Si les pidiera a todas las personas en edad de votar en Tlaxcala que levantaran la mano si siente agotamiento de este entorno político en Tlaxcala que parece un mecanismo de control que las élites intentan mantener vivo para justificar la opacidad, el nepotismo y la falta de profesionalización en el gobierno, seguro que más de la mitad la levantarían.
Pero si les pidiera que bajaran la mano quienes pueden mantener su «estatus», sus «privilegios» o las condiciones actuales en las que viven, me da una nostalgia tremenda pensar que no habría mucho cambio en las manos levantadas.
Y es que, ¿cómo podríamos diagnosticar lo cerca o lejos que estamos de cambiar el paradigma social con el que hemos entendido la ciudadanía, la política y el bien común? Es una pregunta que nos ha acompañado en Escenario Tlaxcala desde el día que decidimos construir este medio de comunicación, y que ahora, frente a esta administración estatal se ha vuelto más difícil acercar una respuesta.
A pesar de ello, este lunes inicio con una serie de columnas que buscarán colocar sobre la mesa probables elementos para reflexionar esto juntas y juntos. Digo que juntas y juntos porque me interesa mucho abrir conversación, así que al leerme te interesa hacer de esto un diálogo, escríbeme al WhatsApp 246 100 1270.
Después de ese comercial, y cuatro párrafos después de que iniciaste a leer te cuento que aunque el panorama pareciera que nos ha rebasado. Veo con optimismo que se esté rompiendo un mito que es probable que ni siquiera hayas pensando que es un mito. Hablo del famosísimo y tan escuchado: Tlaxcala es un pueblo chico. Y es que, ¿nos hemos puesto a pensar en la carga simbólica que representa esto para sostener las estructuras y relaciones políticas actuales?
A ver, que tampoco vengo a decir que no seamos un pueblo chico, porque vaya que lo somos. El punto aquí es como eso sostiene formas arcaicas que no nos permiten madurar como ciudadanía.
Me refiero claro a que en Tlaxcala los actores políticos a menudo están interconectados por lazos de sangre, matrimonio o padrinazgos históricos, lo que anula la oposición real, fomenta la complicidad y silencia la fiscalización ciudadana. O también a esta práctica del político tlaxcalteca que adopta un discurso moderno solo en la forma, tomándose la foto con mujeres, homosexuales o defensores de derechos humanos, pero en el Congreso local o en los cabildos congelan acciones reales.
Pero ser un «pueblo chico» no solo sostiene formas arcaicas, también ha permitido que permanezcan a través del tiempo formas de organización colectiva maravillosas y que ya quisieran otros estados de México.
Esas formas de organización colectiva podrían ser justo la respuesta. A ver, desde una mirada crítica constructiva de nuestra propia cultura cívica, cuando las y los ciudadanos tlaxcaltecas quieren, dejan de tolerar la falta de servicios, la opacidad y el nepotismo, y aunque lo hacen en contexto de amenaza, ¡Lo hacen!
Normalizar la indignación fuera de contextos de amenaza es lo que puede normalizar también que observemos permanentemente cómo la asignación de los cargos de confianza en los municipios de Tlaxcala no responden a perfiles técnicos o académicos, sino al pago de favores de campaña. Y cómo la exigencia de mejores perfiles en las oficinas gubernamentales de todos los niveles puede generar un impacto directo tan solo en eficiencia y en empleabilidad de muchas personas profesionales preparadas pero que no son consideradas ahora por no tener una foto con la gobernadora en campaña.
Y entre ese claroscuro, hay ejemplos que comienzan a romper. En esta columna compartiré una de ellas para no extenderme demasiado y dedicarle su espacio a otras formas en las siguientes entregas.
En esta ocasión, quiero hablar de la irrupción con una fuerza brutal desde hace ya unos años de las juventudes y los feminismos. Ahora en Tlaxcala, hay un segmento de poblaciones jóvenes y una población cada vez más grande de mujeres que se movilizan por agendas como los derechos reproductivos y la diversidad sexual.
Pero esta fractura generacional no termina de agrietar. Por ejemplo, con la Universidad Autónoma de Tlaxcala impidiéndolo bajo coerción de la comunidad estudiantil. Sin embargo, hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, creando redes seguras, desde la propia comunidad estudiantil o con el acompañamiento docente. El aislamiento es el arma principal de la coerción; si un estudiante alza la voz en solitario, es neutralizado académicamente. Se requiere inteligencia colectiva.
Construir bloques de resistencia sobre problemas compartidas (protocolos reales contra la violencia de género, inclusión LGBTTTIQA+ y mejora de infraestructura académica), puede diluir el riesgo individual. Desde Escenario Tlaxcala, dejamos abierto un canal seguro y libre para construir reportajes que denuncien los diferentes sistemas de violencia al interior de la UATx. Sus testimonios documentados sobre el estancamiento institucional pueden ser esfuerzos que agrieten.
Por lo pronto, cierro compartiendo lo que nos dijo durante nuestro festejo de aniversario el pasado 10 de julio, Alejandra Méndez Serrano, y desde su experiencia acumulada por más de 20 años al frente del Centro Fray Julián Garcés donde trabajó para conseguir incidencias palpables en materia de trata de personas con fines de explotación sexual y contaminación de la cuenta Atoyac-Zahuapan:
«Necesitamos construir ciudadanía permanentemente. en la colectividad está la esperanza… desde la academia, desde el teatro, desde el arte, desde el periodismo».
Y agregaría, desde las aulas de clases, desde las oficinas gubernamentales, desde las calles de nuestras comunidades, desde cualquier punto del territorio tlaxcalteca que justo como es un pueblo chico, es más fácil defenderlo.
En 1990 Marcela Lagarde desarrolló la categoría de madresposa, bajo la cual, es posible entender las condiciones estructurales mediante las cuales, las mujeres son definidas y valoradas socialmente. Lagarde expone que, en las sociedades patriarcales, las mujeres y sus identidades se encuentran subordinadas al servicio de los otros.
Comprender el papel resignado de las mujeres en dichas sociedades ha permitido, como lo sostiene la autora, caminar hacia la construcción de la autonomía femenina, logrando así que a través de muchas luchas, las mujeres contemporáneas puedan ser plenas sujetas de derecho, tengan acceso a servicios públicos, acceso a vivienda, y en general, al ejercicio pleno en la creación de su autonomía, misma que no implica forzosamente, el cumplimiento de los roles “tradicionales” de una mujer: La conyugalidad y la maternidad.
Considerar a las mujeres como sujetas de derechos, en la actualidad parece algo cotidiano, sin embargo, para que las mujeres fueran consideradas como humanamente iguales que los hombres, tuvieron que pasar cientos, incluso miles de años. En un mundo que se regía y se rige por hombres del norte global que ejercen el poder hacia sus subordinados, las mujeres se vieron reducidas a lo que se sostiene ahora como una esposa tradicional, encargada de la reproducción sistémica y humana; cientos de años de esclavitud, racismo, clasismo y machismo tuvieron que pasar para que las sociedades patriarcales fueran obligadas a reconocer a las mujeres como personas con los mismos derechos que los hombres.
Como resultado de la industrialización y la gran necesidad de mano de obra barata, en el norte global las mujeres y los niños sobrepasaron sus roles subordinados y se convirtieron en trabajadores, de modo que, las mujeres salieron de los espacios privados y comenzaron a ocupar también los espacios públicos, y así, poco a poco las mujeres fueron tomando un papel, que si bien aún se ve determinado al de los hombres, gradualmente les permitió el poder exigir derechos en donde se les considerara también como humanas, sin importar la raza, el color y la clase social.
La historia por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, no ha sido más que la búsqueda del propio reconocimiento global de una población que históricamente ha sido violentada de formas sumamente inhumanas, y que contemporáneamente, padece de múltiples violencias, como son las represiones a manifestantes, la falta de acceso a la salud pública, en la cosificación de las mujeres, en las dobles o triples jornadas de trabajo no remunerado, incluso las mujeres con poder que ejercen violencia hacia otras.
Siglos en la búsqueda de reconocimiento y cumplimiento de los derechos de las mujeres se ponen en riesgo ante discursos como el de Erika Kirk, quien invita explícitamente a las mujeres blancas estadounidenses a: “ceder su derecho al sufragio” para convertirse en tradwifes (esposas tradicionales), lo que nos hace preguntarnos auténticamente sobre la desesperación del sistema patriarcal por amortiguar y detener el ejercicio de los derechos de las mujeres.
Tal como Lagarde lo expuso hace más de 20 años, los roles socialmente asignados para la reproducción de la sociedad patriarcal se han justificado a través del amor, el sacrificio, la fidelidad y la abnegación, manteniendo a las mujeres en una subordinación sexogenérica en relación a los hombres. Ante el actual intento de retorno al rol tradicional de las mujeres, es preciso cuestionar los movimientos que intentan arrebatar los derechos a las mujeres, pues después de todo, como diría Simone de Beauvoir «El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos«.
Tlaxcala, Tlax.- Steve del Razo Montiel, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (COEPRIST), fue señalado mediante una denuncia ciudadana recibida por Escenario Tlaxcala de presuntamente utilizar sus redes sociales personales y los canales institucionales de la dependencia para realizar actos de promoción personal y posible proselitismo político.
De acuerdo con la denuncia, el funcionario habría utilizado la página oficial de la COEPRIST para difundir actividades relacionadas con su participación como padrino de generación en al menos tres eventos realizados en los municipios de Tzompantepec, Nanacamilpa y Santa Cruz Tlaxcala. En las publicaciones institucionales se destaca su asistencia a ceremonias de clausura y los mensajes de felicitación dirigidos a estudiantes, familias y personal docente. Además, la denuncia señala que el funcionario manteniene presuntos elementos de identificación partidista al interior de su oficina.
Estas conductas, sostuvo la persona denunciante, podrían ser contrarias a los principios de imparcialidad, neutralidad y uso adecuado de la función pública, además de constituir posibles infracciones a las Reglas de Integridad de la Administración Pública Estatal.
Cuando la imagen institucional se confunde con la promoción personal
El día miércoles, el equipo editorial de Escenario Tlaxcala recibió una denuncia anónima en la que se señala que, al interior de la oficina del titular de la COEPRIST, se observan banderas alusivas al partido Morena. A consideración de la persona denunciante, la presencia de estos elementos en un espacio oficial podría contravenir el deber de imparcialidad que debe regir la actuación de las personas servidoras públicas.
Foto: Oficina del titular de la COEPRIST, donde se observa una bandera de Morena colocada al centro del librero.
A este señalamiento se suma una publicación difundida el pasado 8 de julio en la página oficial de la COEPRIST, en la que se informó la participación de Steve del Razo Montiel como padrino de generación del Jardín de Niños Paulina Maraver, en el municipio de Tzompantepec. La publicación destaca su participación durante la ceremonia de clausura y añade un mensaje de felicitación dirigido a las y los egresados, sus familias y al personal docente.
Este mismo ejercicio se replicó en una segunda publicación de la página oficial de la COEPRIST, donde se informó la participación de Steve del Razo Montiel como padrino de graduación de un estudiante de la Escuela Primaria de la comunidad de Madero, en el municipio de Nanacamilpa. Al igual que en el caso de Tzompantepec, la dependencia difundió la actividad mediante sus canales institucionales, destacando la participación del funcionario.
Un tercer caso fue difundido por la página oficial de la COEPRIST, donde se informó la participación de Steve del Razo Montiel como padrino de generación de las y los egresados de la Escuela Primaria Xicoténcatl, en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala. La publicación resaltó su presencia durante la ceremonia de clausura, así como un mensaje de felicitación dirigido al alumnado, sus familias y al personal docente, replicando el mismo esquema de difusión institucional utilizado en los eventos realizados en Tzompantepec y Nanacamilpa.
La persona denunciante sostiene que estas conductas podrían relacionarse con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que los recursos públicos deben administrarse bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, además de obligar a las personas servidoras públicas a ejercerlos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. El mismo precepto dispone que la propaganda gubernamental debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, sin incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada.
A ello se suma el Código de Ética de la Administración Pública Estatal, que en su artículo 18, fracción II, regula el uso de las redes sociales y el cuidado de la imagen institucional. Dicho ordenamiento reconoce que las redes sociales constituyen «una extensión de la actuación de las personas en medios electrónicos», por lo que las cuentas utilizadas para difundir actividades relacionadas con el empleo, cargo o comisión deben permanecer públicas y no restringir la interacción de la ciudadanía.
Asimismo, el artículo 6, fracción II, del mismo Código prohíbe expresamente «realizar actos de proselitismo durante los períodos restringidos por las autoridades electorales», así como proporcionar subsidios, beneficios o apoyos derivados de programas gubernamentales con fines político-electorales.
Un patrón que rebasa a la COEPRIST
El caso de la COEPRIST no sería un hecho aislado. Escenario Tlaxcala ha documentado otros señalamientos sobre el uso de canales institucionales para proyectar la imagen de servidores públicos, como ocurrió con el alcalde con licencia de la capital, Alfonso Sánchez García, cuya administración difundió contenidos que privilegiaban su figura desde espacios oficiales.
Aunque corresponderá a las autoridades determinar si existen responsabilidades administrativas o electorales, estos casos reavivan el debate sobre los límites entre la comunicación institucional y la promoción personalizada, así como la obligación de las personas servidoras públicas de respetar los principios de imparcialidad establecidos en la Constitución y en la normativa estatal.
Tlaxcala, Tlax.– Desde su inauguración en mayo de 2023, el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i en Tlaxcala) se ha convertido en uno de los principales ejes de la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros. Con una inversión inicial de 293 millones de pesos, el proyecto contempló la construcción del complejo estatal, la instalación de Centros de Control y Comando (C2i) en al menos 48 municipios y el fortalecimiento de la red de videovigilancia en la entidad.
Como parte de la investigación «La rentabilidad del miedo» realizada por PopLab y CONNECTAS, se obtuvo información sobre los contratos y pagos efectuados por el Gobierno de Tlaxcala a la empresa Seguritech Privada S.A. de C.V. para la implementación de esta estrategia tecnológica. Los documentos revelan recursos destinados a la instalación de cámaras de videovigilancia, sistemas de monitoreo, equipos de rayos X y la adquisición de un autobús Freightliner M2, acondicionado como Centro de Control y Comando Móvil (C5 Móvil).
A partir de estos documentos y de una revisión de los boletines oficiales emitidos por el Gobierno de Tlaxcala, se logró contrastar la inversión pública destinada al C5i con la manera en que la administración estatal ha comunicado el uso de esta infraestructura tecnológica en operativos de seguridad, vigilancia y atención de emergencias.
Más de 81 millones de pesos para Seguritech
La revisión de los documentos financieros muestra que la administración encabezada por Lorena Cuéllar Cisneros efectuó al menos cuatro adquisiciones a favor de la empresa Seguritech Privada S.A. de C.V. entre noviembre de 2023 y abril de 2024.
La primera adquisición documentada se realizó el 13 de noviembre de 2023, cuando el Gobierno de Tlaxcala contrató un sistema de videovigilancia que incorporó cámaras con reconocimiento facial para espacios públicos e instalaciones gubernamentales y que, de acuerdo con los registros consultados, el monto de la operación fue de 21 millones 988 mil 115 pesos.
Posteriormente, el 6 de diciembre de 2023, la administración estatal adquirió un segundo sistema de videovigilancia con características similares al anterior. En esta ocasión, el costo ascendió a 51 millones 305 mil 601.68 pesos, convirtiéndose en la inversión de mayor monto dentro de los documentos revisados.
La tercera adquisición se formalizó el 19 de diciembre de 2023 y correspondió a la compra de equipos de inspección por rayos X, por un monto total de 8 millones 397 mil 875.68 pesos.
Los registros también documentan la adquisición de un autobús especial identificado como «G40 Sala de Prevención C2 Móvil Freightliner M2 106 25K», modelo 2019, con motor diésel de 7.2 litros, color negro y número de serie 3ALACXDJ8KDKP5038. La factura electrónica correspondiente consigna un monto total de 1.16 pesos, dato que fue corroborado durante la revisión documental. No obstante, el gobierno actual no a otorgado información precisa sobre el costo total de esta unidad móvil.
El uso del C5i en Tlaxcala: entre manifestaciones, seguridad y videovigilancia
Además de la inversión destinada a fortalecer la infraestructura tecnológica, un análisis de los boletines emitidos por el Gobierno de Tlaxcala entre febrero de 2025 y marzo de 2026 documentó 31 menciones del C5i. La revisión permitió identificar que su participación fue reportada principalmente en cinco ámbitos: vigilancia de eventos masivos y manifestaciones, operativos de seguridad, ampliación de infraestructura tecnológica, combate a la delincuencia y atención de emergencias.
El 8M, uno de los operativos con mayor presencia del C5i
El operativo implementado con motivo del Día Internacional de la Mujer de 2025 y 2026 fue uno de los casos en los que el Gobierno de Tlaxcala informó con mayor frecuencia sobre la participación del C5i. Durante el periodo analizado se localizaron al menos tres comunicados oficiales relacionados con las acciones de monitoreo y coordinación desplegadas en el marco de las movilizaciones del 8 de marzo.
Uno de los boletines, titulado «Instalan Mesa de Seguridad y Coordinación Permanente con motivo al 8M», informó sobre la puesta en marcha de un dispositivo de seguridad encabezado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para dar seguimiento a las actividades conmemorativas y a las marchas realizadas en distintos municipios. Posteriormente, el Gobierno de Tlaxcala reportó que, con base en información del C5i, las actividades por el Día Internacional de la Mujer concluyeron sin incidentes en al menos nueve municipios, entre ellos Apizaco, Chiautempan, San Pablo del Monte e Ixtacuixtla.
A ello se suma el uso del C5i para documentar los actos de iconoclasia registrados en la Cápsula del Tiempo de Tlaxcala, instalada en octubre de 2025. De acuerdo con los boletines oficiales, el sistema de videovigilancia permitió identificar en poco tiempo a las personas presuntamente involucradas en los daños, información que fue difundida por el Gobierno estatal como parte de la respuesta institucional.
La intervención del C5i en este caso generó cuestionamientos de colectivas y grupos feministas debido a la rapidez con la que se informó sobre la identificación de los presuntos responsables.
Operativos de seguridad en eventos masivos
Durante el periodo analizado, el Gobierno reportó el uso del C5i durante los operativos de Semana Santa en la capital y en el municipio de Chiautempan, la Feria de Tlaxcala, la Olimpiada Nacional CONADE y los bloqueos carreteros de febrero de 2026. Paralelamente, comunicó la inauguración de nuevos C2 municipales, entre ellos el de Tocatlán, integrados a la red estatal de videovigilancia.
El uso del C5i para combatir la inseguridad en la entidad
Entre los casos reportados destacan la recuperación de un vehículo con reporte de robo 13 de abril de 2025, la localización de un tractocamión mediante monitoreo en tiempo real en 19 de noviembre de 2025 y el operativo desplegado tras el robo de un cajero automático del Banco del Bienestar en Mazatecochco.
Este hecho ocurrió el 20 de julio de 2025, tras el robo de un cajero automático del Banco del Bienestar en Mazatecochco. La tarjeta informativa de Gobierno de Tlaxcala informó que el C5i coordinó un operativo con corporaciones federales, estatales y municipales que permitió recuperar el equipo e identificar el vehículo presuntamente utilizado por los responsables.
Asimismo, el Gobierno informó que la Unidad Antiextorsión comenzó a operar desde las instalaciones del C5i como parte de la estrategia para combatir este delito.
El costo de la videovigilancia o una estrategia en expansión
La revisión de los contratos, el presupuesto y los boletines oficiales muestra que la estrategia de seguridad del Gobierno de Tlaxcala ha mantenido una apuesta constante por el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica.
Esta política se ha extendido hasta julio de 2026 con la instalación de cabinas de seguridad interconectadas al C5i en distintos puntos de la capital, proyecto que representó una inversión de 11 millones 999 mil 944.80 pesos, de acuerdo con la documentación obtenida por este medio.
Sin embargo, el análisis de los boletines de prensa emitidos por el Gobierno del Estado evidencia que la información difundida sobre el C5i se ha concentrado principalmente en describir operativos, monitoreos, acciones de coordinación e inauguraciones de infraestructura, sin ofrecer de manera sistemática indicadores que permitan conocer su desempeño.
No fue posible identificar datos que permitan determinar si la inversión destinada al sistema de videovigilancia ha incidido en la reducción de delitos de alto impacto, en la disminución de la incidencia delictiva o en la eficacia de las acciones de seguridad implementadas en la entidad.
Esta falta de indicadores se presenta en un contexto donde la percepción ciudadana sobre la seguridad y la respuesta institucional mantiene desafíos importantes. De acuerdo con la ENVIPE 2025 del INEGI, la cifra oculta de delitos en Tlaxcala alcanzó 91.9 % durante 2024, mientras que sólo 8.1 % de los delitos registrados derivó en una carpeta de investigación. Estos datos reflejan los retos que enfrenta la entidad en materia de denuncia, seguimiento y resultados institucionales, más allá de la inversión destinada a nuevas herramientas tecnológicas de vigilancia.
Conservar uno de los espectáculos naturales más importantes de México tiene un costo. Empresarios que promueven el avistamiento de Luciérnagas en Nanacamilpa aseguran que detrás de cada recorrido existe una compleja red de regulaciones ambientales, certificaciones y permisos gubernamentales que incrementan los costos de entrada al avistamiento, solicitan regular los costos, sin que se deje el compromiso de cuidar el bosque.
Nanacamilpa, Tlax. Nanacamilpa resguarda alrededor de 11 mil 500 hectáreas de bosque, un ecosistema que cada verano alberga uno de los espectáculos naturales más importantes de México: el avistamiento de luciérnagas. En los últimos años, este fenómeno ha impulsado la economía del municipio a través del turismo comunitario. Actualmente, 23 centros de avistamiento autorizados —la mayoría operados por familias de la región— ofrecen recorridos nocturnos para miles de visitantes.
Sin embargo, los empresarios sostienen que el costo de auditorías, permisos, certificaciones y otros requisitos gubernamentales ha incrementado sus gastos de operación, lo que termina reflejándose en el precio de los boletos y los coloca en desventaja frente a la oferta turística de Puebla y el Estado de México.
Un bosque que aprendió a vivir del turismo comunitario
El avistamiento de luciérnagas en Nanacamilpa dejó de ser hace años una actividad complementaria para convertirse en uno de los motores económicos más importantes de la comunidad. Cada temporada, decenas de familias encuentran en el turismo una fuente de ingresos a través de centros de avistamiento, hoteles, cabañas, glampings, restaurantes, cocinas tradicionales, transporte y venta de productos locales.
Luis Alberto Pérez Bolde Martínez, coordinador de Turismo del Ayuntamiento de Nanacamilpa, compartió que el fortalecimiento del turismo ha sido posible gracias a la organización entre el gobierno municipal y los propios prestadores de servicios.
«Algo que hemos venido tratando con la gente y con los compañeros del sector turístico es que nosotros debemos retomar la actividad independientemente del gobierno que esté; los empresarios son los que deben tomar las decisiones y eso es lo que venimos haciendo»
Asimismo, mencionó que actualmente, el municipio mantiene mesas de trabajo con siete sectores vinculados al turismo: hoteles y moteles, centros de avistamiento, artesanos, cocineras tradicionales, pulqueros, haciendas y ranchos, así como tour operadoras. De acuerdo con Pérez Bolde Martínez, durante 2025 el padrón contabilizó 76 empresas turísticas, mientras que este año ascendió a 83, y la expectativa es que la cifra continúe aumentando conforme más prestadores formalicen su actividad.
«Eso quiere decir que incrementó la actividad turística. Tenemos entendido que el próximo censo va a llegar a las cien empresas»
Sin embargo, el trabajo para recibir visitantes durante la temporada de luciérnagas en Nanacamilpa no comienza cuando aparecen los primeros destellos en el bosque. La preparación inicia meses antes y se extiende prácticamente durante todo el año. Durante ese periodo, empresarios y autoridades realizan labores de conservación, rehabilitan senderos, capacitan a los guías, revisan protocolos de seguridad, dan mantenimiento a la infraestructura turística y cumplen con los requisitos ambientales y de protección civil que exige la normatividad para operar.
Condiciones climáticas y conservación de la especie
Este año, la temporada de luciérnagas en Nanacamilpa comenzó con una noticia alentadora. Luis Alberto Pérez Bolde Martínez dio a conocer que no se registraron incendios forestales, una condición que favoreció la conservación del hábitat de esta especie y que permitirá desarrollar la temporada en uno de los bosques mejor preservados de la región.
Para el funcionario, el reto ya no consiste únicamente en atraer visitantes para observar las luciérnagas, sino en consolidar un modelo de turismo comunitario que distribuya los beneficios económicos entre distintos sectores del municipio.
En ese sentido, destacó que la conservación del bosque representa una oportunidad de desarrollo económico para la población local. Señaló que durante la temporada participan entre 4 mil y 5 mil personas en actividades relacionadas con el turismo y que actualmente 83 prestadores de servicios forman parte de la oferta turística del municipio, con el objetivo de posicionar a Nanacamilpa como un referente nacional de turismo comunitario donde se entienda la conservación como un medio de satisfacer las necesidades de quienes viven y visitan a Nanacamilpa en esta temporada.
En entrevista para Escenario Tlaxcala, Armando Vázquez, director de Promoción Turística de Tlaxcala, señaló que uno de los mayores retos para la entidad ha sido preservar la población de luciérnagas, cuya disminución en años anteriores estuvo relacionada con factores como la emergencia climática, el uso de pesticidas y la pérdida de biodiversidad, más allá de la concurrencia humana en el lugar.
Afirmó que los primeros monitoreos científicos realizados durante esta temporada apuntan a una recuperación de la población de luciérnagas, resultado de las acciones de conservación implementadas en los últimos años y de condiciones climáticas favorables, como las lluvias registradas en la región. Esto, dijo, ha permitido que los santuarios presenten una mayor presencia de ejemplares, ofreciendo a los visitantes una mejor experiencia de avistamiento.
Altos costos a empresarios locales, el gran reto del Gobierno de Tlaxcala
Sin embargo, mantener vivo el bosque de Nanacamilpa no depende únicamente de las condiciones climáticas. Para Fabiola Huerta Ortiz, secretaria de la Asociación del Santuario de la Luciérnaga Nanacamilpa Tlaxcala A.C., la recuperación observada esta temporada también es resultado de años de trabajo comunitario para conservar el ecosistema.
Sostiene que proteger a la luciérnaga implica vigilancia permanente del bosque, mantenimiento de senderos, apertura de brechas cortafuego, prevención de incendios, control del número de visitantes y el cumplimiento de una serie de requisitos ambientales, de protección civil y de seguridad que los centros de avistamiento deben atender cada año para poder operar.
Todo ello tiene un costo. Durante un recorrido realizado por Escenario Tlaxcala en distintos centros de avistamiento de Nanacamilpa, empresarios del sector coincidieron en que proteger el bosque implica una inversión permanente, derivada en gran medida del cumplimiento de requisitos establecidos por el Gobierno del Estado.
Los empresarios, quienes solicitaron mantener en reserva su identidad para evitar represalias durante la temporada de avistamiento, explicaron que la diferencia con otros destinos no radica únicamente en el precio que fijan los prestadores de servicios, sino en el número de obligaciones que deben cumplir para operar y mantener sus centros de avistamiento bajo la normatividad vigente.
«Nos exigen que todos los guías tengan capacitación en primeros auxilios, que la información que transmitimos esté sustentada científicamente y cumplir con una serie de regulaciones que implican un desembolso económico importante»
Añadieron que, aunque la temporada fuerte dura apenas entre 30 y 40 días, los pagos por licencias de funcionamiento, programas internos de Protección Civil, auditorías ambientales y seguros deben cubrirse de manera anual, lo que incrementa significativamente sus costos de operación.
«Nosotros operamos realmente entre 30 y 40 días al año. Ojalá durante esos 40 días pudiéramos recibir el máximo de 60 visitantes diarios que tenemos autorizados, pero eso no ocurre. Hay días entre semana en los que la afluencia es muy baja y, aun así, los costos de licencias, auditorías, seguros y permisos ya los pagamos completos»
Sostienen que las obligaciones que ha impuesto Gobierno del Estado de Tlaxcala son indispensables para conservar el bosque y proteger el hábitat de las luciérnagas. Sin embargo, cuestionan que el peso económico de cuidar el bosque de Nanacamilpa -pese a ser una de los grandes atractivos de Tlaxcala a nivel nacional- recaiga por completo en ellos.
En entrevista, aclararon que no buscan eliminar las regulaciones, sino que el gobierno revise el costo de estos trámitespara mantener la competitividad del destino sin comprometer la conservación del bosque, o bien, que algunas obligaciones cuenten con exenciones, subsidios o esquemas de apoyo que permitan reducir la carga económica.
«Sí queremos que se sigan pidiendo todos estos trámites, pero que sean un poco más accesibles o que disminuyan los costos de los requisitos que nos exigen, para que nosotros también podamos destinar más recursos al cuidado del bosque, porque hay mucho trabajo por hacer»
Aseguran que el alto costo de auditorías, permisos, certificaciones y otros requisitos gubernamentales incrementa significativamente sus gastos de operación y termina reflejándose en el precio del avistamiento.
En ese sentido, consideran que fortalecer la protección del santuario también implica diseñar políticas públicas que hagan financieramente viable la conservación para quienes han decidido cumplir con la normatividad.
Sobre este tema, Luis Alberto Pérez Bolde Martínez, sostuvo que el gobierno municipal no fija las tarifas. Explicó que cada prestador de servicios determina sus precios con base en un análisis de costos y en los servicios que ofrece a los visitantes.
«El precio lo determina el prestador de servicio. Nosotros recomendamos que hagan su análisis financiero y de costos para ofrecer tarifas reales y competitivas»
Sin embargo, para los empresarios, mientras no exista un piso parejo entre quienes cumplen con la normatividad y quienes operan al margen de ella, la competitividad de Nanacamilpa continuará enfrentando desventajas frente a los centros de avistamiento de Puebla y el Estado de México.
El costo de mantener el bosque de Nanacamilpa para la temporada de luciérnagas
De acuerdo con empresarios locales consultados por Escenario Tlaxcala, mantener un centro de avistamiento en condiciones óptimas para la temperada de luciérnagas en Nanacamilpa representa una inversión anual de entre 39 mil y 57 mil pesos, considerando el cuidado del bosque, pago a empleados, licencias de funcionamiento, auditorías ambientales, dictámenes de Protección Civil, seguros de responsabilidad civil y otros trámites obligatorios.
Los gastos incluyen asesoría técnica especializada para el manejo y conservación del bosque, con un costo que oscila entre 21 mil y 28 mil pesos por un periodo de tres o cuatro meses; la apertura de brechas cortafuego, que representa alrededor de 2 mil pesos por avistamiento; la reforestación, para la cual cada centro adquiere en promedio mil árboles, con una inversión cercana a 2 mil 600 pesos; así como la contratación de jornaleros para sembrar y dar mantenimiento al bosque, cuyo costo ronda entre 8 mil 600 y 10 mil 500 pesos por temporada.
A ello se suman gastos en herramientas, combustible y maquinaria. Tan sólo este año, siete centros de avistamiento cooperaron con 9 mil 300 pesos para trasladar maquinaria utilizada en el mejoramiento de caminos, mientras que cada uno aportó entre 2 mil 500 y 3 mil pesos adicionales para rehabilitar los accesos a sus predios.
Para los empresarios, estos gastos demuestran que el precio del boleto no sólo cubre la experiencia del recorrido nocturno, sino una parte importante de las acciones que permiten conservar el hábitat de las luciérnagas. Por ello, insisten en que no buscan eliminar las regulaciones, sino que el Gobierno del Estado revise el costo de algunos permisos, auditorías y certificaciones, pues consideran que la carga económica recae principalmente en quienes cumplen con la normatividad y operan de manera formal.
Otro de los desafíos que enfrentan los empresarios del sector es la operación de recorridos irregulares. Los entrevistados señalaron que existe un número similar de operadores que ofrecen experiencias de avistamiento sin contar con las autorizaciones correspondientes. Explicaron que muchos de ellos operan bajo el esquema de tour-operadoras que rentan predios y organizan recorridos sin cumplir con los mismos requisitos ambientales, de protección civil y de seguridad que se exigen a los centros de avistamiento formalmente establecidos.
Además, aseguraron que, hasta el momento, las sanciones han sido limitadas, pues cuando las autoridades detectan algunas de estas operaciones, los responsables simplemente cambian de ubicación y continúan ofreciendo el servicio.
Una comparación de precios entre Tlaxcala, Puebla y el Estado de México
Para conocer si estas diferencias también se reflejan en la oferta turística de otros estados, Escenario Tlaxcala realizó un ejercicio de contraste y se comunicó con diversos centros de avistamiento de luciérnagas en Puebla, el Estado de México y Nanacamilpa, solicitando información sobre tarifas, servicios incluidos y costos de hospedaje. El objetivo fue identificar qué recibe el visitante por el precio que paga y si existen diferencias que expliquen la percepción de que el destino tlaxcalteca resulta más costoso.
La comparación mostró que, mientras en Puebla existen recorridos desde 150 pesos, otros centros cobran 250 y 270 pesos por persona e incluyen guía, plática educativa, merienda tradicional y, en algunos casos, actividades adicionales como cuentacuentos. En el Estado de México, los recorridos son más baratos, pues los costos por entrada osilan entre 90 a 260 pesos, con opciones de hospedaje en cabañas desde 400 pesos por noche, glamping para dos personas desde 1 mil 500 pesos o paquetes que incluyen acceso al santuario, hospedaje y desayuno por 3 mil 750, con una capacidad de hasta para cinco personasdependiendo del día y el número de visitantes.
En Nanacamilpa, los centros consultados por Escenario Tlaxcala ofrecen entradas generales de 300 pesos y pases VIP de 500 pesos, que incluyen recorridos guiados, estacionamiento, merienda y, en algunos casos, acceso preferencial y actividades adicionales. En cuanto al hospedaje, las opciones van desde 1 mil 800 pesos por una habitación para dos personas hasta 5 mil pesos para seis huéspedes; el glamping oscila entre 1 mil 950 y 2 mil 300 pesos por dos personas, mientras que el camping tiene tarifas desde 300 pesos, si el visitante lleva su propia tienda, o hasta 999 pesos por una modalidad equipada.
Para los empresarios de Nanacamilpa, estas diferencias de precios no responden únicamente a una estrategia comercial, sostienen que el costo del avistamiento refleja, en gran medida, los gastos derivados del cumplimiento de auditorías ambientales, programas de Protección Civil, seguros, asesorías técnicas, certificaciones y demás obligaciones legales que deben cubrir para operar de manera formal, dando como resultado una competencia desigual que termina afectando principalmente a las empresas familiares que han apostado por un modelo de turismo comunitario basado en la conservación del bosque y el cumplimiento de la normatividad.
No obstante, este escenario no afecta únicamente a los propietarios de los centros de avistamiento. Los empresarios que complementan la experiencia turística con hospedaje, restaurantes o rutas gastronómicas también deben cumplir con una serie de permisos, verificaciones y requisitos específicos para cada actividad.
Aseguran que estas obligaciones incrementan sus costos de operación y reducen su competitividad frente a prestadores de servicios de Puebla y el Estado de México, donde, afirman, las exigencias regulatorias son menores o representan un costo significativamente más bajo.
Tras conocer de primera mano las inquietudes de empresarios y autoridades durante un recorrido realizado la semana pasada en Nanacamilpa, la diputada Miriam Martínez sostuvo que la regulación es indispensable para proteger el hábitat de las luciérnagas, pero reconoció que también es necesario revisar el impacto económico que los requisitos tienen sobre las empresas familiares.
La legisladora informó a Escenario Tlaxcala que ya trabaja en una iniciativa para analizar el marco normativo y buscar mecanismos que permitan mantener la conservación del bosque sin afectar la competitividad de uno de los principales destinos de turismo de naturaleza en Tlaxcala.
Tlaxcala, Tlax.- Durante mayo, la Comisión de Asuntos Electorales de la LXV Legislatura del Congreso del Estado realizó seis mesas ciudadanas con autoridades electorales, especialistas, académicos, representantes partidistas y organizaciones civiles para construir una propuesta que busca una reforma electoral en Tlaxcala rumbo a los comicios de 2027.
A lo largo de los encuentros se discutieron temas como la digitalización del sistema electoral, la participación ciudadana, las acciones afirmativas, la justicia electoral, la inteligencia artificial y la protección de derechos político-electorales. El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, Silvano Garay Loredo, señaló que las propuestas servirán de base para integrar una iniciativa legislativa orientada a fortalecer la certeza jurídica, la transparencia y la equidad en los próximos procesos electorales.
Reforma electoral en Tlaxcala: entre la participación y la justicia electoral
Las primeras dos mesas, realizadas el 8 y 12 de mayo, concentraron las propuestas relacionadas con la modernización institucional y el fortalecimiento del marco jurídico electoral. Consejeras del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) plantearon digitalizar el registro de candidaturas, simplificar los procedimientos administrativos, fortalecer la participación ciudadana mediante mecanismos como el presupuesto participativo y legislar el voto de las y los tlaxcaltecas residentes en el extranjero.
En paralelo, representantes de los partidos políticos propusieron endurecer las sanciones por actos anticipados de campaña, combatir el nepotismo, ampliar la participación de pueblos indígenas y personas con discapacidad, así como reforzar la regulación sobre violencia política contra las mujeres en razón de género y el financiamiento partidista.
En este mismo bloque, representantes del Instituto Nacional Electoral (INE), de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), académicos y especialistas coincidieron en impulsar una justicia electoral más eficiente mediante la digitalización de los procesos.
Entre las propuestas destacaron la creación de un sistema digital para el registro de candidaturas, la incorporación de un modelo de «definitividad progresiva» para evitar impugnaciones extemporáneas, reformas a la Ley de Medios de Impugnación para sancionar la violencia política de género y fortalecer la fiscalización de los procesos electorales, además de incorporar la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo para las instituciones electorales.
Participación del pueblo, paridad y fortalecimiento electoral
Durante la tercera mesa, realizada el 14 de mayo, especialistas, autoridades electorales y representantes partidistas coincidieron en la necesidad de modernizar la operación de las elecciones para revertir el abstencionismo, particularmente entre la población de 19 a 29 años.
Entre las principales propuestas destacaron la implementación de la urna electrónica como herramienta para incentivar la participación de las juventudes, la digitalización del registro de candidaturas y la reducción de los plazos de validación para agilizar las campañas.
Asimismo, se planteó homologar la integración de los paquetes electorales para disminuir la carga operativa, fortalecer la cadena de custodia y mejorar la eficiencia en las casillas. En materia de seguridad electoral, también se propuso incorporar expresamente la intervención de la delincuencia organizada como causal de nulidad de una elección y establecer debates obligatorios en los municipios.
La cuarta mesa, celebrada el 19 de mayo, estuvo dedicada al análisis de la paridad de género y la violencia política contra las mujeres en razón de género. Durante esta actividad, académicas, activistas y especialistas señalaron que persisten prácticas de simulación por parte de los partidos políticos, como la postulación de mujeres en distritos con pocas posibilidades de triunfo, el nepotismo y el uso inadecuado de los recursos destinados al fortalecimiento del liderazgo femenino.
Además, advirtieron sobre el incremento de la violencia política digital, las campañas de desprestigio y el uso de herramientas tecnológicas para desincentivar la participación de las mujeres, por lo que propusieron tipificar estas conductas, crear una Defensoría Integral para las víctimas y fortalecer las atribuciones del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones en materia de género.
Entre las propuestas legislativas también destacaron incrementar el financiamiento para la formación de liderazgos femeninos, aplicar de manera obligatoria la iniciativa «3 de 3», garantizar la paridad en la integración de los ayuntamientos y establecer reglas específicas para la elección de la gubernatura.
Inteligencia artificial, voto electrónico y acciones afirmativas
En la penúltima mesa ciudadana, realizada el 21 de mayo, especialistas, académicos y representantes de organizaciones civiles analizaron los retos que plantea la inteligencia artificial para los procesos electorales. Entre las propuestas destacaron regular la propaganda generada con IA, transparentar la publicidad digital, proteger los datos personales y combatir la desinformación.
Asimismo, el activista Antonio Escobar llamó a evitar simulaciones en las acciones afirmativas y propuso destinar el 5 por ciento del financiamiento público de los partidos políticos a la formación de liderazgos y organización comunitaria de grupos históricamente vulnerados. Además, se planteó elevar a rango constitucional la diputación migrante e incorporar gradualmente estas herramientas en comunidades indígenas, respetando sus sistemas normativos internos.
Mientras que, en la sexta y última mesa realizada el 22 de mayo, el debate se trasladó al impacto de la inteligencia artificial, los medios de comunicación y las redes sociales en los procesos electorales. Los especialistas propusieron regular el uso de contenidos generados con inteligencia artificial mediante mecanismos de identificación obligatoria, prohibir los deepfakes utilizados para manipular al electorado, transparentar el gasto en publicidad digital y crear una Unidad de Inteligencia Digital dentro del INE para supervisar estas campañas.
Además, alertaron sobre el incremento de la violencia política digital contra las mujeres y plantearon fortalecer los mecanismos de denuncia y sanción. En materia de inclusión, representantes de la sociedad civil solicitaron reforzar las acciones afirmativas mediante criterios que acrediten la trayectoria comunitaria de las candidaturas y destinar recursos específicos para la formación política de grupos históricamente vulnerados.
Según la Real Academia el concepto de represión lo define como el “acto, o conjunto de actos, ordinariamente desde el poder, para contener, detener o castigar con violencia actuaciones políticas o sociales”.
Haciendo alusión al concepto de represión, es posible afirmar que en Tlaxcala los movimientos sociales, las comunidades, las luchas o los pueblos, han enfrentado de manera constante episodios de represión. Cada vez que defienden el territorio, la vida, la tierra, el agua, la respuesta del Estado ha sido en numerosas ocasiones el uso de la violencia como mecanismo de castigo y control.
Un ejemplo reciente ocurrió el pasado 25 de junio, la comunidad de San Pedro Ecatepec, que pertenece al municipio de Atlangatepec, que fue objeto de una fuerte intervención policial. Elementos de la policía estatal utilizaron gases lacrimógenos contra habitantes de la comunidad que se manifestaban en defensa de su territorio y en rechazo a la imposición del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar.
Este hecho no es aislado, el 8 de mayo de 2023, comunidades de Calpulalpan, que protestaban por la falta de agua potable también fueron reprimidas en esta administración gubernamental. De acuerdo con los testimonios y reportes documentados, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dispersaron gases lacrimógenos contra las personas manifestantes y posteriormente se registraron detonaciones de armas de fuego. Habitantes del lugar denunciaron que hubo personas heridas como consecuencia de estos hechos.
De igual manera, durante la movilización del 8 de marzo de 2023, miles de mujeres salieron a las calles para exigir el fin de la violencia y reclamar el respeto a sus derechos a vivir una vida libre de violencia. La respuesta de las autoridades fue el despliegue de una tanqueta para dispersar la protesta con chorros de agua, además del uso de gases lacrimógenos.
Este proceder del gobierno no es un error o una equivocación, es una práctica sistemática que ocupa para contener la inconformidad social, mediante mecanismos de intimidación que tienen como objetivo disolver movimientos o imponer proyectos que lo único que hacen es devastar el territorio, la vida de las personas y de todos los seres vivos que habitamos.
Frente a este panorama, resulta indispensable mencionar que el conflicto social no se resuelve mediante el uso de la fuerza. Las demandas que tienen las comunidades, las luchas o los movimientos sociales, relacionadas con el acceso al agua, la protección del territorio o la exigencia de una vida libre de violencia, requieren respuestas institucionales basadas en el diálogo, la transparencia y el respeto a los derechos humanos reconocidos en los instrumentos nacionales e internacionales. La función del Estado debe ser garantizar las condiciones para el ejercicio de estos derechos y no convertir a quienes se manifiestan en enemigos a vencer.
Cabe recordar que la protesta social está relacionada con los derechos a la libre expresión, la libertad de reunión y la participación en los asuntos públicos y estos derechos están contenidos en instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que las autoridades tienen la obligación de garantizarlos y protegerlos, no de responder a ellos mediante el uso desproporcionado de la fuerza.
La recurrencia de estos episodios permite sostener que en Tlaxcala la represión no constituye un hecho aislado, sino una forma de actuación del gobierno. El uso de los cuerpos de seguridad para disuadir y criminalizar la protesta social revela una preocupante tendencia a responder con la fuerza a las demandas de quienes exigen el respeto y la garantía de sus derechos.
“El Estado perdió capacidad frente a procesos globales, pero no perdió legitimidad.” Esa es una de las ideas más provocadoras del sociólogo Zygmunt Bauman para comprender nuestro tiempo. Las grandes corporaciones tecnológicas, los mercados financieros y las plataformas digitales acumulan hoy un poder que rebasa fronteras con una velocidad que los Estados difícilmente pueden seguir. Basta mirar el valor económico de las empresas tecnológicas, su capacidad para moldear la conversación pública o la enorme cantidad de datos que concentran para darnos cuenta que el mapa del poder cambió.
Sin embargo, frente a esa transformación del poder, yo sigo cada vez más convencida de una idea: necesitamos seguir mirando al Estado.
No porque ignoremos que el poder económico se ha transformado, tampoco porque pensemos que los algoritmos son actores secundarios… Seguimos mirando al Estado porque ninguna empresa, por poderosa que sea, ha heredado aquello que lo distingue desde hace siglos: la legitimidad para decidir en nombre de la sociedad y la obligación de garantizar nuestros derechos.
«Hay que incomodar al poder, sí, pero el poder no solo está en el gobierno. El poder también está en las corporaciones y a veces nadie las investiga.»
Eso fue lo que el pasado 17 de junio me dijo el vocero del Gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, durante una breve conversación sobre el papel del periodismo frente al poder. Mi respuesta fue inmediata: seguimos mirando al Estado porque, como explicó Max Weber, es la institución que reclama el monopolio legítimo del uso de la fuerza.
Días después, el 3 de julio, Antonio Martínez publicó la columna «El latifundio tecnológico y la batalla por lo público», que compartió en sus redes sociales con la frase: «Me puso a pensar Paola Torres». En ese texto sostiene que el poder ya no está concentrado principalmente en los Estados, sino en las grandes corporaciones tecnológicas. Coincido en el diagnóstico sobre la creciente influencia de esos actores. Pero también creo que esa afirmación merece una discusión más profunda. Porque reconocer nuevos centros de poder no significa que el Estado haya dejado de ser el principal responsable frente a la ciudadanía.
Sería ingenuo de mi parte negar que plataformas digitales, fondos de inversión y empresas transnacionales condicionan decisiones económicas, moldean el debate público e incluso influyen en procesos democráticos. Sin embargo, esta conclusión me lleva a regresar a una pregunta mucho más antigua, una pregunta que la sociología y la filosofía política llevan siglos intentando responder: ¿qué es, en realidad, el Estado?
Thomas Hobbes escribió Leviatán en 1651, en medio de las guerras civiles inglesas. Para él, el Estado surgía como un pacto para abandonar la violencia y construir un orden común. Sin una autoridad legítima, sostenía, la vida estaría condenada a la incertidumbre permanente. Por lo que el Estado nacía para proteger.
Dos siglos después, Max Weber formuló una definición que sigue siendo el punto de partida de la sociología política: el Estado es la institución que reclama con éxito el monopolio legítimo del uso de la fuerza dentro de un territorio. Esa definición suele reducirse al uso de la coerción, pero en realidad implica mucho más. Significa que el Estado es la única institución con la facultad de legislar, recaudar impuestos, impartir justicia, regular mercados, sancionar abusos y garantizar derechos.
El Estado es una institución distinta de otras que organizan nuestra vida social, como la familia, la Iglesia, la escuela, los medios de comunicación o el mercado; pese a que todas influyen en nuestra manera de vivir, de pensar y de relacionarnos, el Estado tiene la autoridad jurídica para convertir decisiones en normas obligatorias para todas y todos.
Jürgen Habermas añadió otra pieza fundamental a esta discusión. Para él, la legitimidad del Estado democrático no descansa únicamente en las leyes, sino en la existencia de una esfera pública donde la ciudadanía pueda deliberar, disentir y exigir cuentas al poder. Una democracia no vive solo de elecciones; vive de la posibilidad de cuestionar a quienes toman decisiones públicas.
Y justamente ahí aparece una de las grandes paradojas de nuestro tiempo.
Hoy buena parte de esa esfera pública transcurre en plataformas privadas. Facebook, X, TikTok o Instagram median conversaciones que hace apenas unas décadas ocurrían en plazas públicas, universidades o periódicos. Es cierto, las plataformas poseen una capacidad inédita para ordenar la información que consumimos, influir en nuestras emociones y condicionar buena parte del debate público.
Pero una cosa es administrar la conversación y otra muy distinta es garantizar derechos.
Bauman advirtió que el capital y el poder económico se volvieron líquidos, es decir, que pueden desplazarse de un país a otro con una velocidad que la política difícilmente alcanza. Las empresas tecnológicas operan simultáneamente en decenas de países; los datos viajan sin fronteras y los mercados reaccionan en segundos.
La política, en cambio, sigue teniendo un territorio. Los congresos legislan dentro de sus fronteras, los tribunales resuelven conforme a leyes nacionales y los gobiernos responden a una ciudadanía concreta.
Lo que me hace pensar que el Estado perdió capacidad para controlar muchos procesos globales, pero no perdió legitimidad y mucho menos perdió la responsabilidad que la Constitución le impone frente a quienes habitamos un territorio.
Porque cuando un río se contamina, cuando un bosque cambia ilegalmente de uso de suelo, cuando una comunidad pierde acceso al agua, cuando desaparece una persona, cuando una mujer denuncia violencia, cuando una autoridad decide ocultar información pública o cuando una comunidad exige ser escuchada, seguimos mirando al mismo lugar: al Estado.
No porque ignoremos el poder de las empresas, sino porque ninguna empresa puede garantizar el derecho humano al agua, proteger un bosque, sancionar un delito ambiental, emitir una ley de transparencia, impartir justicia o hacer efectivo un derecho humano.
Ningún algoritmo puede hacerlo. Esas responsabilidades siguen teniendo un solo depositario: El Estado.
Paradójicamente, incluso el enorme poder que hoy poseen muchas corporaciones tecnológicas no surgió al margen de él, sino que crecieron dentro de marcos jurídicos diseñados por los propios Estados. Se beneficiaron de políticas públicas, incentivos fiscales, vacíos regulatorios o decisiones políticas que facilitaron su expansión.
Los algoritmos no sustituyeron al Estado, prosperaron porque hubo Estados que decidieron regular poco, regular tarde o, sencillamente, no regular. Por eso me parece peligroso confundir la transformación del poder con la desaparición de la responsabilidad pública.
Para mí, mientras más fuerte sea el poder económico, más necesario resulta un Estado capaz de poner límites, proteger derechos y garantizar el interés colectivo.
Cuando Martínez Velázquez cuestionó mi quehacer periodístico por «incomodar al poder», volví a una convicción que la sociología política lleva siglos sosteniendo: el Estado sigue siendo el principal responsable frente a la ciudadanía. Por eso, desde Escenario Tlaxcala seguiremos cuestionando e incomodando al poder que ejerce el Estado, particularmente cuando sus decisiones públicas, concesiones, omisiones o privilegios favorezcan intereses empresariales por encima del interés público.
Si bien las empresas deben ser investigadas cuando contaminan, vulneran derechos laborales, destruyen ecosistemas u obtienen privilegios indebidos, existe una diferencia que no debemos diluir: las empresas persiguen intereses privados; el Estado, en cambio, posee la legitimidad y la obligación de proteger el interés público y garantizar derechos. Por eso, mi necedad de seguir mirando al Estado.
Por ejemplo: Cuando una empresa destruye un bosque, la responsabilidad empresarial es evidente. Pero cuando esa destrucción ocurre durante años sin inspecciones, sin sanciones, sin clausuras o con permisos otorgados irregularmente, la pregunta periodística cambia inevitablemente de dirección.
¿Qué hizo el Estado?¿Qué autoridad omitió actuar? ¿Quién decidió mirar hacia otro lado?
Cómo socióloga y periodista, he investigado conflictos por el agua, contaminación de ríos, desarrollos inmobiliarios en zonas forestales, desapariciones, opacidad institucional y decisiones públicas que afectan el territorio. En todos esos casos aparecen actores privados, intereses económicos y relaciones de poder, pero, al final; las preguntas siempre regresan al mismo sitio.
¿Quién autorizó? ¿Quién supervisó? ¿Quién debía garantizar un derecho y no lo hizo?
Las respuestas casi nunca apuntan hacia un algoritmo o recaen en las empresas; terminan dirigiéndose a una institución pública: el Estado.
Por eso, el debate no consiste en decidir si el poder pertenece hoy al Estado o a las corporaciones tecnológicas, sino en preguntarnos a quién debemos exigir una respuesta cuando los derechos se vulneran. Vivimos en una época en la que el poder se distribuye entre múltiples actores, pero la responsabilidad de proteger el interés público y garantizar derechos sigue recayendo, principalmente, en el Estado. Lo verdaderamente importante es recordar que el poder puede haberse diversificado, pero la responsabilidad democrática no se ha distribuido de la misma manera.
Los algoritmos pueden decidir qué aparece en nuestras pantallas, las plataformas pueden administrar buena parte de la conversación pública, las empresas pueden acumular riqueza e influencia. Pero ninguna de ellas posee el mandato constitucional de proteger nuestros derechos. Esa responsabilidad sigue teniendo un nombre: Estado.
Y quizá ahí también habita una pequeña utopía. No la ingenua de un Estado perfecto o infalible. Tampoco la resignación de aceptar que los nuevos poderes económicos vuelven inútil toda exigencia pública. Mi utopía sigue estando aquí, en Tlaxcala, muy lejos de ese latifundio tecnológico del que hoy me hizo escribir estas palabras.
Está en la soberanía de las comunidades para decidir sobre su territorio; en el derecho de los pueblos a defender sus bosques, sus ríos y su agua; en preservar las fiestas que fortalecen la vida comunitaria y en respetar la dignidad de quienes, desde abajo, han sostenido históricamente este estado. Porque antes que los algoritmos, aquí siguen existiendo comunidades que resisten, personas que organizan asambleas y pueblos que exigen ser escuchados. En esta tierra que quiero creer que no ha sido vencida por la globalización. Esa es la utopía que sigo caminando.
Ahora mi pregunta deja de ser ¿quién concentra el poder? Ahora mi pregunta es ¿qué ha hecho y qué está haciendo la izquierda para evitar que esas corporaciones sigan apropiándose de nuestros territorios, de nuestros datos y, poco a poco, también de nuestra vida pública?
Tlaxcala, Tlax.- La campaña lanzada por la titular de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Tlaxcala (SMET), Nydia Cano Rodríguez, para promover la paternidad responsable generó cuestionamientos entre investigadoras, colectivas feministas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT), quienes advirtieron que el mensaje reproduce estereotipos de género y recurre a formas de violencia simbólica.
El pasado 1 de julio, la funcionaria publicó en sus redes sociales la imagen de un espectacular con la frase «¿Eres de los que te fuiste por cigarros? Regresa con 2 kilos de huevos», como parte de la campaña «Cuidar nos une», cuyo propósito busca fomentar la paternidad responsable.
No obstante, especialistas y organizaciones señalaron que el mensaje trasciende el albur o la ocurrencia publicitaria al recurrir a un lenguaje patriarcal que contradice el enfoque de derechos humanos e igualdad de género que debe regir la comunicación institucional.
Investigadoras y colectivas cuestionan el mensaje
El espectacular fue colocado en las inmediaciones de la zona conocida como «El Trébol», en la capital tlaxcalteca. Tras su difusión, la investigadora Ixchel Yglesias González cuestionó la estrategia al señalar que la paternidad no es una cuestión de «tener o no tener huevos», sino un compromiso basado en la responsabilidad.
A través de redes sociales, sostuvo que el mensaje no solo minimiza una problemática estructural, sino que reproduce las mismas lógicas patriarcales que han sostenido históricamente el abandono paterno. «No es un meme compartido en redes sociales, es comunicación institucional pagada con recursos públicos», expresó.
La investigadora explicó que la expresión «huevos» se encuentra asociada simbólicamente con la virilidad, la fuerza y una masculinidad hegemónica que el feminismo ha buscado desmontar. Desde esa perspectiva, consideró contradictorio que una institución encargada de promover la igualdad utilice ese mismo referente para impulsar la paternidad responsable.
Asimismo, cuestionó el destino de los recursos públicos destinados a este tipo de campañas, al señalar que muchas mujeres continúan enfrentando instituciones que no garantizan el acceso efectivo a la justicia en casos de violencia económica y abandono paterno.
En el mismo sentido, la colectiva Jijas del Maíz calificó como «inaceptable» que una institución creada para proteger los derechos de las mujeres difunda mensajes que simplifican problemáticas estructurales como el abandono paterno. La organización sostuvo que la paternidad no debe presentarse como «un acto heroico ni como la decisión voluntaria» de «volver», sino como una «responsabilidad legal, ética y afectiva».
CEDHT llama a revisar la comunicación institucional
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) señaló que la campaña debe analizarse con perspectiva de derechos humanos, de género e interseccional, a fin de evitar la reproducción de estereotipos y formas de violencia simbólica. Recordó que la comunicación institucional debe apegarse a los principios de igualdad, no discriminación y respeto a la dignidad humana, conforme al artículo 1° constitucional y a la Convención de Belém do Pará.
El organismo agregó que el uso de recursos públicos para difundir mensajes que refuercen estereotipos sexistas o vulneren estos principios puede derivar en responsabilidades administrativas y en la intervención de los organismos de protección de derechos humanos.
Más allá del eslogan
Aunque la titular de la SMET, Nydia Cano Rodríguez, afirmó en redes sociales que comprende las críticas, sostuvo que lo importante es contar con presupuesto para realizar acciones de sensibilización, mientras que la colectiva e investigadora cuestionaron que los recursos públicos se destinen a campañas que, a su juicio, reproducen estereotipos en lugar de contribuir a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
Para la investigadora González Báez, la intención de acercar un lenguaje «coloquial» a la ciudadanía terminó por alejarse de la realidad que enfrentan miles de mujeres. Consideró que cuando el Estado responde desde la lógica de las «ocurrencias», deja de asumir la responsabilidad que le corresponde y desaprovecha recursos públicos que deberían orientarse a atender una problemática estructural.
Tlaxcala, Tlax.- El municipio de Yauhquemecan enfrenta un acelerado proceso de expansión urbana marcado por el cartel inmobiliario en Atlihuetzia, el cual vulnera las normas de ordenamiento territorial mediante la construcción de viviendas de interés social en zonas con restricciones de uso de suelo, la presunta falsificación de documentos y la creciente presión sobre recursos esenciales como el agua.
A este panorama se suman denuncias por edificaciones levantadas en predios de carácter comunitario, así como señalamientos de presuntas omisiones y/o complicidad por parte de las autoridades responsables de regular y vigilar el crecimiento urbano de la localidad.
Estos mecanismos en Atlihuetzia guardan similitudes con el denominado cartel inmobiliario de la Ciudad de México, particularmente con el esquema documentado en la alcaldía Benito Juárez, donde durante años se han denunciado redes de corrupción asociadas a favores políticos, construcciones irregulares, falsificación de documentos y procesos de especulación inmobiliaria.
Escenario Tlaxcala acudió a esta comunidad originaria del municipio de Yauhquemehcan para documentar las transformaciones que ha experimentado durante los últimos años. Los testimonios recabados detallan una serie de irregularidades que van generado el desabasto del liquido vital y otros recursos naturales para los habitantes, cambiando las dinámicas comunitarias de quienes han vivido ahí toda su vida y en contra de la sostenibilidad.
El crecimiento inmobiliario sobre territorio comunitario
«En casi toda la comunidad hay anuncios sobre venta de casas o de terrenos, eso ya es muy común aquí»
Reconocida por su riqueza natural y por la cascada que atrae a visitantes de la región, la comunidad de Atlihuetzia enfrenta desde hace más de una década un proceso de urbanización que, de acuerdo con habitantes, ha puesto en riesgo su entorno ambiental. Luis Alberto Lobatón, comisionado de agua de la comunidad, y Balbina Rodríguez, asesora jurídica del Comité Comunitario de Atlihuetzia, aseguraron que durante ese tiempo han denunciado de manera constante las irregularidades en el crecimiento inmobiliario, sin que las autoridades hayan atendido de fondo sus señalamientos.
En entrevista compartieron que Atlihuetzia ha experimentado un acelerado crecimiento urbano y señalaron, diversas inmobiliarias adquirieron terrenos que anteriormente se destinaban a actividades agrícolas para transformarlos en desarrollos habitacionales comercializados como vivienda de interés social.
De acuerdo con información de la administración municipal anterior y la actual, los desarrollos no cuentan con permisos de construcción, supervisión, constancias de terminación de obra ni servicio de agua potable, requisito indispensable para su autorización. Esta situación pone en riesgo a derechohabientes del FOVISSSTE, quienes podrían adquirir viviendas con irregularidades y enfrentar afectaciones similares a las registradas en el fraccionamiento La Virgen, en Panotla.
De acuerdo con Lobatón y Rodríguez, estas viviendas han sido promovidas como fraccionamientos privados y se caracterizan por sus dimensiones reducidas. Algunas, afirmaron, tienen una superficie de 59 metros cuadrados y frentes aproximados de cinco metros, características que, según Lobatón, no garantizan condiciones adecuadas de habitabilidad ni cumplen con los lineamientos de desarrollo urbano previstos para comunidades como Atlihuetzia.
«[Es] una zona residencial donde las casas oscilan por ahí entre los 3.5 millones y los 4.5 millones. Sobre todo, en una área destinada como zona agrícola, pero enfrente hay casas que oscilan entre el millón de pesos, que son estas que están en 49 metros cuadrados».
Por su parte, la Mtra. Balbina Rodríguez, señaló que existen construcciones ubicadas en áreas donde el desarrollo habitacional está restringido y no se ha hecho el procedimiento para el cambio de uso de suelo. Entre ellas identificó obras en zonas de preservación ecológica, espacios rivereños y barrancas cercanas a cauces de desagüe pluvial. Desde su perspectiva, estas intervenciones incrementan el riesgo de inundaciones en temporada de lluvia.
El modus operandi del cartel inmobiliario en Atlihuetzia
Como parte de las irregularidades que, según habitantes, han acompañado a los proyectos inmobiliarios en Atlihuetzia, la comisión de agua detectó presuntas anomalías en la emisión de recibos del servicio hídrico, un hallazgo que derivó en la identificación de posibles casos de falsificación documental.
La población refiere que la alteración de los documentos está vinculada a la creación de fraccionamientos recientes, los cuales, aseguran, ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para deslindar responsabilidades por el presunto uso indebido de documentos y la posible defraudación de personas que adquirieron predios de buena fe.
Construir fuera de norma
Los pobladores identificaron un patrón de actuación que combina irregularidades urbanísticas, presuntas falsificaciones documentales y omisiones institucionales que han permitido la creación de conjuntos habitaciones en «carteles inmobiliarios» cuestionados por la comunidad.
Señalan que, tras la presión comunitaria, el ayuntamiento colocó sellos de clausura en algunos desarrollos durante marzo de 2026. Sin embargo, en junio del mismo año se presentó una denuncia por la presunta violación de esos sellos. Además, afirmaron que la autoridad mantiene una postura permisiva con los fraccionamientos, mientras que aplica criterios más estrictos a la población que busca construir de manera particular.
El primer elemento del esquema, según los habitantes, es el incumplimiento sistemático del Programa Parcial de Desarrollo Urbano. Los recorridos realizados por Escenario Tlaxcala confirmaron la presencia de viviendas en zonas de preservación ecológica y terrenos de uso agropecuario señalados previamente.
Destacó que, desde hace 29 años, este documento regula las construcciones y busca prevenir la falsificación de documentos, una práctica que, afirmó, no es nueva en la comunidad. Señaló que, desde su creación, ha sido actualizado para atender las nuevas necesidades sin perder de vista la sostenibilidad.
Por su parte, Luis Alberto Lobatón, integrante de la comisión de agua de la comunidad, añadió que estos desarrollos privilegian lotes de dimensiones reducidas que incumplen los criterios técnicos sobre absorción del suelo.
“Pues claro que nos afecta porque construyen fuera de norma. El artículo 21 de la Ley de Construcción vigente en el estado de Tlaxcala establece que deben contar con factibilidad de servicios, cuestión que no están respetando. Deben tener primero su permiso de toma de conexión a nuestra red para que el ayuntamiento pueda expedirles la licencia de construcción”.
Recibos apócrifos
Un segundo componente señalado por los habitantes es la alteración y falsificación de documentación relacionada con la prestación de servicios. De acuerdo con el comité, se han identificado recibos de agua con inconsistencias, así como el uso de sellos, firmas y formatos del comité comunitario de agua.
Tras revisar la documentación presentada por habitantes de distintos fraccionamientos, la comisión de agua potable detectó diversas irregularidades que, a su juicio, evidencian la falsificación de comprobantes utilizados para acreditar el acceso al servicio. Las inconsistencias no solo afectan el diseño del documento, sino también los elementos de validación administrativa, por este tema ya se presentó la denuncia correspondiente.
La triangulación de notarías
A las presuntas irregularidades se suma la participación de distintos despachos notariales en los procesos de compraventa de viviendas. De acuerdo con los entrevistados, esta práctica dificulta la revisión integral de los antecedentes de los predios, así como la verificación de los permisos, licencias y condiciones de habitabilidad que exige la normatividad para los desarrollos inmobiliarios.
El papel de los notarios resulta relevante por ser los fedatarios públicos encargados de dar certeza jurídica a las operaciones inmobiliarias. Luis Alberto afirma que les corresponde revisar que la documentación presentada cumpla con los requisitos legales antes de protocolizar una compraventa.
Sin embargo, sostiene que, en diversos casos, se han formalizado operaciones con documentos que posteriormente fueron identificados como apócrifos, entre ellos recibos de agua y drenaje utilizados para acreditar la existencia de servicios.
Señaló que el municipio desempeña un papel fundamental en este proceso, al ser la autoridad responsable de autorizar licencias de construcción, verificar la disponibilidad de servicios públicos y expedir los certificados de habitabilidad.
No obstante, señalaron que la autoridad ha sido omisa en el ejercicio de sus facultades, poniendo en riesgo el patrimonio de quienes, de buena fe, adquieren un bien inmueble sin conocer las irregularidades que presenta.
Como ejemplo, explicaron que una constancia expedida por el Registro Público de la Propiedad puede mantener su vigencia durante aproximadamente un año, lo que permitiría utilizar el mismo documento para respaldar múltiples operaciones inmobiliarias.
No obstante, los testimonios indican que las operaciones no se concentran en una sola notaría. Pues, durante septiembre de 2024 se realizaron trámites de compraventa ante diversos notarios utilizando un mismo antecedente registral, pese a que el origen del inmueble correspondía a una propiedad particular y no a un fraccionamiento legalmente constituido.
Lobatón denomina esta práctica como «triangulación de notarías», un mecanismo que, sostiene, consiste en distribuir las operaciones entre distintos despachos notariales para evitar que un solo fedatario detecte el volumen de ventas o las posibles irregularidades asociadas al desarrollo inmobiliario, dificultando así la identificación de un patrón en las transacciones.
Para la comunidad, esta situación es preocupante porque, afirman, podría derivar en un presunto fraude contra personas que adquieren inmuebles de buena fe y en el uso irregular de documentos públicos, lo que deja a los compradores en una situación de vulnerabilidad.
Captura y omisión institucional
Otro de los elementos recurrentes en los testimonios es la presunta falta de actuación de las autoridades. Aunque el ayuntamiento de Yauhquemehcan ha sostenido en distintos momentos que no ha otorgado determinados permisos, los habitantes cuestionan que las obras continúen avanzando sin clausuras efectivas.
Los habitantes señalaron que, en algunos casos, las constructoras retiran los sellos de suspensión para continuar con las obras y aunque la Ley de Construcción del Estado en el artículo 7 fracción XIV faculta a las autoridades para solicitar el uso de la fuerza pública cuando sea necesario para hacer cumplir sus determinaciones, los entrevistados sostienen que solo han promovido una denuncia de las correspondientes por la violación de estas medidas.
Los habitantes también refieren que dependencias estatales y federales suelen remitir sus quejas nuevamente al ámbito municipal, generando un proceso que, en los hechos, impide la atención efectiva de las denuncias.
Apropiación de infraestructura comunitaria
De acuerdo con los testimonios recabados, algunos desarrolladores habrían obtenido tomas de agua bajo argumentos distintos a los usos que finalmente les dieron, conectando desarrollos habitacionales completos a infraestructura originalmente destinada a otros fines.
Foto: El pozo elevado de la comunidad se encuentra rodeado por fraccionamientos construidos en los últimos años.
Asimismo, los pobladores denunciaron la instalación de accesos a fraccionamientos donde existe un pozo profundo comunitario, situación que dificulta las labores de mantenimiento de bombas, transformadores y otras instalaciones necesarias para el suministro del servicio.
«por ejemplo, Sierra Nevada se construyó entre la administración pasada [y actual].ahí fueron a solicitar una toma de agua porque iban a construir una casa, pero después resulta que no solo fue una, sino dos, tres, cuatro y cinco. Sí, y cerraron el paso».
Los habitantes sostienen que estas prácticas han reducido la disponibilidad de agua para las familias originarias —que actualmente reciben el servicio mediante tandeos— han puesto en riesgo el suministro del servicio e incrementando la preocupación los posibles descargas de aguas residuales directas al río Zahuapan, particularmente en desarrollos que, afirman, carecen de infraestructura suficiente para su tratamiento.
Foto: Desarrollos habitacionales construidos en las inmediaciones del río Zahuapan.
¿Lo que sucede en la Ciudad de México sucede en Tlaxcala?
Durante las últimas dos décadas, el denominado «cártel inmobiliario» ha cobrado relevancia en diversas ciudades de México como un fenómeno que va más allá del crecimiento urbano. Diversas investigaciones periodísticas han señalado que estos esquemas se sostienen a partir de relaciones entre actores políticos, empresariales y administrativos que permiten el desarrollo de proyectos inmobiliarios mediante mecanismos que vulneran la normatividad urbana y territorial.
Rafael Castañeda, doctor en Sociología y docente de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, define este fenómeno como una red de corrupción entre actores políticos y empresas desarrolladoras cuya finalidad es impulsar proyectos inmobiliarios a partir de relaciones de beneficio mutuo. En su artículo «Análisis de los mecanismos y las estrategias del extractivismo inmobiliario: un acercamiento teórico» afirma que estas dinámicas pueden incluir apoyos financieros —frecuentemente vinculados a procesos electorales— a cambio de decisiones gubernamentales que favorezcan intereses privados una vez alcanzados los cargos públicos.
Este modelo responde a una lógica de extractivismo inmobiliario, en la que el suelo y el territorio se convierten en recursos de explotación económica. A diferencia del extractivismo minero o agropecuario, la riqueza obtenida proviene principalmente de la valorización del suelo y de los procesos de especulación inmobiliaria.
En la Ciudad de México, medios como El País y Animal Político han documentado el desarrollo del denominado «cártel inmobiliario» en la alcaldía Benito Juárez, espacio en donde las investigaciones periodísticas han vinculado este esquema con una red conocida como «Los Ocean», integrada presuntamente por actores políticos relacionados con el Partido Acción Nacional (PAN), fuerza política que gobernó dicha demarcación durante varios periodos consecutivos.
De acuerdo con estas investigaciones, la estructura alcanzó su mayor nivel de operación durante las administraciones de Jorge Romero Herrera, exdelegado de Benito Juárez, exdiputado federal y actual dirigente nacional del PAN, así como de Christian Von Roehrich y posteriormente Santiago Taboada.
Hasta el momento, existen al menos dos investigaciones que permiten equiparar ambos casos, aunado a los testimonios recabados en Atlihuetzia que muestran patrones similares como el crecimiento inmobiliario en zonas restringidas, presuntas irregularidades documentales, presión sobre los servicios públicos y omisiones por parte de las autoridades encargadas de supervisar el desarrollo urbano.
Los señalamientos apuntan particularmente al periodo de gobierno de Miguel Ángel Mancera (2012-2018), etapa en la que funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y otras dependencias vinculadas a la planeación urbana habrían facilitado procesos de desregulación, autorizado proyectos irregulares y permitido condiciones de impunidad para diversas operaciones inmobiliarias.
Lo que establece el Programa Parcial de Desarrollo Urbano
Por su parte, el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Santa María Atlihuetzia, publicado en enero de 2007 por el Gobierno de Tlaxcala, documentó que durante las décadas de 1970 y 1980 la localidad experimentó un crecimiento poblacional constante que posteriormente disminuyó y que, para el año 2000, retomó una tendencia ascendente.
El documento identifica como uno de los principales problemas el crecimiento horizontal desordenado derivado de la conurbación con la ciudad de Apizaco. Este fenómeno ha propiciado la ocupación de tierras agrícolas mediante el desarrollo de asentamientos humanos.
Para contrarrestar esta situación, el plan planteó orientar el desarrollo hacia áreas urbanizables ubicadas principalmente a ambos lados de la Carretera Federal 117 y al sur del Libramiento Carretero, correspondiente a la Carretera Federal 136.
Aunque el programa permite vivienda de baja densidad clasificada como H-1, con un máximo de 15 viviendas por hectárea para preservar la imagen rural de la comunidad, los testimonios señalan que el crecimiento habitacional se ha extendido hacia predios históricamente destinados a actividades agrícolas, desplazando a productores y modificando la dinámica comunitaria.
Paralelamente, una revisión de publicaciones en redes sociales como Facebook e Instagram, así como en plataformas especializadas de venta de vivienda como Inmuebles24, Lamudi, Propiedades.com, Propstar, Vivanuncios y Trovit, permitió identificar un patrón recurrente en diversas ofertas inmobiliarias.
En al menos dos anuncios, la ubicación exacta de los inmuebles no es especificada y la información disponible resulta insuficiente para determinar su localización. En otros casos, las imágenes muestran desarrollos habitacionales o espacios aún en construcción promovidos por inmobiliarias, sin proporcionar mayores detalles sobre el proyecto o su contexto territorial.
Al mismo tiempo, durante el recorrido realizado en la comunidad se documentaron al menos diez anuncios de venta de terrenos. Se observó que la oferta aumentaba conforme se avanzaba hacia las zonas colindantes con los fraccionamientos, donde los predios son comercializados como terrenos agrícolas, aunque en la práctica terminan destinados al desarrollo de nuevas construcciones.
El plan también reconoce como áreas de protección los terrenos agrícolas, que representan el 27.63% del territorio analizado y cuya conservación es fundamental para mantener la actividad productiva y la imagen rural de Atlihuetzia. No obstante, pobladores sostienen que parte de la urbanización reciente se ha desarrollado sobre predios tradicionalmente destinados al cultivo.
Una historia de lucha y resistencia
Una mirada histórica a Santa María Atlihuetzia permite comprender cómo las dimensiones legales, sociales y ambientales del conflicto se han intensificado conforme ha crecido la población y la demanda de agua.
De acuerdo con datos recabados en una investigación previa, para 1994 la comunidad contaba con alrededor de 280 tomas que abastecían a mil 120 habitantes. Para 2025, la cifra habría aumentado a cerca de mil 400 tomas, las cuales suministran el servicio a aproximadamente 5 mil 600 usuarios, reflejando una presión cada vez mayor sobre la infraestructura hídrica en poco más de tres décadas.
En paralelo, el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Santa María Atlihuetzia, publicado en 2007, estableció criterios de densidad habitacional acordes con las características agrícolas de la zona. El documento contemplaba una ocupación limitada del suelo por cada mil metros cuadrados; sin embargo, habitantes señalan que diversos desarrollos habitacionales han incumplido sistemáticamente estas disposiciones al construir una cantidad que supera por mucho a las permitidas.
Las consecuencias también alcanzan la infraestructura ambiental. Desde 2020, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la comunidad permanece fuera de operación debido al robo de equipo y a la falta de conclusión de trabajos pendientes. Como resultado, persisten las descargas directas de aguas residuales hacia el río Zahuapan, incrementando los riesgos ambientales y sanitarios para la comunidad.
En este contexto, los testimonios recabados por Escenario Tlaxcala describen un crecimiento inmobiliario acompañado de presuntas irregularidades urbanísticas, posibles anomalías documentales y una presión creciente sobre los servicios básicos. Para los habitantes, el problema ya no se limita a la construcción de nuevos fraccionamientos, sino a la capacidad de la comunidad para sostener el acceso al agua, la recolección y gestión de residuos sólidos, preservar su territorio y mantener las condiciones que históricamente han definido su forma de vida, para que esta sea de calidad.
El caso de Santa María Atlihuetzia también plantea un reto para las autoridades responsables de la planeación y vigilancia del desarrollo urbano, garantizar que el crecimiento se realice con apego a la ley, transparencia y respeto por el ordenamiento territorial y los recursos naturales.
Los pobladores afirmaron que la autoridad municipal tiene la obligación de prevenir que las personas sean engañadas en la adquisición de su patrimonio. En ese sentido, señalaron que es necesario implementar mecanismos eficaces de control y verificación que otorguen certeza jurídica a quienes se establecen en la comunidad.
Porque, más allá del número de viviendas construidas, la pregunta de fondo permanece abierta, ¿puede hablarse de desarrollo cuando el crecimiento urbano avanza por encima de la legalidad, compromete el acceso al agua y transforma el patrimonio ambiental y comunitario de una localidad?
