Tlaxcala, Tlax. El Observatorio de Salarios, organismo institucional del instituto de investigación para el Desarrollo con Equidad (Equide) de la Universidad Iberoamericana, ha propuesto la fiscalización ciudadana de los donativos que el gobierno federal y los gobiernos estatales recaben para apoyar a los damnificados y para la reconstrucción de las ciudades y municipios devastados por los sismos del 7 y 19 de septiembre.
Asimismo, propone que el gobierno federal conmine a las grandes empresas beneficiadas por el régimen fiscal a realizar donaciones significativas para la reconstrucción de las viviendas.
En el posicionamiento dado a conocer esta tarde, el Observatorio de Salarios refiere que la efervescencia de apoyo de la sociedad mexicana no puede ni debe ser “el único camino para reparar el daño que ha causado el terremoto en miles de personas”.
Además, refiere que las afectaciones en estados como Oaxaca, Guerrero, Morelos y Puebla han perjudicado en mayor medida a la población pobre debido a las “políticas públicas que han tenido como eje rector la administración de la pobreza por encima de las mejoras en las condiciones de vida de esta población”.
Por tal motivo, los gobiernos de Guerrero, Oaxaca, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México y Estado de México deben establecer las siguientes acciones gubernamentales:
1. Transparentar los recursos del Fondo para Desastres Naturales (Fonden) para evitar las negociaciones oscuras entre el gobierno federal y los gobiernos estatales; debe ser pública y a favor de los más desprotegidos.
2. Recorte salarial de altos funcionarios para crear un fondo especial para la reconstrucción de la población vulnerable. El recorte de los salarios de gobernadores, senadores, diputados, presidentes municipales, ministros y magistrados representaría un ahorro de 400 mil millones de pesos.
3. Gestionar importantes donaciones para la reconstrucción de viviendas de empresas beneficiadas con importantes condonaciones fiscales en minería, transporte y grandes corporativos.
Los recursos recabados deben ser fiscalizados por la sociedad civil organizada.
