Tlaxcala, Tlax.- Mucho antes de que existieran los movimientos por los derechos de la comunidad LGBTTTIQA+, hubo personas que desafiaron las normas sexuales y de género impuestas por su tiempo. Sus historias no quedaron registradas en libros ni en relatos oficiales, sino en expedientes judiciales, denuncias y procesos penales que hoy permiten reconstruir una parte poco conocida del pasado tlaxcalteca.
Desde el siglo XVII, los archivos judiciales e históricos de la entidad dan cuenta de relaciones entre hombres que fueron registradas, en su mayoría, bajo esquemas de control social, vigilancia y persecución por parte de las autoridades civiles y eclesiásticas.
Hoy, esas historias vuelven a salir a la luz a través de la exposición «Memoria Histórica Diversa: Procesos históricos de visibilización de las disidencias sexuales», presentada por el Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala.
La muestra reúne fotografías, documentos y expedientes que permiten conocer algunas de las experiencias que permanecieron silenciadas durante generaciones y que forman parte de la historia de la diversidad sexual en la entidad.
Diversidad sexual en Tlaxcala: la memoria histórica que permaneció oculta en los archivos
Para comprender estos expedientes es necesario considerar el contexto jurídico y social de la época, de acuerdo con la investigación Entre Cuilonimiquiztlan y Sodoma, homosexualidad, cultura y ley en el México Colonial, el Dr. Óscar González Gómez, afirma que durante el virreinato la homosexualidad era considerada un «pecado nefando» y una conducta contraria al orden religioso y monárquico, por lo que podía ser castigada con la muerte, la confiscación de bienes y la exhibición pública de los condenados.
La persecución recaía principalmente sobre personas pertenecientes a castas como mestizos, mulatos y negros, mientras que los casos relacionados con sectores privilegiados solían recibir un trato distinto. Dependiendo de la gravedad atribuida por las autoridades, las sanciones también podían incluir azotes y trabajos forzados en obrajes.
1. ¿Placer o sodomía? el caso de Bernardo Cerón y Miguel Díaz de Zepeda
Entre los documentos exhibidos destaca un expediente fechado el 5 de agosto de 1694, en el que se documenta el proceso judicial contra dos vecinos de la ciudad de Tlaxcala; Bernardo Cerón, comerciante de origen español, y Miguel Díaz de Zepeda, músico arpista descrito en los registros como mulato libre, ambos fueron acusados por los delitos de molicie, masturbación, sodomía y sacrilegio.
De acuerdo con el documento, los hechos habrían ocurrido al interior de una capilla del convento de San Francisco, ubicado en la actual capital tlaxcalteca. El proceso fue impulsado por las autoridades coloniales, entre ellas Cipriano Díaz de Figueroa, entonces gobernador de Santa María de la Nueva Tlaxcala (nombre por el que se le conocía a Tlaxcala durante la etapa virreinal), así como por los alcaldes de la Sala del Crimen de la Real Audiencia.
La sentencia fue emitida por integrantes de la Real Sala del Crimen, quienes determinaron castigos distintos para cada uno de los acusados, mientras que Bernardo Cerón fue condenado al destierro de la ciudad de Tlaxcala y enviado a prestar servicio en el Hospital de San Hipólito, en la actual Ciudad de México, Miguel Díaz de Zepeda, por su parte, fue sentenciado a realizar dos años de trabajo forzado en un obraje o en una panadería.
El expediente, perteneciente al Fondo Histórico Judicial-Criminal del Archivo General e Histórico de la entidad, permite comprender la forma en que las autoridades virreinales investigaban, juzgaban y castigaban conductas relacionadas con la diversidad sexual en Tlaxcala. A su vez, constituye un testimonio de que las relaciones sexuales entre hombres existían en la sociedad novohispana, aunque eran perseguidas y sancionadas bajo una lógica de criminalización y castigo.
2. Denuncias de hechicería y agresiones sexuales entre hombres en el siglo XVIII
Otro de los expedientes exhibidos corresponde a una averiguación registrada en Tlaxcala el 2 de agosto de 1701 contra Francisco Martín, denunciado por Diego Felipe y Juan Domingo. El documento señala que los tres eran «naturales y vecinos de Santa Ana» y que la investigación formal se abrió bajo la acusación de que Francisco Martín era hechicero.
Dentro de los testimonios presentados, Juan Domingo relató dos episodios que vinculó tanto con actos de índole sexual como con supuestos efectos de brujería y enfermedad, en uno de ellos, declaró que mientras se encontraba bañando, Francisco Martín le dio una palmada en una nalga. Según su testimonio, después de ese incidente comenzó a padecer dolores en la cadera y una sensación constante de hormigueo.
Asimismo, denunció un segundo hecho ocurrido durante la noche y de acuerdo con la declaración, observó a Francisco Martín ingresar desnudo —o, como señala el documento, «en cueros»—, levantarle la ropa y tocarle «las partes bajas». Juan Domingo aseguró que, como consecuencia de estos acontecimientos, permaneció enfermo durante seis meses, situación que le impedía trabajar y obtener sustento para su familia.
Ante estas circunstancias, los denunciantes acudieron ante las autoridades coloniales para solicitar justicia. Este expediente muestra cómo, durante este periodo, las acusaciones relacionadas con conductas sexuales y agresiones entre hombres podían interpretarse bajo creencias asociadas a la hechicería, la enfermedad y la desviación moral, además de evidenciar que este tipo de experiencias quedaron registradas principalmente a través de procesos judiciales y denuncias formales de la diversidad sexual.
3. Travestismo forzado y abusos laborales en una finca de Huamantla
El tercer expediente de la exposición documenta las denuncias presentadas por un grupo de trabajadores indígenas contra Josefa de la Barrera, labradora y propietaria de la hacienda de Señora Santa Ana, ubicada en el actual municipio de Huamantla. Los denunciantes, identificados en el documento como «naturales», exigían el pago de su trabajo y denunciaban una serie de abusos y malos tratos cometidos dentro de la finca.
Entre los señalamientos expuestos ante las autoridades se encontraban castigos físicos, condiciones laborales precarias así como maltratos ejercidos tanto por la propietaria como por el mayordomo y otros sirvientes de la hacienda, en la denuncia, los trabajadores afirmaron haber sido azotados además de recibir cantidades insuficientes de maíz para su alimentación.
Uno de los aspectos más llamativos del expediente se encuentra en los castigos impuestos por Josefa de la Barrera, quien obligaba a hombres y mujeres a intercambiar sus prendas de vestir y las labores tradicionalmente asignadas a cada género. El documento relata:
«…hacer vestir y mudar de traje a los indios e indias; a los varones vestidos con naguas y güipiles, poniéndolos a moler tortillas, a hilar y a otros oficios y cosas de casa; y a las indias vestidas con cotones y calzones, llevándolas al campo a arar con las yuntas…»
Este testimonio, al igual que los expedientes documentados en 1694 y 1701, forma parte del Fondo Histórico Judicial-Criminal del Archivo General e Histórico. Más allá de los abusos laborales denunciados, el caso permite observar la importancia que tenían la vestimenta y la división social de las tareas entre hombres y mujeres dentro de la sociedad colonial.
4. Sodomía, embriaguez y castigo en el siglo XIX
Otro de los documentos recuperados por la exposición corresponde a un proceso judicial fechado el 15 de julio de 1856 en Chiautempan, este expediente fue instruido por el juez Luis María de la Torre en contra del tejedor Tomás Hernández y el tocinero Hipólito Hernández, ambos, acusados del delito de sodomía.
Dentro del proceso, Tomás Hernández presentó una declaración en su defensa en la que argumentó encontrarse en estado de ebriedad al momento de los hechos, luego de haber consumido una bebida conocida como «catalán» en la tienda de Picazo. Tras ampararse en esta condición, negó las acusaciones formuladas en su contra y señaló a Hipólito Hernández como responsable de un supuesto intento de robo.
Sin embargo, pese a los argumentos expuestos durante el proceso, las autoridades emitieron una sentencia condenatoria y señalando que los acusados fueron castigados con ocho meses de trabajo en obras públicas.
Este caso refleja cómo, durante el siglo XIX, las conductas relacionadas con la sexualidad continuaban siendo objeto de vigilancia y sanción por parte de las autoridades. Asimismo, muestra cómo el consumo excesivo de bebidas alcohólicas era frecuentemente utilizado en los procesos judiciales como una explicación de comportamientos considerados reprobables tanto por la justicia estatal como por la sociedad de la época.
Al igual que los expedientes documentados en el siglo XVII y XVIII, este proceso judicial evidencia las experiencias vinculadas con la diversidad sexual bajo el registro de denuncias, investigaciones y mecanismos de castigo.
De los archivos judiciales a la memoria histórica de la diversidad sexual en Tlaxcala
En conjunto, los cuatro expedientes muestran distintas formas de control social ejercidas durante la época virreinal y en la nueva etapa de soberanía nacional. Ya fuera mediante procesos judiciales, castigos, acusaciones de hechicería, imposición de roles de género o el consumo de alcohol, los documentos revelan cómo las autoridades y las estructuras sociales regulaban la sexualidad, la apariencia y el comportamiento de las personas.
A través de los documentos históricos que esta exposición presenta, se puede recorrer la historia de la diversidad durante los siglos XVII al XIX, evidenciando los juicios y las sanciones impuestas a personas cuyas identidades, expresiones de género o prácticas sexuales se apartaban de las normas establecidas en su tiempo. Al mismo tiempo, plantea un recorrido hacia el siglo XXI, un periodo marcado por avances importantes en materia de visibilidad, reconocimiento y derechos para la comunidad LGBTTTIQA+.
De esta manera, el Archivo General e Histórico busca rescatar e invitar a conocer las experiencias de la diversidad sexual en Tlaxcala que permanecieron silenciadas durante generaciones y contribuir a la construcción de una visión más inclusiva y diversa de la historia local, recuperando voces que durante siglos quedaron relegadas a los expedientes judiciales.
Tlaxcala, Tlax.- Sandra Arana Aguilar, médica cirujana tlaxcalteca de 39 años de edad, enfrenta desde hace más de cinco años un proceso penal por secuestro agravado en Zacatecas, mientras organizaciones civiles, familiares y su defensa sostienen que fue víctima de detención arbitraria, tortura y tortura sexual durante su captura en Tlaxcala.
Actualmente permanece privada de la libertad en el Centro Regional de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zacatecas, bajo la causa penal 731/2020, sin que hasta ahora exista una sentencia en su contra, aunado a esto, el pasado 28 de mayo inició el juicio oral, una etapa que se encuentra próxima a resolverse.
De una detención en Tlaxcala a un proceso por secuestro en Zacatecas
De acuerdo con la información difundida por su familia y organizaciones acompañantes, Sandra Arana fue detenida el 25 de agosto de 2020 mientras viajaba en su vehículo junto con su entonces pareja. La aprehensión fue realizada por personas armadas vestidas de civil que no se identificaron ni presentaron una orden de captura. Posteriormente, Sandra supo que se trataba de elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala.
Tras su detención, se le inició un proceso penal por el delito de extorsión en Tlaxcala, el cual pudo enfrentar en libertad. Sin embargo, al momento de obtener su liberación condicional fue nuevamente detenida debido a una orden de aprehensión emitida por un juez de control de Zacatecas por el delito de secuestro agravado.
Desde el 2 de septiembre de 2020 fue trasladada a esa entidad y permanece recluida mientras se desarrolla el proceso judicial. Los defensores argumentaron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas solicitó una pena de hasta 90 años de prisión pese a que, afirman, no existen pruebas suficientes que acrediten su participación en el delito.
Durante el juicio oral, la defensa ha cuestionado los elementos presentados por la Fiscalía para relacionarla con los hechos. Entre ellos se encuentra un dispositivo móvil que, sostienen, no pertenece a Sandra Arana y que además fue asegurado en el contexto de la detención que posteriormente fue señalada como arbitraria.
Mientras tanto, en mayo de 2025, el proceso penal por extorsión que enfrentaba en Tlaxcala concluyó sin que se encontraran pruebas en su contra.
Sandra Arana denuncia tortura y tortura sexual por parte de autoridades policiales
Además de enfrentar el proceso penal, Sandra Arana denunció haber sido víctima de violencia por parte de los agentes que participaron en su captura. Su testimonio asegura que tras ser obligada a subir al asiento trasero de su propio vehículo fue amenazada de muerte, golpeada, despojada de sus pertenencias y cubierta para impedir que identificara el lugar al que sería trasladada.
Posteriormente fue llevada a un baño donde, de acuerdo con la denuncia, varios hombres ejercieron actos de tortura y tortura sexual en su contra.
Dos años después de los hechos, en junio de 2022, peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas emitieron un dictamen médico y psicológico basado en el Protocolo de Estambul, en el que concluyeron que existe fundamentación para afirmar que Sandra sufrió tortura a manos de elementos de la Policía de Investigación de Tlaxcala.
Más tarde, en noviembre de 2023, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala emitió la Recomendación 06/2023, en la que acreditó graves violaciones a los derechos humanos durante su detención.
El caso también ha sido documentado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización que ha acompañado la denuncia por tortura y tortura sexual y cuyos hallazgos fueron incorporados al proceso penal.
Ante la inminente resolución del juicio oral, familiares, defensores y organizaciones civiles hicieron un llamado al Poder Judicial de Zacatecas para que el caso sea analizado con perspectiva de género y se evite la revictimización de Sandra Arana.
A decir de la defensa, las pruebas presentadas durante el juicio no son suficientes para sostener la acusación en su contra, por lo que solicitaron que se dicte una resolución que le permita recuperar su libertad después de más de cinco años de prisión preventiva.
«He luchado muchos años por mi libertad. Soy una mujer que lleva más de cinco años presa sin una sentencia, he tratado de agotar todos los recursos que tengo para mostrar mi verdad, para mostrar que realmente soy inocente», expresó Sandra Arana.
En Aguascalientes y Guanajuato, organizaciones ultraconservadoras operan una estrategia que combina desinformación, acoso en redes y acciones presenciales para frenar la interrupción legal del embarazo, con apoyo y capacitación vinculada a estructuras de derecha española incluida la Fundación Disenso, el laboratorio de ideas del partido VOX.
Por:Daniela Mendoza Luna
Organizaciones ultraconservadoras han montado una maquinaria implacable que lleva años construyéndose en las sombras: entrenan perfiles, con apoyo de la derecha española, para operar un esquema agresivo que combina campañas de desinformación y acoso sistemático a representantes del poder Legislativo y activistas, tanto en redes sociales como en el terreno físico, para detener la interrupción legal del embarazo y otros derechos conseguidos en luchas sociales. En los estados del Bajío, como Aguascalientes y Guanajuato, esa maquinaria ya está cambiando leyes.
El campo de batalla en Aguascalientes
Aguascalientes tiene hoy un título sombrío: es el único estado de México que ha logrado revertir una legislación de despenalización del aborto previamente aprobada. Un lunes cualquiera, sin debate público ni cobertura mediática, 18 legisladores del PAN y sus aliados en Aguascalientes votaron para recortar de 12 a 6 semanas el plazo legal para abortar. La maniobra fue rápida, casi invisible, dejando sin margen de reacción a los colectivos feministas. Pero está acción no fue espontánea.
Como antecedente, en agosto de 2023, acatando un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso local aprobó de forma discreta el aborto legal hasta las 12 semanas. La respuesta conservadora no tardó. Durante meses, los grupos organizados rastrearon los nombres de los diputados que habían votado en secreto, los exhibieron públicamente como «traidores» y lanzaron campañas de linchamiento digital y voto de castigo. Congelaron la publicación de la ley. Y en agosto de 2024, ejecutaron el golpe final.
«Movieron cielo, mar y tierra, consiguieron los nombres de cómo había sido la votación y empezaron a publicar los nombres para llamarlos traidores», relata Angie Contreras, activista de Aguascalientes.
La reforma vino acompañada de lo que Contreras describe como una «fábrica de mentiras»: mensajes que aseguraban que el aborto legal significaba «asesinar personas un minuto antes de que la mujer entre en trabajo de parto», que la ley permitía interrupciones «hasta el noveno mes». Mentiras diseñadas para infundir terror en la población y presionar a legisladores indecisos.
La contrarreforma prosperó también porque contó con la colaboración abierta del Poder Ejecutivo estatal: con la creación de la Secretaría de la Familia, los grupos religiosos ganaron terreno al incorporar sacerdotes dentro del consejo de toma de decisiones.
Hoy, la batalla se trasladó a la SCJN, donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad contra la reforma. Pero el proyecto del ministro Irving Espinoza Betanzo, que reconoce la inconstitucionalidad del retroceso, ha sido retirado repetidamente de la lista de sesiones por presiones de grupos antiderechos, manteniendo a las mujeres de Aguascalientes en un limbo jurídico.
El otro frente: Guanajuato y el portal de los «narcodiputados»
En Guanajuato, la despenalización del aborto no se ha revertido porque nunca ha llegado a aprobarse. Los grupos conservadores y el PAN, partido gobernante, han logrado mantenerla completamente bloqueada. En febrero de 2026, la SCJN otorgó un plazo de 90 días al Congreso estatal para legislar el tema. Los legisladores respondieron inventando el concepto de «días útiles» para congelar el reloj legislativo, arrastrando la discusión hasta el 25 de septiembre de 2026 y heredando deliberadamente el problema a la siguiente legislatura.
Mientras tanto, la discusión pública fue tomada por una campaña de una agresividad sin precedentes. En 2024, coincidiendo con el período de debate legislativo, apareció el portal elcarteldelaborto.org. La plataforma publicó fotografías de diputados locales que apoyaban el derecho a decidir bajo el apelativo de «narcodiputados», vinculándolos falsamente con el crimen organizado. Las mantas con sus rostros ensangrentados llegaron hasta las sesiones del Congreso.
«La página del Cártel del Aborto sigue activa. En las sesiones llevaban mantas que decían ‘Doctor Muerte’ con la foto del doctor Chaurand con los ojos con sangre. Era una cosa fea, violenta e intimidante», describe Valeria Vázquez, oficial para la despenalización del aborto de la organización Católicas por el Derecho a Decidir.
El hostigamiento rebasó la política. Los hijos de los funcionarios fueron perseguidos hasta sus escuelas.
La infraestructura detrás de la estrategia
El portal del «Cártel del Aborto» no operó en el vacío. Una investigación forense basada en inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) revela las conexiones técnicas que lo vinculan a una red más amplia.
El análisis muestra que los dominios carteldelaborto.org y su espejo carteldelaborto.mx comparten la misma configuración de servidores de correo y registros de autenticación bajo el proveedor Hostinger, lo que confirma un entorno técnico común. El rastreo a través de la dirección IP 193.160.64.108 destapó conexiones adicionales: los dominios femoc.mx, un sitio de la Federación Mexicana de Objetores de Conciencia y strategoslat.com comparten esa misma dirección IP, los mismos servidores de nombres y configuraciones de correo idénticas.
Strategos es una firma de comunicación y relaciones públicas. Al frente está Ricardo Robles Sánchez, su presidente, quien también es fundador de Patria Unida por un México Valiente y se desempeñó como vocero del PAN, de la American Chamber México y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Los hallazgos de esta investigación muestran que las plataformas Actívate y Patria Unida comparten infraestructura digital con el portal del Cártel del Aborto y con otros sitios de ideología afín.
En una escala menor de correlación se detectó al sitio sabervotar.mx, el cual comparte el mismo espacio de alojamiento IP, aunque opera con una huella digital diferente en sus servidores. Sobre este sitio, el creador de ActívateJosé Ángel Soubervielle, señala en una entrevista de 2023, que Saber Votar es “una organización con la que trabajan y haremos alianza para ver a los candidatos”, afirmó.
Aristegui Noticias y Verificado MX denunciaron la página en noviembre de 2024, tras su aparición en redes sociales y en pancartas colocadas en distintos puntos de Ciudad de México y Estado de México, con mensajes que equiparaban la despenalización del aborto con «legalizar asesinar bebés de hasta los 9 meses de gestación». Los contenidos incluían un código QR que dirigía al sitio web.
La infantería: Actívate y Patria Unida
La red Actívate, fundada por José Ángel Soubervielle, se define en su propio aviso de privacidad como «una plataforma digital que promueve la participación ciudadana». Es una marca registrada por la Coordinadora de Servicios de Apoyo a la Familia, A.C., conocida como Red Familia. Opera como una maquinaria digital que moviliza a usuarios para presionar a organismos internacionales y legisladores locales en México. En contextos como los de Aguascalientes y Guanajuato, ha sido fundamental para coordinar campañas de hostigamiento digital y correos masivos destinados a frenar iniciativas sobre derechos reproductivos.
A diferencia de grupos tradicionales, esta red suele enfocarse en un perfil más joven y utiliza un lenguaje que simula el activismo ciudadano para ganar legitimidad en entornos digitales, funcionando como un motor de contenido que luego es replicado por organizaciones aliadas como el Frente Nacional por la Familia y otras.
En la práctica, funciona como un bloque de presión institucional. En una entrevista para el podcast de Movimiento Renovador Viva México, en abril de 2023, el propio Soubervielle describió sus métodos:
«Agarramos los teléfonos de los diputados y los mandamos por correo a la gente que ya firmó, y les saturamos las líneas telefónicas para que la gente exija (…) le mandamos un tweet prediseñado con la información que tenemos, y les decimos, los puedes modificar o tuitear lo que está aquí, y hemos tenido 10 o 15 mil personas tuiteando a la vez a un diputado, a un senador».
La plataforma Actívate es una pieza clave de la infraestructura tecnológica antiderechos en México, especializada en transformar el apoyo digital en una herramienta de coacción institucional y cabildeo digital.
Además, Actívate es el punto de encuentro digital donde Patria Unida une fuerzas con otras 36 agrupaciones civiles afines, entre ellas Unión Mujer, Hazte Sentir y el Frente Nacional por la Familia. La plataforma les permite unificar convocatorias, amplificar el impacto en redes sociales y presentarse como un bloque ciudadano sólido.
Patria Unida por un México Valiente es la organización que le da cuerpo político a esta operación. Fundada en 2022 y encabezada por su presidenta Alice Galván, se presenta como una fundación conservadora cuyo propósito es «la restauración moral, cultural y política del país» y la defensa de los valores tradicionales de la civilización occidental, como la vida, la familia, la libertad, la patria y la fe. Su propósito central es la formación de ciudadanos y líderes, presentándose como una alternativa frente al avance de corrientes ideológicas que consideran contrarias a la soberanía nacional y a la identidad cultural mexicana; y su modelo de trabajo combina herramientas educativas y de vinculación ideológica, implementando seminarios web, una «Escuela de Líderes» y alianzas con bloques internacionales de derecha, como el Foro Madrid y la Coalición Política Conservadora.
La dinámica operativa es precisa y no se queda en el entorno digital: Patria Unida recolecta respaldo en el portal de Actívate y luego acude físicamente, acompañada de sus estudiantes de la Escuela de Líderes, al Senado o a la Cámara de Diputados para entregar las firmas impresas a legisladores aliados. Los líderes formados en su escuela se mueven simultáneamente en varias redes y partidos como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, coordinando acciones directas como campañas en línea, conferencias, capacitaciones y marchas.
La organización también tiene vínculos documentados con el poder legislativo. La diputada local por Querétaro Elsa Méndez, electa en dos ocasiones, escribe habitualmente en el blog de Patria Unida y ha sido señalada por pertenecer a una red que busca financiamiento público para organizar conferencias de figuras de la ultraderecha como Sara Winter. Méndez también recibió el respaldo de la organización en una querella contra la legisladora Salma Luévano, cuando ésta subió a tribuna a presentar una iniciativa para penalizar los discursos de odio de representantes de la iglesia, vestida con sotana y mitra.
Los “soldados de la batalla cultural” formados por VOX
Para graduarse de la Escuela de Líderes de Patria Unida, los estudiantes deben ser certificados por la Fundación Disenso: el laboratorio de ideas del partido español VOX, de corte conservador, fundado en 2020 y presidido por Santiago Abascal. Disenso produce informes, organiza seminarios y promueve la llamada «Carta de Madrid» en la «Iberósfera».
La fundación española tiene como propósito declarado, hacer frente a la corrección política y promover debates culturales, políticos y sociales en el mundo hispanohablante, operando como una red de influencia internacional con entidades afines.
El vínculo no es ideológico solamente. Es operativo. Los cuadros que gradúa Patria Unida en alianza con el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social (CEU CEFAS), un centro de investigación perteneciente a la Fundación Universitaria San Pablo y la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) de España; funcionan como el «brazo operativo digital» donde los activistas locales replican estrategias discursivas y formatos de campaña que se originan en este circuito transnacional para ejercer y medir su capacidad de convocatoria real en la sociedad mexicana.
La estrategia: los hilos narrativos
Lo que hace eficaz a esta red no es sólo su organización, sino la sofisticación de sus mensajes. Sus voceros ya no usan argumentos religiosos; se presentan como ciudadanos expertos, abogados técnicos, jóvenes insubordinados. Se apropian de consignas feministas «ni una menos (en el vientre materno)» y se retratan a sí mismos como los «oprimidos» frente a un supuesto dominio absoluto del progresismo en internet.
Para el lingüista y creador de contenido Adrián Chávez, los grupos conservadores han adoptado consignas y formatos propios del activismo por los derechos humanos para promover causas opuestas como una estrategia deliberada para captar audiencias jóvenes.
Chávez destaca que una maniobra clave para captar hombres jóvenes es presentarse como «insubordinados» ante el statu quo lo que genera un atractivo identitario, pues para las nuevas generaciones, estos discursos pueden sonar rebeldes porque desafían lo que perciben como el discurso institucional o «regañón» de la izquierda.
También suelen realizar una inversión al rol de víctimas, es decir, se hacen pasar por los «afectados», mientras se aprovechan de los mecanismos lingüísticos de desinformación como la generalidad y la falta de fuentes; titulares preguntones o extremos, e incluso el uso de adjetivos valorativos.
Sobre las tácticas digitales maliciosas, la especialista en comunicación online Haydeé Quijano, identifica otro mecanismo central: la explotación de ansiedades.
Los grupos identifican vacíos de información sobre consecuencias en la salud, legalidad o procesos de adopción y los llenan con datos falsos basados en prejuicios y miedo.
Sus sitios, además, están optimizados con buenas prácticas de SEO para aparecer en los primeros resultados de búsqueda cuando alguien intenta informarse sobre derechos sexuales.
«Un ejemplo muy específico son ataques dirigidos: campañas de desprestigio, acoso y amenazas a colectivas que acompañan abortos. También hay información falsa sobre la identidad e intenciones de sus propias organizaciones, las consecuencias del aborto para la salud, sobre el procedimiento del aborto, sobre la edad gestacional del producto, sobre la sensibilidad o viabilidad del producto, sobre la legalidad del procedimiento, sobre los procesos legales de adopción. Hay mucha información engañosa», explica Quijano.
Chávez añade otro mecanismo frecuente: la desinformación legal. «Otra estrategia también que encontramos mucho es el utilizar la desinformación, aprovechando la falta de conocimiento que todas las personas tenemos sobre resoluciones legales o judiciales, por ejemplo, recién salió una: ‘El Congreso prohíbe el lenguaje incluyente’, pero si se lee la resolución, no hay nada de eso«, dice.
Quijano insiste en que estas acciones no son aisladas: presentan una coordinación regional e intercontinental que les permite reaccionar estratégicamente ante coyunturas específicas para dominar la conversación pública.
El derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes en México enfrenta su terreno más hostil en el Bajío. Mientras el mapa nacional avanza paulatinamente hacia la despenalización, Aguascalientes y Guanajuato se han convertido en los laboratorios de una maquinaria que combina el cabildeo político express con campañas de pánico moral, infraestructura digital compartida y formación ideológica internacional.
Los soldados del algoritmo operan en múltiples frentes a la vez: saturan teléfonos, viralizan memes, levantan portales de difamación, forman líderes, entregan firmas en el Congreso.
La desinformación organizada ya no es solo ruido en internet. Ya está cambiando leyes y por ahora, está ganando.
Esta nota fue publicada originalmente en Verificado, integrante de la red de verificadores Latam Chequea y signatario de la IFCN.
Tlaxcala, Tlax.- Una investigación realizada por el diario El Popular identificó que Luis Gabino Vargas González acumuló al menos 15 contratos públicos por cerca de 2.7 millones de pesos durante las administraciones del priista Marco Antonio Mena Rodríguez y de la actual gobernadora morenista, Lorena Cuéllar Cisneros.
Durante al menos dos sexenios, el empresario y figura política obtuvo contratos relacionados con la venta de productos de oficina, servicios de impresión, difusión gubernamental, suministro de equipo deportivo e incluso pagos de energía eléctrica. Durante este tiempo, la empresa Gora Corporativa Empresarial S.A. de C.V. obtuvo contratos mediante adjudicación directa, un mecanismo que ha sido señalado por los riesgos de opacidad y posibles sobreprecios.
De acuerdo con la investigación, la empresa ha estado vinculada de manera directa con Luis Gabino Vargas González, actual senador suplente de José Antonio Cruz Álvarez Lima, por el partido Movimiento de Regeneración Nacional. A ello se suma su presencia dentro de distintas administraciones estatales, su crecimiento político en Tlaxcala y testimonios laborales que señalan presuntas prácticas de presión interna y condiciones demandantes dentro de la empresa.
De 15 contratos otorgados a la empresa de Luis Gabino Vargas, la mayoría fueron entregados por adjudicación directa
Durante esta semana, el diario El Popular compartió una investigación sobre el presidente del partido Fuerza por México, el cual está encabezado por el accionista de la empresa Gora Corporativo Empresarial S.A. de C.V. Luis Gabino Vargas González, misma que ha estado vinculada con contratos públicos por 2 millones 789 mil pesos durante los años de 2018 y 2024 en distintas dependencias del Gobierno de Tlaxcala, durante la investigación, varios de estos contratos fueron asignados mediante adjudicación directa.
La investigación realizó una revisión mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y al Registro Público de Comercio (RPC) e identificando que la sociedad mercantil obtuvo al menos 15 contratos durante los gobiernos del priista Marco Antonio Mena Rodríguez y la morenista Lorena Cuéllar Cisneros; y que, únicamente dos de los quince procedimientos fueron sometidos a licitación, mientras que los 13 restantes fueron entregados sin concurso abierto.
Asimismo, los contratos abarcan distintas actividades empresariales y de servicios que van desde servicios de papelería, impresión y material publicitario, hasta pagos de energía eléctrica, elaboración de material institucional, suministro de artículos deportivos y servicios de difusión gubernamental.
Según información del medio poblano, la empresa con sede en Tlaxcala pertenece en un 50 por ciento a Luis Gabino Vargas González, exdirector de Gobernación y Desarrollo Político y actual dirigente estatal de Fuerza por México Tlaxcala (así como senador suplente de Luis Antonio Cruz Álvarez), mientras que la otra mitad de la empresa corresponde a Angélica González Rodríguez, apoderada legal de la sociedad y directora de inclusión de la mujer en la industria de la Asociación de Empresas y Empresarios de Tlaxcala.
El objeto social registrado ante la Secretaría de Economía permitió observar que la empresa opera en múltiples rubros comerciales, desde papelería y servicios gráficos hasta maquinaria pesada, textiles, bebidas y publicidad, permitiendo tener una mayor amplitud en su dinámica comercial.
Luis Vargas, dirigente de Fuerza Por México en Tlaxcala, recibió contratos públicos a través de Gora Corporativo Empresarial. Foto: El Popular Mx.
Contratos millonarios en dos administraciones
La información sugiere que el mayor momento se registró en 2018, durante la administración del priista Marco Antonio Mena Rodríguez, durante ese año, Gora Corporativo Empresarial obtuvo un contrato por 1 millón 847 mil pesos para el diseño, impresión y distribución de material del Sistema Estatal DIF, encabezado por Maday Capilla Piedras.
Durante ese mismo periodo, Luis Vargas se desempeñaba como titular del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario (SEPUEDE) y simultáneamente encabezaba el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (ICATLAX), una estructura estratégica que estaba vinculada con programas de empleo y capacitación laboral dentro del territorio tlaxcalteca.
Además, antes de llegar al gobierno estatal de Marco Mena, Vargas González había construido su presencia pública desde la presidencia de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO-Servytur) del municipio de Chiautempan, donde fortaleció vínculos con empresarios, cámaras comerciales y dependencias estatales como la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (SECTYDE).
Con la llegada de Lorena Cuéllar Cisneros al Ejecutivo estatal, la empresa continuó obteniendo contratos públicos, tan solo en 2022 acumuló más de 716 mil pesos mediante cinco convenios (uno de ellos licitado) relacionados con impresión de material institucional para la Coeprist, suministró artículos deportivos para la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), y dotó de artículos de papelería a distintas áreas del sector salud del estado bajo los documentos GET-OMG-INVN-222/2022-013, P_389, UATx-ADQ-52-2022 y dos fichas de la PNT.
El exdirector de Gobernación mantuvo vínculos con gobiernos de Marco Mena y Lorena Cuéllar, en cuyos periodos obtuvo contratos. Foto: El Popular Mx.
Y aunque para 2023 los montos disminuyeron, uno de los contratos destacó por haber sido firmado con el Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala para cubrir pagos de energía eléctrica de la Casa de Justicia del Distrito Judicial de Zaragoza, además de otros servicios relacionados con impresión y material informativo para dependencias del sector salud.
Mientras tanto, para 2024 Gora Corporativo Empresarial obtuvo otros cinco contratos por más de 181 mil pesos con distintas dependencias estatales. Entre ellas se encuentran la Oficialía Mayor de Gobierno, por servicios de fotocopiado e impresión; la Secretaría de Educación Pública, por la adquisición de lonas de bienvenida, números de seriación y reconocimientos; así como la Secretaría de Movilidad y Transporte, por la compra de material de vinil impreso.
A estos contratos se suman los realizados por el CECyTE Tlaxcala para la adquisición de material publicitario y por la Secretaría de Impulso Agropecuario ante la compra de material de difusión. Todos los convenios quedaron registrados en los documentos 2_260-1-2024 AD, 5_530-1-2024 AD, 6_494-1-2024 AD, 3_625-1-2024 y 1_180-1-2024 AD.
Ascenso político y presencia en el oficialismo
Aunado a ello, la trayectoria política de Luis Vargas atravesó distintas administraciones estatales. Tras concluir el sexenio priista, el empresario y funcionario se afilió al partido Fuerza por México Tlaxcala el 19 de enero de 2020 y posteriormente asumió la dirigencia estatal del instituto político, cargo que mantuvo hasta 2025 cuando la presidencia del Comité Directivo Estatal pasó a manos de la diputada local Reyna Flor Báez Lozano, actual dirigente del partido en Tlaxcala y esposa del senador suplente.
La cercanía que obtuvo con Lorena Cuellar derivó en su nombramiento como representante delegacional del Gobierno de Tlaxcala en la Ciudad de México entre octubre de 2021 y febrero de 2025, cargo por el que percibía un salario mensual de 60 mil pesos.
Posteriormente, entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, fue designado director de Gobernación y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno estatal, con una percepción mensual de 80 mil pesos antes de impuestos.
En paralelo, Vargas González fortaleció su presencia dentro del bloque oficialista y aunque inicialmente buscó una candidatura federal por el distrito de Apizaco, finalmente fue registrado como senador suplente en la fórmula encabezada por José Antonio Álvarez Lima.
De acuerdo con información del medio ABC Tlaxcala, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) invalidó el registro de Jorge Corichi Fragoso debido a inconsistencias detectadas por la Dirigencia Nacional de MORENA y el Instituto Nacional Electoral (INE) y, en su lugar, el Tribunal ordenó el registro de Luis Vargas González como suplente del candidato a senador José Antonio Álvarez Lima en abril de 2024.
Pese a las impugnaciones impuestas por el exedil de la capital, las autoridades electorales validaron el registro y, tras las elecciones de junio de 2024, el Instituto Nacional Electoral (INE) entregó a Vargas González la constancia de mayoría como senador suplente para la LXVI Legislatura.
Testimonios laborales señalan presión y falta de reconocimiento
Además de los contratos públicos, se pudo consultar información sobre la empresa Gora Corporativo Empresarial S.A. de C.V. en plataformas laborales como Indeed, donde aparecen evaluaciones de trabajadores y exempleados sobre las condiciones internas dentro del corporativo.
Los testimonios consultados coinciden en señalar jornadas demandantes, presión laboral constante y falta de reconocimiento económico, además, uno de los comentarios refiere que dentro de la empresa «todo tiene que salir bien a la primera» y asegura que el contacto con directivos ocurre «solo cuando te van a regañar».
Otro testimonio define a la compañía como un «buen empleo», aunque con «demasiadas dolencias en cuanto a personal y capital para solventar pagos de horas extras». También señaló que, pese a cierta flexibilidad de horarios, las cargas laborales resultan «demasiado demandantes sin tener una retribución».
El pasado 25 de mayo, algunos Ayuntamientos de Tlaxcala publicaron avisos en sus páginas oficiales de Facebook informando a la población sobre la suspensión indefinida del servicio de recolección de basura. En las publicaciones se pedía a la ciudadanía “no sacar la basura a la calle para evitar contaminación y malos olores” y se explicó que la medida respondía a trabajos de mantenimiento en los rellenos sanitarios de Tetla y Nanacamilpa. Sin embargo, la situación generó incertidumbre y caos en diversas comunidades.
Es importante recordar que los rellenos sanitarios de Panotla y Huamantla (que en realidad son tiraderos a cielo abierto) fueron cerrados en junio de 2025. A casi un año de esta decisión, las consecuencias se han hecho cada vez más evidentes. Actualmente, los camiones recolectores de más del 80% de los municipios de Tlaxcala, deben recorrer largas distancias para depositar aproximadamente 570 toneladas diarias de residuos. Esto no solo representa un desafío logístico y económico para el traslado de los desechos, sino que también ha afectado la frecuencia y eficiencia del servicio de recolección.
Tlaxcala es una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental, enfrentando problemáticas graves relacionadas con daños a la salud de las personas, deterioro del suelo, pérdida de biodiversidad y un crecimiento urbano desmedido derivado del proceso de industrialización. En este contexto, la crisis de manejo de residuos sólidos agrava todavía más una situación ya de por si grave.
Ante este panorama surgen preguntas que son importante nombrarlas ¿qué es lo que realmente se requiere hacer con la basura? ¿cuál es la respuesta que obtendremos de las autoridades ante esta situación? ¿qué papel deben asumir la ciudadanía y los gobiernos municipales y estatales?
Lo que resulta evidente es que abrir espacios o lugares para depositar la basura no representa una solución de largo plazo; únicamente posterga una crisis que continúa creciendo. Ninguna comunidad de Tlaxcala debería ser condenada a convertirse en el destino final de la basura generada por casi la mitad del estado, como pretende hacerse con la comunidad de San Pedro Ecatepec, en el municipio de Atlangatepec, cuyos habitantes se manifestaron en contra la pretensión de instalar una empresa recicladora y de tratamiento de residuos, considerando que esto se trata de un agravio para las y los pobladores.
La discusión debe ir más allá de dónde depositar los residuos: es necesario replantear el modelo de consumo, fortalecer las estrategias de reducción y reciclaje, e impulsar políticas públicas que prioricen la gestión integral de los residuos.
Durante años, la solución institucional ha consistido en trasladar la basura de un territorio a otro, sin atender las causas estructurales que originan el aumento constante de residuos. Mientras tanto, las comunidades cercanas a rellenos sanitarios continúan enfrentando afectaciones directas: contaminación del agua y del suelo, malos olores, proliferación de fauna nociva y riesgos permanentes para la salud.
Frente a este panorama en Tlaxcala existen experiencias que han decidido impulsar un proceso para eliminar progresivamente la eliminación de la basura. Un ejemplo de ello es el Cobat 05 de Panzacola, institución que desde hace más de un año impulsa el programa basura cero, una iniciativa que les ha permitido intervenir en el destino final de los residuos que generan. En el tiempo que han venido desarrollando el programa han podido manejar hasta el 90% de los residuos que generan y han obtenido 75 kilogramos de composta, todo ello lo han venido logrando a través de capacitaciones constantes a la planta educativa, además de una estrategia de difusión que les permite informar a todas y todos pero también ir sensibilizando sobre la importancia de la separación.
Esta experiencia es una alternativa que podría implementarse en los hogares de las personas, en los comercios, en las plazas públicas y en los ayuntamientos.
La solución a los problemas que hoy tenemos con la gestión de residuos no es traer una planta para incinerar, ni buscar más terrenos para enterrar, ni mucho menos pedirle a la gente de última hora que guarde la basura en su casa. La solución pasa por cambiar de raíz la forma en que nos relacionamos con los desechos que generamos, además de cuestionar el sistema neoliberal que nos rige, ya que este modelo nos impone la manera en que consumimos y desechamos.
Margarita Sánchez Cruz
Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.
Tlaxcala, Tlax.– El Congreso del Estado ingresó oficialmente en periodo de receso legislativo tras la primer mitad del año el cual estuvo marcado por contrastes en la productividad de la LXV Legislatura y aunque mayo se consolidó como el mes con mayor actividad parlamentaria, nuestra base de datos evidencian periodos de baja participación y una limitada cantidad de resultados concretos en el pleno.
De acuerdo con el análisis realizado entre enero y mayo de 2026, se contabilizaron 120 actividades legislativas; sin embargo, la mayoría correspondieron a iniciativas que aún permanecen en fase de propuesta, mientras que los dictámenes avanzaron a un ritmo considerablemente menor.
Los datos muestran un Congreso activo en la presentación de planteamientos legislativos, pero con dificultades para concretar avances dentro del proceso parlamentario, escenario que coincide con el inicio del receso legislativo y reabre el debate sobre la efectividad del Poder Legislativo en Tlaxcala.
En el pleno | Entre propuestas y dictámenes, así avanzó la productividad legislativa durante este medio año
Entre enero y mayo de 2026, el Congreso del Estado acumuló 120 actividades legislativas, con un incremento gradual conforme avanzaron los meses y alcanzando su punto más alto en mayo, cuando se registraron 44 movimientos parlamentarios.
De acuerdo con la base de datos que Escenario Tlx construyó a partir del seguimiento de la actividad legislativa, enero cerró con 12 actividades, febrero con 19, marzo con 26, abril nuevamente con 19 y mayo con 44 registros, convirtiéndose este último en el periodo con mayor carga legislativa.
No obstante, el análisis también refleja una dinámica centrada en la acumulación de propuestas sin resolución definitiva. De las 120 actividades contabilizadas, 87 permanecen en fase de «Propuesta», mientras que únicamente 27 alcanzaron el estatus de «Dictamen».
La mayoría de los documentos ingresados correspondieron a iniciativas formales, con 93 registros. A ello se suman siete reformas, cinco armonizaciones, cinco proyectos de acuerdo, dos puntos de acuerdo y dos solicitudes.
Respecto a la participación individual, los registros exhiben diferencias marcadas entre quienes impulsaron la agenda legislativa y quienes tuvieron una presencia mínima en el pleno.
La diputada Gabriela Hernández Islas encabezó la lista con 10 propuestas presentadas de manera individual. Le siguieron Héctor Israel Ortiz Ortiz y Sandra Guadalupe Aguilar Vega, ambos con ocho iniciativas; Laura Yamili Flores Lozano, con siete; y Soraya Noemí Bocardo Phillips, con seis registros.
Diez legisladores conformaron el bloque de productividad media en el Congreso
El análisis también permitió identificar a un bloque de 10 diputadas y diputados con una productividad media, al acumular entre dos y cuatro iniciativas presentadas a título personal.
Lorena Ruiz García, Madai Pérez Carrillo y María Ana Bertha Mastranzo Corona encabezaron este segmento con cuatro iniciativas cada una. Les siguieron Jaciel González Herrera, Reyna Flor Báez Lozano, Maribel Cervantes Hernández y Vicente Morales Pérez, con tres propuestas respectivamente.
Por su parte, Miguel Ángel Caballero Yonca, Engracia Morales Delgado y Anel Martínez Pérez registraron dos iniciativas cada uno, mientras que Miriam Esmeralda Martínez Sánchez se posicionó como la única legisladora con cinco propuestas durante el periodo analizado, una de ellas fue aprobada en marzo y refiere a la reforma al Código Penal para sancionar violencia digital mediante inteligencia artificial.
En contraste, Bladimir Zainos Flores, David Martínez del Razo, Maribel León Cruz y Silvano Garay Loredo registraron únicamente una propuesta durante los primeros cinco meses del año. A este grupo se suman Ever Alejandro Campech Avelar, Emilio de la Peña Aponte y Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, quienes no presentaron iniciativas individuales en el pleno del Congreso local.
Miriam Esmeralda Martínez y Gabriela Hernández encabezaron la actividad legislativa de mayo; salud, búsqueda de personas y procesos electorales dominaron la agenda
Mayo concentró la mayor actividad dentro del Congreso del Estado, acumulando 44 movimientos legislativos. De ellos, 30 correspondieron a iniciativas presentadas en el pleno y nueve alcanzaron el estatus de dictamen.
Sin embargo, las 30 iniciativas ingresadas durante ese mes permanecen aún bajo el estatus de «Propuesta», es decir, sin avances definitivos dentro del proceso legislativo. En contraste, los dictámenes concretados correspondieron a cinco reformas y tres proyectos de acuerdo.
En cuanto a la participación individual, 16 de los 23 legisladores locales subieron al pleno para presentar propuestas propias. La lista fue encabezada por Miriam Esmeralda Martínez Sánchez, del PAN y por Gabriela Hernández Islas, de Morena, ambas con cuatro iniciativas, mientras que Sandra Aguilar Vega ocupó el tercer lugar con tres registros.
Cabe resaltar que durante este periodo, la diputada Gabriela Hernández subió al pleno para presentar iniciativas entorno a las acciones afirmativas acciones para personas con discapacidad, así como en la creación de centros de atención canina y felina en los 60 municipios además de presentar una iniciativa en materia de salud para brindar asistencia psicológica a madres embarazadas y gestantes así como en materia de economía, enfocada en la creación de una ley en el estado enfocada en la economía circular.
Por su parte, Miriam Esmeralda Martínez Sánchez enfocó su agenda legislativa en temas relacionados con los derechos humanos, el cuidado, la protección de las infancias y la participación política de las mujeres. Entre sus propuestas destacaron las iniciativas para reconocer expresamente el derecho al cuidado digno como un derecho humano dentro de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala.
Así como la reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Ley de Educación estatal con el objetivo de fortalecer el derecho al cuidado y consolidar la educación inicial como un eje fundamental para el desarrollo de las infancias.
En materia electoral, y de cara al proceso de 2027, propuso incorporar la violencia política contra las mujeres en razón de género como causal para invalidar una elección cuando ésta sea sistemática, grave y determinante en el resultado de la contienda e impulsó una iniciativa orientada a fortalecer los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas desde el primer momento en que se reporta su ausencia.
Mientras que Sandra Guadalupe Aguilar Vega enfocó parte de su actividad legislativa en temas de seguridad pública y derechos laborales, destacando la reforma a la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana del Estado para fortalecer las atribuciones de la Policía de Investigación e Inteligencia con perspectiva de derechos humanos y atención a víctimas, así como modificaciones a la Ley Laboral de los Servidores Públicos para ampliar los derechos de maternidad, lactancia y adopción.
Soraya Bocardo, Laura Yamili Flores, Reyna Flor Báez y Jaciel González acumularon dos iniciativas cada uno, mientras que otros nueve diputados registraron únicamente una participación durante el mes.
La agenda legislativa de mayo también destacó por la diversidad de temas abordados, al concentrar al menos 15 áreas distintas. Política encabezó la lista con seis registros, seguida de Academia y Educación con cinco. Municipios, Personas con Discapacidad, Género y Medio Ambiente registraron tres iniciativas cada uno. A este panorama se sumó un incremento en propuestas vinculadas a procesos electorales, perfilando parte de la discusión rumbo a la contienda de 2027.
Abril concentró debates sobre derechos sociales, transparencia y grupos vulnerables
Durante abril, 12 legisladores tuvieron participación en el pleno y, a diferencia de mayo, la actividad parlamentaria se concentró en un menor número de perfiles, pues la diputada Gabriela Hernández Islas encabezó nuevamente la participación mensual al presentar el mayor número de iniciativas, consolidándose como una de las legisladoras con mayor actividad durante el año legislativo. Le siguió María Aurora Villeda Temoltzin, con dos iniciativas.
Vicente Morales Pérez, Maribel Cervantes Hernández, Sandra Guadalupe Aguilar Vega, Laura Yamili Flores Lozano, Engracia Morales Delgado, Bladimir Zainos Flores, Héctor Israel Ortiz Ortiz, Anel Martínez Pérez, Soraya Noemí Bocardo Phillips y David Martínez del Razo presentaron una iniciativa cada uno.
La discusión legislativa estuvo centrada principalmente en derechos sociales y funcionamiento gubernamental, abarcando al menos nueve áreas distintas. Derechos Humanos y Poblaciones Vulnerables encabezaron la agenda con cinco registros, seguidos de Gobierno y Transparencia con la misma cantidad.
A su vez, Género y Feminismos, así como LGBTTTIQA+, acumularon dos registros respectivamente. Temas vinculados a movilidad, cultura, salud y sexualidad, medio ambiente y política registraron una iniciativa cada uno.
En términos generales, durante abril se contabilizaron 19 documentos legislativos. De ellos, 16 correspondieron a iniciativas turnadas a comisiones, además de dos armonizaciones y un punto de acuerdo que sí alcanzaron el estatus de dictamen.
Marzo fue el segundo mes con mayor actividad legislativa en el Congreso local
Durante marzo, el ritmo legislativo se mantuvo constante y el mes se consolidó como el segundo con mayor actividad del periodo analizado, acumulando 26 registros parlamentarios.
Al menos 15 diputadas y diputados subieron al pleno para presentar propuestas individuales. A diferencia de abril y mayo, la agenda fue encabezada por la perredista Laura Yamili Flores Lozano, quien presentó tres iniciativas.
Asimismo, Gabriela Hernández Islas, Héctor Israel Ortiz Ortiz, María Ana Bertha Mastranzo Corona, María Aurora Villeda Temoltzin, Miguel Ángel Caballero Yonca y Madai Pérez Carrillo registraron dos iniciativas cada uno.
Por otra parte, Maribel Cervantes Hernández, Blanca Águila Lima, Jaciel González Herrera, Soraya Noemí Bocardo Phillips, Reyna Flor Báez Lozano, Sandra Guadalupe Aguilar Vega, Miriam Esmeralda Martínez Sánchez y Lorena Ruiz García participaron con una iniciativa respectivamente, abordando temas relacionados con política, cultura, personas con discapacidad y derechos laborales.
De los 26 documentos leídos durante las sesiones del Congreso, 25 correspondieron a iniciativas y uno más a un proyecto de acuerdo. Sin embargo, 22 permanecen en fase de «Propuesta», mientras que únicamente cuatro alcanzaron el estatus de dictamen.
Febrero mostró una agenda diversa; pocas iniciativas lograron avanzar a dictamen
Durante febrero, la actividad legislativa estuvo marcada por una participación distribuida entre distintos perfiles parlamentarios, aunque únicamente tres legisladores lograron presentar más de una propuesta en el pleno. En este sentido, Sandra Guadalupe Aguilar Vega, Madai Pérez Carrillo y Héctor Israel Ortiz Ortiz encabezaron la participación individual con dos propuestas cada uno.
En contraste, Laura Yamili Flores Lozano, Gabriela Hernández Islas, María Aurora Villeda Temoltzin, María Ana Bertha Mastranzo Corona, Lorena Ruiz García, Soraya Noemí Bocardo Phillips y Vicente Morales Pérez registraron una sola intervención legislativa.
La agenda parlamentaria abarcó al menos nueve rubros distintos. Gobierno y Transparencia concentró el mayor número de registros con cuatro iniciativas, seguido de Política, Derechos Humanos y Poblaciones Vulnerables, así como Academia y Educación, con tres registros cada uno.
Por su parte, Salud y Sexualidad acumuló dos iniciativas, mientras que Finanzas, Movilidad, Personas con Discapacidad y Animales y Seres Sintientes registraron únicamente una propuesta cada uno.
En total, durante febrero se contabilizaron 19 documentos legislativos, de los cuales 14 correspondieron a iniciativas, dos a armonizaciones, dos a reformas y una a solicitud. Sin embargo, la mayoría permanecieron en fase de «Propuesta». Únicamente cinco alcanzaron el estatus de dictamen: dos reformas, una armonización, una iniciativa y una solicitud.
Enero registró la menor actividad legislativa, pero alcanzó la tasa de dictaminación más alta
Enero fue el mes con menor actividad legislativa dentro del análisis, acumulando únicamente 12 movimientos parlamentarios. No obstante, este comportamiento suele responder al arranque del calendario legislativo y la instalación de agendas dentro del Congreso local.
La participación individual fue reducida y estuvo encabezada por Héctor Israel Ortiz Ortiz, con dos iniciativas presentadas ante el pleno. Soraya Noemí Bocardo Phillips, Maribel León Cruz, Lorena Ruiz García y Sandra Guadalupe Aguilar Vega registraron una iniciativa cada una.
En cuanto a los temas discutidos, Gobierno y Transparencia lideró la agenda con cinco registros, seguido de Academia y Educación con tres. Género y Feminismos acumuló dos documentos, mientras que Municipios y Derechos Humanos y Poblaciones Vulnerables registraron uno respectivamente.
A pesar del bajo volumen de trabajo parlamentario, enero destacó por mantener la tasa de dictaminación más alta y equilibrada del periodo analizado, ya que exactamente la mitad de los documentos avanzaron a dictamen.
Durante ese mes se contabilizaron ocho iniciativas, una solicitud, una armonización, un punto de acuerdo y un proyecto de acuerdo. De ellos, seis alcanzaron el estatus de dictamen, incluyendo dos iniciativas, la armonización presentada, un proyecto de acuerdo, un punto de acuerdo y la única solicitud registrada. En contraste, las seis iniciativas restantes permanecieron en fase de propuesta.
Una política cultural en Tlaxcala es posible. Por primera vez, la precariedad laboral y la profesionalización del sector entran a la discusión pública. El reto ahora es que la comunidad se organice para convertir esas demandas en políticas públicas reales.
Tlaxcala, Tlax. Durante años, artistas, gestores y promotores culturales han trabajado en medio de la precariedad, con escasos apoyos institucionales y sin una política pública que atendiera de manera integral las necesidades del sector. Hoy, por primera vez, se abre la posibilidad de que esas problemáticas dejen de ser únicamente demandas recurrentes y comiencen a formar parte de una agenda pública orientada a garantizar mejores condiciones para quienes viven de la cultura en Tlaxcala.
Parte de ese cambio radica en que, por primera vez desde la creación de la Secretaría de Cultura estatal, temas como los bajos pagos a artistas, la falta de profesionalización, las dificultades para acceder a seguridad social y el reconocimiento de espacios independientes comienzan a ser reconocidos desde la propia institución, actualmente encabezada por Karen Villeda. Esto ha abierto una oportunidad poco común para discutir no sólo la promoción cultural, sino también las condiciones laborales y económicas de quienes sostienen buena parte de la vida artística del estado.
Esta apertura también plantea un desafío para la propia comunidad cultural, porque requerirá de voluntad, organización y, sobre todo, de la disposición de artistas, gestores, promotores y colectivos culturales para organizarse, sostener el diálogo y construir una agenda común para transformar sus demandas en políticas públicas que tengan impacto real.
Reconocer los problemas: el principal aporte de la primera plenaria
El pasado 13 de mayo en Tochtli Estudio Nómada, 16 integrantes de la comunidad cultural de Tlaxcala se dieron cita para discutir las problemáticas que enfrenta el sector en un estado donde, pese a la existencia de una Secretaría de Cultura, aún no se perciben políticas públicas capaces de responder de manera integral a las necesidades de artistas, gestores, promotores y espacios culturales independientes. La precariedad laboral, la falta de apoyos permanentes y las dificultades para acceder a oportunidades de desarrollo fueron algunos de los temas que motivaron el encuentro.
A través de una dinámica de trabajo, impulsada por el gestor cultural Eduardo Ojeda, las y los asistentes identificaron problemáticas, plantearon posibles soluciones y formularon preguntas dirigidas a la titular de la Secretaría de Cultura, Karen Álvarez Villeda.
Entre las principales preocupaciones aparecieron:
Bajos pagos a artistas
La necesidad de transparentar procesos institucionales
El acceso a seguridad social
La profesionalización del sector
El fortalecimiento de espacios independientes
La construcción de mecanismos que permitan reconocer el trabajo cultural como una actividad laboral y no únicamente como una vocación.
El ejercicio también permitió recuperar demandas históricas relacionadas con el reconocimiento de las comunidades originarias, la protección de los saberes comunitarios, el fortalecimiento de las Casas de Cultura y la necesidad de generar información que permita construir políticas públicas desde las realidades que enfrenta el sector.
Sin embargo, más allá de los diagnósticos y las demandas, la reunión dejó el reto de dar continuidad a un proceso de organización que implique perfilar políticas públicas para garantizar mejores condiciones para el sector.
Y es que, si bien hoy existe la apertura institucional para fortalecer a la comunidad, diversos participantes coincidieron en que ninguna transformación será posible sin una participación más amplia del propio sector.
Por ello, la propuesta de convocar una segunda plenaria busca ir más allá de un ejercicio de catarsis colectiva y convertirse en un espacio de articulación capaz de construir una agenda común que permita llevar las demandas del gremio al terreno de lo público.
Karen Villeda reconoce las condiciones de precariedad que vive la comunidad cultural de Tlaxcala
Uno de los principales resultados de la primera plenaria fue la elaboración de una minuta que recopiló las problemáticas, inquietudes y propuestas expresadas por las y los participantes. Este documento fue posteriormente compartido con la titular de la Secretaría de Cultura, Karen Álvarez Villeda, como parte de un ejercicio de interlocución entre la comunidad cultural y la dependencia estatal.
A partir de ese documento, la funcionaria respondió a diversos planteamientos relacionados con las condiciones que enfrenta el sector cultural en Tlaxcala. Sus respuestas marcaron un hecho poco común en la discusión pública sobre cultura en la entidad pues por primera vez desde la creación de la Secretaría de Cultura estatal, se reconocieron de manera abierta problemáticas como la precariedad laboral, los bajos pagos a artistas, las dificultades para acceder a seguridad social, la necesidad de profesionalización y la falta de atención hacia espacios culturales independientes.
Entre los compromisos anunciados por Villeda, destaca:
La revisión de los tabuladores de pago para eventos y festivales organizados por la dependencia, luego de que diversos participantes señalaran la persistencia de honorarios bajos y condiciones laborales precarias para artistas y promotores culturales.
La funcionaria también reconoció la necesidad de mejorar la difusión de actividades culturales.
Fortalecer la profesionalización del sector, y
ampliar los mecanismos de capacitación en temas fiscales, seguridad social y derechos de autor.
Asimismo, informó sobre la creación de unidades de atención dirigidas a comunidades originarias, el fortalecimiento de vínculos con municipios para promover mejores condiciones de contratación de artistas y la intención de generar mayores espacios de diálogo entre la Secretaría y la comunidad cultural.
También reconoció que los espacios independientes han recibido poca atención institucional y aseguró que se buscarán mecanismos para incorporarlos de manera más activa a la agenda cultural del estado.
Sin embargo, varias de las inquietudes planteadas durante la plenaria permanecen sin una ruta clara de atención. Temas como la creación de nuevos programas de becas, apoyos para estudiantes de artes, mecanismos específicos para atender violencias de género dentro del sector cultural o la recuperación de proyectos históricos como una compañía estatal de teatro continúan formando parte de las asignaturas pendientes.
Condiciones dignas para vivir de la cultura: una discusión pendiente desde 2023
La discusión sobre la necesidad de fortalecer las políticas culturales en Tlaxcala no es nueva. En 2023, durante la gestión de Antonio Martínez Velázquez al frente de la Secretaría de Cultura, se impulsaron mesas de diálogo y ejercicios de consulta orientados a la construcción de una Ley de Cultura y Derechos Culturales.
Aquellos encuentros permitieron colocar sobre la mesa temas relacionados con la protección del patrimonio comunitario, el reconocimiento de los pueblos originarios, el fortalecimiento de la lectura, la preservación de espacios culturales y el acceso a los derechos culturales como una responsabilidad del Estado.
Como resultado de esos ejercicios, diversas propuestas comenzaron a transitar hacia el ámbito legislativo. En 2024, el diputado Emilio de la Peña presentó ante el Congreso local una iniciativa relacionada con los derechos culturales, retomando parte de las inquietudes expresadas por agentes culturales, promotores comunitarios y representantes de distintos sectores artísticos.
Sin embargo, aunque la propuesta contribuyó a fortalecer la discusión sobre el acceso a la cultura y el reconocimiento de los derechos culturales, dejó fuera temas que hoy aparecen entre las principales preocupaciones del sector.
Aspectos como la precariedad laboral de artistas y gestores culturales, los bajos honorarios en actividades financiadas con recursos públicos, la falta de mecanismos de seguridad social, la profesionalización del sector y la construcción de condiciones dignas para quienes viven de la actividad cultural no ocuparon un lugar central dentro de aquella discusión.
Tres años después, la conversación parece haberse desplazado precisamente hacia esos temas, evidenciando que el reconocimiento de los derechos culturales resulta insuficiente cuando quienes producen cultura continúan enfrentando condiciones de vulnerabilidad laboral y económica.
Aunque las demandas del sector cultural han persistido durante años, el contexto institucional también ha cambiado. Entre 2021 y 2026, el presupuesto destinado a cultura en Tlaxcala pasó de 43.7 millones de pesos a 74.4 millones de pesos.
Cuando la dependencia aún operaba como Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), el presupuesto fue de 43.7 millones de pesos en 2021 y de 50.2 millones en 2022.
Para 2023, año en que se concretó su transformación en Secretaría de Cultura, el recurso asignado fue de 47.1 millones de pesos.
Posteriormente ascendió a 59.6 millones en 2024, 61.8 millones en 2025 y 74.4 millones de pesos para 2026.
Las cifras muestran que la cultura ha ganado peso dentro del presupuesto estatal. Sin embargo, para diversos actores del sector, el aumento de recursos por sí solo no garantiza una mejora en las condiciones de quienes producen, gestionan y promueven la actividad cultural.
El reto sigue siendo traducir ese crecimiento presupuestal en políticas públicas que fortalezcan la creación artística, mejoren las condiciones laborales del gremio y amplíen el acceso de la población a la vida cultural.
En ese contexto, la discusión abierta a partir de la plenaria del 13 de mayo podría marcar un antes y un después para el sector cultural. Sin embargo, que esta oportunidad se traduzca en cambios concretos dependerá de la capacidad de organización de la propia comunidad cultural y de su participación en la construcción de una agenda que fortalezca, de manera permanente, la vida cultural en Tlaxcala.
Finalmente, Eduardo Ojeda informó a este medio que la titular de la Secretaria de Cultura, Karen Álvarez Villeda, ha manifestado disposición para participar en una tercera plenaria. El encuentro se realizaría después de una segunda plenaria ciudadana, con el objetivo de dar seguimiento a las respuestas y compromisos que la Secretaría de Cultura ya emitió al sector a partir de las problemáticas y propuestas surgidas en el primer ejercicio
Tras casi 11 años al frente de Cacaxtla-Xochitécatl, la arqueóloga Yajaira Gómez denuncia que fue cesada después de señalar actos de violencia laboral, hostigamiento institucional y violencia de género presuntamente ejercidos por el titular del Centro INAH Tlaxcala, José Vicente de la Rosa Herrera.
Tlaxcala, Tlax. La arqueóloga Yajaira Gómez, quien hasta el pasado 28 de mayo se desempeñó como responsable de la Zona Arqueológica de Cacaxtla-Xochitécatl, denunció haber sido víctima de violencia laboral, hostigamiento institucional y conductas presuntamente constitutivas de violencia de género en el ámbito laboral por parte de José Vicente de la Rosa Herrera, titular del Centro INAH Tlaxcala.
La exfuncionaria sostiene que su cese es consecuencia directa de las denuncias que presentó contra el funcionario ante instancias internas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Según su testimonio, las diferencias laborales que surgieron entre ambos a partir de 2023 escalaron hasta convertirse en una serie de actos de persecución administrativa, descalificación profesional e invisibilización de su trabajo, situación que denunció formalmente mediante el expediente CE-INAH-015-2024. Gómez afirma que sus señalamientos no fueron atendidos oportunamente por las instancias responsables y que las decisiones adoptadas por funcionarios involucrados en el proceso terminaron por profundizar el conflicto hasta derivar en su salida del cargo.
Yajaira Gómez ingresó al INAH en junio de 2015 tras obtener la plaza mediante un concurso nacional del Servicio Profesional de Carrera, proceso en el que compitió con diversos aspirantes y resultó seleccionada con base en criterios de evaluación académica, experiencia profesional y méritos técnicos. Desde entonces estuvo al frente de la Zona Arqueológica de Cacaxtla-Xochitécatl, donde desarrolló proyectos de investigación, difusión cultural y vinculación comunitaria.
Su separación ha generado preocupación entre organizaciones civiles, colectivos culturales y actores comunitarios que colaboraban con la zona arqueológica. Entre ellos, el Centro Fray Julián Garcés, el Colectivo de Estudios sobre el Patrimonio Biocultural de Morelos, el Museo Comunitario San José Atoyatenco y el colectivo LEENCO, cuyos integrantes han manifestado públicamente su respaldo a la arqueóloga y su preocupación por el impacto que su salida podría tener en proyectos culturales y comunitarios desarrollados en la región.
Expediente CE-INAH-015-2024: la denuncia contra José Vicente de la Rosa Herrera
De acuerdo con la arqueóloga, el conflicto comenzó en 2023 durante los trabajos relacionados con el Museo de Sitio de Xochitécatl. A partir de entonces, asegura, comenzaron desacuerdos con José Vicente de la Rosa Herrera respecto al reconocimiento institucional de las actividades desarrolladas desde la zona arqueológica.
«Empezó una invisibilización sistemática de nuestro trabajo. Las actividades que organizábamos desde aquí no recibían difusión institucional, pero sí había una exhibición constante de aspectos de mi desempeño profesional»
Frente a lo que consideró un patrón de hostigamiento laboral, Gómez presentó una denuncia ante el Comité de Ética del INAH, registrada bajo el expediente CE-INAH-015-2024, donde expuso actos de violencia laboral, descalificaciones públicas, exclusión institucional y un trato diferenciado respecto de otros funcionarios.
No obstante, para Yajaira Gómez, la violencia laboral denunciada no puede analizarse únicamente como un conflicto administrativo. Sostiene que existe un componente de género porque, según afirma, las principales afectadas por las medidas de hostigamiento fueron mujeres que ocupaban cargos estratégicos dentro del Centro INAH Tlaxcala.
En esa línea, Gómez señaló que la salida de la entonces responsable del área jurídica, Patricia del Carmen Báez Portillo, ocurrió el mismo día en que ella fue notificada de su cese. A su consideración, ambos casos forman parte de un patrón que afecta particularmente a mujeres que ocupaban cargos de responsabilidad dentro del Centro INAH Tlaxcala.
«Solo a nosotras nos daban ese trato. Había otros jefes de área y no observábamos la misma conducta hacia ellos. Por eso sostengo que existe una dimensión de género en lo que vivimos»
La exfuncionaria afirmó que dentro de la institución existen antecedentes de inconformidades por presuntos actos de hostigamiento laboral hacia trabajadoras. De acuerdo con su testimonio, algunas empleadas de base tuvieron que recurrir a representación sindical para frenar situaciones que consideraban indebidas, hechos que, sostiene, permiten entender que su caso no se trata de un episodio aislado.
Aunado a ello, Gómez compartió a este medio de comunicación, que solicitó apoyo psicológico al propio instituto debido al desgaste emocional derivado de la situación. Entre las evidencias presentadas se encuentran reportes relacionados con agotamiento emocional, estrés y afectaciones a su salud mental. Sin embargo, no hubo una respuesta efectiva por parte de la institución.
Tras presentar la denuncia, Gómez asegura que comenzó una serie de acciones administrativas en su contra, caracterizadas por auditorías, revisiones y requerimientos constantes relacionados con la operación de la zona arqueológica, las cuales considera parte de una estrategia de persecución institucional.
«Todos los días era la sensación de que me iban a correr. Era una persecución constante. Parecía que me estaban cazando. En 2025 me la pasé defendiéndome administrativamente»
Pese a esa persecución, Gómez señaló que nunca se opuso a la fiscalización de su trabajo, incluso su desempeño fue evaluado por el Órgano Interno de Control de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Según explicó, dicho procedimiento concluyó sin responsabilidades administrativas en su contra y únicamente derivó en recomendaciones.
Un cese sin explicaciones y una entrega bajo vigilancia
La mañana del 28 de mayo, Yajaira Gómez acudió a una reunión de trabajo relacionada con proyectos que se encontraban en desarrollo para la Zona Arqueológica de Cacaxtla-Xochitécatl. Sin previo aviso, durante ese encuentro le dieron a conocer que dejaría el cargo.
La arqueóloga asegura que la decisión le fue comunicada sin que se le entregara el expediente correspondiente, las pruebas que sustentaran la medida o información detallada sobre el procedimiento que derivó en su separación del cargo. Asimismo, sostiene que nunca fue notificada formalmente sobre el inicio o desarrollo de una investigación en su contra, por lo que cuestiona la legalidad y transparencia del proceso.
«Me notificaron el cese, pero no me entregaron la investigación, ni las pruebas, ni las fechas de inicio del procedimiento. Me dijeron que tenía que ir a la Ciudad de México para revisar mi expediente»
Gómez también denunció que, tras ser notificada de su cese, el proceso de entrega-recepción que vivió junto a Patricia Báez; se desarrolló bajo una constante vigilancia por parte de personal enviado por el Centro INAH Tlaxcala. Según su testimonio, varios funcionarios permanecieron supervisando sus movimientos mientras realizaba la entrega de documentos, oficinas y bienes institucionales, una situación que calificó como intimidatoria y desproporcionada.
La arqueóloga afirmó que el despliegue de personal resultó excesivo, particularmente al considerar que cuenta con once años de trayectoria dentro de la institución y que nunca había enfrentado señalamientos que justificaran un trato de esa naturaleza.
Además, sostuvo que la presencia permanente de funcionarios observando el procedimiento generó un ambiente de presión y afectación emocional durante los días posteriores a su cese. «No somos delincuentes», expresó al referirse a las condiciones en las que se llevó a cabo la entrega-recepción.
Compadrazgos, castigos y hostigamiento, las viejas prácticas del INAH
La arqueóloga considera que su experiencia debe abrir una discusión más amplia sobre las prácticas institucionales al interior del INAH y sobre los mecanismos de protección para las trabajadoras que denuncian violencia laboral.
«Debemos erradicar estas formas dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hay generaciones que todavía no entienden las nuevas formas de trabajo en el servicio público. No podemos seguir normalizando los compadrazgos, las represalias o el castigo hacia quienes señalan irregularidades»
Ante estos señalamientos, a la redacción de Escenario Tlaxcala llegaron testimonios de trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que, bajo condición de anonimato, confirmaron la existencia de redes de compadrazgo al interior de la institución, así como la asignación de cargos directivos a perfiles que, a su consideración, no siempre cuentan con formación especializada en arqueología, antropología, historia o disciplinas afines al patrimonio cultural.
En el caso del Centro INAH Tlaxcala, su director, José Vicente de la Rosa Herrera —señalado por Yajaira Gómez como responsable de los actos de violencia laboral que denunció— cuenta con formación profesional en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas. La revisión de su trayectoria curricular realizada por este medio muestra que ha desarrollado gran parte de su carrera dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 2005, donde ha ocupado diversos cargos administrativos y de gestión.
Su formación complementaria incluye estudios y diplomados relacionados con historia, economía y política mexicana, además de cursos en materia de protección civil, prevención de riesgos y atención de emergencias. En 2019 fue designado director del Centro INAH Tlaxcala por el entonces director general del instituto, Diego Prieto Hernández.
Si bien la experiencia administrativa de Vicente de la Rosa dentro del instituto abarca más de dos décadas, trabajadores consultados consideran que su perfil académico refleja una formación principalmente jurídica y administrativa, lo que ha abierto cuestionamientos internos sobre los criterios mediante los cuales se designan algunos cargos de dirección en áreas directamente relacionadas con la gestión, investigación y conservación del patrimonio arqueológico e histórico del país.
Las fuentes también señalaron la existencia de una cultura de silencio institucional frente a situaciones que generan controversia pública o conflictos internos. Como ejemplo, mencionaron tanto el caso de Yajaira Gómez como otros episodios ocurridos dentro del instituto. Entre ellos refirieron el incidente registrado en la Zona Arqueológica de Teotihuacan, donde un joven agredió a diversos visitantes dentro del recinto. Según los testimonios recabados por este medio, la instrucción hacia distintas áreas y direcciones del INAH fue evitar pronunciamientos públicos sobre el tema, una práctica que, afirman, también se reproduce frente a conflictos laborales o denuncias internas.
Para Gómez, su caso refleja también una contradicción entre los discursos institucionales sobre igualdad y la realidad que enfrentan muchas mujeres dentro de espacios de decisión.
«Estamos en tiempos de mujeres, pero sin mujeres»
En ese sentido, Gómez García aseguró que sus funciones al frente de Cacaxtla-Xochitécatl estaban enfocadas principalmente en la gestión de proyectos, la vinculación comunitaria y la coordinación de actividades culturales y académicas. Explicó que la administración de los recursos económicos corresponde al Centro INAH Tlaxcala y no a la dirección de la zona arqueológica.
Comunidades y trabajadores reconocen el trabajo de Yajaira Gómez, quien a impulsado desde Cacaxtla-Xochitécatl
La salida de Yajaira Gómez también provocó preocupación entre actores comunitarios y trabajadores vinculados a la Zona Arqueológica de Cacaxtla-Xochitécatl, quienes destacan el trabajo realizado durante casi once años al frente del complejo arqueológico.
Javier Delgadillo Osorno, expresidente de comunidad de San Francisco Tequixcatla (2021-2024), aseguró que Gómez impulsó proyectos que acercaron la arqueología y la cultura a espacios públicos y educativos. Destacó que exposiciones, actividades y procesos de divulgación permitieron que habitantes y jóvenes se apropiaran de un patrimonio que durante años percibieron como distante.
Delgadillo afirmó que gran parte de los proyectos se desarrollaron mediante gestión y colaboración comunitaria, pese a las limitaciones presupuestales. Además, sostuvo que durante el tiempo que trabajó con la arqueóloga nunca observó conductas irregulares, sino una constante disposición para construir proyectos colectivos y fortalecer el tejido comunitario.
Al respaldo comunitario se sumó el de trabajadores vinculados a la zona arqueológica, quienes solicitaron mantener el anonimato. De acuerdo con sus testimonios, Gómez impulsó una renovación museográfica basada en criterios de inclusión, accesibilidad y perspectiva de género, incorporando herramientas para personas con discapacidad visual, espacios para exposiciones temporales y nuevas formas de interacción con el patrimonio.
Las fuentes consultadas coincidieron en que durante su gestión se mantuvo una actividad constante en Cacaxtla y Xochitécatl mediante exposiciones, conferencias y actividades educativas. Asimismo, señalaron que su salida representa una pérdida para diversos proyectos culturales, comunitarios y de divulgación que permanecían en desarrollo.
Por su lado Gómez presentó una nueva denuncia administrativa contra José Vicente de la Rosa Herrera ante el Órgano Interno de Control, en la que solicitó que los hechos denunciados sean analizados bajo una perspectiva de género. La exresponsable de Cacaxtla-Xochitécatl sostiene que el conflicto laboral que derivó en su cese no puede entenderse sin considerar los antecedentes de hostigamiento, descalificación e invisibilización que asegura haber enfrentado durante los últimos años.
Asimismo, informó que las denuncias y procedimientos relacionados con su caso serán revisados por áreas centrales del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. De acuerdo con su testimonio, el seguimiento de las investigaciones ya no quedará bajo la competencia del Centro INAH Tlaxcala, sino de instancias nacionales encargadas de analizar los señalamientos y determinar las acciones correspondientes.
Durante la entrevista, la arqueóloga precisó que sus señalamientos no están dirigidos contra el conjunto del Instituto Nacional de Antropología e Historia, institución en la que desarrolló gran parte de su carrera profesional, sino contra decisiones y actuaciones de funcionarios específicos que participaron en el procedimiento que derivó en su separación del cargo.
Hasta el cierre de esta edición, el Centro INAH Tlaxcala no había emitido un posicionamiento público respecto a las acusaciones realizadas por la exresponsable de la Zona Arqueológica de Cacaxtla-Xochitécatl.
Durante más de una década, gobiernos de distintos partidos e ideologías han respondido de una manera similar frente a la violencia: la videovigilancia. Miles de millones de pesos en recursos públicos financiaron cámaras, drones y arcos carreteros, distribuidos en calles, avenidas y autopistas de todo el país. La promesa fue que a más tecnología, más seguridad. Pero los datos revelados en estos textos muestran que el objetivo no se ha logrado.
La rentabilidad del miedo es una investigación de POPLab y CONNECTAS basada en el análisis de miles de registros fiscales, contratos públicos, actas corporativas y documentos financieros de Seguritech Privada, el mayor proveedor de tecnología de seguridad para gobiernos en México, que desde 2012 ha recibido más de 52 mil millones de pesos (USD 3.007 millones) en contratos con al menos 37 gobiernos estatales y municipales. Los documentos fueron recibidos por los periodistas a través de fuentes confidenciales y verificados de forma independiente mediante solicitudes de acceso a la información, registros públicos y contraste con fuentes primarias.
Detrás de los números hay personas pidiendo justicia: familias que esperaron meses para que un fiscal revisara grabaciones que ya no existían, buscadoras que describen sistemas efectivos en las demostraciones, pero que fallan cuando se necesitan, y gobiernos que destinaron hasta el 78% de su presupuesto de seguridad a un solo proveedor.
La rentabilidad del miedo es una investigación sobre cómo se gasta el dinero destinado a combatir la violencia, a quién beneficia y por qué es tan difícil saberlo.
Para esta investigación, se buscó a Ariel Picker y a Daniel Esquenazi con el propósito de conocer aspectos puntuales sobre el modelo de negocio de Seguritech, la trayectoria de la empresa, sus contratos con gobiernos estatales y municipales y su visión sobre el sector de seguridad tecnológica en México.
A petición de Esquenazi, se remitieron cuestionarios por escrito; la empresa indicó que sus abogados revisarían las preguntas y, un día después, que un asesor se haría cargo de las respuestas. El compromiso fue entregar la información la noche del martes 2 de junio. Al cierre de esta edición, no se había recibido respuesta. La empresa fue notificada de que su postura, de producirse, se publicaría en una nota posterior.
Cámaras que no sirven
La expansión de la videovigilancia en México prometía mejorar la seguridad. En la práctica, fallas técnicas, falta de acceso a la información y debilidades institucionales han limitado su impacto, pero no sus utilidades económicas.
Por: Kennia Velázquez, Mónica Cerbón y Arnoldo Cuéllar
“Nos muestran cómo funciona el sistema de vigilancia y todo parece estar bien. Pero cuando necesitas la información, todo falla: cámaras en mantenimiento, grabaciones borradas, ángulos que no sirven”, dice una persona que lleva años investigando la desaparición de un familiar y que también acompaña a decenas de familias en el mismo proceso. La buscadora conoce de cerca lo que ocurre cuando alguien intenta usar el sistema de videovigilancia para encontrar justicia.
En la última década, gobiernos estatales y municipales han invertido miles de millones de pesos en sistemas de videovigilancia como una de sus principales respuestas frente a la violencia. La promesa es que estas tecnologías permitirían prevenir delitos y fortalecer las investigaciones criminales. Sin embargo, pese a la inversión sostenida en estos sistemas, los resultados no se han traducido en mejoras consistentes en seguridad ni en una reducción de la violencia.
En México, esta apuesta tecnológica ha crecido en paralelo a uno de los periodos más violentos de su historia reciente. Desde 2006, con el inicio de la estrategia federal contra el narcotráfico, los homicidios pasaron de cerca de 10 mil casos anuales a un máximo superior a 36 mil en 2020. Aunque en 2023 se registró una ligera disminución, el país se mantiene entre los más violentos del mundo fuera de contextos de guerra declarada.
Para esta investigación, se analizaron los 19 estados en donde opera el grupo Seguritech Privada. En estas entidades se concentraban 67 mil de las 91 mil cámaras instaladas en el país hasta 2024. En 15 de esos 19 estados, los homicidios aumentaron entre 2012 —año en que comenzaron los primeros contratos con el grupo— y 2024, de acuerdo con datos del INEGI. Los casos más extremos son Guanajuato, con un incremento de 490%, y Quintana Roo y Baja California, con aumentos superiores al 320%. Solo cuatro entidades registraron una reducción: Coahuila, Durango, Chihuahua y Ciudad de México. Estos datos muestran que la inversión sostenida en estos sistemas no se tradujo en una mejora consistente en seguridad en la mayoría de los estados analizados.
Este grupo empresarial ha sido contratado por 37 gobiernos estatales y municipales por más de 52 mil millones de pesos (USD 2,944 millones) desde 2012 para la instalación, operación y mantenimiento de cámaras, centros de control y plataformas de análisis de datos. En Querétaro, los pagos al grupo representaron el 86% del presupuesto estatal de seguridad pública durante el periodo analizado. El peso de estos contratos es especialmente visible en municipios pequeños.
En ciudades de Guanajuato, la proporción es aún más extrema: Salvatierra destinó el 65% de su presupuesto de seguridad a contratos con Seguritech; Valle de Santiago, el 78%; Purísima del Rincón y Jaral del Progreso, más del 54%.
En algunos de los casos, los convenios de transferencia revisados para esta investigación condicionaban el uso de los recursos a contratar al mismo proveedor.
Rafael Prieto-Curiel, matemático mexicano que trabajó como analista de pronóstico del crimen en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México y hoy investiga la dinámica de la violencia en el Complexity Science Hub de Viena, advierte: “Le estamos apostando a la tecnología como si eso fuera a resolvernos los problemas de impunidad, de corrupción de los ministerios públicos, la falta de confianza en las autoridades, la falta de denuncias. Las cámaras por sí solas no funcionan.”
Para Prieto-Curiel, la videovigilancia puede ser una pieza del engranaje, pero no el eje central. Lo ilustra con una metáfora: la capacidad de un barril que siempre está limitada por la duela más corta. “Si tú le metes recursos a cualquier otra de las barras que le sobresalgan, no importa lo que hagas, la capacidad que tiene tu barril sigue siendo la de la barra más chiquita”, explica. En México, dice, ese punto crítico no es la tecnología, sino la impunidad: sin investigación policial, sin reducción de la corrupción en las fiscalías y sin confianza ciudadana en las instituciones, las cámaras no modifican el problema de fondo. “Necesitamos eso, más todo un sistema que cambie.”
La evidencia también muestra limitaciones en su uso para la procuración de justicia. Guanajuato, una de las entidades con mayor inversión en videovigilancia y con 4,281 cámaras en operación, entregó apenas 191 videos para investigaciones judiciales en cinco años, según datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal del INEGI. Es el ratio más bajo entre los estados con infraestructura comparable: Hidalgo, con un número similar de cámaras, entregó 56,870 videos en el mismo periodo; Querétaro, 18,099. En ambos estados los homicidios aumentaron 130% y 95.5% respectivamente del 2012 al 2024.
La familia López —apellido ficticio para proteger su identidad— esperó seis meses a que un fiscal revisara las grabaciones de cámaras en una carretera de Celaya. Buscaban reconstruir el trayecto de un vehículo vinculado a una desaparición. Cuando por fin se revisó el material, no había nada que analizar: varias cámaras no funcionaban y otras habían borrado las grabaciones meses atrás. Las autoridades no explicaron cuántos dispositivos estaban fuera de servicio ni por qué.
POPLab y CONNECTAS tuvieron acceso a documentos financieros y registros internos de Seguritech Privada y Comunicación Segura —otra empresa del grupo— que muestran que, solo en los últimos cinco años, recibieron pagos gubernamentales por más de 32 mil 237 millones de pesos (USD 1,865 millones).
A pesar de ello, la percepción de inseguridad ha aumentado o se mantiene en niveles elevados en varias de estas entidades. En algunos casos, como Guanajuato, creció más de 30 puntos desde 2012; en otros, como el Estado de México, se mantiene cercana al 90%, mientras que en Baja California aumentó 20 puntos y en Querétaro se duplicó, según la ENVIPE 2025.
Los estados donde el grupo empresarial ha sido contratado registran un promedio de 4.21 en el Índice de Paz México, una medición que evalúa la intensidad de la violencia a partir de indicadores como delitos violentos, crimen organizado y eficiencia del sistema judicial, donde una puntuación más cercana a 5 indica menor nivel de paz. En 14 de las 19 entidades analizadas, la situación de seguridad se deterioró tras la implementación de estos sistemas.
Sin embargo, la inversión pública en tecnología de seguridad ha continuado en aumento.
Para el matemático Rafael Prieto-Curiel, los puntos más críticos no han sido atendidos por la apuesta tecnológica: “Tenemos impunidad de 100%, permiso para matar gratis —si tú matas, nada te va a pasar—, prisiones saturadas, nula reinserción social”.
Al mismo tiempo, el eslabón débil sigue siendo la estructura policial. De acuerdo con Jorge Eduardo Cano Anaya, coordinador del programa de gasto público y rendición de cuentas en la organización civil México Evalúa, se ha destinado poco recurso a la profesionalización de las policías, especialmente a las municipales, pues resulta caro “incrementar sus prestaciones para que tengan mayor lealtad hacia los mandos policiales y no caigan en otras ‘nóminas’. Cuando dejamos de ver eso y nos enfocamos solamente en un tema tecnológico, posiblemente estamos dejando de lado que la mayor herramienta para tener una mejor seguridad siempre va a ser el factor humano.»
En 2025, México contaba con alrededor de 274 mil policías y oficiales de tránsito, 2.1 por cada mil habitantes. Pero el mayor problema son los salarios, pues el promedio de 6 mil 620 pesos (USD 370) mensuales es 60 por ciento inferior al sugerido en los estudios de salario digno del propio gobierno federal. Ese mismo año, los pagos realizados a empresas del grupo Seguritech superaron los 5 mil millones de pesos (USD 288 millones), un monto equivalente a cerca de una cuarta parte del costo total de la nómina policial del país.
Mientras el gasto público en tecnología crece, los ciudadanos también asumen costos directos para protegerse. En 2024, el gasto privado en medidas de seguridad alcanzó 78 mil millones de pesos (USD 4.4 mil millones) en los estados donde la empresa tiene presencia, de acuerdo con el INEGI.
Los otros usos de la videovigilancia
Para José Flores, director de comunicación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), organización que acompañó a periodistas y activistas para llevar a juicio las intervenciones ilegales de comunicaciones con el software Pegasus, el despliegue de capacidades tecnológicas se hace bajo una promesa de influir en la disminución del delito, pero su opacidad impide evaluar y saber “si la inversión está siendo bien utilizada o si otras técnicas de prevención y mitigación del delito pudieran ser más efectivas”.
Pero en otros contextos, estos sistemas sí se utilizan, aunque no necesariamente para combatir delitos.
En noviembre de 2024, en Tlaxcala, autoridades estatales utilizaron el sistema de videovigilancia con reconocimiento facial contratado a Seguritech para identificar a activistas feministas que participaron en una protesta. Posteriormente, algunas de ellas fueron investigadas por la fiscalía local, de acuerdo con Escenario Tlaxcala. El gobierno estatal clasificó como reservada la información sobre el funcionamiento y los costos del sistema; sin embargo, los registros financieros revisados para esta investigación documentan pagos por más de 81 millones de pesos (USD 4.5 millones) a la empresa por ese concepto.
En Jalisco, las herramientas de monitoreo también han sido utilizadas para seguir las movilizaciones sociales. El medio local, ZonaDocs, documentó que las cámaras han servido para identificar y procesar a personas que participan en protestas. En ese estado, Seguritech ha recibido al menos mil 343 millones de pesos (USD 75.5 millones) por el mantenimiento del sistema C5 —plataforma que integra cámaras de vigilancia, llamadas de emergencia y bases de datos policiales—, conocido como Escudo Urbano.
En Chihuahua, Seguritech opera el Proyecto Centinela mediante un contrato firmado en 2022 por 4,709 millones de pesos (USD 264 millones), uno de los más cuantiosos de los que se tiene registro, el cual incluye una torre de vigilancia de 20 pisos construida por Seguritech en Ciudad Juárez, en la cual dispondrán de un piso agencias de seguridad norteamericanas como el FBI y la DEA.
El sistema cuenta con alrededor de 10,000 cámaras y lectores de placas. También tiene la capacidad para conectarse a cámaras privadas, lo que ampliaría su alcance hasta 30,000 dispositivos. Pese a su escala, el acceso a las grabaciones enfrenta los mismos obstáculos documentados en otros estados. El abogado Leyver Montejo, asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, relata que en la mayoría de las solicitudes de grabaciones les responden que las cámaras estaban desactivadas o no operaban al momento de los hechos.
Estos casos muestran que la tecnología no solo presenta limitaciones técnicas, sino que su uso depende de decisiones institucionales que no siempre están alineadas con la procuración de justicia.
Para el consultor en seguridad y exfuncionario en áreas de seguridad e inteligencia, Bernardo León Olea, estas tecnologías conllevan tres riesgos estructurales: son muy caras, lo que las convierte en terreno fértil para hacer negocios; sus compras se realizan con amplias excepciones a la transparencia bajo el argumento de seguridad; y permiten acceder a información de muchas personas, lo que abre la puerta a usos distintos de los prometidos. “Cuando no hay controles democráticos, efectivamente es un riesgo”.
Contratos en tiempos de violencia
Administraciones del PAN, PRI, Morena y Movimiento Ciudadano en al menos 19 estados han contratado a Seguritech Privada, algunos desde 2012, apostando por la videovigilancia como respuesta visible frente a la inseguridad. En la mayoría de los casos, los contratos sobrevivieron a los cambios de gobierno.
El análisis de los contratos revela un patrón recurrente: el 97% del monto total fue asignado mediante adjudicación directa, es decir, sin competencia abierta entre proveedores. Las licitaciones públicas representan apenas el 2% de los recursos comprometidos.
La legislación mexicana permite este mecanismo bajo ciertas excepciones, entre ellas los casos en los que la información técnica pueda comprometer la seguridad pública. Sin embargo, este argumento también ha sido utilizado para reservar información esencial que no revela detalles específicos.
Las solicitudes realizadas para esta investigación muestran altos niveles de opacidad. Varias dependencias omitieron datos sobre montos, vigencias contractuales o características de los servicios. Veinte gobiernos reservaron o negaron la existencia de contratos, aunque registros fiscales muestran pagos a Seguritech por al menos 3 mil 577 millones de pesos (USD 202 millones).
Los documentos revisados también evidencian contratos multianuales, ampliaciones de plazo y cláusulas de confidencialidad que limitan el acceso público a la información.
Para José Flores, “es tremendamente irregular que una empresa le diga a un gobierno que tiene que reservar la información; ahí debería deliberar un comité de transparencia bajo el principio de máxima publicidad, ya que es de interés público que sepamos lo que hacen esas tecnologías”.
En algunos casos, los contratos establecen que el proveedor no será responsable por fallas técnicas en equipos considerados “innovadores”, lo que traslada parte del riesgo al Estado. Este tipo de condiciones puede generar dependencia tecnológica y presupuestal, en la que los gobiernos quedan atados a un mismo proveedor durante años, sin que importen los resultados, analizan los especialistas.
Los propios contratos blindan esta opacidad. En Chihuahua, el acuerdo con Seguritech establece que el gobierno “entiende y acepta” que algunos equipos, por su “alta especialidad, novedad e innovación tecnológica”, pueden presentar fallas que no serán consideradas incumplimiento del proveedor. Es decir, el Estado asume por contrato el riesgo de que la tecnología no funcione, sin mecanismos para exigir resultados ni para documentar públicamente las fallas.
Paul Aguilar, coordinador de seguridad digital en la organización Social Tic, subraya un sesgo que encarece los servicios de tecnología sin evaluar sus resultados: “Si los gobiernos no hacen investigación sobre las necesidades de seguridad, entonces el diseño del proyecto queda en manos del proveedor, cuyo objetivo es el beneficio económico: La empresa pasa de ser proveedor de producto a convertirse en analista de seguridad, sin serlo”.
Estado de México y Guanajuato destacan en esta relación comercial. Ambos gobiernos comenzaron a otorgar contratos a Seguritech desde 2012, cuando la empresa aún tenía poca presencia nacional. Con el paso de los años, los acuerdos se renovaron pese a cambios de administración. Para 2025, estas dos entidades concentraban más de 33 mil millones de pesos (USD 1,868 millones) en contratos, más del 63 % de la facturación del grupo en ese periodo.
Al mismo tiempo, acceder a la información generada por estas tecnologías sigue siendo complicado para quienes buscan justicia. Abogados y colectivos de búsqueda reportan obstáculos constantes desde las fiscalías para obtener grabaciones, lo que limita su uso en investigaciones.
“Una jovencita fue recientemente secuestrada en el Boulevard Solidaridad de Irapuato, una vía llena de cámaras, a cuyas grabaciones nunca fue posible acceder”, señala Bibiana Mendoza, buscadora de personas desaparecidas en Guanajuato. La activista cuestionó: “Si los sistemas de videovigilancia no le sirven a los ciudadanos, entonces, ¿a quién le sirven?”.
Y con el tiempo, la tecnología deja de ser una herramienta evaluable de seguridad pública y se convierte en un gasto estructural difícil de revisar o modificar, aunque no se refleje en resultados. “Las encuestas de victimización, que son las más certeras para medir la criminalidad, muestran que este indicador no solo no disminuyó, sino que ha subido. La cifra negra —los delitos que no se denuncian— no se ha movido. La percepción de seguridad, que es el gran indicador, sigue siendo muy alta. La gente no se siente segura”, concluye León Olea.
En 2019, el relator especial para la libertad de expresión de la ONU, David Kaye, propuso regular el uso y adquisición de tecnologías de vigilancia. La propuesta no tuvo eco en México. En ausencia de reglas claras sobre la contratación, operación y supervisión de estos recursos, el modelo ha avanzado sin controles efectivos ni evaluación pública.
Desde el punto de vista de Cano Ayala, es necesario que se realicen auditorías de cumplimiento que justifiquen las contrataciones. “Ver si han cumplido con lo que han prometido, si ha habido un impacto directo en la seguridad pública. Habría que ver si se justifica que se esté manteniendo ese contrato y, sobre todo, si hablamos de varios sexenios, lo más probable es que tuviera que haber una mayor competencia para ver si hay otra empresa que tiene la capacidad de dar el mismo servicio a menor precio”.
Actualmente no hay un regulador de esa industria, como sí pasa con los fabricantes de armamento. “La industria de la seguridad es ante todo un negocio que no le importa la efectividad”, puntualiza el vocero de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, José Flores.
Sin embargo, la crisis de inseguridad no amaina en México. Si bien la autoridad celebra la disminución de la tasa de homicidios, a las organizaciones defensoras de derechos humanos les preocupa el alza de las desapariciones. La extorsión a los negocios paraliza industrias completas en varios estados y los feminicidios y la violencia de género aumentan sus registros, sobre todo por una mayor visibilización. Frente a todo ello, la respuesta preferida de los gobiernos es aumentar el gasto en tecnología.
“El problema no es solo que existan estas tecnologías, sino todo el entorno político y de ganancias alrededor de ellas, porque al final dejan mucho dinero: parece que son el negocio perfecto”, concluye Paul Aguilar.
Para esta investigación, se buscó a Ariel Picker y a Daniel Esquenazi con el propósito de conocer aspectos puntuales sobre el modelo de negocio de Seguritech, la trayectoria de la empresa, sus contratos con gobiernos estatales y municipales y su visión sobre el sector de seguridad tecnológica en México.
A petición de Esquenazi, se remitieron cuestionarios por escrito; la empresa indicó que sus abogados revisarían las preguntas y, un día después, que un asesor se haría cargo de las respuestas. El compromiso fue entregar la información la noche del martes 2 de junio. Al cierre de esta edición, no se había recibido respuesta. La empresa fue notificada de que su postura, de producirse, se publicaría en una nota posterior.
El negocio de la seguridad
El 95% de los ingresos de Seguritech Privada, el mayor proveedor de tecnología de seguridad, proviene de contratos gubernamentales. El análisis de miles de registros fiscales muestra que una parte sustancial de ese dinero público se destinó a subcontratar empresas del mismo grupo y otras sin presencia verificable y sin historial en el sector, a través de comisiones muy por encima del mercado.
Por: Kennia Velázquez, Mónica Cerbón y Arnoldo Cuéllar
En México, miles de millones de recursos públicos se destinan cada año a medidas para contener el auge delictivo. A la par se ha dado el crecimiento de Seguritech Privada, encabezado por Ariel Zeev Picker Schatz, cuyo éxito empresarial se sustenta en las ventas al sector público de tecnología de videovigilancia para gobiernos estatales, dependencias federales y municipios.
Esa inversión no ha mejorado la percepción de seguridad de los ciudadanos, pero sí ha servido para conformar una red de más de 60 empresas, donde fungen como accionistas familiares, empleados y colaboradores de Picker Schatz, que intercambian recursos y operaciones.
El análisis de flujos financieros y registros corporativos obtenidos por POPLab y CONNECTAS encontró que entre 2021 y 2025, Seguritech Privada y Comunicación Segura tuvieron ingresos por más de 34 mil millones de pesos (USD 1,961 millones). El 95% provenientes de dineros públicos.
Una porción de esos recursos se destinó a varias personas y empresas contratadas como intermediarios, de los cuales no se localizó historial público verificable en el sector mediante los registros consultados.
Algunas de estas entidades recibieron comisiones significativamente más altas que las del mercado, con transferencias que dificultan el rastreo de los beneficiarios finales y hacen imposible determinar si los costos de los contratos con los gobiernos son proporcionales al servicio recibido.
Los mismos registros financieros muestran que, entre 2021 y 2025, el grupo asignó más de 2 mil 400 millones de pesos (USD 139 millones) para cubrir conceptos como “éxito de proyecto”, “gestión”, “consultoría” o “intermediación”, por el pago de comisiones y asesorías vinculadas a contratos públicos.
El mayor receptor de comisiones es Cadval Servicios Estrategias y Proyectos, que acumuló 912 millones de pesos (USD 51 millones) provenientes de múltiples empresas del grupo, bajo el concepto de «comisión por éxito de proyecto» etiquetada con el nombre del contrato gubernamental del que provenía: Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo y al menos otros 20 estados y municipios.
Otro comisionista destacado es Daniel Esquenazi, quien recibió más de 680 millones de pesos (USD 37.5 millones) entre 2021 y 2022. Se trata del propietario de la casa en Houston donde residió durante varios meses el exgobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, cuya administración contrató a Seguritech Privada por más de 4 mil millones de pesos (USD 225 millones).
El flujo entre empresas hermanas
Seguritech Privada funciona como el principal nodo de recepción y dispersión de recursos dentro de la red de empresas vinculadas entre sí por accionistas comunes, entre las que se encuentran empleados de la compañía.
En los mismos años, la empresa subcontrató a 28 compañías hermanas a las que pagó 12 mil 700 millones de pesos (USD 738 millones) por servicios tan disímiles como la adquisición de tornillos y gasolina, arrendamientos, servicios de taxis aéreos o asesorías en proyectos gubernamentales. Por ejemplo, E Pago.com S.A. de C.V. recibió más de 7 mil 200 millones de pesos (USD 415 millones), sin que exista información pública sobre su capacidad operativa.
Dentro de las compañías del grupo se identificaron transferencias por 15 mil millones de pesos (USD 865 millones) en cinco años: capital que circula de una empresa a otra y de regreso.
Además de recibir pagos millonarios, canaliza recursos hacia otras empresas para la ejecución de obras y servicios. Parte de esos flujos llegó a compañías con observaciones fiscales, como Proveedores de Servicios Comerciales y de Construcción Naith, incluida por la autoridad tributaria en la lista de empresas que facturan operaciones simuladas.
Seguritech Privada destinó 3 mil 500 millones de pesos (USD 201 millones) a empresas externas al grupo, para realizar trabajos a gobiernos; algunas de ellas también proveedoras. del sector público, lo que plantea interrogantes sobre los controles que tienen las autoridades para supervisar quién accede a información relacionada con la seguridad.
La legislación mexicana permite subcontratar parcialmente servicios, pero establece que debe existir autorización de las entidades contratantes. En los convenios analizados no fue posible verificar si estas autorizaciones fueron otorgadas, debido a que la información ha sido reservada total o parcialmente bajo argumentos de seguridad pública.
Luis Pérez de Acha, abogado y exintegrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, explicó que distribuir las operaciones de un corporativo entre múltiples empresas es una práctica legal y común en el mundo empresarial, que puede tener ventajas en la gestión administrativa y fiscal. Sin embargo, cuando esa fragmentación se combina con intermediarios sin historial verificable y con flujos de recursos que circulan entre compañías vinculadas, el resultado es un entramado que dificulta identificar quién recibe finalmente el dinero y esconde quién recibe finalmente el dinero.
Para José Flores, de la organización R3D, este tipo de esquemas ha sido documentado desde hace más de una década en la industria de la vigilancia: “Por ejemplo, en las filtraciones de los correos de Hacking Team, aparecían mensajes donde varias empresas intermediarias se ponían de acuerdo para inflar artificialmente el precio”.
En el listado se ubicó a Vozh Consultoría Administrativa y Humana S.C., que recibió de Cadval 27 millones 394 mil pesos (USD 1,5 millones) bajo conceptos como «intermediación de contrato» y «comisión por éxito» en nueve estados, entre ellos Querétaro, Estado de México, Guanajuato, Zacatecas y Oaxaca. La empresa figura en el listado global definitivo de contribuyentes con operaciones simuladas.
El esquema se repite en el caso de Esquenazi, cuya sociedad transfirió cerca de la mitad de las comisiones recibidas —335 millones de pesos (USD 18.4 millones)— a Servicios Integrales TRMG, cuyo certificado fiscal fue revocado por el Servicio de Administración Tributaria, lo que le impide emitir facturas.
En 2022, un bufete de abogados de Florida intentó retirar notas periodísticas del Semanario Zeta de Tijuana que identificaban a Daniel Esquenazi Beraha como ejecutivo de Seguritech Privada con el argumento de que no tenía relación con la empresa. Ese mismo año, su representado cobró más de 600 millones de pesos en comisiones de distintas compañías del conglomerado.
Años después, el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo fueexonerado de conflicto de interés al habitar una casa en Texas propiedad de Esquenazi, por el gobierno de su sucesora, Libia Dennise García, con el argumento de que el empresario ‘no aparece como apoderado o accionista’ de Seguritech.
Especialistas en el sector señalan que las comisiones convencionales suelen ubicarse por debajo del 3 por ciento. En 23 de 45 pagos que los gobiernos realizaron, las comisiones oscilaron entre el 4 y el 50 por ciento, muy por encima del rango convencional del sector.
El activista anticorrupción, Luis Pérez de Acha, plantea que, en algunos casos, el esquema de subcontratación en capas puede estar asociado a la necesidad de fragmentar los flujos de dinero: “No hay razón de pagar comisiones por arriba de un 10% que ya están fuera de mercado”.
El desglose por estado revela la magnitud del esquema. Las comisiones pagadas por la empresa para contratos con el Estado de México generaron los montos más altos, seguido por Guanajuato, Querétaro y Chihuahua, que en conjunto suman más de 845 millones de pesos (USD 47 millones) por este concepto. Otros pagos de comisiones por más de mil millones de pesos (USD 56 millones) no pudieron asociarse a un contrato público específico, lo que impidió rastrear el origen de esos recursos.
Para Pérez de Acha, los elementos identificados en esta investigación configuran señales de alerta reconocidas por el propio SAT desde hace décadas: un objeto social amplísimo, sin rastro público y flujos de ida y vuelta entre empresas relacionadas son criterios de riesgo. Sin embargo, advierte que llegar a una conclusión definitiva está fuera del alcance de cualquier investigación externa: “Esos puntos ciegos nada más los puede romper la autoridad con la información reservada que tiene en su poder”.
Los registros mercantiles muestran otro patrón en varias de estas empresas que reciben comisiones: los socios fundadores —en algunos casos, personas sin antecedentes empresariales documentados, domiciliadas en localidades rurales o de alta marginalidad— transfieren sus acciones o dejan de figurar en la estructura formal poco tiempo después de la constitución. En su lugar, un grupo reducido de personas aparece de manera reiterada como apoderado, administrador único o representante legal en distintas compañías de la red. Los movimientos fiscales muestran que varias de las empresas que reciben pagos de Cadval y Esquenazi realizan a su vez transferencias entre sí, lo que genera una tercera capa de circulación de recursos.
Otra empresa que es contratada por el grupo es ANEP Serviciospro; recibió más de 114 millones de pesos (USD 6.5 millones) entre 2019 y 2025 por asesorías, cobranza y gestiones en proyectos de siete estados. Tampoco tiene sitio web, presencia en redes sociales ni registro visible en plataformas de contratación pública. Algunos de sus gastos son la revisión ortográfica de un plan estratégico de Seguritech por el que pagó 2.8 millones de pesos (USD 161 mil) y gestiones en Colombia, donde el grupo también opera. Los registros muestran además que un empleado de Picker figura como delegado especial en el acta de asamblea de socios de ANEP.
Para esta investigación se intentó contactar a ANEP Serviciospro, Servicios Integrales TRMG, Proveedores de Servicios Comerciales y de Construcción Naith, Cadval Servicios Estrategias y Proyectos, y Vozh Consultoría Administrativa y Humana S.C. y conocer su postura. Sin embargo, ninguna de estas empresas cuenta con página web, número telefónico, email, dirección física ni ningún otro medio de referencia en registros públicos.
De acuerdo con Rafael Prieto Curiel, exdirector de análisis estratégico del Centro de Atención de Emergencias de la Ciudad de México, la adquisición de este tipo de tecnología se ha convertido en un incentivo político y económico: “¿Son el engranaje que falta para hacer seguridad? Yo creo que no. ¿Se presta a que hagan negocios? Sí”.
Bernardo León, exsecretario de Seguridad de Morelia, afirma que la tecnología “es un medio, no un fin”. Sin embargo, advierte que, en contextos con baja transparencia y falta de controles democráticos, pueden surgir dudas sobre su uso y los posibles beneficios asociados a su contratación: “Y si alguien sale beneficiado, digamos, extralegalmente, y si eso no tiene la transparencia que debería de tener porque es un tema de seguridad, ahí es donde habría que ver”.
El modelo descrito no es exclusivo de Seguritech, pero su escala lo convierte en un caso excepcional. Los mecanismos —subcontratación interna, transferencias cruzadas y comisiones sobre contratos gubernamentales— son legales. Por eso el escrutinio público apunta al fondo: dinero de los contribuyentes destinado a combatir la violencia que no está dando resultados, manejado con un sistema de intermediación que, al multiplicar las capas entre el contrato público y el servicio final, hace imposible determinar si el erario pagó un precio justo por lo que recibió.
Cómo creció el imperio de la vigilancia
Seguritech Privada nació en 1995 como una empresa inmobiliaria que después comercializó sistemas de alarmas vecinales. Fue fundada por Simón Picker Gottlieb, padre de Ariel Picker Schatz. En 2009, tres años después del inicio de la estrategia federal contra el crimen organizado, la empresa incorporó servicios de seguridad para instituciones públicas y privadas. En los años siguientes amplió sus operaciones hacia seguridad industrial, capacitación especializada y soporte técnico para Centros de Comando y Control (C5), plataformas que concentran cámaras de vigilancia, llamadas de emergencia y bases de datos policiales en distintos estados del país.
Para esta investigación se identificaron al menos 63 compañías creadas entre 1995 y 2024 por miembros de la familia Picker Schatz y colaboradores cercanos. Solo 29 de ellas son parte del corporativo Seguritech Integral Security. El resto corresponde a empresas con giros diversos —telecomunicaciones, servicios aéreos, inmobiliarias, turísticos y proyectos agrícolas, como el viñedo Omún en Guanajuato— en las que figuran Ariel Picker, su madre Olga Schatz, el empresario Daniel Esquenazi, entre otros colaboradores del grupo.
También se incluyen sociedades diseñadas para participar en contratos de Asociación Público-Privada en Michoacán y Tamaulipas. En mayo de este año anunció que construirá y operará un C5i en Medellín, Colombia. También hay registro de actividades en otros cinco países latinoamericanos y España.”
El crecimiento de la empresa no ha estado exento de controversias. Desde al menos 2015, reportes de prensa han documentado cuestionamientos sobre contratos otorgados al grupo, incluyendo procesos de adjudicación poco transparentes, incumplimientos en la entrega de equipos y fallas en sus servicios.
En algunos casos, autoridades han iniciado procedimientos administrativos contra la empresa. El Banco del Ejército impuso una multa de 3.2 millones de pesos (USD 181 mil), mientras que el gobierno de Coahuila sancionó a la compañía con 1.9 millones (USD 107 mil). En Chihuahua, autoridades estatales anunciaron reclamaciones por 112.3 millones de pesos (USD 6 millones) relacionadas con retrasos en contratos.
Para esta investigación, se buscó a Ariel Picker y a Daniel Esquenazi con el propósito de conocer aspectos puntuales sobre el modelo de negocio de Seguritech, la trayectoria de la empresa, sus contratos con gobiernos estatales y municipales y su visión sobre el sector de seguridad tecnológica en México.
A petición de Esquenazi, se remitieron cuestionarios por escrito; la empresa indicó que sus abogados revisarían las preguntas y, un día después, que un asesor se haría cargo de las respuestas. El compromiso fue entregar la información la noche del martes 2 de junio. Al cierre de esta edición, no se había recibido respuesta. La empresa fue notificada de que su postura, de producirse, se publicaría en una nota posterior.
Guanajuato, vigilancia sin paz
A más de una década de contratos millonarios en videovigilancia, Guanajuato combina alto gasto público, opacidad y mecanismos que dificultan la rendición de cuentas, sin que la violencia haya cedido.
Por: Kennia Velázquez, Mónica Cerbón y Arnoldo Cuéllar
En México, la expansión de sistemas de vigilancia ha sido presentada por los gobiernos como una de las principales respuestas frente a la violencia. Sin embargo, el crecimiento de esta industria también ha implicado altos niveles de gasto público, capas de intermediación opacas y resultados limitados en materia de seguridad.
En Guanajuato, uno de los estados más golpeados por la violencia en la última década, la apuesta por la tecnología de seguridad se convirtió en una política pública sostenida a lo largo de tres administraciones.
A través de contratos estatales y municipales, Seguritech instaló centros de control, sistemas de videovigilancia, plataformas de monitoreo y redes de conectividad digital con el objetivo declarado de fortalecer la prevención y “blindar Guanajuato”.
Si bien cada gobernador ofreció un cambio en seguridad, hubo una política persistente: contratar a Seguritech Privada S.A. de C.V. Miguel Márquez contrató en 2012 a la compañía por un arrendamiento de equipo de videovigilancia de 3 mil millones de pesos (USD 231 millones al tipo de cambio de ese año) para proteger al estado de la violencia en las entidades vecinas. Seis años después, su sucesor Diego Sinhue Rodríguez hizo campaña planteando “un golpe de timón” en seguridad para revertir el crecimiento sostenido de la criminalidad e invirtió otros 4.4 mil millones de pesos (USD 233 millones) por un “Servicio Integral de Monitoreo Inteligente”. Finalmente, la actual gobernadora Libia García ofreció “un nuevo comienzo” como eslogan electoral, pero terminó recontratando a la empresa por 4.7 mil millones (USD 243 millones) para dar continuidad a la estrategia de seguridad.
De acuerdo con contratos obtenidos vía transparencia, el gobierno estatal y siete municipios firmaron convenios con el grupo Seguritech Privada por al menos 13 mil 593 millones de pesos (USD 769 millones) entre 2012 y 2025 para seguridad, y 543 millones de pesos (USD 30 millones) adicionales para conectividad digital.
Pero estos no fueron los únicos ingresos de la empresa en Guanajuato. Siete municipios reservaron la información de sus convenios bajo el argumento de que divulgar cualquier dato relacionado con los montos o condiciones de contratación pondría en riesgo la seguridad pública.
Documentos financieros y registros internos revisados por POPLab y CONNECTAS muestran que, solo entre 2021 y 2025, 17 municipios y el Ejecutivo estatal realizaron pagos por 6 mil 405 millones de pesos (USD 362 millones) a la empresa, equivalentes a cerca del 20 por ciento de los ingresos del grupo en ese periodo. Estos pagos fueron documentados a través de comprobantes fiscales verificados, algunos de los cuales corresponden a gobiernos que respondieron no tener contratos con Seguritech, o que reservaron esa información.
Pie: Elementos del ejército mexicano luego de un enfrentamiento por robo de hidrocarburos en Romita, Guanajuato. Foto: Juan José L. Plascencia.
Mientras la infraestructura crecía, también lo hacía la violencia. En 2012 —año en que comenzaron los contratos con Seguritech—, Guanajuato tenía una tasa de homicidios de 12 por 100 mil habitantes. Los años siguientes mostraron una tendencia sostenida al alza hasta alcanzar 81.12 en 2020. El sistema de vigilancia, donde ya se habían invertido más de 460 millones de dólares, no se tradujo en una reducción de la violencia: la inseguridad se desbordó.
Aunque en 2024 la cifra descendió a 4.035, el estado se mantiene entre los más violentos del país, según datos del INEGI. De acuerdo con la organización Causa en Común, Guanajuato es la segunda entidad con mayor número de «atrocidades» —término con el que la organización agrupa masacres, feminicidios, ataques a poblaciones y otras formas de violencia extrema—, solo detrás de Sinaloa, donde se registra una guerra abierta entre organizaciones criminales.
La inversión sostenida en videovigilancia, cuya cuantía la ubica como la estrategia central para atender esta crisis, no se ha traducido en una reducción de la violencia, sobre todo por la ausencia de medidas complementarias.
“No es un tema de tecnología, es un tema de que la gente no siente la confianza de ir a una agencia del Ministerio Público y denunciar. Y cuando se denuncia, no se investiga por falta de capacidad de la Fiscalía, que está superada por el número de delitos que se cometen; es un cuello de botella gigantesco”, reflexiona el exsecretario de Seguridad de Morelia y quien ha trabajado como asesor de seguridad del municipio de León, Bernardo León Olea.
Esta tendencia también se refleja en el Índice de Paz México (IPM), elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, que evalúa la intensidad de la violencia en las entidades a partir de indicadores como homicidios, delitos violentos, crimen organizado y la eficiencia del sistema judicial. En esta medición, los puntajes cercanos al 1 indican un estado pacífico; una puntuación próxima al 5 señala menor nivel de paz. Guanajuato pasó de un índice de 3.856 en 2021 a 4.403 en 2025, lo que refleja un deterioro en sus condiciones de seguridad.
En teoría, la expansión de sistemas de vigilancia debía prevenir la violencia y fortalecer las investigaciones criminales. En la práctica, el acceso a esa información suele fallar. Familiares de personas desaparecidas y sus representantes legales consultados para esta investigación describieron un patrón recurrente: cuando solicitan a los fiscales que requieran las grabaciones del trayecto de sus seres queridos, el trámite puede tardar meses. Al concretarse, la respuesta habitual es que las cámaras no funcionaban o que el video ya no existe.
En 2024, el abogado Iván L. solicitó las grabaciones de un arco carretero en un punto de acceso entre Jalisco y Guanajuato para una causa penal. La respuesta fue que la cámara estaba descompuesta y no había sido reparada en meses.
De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal, entre 2020 y 2024 Guanajuato contaba con 4,281 cámaras en operación, pero en ese mismo periodo se entregaron solo 191 videos para causas penales.
Para esta investigación se solicitaron al gobierno estatal y a los municipios indicadores sobre resultados, impacto y desempeño de los sistemas de videovigilancia. El Ejecutivo respondió que esta información corresponde a los gobiernos municipales, mientras que estos no la proporcionaron al considerarla reservada por motivos de seguridad pública.
Bernardo León señala que el problema se agrava en Guanajuato por la falta de resultados proporcionales al nivel de inversión.
La “cifra negra”, determinada en las encuestas de victimización del INEGI como el porcentaje de delitos que no se denuncian, alcanza el 90 por ciento. El 87 por ciento de la población se siente insegura y, en promedio, cada habitante gastó en 2024 alrededor de 3 mil pesos (USD 173) en medidas de protección. El costo per cápita del delito asciende a 7,257 pesos (USD 420), considerando pérdidas materiales y afectaciones a la salud.
Pie: Expedientes de investigaciones en una oficina de la Fiscalía de Guanajuato. Foto: POPLab.
Para el consultor independiente, “la mayoría del delito es muy local. Y la tecnología te sirve mucho, pero lo que no puedes perder de vista es para qué lo quieres. En Guanajuato, el problema siempre ha sido ese: hay un desenfoque muy grande de los resultados versus los procesos. En las instituciones de seguridad y justicia de Guanajuato resulta impresionante la cantidad de certificaciones y premios que tienen; es algo enorme. Pero cuando ves los resultados en términos de reducción de la victimización, de menos crimen, mejor percepción de seguridad, no se ha visto”.
Contratos y opacidad
La información financiera del grupo Seguritech Privada a la que POPLab y CONNECTAS tuvieron acceso muestra que el presupuesto invertido en contratos de seguridad no se limita a la instalación de infraestructura. Al menos 253 millones de pesos (USD 14 millones) fueron distribuidos por la empresa como pago de comisiones vinculadas a contratos estatales y municipales en Guanajuato, a través de empresas y personas relacionadas con la red del grupo.
El análisis de contratos disponibles indica que Guanajuato es uno de los principales clientes del grupo. De al menos 25 contratos identificados en el estado y varios municipios, 19 fueron adjudicados de manera directa. En los restantes, la información disponible no permite determinar el mecanismo de asignación.
En León, el gobierno municipal adjudicó directamente un contrato a Seguritech tras declarar desierta una licitación. La Contraloría municipal señaló en una auditoría que no justificó que fuera la mejor oferta. Las observaciones no fueron corregidas.
En Dolores Hidalgo, las autoridades informaron que no localizaron el contrato en sus archivos, aunque confirmaron un pago adjudicado de manera directa por 86 millones de pesos más IVA (USD 4.9 millones).
Una revisión comparativa muestra cláusulas contractuales más restrictivas que en otros estados. Algunas disposiciones reducen la responsabilidad del proveedor en contextos de violencia. Por ejemplo, si entre el 5 o 7 por ciento de la infraestructura es dañada, el proveedor no está obligado a reinstalar equipos ni continuar operaciones. También se establece que fallas derivadas de tecnología “innovadora” no constituyen incumplimiento.
Además, varios contratos incluyen cláusulas de confidencialidad de hasta diez años, lo que limita el acceso público a la información. En algunos casos, los municipios deben notificar al proveedor cuando terceros solicitan datos, permitiéndole intervenir para mantener su clasificación como reservada.
“La cláusula de confidencialidad, por donde lo veas, está mal”, señala Iván Benumea Gómez, coordinador del programa de justicia fiscal de la organización civil Fundar. “La ley prohíbe que se clasifique información con base en acuerdos privados”. Los contratos también establecen condiciones que favorecen al proveedor en caso de terminación anticipada. Los gobiernos deben cubrir gastos no recuperables, inversiones y costos asociados, lo que incrementa el costo de salida.
Pie: Video-vigilancia en las instalaciones del Sistema Estatal C5i ubicado en Guanajuato Puerto Interior. Imagen: Secretaría de Seguridad y Paz.
Tanto el gobierno estatal como los municipios utilizaron argumentos similares para reservar información, basados en supuestos riesgos derivados de hackeos o ataques a instalaciones policiacas que se publicaron en notas periodísticas. También se ocultaron los montos argumentando que revelarlos permitiría a grupos criminales identificar zonas sin cobertura de cámaras.
Tras revelarse que el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo residía en una casa en Texas propiedad de Daniel Esquenazi —gestor comercial y comisionista de Seguritech que cobró más de 600 millones de pesos en comisiones (USD 34.7 millones)—, la presión pública llevó a la actual administración estatal a publicar los contratos reservados desde 2012. Sin embargo, las cláusulas relacionadas con responsabilidades del proveedor fueron ocultadas en las versiones públicas.
En algunos municipios, los contratos con Seguritech se financiaron con recursos transferidos por el gobierno estatal con esta finalidad explícita. En Guanajuato capital, un convenio entre el municipio y el Ejecutivo estatal establece que los fondos deben destinarse a contratar a la empresa. En San Luis de la Paz, el propio contrato con Seguritech señala que el recurso proviene del gobierno estatal y es de uso exclusivo para la contratación del sistema de videovigilancia. Para esta investigación se solicitó al gobierno del estado una relación de todos los convenios celebrados con municipios que implicaran transferencias extraordinarias de recursos. La respuesta fue que no existían. Sin embargo, las dependencias consultadas no tienen atribuciones en materia presupuestal, y la Secretaría de Finanzas no fue requerida.
Para los gobiernos municipales, especialmente los más pequeños, la contratación implica asumir gastos elevados. Dependiendo del caso, los pagos a la empresa representan entre el 26 por ciento (San Miguel de Allende) y el 78 por ciento (Valle de Santiago) del presupuesto de seguridad pública local en los periodos en que se realizaron los pagos.
Los contratos establecen compromisos de largo plazo con márgenes limitados de supervisión, y la información generada por los sistemas de vigilancia sigue siendo inaccesible para quienes buscan justicia o verdad.
A más de una década del inicio de estos contratos, el modelo en Guanajuato combina altos niveles de gasto público, limitada transparencia y mecanismos contractuales que dificultan la rendición de cuentas, sin que ello se traduzca en una reducción de la violencia.
Más allá de la seguridad: naves industriales, viñedos y obra pública
La relación entre el grupo Seguritech y los gobiernos de Guanajuato no se limitó a los contratos de videovigilancia. Empresas vinculadas a Ariel Picker obtuvieron terrenos públicos a precios por debajo del mercado, infraestructura construida con recursos estatales y obra pública orientada a embellecer desarrollos privados del consorcio. El parque aeroespacial Skyplus recibió condiciones gubernamentales favorables y obras a cargo del estado en Guanajuato Puerto Interior en 2014. El viñedo Omún en Dolores Hidalgo fue desarrollado con apoyo del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que invirtió al menos 120 millones de pesos (USD 6,9 millones) en la remodelación del poblado aledaño, habitado por 800 personas.
A lo largo de tres administraciones, la relación comercial con Seguritech se renovó sin que ningún gobierno la sometiera a evaluación pública ni a competencia abierta entre proveedores.
Para especialistas en contratación pública consultados para esta investigación, los beneficios obtenidos por empresas vinculadas al grupo en terrenos, infraestructura y obra pública configuran una relación que va más allá de la de cliente y proveedor.
En 14 años, Guanajuato sigue siendo uno de los estados más violentos del país. La inversión en tecnología de vigilancia creció. La rendición de cuentas, no.
Pie: El viñedo Omún, en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Fotografía: Juan José L. Plascencia.
Para esta investigación, se buscó a Ariel Picker y a Daniel Esquenazi con el propósito de conocer aspectos puntuales sobre el modelo de negocio de Seguritech, la trayectoria de la empresa, sus contratos con gobiernos estatales y municipales y su visión sobre el sector de seguridad tecnológica en México.
A petición de Esquenazi, se remitieron cuestionarios por escrito; la empresa indicó que sus abogados revisarían las preguntas y, un día después, que un asesor se haría cargo de las respuestas. El compromiso fue entregar la información la noche del martes 2 de junio. Al cierre de esta edición, no se había recibido respuesta. La empresa fue notificada de que su postura, de producirse, se publicaría en una nota posterior.
La Orquesta Sinfónica Bonaventura es un proyecto tlaxcalteca independiente que busca no solo llenar los escenarios, sino transformar la realidad social y profesional de la música en la entidad.
Desde la comunidad nahua de San Pedro Tlalcuapan, en el municipio de Chiautempan, comenzó a germinar un proyecto que busca acercar la música sinfónica a todos los rincones de Tlaxcala y romper con la idea de que el arte clásico pertenece únicamente a una élite, por ello, esta puesta cultural tendrá su debut oficial este 4 y 5 de julio, cuando la Orquesta Sinfónica Bonaventura se presente en el Salón D’Mary, en el municipio sarapero.
Detrás de esta iniciativa se encuentra Alan Rosete, violinista de la comunidad de Tlalcuapan, de 25 años, quien tras formarse en la Orquesta Escuela Carlos Chávez de la Ciudad de México y presentarse en escenarios de Canadá e Italia, decidió regresar a su tierra natal con un objetivo claro, construir espacios culturales desde las comunidades y para las comunidades.
Su regreso no estuvo motivado únicamente por la nostalgia, sino por la necesidad de transformar el panorama musical del estado. Y en este camino, se encuentra acompañado por el maestro Emilio Alejandro Cruz, quienes impulsan la creación de la Orquesta Sinfónica Bonaventura, un proyecto independiente que apuesta por la profesionalización artística, la inclusión cultural y el impulso al talento joven.
Así nació la Orquesta Sinfónica Bonaventura
Mientras que Alan Rosete encabeza la dirección ejecutiva y administrativa del proyecto, Emilio Alejandro se concentra en la dirección artística y la curaduría musical, consolidando una propuesta que combina organización, calidad y visión comunitaria.
Sin nombre oficial, sin redes sociales y prácticamente sin difusión masiva, realizaron un concierto piloto en diciembre de 2025 en la comunidad de Tlalcuapan, mismo que reunió a más de mil personas durante cerca de hora y media. La respuesta del público confirmó algo ya intuían, la existencia un interés real por consumir música sinfónica cuando ésta logra acercarse a la gente.
A partir de ese momento nació formalmente la Orquesta Sinfónica Bonaventura, nombre derivado del italiano y que significa «buena suerte» o «buen camino», reflejando el espíritu colectivo del proyecto y el deseo de construir una nueva ruta cultural para Tlaxcala.
Más allá de ofrecer conciertos, la agrupación surge como respuesta a una problemática que durante años ha afectado a músicos profesionales del estado, la falta de espacios laborales y de desarrollo artístico. Para Alan Rosete, Tlaxcala es una entidad que posee un enorme potencial cultural, pero históricamente la música académica no ha contado con estructuras sólidas que permitan a los instrumentistas ejercer con dignidad.
Ante este escenario, muchos jóvenes músicos se han visto obligados a emigrar a otros estados e incluso a otros países para continuar su formación y encontrar oportunidades de trabajo. Por ello, el proyecto busca convertirse en una alternativa local y en una plataforma capaz de posicionar al estado dentro del circuito musical nacional.
El proyecto también apuesta por una nueva generación de intérpretes, pues actualmente, el 90 por ciento de los integrantes de la orquesta son menores de 30 años, varios de ellos colaboradores de agrupaciones reconocidas como la Filarmónica de la UNAM y la Sinfónica de Puebla.
Sin embargo, para sus fundadores, el impacto más importante no se limita al ámbito artístico. Consideran que la música puede convertirse en una herramienta de transformación social, capaz de generar pensamiento crítico, cohesión comunitaria y acceso cultural para sectores históricamente alejados de estos espacios.
“La música sinfónica no debe sentirse ajena”
Los impulsores sostienen que este proyecto busca eliminar el prejuicio de que este tipo de espectáculos son exclusivos para ciertos grupos sociales. La intención es que cualquier persona, independientemente de su contexto económico, ideología o religión, pueda sentirse bienvenida dentro de un concierto orquestal.
Como parte de este crecimiento, la Orquesta Sinfónica Bonaventura prepara ahora su debut oficial con una producción de mayor escala. Las presentaciones se realizarán el sábado 4 de julio a las 19:00 horas y el domingo 5 de julio a las 17:00 horas en el Salón D’Mary, ubicado en Santa Ana Chiautempan.
El programa incluirá grandes clásicos de la música sinfónica, piezas de ópera, música popular y composiciones mexicanas reconocidas por el público a través del cine y el teatro musical.
Con el objetivo de mantener precios accesibles, los boletos tendrán costos de 200, 230 y 260 pesos en zona VIP, permitiendo que más familias tlaxcaltecas puedan disfrutar de músicos egresados de algunas de las mejores instituciones del país sin necesidad de trasladarse a la Ciudad de México.
«Esta es la orquesta del estado, es su orquesta», afirma Alan Rosete, al extender una invitación al público y a las autoridades para respaldar un proyecto independiente que subsiste gracias al esfuerzo colectivo, la gestión cultural y la respuesta de la ciudadanía.
Para sus creadores, la meta no es únicamente ofrecer conciertos, sino comenzar a construir una nueva historia cultural para Tlaxcala desde sus comunidades, sus jóvenes y su gente.
