Un linchamiento en el cual no participó, tiene preso a Saúl Rosales Meléndez, defensor de la Malinche. En San Pedro Tlalcuapan, Tlaxcala, su esposa, padres y cuatro hijos lo esperan, mientras el bosque aún lucha por sobrevivir.
Por: Paola Chavely Torres Nahuatlato y Eduardo Cordero
Fotografía: Poleth Rodríguez Hernández
Tlalcuapan, Santa Ana Chiautempan. Saúl Rosales ha vivido toda su vida a las faldas de la Matlalcuéyetl, una montaña que se eleva a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar y que viste gran parte del paisaje del Estado de Tlaxcala. En la cima, hace veinte años podía admirarse el tono blanco de los glaciares que contrastaba con el azul del cielo. Hoy, el cambio climático y el abandono del Estado que no ha visto en ella más que un espacio turístico, ha hecho que el turquesa se convierta paulatinamente en un marrón pardo, sucio. Un color que pareciera que resiente el acecho que ha vivido Saúl desde aquel 1 de marzo del 2024, cuando fue sentenciado a veinte años de prisión por defenderla.
Subir a la Matlalcuye, está muy lejos de ser lo que Arturo Montero definía como la diosa de la falda azul, pues actualmente implica enfrentar la visión de la tierra quemada: cadáveres de árboles que se asoman entre las barrancas, troncos mutilados y cenizos. Lo que evidencia que dejó de ser un gran pulmón verde, y que por el contrario ha habido rastro de un fuego que ha intentado extinguirla.
El último incendio mortal ocurrió en abril de 2023: duró 120 horas y arrasó con aproximadamente 100 hectáreas de bosque.
“Los conejos salían de entre las llamas.”, es lo que cuentan los miembros de la brigada comunitaria contra incendios de San Pedro Tlalcuapan, comunidad perteneciente al municipio de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala de donde es originario Saúl Rosales. Llevan palas y costales a bordo de la batea de una camioneta de redilas que se zangolotea sobre el camino de tepetate. Van en busca de sustrato para fertilizar los 3 mil encinos que resguardan en un vivero construido en la casa de una brigadista.
De pronto, suena el teléfono.
Es Saúl Rosales marcando desde el Centro de Readaptación Social – Cereso de Tlaxcala– a su esposa, Alicia Meléndez, quien como puede atiende la llamada mientras se sostiene con fuerza de los bordes de la camioneta. Después de Alicia, el teléfono pasa a las manos del hermano menor de Saúl. Luego al resto de la brigada.
Le cuentan que van a La Malinche. Charlan, ríen.
“Justo estábamos hablando de ti. Ya pronto volverás con nosotros a la montaña.”, le dice Alicia Meléndez con nostalgia.
La voz de Saúl sale de la bocina del celular. El polvo desciende sobre el rostro de Raymundo Cahuantzi, liberado en el mes de marzo de 2024 después de permanecer preso junto a Saúl, durante un año y siete meses. Hablan e intercambian esperanzas.
“Hay que echarle ganas, no te desanimes, verás que las cosas van a cambiar. Aquí estamos al pendiente de tu familia.”
Cahuantzi recuperó la libertad en marzo, regresó para respirar el aire de los encinos, oyameles y ocotes. Saúl Rosales fue condenado a 20 años de prisión durante el mismo juicio.
Linchamiento a las faldas de la montaña
El lagarto cornudo del desierto parece un dinosaurio. Phrynosoma orbiculare es su nombre en latín y algunos habitantes de la Malinche piensan que es venenoso. No lo es, se alimenta sólo de hormigas y es uno de las 22 especies endémicas que habitan en El Parque Nacional La Malinche, un Área Natural Protegida que alberga al menos 937 especies de flora y fauna, de acuerdo con el programa de manejo.
Según la creencia popular, si tomas un lagarto con las manos, sin dañarlo, puedes también echar bien las tortillas en el comal, sin que éstas se doblen ni se esponjen. Eso nos dijeron en San Pedro Tlalcuapan, un pueblo ubicado en las faldas de la Malinche y una de las 94 comunidades regidas por usos y costumbres, reconocidas por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).
En 1938 se emitió el decreto para reconocer esta zona como Área Natural Protegida. Ese fue el año en que comenzaron los conflictos entre las comunidades y las entidades gubernamentales quienes, sin consultarlas, limitaron el aprovechamiento de los recursos naturales, como la leña, que anteriormente los abuelos utilizaban para prender su baño o para hacer tortillas. Aquellas personas que se arriesgan a cortar madera de un árbol enfrentan multas que pueden alcanzar hasta cincuenta mil pesos. Además, podrían ser arrestadas y enfrentar un proceso penal.
Sin embargo, estas sanciones no se aplican de la misma manera en todos los casos. Como pasa en Tetlanohcan, otra de las comunidades aledañas a la montaña, conocida por la extracción ilegal de madera y la colusión del gobierno municipal y estatal. Ahí, la justicia para Matlalcueyetl dura solo 72 horas de arresto.
San Pedro Tlalcuapan es un espacio donde coexisten la autoridad religiosa y civil. Es común que las personas tengan cargos como el de portero, fiscal y mayordomo. Al ocupar también puestos civiles, se les denomina tiaxcas, un cargo honorable que implica respeto de toda la comunidad.
Saúl Rosales es un tiaxca que comenzó sus funciones como presidente de la comunidad en enero de 2022. Llegar a ese lugar fue definido por su compromiso genuino, empatía y una estrecha conexión con los habitantes del pueblo. “Don Saúl”, como le dice la gente de Tlalcuapan, comúnmente participaba en varios procesos comunitarios: antes de ser presidente de comunidad fue comandante y muchos recuerdan cuando se involucró en el rescate de un jagüey: un pozo superficial destinado a retener agua de lluvia utilizada para el pastoreo y el riego del campo.
“Don Saúl tenía voluntad para trabajar por nosotros y por la montaña”, dice Eribel Bello, pobladora de San Pedro Tlalcuapan y miembro de la brigada comunitaria contra incendios
La legislación actual en Tlaxcala establece diversas responsabilidades para los presidentes de comunidad, como asistir a las sesiones de cabildo con voz y voto, garantizar el orden y la seguridad, proponer y gestionar obras públicas, administrar cuentas, imponer sanciones, regular comercios, promover la participación comunitaria y supervisar servicios esenciales, como el panteón.
En el caso de don Saúl, quien desempeñaba este cargo, recibía una remuneración de 10 mil pesos mensuales. Sin embargo, además de sus funciones oficiales, destinaba parte de este ingreso para cubrir gastos de limpieza en las instalaciones de la presidencia comunitaria y la clínica de salud.
En este esquema comunitario, un cuerpo de voluntarios –integrado por hombres y mujeres de Tlalcupan– que no portan armas ni patrulla, velan por la seguridad del pueblo, coordinados por el presidente de comunidad.
Sin embargo, la inseguridad empezó a afectar en Tlalcuapan, pues los robos a casas y negocios eran notables para los habitantes. A pesar del esfuerzo comunitario, estos actos seguían impactando, y Don Saúl estaba ahí para mediar los asuntos y llevarlos a las autoridades correspondientes del municipio de Chiautempan; para que pudieran dar un seguimiento judicial en el marco de la ley.
Entonces llegó el 15 de abril de 2022, un viernes santo.
En medio de una procesión acompañada de cohetes que partió a las ocho de la mañana desde la Iglesia de San Pedro Tlalcuapan, en la calle Constancia, dos personas intentaron robar en una vivienda. Al percatarse, los pobladores lograron detener a uno de ellos, lo que dio inicio a un linchamiento y al calvario que hasta hoy tiene a Saúl Rosales en la cárcel.
Ese día, varios pobladores de Tlalcuapan llevaron al presunto ladrón a la presidencia de la comunidad. Sin embargo, el ambiente ya estaba cargado de hartazgo por la creciente delincuencia en la zona. Según Alicia Meléndez, Saúl Rosales retuvo al detenido durante unos cincuenta minutos mientras contactaba a las policías de Chiautempan y Tlaxcala para entregarlo a las autoridades. Pero, en medio de la multitud, un grito enardecido rompió el momento: “Aquí tú no eres nadie; ahorita nos encargamos nosotros”. Acto seguido, sacaron al hombre a las calles, donde, tras ser golpeado, le quitaron la vida.
Esas palabras significaron su destitución del cargo, debido a la estructura política de la comunidad. Las decisiones políticas las toman en asambleas donde los tiaxcas tienen peso moral, pero la decisiones se toman en colectivo. En las comunidades importa más la palabra de la colectividad que la del individuo.
Para el momento del linchamiento ya habían arribado elementos de la policía municipal y estatal, ubicados a 200 metros de la presidencia de comunidad, quienes fueron rebasados por la cantidad de personas, calcudadas en aproximadamente 400 habitantes no sólo de Tlalcuapan sino de otras comunidades que, por la fecha, acudían a la iglesia a ver la judea: la representación de la pasión de Cristo.
Buscando un culpable
Los días transcurrieron con calles que guardaban como secreto a voces lo que ocurrió aquel viernes santo, hasta el 14 de julio de 2022, tres meses después de ocurrido el linchamiento, cuando las autoridades abarrotaron la comunidad de Tlalcuapan con helicópteros, patrullas y policías municipales y estatales.
Esa tarde, Saúl Rosales – quien recién salía de junta de cabildo – fue detenido por elementos de la Policía de Investigación, acusado formalmente de homicidio calificado por el deceso de una persona mientras él ocupaba el cargo de presidente de comunidad.
“El proceso fue muy rápido, él estaba en Cabildo ese día, lo pasaron a la Procuraduría; no me dieron tiempo de buscar a un abogado. Lo trasladaron al Reclusorio”, dice Alicia Meléndez, esposa de Rosales, sentada en un tronco entre el follaje de la montaña, mientras brigadistas descansan sobre la hojarasca y beben agua después de llenar los costales de sustrato.
Ese día, policías municipales y estatales armaron un cerco de seguridad para vigilar a la población. En medio de helicópteros y patrullas, la gente inició su camino a la Procuraduría después de repicar las campanas buscando conocer los motivos de la detención de su presidente de comunidad. Fueron recibidos por granaderos.
Un grupo de funcionarios aceptó conversar con una pequeña comisión de la comunidad quienes buscaban conocer la situación jurídica de Rosales. Al finalizar el diálogo, todos salieron menos Raymundo Cahuantzi, quien quedó bajo arresto también por el linchamiento.
El entonces Secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, indicó que la orden de aprehensión fue girada por la Procuraduría General del Estado (PGJE). La procuradora Ernestina Carro Roldán declaró a un medio local que “en Tlaxcala nadie puede hacer justicia por propia mano”. A ambos brigadistas se les impuso prisión preventiva oficiosa.
El escarabajo descortezador e incendios destruyen la montaña
“El Cuehcuex (hongo amanita sp) ya dejó de existir, es muy raro verlo. Antes había como si los hubieran sembrado”, dice Raymundo Cahuantzi. Con la falta de humedad en el suelo y la pérdida de la sombra que generan las copas de los árboles, los hongos han desaparecido paulatinamente.
Raymundo Cahuantzi cuenta durante el trayecto a la montaña recuerdos de su infancia en el campo. “Yo trabajo desde los 8 años. El campo siempre fue el sustento de mi papá, fuimos ocho hermanos. Vendíamos maíz y ayocote”.
Raymundo rememora cómo era la montaña, gracias a los relatos de su padre. “Se dedicaban al carbón, a la leña. Eran muy sabios, no cortaban cualquier árbol”. La milpa y los árboles siempre estuvieron ligados y presentes en su vida.
En Tlalcuapan, de acuerdo con un estudio realizado por el Colegio de Tlaxcala, se registraron 70 nombres de hongos tradicionales, 30 de ellos tienen raíz nahua: cuehcuex, ayutzi, ayoxochitl, xopitzal, xoletl, xoxocoyuli. Son una muestra de la riqueza biocultural de las comunidades aledañas a la Malinche.
La bióloga Bárbara Cruz Salazar, del Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta (CTBC) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), afirma que más del 50 por ciento del polígono de La Malinche presenta cambios de uso de suelo: hectáreas forestales que han pasado a ser tierras de pastoreo o de siembra.
“Lo poco que queda del bosque está fragmentado. La parte más conservada es la más alta, porque es más complicado llegar ahí, no porque exista control de las actividades humanas”, refiere en entrevista.
Además de la tala y los incendios, la deforestación en La Malinche tiene otra causa: el escarabajo descortezador destruyó el 80% del bosque de Tlalcuapan entre 2019 y 2022. El aumento del calor en la zona, a causa del cambio climático, propició el aumento de la población de este insecto. De acuerdo con la bióloga Eribel Bello, los árboles, estresados, se vuelven más débiles ante las plagas.
El escarabajo es la raíz del mal del bosque, pero también fue el motivo de la unión entre las comunidades. El colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzi Tlalcuapan nació como una respuesta para enfrentarlo.
Raymundo y Saúl participaban activamente en los trabajos para controlar la plaga del escarabajo descortezador, lo cual les acarreó fricciones con las autoridades estatales por el manejo de madera de los árboles caídos. Pues de acuerdo a testimonios de los integrantes del Colectivo, hubieron empresas contratadas por el gobierno estatal que aprovecharon la plaga para talar árboles para fines comerciales. Hasta ahora, se desconoce el nombre de las empresas involucradas. En 2022, este medio solicitó, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el plan de saneamiento correspondiente a los años 2019, 2020 y 2021 para combatir la plaga del escarabajo descortezador mediante la Secretaría de Medio Ambiente de Tlaxcala, pero no obtuvo respuesta.
Esta situación no sólo ocurrió en Tlalcuapan. Investigaciones periodísticas de Alex Castro y Gabriela Hernández, documentaron casos similares en Muñoztla y Cuahuixmatlac, Tlaxcala, comunidades que también sufrieron la devastación del escarabajo descortezador.
El Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzin sostiene que la detención arbitraria de Raymundo y Saúl se debe a la defensa activa del bosque, al oponerse al saqueo de la madera pues públicamente señalaron lo que estaba ocurriendo arriba de la Malinche, alegando que el Gobierno de Tlaxcala estaba siendo partícipe del saqueo de madera a través de empresas privadas; quienes aprovechándose de la plaga del escarabajo descortezador, talaron árboles y comercializaron con ellos.
Por lo que el CSyRM considera que la detención de Saúl Rosales y Raymundo Cahuantzi fue un golpe para desarticular el movimiento por el rescate de la Malinche.
A pesar de la ausencia de Saúl, las actividades por restaurar la Malinche tras la plaga del escarabajo descortezador, continúan; muchas veces con miedo, pero con la firme convicción de proteger su territorio.
La brigada comunitaria contra incendios, conformada por algunos miembros del CSyRM, se unió durante seis días para controlar el fuego descontrolado de 2023. Ese incendio ha sido uno de los más devastadores en los últimos años, y se propició en una de las zonas previamente reforestada tras la plaga que dañó los árboles.
“En la brigada participaron mujeres, jóvenes, niños, niñas y personas mayores. Las mujeres nos prepararon comida para mantenernos. Subimos a hacer brechas con palas”, dice una de sus integrantes.
En la Malinche, crecen unos cardos cuya flor rosa se resguarda entre las espinas. La preparan como té para curar el riñón o los males del corazón. Alicia, la esposa de Saúl Rosales, toma una de estas flores y la resguarda en un vasito de plástico, lista para descender de la Matlalcuéyetl con la brigada.
Una familia atravesada por la ausencia
Saúl tiene cuatro hijos: las dos hijas mayores abandonaron sus estudios y comenzaron a trabajar para sostener el hogar y pagar el proceso judicial por el que atraviesa su padre. La mayor estudiaba Lenguas en la UATx y la menor la preparatoria. Los dos hijos menores todavía estudian la primaria.
Alicia, la madre de los cuatro, cuenta que el hijo más pequeño, de nueve años, se encuentra bajo atención psicológica. La ausencia de Saúl duele. Un mes después de la detención de Rosales, su hijo menor le entregó una carta al ex presidente Andrés Manuel López Obrador después de burlar las vallas de seguridad pidiendo la liberación de su padre. Pero no hubo respuesta.
Con todo, Alicia cuida a su padre e inició un negocio de abarrotes, para poder sostener a su familia. Los jueves y domingos visita a Saúl en el Cereso, con la esperanza de justicia. Sin embargo, han pasado ya dos años y seis meses, y la justicia aún no llega.
La vida de Alicia, Saúl y sus hijos cambió radicalmente. Alicia asegura que el único «delito» de su esposo fue alzar la voz contra el saqueo de madera y luchar por proteger la Malinche. Para Saúl, este lugar lo era todo: su fuente de trabajo y su conexión con la tierra, pues, antes de ese 14 de julio era un campesino dedicado por completo a su familia.
Neftaly Pérez, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), y el abogado Carlos David Figueroa, quien lleva el proceso de Rosales, coinciden en un punto: la condena emitida por las juezas Aída Baez Huerta, Rossano Rubio Marchetti y Olivia Mendieta Cuapio es injusta y criminalizadora.
De acuerdo con un informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en México se registraron 123 eventos de agresión, con un total de 282 agresiones específicas contra defensores del territorio.
Se han contabilizado 22 eventos de criminalización, en un país donde fueron asesinadas 20 personas defensoras en 2023.
Cuenta Alicia que Saúl, sigue sin comprender porqué le tocó vivir ese infierno. Que su intención nunca fue hacerle daño a alguien. Extraña a su familia, quiere regresar a su tierra y trabajar en el campo.
“Ha bajado mucho de peso” dice la señora Alicia cuando recuerda esas visitas al CERESO.
Dentro del reclusorio, Saúl mantiene la ilusión de seguir trabajando y de terminar la secundaria abierta; para que sus hijos vean que a pesar de todo, sigue en pie.
La carpeta que llevó a la sentencia de Saúl Rosales estuvo marcada por inconsistencias y puntos poco claros
En la causa judicial 419/2022 –a la cual Escenario Tlaxcala tuvo acceso–, el Ministerio Público inicia acusando a Raymundo Cahuantzi de participar directamente en en linchamiento, “amarrando a la víctima con un lazo e incitando a los pobladores a que lo hicieran también”. La acusación del Ministerio Público, prolija en detalles, continúa su curso.
No obstante, estas pruebas no pudieron comprobarse, debido a que Raymundo se encontraba en la Iglesia de Tlalcuapan en ese momento. Una de las razones por las que pudo recuperar su libertad el pasado 1ro de marzo de 2024.
El Tribunal de enjuiciamiento emitió la sentencia el 25 de marzo, donde condenó a 20 años de prisión a Saúl ya que “el Agente del Ministerio Público demostró, más allá de toda duda razonable, la plena existencia del delito de homicidio calificado”, asegurando que Rosales fue copartícipe del homicidio al “prestar auxilio a los autores materiales del ilícito”.
En los medios de comunicación se ha señalado que la sentencia contra Saúl Rosales se basa en su obligación, como presidente de comunidad, de garantizar la integridad de la víctima, por tanto; no actuó como debería al no impedir el linchamiento que estaba sucediendo.
Ante esto, Alicia, señala que Saúl se puso en contacto con las autoridades del municipio de Chiautempan y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero no hicieron nada por intervenir en el linchamiento. Por eso, menciona que es injusto que solo se le acuse a él, que también deberían comparecer los responsables de dichas instituciones.
Para ese momento el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudada era :Maximino Hernández Pulido y renunció al cargo el 30 de abril 2022, por su lado, el edil de Chiautempan era Gustavo Jiménez Romero.
Figueroa considera que la sentencia de 20 años es un mensaje contra las comunidades y para prevenir más linchamientos: “es una política criminal”, menciona en entrevista para Escenario Tlaxcala.
Neftaly Pérez, quien ha asesorado a la familia de Rosales y de Cahuantzi, menciona que las juezas no han considerado la perspectiva intercultural de la comunidad de Tlalcuapan, necesaria para comprender el sistema de cargos.
El Protocolo para Juzgar con Perspectiva Intercultural emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indica que “se debe incorporar la perspectiva intercultural a los procesos judiciales”, tomando en cuenta sus “necesidades y especificidades culturales”, lo cual no sucedió durante el juicio que sentenció a Rosales.
Mientras tanto, en la casa de los padres de Saúl Rosales abunda el silencio.
“Yo en estas circunstancias que me encuentro, a veces pienso, ¿algún día tendré la oportunidad de abrazar a mi hijo?”. La voz de Margarito Rosales Conde, padre de Saúl, resuena en la sala de su casa.
Es un hombre de 73 años, enjuto, que reposa sus brazos sobre una andadera metálica. Usa unas gafas negras, es ciego. Se desplaza con dificultad. Su hijo preso es el mayor de 6 hermanos y era el que también apoyaba económicamente a sus padres.
María de los Ángeles Meléndez, de 68 años, muestra moretones en sus brazos, producto de las agujas. “Yo también me he enfermado, me están haciendo unos estudios porque me siento mal. Pienso en mi hijo, me duele saber que siendo inocente esté en ese lugar”.
Y es que la ausencia de Saúl les ha dejado una herida que les recuerda que vivir dignamente es un delito.
Sentados en la sala familiar, el padre y madre de Rosales, dos de sus hermanos, su esposa y Raymundo Cahuantzi dialogan frente a un altar donde abundan los objetos religiosos y mantienen la esperanza de la liberación de Saúl, para compartir el dulce de calabaza que elabora su madre, cosechada en uno de los terrenos que trabajan cerca de la Malinche.
El mismo hecho, relatado una y otra vez ante jueces y medios de comunicación, remueve los rostros contraídos por el cansancio y el dolor.
Mientras Raymundo regresa nuevamente con la brigada a cuidar la montaña, nadie trabaja el campo de Saúl, yermo bajo el sol inclemente.
La tierra, la montaña y su familia esperan por él.
