Tlaxcala, Tlax. El periodismo democrático se sostiene sobre la premisa de la rendición de cuentas. Por ello, resulta alarmante que, bajo el noble argumento de proteger la actividad periodística, se pretenda colar en el Congreso del Estado de Tlaxcala una propuesta de Reforma Electoral diseñada no para defender a los reporteros que caminan el territorio, sino para construir un búnker de impunidad para los negocios mediáticos que prosperan en la sombra.

Al analizar los puntos críticos, la propuesta entregada por el Colegio de Periodistas y Comunicadores de Tlaxcala A.C. a la mesa de diálogo legislativo pone en evidencia que los mecanismos planteados buscan desmantelar las facultades de fiscalización del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y del INE, precisamente en el terreno donde la claridad es más urgente: el dinero que fluye entre los políticos y las empresas de comunicación.

La iniciativa propone que únicamente los candidatos informen sobre sus agendas con los medios, prohibiendo además la existencia de padrones o registros de proveedores informativos. Esto representa una desregulación absoluta del mercado publicitario electoral. El riesgo es la eliminación del rastro documental para detectar financiamientos ilegales, facilitando el desvío de recursos públicos hacia portales fantasma creados exclusivamente para operar campañas sucias, sin que la autoridad pueda auditar la legitimidad del proveedor.

Más grave aún es la propuesta de «reserva judicial obligatoria», que pretende impedir que los órganos administrativos electorales actúen de forma inmediata ante infracciones en los contenidos. En tiempos electorales, la justicia tardía es justicia denegada. Si se le amordaza al ITE para emitir medidas cautelares rápidas, se abre la puerta a la impunidad en casos de Violencia Política en Razón de Género o campañas de difamación orquestadas. El daño a las víctimas se consolidaría durante toda la campaña, dejando el remedio legal para después de la jornada electoral, cuando el resultado ya esté consumado.

Finalmente, la introducción de sanciones a los funcionarios por supuesto «acoso institucional» no es más que un mecanismo de inhibición. Busca intimidar a los fiscalizadores electorales para que, por temor a represalias legales o laborales en su contra, prefieran no revisar los contratos, las pautas y las relaciones comerciales de los medios vinculados a los proponentes.

La genealogía de esta iniciativa explica a la perfección su podredumbre técnica. No es coincidencia que el principal promotor de este iniciativa a la impunidad sea un personaje con un negro historial de agresiones a activistas de derechos humanos y difamaciones sistemáticas contra periodistas independientes. Quien hoy se ostenta como paladín de la libertad de prensa es el mismo sujeto que recurre a la calumnia para intentar demoler la credibilidad de quienes nos negamos a callar.

Este modus operandi de ataque corporativo se activa cada vez que el periodismo independiente toca sus redes de financiamiento privado. Lo vimos con claridad cuando orquestó y colocó a su candidato al Poder Judicial Federal en material laboral a lanzar calumnias en nuestra contra. Una estrategia tan torpe y carente de sustancia que el desenlace natural fue la derrota de su propio aspirante; después de todo, ninguna postulación sobrevive a una asesoría tan profundamente deficiente y carente de ética.

Es esta misma red de complicidades y negocios al amparo de la opacidad la que hoy pretende legalizarse con su iniciativa de Reforma Electoral. No busca proteger los derechos de las juventudes, de las mujeres o de poblaciones vulnerables del estado ante el poder; busca blindar la impunidad de su propio negocio mediático.

El Congreso de Tlaxcala, históricamente rebasado en su capacidad técnica y condicionado por las negociaciones de cuotas políticas, no puede ser cómplice de esta captura legislativa. No se están defendiendo libertades constitucionales; se estaría legislando a la medida de intereses particulares y tramas de influencia que perpetúan un modelo de comunicación social obsoleto, el cual ve en la desinformación y el morbo un negocio rentable, y en la opacidad su mejor estrategia de supervivencia.

En Escenario Tlaxcala rechazamos esta visión del periodismo. Nuestro producto periodístico en las agendas de política, género, medio ambiente y derechos humanos no requiere de vacíos legales ni de excepciones fiscales para sostenerse; se blinda con rigor, con metodologías de verificación y, sobre todo, con la transparencia de cara a la sociedad.

Sabemos, sin embargo, que para transformar este ecosistema contaminado por la prebenda política se necesita una ruta económica radicalmente distinta. El periodismo libre no puede depender del dinero opaco que esta reforma intenta ocultar. Por ello, convocamos a nuestra audiencia a ocupar un rol activo a través de El Círculo, nuestra membresía participativa donde los ciudadanos auditan y vigilan nuestro comportamiento editorial. Y para quienes entienden que la independencia es un derecho que se financia colectivamente, la suscripción a Ingobernables es el mecanismo político y financiero para asegurar que el poder —tanto el político como el corporativo— nunca más pueda comprar el silencio ni fabricar la verdad en nuestro estado.

Ya va siendo hora de que discutamos las reformas electorales con la mirada puesta en los derechos de los ciudadanos, y no en el blindaje de los negocios de unos cuantos.

El periodismo en Tlaxcala padece una enfermedad silenciosa pero devastadora: la total ausencia de responsabilidad ética. Para muchos portales de la región, la información no es un bien público ni una herramienta de fiscalización ciudadana; es una mercancía que se altera, se infla y se vende al mejor postor del algoritmo o de la pauta oficial.

El caso más reciente ocurrido tras el Festival de la Cerveza en el municipio de Tlaxcala expone con dolorosa claridad este diagnóstico.

El costo humano del sensacionalismo

Hace unos días, desde Escenario Tlaxcala dimos voz a una denuncia ciudadana legítima sobre presuntos cobros indebidos e irregularidades operativas en dicho evento. Lo hicimos bajo un estricto criterio metodológico: verificar los datos, escuchar a la fuente y presentar el contenido con el rigor que el formato exige, cuidando siempre los tiempos y la seguridad de la persona afectada. El ciudadano, en un acto de profunda valentía, decidió firmar con su nombre y rol, confiando en que la visibilidad pública empujaría una solución institucional.

El impacto fue inmediato. Sin embargo, la respuesta del entorno mediático tradicional no fue replicar la exigencia de transparencia, sino la rapiña informativa.

El portal El Periódico de Tlaxcala tomó la información de nuestra plataforma, se apropió de los datos personales de la fuente y procedió a manufacturar una narrativa plagada de invenciones. Con titulares estridentes que hablaban de «amenazas» y «corrupción» sin el menor sustento ni contraste de datos, convirtieron un reclamo ciudadano legítimo en un espectáculo de telerrealidad digital.

Para hablar con absoluta claridad y rigor metodológico, es necesario contrastar los hechos: en Escenario Tlaxcala publicamos una denuncia ciudadana verificada y puntual sobre presuntos cobros indebidos e irregularidades logísticas cometidas por el Ayuntamiento en el Festival de la Cerveza, respetando con precisión milimétrica el testimonio de la fuente afectada. En contraste, El Periódico de Tlaxcala capturó la identidad y el rol de nuestro denunciante para construir una burda ficción sensacionalista, inventando supuestas amenazas y una trama de corrupción sin el menor sustento ni contraste de datos.

Una cosa es fiscalizar las deficiencias del poder con evidencias; otra muy distinta es fabricar mentiras para rentabilizar el morbo digital a costa de la seguridad de las personas.

⁠El resultado de su irresponsabilidad fue trágico: el acuerdo institucional que el denunciante ya tenía prácticamente cerrado con las autoridades municipales para subsanar la vulneración de sus derechos se cayó por completo. La autoridad encontró en las mentiras publicadas por ese medio la excusa perfecta para levantarse de la mesa.

Este es el verdadero costo del periodismo irresponsable en Tlaxcala. No estamos ante un debate abstracto sobre derechos de autor o exclusivas periodísticas; estamos ante un ecosistema que, por conseguir un puñado de clics, es capaz de dinamitar la vida, la seguridad y los procesos de justicia de los propios ciudadanos.

El pliego de mínimos éticos

Hacer periodismo en un entorno donde el poder político y económico suele ser opaco requiere de una prensa robusta, pero sobre todo, profesional. Cuando un medio de comunicación se equivoca o miente, el daño no se borra con el cambio de algoritmo.

Por ello, desde esta dirección ejecutiva sostenemos que ya va siendo hora de que los medios locales adoptemos un estándar mínimo de responsabilidad:

1. Retiro inmediato y disculpa pública: Si un medio publica información falsa o distorsionada que afecta a un ciudadano, su obligación primera es eliminar el contenido y ofrecer una disculpa explícita con el mismo alcance y peso editorial.
2. Reparación del daño informativo: La libertad de expresión no es un cheque en blanco para difamar o inventar hechos. Las audiencias tienen derecho a saber cuándo se les ha mentido.

En Tlaxcala se publica sin preocupación por la ética porque históricamente no ha habido consecuencias. Los medios tradicionales operan bajo un modelo financiero obsoleto: no dependen de la confianza de sus lectores, sino de los convenios gubernamentales que justifican mediante métricas infladas de tráfico web. Para ellos, el morbo es un negocio rentable; para la sociedad, es una fábrica de analfabetismo crítico que nos deja indefensos ante los abusos del poder.

Hacia una alternativa ciudadana

En Escenario Tlaxcala nos negamos a ser parte de esa comparsa. Entendemos el producto periodístico como un compromiso inquebrantable con las audiencias y el territorio. Si documentamos temas de política, gobierno y derechos humanos, lo hacemos midiendo cada impacto social, porque nuestras fuentes no son mercancía.

Pero no podemos transformar este ecosistema solos. La única forma de que la prensa de Tlaxcala deje de actuar con impunidad es construyendo un modelo económico radicalmente distinto, donde los periodistas le rindan cuentas exclusivamente a la sociedad.

Por eso invitamos a nuestra comunidad a sumarse a El Círculo, nuestro espacio de membresía participativa donde los lectores fiscalizan y auditan nuestros propios procesos editoriales, garantizando que la ética nunca sea negociable. Y para quienes buscan blindar permanentemente la independencia de estas investigaciones, la suscripción a Ingobernables no es un gasto, sino el financiamiento directo de un escudo contra la opacidad y la mentira.

La salud democrática de Tlaxcala pasa, necesariamente, por la madurez de sus medios de comunicación. Es momento de exigir responsabilidades.

Al momento de la publicación de esta columna, hemos constatado que El Periódico de Tlaxcala eliminó la publicación de su cuenta de Facebook. No obstante, la nota difamatoria sigue activa y visible en su sitio web. Esto es simulación digital.

La reparación del daño informativo debe ser integral: no basta con maquillar las redes sociales para evadir la presión inmediata; se requiere la remoción absoluta del texto de sus servidores, acompañado de una disculpa pública y una rectificación explícita de cara a la ciudadanía afectada.

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