Tras casi 11 años al frente de Cacaxtla-Xochitécatl, la arqueóloga Yajaira Gómez denuncia que fue cesada después de señalar actos de violencia laboral, hostigamiento institucional y violencia de género presuntamente ejercidos por el titular del Centro INAH Tlaxcala, José Vicente de la Rosa Herrera.
Tlaxcala, Tlax. La arqueóloga Yajaira Gómez, quien hasta el pasado 28 de mayo se desempeñó como responsable de la Zona Arqueológica de Cacaxtla-Xochitécatl, denunció haber sido víctima de violencia laboral, hostigamiento institucional y conductas presuntamente constitutivas de violencia de género en el ámbito laboral por parte de José Vicente de la Rosa Herrera, titular del Centro INAH Tlaxcala.
La exfuncionaria sostiene que su cese es consecuencia directa de las denuncias que presentó contra el funcionario ante instancias internas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Según su testimonio, las diferencias laborales que surgieron entre ambos a partir de 2023 escalaron hasta convertirse en una serie de actos de persecución administrativa, descalificación profesional e invisibilización de su trabajo, situación que denunció formalmente mediante el expediente CE-INAH-015-2024. Gómez afirma que sus señalamientos no fueron atendidos oportunamente por las instancias responsables y que las decisiones adoptadas por funcionarios involucrados en el proceso terminaron por profundizar el conflicto hasta derivar en su salida del cargo.
Yajaira Gómez ingresó al INAH en junio de 2015 tras obtener la plaza mediante un concurso nacional del Servicio Profesional de Carrera, proceso en el que compitió con diversos aspirantes y resultó seleccionada con base en criterios de evaluación académica, experiencia profesional y méritos técnicos. Desde entonces estuvo al frente de la Zona Arqueológica de Cacaxtla-Xochitécatl, donde desarrolló proyectos de investigación, difusión cultural y vinculación comunitaria.
Su separación ha generado preocupación entre organizaciones civiles, colectivos culturales y actores comunitarios que colaboraban con la zona arqueológica. Entre ellos, el Centro Fray Julián Garcés, el Colectivo de Estudios sobre el Patrimonio Biocultural de Morelos, el Museo Comunitario San José Atoyatenco y el colectivo LEENCO, cuyos integrantes han manifestado públicamente su respaldo a la arqueóloga y su preocupación por el impacto que su salida podría tener en proyectos culturales y comunitarios desarrollados en la región.
Expediente CE-INAH-015-2024: la denuncia contra José Vicente de la Rosa Herrera
De acuerdo con la arqueóloga, el conflicto comenzó en 2023 durante los trabajos relacionados con el Museo de Sitio de Xochitécatl. A partir de entonces, asegura, comenzaron desacuerdos con José Vicente de la Rosa Herrera respecto al reconocimiento institucional de las actividades desarrolladas desde la zona arqueológica.
«Empezó una invisibilización sistemática de nuestro trabajo. Las actividades que organizábamos desde aquí no recibían difusión institucional, pero sí había una exhibición constante de aspectos de mi desempeño profesional»
Frente a lo que consideró un patrón de hostigamiento laboral, Gómez presentó una denuncia ante el Comité de Ética del INAH, registrada bajo el expediente CE-INAH-015-2024, donde expuso actos de violencia laboral, descalificaciones públicas, exclusión institucional y un trato diferenciado respecto de otros funcionarios.
No obstante, para Yajaira Gómez, la violencia laboral denunciada no puede analizarse únicamente como un conflicto administrativo. Sostiene que existe un componente de género porque, según afirma, las principales afectadas por las medidas de hostigamiento fueron mujeres que ocupaban cargos estratégicos dentro del Centro INAH Tlaxcala.
En esa línea, Gómez señaló que la salida de la entonces responsable del área jurídica, Patricia del Carmen Báez Portillo, ocurrió el mismo día en que ella fue notificada de su cese. A su consideración, ambos casos forman parte de un patrón que afecta particularmente a mujeres que ocupaban cargos de responsabilidad dentro del Centro INAH Tlaxcala.
«Solo a nosotras nos daban ese trato. Había otros jefes de área y no observábamos la misma conducta hacia ellos. Por eso sostengo que existe una dimensión de género en lo que vivimos»
La exfuncionaria afirmó que dentro de la institución existen antecedentes de inconformidades por presuntos actos de hostigamiento laboral hacia trabajadoras. De acuerdo con su testimonio, algunas empleadas de base tuvieron que recurrir a representación sindical para frenar situaciones que consideraban indebidas, hechos que, sostiene, permiten entender que su caso no se trata de un episodio aislado.
Aunado a ello, Gómez compartió a este medio de comunicación, que solicitó apoyo psicológico al propio instituto debido al desgaste emocional derivado de la situación. Entre las evidencias presentadas se encuentran reportes relacionados con agotamiento emocional, estrés y afectaciones a su salud mental. Sin embargo, no hubo una respuesta efectiva por parte de la institución.
Tras presentar la denuncia, Gómez asegura que comenzó una serie de acciones administrativas en su contra, caracterizadas por auditorías, revisiones y requerimientos constantes relacionados con la operación de la zona arqueológica, las cuales considera parte de una estrategia de persecución institucional.
«Todos los días era la sensación de que me iban a correr. Era una persecución constante. Parecía que me estaban cazando. En 2025 me la pasé defendiéndome administrativamente»
Pese a esa persecución, Gómez señaló que nunca se opuso a la fiscalización de su trabajo, incluso su desempeño fue evaluado por el Órgano Interno de Control de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Según explicó, dicho procedimiento concluyó sin responsabilidades administrativas en su contra y únicamente derivó en recomendaciones.
Un cese sin explicaciones y una entrega bajo vigilancia
La mañana del 28 de mayo, Yajaira Gómez acudió a una reunión de trabajo relacionada con proyectos que se encontraban en desarrollo para la Zona Arqueológica de Cacaxtla-Xochitécatl. Sin previo aviso, durante ese encuentro le dieron a conocer que dejaría el cargo.
La arqueóloga asegura que la decisión le fue comunicada sin que se le entregara el expediente correspondiente, las pruebas que sustentaran la medida o información detallada sobre el procedimiento que derivó en su separación del cargo. Asimismo, sostiene que nunca fue notificada formalmente sobre el inicio o desarrollo de una investigación en su contra, por lo que cuestiona la legalidad y transparencia del proceso.
«Me notificaron el cese, pero no me entregaron la investigación, ni las pruebas, ni las fechas de inicio del procedimiento. Me dijeron que tenía que ir a la Ciudad de México para revisar mi expediente»
Gómez también denunció que, tras ser notificada de su cese, el proceso de entrega-recepción que vivió junto a Patricia Báez; se desarrolló bajo una constante vigilancia por parte de personal enviado por el Centro INAH Tlaxcala. Según su testimonio, varios funcionarios permanecieron supervisando sus movimientos mientras realizaba la entrega de documentos, oficinas y bienes institucionales, una situación que calificó como intimidatoria y desproporcionada.
La arqueóloga afirmó que el despliegue de personal resultó excesivo, particularmente al considerar que cuenta con once años de trayectoria dentro de la institución y que nunca había enfrentado señalamientos que justificaran un trato de esa naturaleza.
Además, sostuvo que la presencia permanente de funcionarios observando el procedimiento generó un ambiente de presión y afectación emocional durante los días posteriores a su cese. «No somos delincuentes», expresó al referirse a las condiciones en las que se llevó a cabo la entrega-recepción.
Compadrazgos, castigos y hostigamiento, las viejas prácticas del INAH
La arqueóloga considera que su experiencia debe abrir una discusión más amplia sobre las prácticas institucionales al interior del INAH y sobre los mecanismos de protección para las trabajadoras que denuncian violencia laboral.
«Debemos erradicar estas formas dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hay generaciones que todavía no entienden las nuevas formas de trabajo en el servicio público. No podemos seguir normalizando los compadrazgos, las represalias o el castigo hacia quienes señalan irregularidades»
Ante estos señalamientos, a la redacción de Escenario Tlaxcala llegaron testimonios de trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que, bajo condición de anonimato, confirmaron la existencia de redes de compadrazgo al interior de la institución, así como la asignación de cargos directivos a perfiles que, a su consideración, no siempre cuentan con formación especializada en arqueología, antropología, historia o disciplinas afines al patrimonio cultural.
En el caso del Centro INAH Tlaxcala, su director, José Vicente de la Rosa Herrera —señalado por Yajaira Gómez como responsable de los actos de violencia laboral que denunció— cuenta con formación profesional en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas. La revisión de su trayectoria curricular realizada por este medio muestra que ha desarrollado gran parte de su carrera dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 2005, donde ha ocupado diversos cargos administrativos y de gestión.
Su formación complementaria incluye estudios y diplomados relacionados con historia, economía y política mexicana, además de cursos en materia de protección civil, prevención de riesgos y atención de emergencias. En 2019 fue designado director del Centro INAH Tlaxcala por el entonces director general del instituto, Diego Prieto Hernández.
Si bien la experiencia administrativa de Vicente de la Rosa dentro del instituto abarca más de dos décadas, trabajadores consultados consideran que su perfil académico refleja una formación principalmente jurídica y administrativa, lo que ha abierto cuestionamientos internos sobre los criterios mediante los cuales se designan algunos cargos de dirección en áreas directamente relacionadas con la gestión, investigación y conservación del patrimonio arqueológico e histórico del país.
Las fuentes también señalaron la existencia de una cultura de silencio institucional frente a situaciones que generan controversia pública o conflictos internos. Como ejemplo, mencionaron tanto el caso de Yajaira Gómez como otros episodios ocurridos dentro del instituto. Entre ellos refirieron el incidente registrado en la Zona Arqueológica de Teotihuacan, donde un joven agredió a diversos visitantes dentro del recinto. Según los testimonios recabados por este medio, la instrucción hacia distintas áreas y direcciones del INAH fue evitar pronunciamientos públicos sobre el tema, una práctica que, afirman, también se reproduce frente a conflictos laborales o denuncias internas.
Para Gómez, su caso refleja también una contradicción entre los discursos institucionales sobre igualdad y la realidad que enfrentan muchas mujeres dentro de espacios de decisión.
«Estamos en tiempos de mujeres, pero sin mujeres»
En ese sentido, Gómez García aseguró que sus funciones al frente de Cacaxtla-Xochitécatl estaban enfocadas principalmente en la gestión de proyectos, la vinculación comunitaria y la coordinación de actividades culturales y académicas. Explicó que la administración de los recursos económicos corresponde al Centro INAH Tlaxcala y no a la dirección de la zona arqueológica.
Comunidades y trabajadores reconocen el trabajo de Yajaira Gómez, quien a impulsado desde Cacaxtla-Xochitécatl
La salida de Yajaira Gómez también provocó preocupación entre actores comunitarios y trabajadores vinculados a la Zona Arqueológica de Cacaxtla-Xochitécatl, quienes destacan el trabajo realizado durante casi once años al frente del complejo arqueológico.
Javier Delgadillo Osorno, expresidente de comunidad de San Francisco Tequixcatla (2021-2024), aseguró que Gómez impulsó proyectos que acercaron la arqueología y la cultura a espacios públicos y educativos. Destacó que exposiciones, actividades y procesos de divulgación permitieron que habitantes y jóvenes se apropiaran de un patrimonio que durante años percibieron como distante.
Delgadillo afirmó que gran parte de los proyectos se desarrollaron mediante gestión y colaboración comunitaria, pese a las limitaciones presupuestales. Además, sostuvo que durante el tiempo que trabajó con la arqueóloga nunca observó conductas irregulares, sino una constante disposición para construir proyectos colectivos y fortalecer el tejido comunitario.
Al respaldo comunitario se sumó el de trabajadores vinculados a la zona arqueológica, quienes solicitaron mantener el anonimato. De acuerdo con sus testimonios, Gómez impulsó una renovación museográfica basada en criterios de inclusión, accesibilidad y perspectiva de género, incorporando herramientas para personas con discapacidad visual, espacios para exposiciones temporales y nuevas formas de interacción con el patrimonio.
Las fuentes consultadas coincidieron en que durante su gestión se mantuvo una actividad constante en Cacaxtla y Xochitécatl mediante exposiciones, conferencias y actividades educativas. Asimismo, señalaron que su salida representa una pérdida para diversos proyectos culturales, comunitarios y de divulgación que permanecían en desarrollo.
Por su lado Gómez presentó una nueva denuncia administrativa contra José Vicente de la Rosa Herrera ante el Órgano Interno de Control, en la que solicitó que los hechos denunciados sean analizados bajo una perspectiva de género. La exresponsable de Cacaxtla-Xochitécatl sostiene que el conflicto laboral que derivó en su cese no puede entenderse sin considerar los antecedentes de hostigamiento, descalificación e invisibilización que asegura haber enfrentado durante los últimos años.
Asimismo, informó que las denuncias y procedimientos relacionados con su caso serán revisados por áreas centrales del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. De acuerdo con su testimonio, el seguimiento de las investigaciones ya no quedará bajo la competencia del Centro INAH Tlaxcala, sino de instancias nacionales encargadas de analizar los señalamientos y determinar las acciones correspondientes.
Durante la entrevista, la arqueóloga precisó que sus señalamientos no están dirigidos contra el conjunto del Instituto Nacional de Antropología e Historia, institución en la que desarrolló gran parte de su carrera profesional, sino contra decisiones y actuaciones de funcionarios específicos que participaron en el procedimiento que derivó en su separación del cargo.
Hasta el cierre de esta edición, el Centro INAH Tlaxcala no había emitido un posicionamiento público respecto a las acusaciones realizadas por la exresponsable de la Zona Arqueológica de Cacaxtla-Xochitécatl.
Durante más de una década, gobiernos de distintos partidos e ideologías han respondido de una manera similar frente a la violencia: la videovigilancia. Miles de millones de pesos en recursos públicos financiaron cámaras, drones y arcos carreteros, distribuidos en calles, avenidas y autopistas de todo el país. La promesa fue que a más tecnología, más seguridad. Pero los datos revelados en estos textos muestran que el objetivo no se ha logrado.
La rentabilidad del miedo es una investigación de POPLab y CONNECTAS basada en el análisis de miles de registros fiscales, contratos públicos, actas corporativas y documentos financieros de Seguritech Privada, el mayor proveedor de tecnología de seguridad para gobiernos en México, que desde 2012 ha recibido más de 52 mil millones de pesos (USD 3.007 millones) en contratos con al menos 37 gobiernos estatales y municipales. Los documentos fueron recibidos por los periodistas a través de fuentes confidenciales y verificados de forma independiente mediante solicitudes de acceso a la información, registros públicos y contraste con fuentes primarias.
Detrás de los números hay personas pidiendo justicia: familias que esperaron meses para que un fiscal revisara grabaciones que ya no existían, buscadoras que describen sistemas efectivos en las demostraciones, pero que fallan cuando se necesitan, y gobiernos que destinaron hasta el 78% de su presupuesto de seguridad a un solo proveedor.
La rentabilidad del miedo es una investigación sobre cómo se gasta el dinero destinado a combatir la violencia, a quién beneficia y por qué es tan difícil saberlo.
Para esta investigación, se buscó a Ariel Picker y a Daniel Esquenazi con el propósito de conocer aspectos puntuales sobre el modelo de negocio de Seguritech, la trayectoria de la empresa, sus contratos con gobiernos estatales y municipales y su visión sobre el sector de seguridad tecnológica en México.
A petición de Esquenazi, se remitieron cuestionarios por escrito; la empresa indicó que sus abogados revisarían las preguntas y, un día después, que un asesor se haría cargo de las respuestas. El compromiso fue entregar la información la noche del martes 2 de junio. Al cierre de esta edición, no se había recibido respuesta. La empresa fue notificada de que su postura, de producirse, se publicaría en una nota posterior.
Cámaras que no sirven
La expansión de la videovigilancia en México prometía mejorar la seguridad. En la práctica, fallas técnicas, falta de acceso a la información y debilidades institucionales han limitado su impacto, pero no sus utilidades económicas.
Por: Kennia Velázquez, Mónica Cerbón y Arnoldo Cuéllar
“Nos muestran cómo funciona el sistema de vigilancia y todo parece estar bien. Pero cuando necesitas la información, todo falla: cámaras en mantenimiento, grabaciones borradas, ángulos que no sirven”, dice una persona que lleva años investigando la desaparición de un familiar y que también acompaña a decenas de familias en el mismo proceso. La buscadora conoce de cerca lo que ocurre cuando alguien intenta usar el sistema de videovigilancia para encontrar justicia.
En la última década, gobiernos estatales y municipales han invertido miles de millones de pesos en sistemas de videovigilancia como una de sus principales respuestas frente a la violencia. La promesa es que estas tecnologías permitirían prevenir delitos y fortalecer las investigaciones criminales. Sin embargo, pese a la inversión sostenida en estos sistemas, los resultados no se han traducido en mejoras consistentes en seguridad ni en una reducción de la violencia.
En México, esta apuesta tecnológica ha crecido en paralelo a uno de los periodos más violentos de su historia reciente. Desde 2006, con el inicio de la estrategia federal contra el narcotráfico, los homicidios pasaron de cerca de 10 mil casos anuales a un máximo superior a 36 mil en 2020. Aunque en 2023 se registró una ligera disminución, el país se mantiene entre los más violentos del mundo fuera de contextos de guerra declarada.
Para esta investigación, se analizaron los 19 estados en donde opera el grupo Seguritech Privada. En estas entidades se concentraban 67 mil de las 91 mil cámaras instaladas en el país hasta 2024. En 15 de esos 19 estados, los homicidios aumentaron entre 2012 —año en que comenzaron los primeros contratos con el grupo— y 2024, de acuerdo con datos del INEGI. Los casos más extremos son Guanajuato, con un incremento de 490%, y Quintana Roo y Baja California, con aumentos superiores al 320%. Solo cuatro entidades registraron una reducción: Coahuila, Durango, Chihuahua y Ciudad de México. Estos datos muestran que la inversión sostenida en estos sistemas no se tradujo en una mejora consistente en seguridad en la mayoría de los estados analizados.
Este grupo empresarial ha sido contratado por 37 gobiernos estatales y municipales por más de 52 mil millones de pesos (USD 2,944 millones) desde 2012 para la instalación, operación y mantenimiento de cámaras, centros de control y plataformas de análisis de datos. En Querétaro, los pagos al grupo representaron el 86% del presupuesto estatal de seguridad pública durante el periodo analizado. El peso de estos contratos es especialmente visible en municipios pequeños.
En ciudades de Guanajuato, la proporción es aún más extrema: Salvatierra destinó el 65% de su presupuesto de seguridad a contratos con Seguritech; Valle de Santiago, el 78%; Purísima del Rincón y Jaral del Progreso, más del 54%.
En algunos de los casos, los convenios de transferencia revisados para esta investigación condicionaban el uso de los recursos a contratar al mismo proveedor.
Rafael Prieto-Curiel, matemático mexicano que trabajó como analista de pronóstico del crimen en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México y hoy investiga la dinámica de la violencia en el Complexity Science Hub de Viena, advierte: “Le estamos apostando a la tecnología como si eso fuera a resolvernos los problemas de impunidad, de corrupción de los ministerios públicos, la falta de confianza en las autoridades, la falta de denuncias. Las cámaras por sí solas no funcionan.”
Para Prieto-Curiel, la videovigilancia puede ser una pieza del engranaje, pero no el eje central. Lo ilustra con una metáfora: la capacidad de un barril que siempre está limitada por la duela más corta. “Si tú le metes recursos a cualquier otra de las barras que le sobresalgan, no importa lo que hagas, la capacidad que tiene tu barril sigue siendo la de la barra más chiquita”, explica. En México, dice, ese punto crítico no es la tecnología, sino la impunidad: sin investigación policial, sin reducción de la corrupción en las fiscalías y sin confianza ciudadana en las instituciones, las cámaras no modifican el problema de fondo. “Necesitamos eso, más todo un sistema que cambie.”
La evidencia también muestra limitaciones en su uso para la procuración de justicia. Guanajuato, una de las entidades con mayor inversión en videovigilancia y con 4,281 cámaras en operación, entregó apenas 191 videos para investigaciones judiciales en cinco años, según datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal del INEGI. Es el ratio más bajo entre los estados con infraestructura comparable: Hidalgo, con un número similar de cámaras, entregó 56,870 videos en el mismo periodo; Querétaro, 18,099. En ambos estados los homicidios aumentaron 130% y 95.5% respectivamente del 2012 al 2024.
La familia López —apellido ficticio para proteger su identidad— esperó seis meses a que un fiscal revisara las grabaciones de cámaras en una carretera de Celaya. Buscaban reconstruir el trayecto de un vehículo vinculado a una desaparición. Cuando por fin se revisó el material, no había nada que analizar: varias cámaras no funcionaban y otras habían borrado las grabaciones meses atrás. Las autoridades no explicaron cuántos dispositivos estaban fuera de servicio ni por qué.
POPLab y CONNECTAS tuvieron acceso a documentos financieros y registros internos de Seguritech Privada y Comunicación Segura —otra empresa del grupo— que muestran que, solo en los últimos cinco años, recibieron pagos gubernamentales por más de 32 mil 237 millones de pesos (USD 1,865 millones).
A pesar de ello, la percepción de inseguridad ha aumentado o se mantiene en niveles elevados en varias de estas entidades. En algunos casos, como Guanajuato, creció más de 30 puntos desde 2012; en otros, como el Estado de México, se mantiene cercana al 90%, mientras que en Baja California aumentó 20 puntos y en Querétaro se duplicó, según la ENVIPE 2025.
Los estados donde el grupo empresarial ha sido contratado registran un promedio de 4.21 en el Índice de Paz México, una medición que evalúa la intensidad de la violencia a partir de indicadores como delitos violentos, crimen organizado y eficiencia del sistema judicial, donde una puntuación más cercana a 5 indica menor nivel de paz. En 14 de las 19 entidades analizadas, la situación de seguridad se deterioró tras la implementación de estos sistemas.
Sin embargo, la inversión pública en tecnología de seguridad ha continuado en aumento.
Para el matemático Rafael Prieto-Curiel, los puntos más críticos no han sido atendidos por la apuesta tecnológica: “Tenemos impunidad de 100%, permiso para matar gratis —si tú matas, nada te va a pasar—, prisiones saturadas, nula reinserción social”.
Al mismo tiempo, el eslabón débil sigue siendo la estructura policial. De acuerdo con Jorge Eduardo Cano Anaya, coordinador del programa de gasto público y rendición de cuentas en la organización civil México Evalúa, se ha destinado poco recurso a la profesionalización de las policías, especialmente a las municipales, pues resulta caro “incrementar sus prestaciones para que tengan mayor lealtad hacia los mandos policiales y no caigan en otras ‘nóminas’. Cuando dejamos de ver eso y nos enfocamos solamente en un tema tecnológico, posiblemente estamos dejando de lado que la mayor herramienta para tener una mejor seguridad siempre va a ser el factor humano.»
En 2025, México contaba con alrededor de 274 mil policías y oficiales de tránsito, 2.1 por cada mil habitantes. Pero el mayor problema son los salarios, pues el promedio de 6 mil 620 pesos (USD 370) mensuales es 60 por ciento inferior al sugerido en los estudios de salario digno del propio gobierno federal. Ese mismo año, los pagos realizados a empresas del grupo Seguritech superaron los 5 mil millones de pesos (USD 288 millones), un monto equivalente a cerca de una cuarta parte del costo total de la nómina policial del país.
Mientras el gasto público en tecnología crece, los ciudadanos también asumen costos directos para protegerse. En 2024, el gasto privado en medidas de seguridad alcanzó 78 mil millones de pesos (USD 4.4 mil millones) en los estados donde la empresa tiene presencia, de acuerdo con el INEGI.
Los otros usos de la videovigilancia
Para José Flores, director de comunicación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), organización que acompañó a periodistas y activistas para llevar a juicio las intervenciones ilegales de comunicaciones con el software Pegasus, el despliegue de capacidades tecnológicas se hace bajo una promesa de influir en la disminución del delito, pero su opacidad impide evaluar y saber “si la inversión está siendo bien utilizada o si otras técnicas de prevención y mitigación del delito pudieran ser más efectivas”.
Pero en otros contextos, estos sistemas sí se utilizan, aunque no necesariamente para combatir delitos.
En noviembre de 2024, en Tlaxcala, autoridades estatales utilizaron el sistema de videovigilancia con reconocimiento facial contratado a Seguritech para identificar a activistas feministas que participaron en una protesta. Posteriormente, algunas de ellas fueron investigadas por la fiscalía local, de acuerdo con Escenario Tlaxcala. El gobierno estatal clasificó como reservada la información sobre el funcionamiento y los costos del sistema; sin embargo, los registros financieros revisados para esta investigación documentan pagos por más de 81 millones de pesos (USD 4.5 millones) a la empresa por ese concepto.
En Jalisco, las herramientas de monitoreo también han sido utilizadas para seguir las movilizaciones sociales. El medio local, ZonaDocs, documentó que las cámaras han servido para identificar y procesar a personas que participan en protestas. En ese estado, Seguritech ha recibido al menos mil 343 millones de pesos (USD 75.5 millones) por el mantenimiento del sistema C5 —plataforma que integra cámaras de vigilancia, llamadas de emergencia y bases de datos policiales—, conocido como Escudo Urbano.
En Chihuahua, Seguritech opera el Proyecto Centinela mediante un contrato firmado en 2022 por 4,709 millones de pesos (USD 264 millones), uno de los más cuantiosos de los que se tiene registro, el cual incluye una torre de vigilancia de 20 pisos construida por Seguritech en Ciudad Juárez, en la cual dispondrán de un piso agencias de seguridad norteamericanas como el FBI y la DEA.
El sistema cuenta con alrededor de 10,000 cámaras y lectores de placas. También tiene la capacidad para conectarse a cámaras privadas, lo que ampliaría su alcance hasta 30,000 dispositivos. Pese a su escala, el acceso a las grabaciones enfrenta los mismos obstáculos documentados en otros estados. El abogado Leyver Montejo, asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, relata que en la mayoría de las solicitudes de grabaciones les responden que las cámaras estaban desactivadas o no operaban al momento de los hechos.
Estos casos muestran que la tecnología no solo presenta limitaciones técnicas, sino que su uso depende de decisiones institucionales que no siempre están alineadas con la procuración de justicia.
Para el consultor en seguridad y exfuncionario en áreas de seguridad e inteligencia, Bernardo León Olea, estas tecnologías conllevan tres riesgos estructurales: son muy caras, lo que las convierte en terreno fértil para hacer negocios; sus compras se realizan con amplias excepciones a la transparencia bajo el argumento de seguridad; y permiten acceder a información de muchas personas, lo que abre la puerta a usos distintos de los prometidos. “Cuando no hay controles democráticos, efectivamente es un riesgo”.
Contratos en tiempos de violencia
Administraciones del PAN, PRI, Morena y Movimiento Ciudadano en al menos 19 estados han contratado a Seguritech Privada, algunos desde 2012, apostando por la videovigilancia como respuesta visible frente a la inseguridad. En la mayoría de los casos, los contratos sobrevivieron a los cambios de gobierno.
El análisis de los contratos revela un patrón recurrente: el 97% del monto total fue asignado mediante adjudicación directa, es decir, sin competencia abierta entre proveedores. Las licitaciones públicas representan apenas el 2% de los recursos comprometidos.
La legislación mexicana permite este mecanismo bajo ciertas excepciones, entre ellas los casos en los que la información técnica pueda comprometer la seguridad pública. Sin embargo, este argumento también ha sido utilizado para reservar información esencial que no revela detalles específicos.
Las solicitudes realizadas para esta investigación muestran altos niveles de opacidad. Varias dependencias omitieron datos sobre montos, vigencias contractuales o características de los servicios. Veinte gobiernos reservaron o negaron la existencia de contratos, aunque registros fiscales muestran pagos a Seguritech por al menos 3 mil 577 millones de pesos (USD 202 millones).
Los documentos revisados también evidencian contratos multianuales, ampliaciones de plazo y cláusulas de confidencialidad que limitan el acceso público a la información.
Para José Flores, “es tremendamente irregular que una empresa le diga a un gobierno que tiene que reservar la información; ahí debería deliberar un comité de transparencia bajo el principio de máxima publicidad, ya que es de interés público que sepamos lo que hacen esas tecnologías”.
En algunos casos, los contratos establecen que el proveedor no será responsable por fallas técnicas en equipos considerados “innovadores”, lo que traslada parte del riesgo al Estado. Este tipo de condiciones puede generar dependencia tecnológica y presupuestal, en la que los gobiernos quedan atados a un mismo proveedor durante años, sin que importen los resultados, analizan los especialistas.
Los propios contratos blindan esta opacidad. En Chihuahua, el acuerdo con Seguritech establece que el gobierno “entiende y acepta” que algunos equipos, por su “alta especialidad, novedad e innovación tecnológica”, pueden presentar fallas que no serán consideradas incumplimiento del proveedor. Es decir, el Estado asume por contrato el riesgo de que la tecnología no funcione, sin mecanismos para exigir resultados ni para documentar públicamente las fallas.
Paul Aguilar, coordinador de seguridad digital en la organización Social Tic, subraya un sesgo que encarece los servicios de tecnología sin evaluar sus resultados: “Si los gobiernos no hacen investigación sobre las necesidades de seguridad, entonces el diseño del proyecto queda en manos del proveedor, cuyo objetivo es el beneficio económico: La empresa pasa de ser proveedor de producto a convertirse en analista de seguridad, sin serlo”.
Estado de México y Guanajuato destacan en esta relación comercial. Ambos gobiernos comenzaron a otorgar contratos a Seguritech desde 2012, cuando la empresa aún tenía poca presencia nacional. Con el paso de los años, los acuerdos se renovaron pese a cambios de administración. Para 2025, estas dos entidades concentraban más de 33 mil millones de pesos (USD 1,868 millones) en contratos, más del 63 % de la facturación del grupo en ese periodo.
Al mismo tiempo, acceder a la información generada por estas tecnologías sigue siendo complicado para quienes buscan justicia. Abogados y colectivos de búsqueda reportan obstáculos constantes desde las fiscalías para obtener grabaciones, lo que limita su uso en investigaciones.
“Una jovencita fue recientemente secuestrada en el Boulevard Solidaridad de Irapuato, una vía llena de cámaras, a cuyas grabaciones nunca fue posible acceder”, señala Bibiana Mendoza, buscadora de personas desaparecidas en Guanajuato. La activista cuestionó: “Si los sistemas de videovigilancia no le sirven a los ciudadanos, entonces, ¿a quién le sirven?”.
Y con el tiempo, la tecnología deja de ser una herramienta evaluable de seguridad pública y se convierte en un gasto estructural difícil de revisar o modificar, aunque no se refleje en resultados. “Las encuestas de victimización, que son las más certeras para medir la criminalidad, muestran que este indicador no solo no disminuyó, sino que ha subido. La cifra negra —los delitos que no se denuncian— no se ha movido. La percepción de seguridad, que es el gran indicador, sigue siendo muy alta. La gente no se siente segura”, concluye León Olea.
En 2019, el relator especial para la libertad de expresión de la ONU, David Kaye, propuso regular el uso y adquisición de tecnologías de vigilancia. La propuesta no tuvo eco en México. En ausencia de reglas claras sobre la contratación, operación y supervisión de estos recursos, el modelo ha avanzado sin controles efectivos ni evaluación pública.
Desde el punto de vista de Cano Ayala, es necesario que se realicen auditorías de cumplimiento que justifiquen las contrataciones. “Ver si han cumplido con lo que han prometido, si ha habido un impacto directo en la seguridad pública. Habría que ver si se justifica que se esté manteniendo ese contrato y, sobre todo, si hablamos de varios sexenios, lo más probable es que tuviera que haber una mayor competencia para ver si hay otra empresa que tiene la capacidad de dar el mismo servicio a menor precio”.
Actualmente no hay un regulador de esa industria, como sí pasa con los fabricantes de armamento. “La industria de la seguridad es ante todo un negocio que no le importa la efectividad”, puntualiza el vocero de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, José Flores.
Sin embargo, la crisis de inseguridad no amaina en México. Si bien la autoridad celebra la disminución de la tasa de homicidios, a las organizaciones defensoras de derechos humanos les preocupa el alza de las desapariciones. La extorsión a los negocios paraliza industrias completas en varios estados y los feminicidios y la violencia de género aumentan sus registros, sobre todo por una mayor visibilización. Frente a todo ello, la respuesta preferida de los gobiernos es aumentar el gasto en tecnología.
“El problema no es solo que existan estas tecnologías, sino todo el entorno político y de ganancias alrededor de ellas, porque al final dejan mucho dinero: parece que son el negocio perfecto”, concluye Paul Aguilar.
Para esta investigación, se buscó a Ariel Picker y a Daniel Esquenazi con el propósito de conocer aspectos puntuales sobre el modelo de negocio de Seguritech, la trayectoria de la empresa, sus contratos con gobiernos estatales y municipales y su visión sobre el sector de seguridad tecnológica en México.
A petición de Esquenazi, se remitieron cuestionarios por escrito; la empresa indicó que sus abogados revisarían las preguntas y, un día después, que un asesor se haría cargo de las respuestas. El compromiso fue entregar la información la noche del martes 2 de junio. Al cierre de esta edición, no se había recibido respuesta. La empresa fue notificada de que su postura, de producirse, se publicaría en una nota posterior.
El negocio de la seguridad
El 95% de los ingresos de Seguritech Privada, el mayor proveedor de tecnología de seguridad, proviene de contratos gubernamentales. El análisis de miles de registros fiscales muestra que una parte sustancial de ese dinero público se destinó a subcontratar empresas del mismo grupo y otras sin presencia verificable y sin historial en el sector, a través de comisiones muy por encima del mercado.
Por: Kennia Velázquez, Mónica Cerbón y Arnoldo Cuéllar
En México, miles de millones de recursos públicos se destinan cada año a medidas para contener el auge delictivo. A la par se ha dado el crecimiento de Seguritech Privada, encabezado por Ariel Zeev Picker Schatz, cuyo éxito empresarial se sustenta en las ventas al sector público de tecnología de videovigilancia para gobiernos estatales, dependencias federales y municipios.
Esa inversión no ha mejorado la percepción de seguridad de los ciudadanos, pero sí ha servido para conformar una red de más de 60 empresas, donde fungen como accionistas familiares, empleados y colaboradores de Picker Schatz, que intercambian recursos y operaciones.
El análisis de flujos financieros y registros corporativos obtenidos por POPLab y CONNECTAS encontró que entre 2021 y 2025, Seguritech Privada y Comunicación Segura tuvieron ingresos por más de 34 mil millones de pesos (USD 1,961 millones). El 95% provenientes de dineros públicos.
Una porción de esos recursos se destinó a varias personas y empresas contratadas como intermediarios, de los cuales no se localizó historial público verificable en el sector mediante los registros consultados.
Algunas de estas entidades recibieron comisiones significativamente más altas que las del mercado, con transferencias que dificultan el rastreo de los beneficiarios finales y hacen imposible determinar si los costos de los contratos con los gobiernos son proporcionales al servicio recibido.
Los mismos registros financieros muestran que, entre 2021 y 2025, el grupo asignó más de 2 mil 400 millones de pesos (USD 139 millones) para cubrir conceptos como “éxito de proyecto”, “gestión”, “consultoría” o “intermediación”, por el pago de comisiones y asesorías vinculadas a contratos públicos.
El mayor receptor de comisiones es Cadval Servicios Estrategias y Proyectos, que acumuló 912 millones de pesos (USD 51 millones) provenientes de múltiples empresas del grupo, bajo el concepto de «comisión por éxito de proyecto» etiquetada con el nombre del contrato gubernamental del que provenía: Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo y al menos otros 20 estados y municipios.
Otro comisionista destacado es Daniel Esquenazi, quien recibió más de 680 millones de pesos (USD 37.5 millones) entre 2021 y 2022. Se trata del propietario de la casa en Houston donde residió durante varios meses el exgobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, cuya administración contrató a Seguritech Privada por más de 4 mil millones de pesos (USD 225 millones).
El flujo entre empresas hermanas
Seguritech Privada funciona como el principal nodo de recepción y dispersión de recursos dentro de la red de empresas vinculadas entre sí por accionistas comunes, entre las que se encuentran empleados de la compañía.
En los mismos años, la empresa subcontrató a 28 compañías hermanas a las que pagó 12 mil 700 millones de pesos (USD 738 millones) por servicios tan disímiles como la adquisición de tornillos y gasolina, arrendamientos, servicios de taxis aéreos o asesorías en proyectos gubernamentales. Por ejemplo, E Pago.com S.A. de C.V. recibió más de 7 mil 200 millones de pesos (USD 415 millones), sin que exista información pública sobre su capacidad operativa.
Dentro de las compañías del grupo se identificaron transferencias por 15 mil millones de pesos (USD 865 millones) en cinco años: capital que circula de una empresa a otra y de regreso.
Además de recibir pagos millonarios, canaliza recursos hacia otras empresas para la ejecución de obras y servicios. Parte de esos flujos llegó a compañías con observaciones fiscales, como Proveedores de Servicios Comerciales y de Construcción Naith, incluida por la autoridad tributaria en la lista de empresas que facturan operaciones simuladas.
Seguritech Privada destinó 3 mil 500 millones de pesos (USD 201 millones) a empresas externas al grupo, para realizar trabajos a gobiernos; algunas de ellas también proveedoras. del sector público, lo que plantea interrogantes sobre los controles que tienen las autoridades para supervisar quién accede a información relacionada con la seguridad.
La legislación mexicana permite subcontratar parcialmente servicios, pero establece que debe existir autorización de las entidades contratantes. En los convenios analizados no fue posible verificar si estas autorizaciones fueron otorgadas, debido a que la información ha sido reservada total o parcialmente bajo argumentos de seguridad pública.
Luis Pérez de Acha, abogado y exintegrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, explicó que distribuir las operaciones de un corporativo entre múltiples empresas es una práctica legal y común en el mundo empresarial, que puede tener ventajas en la gestión administrativa y fiscal. Sin embargo, cuando esa fragmentación se combina con intermediarios sin historial verificable y con flujos de recursos que circulan entre compañías vinculadas, el resultado es un entramado que dificulta identificar quién recibe finalmente el dinero y esconde quién recibe finalmente el dinero.
Para José Flores, de la organización R3D, este tipo de esquemas ha sido documentado desde hace más de una década en la industria de la vigilancia: “Por ejemplo, en las filtraciones de los correos de Hacking Team, aparecían mensajes donde varias empresas intermediarias se ponían de acuerdo para inflar artificialmente el precio”.
En el listado se ubicó a Vozh Consultoría Administrativa y Humana S.C., que recibió de Cadval 27 millones 394 mil pesos (USD 1,5 millones) bajo conceptos como «intermediación de contrato» y «comisión por éxito» en nueve estados, entre ellos Querétaro, Estado de México, Guanajuato, Zacatecas y Oaxaca. La empresa figura en el listado global definitivo de contribuyentes con operaciones simuladas.
El esquema se repite en el caso de Esquenazi, cuya sociedad transfirió cerca de la mitad de las comisiones recibidas —335 millones de pesos (USD 18.4 millones)— a Servicios Integrales TRMG, cuyo certificado fiscal fue revocado por el Servicio de Administración Tributaria, lo que le impide emitir facturas.
En 2022, un bufete de abogados de Florida intentó retirar notas periodísticas del Semanario Zeta de Tijuana que identificaban a Daniel Esquenazi Beraha como ejecutivo de Seguritech Privada con el argumento de que no tenía relación con la empresa. Ese mismo año, su representado cobró más de 600 millones de pesos en comisiones de distintas compañías del conglomerado.
Años después, el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo fueexonerado de conflicto de interés al habitar una casa en Texas propiedad de Esquenazi, por el gobierno de su sucesora, Libia Dennise García, con el argumento de que el empresario ‘no aparece como apoderado o accionista’ de Seguritech.
Especialistas en el sector señalan que las comisiones convencionales suelen ubicarse por debajo del 3 por ciento. En 23 de 45 pagos que los gobiernos realizaron, las comisiones oscilaron entre el 4 y el 50 por ciento, muy por encima del rango convencional del sector.
El activista anticorrupción, Luis Pérez de Acha, plantea que, en algunos casos, el esquema de subcontratación en capas puede estar asociado a la necesidad de fragmentar los flujos de dinero: “No hay razón de pagar comisiones por arriba de un 10% que ya están fuera de mercado”.
El desglose por estado revela la magnitud del esquema. Las comisiones pagadas por la empresa para contratos con el Estado de México generaron los montos más altos, seguido por Guanajuato, Querétaro y Chihuahua, que en conjunto suman más de 845 millones de pesos (USD 47 millones) por este concepto. Otros pagos de comisiones por más de mil millones de pesos (USD 56 millones) no pudieron asociarse a un contrato público específico, lo que impidió rastrear el origen de esos recursos.
Para Pérez de Acha, los elementos identificados en esta investigación configuran señales de alerta reconocidas por el propio SAT desde hace décadas: un objeto social amplísimo, sin rastro público y flujos de ida y vuelta entre empresas relacionadas son criterios de riesgo. Sin embargo, advierte que llegar a una conclusión definitiva está fuera del alcance de cualquier investigación externa: “Esos puntos ciegos nada más los puede romper la autoridad con la información reservada que tiene en su poder”.
Los registros mercantiles muestran otro patrón en varias de estas empresas que reciben comisiones: los socios fundadores —en algunos casos, personas sin antecedentes empresariales documentados, domiciliadas en localidades rurales o de alta marginalidad— transfieren sus acciones o dejan de figurar en la estructura formal poco tiempo después de la constitución. En su lugar, un grupo reducido de personas aparece de manera reiterada como apoderado, administrador único o representante legal en distintas compañías de la red. Los movimientos fiscales muestran que varias de las empresas que reciben pagos de Cadval y Esquenazi realizan a su vez transferencias entre sí, lo que genera una tercera capa de circulación de recursos.
Otra empresa que es contratada por el grupo es ANEP Serviciospro; recibió más de 114 millones de pesos (USD 6.5 millones) entre 2019 y 2025 por asesorías, cobranza y gestiones en proyectos de siete estados. Tampoco tiene sitio web, presencia en redes sociales ni registro visible en plataformas de contratación pública. Algunos de sus gastos son la revisión ortográfica de un plan estratégico de Seguritech por el que pagó 2.8 millones de pesos (USD 161 mil) y gestiones en Colombia, donde el grupo también opera. Los registros muestran además que un empleado de Picker figura como delegado especial en el acta de asamblea de socios de ANEP.
Para esta investigación se intentó contactar a ANEP Serviciospro, Servicios Integrales TRMG, Proveedores de Servicios Comerciales y de Construcción Naith, Cadval Servicios Estrategias y Proyectos, y Vozh Consultoría Administrativa y Humana S.C. y conocer su postura. Sin embargo, ninguna de estas empresas cuenta con página web, número telefónico, email, dirección física ni ningún otro medio de referencia en registros públicos.
De acuerdo con Rafael Prieto Curiel, exdirector de análisis estratégico del Centro de Atención de Emergencias de la Ciudad de México, la adquisición de este tipo de tecnología se ha convertido en un incentivo político y económico: “¿Son el engranaje que falta para hacer seguridad? Yo creo que no. ¿Se presta a que hagan negocios? Sí”.
Bernardo León, exsecretario de Seguridad de Morelia, afirma que la tecnología “es un medio, no un fin”. Sin embargo, advierte que, en contextos con baja transparencia y falta de controles democráticos, pueden surgir dudas sobre su uso y los posibles beneficios asociados a su contratación: “Y si alguien sale beneficiado, digamos, extralegalmente, y si eso no tiene la transparencia que debería de tener porque es un tema de seguridad, ahí es donde habría que ver”.
El modelo descrito no es exclusivo de Seguritech, pero su escala lo convierte en un caso excepcional. Los mecanismos —subcontratación interna, transferencias cruzadas y comisiones sobre contratos gubernamentales— son legales. Por eso el escrutinio público apunta al fondo: dinero de los contribuyentes destinado a combatir la violencia que no está dando resultados, manejado con un sistema de intermediación que, al multiplicar las capas entre el contrato público y el servicio final, hace imposible determinar si el erario pagó un precio justo por lo que recibió.
Cómo creció el imperio de la vigilancia
Seguritech Privada nació en 1995 como una empresa inmobiliaria que después comercializó sistemas de alarmas vecinales. Fue fundada por Simón Picker Gottlieb, padre de Ariel Picker Schatz. En 2009, tres años después del inicio de la estrategia federal contra el crimen organizado, la empresa incorporó servicios de seguridad para instituciones públicas y privadas. En los años siguientes amplió sus operaciones hacia seguridad industrial, capacitación especializada y soporte técnico para Centros de Comando y Control (C5), plataformas que concentran cámaras de vigilancia, llamadas de emergencia y bases de datos policiales en distintos estados del país.
Para esta investigación se identificaron al menos 63 compañías creadas entre 1995 y 2024 por miembros de la familia Picker Schatz y colaboradores cercanos. Solo 29 de ellas son parte del corporativo Seguritech Integral Security. El resto corresponde a empresas con giros diversos —telecomunicaciones, servicios aéreos, inmobiliarias, turísticos y proyectos agrícolas, como el viñedo Omún en Guanajuato— en las que figuran Ariel Picker, su madre Olga Schatz, el empresario Daniel Esquenazi, entre otros colaboradores del grupo.
También se incluyen sociedades diseñadas para participar en contratos de Asociación Público-Privada en Michoacán y Tamaulipas. En mayo de este año anunció que construirá y operará un C5i en Medellín, Colombia. También hay registro de actividades en otros cinco países latinoamericanos y España.”
El crecimiento de la empresa no ha estado exento de controversias. Desde al menos 2015, reportes de prensa han documentado cuestionamientos sobre contratos otorgados al grupo, incluyendo procesos de adjudicación poco transparentes, incumplimientos en la entrega de equipos y fallas en sus servicios.
En algunos casos, autoridades han iniciado procedimientos administrativos contra la empresa. El Banco del Ejército impuso una multa de 3.2 millones de pesos (USD 181 mil), mientras que el gobierno de Coahuila sancionó a la compañía con 1.9 millones (USD 107 mil). En Chihuahua, autoridades estatales anunciaron reclamaciones por 112.3 millones de pesos (USD 6 millones) relacionadas con retrasos en contratos.
Para esta investigación, se buscó a Ariel Picker y a Daniel Esquenazi con el propósito de conocer aspectos puntuales sobre el modelo de negocio de Seguritech, la trayectoria de la empresa, sus contratos con gobiernos estatales y municipales y su visión sobre el sector de seguridad tecnológica en México.
A petición de Esquenazi, se remitieron cuestionarios por escrito; la empresa indicó que sus abogados revisarían las preguntas y, un día después, que un asesor se haría cargo de las respuestas. El compromiso fue entregar la información la noche del martes 2 de junio. Al cierre de esta edición, no se había recibido respuesta. La empresa fue notificada de que su postura, de producirse, se publicaría en una nota posterior.
Guanajuato, vigilancia sin paz
A más de una década de contratos millonarios en videovigilancia, Guanajuato combina alto gasto público, opacidad y mecanismos que dificultan la rendición de cuentas, sin que la violencia haya cedido.
Por: Kennia Velázquez, Mónica Cerbón y Arnoldo Cuéllar
En México, la expansión de sistemas de vigilancia ha sido presentada por los gobiernos como una de las principales respuestas frente a la violencia. Sin embargo, el crecimiento de esta industria también ha implicado altos niveles de gasto público, capas de intermediación opacas y resultados limitados en materia de seguridad.
En Guanajuato, uno de los estados más golpeados por la violencia en la última década, la apuesta por la tecnología de seguridad se convirtió en una política pública sostenida a lo largo de tres administraciones.
A través de contratos estatales y municipales, Seguritech instaló centros de control, sistemas de videovigilancia, plataformas de monitoreo y redes de conectividad digital con el objetivo declarado de fortalecer la prevención y “blindar Guanajuato”.
Si bien cada gobernador ofreció un cambio en seguridad, hubo una política persistente: contratar a Seguritech Privada S.A. de C.V. Miguel Márquez contrató en 2012 a la compañía por un arrendamiento de equipo de videovigilancia de 3 mil millones de pesos (USD 231 millones al tipo de cambio de ese año) para proteger al estado de la violencia en las entidades vecinas. Seis años después, su sucesor Diego Sinhue Rodríguez hizo campaña planteando “un golpe de timón” en seguridad para revertir el crecimiento sostenido de la criminalidad e invirtió otros 4.4 mil millones de pesos (USD 233 millones) por un “Servicio Integral de Monitoreo Inteligente”. Finalmente, la actual gobernadora Libia García ofreció “un nuevo comienzo” como eslogan electoral, pero terminó recontratando a la empresa por 4.7 mil millones (USD 243 millones) para dar continuidad a la estrategia de seguridad.
De acuerdo con contratos obtenidos vía transparencia, el gobierno estatal y siete municipios firmaron convenios con el grupo Seguritech Privada por al menos 13 mil 593 millones de pesos (USD 769 millones) entre 2012 y 2025 para seguridad, y 543 millones de pesos (USD 30 millones) adicionales para conectividad digital.
Pero estos no fueron los únicos ingresos de la empresa en Guanajuato. Siete municipios reservaron la información de sus convenios bajo el argumento de que divulgar cualquier dato relacionado con los montos o condiciones de contratación pondría en riesgo la seguridad pública.
Documentos financieros y registros internos revisados por POPLab y CONNECTAS muestran que, solo entre 2021 y 2025, 17 municipios y el Ejecutivo estatal realizaron pagos por 6 mil 405 millones de pesos (USD 362 millones) a la empresa, equivalentes a cerca del 20 por ciento de los ingresos del grupo en ese periodo. Estos pagos fueron documentados a través de comprobantes fiscales verificados, algunos de los cuales corresponden a gobiernos que respondieron no tener contratos con Seguritech, o que reservaron esa información.
Pie: Elementos del ejército mexicano luego de un enfrentamiento por robo de hidrocarburos en Romita, Guanajuato. Foto: Juan José L. Plascencia.
Mientras la infraestructura crecía, también lo hacía la violencia. En 2012 —año en que comenzaron los contratos con Seguritech—, Guanajuato tenía una tasa de homicidios de 12 por 100 mil habitantes. Los años siguientes mostraron una tendencia sostenida al alza hasta alcanzar 81.12 en 2020. El sistema de vigilancia, donde ya se habían invertido más de 460 millones de dólares, no se tradujo en una reducción de la violencia: la inseguridad se desbordó.
Aunque en 2024 la cifra descendió a 4.035, el estado se mantiene entre los más violentos del país, según datos del INEGI. De acuerdo con la organización Causa en Común, Guanajuato es la segunda entidad con mayor número de «atrocidades» —término con el que la organización agrupa masacres, feminicidios, ataques a poblaciones y otras formas de violencia extrema—, solo detrás de Sinaloa, donde se registra una guerra abierta entre organizaciones criminales.
La inversión sostenida en videovigilancia, cuya cuantía la ubica como la estrategia central para atender esta crisis, no se ha traducido en una reducción de la violencia, sobre todo por la ausencia de medidas complementarias.
“No es un tema de tecnología, es un tema de que la gente no siente la confianza de ir a una agencia del Ministerio Público y denunciar. Y cuando se denuncia, no se investiga por falta de capacidad de la Fiscalía, que está superada por el número de delitos que se cometen; es un cuello de botella gigantesco”, reflexiona el exsecretario de Seguridad de Morelia y quien ha trabajado como asesor de seguridad del municipio de León, Bernardo León Olea.
Esta tendencia también se refleja en el Índice de Paz México (IPM), elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, que evalúa la intensidad de la violencia en las entidades a partir de indicadores como homicidios, delitos violentos, crimen organizado y la eficiencia del sistema judicial. En esta medición, los puntajes cercanos al 1 indican un estado pacífico; una puntuación próxima al 5 señala menor nivel de paz. Guanajuato pasó de un índice de 3.856 en 2021 a 4.403 en 2025, lo que refleja un deterioro en sus condiciones de seguridad.
En teoría, la expansión de sistemas de vigilancia debía prevenir la violencia y fortalecer las investigaciones criminales. En la práctica, el acceso a esa información suele fallar. Familiares de personas desaparecidas y sus representantes legales consultados para esta investigación describieron un patrón recurrente: cuando solicitan a los fiscales que requieran las grabaciones del trayecto de sus seres queridos, el trámite puede tardar meses. Al concretarse, la respuesta habitual es que las cámaras no funcionaban o que el video ya no existe.
En 2024, el abogado Iván L. solicitó las grabaciones de un arco carretero en un punto de acceso entre Jalisco y Guanajuato para una causa penal. La respuesta fue que la cámara estaba descompuesta y no había sido reparada en meses.
De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal, entre 2020 y 2024 Guanajuato contaba con 4,281 cámaras en operación, pero en ese mismo periodo se entregaron solo 191 videos para causas penales.
Para esta investigación se solicitaron al gobierno estatal y a los municipios indicadores sobre resultados, impacto y desempeño de los sistemas de videovigilancia. El Ejecutivo respondió que esta información corresponde a los gobiernos municipales, mientras que estos no la proporcionaron al considerarla reservada por motivos de seguridad pública.
Bernardo León señala que el problema se agrava en Guanajuato por la falta de resultados proporcionales al nivel de inversión.
La “cifra negra”, determinada en las encuestas de victimización del INEGI como el porcentaje de delitos que no se denuncian, alcanza el 90 por ciento. El 87 por ciento de la población se siente insegura y, en promedio, cada habitante gastó en 2024 alrededor de 3 mil pesos (USD 173) en medidas de protección. El costo per cápita del delito asciende a 7,257 pesos (USD 420), considerando pérdidas materiales y afectaciones a la salud.
Pie: Expedientes de investigaciones en una oficina de la Fiscalía de Guanajuato. Foto: POPLab.
Para el consultor independiente, “la mayoría del delito es muy local. Y la tecnología te sirve mucho, pero lo que no puedes perder de vista es para qué lo quieres. En Guanajuato, el problema siempre ha sido ese: hay un desenfoque muy grande de los resultados versus los procesos. En las instituciones de seguridad y justicia de Guanajuato resulta impresionante la cantidad de certificaciones y premios que tienen; es algo enorme. Pero cuando ves los resultados en términos de reducción de la victimización, de menos crimen, mejor percepción de seguridad, no se ha visto”.
Contratos y opacidad
La información financiera del grupo Seguritech Privada a la que POPLab y CONNECTAS tuvieron acceso muestra que el presupuesto invertido en contratos de seguridad no se limita a la instalación de infraestructura. Al menos 253 millones de pesos (USD 14 millones) fueron distribuidos por la empresa como pago de comisiones vinculadas a contratos estatales y municipales en Guanajuato, a través de empresas y personas relacionadas con la red del grupo.
El análisis de contratos disponibles indica que Guanajuato es uno de los principales clientes del grupo. De al menos 25 contratos identificados en el estado y varios municipios, 19 fueron adjudicados de manera directa. En los restantes, la información disponible no permite determinar el mecanismo de asignación.
En León, el gobierno municipal adjudicó directamente un contrato a Seguritech tras declarar desierta una licitación. La Contraloría municipal señaló en una auditoría que no justificó que fuera la mejor oferta. Las observaciones no fueron corregidas.
En Dolores Hidalgo, las autoridades informaron que no localizaron el contrato en sus archivos, aunque confirmaron un pago adjudicado de manera directa por 86 millones de pesos más IVA (USD 4.9 millones).
Una revisión comparativa muestra cláusulas contractuales más restrictivas que en otros estados. Algunas disposiciones reducen la responsabilidad del proveedor en contextos de violencia. Por ejemplo, si entre el 5 o 7 por ciento de la infraestructura es dañada, el proveedor no está obligado a reinstalar equipos ni continuar operaciones. También se establece que fallas derivadas de tecnología “innovadora” no constituyen incumplimiento.
Además, varios contratos incluyen cláusulas de confidencialidad de hasta diez años, lo que limita el acceso público a la información. En algunos casos, los municipios deben notificar al proveedor cuando terceros solicitan datos, permitiéndole intervenir para mantener su clasificación como reservada.
“La cláusula de confidencialidad, por donde lo veas, está mal”, señala Iván Benumea Gómez, coordinador del programa de justicia fiscal de la organización civil Fundar. “La ley prohíbe que se clasifique información con base en acuerdos privados”. Los contratos también establecen condiciones que favorecen al proveedor en caso de terminación anticipada. Los gobiernos deben cubrir gastos no recuperables, inversiones y costos asociados, lo que incrementa el costo de salida.
Pie: Video-vigilancia en las instalaciones del Sistema Estatal C5i ubicado en Guanajuato Puerto Interior. Imagen: Secretaría de Seguridad y Paz.
Tanto el gobierno estatal como los municipios utilizaron argumentos similares para reservar información, basados en supuestos riesgos derivados de hackeos o ataques a instalaciones policiacas que se publicaron en notas periodísticas. También se ocultaron los montos argumentando que revelarlos permitiría a grupos criminales identificar zonas sin cobertura de cámaras.
Tras revelarse que el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo residía en una casa en Texas propiedad de Daniel Esquenazi —gestor comercial y comisionista de Seguritech que cobró más de 600 millones de pesos en comisiones (USD 34.7 millones)—, la presión pública llevó a la actual administración estatal a publicar los contratos reservados desde 2012. Sin embargo, las cláusulas relacionadas con responsabilidades del proveedor fueron ocultadas en las versiones públicas.
En algunos municipios, los contratos con Seguritech se financiaron con recursos transferidos por el gobierno estatal con esta finalidad explícita. En Guanajuato capital, un convenio entre el municipio y el Ejecutivo estatal establece que los fondos deben destinarse a contratar a la empresa. En San Luis de la Paz, el propio contrato con Seguritech señala que el recurso proviene del gobierno estatal y es de uso exclusivo para la contratación del sistema de videovigilancia. Para esta investigación se solicitó al gobierno del estado una relación de todos los convenios celebrados con municipios que implicaran transferencias extraordinarias de recursos. La respuesta fue que no existían. Sin embargo, las dependencias consultadas no tienen atribuciones en materia presupuestal, y la Secretaría de Finanzas no fue requerida.
Para los gobiernos municipales, especialmente los más pequeños, la contratación implica asumir gastos elevados. Dependiendo del caso, los pagos a la empresa representan entre el 26 por ciento (San Miguel de Allende) y el 78 por ciento (Valle de Santiago) del presupuesto de seguridad pública local en los periodos en que se realizaron los pagos.
Los contratos establecen compromisos de largo plazo con márgenes limitados de supervisión, y la información generada por los sistemas de vigilancia sigue siendo inaccesible para quienes buscan justicia o verdad.
A más de una década del inicio de estos contratos, el modelo en Guanajuato combina altos niveles de gasto público, limitada transparencia y mecanismos contractuales que dificultan la rendición de cuentas, sin que ello se traduzca en una reducción de la violencia.
Más allá de la seguridad: naves industriales, viñedos y obra pública
La relación entre el grupo Seguritech y los gobiernos de Guanajuato no se limitó a los contratos de videovigilancia. Empresas vinculadas a Ariel Picker obtuvieron terrenos públicos a precios por debajo del mercado, infraestructura construida con recursos estatales y obra pública orientada a embellecer desarrollos privados del consorcio. El parque aeroespacial Skyplus recibió condiciones gubernamentales favorables y obras a cargo del estado en Guanajuato Puerto Interior en 2014. El viñedo Omún en Dolores Hidalgo fue desarrollado con apoyo del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que invirtió al menos 120 millones de pesos (USD 6,9 millones) en la remodelación del poblado aledaño, habitado por 800 personas.
A lo largo de tres administraciones, la relación comercial con Seguritech se renovó sin que ningún gobierno la sometiera a evaluación pública ni a competencia abierta entre proveedores.
Para especialistas en contratación pública consultados para esta investigación, los beneficios obtenidos por empresas vinculadas al grupo en terrenos, infraestructura y obra pública configuran una relación que va más allá de la de cliente y proveedor.
En 14 años, Guanajuato sigue siendo uno de los estados más violentos del país. La inversión en tecnología de vigilancia creció. La rendición de cuentas, no.
Pie: El viñedo Omún, en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Fotografía: Juan José L. Plascencia.
Para esta investigación, se buscó a Ariel Picker y a Daniel Esquenazi con el propósito de conocer aspectos puntuales sobre el modelo de negocio de Seguritech, la trayectoria de la empresa, sus contratos con gobiernos estatales y municipales y su visión sobre el sector de seguridad tecnológica en México.
A petición de Esquenazi, se remitieron cuestionarios por escrito; la empresa indicó que sus abogados revisarían las preguntas y, un día después, que un asesor se haría cargo de las respuestas. El compromiso fue entregar la información la noche del martes 2 de junio. Al cierre de esta edición, no se había recibido respuesta. La empresa fue notificada de que su postura, de producirse, se publicaría en una nota posterior.
La Orquesta Sinfónica Bonaventura es un proyecto tlaxcalteca independiente que busca no solo llenar los escenarios, sino transformar la realidad social y profesional de la música en la entidad.
Desde la comunidad nahua de San Pedro Tlalcuapan, en el municipio de Chiautempan, comenzó a germinar un proyecto que busca acercar la música sinfónica a todos los rincones de Tlaxcala y romper con la idea de que el arte clásico pertenece únicamente a una élite, por ello, esta puesta cultural tendrá su debut oficial este 4 y 5 de julio, cuando la Orquesta Sinfónica Bonaventura se presente en el Salón D’Mary, en el municipio sarapero.
Detrás de esta iniciativa se encuentra Alan Rosete, violinista de la comunidad de Tlalcuapan, de 25 años, quien tras formarse en la Orquesta Escuela Carlos Chávez de la Ciudad de México y presentarse en escenarios de Canadá e Italia, decidió regresar a su tierra natal con un objetivo claro, construir espacios culturales desde las comunidades y para las comunidades.
Su regreso no estuvo motivado únicamente por la nostalgia, sino por la necesidad de transformar el panorama musical del estado. Y en este camino, se encuentra acompañado por el maestro Emilio Alejandro Cruz, quienes impulsan la creación de la Orquesta Sinfónica Bonaventura, un proyecto independiente que apuesta por la profesionalización artística, la inclusión cultural y el impulso al talento joven.
Así nació la Orquesta Sinfónica Bonaventura
Mientras que Alan Rosete encabeza la dirección ejecutiva y administrativa del proyecto, Emilio Alejandro se concentra en la dirección artística y la curaduría musical, consolidando una propuesta que combina organización, calidad y visión comunitaria.
Sin nombre oficial, sin redes sociales y prácticamente sin difusión masiva, realizaron un concierto piloto en diciembre de 2025 en la comunidad de Tlalcuapan, mismo que reunió a más de mil personas durante cerca de hora y media. La respuesta del público confirmó algo ya intuían, la existencia un interés real por consumir música sinfónica cuando ésta logra acercarse a la gente.
A partir de ese momento nació formalmente la Orquesta Sinfónica Bonaventura, nombre derivado del italiano y que significa «buena suerte» o «buen camino», reflejando el espíritu colectivo del proyecto y el deseo de construir una nueva ruta cultural para Tlaxcala.
Más allá de ofrecer conciertos, la agrupación surge como respuesta a una problemática que durante años ha afectado a músicos profesionales del estado, la falta de espacios laborales y de desarrollo artístico. Para Alan Rosete, Tlaxcala es una entidad que posee un enorme potencial cultural, pero históricamente la música académica no ha contado con estructuras sólidas que permitan a los instrumentistas ejercer con dignidad.
Ante este escenario, muchos jóvenes músicos se han visto obligados a emigrar a otros estados e incluso a otros países para continuar su formación y encontrar oportunidades de trabajo. Por ello, el proyecto busca convertirse en una alternativa local y en una plataforma capaz de posicionar al estado dentro del circuito musical nacional.
El proyecto también apuesta por una nueva generación de intérpretes, pues actualmente, el 90 por ciento de los integrantes de la orquesta son menores de 30 años, varios de ellos colaboradores de agrupaciones reconocidas como la Filarmónica de la UNAM y la Sinfónica de Puebla.
Sin embargo, para sus fundadores, el impacto más importante no se limita al ámbito artístico. Consideran que la música puede convertirse en una herramienta de transformación social, capaz de generar pensamiento crítico, cohesión comunitaria y acceso cultural para sectores históricamente alejados de estos espacios.
“La música sinfónica no debe sentirse ajena”
Los impulsores sostienen que este proyecto busca eliminar el prejuicio de que este tipo de espectáculos son exclusivos para ciertos grupos sociales. La intención es que cualquier persona, independientemente de su contexto económico, ideología o religión, pueda sentirse bienvenida dentro de un concierto orquestal.
Como parte de este crecimiento, la Orquesta Sinfónica Bonaventura prepara ahora su debut oficial con una producción de mayor escala. Las presentaciones se realizarán el sábado 4 de julio a las 19:00 horas y el domingo 5 de julio a las 17:00 horas en el Salón D’Mary, ubicado en Santa Ana Chiautempan.
El programa incluirá grandes clásicos de la música sinfónica, piezas de ópera, música popular y composiciones mexicanas reconocidas por el público a través del cine y el teatro musical.
Con el objetivo de mantener precios accesibles, los boletos tendrán costos de 200, 230 y 260 pesos en zona VIP, permitiendo que más familias tlaxcaltecas puedan disfrutar de músicos egresados de algunas de las mejores instituciones del país sin necesidad de trasladarse a la Ciudad de México.
«Esta es la orquesta del estado, es su orquesta», afirma Alan Rosete, al extender una invitación al público y a las autoridades para respaldar un proyecto independiente que subsiste gracias al esfuerzo colectivo, la gestión cultural y la respuesta de la ciudadanía.
Para sus creadores, la meta no es únicamente ofrecer conciertos, sino comenzar a construir una nueva historia cultural para Tlaxcala desde sus comunidades, sus jóvenes y su gente.
Tlaxcala, Tlax.- El recurso de revisión con número 135/2026-3 promovido por el síndico municipal de Contla, Gilberto Flores Maldonado, se ha convertido en la principal vía legal para intentar anular el contrato de comodato mediante el cual el mercado municipal fue entregado a un consejo de administración encabezado por el expresidente municipal Eddy Roldán por un periodo de 50 años.
De acuerdo con el funcionario, el contrato fue protocolizado el 30 de agosto de 2024 en una notaría de Chiautempan, apenas un día antes de concluir la administración saliente. Además, aseguró que el comodato incumple la ley al no haber sido notificado ni autorizado por el Congreso del Estado, requisito obligatorio para este tipo de actos.
Como parte del proceso, el síndico presentó pruebas documentales ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala (TJA) y el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), entre ellas solicitudes de información y una fe notarial con las que busca acreditar presuntas irregularidades en la entrega del inmueble y el control que actualmente ejercen particulares sobre los ingresos y operación del mercado municipal.
Flores Maldonado sostuvo que la resolución del caso dependerá de la actuación de las autoridades estatales y del respaldo ciudadano, al considerar que permitir la permanencia del comodato podría sentar un precedente para futuras privatizaciones de espacios públicos en otros municipios de Tlaxcala.
La ruta legal con la que buscan frenar el comodato del mercado
El recurso de revisión con número 135/2026-3, promovido por el síndico municipal, Gilberto Flores Maldonado, fue presentado formalmente el 25 de mayo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala (TJA) y busca declarar la nulidad del contrato, al considerar que fue otorgado de manera ilegal y sin autorización del Congreso del Estado.
Para sustentar el recurso, el síndico integró durante más de 20 días un expediente con pruebas documentales y notariales. Entre ellas destaca una solicitud dirigida al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala (OFS), con la que —asegura— se acreditó que la administración saliente no reportó la existencia del comodato, ocultando información tanto a las nuevas autoridades como a la ciudadanía. A ello se suma una fe notarial elaborada para documentar que los particulares beneficiados ejercen acciones de dominio sobre el inmueble municipal.
Flores Maldonado también aseguró haber enfrentado falta de respaldo institucional y obstáculos financieros, lo que lo obligó a cubrir personalmente gastos notariales y legales ante la negativa de apoyo económico por parte de la actual administración municipal.
Como parte de las acciones complementarias para ejercer presión legal, el síndico también remitió oficios al diputado Vladimir Zainos, presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, así como a Arturo Salas Miguela, titular del OFS, solicitando la intervención de ambas instancias en la revisión del contrato.
Según explicó, el objetivo es evitar que el caso quede únicamente en el terreno mediático y lograr que las autoridades estatales atiendan formalmente la demanda de nulidad del comodato.
Posibles conflictos de interés que podrían frenar la nulidad del comodato
En medio del proceso legal para impedir que Eddy Roldán conserve el control del mercado municipal de Contla, el síndico municipal, Gilberto Flores Maldonado, advirtió sobre posibles conflictos de interés al interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala (TJA), instancia encargada de resolver la nulidad del contrato de comodato.
De acuerdo con el funcionario, el exedil de Contla —quien actualmente encabeza el Consejo de Administración del mercado— ha respaldado políticamente las aspiraciones a la gubernatura del diputado federal Raymundo Vázquez Conchas. A ello se suma que Manuel Vázquez Conchas, hermano del legislador, y quien es presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, lo que podría conllevar a un conflicto de interés.
En el ámbito municipal, el síndico cuestionó el silencio de la mayoría de los integrantes del cabildo, al señalar que únicamente Alejandro Flores, presidente de comunidad de la Sección Segunda; Zuleyma Abigail Cuamatzi, segunda regidora; y él mismo han fijado postura pública sobre el conflicto. Además, acusó falta de respaldo por parte de la presidenta municipal, Ivonne Roldán, al sostener que no ha impulsado acciones legales ni apoyado económicamente la defensa jurídica del municipio.
Finalmente, advirtió que permitir que el comodato permanezca vigente podría sentar un precedente para que futuras administraciones privaticen espacios públicos mediante contratos de larga duración, incluso de hasta 100 años.
El comodato con el que Eddy Roldán obtuvo el control del mercado
Según el síndico municipal, el contrato de comodato fue protocolizado el 30 de agosto de 2024, un día antes de concluir la administración de Eddy Roldán, permitiendo que el exedil y otras dos autoridades comunitarias pasaran a integrar el consejo de administración del mercado municipal tras dejar sus cargos públicos.
Flores Maldonado aseguró que el inmueble fue construido con recursos públicos y que entregar su control a un grupo de cinco particulares representa una afectación al erario, ya que actualmente administran ingresos que deberían corresponder al ayuntamiento. Además, señaló que durante el proceso electoral de 2024 se habrían condicionado más de 80 locales comerciales a cambio de respaldo político.
El síndico sostuvo que el comodato de 50 años carece de sustento legal, ya que la ley establece un máximo de cinco años y requiere autorización del Congreso del Estado, instancia que —afirmó— nunca avaló el contrato.
Tlaxcala, Tlax.- Las recientes lluvias registradas en municipios como Apizaco, Calpulalpan y la capital del estado han dejado daños materiales y afectaciones a la infraestructura vial y comercial de estos, una situación relacionada con la acumulación de residuos sólidos que bloquean los desagües, el crecimiento urbano y una gestión insuficiente que ha derivado en una crisis pluvial en vialidades importantes.
Escenario Tlx entrevistó a trabajadores y comerciantes del Centro Histórico de Tlaxcala, quienes señalaron que las recientes precipitaciones han impactado sus ventas y actividades comerciales, ya que el incremento en el nivel del agua obliga al cierre de negocios ante el riesgo de inundaciones y daños a la mercancía. Además, indicaron que esta problemática no es reciente, sino que se ha agravado con el paso de los años.
Ante el incremento de lluvias extremas y las constantes afectaciones en el Centro Histórico, el 4 de septiembre de 2025 un grupo de ciudadanos impulsó el «Plan Ciudadano de Gestión de Agua y Prevención de Inundaciones», una propuesta integral que fue entregada a las autoridades municipales para atender esta problemática que afecta tanto a las vialidades como a quienes habitan y comercian en la zona.
A pesar de ello, a casi nueve meses de haber entregado este proyecto a las autoridades municipales, los impulsores del plan aseguran que no han obtenido respuesta ni acciones concretas para atender la situación. Señalaron que, mientras las afectaciones continúan durante cada temporada de lluvias, los problemas en el sistema pluvial y de alcantarillado persisten sin una estrategia integral de atención.
Ante la crisis pluvial se necesita un plan que atienda las necesidades
De acuerdo con el «Plan Ciudadano de Gestión de Agua y Prevención de Inundaciones», las afectaciones en la capital no son consecuencia exclusiva de las lluvias, sino de una combinación de factores geográficos, urbanos y de gestión pública. Entre ellos destacan la falta de prevención y mantenimiento vial, el crecimiento urbano que ha rebasado la capacidad del sistema pluvial y de alcantarillado, así como la acumulación de basura que obstruye los desagües.
El plan advierte que la entidad enfrenta un nuevo escenario climático con lluvias más intensas y atípicas, mientras que la geografía de la ciudad —descrita como una «olla natural»— complica el desalojo del agua. Ante ello, la propuesta ciudadana plantea transitar de un modelo reactivo a uno integral de gestión pluvial y alcantarillado, basado en prevención, infraestructura sostenible y participación ciudadana.
Entre las principales acciones se contempla la creación de un mapa hidrológico municipal para identificar zonas de riesgo, programas permanentes de limpieza y desazolve de drenajes, así como inversión en obras de captación pluvial y la creación de un Fondo Municipal para la Resiliencia Climática. Además, propone campañas ciudadanas para evitar que la basura continúe bloqueando el sistema de desagüe que afecta tanto a locatarios como a transeúntes de la capital tlaxcalteca.
Un programa necesario para la capital de Tlaxcala
En entrevista con Escenario Tlaxcala, trabajadores y locatarios del Centro Histórico señalaron que las recientes lluvias han afectado tanto sus negocios como sus actividades cotidianas e indicaron que en los últimos años, el nivel del agua en las principales calles de la capital ha incrementado considerablemente durante las precipitaciones.
María, comerciante del segundo cuadro del centro histórico explicó que, durante las lluvias más recientes, el agua alcanzó niveles de entre 10 y 15 centímetros, situación que ha impactado sus ventas y provocado afectaciones en los establecimientos. Añadió que, debido a problemas en el alcantarillado, la corriente arrastra basura acumulada en las vialidades, permitiendo que el agua con mal olor ingrese a los negocios y genere daños en los inmuebles.
La locataria estimó que una inversión de hasta 30 mil pesos puede verse afectada debido a que las lluvias e inundaciones limitan las ventas, mientras los gastos de renta, luz y agua continúan. Además, señaló que uno de los principales problemas radica en el sistema de alcantarillado, ya que, aunque el municipio ha realizado obras en el primer cuadro del Centro Histórico, estas generan residuos que terminan en las alcantarillas y provocan obstrucciones.
Asimismo, describió que el agua que brota del drenaje es «apestosa» y «muy sucia», por lo que los locatarios se ven obligados a lavar banquetas y entradas de los locales con cloro y jabón para evitar malos olores y posibles focos de infección.
Mientras tanto, Ernesto señaló que, aunque las pérdidas no siempre son materiales ni recaen directamente en mercancías como ropa o artículos de papelería, las inundaciones sí afectan sus ingresos, ya que el acumulamiento de agua impide el acceso de vehículos a establecimientos como estacionamientos. Además, explicó que cuando el agua permanece estancada y los automóviles intentan cruzar a alta velocidad, se generan «olas» que terminan ingresando a los locales.
De acuerdo con el comerciante, el agua tarda entre una hora y cuarto y una hora y media en desahogarse después de que termina la lluvia. Tanto él como otros locatarios coincidieron en que las calles quedan con olor a «caño» o «aguas negras» debido a los residuos que arrastra el drenaje.
Además, señalaron que las rentas continúan incrementando, mientras comerciantes y arrendatarios han tenido que buscar alternativas para enfrentar la temporada de lluvias. En este sentido, algunos locatarios consideraron necesaria la implementación de políticas públicas que otorguen créditos a emprendedores durante esta temporada, con el objetivo de solventar gastos como renta o remodelaciones derivadas de las afectaciones.
Por su parte, Belén, quien es arrendataria, aseguró que, en los últimos dos años, conseguir personas interesadas en rentar en el primer cuadro de la ciudad se ha vuelto cada vez más difícil, pues una de las primeras preguntas que realizan es si el departamento o la zona suelen inundarse.
Al mismo tiempo, otro comerciante añadió que las inundaciones se han vuelto cada vez más recurrentes y que, pese a las reparaciones realizadas en tuberías y canaletas, estas resultan insuficientes, pues se trata de «la misma historia de cada año».
*Nota: Por motivos de seguridad y privacidad, los nombres de las personas entrevistadas fueron modificados.
Tlaxcala, Tlax.- El día de hoy, la LXV Legislatura del Congreso del Estado concentró una amplia agenda de reformas enfocadas en materia electoral, educativa, laboral, fiscal y de derechos humanos, con iniciativas que buscan desde incorporar el lenguaje incluyente en la legislación electoral hasta sanciones por discriminación laboral por embarazo y reforzar la autonomía sindical en la entidad.
Lenguaje incluyente, entornos seguros y sanciones por discriminación, temas que llegan al pleno
A la asamblea llegaron las diputadas y diputados del Partido del Trabajo (PT), Maribel Cervantes Hernández y Silvano Garay Loredo, quienes propusieron reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado para erradicar el uso del masculino genérico en la normativa local.
La propuesta plantea sustituir conceptos tradicionales como «consejeros», «magistrados» o «candidatos» por términos neutros como «consejerías», «magistraturas» y «candidaturas», además de eliminar disposiciones que justificaban el uso exclusivo del masculino por razones gramaticales.
La iniciativa también busca actualizar conceptos administrativos para armonizarlos con las recientes reformas constitucionales, incluyendo la denominación del Órgano Interno de Control y nuevas referencias a las figuras de representación política y cargos de elección popular. El proyecto fue recibido el pasado 26 de mayo por la Secretaría Parlamentaria para iniciar su análisis en comisiones.
Mientras tanto, en materia educativa, el diputado Jaciel González Herrera presentó una reforma a la Ley de Educación del Estado con el objetivo de establecer la orientación vocacional como una política obligatoria y permanente para estudiantes de secundaria y nivel medio superior.
La propuesta contempla evaluaciones institucionales para detectar aptitudes y talentos desde etapas tempranas, así como una coordinación directa entre escuelas, sectores productivos y asociaciones de profesionistas.
El legislador argumentó que la medida busca reducir la deserción escolar y vincular las capacidades de las juventudes con las necesidades económicas de Tlaxcala, especialmente en sectores como el artesanal, agrícola, industrial y de servicios. Además, incorpora un enfoque de igualdad de género para evitar que los estereotipos condicionen la elección profesional de mujeres y hombres.
A esta agenda se sumó la diputada priista Sandra Guadalupe Aguilar Vega, quien presentó una iniciativa para incorporar formalmente la perspectiva de género dentro de la Ley para Prevenir y Combatir la Violencia Escolar.
La reforma pretende tipificar la violencia de género dentro de los entornos educativos y obligar a las instituciones de nivel básico y medio superior a utilizar lenguaje incluyente y no sexista tanto en actividades académicas como administrativas.
La propuesta también contempla mecanismos de protección para la identidad y expresión de género del alumnado, además de fortalecer acciones frente a nuevas modalidades de agresión como el ciberacoso. El documento fue turnado a la Mesa Directiva el pasado 26 de mayo para su integración al proceso legislativo.
La bancada de Morena sube al pleno
En paralelo, la bancada de Morena presentó una iniciativa de armonización constitucional en materia de austeridad republicana y control del gasto público. El proyecto busca limitar el presupuesto anual del Congreso local a un máximo equivalente al 0.70 por ciento del presupuesto estatal, además de reducir el número de regidurías en los ayuntamientos y restringir privilegios económicos dentro de organismos electorales como el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET).
La propuesta establece que las medidas presupuestales entrarían en vigor a partir de la instalación de la LXVI Legislatura en 2027 y contempla que los ahorros generados sean destinados a obra pública municipal.
Avanza autonomía sindical y sanciones por intervención gubernamental
Por otra parte, los diputados Engracia Morales Delgado y Bladimir Zainos Flores, de Nueva Alianza Tlaxcala, impulsaron una reforma para blindar la autonomía sindical y sancionar cualquier acto de intervención gubernamental en procesos internos de sindicatos. La iniciativa adiciona el artículo 50 Bis a la Ley Laboral de los Servidores Públicos y tipifica como faltas graves prácticas como condicionar prestaciones, coaccionar votos o utilizar recursos públicos para influir en elecciones sindicales.
El proyecto ya fue dictaminado favorablemente por la Comisión de Puntos Constitucionales y será sometido próximamente a votación del Pleno.
Lo que se aprobó en el Congreso de Tlaxcala
Dentro de los trabajos parlamentarios también avanzó el dictamen impulsado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para reformar la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas. La iniciativa propone ajustar los plazos de entrega de informes del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) en años de transición gubernamental y obliga a los entes públicos a digitalizar la documentación comprobatoria de sus cuentas públicas.
Las Comisiones Unidas de Finanzas y Fiscalización, así como la de Puntos Constitucionales, emitieron un dictamen favorable al considerar que la medida fortalece la eficiencia administrativa y agiliza la revisión de expedientes financieros.
En la sesión de este 28 de mayo también se formalizó la creación de una Comisión Especial encargada de sustanciar la solicitud de Juicio Político promovida contra Emmanuel Ávila González, consejero presidente del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. El órgano será presidido por el diputado Vicente Morales Pérez y contará con un plazo de 15 días hábiles para recabar pruebas y presentar un informe preliminar sobre el expediente parlamentario.
Finalmente, las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Puntos Constitucionales aprobaron el dictamen de la iniciativa promovida por la diputada Maribel León Cruz para sancionar la discriminación laboral por embarazo y puerperio. La reforma modifica el Código Penal local y otras disposiciones estatales para imponer penas de prisión a quienes nieguen empleo, ascensos o derechos laborales por motivos de maternidad.
El dictamen también prohíbe la solicitud de certificados de no gravidez y obliga a las instituciones públicas a desarrollar políticas de prevención y atención contra este tipo de violencia laboral. La propuesta toma como referencia cifras de la ENDIREH 2021, que ubican a Tlaxcala entre las entidades con mayor incidencia de discriminación laboral contra mujeres embarazadas.
Con este paquete de iniciativas y dictámenes, el Congreso local mantiene abierta una agenda legislativa centrada en derechos humanos, austeridad, fiscalización, igualdad de género y reconfiguración institucional, en medio del cierre del segundo periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura.
Tlaxcala, Tlax.- Antes de que la aldea global evolucionara, existía cierta ingenuidad sobre la misión educativa de los medios; se pensaba que informar bastaba para crear sociedades críticas. Hoy el paisaje es más incómodo: los medios están tomados por intereses políticos y de mercado, donde el entretenimiento, el sensacionalismo y la producción acelerada compiten por nuestra atención.
Sin embargo, el modelo de comunicación tradicional emisor-receptor quedó atrás. Con las redes sociales, los públicos dejaron de ser receptores pasivos para convertirse en prosumidores que consumen, analizan, cuestionan y responden al alcance “de un click”. Aunque las plataformas digitales no son espacios democráticos puros, ya que reproducen brechas y desinformación, en sus contradicciones se abren rendijas por donde se cuela un público crítico que se resiste a aceptar que las decisiones sobre el territorio ocurran sin su participación.
El caso reciente de Perfect Day, el megaproyecto de Royal Caribbean en Mahahual, ilustra este fenómeno. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) anunció que no aprobaría la construcción del parque acuático tras semanas de presión pública, cobertura periodística y un ejercicio ciberactivista que posicionó el debate. Esta negativa fue empujada por defensores, periodistas y comunidades que llevaron el conflicto territorial a la agenda nacional, obligando a los tomadores de decisiones a actuar bajo el escrutinio público.
De acuerdo con la revista WIRED, la petición de Greenpeace acumuló más de 820 mil firmas, mientras que la iniciativa “Salvemos Mahahual” en Change.org superó los 4.8 millones de apoyos, convirtiéndose en la más firmada en la historia de la plataforma en México. Se registraron más de 8 mil menciones y un alcance potencial de 4.2 millones de usuarios bajo la etiqueta #SalvemosMahahual. La tendencia circuló por TikTok, Instagram y Facebook, logrando desde el apoyo de la comunidad ARMY de BTS hasta manifestaciones virtuales de niños, niñas y adolescentes en Roblox que se manifestaron con pancartas y letreros virtuales; manifestaciones que habían sucedido en ocasiones como #LifesBlackMatter y #FreePalestine. Ese gesto, que para algunos podría parecer menor, revela algo importante: los territorios también se defienden desde la virtualidad. Las comunidades digitales saben responder desde la viralidad, la apropiación simbólica de los espacios digitales y la intervención en la agenda pública.
Por eso resulta indignante que Ari Adler Brotman, representante de Royal Caribbean en México, afirmara que era “triste” que el destino de Mahahual se decidiera en redes sociales. Frase que busca deslegitimar la discusión pública; sin embargo, lo verdaderamente lamentable es que las disputas territoriales sólo sean escuchadas cuando el conflicto escala y se vuelve tendencia.
Pero el verdadero debate es hacia dónde se carga el poder de decidir qué es “progreso”. En México, la palabra “desarrollo”, suele llegar envuelta en promesas de empleo y crecimiento, pero rara vez se cuestiona quién lidia con los efectos residuales de la devastación ambiental. Perfect Day pretendía recibir hasta 20 mil visitantes diarios en una comunidad de 2 mil 600 habitantes. ¿Eso es desarrollo? ¿O es la imposición de un proyecto ajeno a la comunidad que rebasa la vida local y luego le exige adaptarse? La defensa del territorio incomoda porque cuestiona los proyectos definidos a puerta cerrada. Esto cobra mayor relevancia dado que México firmó y ratificó el Acuerdo de Escazú, donde el Estado se comprometió a garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública y la protección de los defensores del territorio. No es buena voluntad la desaprobación de SEMARNAT, es una obligación mientras no exista transparencia e inclusión.
Como comunicadora, este caso me deja una responsabilidad imperante: apostar por la formación de públicos críticos. Encontrar las grietas dentro de las plataformas digitales para incidir a través de información políticamente útil. Si las plataformas pueden ser usadas para distraer, también pueden convertirse en espacios de vigilancia, presión y acción civil. La defensa del territorio exige mantenernos sospechosos ante los silencios institucionales, las consultas que no ocurren, los riesgos que se minimizan. Cuando el territorio está en juego, el silencio también comunica.
Tlaxcala, Tlax. El periodismo democrático se sostiene sobre la premisa de la rendición de cuentas. Por ello, resulta alarmante que, bajo el noble argumento de proteger la actividad periodística, se pretenda colar en el Congreso del Estado de Tlaxcala una propuesta de Reforma Electoral diseñada no para defender a los reporteros que caminan el territorio, sino para construir un búnker de impunidad para los negocios mediáticos que prosperan en la sombra.
Al analizar los puntos críticos, la propuesta entregada por el Colegio de Periodistas y Comunicadores de Tlaxcala A.C. a la mesa de diálogo legislativo pone en evidencia que los mecanismos planteados buscan desmantelar las facultades de fiscalización del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y del INE, precisamente en el terreno donde la claridad es más urgente: el dinero que fluye entre los políticos y las empresas de comunicación.
La iniciativa propone que únicamente los candidatos informen sobre sus agendas con los medios, prohibiendo además la existencia de padrones o registros de proveedores informativos. Esto representa una desregulación absoluta del mercado publicitario electoral. El riesgo es la eliminación del rastro documental para detectar financiamientos ilegales, facilitando el desvío de recursos públicos hacia portales fantasma creados exclusivamente para operar campañas sucias, sin que la autoridad pueda auditar la legitimidad del proveedor.
Más grave aún es la propuesta de «reserva judicial obligatoria», que pretende impedir que los órganos administrativos electorales actúen de forma inmediata ante infracciones en los contenidos. En tiempos electorales, la justicia tardía es justicia denegada. Si se le amordaza al ITE para emitir medidas cautelares rápidas, se abre la puerta a la impunidad en casos de Violencia Política en Razón de Género o campañas de difamación orquestadas. El daño a las víctimas se consolidaría durante toda la campaña, dejando el remedio legal para después de la jornada electoral, cuando el resultado ya esté consumado.
Finalmente, la introducción de sanciones a los funcionarios por supuesto «acoso institucional» no es más que un mecanismo de inhibición. Busca intimidar a los fiscalizadores electorales para que, por temor a represalias legales o laborales en su contra, prefieran no revisar los contratos, las pautas y las relaciones comerciales de los medios vinculados a los proponentes.
La genealogía de esta iniciativa explica a la perfección su podredumbre técnica. No es coincidencia que el principal promotor de este iniciativa a la impunidad sea un personaje con un negro historial de agresiones a activistas de derechos humanos y difamaciones sistemáticas contra periodistas independientes. Quien hoy se ostenta como paladín de la libertad de prensa es el mismo sujeto que recurre a la calumnia para intentar demoler la credibilidad de quienes nos negamos a callar.
Este modus operandi de ataque corporativo se activa cada vez que el periodismo independiente toca sus redes de financiamiento privado. Lo vimos con claridad cuando orquestó y colocó a su candidato al Poder Judicial Federal en material laboral a lanzar calumnias en nuestra contra. Una estrategia tan torpe y carente de sustancia que el desenlace natural fue la derrota de su propio aspirante; después de todo, ninguna postulación sobrevive a una asesoría tan profundamente deficiente y carente de ética.
Es esta misma red de complicidades y negocios al amparo de la opacidad la que hoy pretende legalizarse con su iniciativa de Reforma Electoral. No busca proteger los derechos de las juventudes, de las mujeres o de poblaciones vulnerables del estado ante el poder; busca blindar la impunidad de su propio negocio mediático.
El Congreso de Tlaxcala, históricamente rebasado en su capacidad técnica y condicionado por las negociaciones de cuotas políticas, no puede ser cómplice de esta captura legislativa. No se están defendiendo libertades constitucionales; se estaría legislando a la medida de intereses particulares y tramas de influencia que perpetúan un modelo de comunicación social obsoleto, el cual ve en la desinformación y el morbo un negocio rentable, y en la opacidad su mejor estrategia de supervivencia.
En Escenario Tlaxcala rechazamos esta visión del periodismo. Nuestro producto periodístico en las agendas de política, género, medio ambiente y derechos humanos no requiere de vacíos legales ni de excepciones fiscales para sostenerse; se blinda con rigor, con metodologías de verificación y, sobre todo, con la transparencia de cara a la sociedad.
Sabemos, sin embargo, que para transformar este ecosistema contaminado por la prebenda política se necesita una ruta económica radicalmente distinta. El periodismo libre no puede depender del dinero opaco que esta reforma intenta ocultar. Por ello, convocamos a nuestra audiencia a ocupar un rol activo a través de El Círculo, nuestra membresía participativa donde los ciudadanos auditan y vigilan nuestro comportamiento editorial. Y para quienes entienden que la independencia es un derecho que se financia colectivamente, la suscripción a Ingobernables es el mecanismo político y financiero para asegurar que el poder —tanto el político como el corporativo— nunca más pueda comprar el silencio ni fabricar la verdad en nuestro estado.
Ya va siendo hora de que discutamos las reformas electorales con la mirada puesta en los derechos de los ciudadanos, y no en el blindaje de los negocios de unos cuantos.
Tlaxcala, Tlax.- Durante la trigésima séptima sesión ordinaria del Congreso del Estado de Tlaxcala, diputadas y diputados presentaron siete iniciativas, entre ellas un proyecto de decreto de ley, enfocadas en temas relacionados con educación, desaparición de personas, economía circular, seguridad, derechos de las infancias, medio ambiente y procesos electorales.
En la misma jornada legislativa, el Pleno aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, con el que se busca agilizar la presentación y discusión de los dictámenes correspondientes a las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2025.
Presentan siete iniciativas en el Congreso; desaparición de personas, economía circular y seguridad centran el debate
Miriam Martínez Sánchez busca reformar y adicionar la ley en materia de desaparición de personas
Ante el pleno, la diputada Miriam Esmeralda Martínez Sánchez presentó una iniciativa para reformar el artículo 20 y adicionar un párrafo al artículo 111 de la Ley de Víctimas del Estado de Tlaxcala, con el objetivo de garantizar la búsqueda inmediata de personas desaparecidas o no localizadas, sin obstáculos burocráticos ni dilaciones institucionales.
Durante su intervención, la legisladora explicó que la propuesta busca obligar a las autoridades a iniciar las diligencias de búsqueda de manera inmediata, eliminando requisitos como denuncias previas, ratificaciones, comprobación de vínculos familiares o cualquier otra formalidad que retrase la actuación de las instituciones encargadas.
Martínez Sánchez sostuvo que la desaparición de una persona compromete de manera simultánea derechos fundamentales como la vida, la libertad, la integridad personal y la seguridad, por lo que afirmó que la búsqueda inmediata «no es una medida administrativa, sino una obligación ineludible del Estado».
Como parte de su argumentación, la diputada recordó el caso de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, ocurrido en abril de 2026, y señaló que, pese a que la familia proporcionó información sobre la última ubicación de la joven, la Fiscalía de la Ciudad de México retrasó su actuación durante quince horas. Días después, la víctima fue localizada sin vida.
Economía circular, procedimientos electorales, seguridad y medio ambiente
Por su parte, las diputadas Gabriela Hernández Islas, Engracia Morales Delgado y Laura Yamili Flores Lozano presentaron iniciativas relacionadas con economía circular, procesos electorales y el fortalecimiento de la seguridad y confiabilidad en organismos fiscalizadores del estado.
En primer término, Gabriela Hernández Islas propuso expedir la Ley de Economía Circular del Estado de Tlaxcala, con la finalidad de sustituir el modelo económico lineal basado en extraer, producir, consumir y desechar, por uno enfocado en reutilizar materiales y prolongar la vida útil de productos y recursos, reduciendo así la generación de residuos.
La legisladora argumentó que la iniciativa responde a problemáticas como la saturación de rellenos sanitarios en municipios como Panotla, Nativitas y Huamantla, así como a la necesidad de prevenir la contaminación de cuerpos de agua.
La propuesta incorpora principios como la responsabilidad extendida del productor, el ecodiseño y la simbiosis industrial, además de plantear que los municipios implementen sistemas progresivos de separación de residuos y promuevan centros de reciclaje.
En otro punto de la sesión, la diputada Engracia Morales Delgado presentó una iniciativa para reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tlaxcala, con el propósito de endurecer los requisitos de elegibilidad para quienes aspiren a cargos de elección popular, como diputaciones, ayuntamientos o la gubernatura.
La propuesta busca impedir que personas condenadas por violencia política contra las mujeres por razón de género, violencia familiar o delitos sexuales puedan acceder a candidaturas. Asimismo, plantea que las personas deudoras alimentarias morosas no puedan registrarse para contender por un cargo público, salvo que acrediten haber cubierto la totalidad de sus adeudos.
Asimismo, la diputada Laura Yamili Flores Lozano presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, con el objetivo de crear la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos. La propuesta busca atender problemáticas como la alta cifra negra delictiva, la impunidad y los actos de corrupción al interior de los ministerios públicos, situaciones que, señaló, han generado desconfianza entre la ciudadanía.
La legisladora explicó que, a diferencia del actual Órgano Interno de Control —cuyas funciones son únicamente administrativas—, esta nueva Fiscalía contaría con autonomía técnica y de gestión, además de facultades para investigar y ejercer acción penal contra servidores públicos de la propia Fiscalía General, incluidos ministerios públicos, peritos y policías de investigación involucrados en conductas irregulares o actos de corrupción.
Finalmente, el diputado Vicente Morales Pérez presentó una iniciativa para exhortar a autoridades ambientales, ayuntamientos, instituciones académicas y sociedad civil a fortalecer las acciones de prevención, monitoreo y combate del muérdago en Tlaxcala.
El legislador advirtió que esta plaga representa una amenaza para árboles frutales y forestales como capulines, duraznos, tejocotes, aguacates, encinos, pinos y robles, afectando distintas regiones de la entidad, incluidas zonas cercanas a La Malintzi, además de poner en riesgo el equilibrio ecológico, la biodiversidad y los recursos hídricos del estado.
Morales Pérez reconoció los trabajos estatales realizados en el Río Zahuapan, la Laguna de Acuitlapilco y el combate al insecto descortezador, al tiempo que llamó a universidades, especialistas, productores del campo y ciudadanía a sumarse a brigadas y campañas ambientales.
Héctor Israel Ortiz y Reyna Flor Báez presentaron iniciativas enfocadas en educación e infancias
En temas de educación e infancias, el diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz y la legisladora Reyna Flor Báez López presentaron iniciativas enfocadas en el fortalecimiento educativo y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en Tlaxcala.
Por un lado, Ortiz Ortiz propuso la creación del Fideicomiso para Inteligencias Sobresalientes «Dra. Janet Boldt de Sáenz», el cual estaría constituido como un organismo público descentralizado de la administración estatal. De acuerdo con el legislador, el objetivo es planear, organizar y administrar recursos financieros, materiales y humanos destinados al apoyo de estudiantes tlaxcaltecas con capacidades intelectuales sobresalientes.
Durante su participación en tribuna, el diputado también señaló que el fideicomiso busca rendir homenaje a la Dra. Janet Boldt de Sáenz, figura a la que hizo referencia y le destinó gran parte de su intervención para justificar la denominación de la propuesta.
En tanto, la diputada Reyna Flor Báez López presentó una iniciativa para reformar y adicionar disposiciones a la Ley de Educación y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, con el propósito de incorporar la enseñanza musical en planteles de educación básica y media superior.
La legisladora argumentó que la educación musical puede generar beneficios desde las primeras infancias, particularmente en el desarrollo cognitivo, al fortalecer la memoria y las habilidades lingüísticas, así como en los ámbitos emocional y de socialización.
Báez López sostuvo que la iniciativa se encuentra respaldada por el artículo 3º constitucional y la Ley General de Educación, los cuales establecen que la formación educativa debe ser integral e incluir el acceso a las artes, especialmente la música. Como referencia, mencionó el programa «ECOS. Música para la Paz», implementado en Jalisco, mediante el cual miles de jóvenes en zonas de alta marginación y violencia han recibido formación musical como herramienta de prevención social y desarrollo cultural.
Hasta el momento, las seis iniciativas fueron turnadas a las comisiones correspondientes para su estudio, análisis y eventual dictaminación.
¿Qué se aprobó el día de hoy en el congreso?
Mientras tanto, las y los diputados de la LXV Legislatura aprobaron el dictamen de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, presidida por el diputado Bladimir Zainos Flores, para agilizar la presentación y discusión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2025. La medida permitirá dispensar la lectura de los apartados de Resultandos y Considerandos de cada dictamen, dando lectura únicamente al Proyecto de Acuerdo correspondiente para hacer más eficiente el desarrollo de las sesiones.
La Comisión señaló que el Congreso mantiene su responsabilidad de revisar y fiscalizar el uso de recursos públicos con base en los informes del Órgano de Fiscalización Superior. Bladimir Zainos precisó que la medida no afecta la transparencia, ya que los dictámenes completos deberán publicarse en la Gaceta Parlamentaria y en el portal oficial del Congreso al menos 48 horas antes de su discusión en el Pleno.
