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En 2 años, presencia del Descortezador en La Malinche creció 50,000%

Malinche-Gusano descortezador-Tlaxcala-Comunidades Unidas
Foto: Alonso Camarillo

Tlaxcala, Tlax. Este jueves, ciudadanos de diversos municipios en la periferia del volcán «La Malinche» se manifestaron en la explanada de Palacio de Gobierno. Exigieron la pronta atención al Parque Nacional por las graves afectaciones que ha ocasionado el «Gusano Descortezador»; desde 2019 se ha abierto paso en centenas de hectáreas de la montaña.

Las «Comunidades Unidas para el Rescate y la Protección de la Matlalcueyetl» recordaron que la plaga inició en más de 10 hectáreas en noviembre 2019. A la fecha ha impactado en poco más de cinco mil hectáreas, aseguraron.

Algunos ciudadanos provenientes de comunidades de: San Pablo del Monte, Teolocholco, Acuamanala, Papalotla, Mazatecochco, Tetlanohcan, Cuaxomulco, Chiautempan, e incluso Ixtenco donde ya reportan brotes iniciales de la plaga exigieron al grito de: «¡La Malinche No se Vende!» al gobierno estatal, municipal y de comunidad que no utilicen la causa a su favor pues los miembros de dicha organización, aclaran, no tienen pretensiones políticas ni intereses partidarios.

¿Cuáles son las demandas de los manifestantes?

Los manifestantes incluyeron, entre sus exigencias para sanear La Malinche, la intervención e investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP), por las omisiones cometidas entre dependencias federales Comisión Nacional Forestal (Conafor), Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (Inifap), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), entre otras; así como se den a conocer los permisos otorgados en labores de saneamiento y aprovechamiento de los recursos. A la fecha, no se han transparentado.

Asimismo, integraron una serie de peticiones al Gobierno que aún dirige Marco Antonio Mena Rodríguez, entre los que se encuentran: respeto a los derechos de las comunidades indígenas, sus usos, costumbres y tradiciones; a sus autoridades honoríficas para ser considerados en los consejos estatales y la toma de decisiones respecto a acciones ambientales.

Del mismo modo, exigen que se finquen responsabilidades contra funcionarios o exfuncionarios, técnicos y empresas por actos posibles de corrupción u omisiones; una reorganización interinstitucional así como evitar «burocratismos»; la intervención inmediata de Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Conafor para la realización de estudios.

Vigilancia de la montaña para regular las actividades de tala de árboles ante la presencia de supuestas empresas de extracción de recursos así como la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), inicie una carpeta de investigación al respecto de la presencia de «talamontes»; más un programa de restauración forestal.


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