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Mientras Comisión Estatal de Búsqueda reporta un 99% de efectividad en localización de personas desaparecidas en Tlaxcala, víctimas indirectas denuncian retrasos y falta de resultados, mientras cargan con consecuencias emocionales, sociales y económicas al asumir una búsqueda que debería garantizar el Estado.
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Tlaxcala, Tlax.- El pasado 17 de marzo, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Tlaxcala (CEBP) informó que cuenta con un 99% de efectividad en la localización de personas desaparecidas en modalidades de búsqueda inmediata. Sin embargo, familias de víctimas y especialistas cuestionan esta cifra y advierten que la institución carece de infraestructura, presupuesto y capacitación suficientes para realizar búsquedas efectivas. Señalan, además, que en muchos casos son las propias familias quienes aportan información clave e incluso encabezan las labores de búsqueda.
María José López* —víctima indirecta de desaparición forzada en el Estado de Tlaxcala— afirmó que las acciones de la Comisión, en muchos casos, ralentizan la búsqueda e identificación de hallazgos debido a un análisis de contexto deficiente y al uso de información desactualizada. Señaló, además, que la institución tlaxcalteca opera bajo prácticas de omisión y estigmatización, la cual ha trasladado la responsabilidad e identificación de personas en manos de las familias.
Mientras tanto, especialistas como Guillermo Paleta Pérez —terapeuta familiar y acompañante psicosocial de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en la región Occidente y Centro de México— compartió a Escenario Tlx que la responsabilidad de la búsqueda e identificación corresponde a las comisiones, no a las familias; sin embargo, son las mujeres, principalmente madres de familia, quienes realizan la búsqueda de sus seres queridos, situación que impacta en su vida laboral, económica, mental y física.
Tanto María José* como Guillermo Paleta señalaron que las autoridades tlaxcaltecas siguen minimizando los casos bajo etiquetas de «decisión propia», lo cual desvincula la desaparición de personas ante factores como la precariedad laboral, las adicciones o la violencia sistemática que existe en la entidad, la cual está ligada a deficiencias del Estado en políticas públicas y de salud.
Ninguna desaparición es una decisión propia
El 20 de marzo, durante el “Diálogo Circular”, el titular de la CEBP, Sergio Hernández Córdova, aseguró que entre las causas más comunes de desaparición en la entidad se encuentran los conflictos familiares, las adicciones y las deudas. Sin embargo, el especialista Guillermo Paleta advierte que estas explicaciones suelen utilizarse para desvincular los casos de factores estructurales, como la precariedad laboral, invisibilizando el contexto social que también incide en las desapariciones.
Por su lado, María José López*, ciudadana tlaxcalteca y víctima indirecta de desaparición forzada desde hace aproximadamente año y medio, sostiene que ningún caso de desaparición responde a una decisión propia. En su testimonio, señala que estos hechos están profundamente vinculados a contextos de marginalidad y precariedad laboral, más que a decisiones individuales.
La decisión voluntaria está influenciada por la precarización, por cuestiones de trabajo y también por cuestiones de adicción, pero influye todo un sistema que orienta a las personas a desaparecer.
Para Paleta, esta narrativa —que suele presentarse como inofensiva— invisibiliza las causas estructurales al atribuir las ausencias a decisiones individuales, sin considerar un análisis de contexto. Este último, como señala María José*, nunca fue entregado a su familia, lo que termina por desvincular los casos de factores como la precariedad laboral o las adicciones, profundamente ligados a las condiciones sociales en las que ocurren las desapariciones.
Entonces, estamos hablando de que posiblemente no exista una desaparición voluntaria, sino que hay un sistema que, al contrario, nos va forzando a desaparecer. Aseguró.
Tanto María José* como su familia se comunicaron con la comisión para levantar una ficha de búsqueda un viernes por la noche, sin embargo, esta emitió el boletín hasta el lunes por la mañana, retrasando su publicación más de 48 horas después de la desaparición. Para ella, levantar la ficha y llevar todo el proceso fue una «tortura emocional» que, desde el primer día, afectó a su salud mental y física. Ella asegura que su actuar fue lento y más allá de brindar ayuda, ralentizaron el proceso de identificación.
Si vas y tienes suerte, te atienden en 30 o 40 minutos, en lo que te entrevistan […] Una va con desesperanza y con la necesidad de ser escuchada, que te digan «Sí, tome su turno», «sí, espérenos», «sí, esto». Hay una omisión tremenda.
Posterior a la denuncia, los familiares de María José* solicitaron a la CEBP el análisis de contexto, el cual no ha sido entregado hasta el momento. La comisión les comunicó que el caso de su familiar iba a ser trasladado a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, y señaló, que les pidieron repetir procesos que ya habían realizado ante la CEBP.
María José* argumentó que la comisión proporcionó información ambigua y desactualizada a la fiscalía, a tal punto de solicitar «un resumen del caso», ya que los servidores públicos acudían «desactualizados» a los indicios que la misma familia logró identificar. Al no tener una respuesta solida por parte de la Fiscalía Especializada en Tlaxcala, la familia de María José * recurrió -incluso- a acciones que «salieron de lo racional», evidenciando una clara omisión por parte de las autoridades.
Buscamos respuestas hasta en la magia, en la brujería, en la religión, ¿no? Entonces, en una sesión, en una consulta con una bruja, nos dijo: «Sí lo van a encontrar, pero es a través del coche».
Y, bueno, nosotras buscábamos su cuerpo, lo buscábamos a él vivo, y ella decía, «No, el coche todavía está, pues está presente, búsquenlo a través del coche».
Ante este panorama, especialistas como Guillermo Paleta argumentaron que el deficiente actuar de las autoridades corresponde a cuestiones de infraestructura, la cual imposibilita el seguimiento óptimo y real a las carpetas de investigación. Aunado a esto, existe un presupuesto bastante bajo para las labores de búsqueda e identificación, lo que merma en la localización de pruebas y tiempos en campo.
Ella relató que la búsqueda de su familiar fue difícil. Tanto María José como su familia pasaron noches sin dormir, recorriendo en más de una ocasión lugares peligrosos. Se arriesgaron a salir por la madrugada con tal de encontrar algún indicio que los llevara a localizar a su familiar.
Compartió que, durante las mañanas, acudían a la zona de hospitales para ver si localizaban algo e ingresaban a trabajo social para solicitar información sobre la existencia de alguna persona con las características de su familiar.
Incluso narró que, durante el proceso de búsqueda, recurrieron a espacios «donde no te imaginas», pues una persona, víctima de desaparición, busca respuestas «en donde sea».
El proceso de localización fue bastante duro, ya que la misma familia se organizó ante la inoperatividad y lentitud con la que actuó la fiscalía especializada. Al lograr identificar el coche, comenzaron a llamar a la fiscalía y a la comisión estatal, las cuales llegaron una hora y media después del aviso.
El equipo que acudió no era el mismo que llevaba el caso y, tras intervenir, la fiscalía solicitó información, pues se encontraban desactualizados. Este tipo de acciones, afirmó, «retardan muchísimo el proceso» y restan efectividad a la búsqueda e identificación de una persona no localizada. Y, pese a que cuentan con un formato de acción temprana que busca reducir los tiempos para una localización rápida, la realidad no es así.
Tras varios meses de búsqueda, jornadas extensas en las que no dormían y una pausa que parecía eterna en sus proyectos personales, la familia logró dar con la localización de su familiar.
En México, la desaparición afecta principalmente a hombres, pero la búsqueda recae en mujeres
Como argumentó Paleta Pérez, en México existe una crisis de desaparecidos, principalmente de varones, mismos que están ligados a contextos de criminalidad, desplazamientos forzado y precariedad laboral. Para él, la desaparición corresponde a varones, aunque quienes buscan a estos son principalmente mujeres, madres, esposas e hijas de los desaparecidos.
En una anterior nota —que puedes consultar aquí— el integrante de RedLupa, Edgar Cortéz afirmó que ante la falta de contexto y un actuar nulo de las autoridades son las familias quienes buscan a sus propios familiares —como es el caso de María José*— quienes observaron las carencias e ineficiencia de la fiscalía, lo cual orilló a que la familia, principalmente mujeres, tomaran las riendas del asunto y comenzarán a buscar a su ser querido.
Ella nos compartió que este proceso fue doloroso y que, a la fecha, ha mermado su calidad de vida pues «todo se paraliza», dejando atrás su vida ante la ausencia de un familiar. Tras la desaparición de su ser querido se vieron arrebatadas del «sueño, del hambre, pausamos muchas cosas, muchos proyectos» y que, ante esto, el Estado no fue quien logró localizar a su familiar, ni tampoco compensó la asistencia psicológica o proporcionó mayores herramientas para sobrellevar el proceso.
Para ella, un sector poco atendido y del que se habla poco radica en las infancias, pues es un proceso que pocas veces se aborda.
Creo que a veces queda un poco invisibilizado, y es delicado de tocar, pero hay repercusiones emocionales en las infancias, ¿no?, o sea, en sus hijos. es un terreno de desconocimiento completamente.
Guillermo Paleta comentó que en un principio, las madres buscadoras, así como las colectivas y colectivos, «no tendrían que buscar, porque esa es una responsabilidad del Estado». Tanto colectivas como madres deberían estar procurando su salud mental y física.
Para Guillermo, esta responsabilidad —que corresponde al Estado— ha sido rebasada por una infraestructura deficiente, limitada para actuar frente a un contexto de macrocriminalidad y a la desconfianza ciudadana.
«Hay también mucho miedo para no denunciar. Hay mucho miedo para no hablar y compartir la experiencia y el trauma que están viviendo diferentes familias».
Esta correlación entre injusticia y macrocriminalidad ha permitido que el número de personas desaparecidas incremente. Para Paleta Pérez, la búsqueda de sus seres queridos «sitúa a las familias en contextos que no solo las colocan en gran desventaja, sino que también las exponen a situaciones de vulnerabilidad y riesgo», lo cual ha provocado el asesinato de decenas de mujeres en el país.
Hasta el 24 de marzo de 2026, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) acumuló un total de 70 boletines activos durante el sexenio de Lorena Cuellar, mientras que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ha referido 112 personas desaparecidas y no localizadas durante el mismo tiempo.
La ausencia de una persona desaparecida no es una cuestión de desgaste económico, también es un desgaste emocional y físico
Acompañar a las familias víctimas de desaparición ha representado un reto, sobre todo cuando estas llevan más de 15 años buscando a un ser querido. Guillermo afirmó que, ante las situaciones de desaparición, es necesario acompañar a las familias desde modelos que vean a las personas con dignidad, sobre todo ante políticas públicas injustas, muchas de las veces acompañar es estar presente desde el silencio.
Tras su experiencia como acompañante psicosocial, Paleta Pérez identificó que las familias logran documentar los procesos de desaparición como un acto de injusticia que enferma y que aniquila. En este sentido, las colectivas de mujeres se han agrupado con la esperanza de encontrar a sus seres queridos «en contextos que las han enfermado a ellas y a todos sus sistemas familiares».
Y aunque la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas brinda atención psicológica, esta muchas veces carece de una perspectiva que cobije el dolor y la determina como una patología, misma que permea en la salud y bienestar de las víctimas.
Desde su experiencia, María José* experimentó actos de estigmatización dentro y fuera de las comisiones, pues muchas veces logró observar que la gente dejaba de compartir los boletines o desacreditaba la búsqueda por la forma en cómo se veían los desaparecidos y llegando a escuchar que «tal vez tenga la culpa de estar ahí».
Estos escenarios crean situaciones donde las familias asumen la culpa de la ausencia, misma que corresponde al Estado, Paleta Pérez aclaró que «seguramente es porque tenía una actividad fuera de la ley, o porque las familias no supieron educarlo». Para él, ese duelo se vuelve incompleto, totalmente patologizado y que genera mayor culpa, a tal grado de perder «la vista o el habla».
Tanto María José como Guillermo coincidieron en que el escenario tlaxcalteca necesita espacios de salud mental dignos, los cuales deberían ser reconocidos como un derecho político y que, a la fecha, siguen sin reconocerse.
Lo que las familias, victimas de desaparición solicitan a la sociedad
Al mismo tiempo, ambos afirmaron que hace falta una mirada que comprenda el problema como una situación sistemática. Señalaron que, hasta hace algunos años, la población tlaxcalteca tenía al menos un familiar que había migrado y que, en la actualidad, ese mismo panorama se presenta, pero ahora con familias o conocidos víctimas de desaparición.
Ante ello, destacaron la importancia de contar con una red de apoyo y cuidado mutuo, sobre todo frente a instituciones que poco pueden hacer. Muchas madres buscadoras han solicitado amabilidad, pidiendo que los casos se manejen con la mayor ética posible; sin embargo, esto no se ha logrado.
Asimismo, María José* hizo una invitación a la sociedad en general a compartir las fichas de búsqueda e, incluso, a ser amables y acercarse al tema desde la generosidad, difundiendo los boletines entre familiares y conocidos, pues esto puede marcar una diferencia.
Afirmaron que se necesita «de un estado que se preocupe por sus ciudadanos», que permita construir narrativas y estrategias que realmente hagan que «nos sintamos seguros» y de brindar «salarios justos, un trabajo, prestaciones y trato digno», concluyeron.
Esta situación ocurre en un contexto en el que el Gobierno de México ha buscado minimizar la desaparición de personas como un problema estructural. El 2 de abril, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que la situación en el país podría corresponder a crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el gobierno federal —encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum— ha rechazado que se trate de una “catástrofe humanitaria” y, con ello, la necesidad de asistencia internacional y de investigar la posible participación de agentes estatales.
*Nota: Por temas de seguridad, el nombre de la entrevistada fue modificado por el de «María José López».
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