterios de selección basados en la disponibilidad de especies y no en una línea base cartográfica o en el establecimiento de un seguimiento técnico.

Lo anterior contrasta con lo planteado en el PACCET 2023-2030, el cual sí contempla mecanismos de seguimiento técnico sustentados en la implementación de un riguroso Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV).

Si esta línea base —que funge como punto de referencia primordial y que describe las condiciones y acciones cuantitativas de cualquier proyecto— no se encuentra claramente definida, los escenarios futuros podrían encaminarse hacia metas poco realistas. Ante este panorama, la ausencia de un diagnóstico inicial, como la cuantificación del déficit actual de polinizadores o el grado exacto de vulnerabilidad de las comunidades y municipios tlaxcaltecas, limita el alcance y éxito del programa.

En consecuencia, la estrategia planteada desde la Secretaría de Medio Ambiente corre el riesgo de convertirse únicamente en un cumplimiento administrativo de entrega de insumos, dejando de lado su efectividad frente a una crisis climática real y cada vez más severa.

Por su lado, conceptos como el de resiliencia urbana ayudarían a dar representa ante elementos fundamentales para enfrentar crisis y desastres ambientales, ya que implica la capacidad de minimizar impactos y proteger a la población. Asimismo, este concepto permite vislumbrar de mejor manera los beneficios económicos y la optimización de recursos, evitando que estos escenarios paralicen grandes territorios o interrumpan suministros esenciales.

Además de los beneficios económicos, la resiliencia urbana también contribuiría a mejorar la calidad de vida de la población, tanto en la salud física como mental, garantizando un desarrollo sostenible a largo plazo.


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En El Pleno | Congreso de Tlaxcala va por reforzar seguridad, urnas electrónicas y protección a menores

  • Congreso de Tlaxcala avanzó este jueves en iniciativas relacionadas con modernización electoral, protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, así como reformas para reforzar derechos humanos dentro de las corporaciones de seguridad pública. Además, diputadas y diputados aprobaron la entrega de la presea “50 Años por la Educación al Servicio del Pueblo” y emitieron la convocatoria para integrar el Parlamento Juvenil 2026.

Tlaxcala, Tlax. Durante la sesión ordinaria de la LXV Legislatura, las diputadas Sandra Guadalupe Aguilar Vega, Lorena Ruiz García y Maribel Cervantes Hernández impulsaron reformas en materia electoral, penal y de seguridad pública, mientras distintas comisiones legislativas avanzaron en acuerdos dirigidos a juventudes y reconocimiento docente.

Fortalecer derechos humanos en corporaciones de seguridad

La diputada Sandra Guadalupe Aguilar Vega presentó una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana del Estado de Tlaxcala con el propósito de fortalecer las atribuciones de la Policía de Investigación e Inteligencia bajo un enfoque de derechos humanos y atención integral a víctimas.

Entre los principales cambios planteados se encuentra la obligación de informar a las personas detenidas sobre sus derechos al momento de una detención, reforzar entrevistas inmediatas durante investigaciones y establecer programas integrales de atención jurídica, médica y psicológica para víctimas.

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La propuesta también plantea medidas de protección para víctimas, ofendidos y testigos, además de capacitación permanente para el personal de seguridad pública y la aplicación de protocolos especializados, especialmente en casos de violencia de género.

Sandra Aguilar señaló que la intención es consolidar un modelo de seguridad pública más humano y cercano a la ciudadanía, fortaleciendo la confianza en las instituciones encargadas de procurar justicia.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social y de Puntos Constitucionales.

Buscan que delitos sexuales contra menores se investiguen de inmediato

Por otra parte, la diputada Lorena Ruiz García presentó una iniciativa para adicionar el artículo 295 Quinquies al Código Penal del Estado con el objetivo de establecer expresamente la persecución de oficio en delitos sexuales contra niñas, niños, adolescentes y personas que no puedan comprender el hecho o resistirse.

La legisladora argumentó que, aunque actualmente estos delitos no requieren querella, en la práctica ministerial suelen existir retrasos mientras se espera la denuncia o ratificación de familiares o tutores, situación que puede afectar la obtención inmediata de pruebas y el acceso a la justicia.

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La reforma busca obligar a las autoridades ministeriales a iniciar investigaciones de manera inmediata ante cualquier noticia criminal relacionada con posibles delitos sexuales contra menores, sin depender de trámites posteriores o comparecencias familiares.

Durante la exposición de motivos, Ruiz García sostuvo que el interés superior de la niñez obliga al Estado a actuar con debida diligencia reforzada y evitar cualquier obstáculo que limite la protección de víctimas de violencia sexual.

La iniciativa retoma criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de protección integral de niñas, niños y adolescentes.

PT propone implementar urnas electrónicas en Tlaxcala

En otra línea, la diputada Maribel Cervantes Hernández y el diputado Silvano Garay Loredo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentaron una iniciativa para incorporar urnas electrónicas en los procesos electorales locales.

La propuesta busca facultar al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones para implementar de manera parcial o total sistemas electrónicos de votación y desarrollar pruebas piloto durante el proceso electoral 2026-2027, principalmente en casillas especiales y extraordinarias.

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Entre los argumentos expuestos por las y los promoventes se encuentra la posibilidad de agilizar el conteo de votos, optimizar recursos materiales y operativos, así como mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad.

La iniciativa también contempla modificaciones relacionadas con el escrutinio y cómputo cuando se utilicen estos mecanismos tecnológicos.

Aunque el uso de urnas electrónicas sigue generando debate en distintos estados del país por temas de confianza y seguridad tecnológica, la propuesta abre la puerta a que Tlaxcala inicie pruebas piloto en futuras elecciones locales.

Congreso abre convocatoria para Parlamento Juvenil 2026

Durante la sesión ordinaria de este jueves, el pleno de la LXV Legislatura dio luz verde a la convocatoria del XV Parlamento Juvenil Tlaxcala 2026 denominado “Haciendo Intervenciones, Cambiando Realidades”, un ejercicio político dirigido a jóvenes de entre 16 y 29 años que busca convertirse en un espacio de participación democrática para un sector históricamente relegado de las decisiones públicas.

La convocatoria, impulsada por la Comisión de Juventud y Deporte, establece la integración de 25 jóvenes parlamentarios: 15 electos por el principio de mayoría relativa y 10 por representación proporcional.

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Además, por primera vez se contemplan acciones afirmativas obligatorias para garantizar la inclusión de sectores juveniles que regularmente permanecen fuera de los espacios políticos tradicionales.

Entre los temas que abordará el Parlamento Juvenil destacan inteligencia artificial y futuro laboral, salud mental en la era digital, violencia en línea, acceso a vivienda, crisis hídrica, cambio climático, economía digital, emprendimiento juvenil y combate a la desinformación.

El Congreso también definió un sistema de evaluación mediante rúbricas para calificar aspectos como argumentación, calidad de exposición oral, claridad de objetivos y viabilidad de las iniciativas que presenten las y los participantes.

El registro de aspirantes permanecerá abierto del 15 de mayo al 22 de junio y las actividades concluirán con un taller de preparación enfocado en fortalecer las capacidades expositivas de las juventudes seleccionadas.

Aprueban entrega de presea a docentes con más de 50 años de servicio

Las y los diputados aprobaron además la entrega de la presea “50 Años por la Educación al Servicio del Pueblo” 2026 para maestras y maestros con cinco décadas o más de trayectoria activa en el sector educativo.

El reconocimiento será entregado a Claudia Reséndiz Vite, María Blanca Nieves Morales Pérez, Mercedes García Elizalde, Rosalinda Carro Cano, Edith Portilla Islas, Irma Vázquez Paredes y Darío Sampedro Vázquez.

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Entre los casos destacados se encuentra el de Edith Portilla Islas, quien acreditó 60 años de servicio docente. El acuerdo fue avalado por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, presidida por el diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz.

Las iniciativas presentadas durante la sesión fueron turnadas a distintas comisiones legislativas para su análisis, discusión y eventual dictaminación, principalmente a las comisiones de Puntos Constitucionales, Asuntos Electorales, Seguridad Pública y Justicia, mientras que los acuerdos aprobados continuarán su proceso legislativo y administrativo para su publicación y aplicación correspondiente.


Descargas de aguas municipales elevan toxicidad en la Laguna de Acuitlapilco; UNAM y A.L.A.S alertan 50% de mortalidad biológica

  • UNAM y la Alianza Lagunera por un Ambiente Sano (A.L.A.S), señalan la existencia de riesgos ambientales que amenazan la laguna de Acuitlapilco y advierten sobre la necesidad de emprender acciones inmediatas ante los alarmantes niveles de toxicidad por descargas de aguas en barrancas, estas acciones han provocado la mortalidad del 50% de los organismos expuestos durante el estudio. 

Tlaxcala, Tlax.- La Alianza Lagunera por un Ambiente Sano (A.L.A.S) lanzó un llamado urgente a las autoridades para priorizar el saneamiento ambiental de la Laguna de Acuitlapilco antes de impulsar cualquier proyecto de aprovechamiento turístico en la zona.

La exigencia de la organización surge como parte del fortalecimiento de las investigaciones científicas desarrolladas en coordinación con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante el año de 2023. Los especialistas analizaron el nivel de afectación que enfrenta este ecosistema considerado clave para la región, destacando grandes descargas de contaminantes sobre barrancas que se conectan con este cuerpo de agua.

Asimismo, especialistas de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra de UNAM en conjunto con A.L.A.S subrayaron que el desarrollo turístico resulta inviable sin garantizar previamente la salud ecológica del ecosistema, por lo que insistieron en frenar las descargas residuales provenientes de zonas industriales y colonias aledañas, condición indispensable para consolidar un verdadero turismo ecológico.

Estudios de la Escuela de Ciencias de la Tierra respaldan a A.L.A.S

La urgencia de implementar acciones concretas se encuentra respaldada por estudios realizados en 2023 por la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra (ENCiT) de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante estas investigaciones, especialistas evaluaron el impacto real de la contaminación en la Laguna de Acuitlapilco mediante el uso de embriones de pez cebra, un organismo reconocido internacionalmente como bioindicador de toxicidad ambiental.

Laguna de Acuitlapilco
Foto: Recolección de muestras en la Laguna de Acuitlapilco. Imagen: Organización A.L.A.S.

Los resultados de las pruebas toxicológicas fueron alarmantes, de acuerdo con el análisis, las muestras de agua tomadas cerca de descargas municipales provocaron una mortalidad del 50% en los organismos expuestos. Asimismo, se documentó que al menos un 15% de los sobrevivientes presentó alteraciones severas en su desarrollo biológico, entre ellas larvas con deformaciones en la cola o ausencia de órganos vitales.

Las investigaciones también identificaron la presencia de compuestos orgánicos volátiles altamente peligrosos, asociados principalmente a procesos industriales. Entre las sustancias detectadas se encuentran benceno, estireno, cloruro de vinilo, triclorobenceno y tricloroetileno, químicos que podrían generar afectaciones graves en la biodiversidad del ecosistema.

Laguna de Acuitlapilco
Foto: Indicador de contaminantes en barrancas que conectan a la Laguna de Acuitlapilco. Imagen: Organización A.L.A.S.

Los especialistas advierten que la exposición prolongada a estos contaminantes podrían alterar el desarrollo de distintos organismos y derivar, incluso, en la perdida de especies y comunidades biológicas completas dentro de la laguna.

Laguna de Acuitlapilco, un ecosistema en riesgo

La Alianza Lagunera por un Ambiente Sano (A.L.A.S), integrada por Yaocalli Centro de Estudios y Acción Social A.C., Xilonen Grupo Ambiental y Libélula Viajera, han cuestionado de manera abierta el enfoque institucional de la actual administración estatal. La organización señala que los discursos oficiales se han centrado en la recuperación de la Laguna de Acuitlapilco principalmente como un potencial atractivo turístico y económico.

Entre los principales señalamientos, A.L.A.S plantea la necesidad de atender de manera inmediata los focos de contaminación antes de promover actividades de gran escala en la zona. En particular, la urgencia de solucionar el problema de las descargas de aguas residuales y contaminadas que llegan a este cuerpo de agua mediante de diversas barrancas, especialmente aquellas conectadas con el parque industrial de Xiloxoxtla y distintas colonias del municipio capitalino.

Laguna de Acuitlapilco
Foto: Barranca en la cual desembocan residuos de la Zona Industrial de Xiloxoxtla hacia la Laguna de Acuitlapilco. Imagen: Organización A.L.A.S.

Otro de los puntos centrales es el rechazo a la mercantilización del agua, A.L.A.S advierte que concebir el territorio únicamente bajo una lógica turística puede invisibilizar tanto los impactos acumulados de la contaminación como las necesidades reales de las comunidades que conviven cotidianamente con este espacio natural.

En ese sentido, sostienen que la laguna no debe recuperarse para convertirse en «una mercancía» o un «recurso decorativo», pues representa un legado biocultural indispensable para el equilibrio ecológico y la vida de las comunidades ribereñas.

La defensa del territorio también es una lucha por la salud

A.L.A.S sostiene que defender la Laguna de Acuitlapilco también implica proteger el derecho colectivo a un medio ambiente sano y garantizar condiciones de vida dignas para las personas que dependen de este cuerpo de agua. La organización considera que la ciencia y la participación comunitaria deben convertirse en pilares fundamentales de cualquier estrategia de restauración ecológica y de ordenamiento territorial.

Asimismo, subrayan que únicamente mediante diagnósticos claros, monitoreo permanente y vigilancia ciudadana será posible preservar este ecosistema frente a intereses que, aseguran, buscan invisibilizar los impactos de la contaminación a través de la mercantilización de los humedales.

En ese sentido, A.L.A.S insiste en que la recuperación de la laguna debe centrarse en la protección ambiental y en el bienestar de las comunidades ribereñas, antes que en proyectos orientados al aprovechamiento económico del territorio.


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¡Una trampa! Finanzas del Estado endeuda a emprendedores con permisos y multas que mandan sus ganancias a volar

Tlaxcala, Tlax.- En Tlaxcala, obtener permisos para eventos en la capital parece convertirse en una deuda marcada por una serie de obstáculos y cobros que exceden lo establecido en la ley, además de una estructura fiscal que opera desde Finanzas del Estado para retener, de manera arbitraria, la inversión de quienes organizan este tipo de eventos.

Alfredo Jiménez, uno de los organizadores del 8vo Festival de la Cerveza Tlaxcala 2026, compartió para Escenario Tlx existencia de un proceso de obstaculización y retención de capital que, aseguró, fue ejercido por la Secretaría de Finanzas, quienes presuntamente buscaron aumentar los costos a los organizadores mediante «extorsiones burocráticas» para evitar la clausura del festival horas antes de su inauguración.

Alfredo aseguró que entre lo acordado y la realidad existió una discrepancia sistemática respecto a lo establecido en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios —con su última modificación en noviembre de 2025— y la ejecución administrativa de la Secretaría de Finanzas, quienes convirtieron la realización del festival en una verdadera odisea.

¿Control de eventos o exceso en recaudación estatal?

De acuerdo al Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el artículo 107 establece que todo organizador debe notificar a la autoridad fiscal, con al menos cinco días hábiles de anticipación al evento, sobre el boletaje para su respectivo sellado. A la par, el artículo 112 señala que la «responsabilidad solidaria» de los contribuyentes eventuales consiste en otorgar un depósito equivalente al 50% del boletaje emitido.

El denunciante compartió que la realidad fue distinta, pues la Secretaría de Finanzas realizó un cobro indebido sobre el pago del 97% de los impuesto proyectados, lo cual, duplicó el límite legal establecido del 50% sobre el boletaje autorizado y realizando un pago previo de 3 mil 880 pesos.

A ello se suma la negativa de reembolso, uno de los puntos más críticos identificados por Alfredo Jiménez, particularmente ante la postura de la Dirección de Ingresos y Fiscalización de no devolver los excedentes. Este hecho quedó documentado mediante los reportes de la ticketera PASSLINE, en los que se demuestra que únicamente se vendieron 163 boletos de 500, lo que generó un impuesto real de mil 304 pesos.

Pese a ello, el organizador tuvo que cubrir una cantidad mayor a la establecida, situación que quedó evidenciada en el oficio D.I.E.15/04/2026/4359, firmado por Pedro Sevilla Sánchez, Director de Ingresos y Fiscalización, y afirmó que la devolución de 2 mil 576 pesos bajo el argumento de «mutuo acuerdo» y que el capital sobrante permanecería como «saldo a favor para eventos futuros». El organizador manifestó que no estaba seguro de volver a realizar algún evento más dadas las condiciones y trato que tuvo de la Secretaría de Finanzas.

Actualmente, Alfredo mantiene un recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, luego de que el ayuntamiento afirmara vía oficio que la información solicitada sobre el uso de la «Plaza de Toros» ya se encontraba disponible en la plataforma de transparencia.

Sin embargo, aunque existe una amplia cantidad de información relacionada con licencias y refrendos, el denunciante aseguró que los datos específicos que solicitó no se encuentran publicados, motivo por el cual presentó una queja al señalar que la información requerida no está debidamente transparentada.

Hostigamiento horas antes de realizar el festival

El testimonio de Alfredo enfatiza que existió un «hostigamiento» que ha asfixiado financieramente a los organizadores, particularmente horas antes del inicio del evento. En entrevista, señaló que la Plaza de Toros Jorge «El Ranchero» Aguilar fue otorgada inicialmente de manera gratuita y que horas antes la Secretaría de Finanzas realizó actos de hostigamiento hacia los integrantes de la organización.

Días previos al evento, los organizadores recibieron llamadas por parte de Secretaría de Finanzas para informarles que, si no cubrían la cuota total —misma que no fue esclarecida desde un inicio—, los inspectores que laboran en esta secretaría acudirían a cancelar el festival. Además, se les indicó que, para que el evento pudiera continuar, era necesario «entregar una garantía» de provisión que ascendía a 22 mil pesos, monto que no lograrían cubrir a pocas horas de inaugurar el festival.

Todavía el mismo día del evento, durante el primer día del festival, recibimos nuevamente ese comentario por parte de secretaría de finanzas: «¿Sabes qué? Tienes que ir a pagar o se suspende el evento». Estoy hablando de apenas tres horas antes de iniciar el festival», aseguró.

El organizador señaló que la Secretaría de Finanzas desempeñó un papel importante en el aumento desmedido de los costos operativos del festival y afirmó que estas acciones correspondieron a presiones institucionales y actos de hostigamiento que excedieron los límites legales, además de derivar en cifras establecidas de manera verbal y sin sustento normativo.

Alfredo Jiménez afirmó que los actos de hostigamiento no fueron directos, sino que existió una «triangulación administrativa» en la que la Secretaría de Finanzas emitió un oficio al ayuntamiento capitalino para exigir el cumplimiento de obligaciones estatales relacionadas con los impuestos y el permiso para la venta y distribución de alcohol.

Permisos para eventos en la capital de Tlaxcala se convierten en una odisea ante Finanzas del Estado

Aunque originalmente el espacio había sido cedido de manera gratuita, esta acción encendió «las alarmas» entre los organizadores, quienes interpretaron la medida como una imposición de último momento realizada por la Secretaría de Finanzas.

Pese a que el Código Financiero establece que únicamente debe solicitarse un depósito equivalente al 50% del boletaje emitido para contribuyentes eventuales, Yolanda Carrillo Pérez, jefa del Departamento de Impuestos Estatales, habría exigido un monto superior, situación que Alfredo consideró indebida, ya que, según denunció, se le cobró hasta el 97% de los impuestos proyectados.

A ello se sumó la retención del capital que la Secretaría se negó a reembolsar mediante un oficio en el que argumentó la existencia de un «mutuo acuerdo», el cual, aseguró el organizador, nunca existió. Además, afirmó que existió un manejo de montos excesivos por la venta de alcohol, los cuales fluctuaron de manera arbitraria y verbal por parte de la misma dependencia.

Los costos se elevaron hasta alcanzar los 28 mil pesos por cada stand, cifra que, según el organizador, contrasta con lo establecido en el propio Código Financiero, el cual contempla para eventos diversos un rango de 30 a 100 UMAs, equivalentes a aproximadamente 11 mil 731 pesos a 2026. La situación se agravó cuando, apenas tres horas antes del inicio del festival, se les exigieron verbalmente 58 mil pesos bajo el argumento de cancelación inmediata si el monto no era liquidado.

Pese a ello, los organizadores se vieron obligados a entregar un pago provisional de 10 mil pesos para que se les permitiera operar. Ante esta situación, Alfredo señaló que la Secretaría interpretó el Código Financiero «a su conveniencia» para aumentar la recaudación, ignorando el carácter «auto-gestivo» del evento y aplicando cobros por stand, en lugar de considerar el festival como un evento integral, lo que volvió inviable su operación a pocas horas de iniciar.

Estas acciones, aseguró Alfredo, afectaron directamente a los productores artesanales, al imponer reglas que, lejos de ayudarlos, les generaron deudas impagables. Además, señaló que esto provocó un incremento en las pérdidas y no en las ganancias del festival, ya que varios de los stands percibieron pocas o nulas utilidades, expresando que esta situación generó mayores deudas para los organizadores.

Sostuvo que las autoridades trataron al evento como si se tratara de «una gran industria»,  aunque la producción artesanal de cerveza, la organización y el costo de acceso al festival no son comparables con ese tipo de espectáculos. Asimismo, reiteró que, hasta la fecha, no existe una ley o norma que regule o clasifique a la cerveza artesanal como un producto de producción a gran escala, así como de eventos en la capital de la entidad.

Entre el Congreso y la falta de armonización para la regulación de la cerveza artesanal en Tlaxcala

Alfredo sostuvo que, al no existir una diferenciación entre cerveza artesanal y cerveza comercial, se ignoran aspectos como el proceso de producción, el volumen de venta y el impacto económico, obligando a los productores a enfrentar las mismas condiciones que espectáculos masivos de carácter industrial, como «corridas de toros, bailes populares o partidos de fútbol».

El denunciante señaló que, ante este panorama, se han presentado iniciativas ante el Congreso local como el caso de la diputada Reyna Flor Báez, quien desde febrero de 2025 presentó ante el pleno una propuesta que busca crear un régimen específico para la producción y venta de cerveza artesanal en la entidad. Sin embargo, la iniciativa fue turnada a comisiones y, hasta el momento, se desconoce su estatus.

Al mismo tiempo, aseguró que Tlaxcala mantiene una diferencia respecto a estados como Querétaro, Baja California y Nuevo León, los cuales ya cuentan con reglamentaciones propias que protegen y definen la cerveza artesanal como un producto específico, eliminando así la posibilidad de que, como en este caso, la Secretaría de Finanzas realice «cobros arbitrarios» a los emprendedores locales que realizan eventos en la capital tlaxcalteca.


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En El Pleno | Congreso de Tlaxcala va por cuidados dignos, certeza electoral y orden en sustituciones municipales

  • Derecho al cuidado digno como obligación del Estado, reglas más claras para el inicio de los procesos electorales y mecanismos definidos para suplir a alcaldes ausentes fueron algunos de los temas que avanzaron este martes en el Congreso de Tlaxcala.

Tlaxcala, Tlax. Durante la sesión ordinaria de la LXV Legislatura, las diputadas Miriam Esmeralda Martínez Sánchez y Soraya Noemi Bocardo Phillips presentaron iniciativas en materia de derechos humanos y certeza electoral, mientras que la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos avanzó con reformas para fortalecer la operación de los ayuntamientos y dar mayor claridad jurídica a la administración municipal.

Reconocer el cuidado digno como un derecho humano

La diputada Miriam Esmeralda Martínez Sánchez presentó una iniciativa para adicionar una fracción XII al artículo 26 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, con el objetivo de reconocer expresamente el derecho al cuidado digno.

La propuesta plantea que toda persona tenga derecho al cuidado en todas sus dimensiones y que el Estado y los municipios generen las condiciones institucionales, sociales y normativas para garantizarlo durante las distintas etapas de la vida, con atención prioritaria a niñas, niños y adolescentes.

Durante la exposición de motivos, la legisladora sostuvo que el cuidado no debe entenderse únicamente como una responsabilidad privada o doméstica, sino como una función social indispensable para garantizar la dignidad humana, el bienestar y la igualdad material.

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Fotografía: Congreso del Estado

La iniciativa también incorpora el principio de corresponsabilidad social, es decir, que el cuidado no recaiga exclusivamente en las familias —y particularmente en las mujeres— sino que exista participación institucional y comunitaria.

Además, busca armonizar la legislación local con estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, tomando como referencia criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

De aprobarse, las autoridades estatales y municipales tendrían que orientar progresivamente políticas públicas, acciones y mecanismos institucionales bajo el reconocimiento del derecho al cuidado digno.

La propuesta fue construida en colaboración con el colectivo “Mujeres En Consenso”, encabezado por Coral Ávila Casco, y el maestro Cándido Pérez Hernández.

Buscan dar certeza al inicio de los procesos electorales

En la misma sesión, la diputada Soraya Noemi Bocardo Phillips presentó una iniciativa para reformar el artículo 112 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala.

La propuesta busca definir con mayor precisión la fecha de inicio formal del proceso electoral ordinario, al considerar que la redacción actual deja espacio a interpretaciones distintas entre autoridades, partidos políticos y candidaturas.

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Fotografía: Congreso del Estado

La reforma plantea que el proceso electoral inicie mediante sesión solemne durante las primeras dos semanas de diciembre previas a la elección correspondiente y que el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones determine la fecha exacta en los primeros siete días de octubre del año previo.

La legisladora argumentó que el objetivo es fortalecer los principios de certeza y seguridad jurídica, evitando controversias operativas o interpretaciones discrecionales durante los procesos electorales.

Aprueban reglas para suplir a presidentes municipales ausentes

Por otra parte, las y los diputados aprobaron el dictamen que reforma el párrafo segundo del artículo 24 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala para establecer reglas claras sobre la sustitución de presidentes municipales cuando sus ausencias superen los 15 días naturales.

La reforma, derivada de una iniciativa impulsada por el diputado Emilio De la Peña Aponte, establece que en esos casos deberá asumir funciones el suplente del alcalde. Con ello, el Congreso busca evitar interpretaciones ambiguas y garantizar continuidad administrativa en los ayuntamientos.

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Fotografía: Congreso del Estado

Las y los legisladores señalaron que la medida también respeta la voluntad popular expresada en las urnas, al tratarse de suplentes que forman parte de fórmulas electas democráticamente.

Tras su aprobación, el dictamen será remitido al Ejecutivo estatal para su sanción y publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Las iniciativas presentadas durante la sesión fueron turnadas a las comisiones correspondientes para su estudio, análisis y eventual dictaminación, principalmente a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, así como a la Comisión de Asuntos Electorales, mientras que la reforma en materia municipal continuará su proceso para entrar en vigor tras su publicación oficial.

ITE se encuentra imposibilitado legalmente para validar elección en San Miguel del Milagro

Tlaxcala, Tlax.- Para dar continuidad al caso de la comunidad de San Miguel del Milagro, se entrevistó a la consejera electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Brenda Fernanda Barrón Rugerio, quien reconoció la existencia de una «problemática» y un «vacío de autoridad» en la comunidad, además de señalar que el organismo enfrenta límites legales para intervenir en el proceso comunitario, debido a que no tuvo participación directa en las asambleas realizadas.

Explicó que el instituto carece de facultades para validar o invalidar los actos presentados, por lo que el caso debe ser remitido al Tribunal Electoral de Tlaxcala (ITE), autoridad encargada de analizar y resolver la situación.

Lo anterior surge en un contexto en el que la comunidad ha experimentado una serie de conflictos, luego de que dos ciudadanos presentaran actas de asamblea ante el ITE, ambos reclamando haber sido electos por mayoría de votos y solicitando sus respectivas constancias. A la par, persiste un presunto acto de desconocimiento por parte de las autoridades municipales tras la elección de Alfonso Benítez Sartillo en diciembre de 2025.

La consejera aclaró que el instituto se encuentra legalmente limitado para emitir constancias de validez o de mayoría respecto a las recientes elecciones, pues el marco legal restringe su actuación técnica, jurídica y logística al no existir una solicitud previa por parte de la comunidad para participar en la organización de las elecciones comunitarias.

Además, señaló que el ITE desconoce los actos ocurridos durante las elecciones celebradas en diciembre y las más recientes realizadas en mayo del presente año, debido a la falta de intervención institucional en dichos procesos.

Entre el marco legal y la autonomía comunitaria

De acuerdo con la consejera, el Reglamento de Asistencia del ITE limita el actuar de los funcionarios para brindar apoyo técnico, jurídico y logístico, debido a que la comunidad se rige bajo un sistema normativo interno de «usos y costumbres», el cual establece de manera estricta límites claros para su intervención en los procesos electorales de los pueblos originarios.

Tanto la consejera como el propio documento señalan que el instituto únicamente puede intervenir cuando la comunidad lo solicite de manera formal y por escrito, considerando criterios de anticipación, especificidad y limitación legal. Según la consejera electoral, el reglamento fue diseñado tras un análisis para garantizar que el ITE no «invada» los procesos internos de las comunidades si no es requerido.

Además, explicó que las consecuencias derivadas de la falta de asistencia están claramente establecidas en el reglamento y permiten brindar mayor certeza jurídica, sobre todo en casos donde dos figuras son presentadas como electas. Entre ellas, se contempla la posibilidad de invalidar el proceso, lo que implicaría la imposibilidad de emitir constancias de mayoría o determinar la validez de alguna de las actas, debido a que el instituto no formó parte del acto.

Asimismo, el reglamento establece que, ante conflictos o actas contradictorias sin presencia del ITE, los casos deben remitirse al Tribunal Electoral, autoridad competente para resolver el fondo del asunto.

Ante ello, Barrón Rugerio enfatizó que el ITE mantiene respeto por la autonomía de las comunidades que se rigen por usos y costumbres, por lo que no puede «invadir» los espacios de elección interna —como el caso de San Miguel del Milagro— si no existe una petición expresa de la comunidad, ya que «estamos imposibilitados para dotar de certeza un acto del que no fuimos parte», señaló la consejera.

EL caso de San Miguel del Milagro debe ser remitido al Tribunal Electoral de Tlaxcala

Debido a que dos ciudadanos distintos presentaron actas y registros de asamblea ante el ITE para reclamar la titularidad de la presidencia comunitaria bajo el sistema de usos y costumbres —además de solicitar sus respectivas constancias—, la consejera aseguró que tanto en la asamblea realizada el 29 de diciembre como en la más reciente, celebrada el 4 de mayo, persisten actos contradictorios y una falta de presencia institucional que imposibilita al instituto actuar y dotar de validez o invalidez a los documentos presentados.

Ante este panorama, el ITE, conforme a la Ley de Medios de Impugnación, procedió a remitir toda la información y solicitudes al Tribunal Electoral de Tlaxcala como medida para resolver el vacío de autoridad y evitar que el conflicto escale, siendo esta instancia la encargada de determinar, analizar y dictaminar el proceso a seguir.

Finalmente, Barrón Rugerio reiteró que el actuar del instituto se rige estrictamente por los principios de legalidad y certeza, atendiendo a la reglamentación diseñada para proteger la voluntad de las comunidades sin vulnerar sus competencias internas.

Autogobierno comunitario no depende de la presencia del ITE

Para Parastoo Anita Mesri —doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y acompañante legal de las 94 comunidades nahuas y equiparables de Tlaxcala—, señaló que los casos de Santa Justina Ecatepec y Guadalupe Ixcotla evidencian las resoluciones de la Sala Regional Ciudad de México, las cuales se dio a conocer que el ITE debe asistir «invariablemente» solo si las comunidades lo solicitan.

Sin embargo, precisó que su inasistencia no invalida el proceso, pues son las propias comunidades quienes tienen el derecho de generar la documentación y los elementos que otorguen validez a las asambleas comunitarias.

En ambos casos, la Sala Regional emitió fallos a favor de proteger el autogobierno de las comunidades frente a la intervención de autoridades externas. Bajo este contexto, la doctora Parastoo cuestionó el argumento de que el ITE no puede validar las elecciones, al señalar que las autoridades comunitarias no están obligadas a que el instituto «valide» la asamblea, sino únicamente a que «tome nota» y notifique a las autoridades correspondientes sobre los resultados, a fin de que se otorgue el reconocimiento de autoridad a quien resulte electo.

Asimismo, sostuvo que la presencia del ITE no constituye un elemento de validez ni un requisito para que una elección mediante usos y costumbres sea legal. También mantuvo una postura crítica respecto al uso del Reglamento de Asistencia, al considerar que este es utilizado como un «escudo» para deslegitimar las formas de organización comunitaria y dejar de lado el respeto a los derechos humanos establecidos en el artículo 1 constitucional, independientemente de si el instituto fue o no invitado a la asamblea comunitaria.

Finalmente, afirmó que el instituto cuenta con expedientes históricos de diversas comunidades, por lo que podría aplicar criterios técnicos para identificar la legitimidad de un acta en lugar de declararse incapacitado por no haber asistido. Entre estos mecanismos, sugirió comparar las nuevas actas con las de años anteriores, verificando sellos, firmas de autoridades en funciones y el uso de libros de actas foliados.


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