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Alcaldes y exfuncionarios de Tlaxcala que han recurrido al amparo para frenar investigaciones y capturas

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Alcaldes y exfuncionarios de Tlaxcala que han recurrido al amparo para frenar investigaciones y capturas
  • Diversos alcaldes y exfuncionarios de Tlaxcala han promovido juicios de amparo para enfrentar investigaciones por presunto peculado, daño patrimonial y desvío de recursos, no obstante, algunos han logrado conseguir frenos provisionales para evitar enfrentar la ley. 

Tlaxcala, Tlax.- El alcalde de San Luis Teolocholco, Valentín Meléndez Tecuapacho, tramitó un juicio de amparo tras una sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala (TJA), esta medida corresponde a un arresto de 12 horas respecto a un expediente relacionado con un conflicto del tianguis municipal.

Sin embargo, el caso no es aislado, en Tlaxcala, diversos funcionarios y exalcaldes han recurrido a este mecanismo legal para frenar órdenes de aprehensión o retrasar procesos judiciales relacionados con presuntos desvíos de recursos, peculado, enriquecimiento ilícito y uso de documentos apócrifos.

Ante este panorama, instituciones como el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) o la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), han realizado investigaciones tras acciones de distintos actores políticos que han buscado protección federal mientras enfrentan señalamientos que van desde irregularidades administrativas hasta posibles delitos de corrupción, aquí te compartimos algunos de los casos.

¿Qué alcaldes municipales y exfuncionarios de Tlaxcala han promovido juicios de amparo?

En primer lugar se encuentra Valentín Meléndez Tecuapacho, edil de San Luis Teolocholco, quien promovió un juicio de amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala por actos que, asegura, corresponden a responsabilidades de la anterior administración. El recurso fue presentado el 13 de mayo del presente año, un día después de que le fuera notificado un arresto de 12 horas relacionado con el expediente 209/2024.

De acuerdo con declaraciones del propio alcalde, la medida deriva de conflictos relacionados con el mercado municipal. Además, medios como El Sol de Tlaxcala señalan que el caso tendría origen en problemáticas heredadas por administraciones anteriores en ese espacio comercial. El recurso legal también buscó evitar medidas de apremio emitidas dentro del expediente 209/2024-2.

En la base de datos de Servicios Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación consta que el amparo fue promovido el 13 de mayo del presente año. Conforme al expediente 209/2024-2, la medida de apremio contemplaba hasta 12 horas de prisión por el presunto incumplimiento de una resolución emitida.

Asimismo, el registro judicial detalla la apertura simultánea del cuaderno «Principal», mediante el cual el juzgado federal admitió la demanda para analizar posibles violaciones a los derechos del edil, así como del cuaderno “Incidental”, recurso urgente que permitió solicitar informes a las autoridades responsables y otorgar una suspensión provisional para evitar que fuera privado de su libertad de manera inmediata.

Otro de los casos es el de Jorge Corichi Fragoso, exalcalde del municipio capitalino, quien fue acusado de un probable daño patrimonial por más de 31.3 millones de pesos. Recientemente, el medio MRNoticias informó que el exedil habría solicitado el amparo 113/2026-F ante cualquier orden de aprehensión por parte de agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Ante los actos señalados por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y el Congreso del Estado, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito concedió el amparo a Corichi Fragoso.

En septiembre de 2024, Marco Antonio N., exalcalde de La Magdalena Tlatelulco, promovió un primer amparo ante el Juzgado Primero de Distrito para frenar cualquier orden de aprehensión en su contra; sin embargo, la solicitud le fue negada.

Un año después, en septiembre de 2025, fue detenido por el presunto desvío de más de 4.7 millones de pesos y actualmente enfrenta procesos penales por peculado y desvío de recursos. De manera paralela, ese mismo mes de 2025, el exalcalde promovió un nuevo amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito, en el que denunció presuntas situaciones de incomunicación y restricción de alimentos, situación que aún no tiene una resolución.

Por otra parte, el ahora presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Ángelo Gutiérrez Hernández, anteriormente exalcalde de San Pablo Apetatitlán, presentó un amparo con el expediente 761/2024 ante el Juzgado Primero de Distrito en Tlaxcala, ante el temor de una orden de aprehensión. Derivado de ello, obtuvo una suspensión provisional con el mismo expediente. De acuerdo con versiones sobre el caso, el recurso fue promovido ante el temor de ser remitido al CERESO de Tlaxcala por razones que se desconocen.

Otro de los exalcaldes que promovieron un amparo fue el expresidente municipal de Santo Toribio Xicohtzinco, Luis Ángel Barroso Ramírez, quien recurrió a la justicia federal para solicitar protección definitiva contra cualquier acción legal; sin embargo, la autoridad únicamente le otorgó una medida provisional. Además, de acuerdo con el expediente 654/2024, el exfuncionario presumía una orden de detención por parte de elementos de investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Además, dentro de esta lista también se encuentra Hildeberto N., quien fue acusado por el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) por los presuntos delitos de peculado y malversación de fondos durante el ejercicio fiscal 2022, tras causar un daño patrimonial equivalente a 2 millones 233 mil 877 pesos.

Durante el proceso se promovieron al menos dos amparos, el primero fue presentado por su hijo, Hildeberto Pérez Maldonado, quien aspiraba a la candidatura municipal por el Partido del Trabajo y buscó evitar un posible arresto mediante un juicio de amparo y el segundo correspondió a ciudadanos que recurrieron a este mecanismo legal para exigir a la administración de «El Cachorro» la pavimentación de vialidades urbanas.

De los casos expuestos, solo un exalcalde permanece actualmente recluido

Ante este panorama, en el que diversos alcaldes y exfuncionarios de Tlaxcala han recurrido al juicio de amparo para frenar órdenes de aprehensión, evitar medidas cautelares o buscar protección ante investigaciones por presuntas irregularidades, no todos los casos han derivado en detenciones.

En varios expedientes, las autoridades federales únicamente concedieron suspensiones provisionales o admitieron las demandas para su análisis, mientras los procesos continúan en curso ante instancias judiciales y órganos de fiscalización.

De los casos expuestos, únicamente un exalcalde permanece tras las rejas, Marco Antonio N., exedil de La Magdalena Tlatelulco, detenido en septiembre de 2025 por el presunto desvío de más de 4.7 millones de pesos.

En contraste, otros exfuncionarios han recuperado su libertad, como el exalcalde de Panotla, Eymar Grande, quien salió del penal el pasado viernes. El exedil enfrentaba cargos por presunto peculado correspondientes al ejercicio fiscal 2021 y permaneció recluido desde mayo de 2024.

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En el Pleno | Congreso impulsa reformas sobre maternidad, juventud y seguridad en el campo de Tlaxcala

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En el Pleno | Congreso impulsa reformas sobre maternidad, juventud y seguridad en el campo de Tlaxcala

Tlaxcala, Tlax.- Durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado, las diputadas Sandra Aguilar, Gabriela Hernández, Aurora Villeda y Anel Martínez, así como el legislador Jaciel González, subieron a la tribuna del pleno para presentar diversas iniciativas enfocadas en derechos sociales, seguridad y desarrollo económico.

Entre las propuestas destacan medidas relacionadas con la licencia de maternidad y la salud mental materna, el impulso de mayores oportunidades laborales para jóvenes, el fortalecimiento de la vigilancia municipal en zonas agrícolas y el endurecimiento de sanciones por robo de equipo.

Asimismo, durante la LXV Legislatura también se aprobó la distribución de recursos excedentes correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal 2026 para los tres Poderes del Estado, así como reformas a la Ley de Control Constitucional del Estado.

Licencias de maternidad y salud mental materna

Durante la sesión ordinaria, la diputada Sandra Aguilar Vega presentó una iniciativa de reforma para la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, con el objetivo de ampliar los derechos de maternidad, lactancia y adopción para quienes laboran en el servicio público estatal y municipal.

La propuesta plantea ampliar la licencia de maternidad a 20 semanas con goce íntegro de sueldo, mismas que serán distribuidas en diez semanas antes y diez después del parto, esta reforma contempla la posibilidad de reorganizar ese periodo previo o posterior al nacimiento con autorización del jefe inmediato.

Aguilar Vega sostuvo que la protección de la maternidad constituye un derecho humano respaldado tanto por la Constitución como por organismos internacionales, por lo que la iniciativa además busca garantizar un periodo de lactancia no menor a seis meses tras la reincorporación laboral, priorizando la salud y alimentación de las infancias.

De igual forma, el proyecto propone otorgar licencias por adopción de 20 semanas con sueldo completo para madres y padres adoptantes, ya sea de manera individual o en pareja, con el objetivo de fortalecer la integración familiar y el desarrollo emocional de menores de edad.

Al mismo tiempo, la diputada local por Morena, Gabriela Hernández, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley de Salud del Estado en materia de salud mental materna, con el objetivo de garantizar atención psicológica e integral a mujeres embarazadas, durante el puerperio y en etapa de maternidad temprana.

Con esta propuesta, la legisladora busca incorporar nuevas disposiciones legales para que la Secretaría de Salud implemente evaluaciones periódicas de salud mental antes y después del embarazo, a fin de detectar y atender oportunamente casos de depresión prenatal y postparto.

Hernández Islas señaló que la iniciativa también contempla capacitación constante para personal médico, psicológico, de enfermería y trabajo social en materia de salud mental materna, con el propósito de humanizar la atención y prevenir la violencia obstétrica. Ambas iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación.

Impulsan oportunidades laborales para jóvenes, refuerzo de la seguridad en el campo y mayores sanciones por robo agropecuario

Mientras tanto, la diputada Aurora Villeda Temoltzin presentó ante el Pleno una iniciativa para reformar y adicionar la Ley de Juventud del Estado de Tlaxcala, con el objetivo de crear un programa de primer empleo que facilite la incorporación de las juventudes al mercado laboral en la entidad.

Durante su intervención, la legisladora señaló que miles de jóvenes enfrentan barreras para acceder a una primera oportunidad laboral debido a la falta de experiencia previa, de ahí que su propuesta busque incentivar a las empresas para contratar a personas jóvenes en puestos de nueva creación, mismos que estarán presentes en el registro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que permitiría acceder a estímulos fiscales relacionados con el Impuesto Sobre Nóminas y otros beneficios contemplados en la Ley de Ingresos del Estado.

Por otra parte, la diputada Anel Martínez Pérez presentó una iniciativa dirigida a fortalecer las acciones de vigilancia, atención y canalización de reportes ciudadanos relacionados con prácticas o métodos que puedan alterar el ciclo hidrológico en zonas agrícolas, una propuesta enfocada en los municipios de la entidad.

Durante su participación, la legisladora afirmó que la iniciativa busca involucrar tanto a productores como a la población en la protección del campo agrícola, al tratarse de una de las actividades económicas y sociales más relevantes de Tlaxcala. Asimismo, explicó que la propuesta pretende reforzar la coordinación institucional para garantizar la vigilancia ambiental, promover mecanismos de denuncia y ampliar la participación de ayuntamientos, presidencias de comunidad, regidurías y áreas municipales vinculadas con el sector agrícola.

Por su parte, el diputado local Jaciel González Herrera presentó ante el Pleno una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, con el objetivo de incorporar como agravante el robo y la sustracción de maquinaria, herramientas y equipo destinado a actividades agropecuarias.

Durante su participación, el legislador sostuvo que la agricultura representa una actividad estratégica para Tlaxcala debido a su aportación a la economía, la producción de alimentos y el sustento de miles de familias, por lo que consideró necesario fortalecer la protección legal de los bienes indispensables para el desarrollo del campo.

Asimismo, señaló que el robo de este tipo de equipos genera afectaciones directas a la productividad agrícola, incrementa los costos para productores y trabajadores del sector, y compromete la continuidad de las actividades del campo. También advirtió sobre el encarecimiento de los insumos y la necesidad de incorporar tecnologías que permitan un uso más eficiente de los recursos.

Las tres propuestas fueron turnadas a las comisiones correspondientes para su estudio, análisis y dictaminación, conforme al procedimiento legislativo establecido por el Congreso del Estado de Tlaxcala.

Congreso de Tlaxcala aprueba distribución de recursos excedentes y reformas en materia de control constitucional

Además, El Congreso del Estado de Tlaxcala aprobó por unanimidad el Dictamen con Proyecto de Decreto para autorizar la distribución de recursos excedentes correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal 2026 entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La propuesta, presentada el diputado Bladimir Zainos Flores, deriva de una iniciativa enviada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y funcionarios estatales, mediante la cual se solicitó distribuir un total de 147 millones 520 mil 274 pesos provenientes de ingresos excedentes registrados entre enero y marzo de este año.

El documento refiere que el incremento en los ingresos se debió al comportamiento favorable de las participaciones federales, incentivos económicos y fuentes locales, que registraron aumentos superiores a lo estimado en la Ley de Ingresos 2026.

Asimismo, se aprobó la reforma a diversas disposiciones de la Ley del Control Constitucional del Estado, con el objetivo de actualizar y armonizar este ordenamiento con el marco constitucional y legal vigente.

El Dictamen, derivado de una iniciativa presentada por el diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz, mismo que busca fortalecer el funcionamiento de la justicia constitucional local y brindar mayor certeza jurídica en los procedimientos contemplados en la ley.

Entre las modificaciones aprobadas destaca la reducción del número de votos necesarios para declarar la inconstitucionalidad de una norma o la procedencia de una acción por omisión legislativa, pasando de diez a cinco votos de magistradas y magistrados, en concordancia con la actual integración del Tribunal Superior de Justicia del Estado, conformado por siete integrantes.

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Hombre sin vida en rectoría de la UATx: Lentitud de la Fiscalía, silencio universitario y desinformación mediática

Aldo Castillo
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Hombre sin vida en rectoría de la UATx: Lentitud de la Fiscalía, silencio universitario y desinformación mediática

Tlaxcala, Tlax.- Tras los hechos registrados el pasado miércoles 20 de mayo en la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), donde se reportó a un hombre sin vida en rectoría de aproximadamente 25 años, lo que se debe hacer es retomar lo que dice el Manual de Seguridad impulsado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) quien ha reiterado la importancia de que las universidades cuenten con mecanismos claros de actuación ante situaciones de alta gravedad.

Hasta el momento, la máxima casa de estudios no ha emitido una postura pública adicional sobre lo ocurrido, mientras que, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJ) tampoco ha difundido nueva información sobre el caso. En este contexto, el manual señala que la atención inmediata a la comunidad universitaria, el acompañamiento institucional y el manejo estratégico de la comunicación forman parte de las responsabilidades que deben asumir las autoridades educativas frente a escenarios de crisis, aquí te contamos el porqué.

Medidas para actuar frente a la infodemia

El manual «Seguridad para Instituciones de Educación Superior: Estrategias para la prevención y atención» subraya que, frente a escenarios de crisis, las instituciones educativas deben implementar estrategias de comunicación claras, oportunas y transparentes, con el objetivo de brindar información verificada a la comunidad universitaria y evitar la propagación de rumores o desinformación. Asimismo, recomienda ofrecer acompañamiento y atención profesional a estudiantes, docentes y personal que pudiera verse afectado por la situación.

Tras un hecho traumático, como el que ocurrió el día miércoles en rectoría de la UATx, los campus universitarios suelen entrar en una etapa de alta vulnerabilidad y de fuerte escrutinio hacia la administración institucional. En este contexto, el manejo de la comunicación se convierte en un eje central durante la fase crítica, ya que permite a la universidad fijar una postura clara, institucional y basada en información verificable.

De lo contrario, la ausencia de comunicación oportuna puede propiciar la difusión de rumores, desinformación, desgaste de la confianza institucional y escenarios de incertidumbre colectiva dentro de la comunidad universitaria y la opinión pública.

En este sentido, la propia Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior advierte sobre la importancia de desactivar el pánico y el morbo mediante la capacidad institucional de proporcionar información certera y establecer posicionamientos oficiales desde los primeros momentos de la crisis. El manual enfatiza la necesidad de contar con estrategias estructuradas de comunicación y mecanismos de emisión oportuna para garantizar certeza entre la comunidad universitaria.

Pese a ello, Serafín Ortiz Ortiz, rector de la máxima casa de estudios, no ha emitido hasta el momento un posicionamiento público institucional sobre lo ocurrido. Aunque concedió una entrevista a un medio de comunicación, en las plataformas oficiales y redes sociales de la universidad no se ha difundido información adicional ni un pronunciamiento formal relacionado con el caso.

Hombre sin vida en rectoría
Foto: Publicación del medio de comunicación El Sol de Tlaxcala sobre los hechos ocurridos el 20 de mayo.

Además, en entrevista con el medio El Sol de Tlaxcala, el rector aseguró que la universidad mantendrá disposición para colaborar con las autoridades correspondientes y brindar apoyo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala. No obstante, hasta el momento dicha postura no ha sido difundida de manera oficial en las redes sociales ni en el sitio web institucional de la universidad, lo que desdibuja su postura ante los hechos.

Hombre sin vida en rectoría y la responsabilidad ética de los medios

Durante los días posteriores al hecho, diversos medios de comunicación como Panorama Tlaxcala o El Punto Tlaxcala compartieron versiones distintas sobre lo ocurrido, mientras algunas publicaciones señalaron que el joven habría saltado desde un punto alto de Torre Rectoría, otras apuntaron a un presunto accidente relacionado con la caída de materiales de este edificio, inmueble que actualmente se encuentra en construcción. Hasta el momento, ninguna de estas versiones ha sido esclarecida oficialmente por las autoridades correspondientes.

Hombre sin vida en rectoría
Foto: Publicación del medio de comunicación Panorama Tlaxcala sobre los hechos ocurridos el 20 de mayo.

Al mismo tiempo, distintos medios de información como Crónica y Contexto, Hermano Ojo, o Sin Limite Tlx compartieron en publicaciones, la imagen del cuerpo inmóvil del joven sin filtros ni medidas de protección a su identidad, situación que ha generado cuestionamientos sobre el tratamiento mediático del caso y la necesidad de garantizar criterios de cobertura con enfoque de derechos y respeto a la dignidad de las personas involucradas.

Hombre sin vida en rectoría
Foto: Publicación del medio de comunicación Crónica y Contexto sobre los hechos ocurridos el 20 de mayo.

Hasta el momento, en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Tlaxcala operan al menos dos unidades de videovigilancia C, una ubicada a escasos metros del acceso principal de la institución y otra frente al monumento conocido como «El Faro».

No obstante, ni la Fiscalía General de Justicia ni autoridades estatales han emitido información detallada y clara sobre los hechos ocurridos. La ausencia de una comunicación oficial ha dado paso a especulaciones, versiones no confirmadas y a la difusión de imágenes sin medidas de protección a la identidad de la persona involucrada.

¿Cómo debe actuar la UATx ante esta crisis según la ANUIES?

Históricamente, las instituciones de educación superior han enfocado sus estrategias de protección civil en la prevención y atención de desastres naturales, como sismos o huracanes, además de la salvaguarda del patrimonio físico universitario.

No obstante, la ANUIES —organismo del que forma parte la universidad tlaxcalteca— ha impulsado en los últimos años mecanismos más amplios de actuación orientados a la prevención y atención de situaciones de violencia, emergencias psicológicas y la conformación de comités de crisis para responder ante hechos de alto impacto dentro de la comunidad universitaria.

Ante ello, la ANUIES afirma que todos los procedimientos, protocolos y manuales de atención deben elaborarse bajo criterios claros de actuación y difundirse de manera amplia entre toda la comunidad universitaria, además de mantenerse como documentos de carácter público y accesible, sin embargo, hasta el momento se desconoce si estos elementos

En este sentido, el manual señala que las universidades deben responder de manera activa ante situaciones de riesgo, dejando atrás posturas únicamente reactivas y asumiendo un papel táctico e inmediato como primeras instancias responsables dentro de sus comunidades.

De acuerdo con el documento, la transición de un modelo centrado exclusivamente en la protección patrimonial hacia uno de seguridad integral debe sustentarse en planes o programas institucionales respaldados por comités de participación comunitaria. Estos mecanismos deben velar por acciones operativas de seguridad municipal y estatal con el acompañamiento psicopedagógico universitario, además de fortalecer la detección temprana de riesgos emocionales entre estudiantes y docentes.

Sin embargo, cuando los mecanismos de prevención resultan insuficientes o los hechos derivan en incidentes de alto impacto, el manual establece que las universidades, como la UATx, deben asumir de manera inmediata un papel jurídico y operativo como primera instancia responsable. En consecuencia, su actuación debe apegarse a protocolos estrictos orientados a preservar el lugar de los hechos y facilitar el desarrollo de las diligencias periciales por parte de las autoridades competentes.

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Entre reclamos de imposición y opacidad, San Pedro Ecatepec en Atlangatepec rechaza megaproyecto de economía circular

Paola Chavely Torres Nahuatlato
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Entre reclamos de imposición y opacidad, San Pedro Ecatepec en Atlangatepec rechaza megaproyecto de economía circular
  • San Pedro Ecatepec, comunidad del municipio de Atlangatepec, rechazó públicamente la instalación del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar ( PODECIBI), luego de una asamblea marcada por reclamos de opacidad, desinformación y cuestionamientos ambientales hacia el proyecto impulsado por el Gobierno de Tlaxcala. 

Atlangatepec, Tlax.- El pasado 17 de mayo, cerca de 200 habitantes de la comunidad de San Pedro Ecatepec participaron en una asamblea pública junto con autoridades municipales, representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y CONAGUA para discutir la posible instalación de un “Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar” (PODECEBI). Sin embargo, durante la reunión, pobladores denunciaron falta de transparencia en la información presentada y manifestaron su rechazo a la construcción de este modelo en su comunidad.

Tras darse a conocer el orden del día, Rubén Zarco Novelo -quien hasta 2024 se desempeñó como encargado de despacho del Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE) de Nuevo León- tomó la palabra; sin anticipar que su intervención detonaría la inconformidad de gran parte de la asamblea.

«No queremos ser el basurero de Tlaxcala»

Durante su exposición, señaló que hablar de basura “es complicado”, al tratarse de un problema en el que participa toda la población y sobre el que, afirmó, pocas personas reflexionan respecto a su destino final. Sin embargo, el ambiente cambió cuando lanzó la pregunta: “¿Cuántos de ustedes se habían preguntado a dónde va su basura una vez que pasa el camión?”.

La pregunta detonó de inmediato la inconformidad de los habitantes, quienes comenzaron a señalar que el actual tiradero de Atlangatepec —al que llegan los residuos de 54 de 60 municipios de la entidad— se encuentra en las inmediaciones de su comunidad y que durante años les ha tocado vivir las consecuencias de ser considerados el “basurero de Tlaxcala”, especialmente tras el cierre de los tiraderos a cielo abierto de Panotla y Huamantla.

Los pobladores reprocharon que ahora se les pretenda presentar un nuevo modelo bajo el discurso de la economía circular, pese a los antecedentes de contaminación y afectaciones ambientales en la zona, por lo que interrumpieron la exposición con consignas de rechazo al proyecto.

Asimismo, la población cuestionó la falta de información técnica y transparencia en torno al proyecto. Habitantes señalaron que durante la asamblea no se explicaron aspectos fundamentales como las dimensiones reales del complejo, la capacidad de procesamiento, el volumen de residuos que recibiría diariamente, el número de camiones que circularían por la zona, las empresas involucradas ni los estudios ambientales y de factibilidad que sustentarían su instalación.

San Pedro Ecatepec
Foto: Folleto que entregaron autoridades a la gente de la comunidad de San Pedro Ecatepec
san pedro ecatepec
Foto: Folleto que entregaron autoridades a la gente de la comunidad de San Pedro Ecatepec

Aunado a ello, denunciaron que previamente ya se habían realizado recorridos, estudios preliminares e incluso movimientos relacionados con la adquisición de terrenos, por lo que consideraron que la consulta pública llegó cuando las decisiones ya estaban avanzadas. Bajo ese contexto, acusaron que el proceso no se trataba de un ejercicio genuino de participación ciudadana, sino de una imposición disfrazada de diálogo.

Pese al rechazo de los habitantes, el Gobierno Federal avala la Planta de Residuos en San Pedro Ecatepec

Desde finales de 2025, el Gobierno de Tlaxcala, a través de la Secretaría del Medio Ambiente (SMA), dio a conocer la transición hacia un modelo de economía circular, un proyecto que plantea la construcción de plantas recicladoras de residuos con el objetivo de sustituir los rellenos sanitarios tradicionales y los tiraderos a cielo abierto mediante un esquema de aprovechamiento y tratamiento sustentable de desechos.

En entrevista, el titular de la SMA, Pedro Aquino Alvarado, explicó que el proyecto comenzó a tomar forma tras el cierre de los tiraderos a cielo abierto de Panotla y Huamantla, por lo que actualmente continúan evaluando la instalación de una planta tratadora de residuos. El funcionario definió el proyecto como “un parque industrial” enfocado en el aprovechamiento de materiales reciclables y señaló que la intención es que empresas privadas se instalen para procesar los residuos generados en el estado.

“El polo es un parque industrial. Lo que queremos es que se instalen empresas que puedan aprovechar los materiales y dejar de gastar dinero público enterrando residuos”, explicó.

Sin embargo, durante la reunión, habitantes cuestionaron por qué Atlangatepec fue elegido para albergar el proyecto y no otros municipios alejados de zonas habitacionales. En ese sentido, pobladores señalaron que San Pedro Ecatepec es una comunidad agrícola y ganadera que apuesta por la producción de alimentos y no por convertirse en un centro receptor de residuos.

Al ser cuestionado sobre por qué Atlangatepec fue seleccionado como sede del PODECEBI, el titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Pedro Aquino Alvarado, explicó que antes de definir el sitio, el Gobierno de Tlaxcala presentó a la Federación distintas propuestas de predios para evaluar su viabilidad ambiental, territorial y jurídica.

El funcionario detalló que, además del predio ubicado en San Pedro Ecatepec, se analizaron otros dos puntos dentro del municipio de Atlangatepec: uno rumbo a Tlaxco y otro en la zona de Villa de las Flores, cercana al actual basurero regional. Asimismo, indicó que también se contempló un terreno en Terrenate.

“Nosotros habíamos mandado tres predios. Ninguno de los que enviamos fue pasando pruebas. El viable para nosotros fue este y teníamos otro que era ambientalmente viable, pero jurídicamente no, en Terrenate”

Aquino detalló que, una vez obtenido el dictamen de sustentabilidad por parte del Gobierno Federal, comenzaron reuniones de trabajo con autoridades municipales, integrantes del cabildo y presidencias de comunidad para socializar la propuesta y resolver dudas preliminares.

“Hace un par de meses la comunidad ya estaba enterada de que nosotros teníamos la intención de que el proyecto se instalara en Atlangatepec, específicamente en San Pedro Ecatepec. Incluso, la reunión del domingo fue la tercera que sostuvimos durante la semana pasada, ya que previamente nos habíamos reunido con distintos representantes de la población para dialogar y resolver dudas sobre el proyecto”

El secretario también aseguró que, hasta ahora, no hay un proyecto definido por lo que no cuenta con una declaratoria federal formal ni con manifiestos de impacto ambiental concluidos, pues estos dependen de etapas posteriores del desarrollo del polo. Asimismo, rechazó que actualmente existan trabajos de construcción en el predio señalado por la comunidad y afirmó que el terreno permanece sin modificaciones.

No obstante, el espacio dejó de operar recientemente con la actividad agropecuaria que mantenía, pues actualmente ya no hay animales ni labores agrícolas en el lugar, situación que ha incrementado la preocupación y desconfianza entre habitantes de San Pedro Ecatepec.

Participación de Rubén Zarco demostró la incapacidad del gobierno en comunicar las políticas públicas

Uno de los principales detonantes de la tensión durante la asamblea fue la participación de Rubén Zarco Novelo, exencargado de despacho del Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE) de Nuevo León, quien acudió como asesor técnico del PODECEBI.

Durante una entrevista realizada por Escenario Tlaxcala, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Pedro Aquino Alvarado, confirmó que Zarco Novelo participa como asesor dentro del proceso de construcción del proyecto en Tlaxcala.

“Buscamos para todo este proyecto experiencias muy buenas que hubiéramos visto en otras partes del país. Nosotros tenemos identificado precisamente a nivel nacional solo dos casos donde los gobiernos subnacionales apoyen en el manejo de los residuos: Ciudad de México y Nuevo León”

Aquino detalló que Zarco fue incorporado debido a su experiencia en el modelo de manejo de residuos de Nuevo León y señaló que actualmente forma parte del grupo de especialistas que asesoran al Gobierno estatal en el diseño del polo de economía circular.

“Nos está asesorando en todo este proceso de modelar el proyecto. Finalmente el proyecto todavía no está desarrollado al 100 por ciento. Tenemos ya un esbozo a partir de este predio y queremos seguir avanzando”, sostuvo el funcionario.

Marco Antonio Rodríguez Gómez, integrante del equipo nacional de investigación e incidencia de Basura Cero México, señaló que el conflicto ocurrido en San Pedro Ecatepec no puede entenderse únicamente como un rechazo vecinal, sino como parte de un patrón nacional de resistencia a proyectos de economía circular impulsados sin procesos claros de información pública y consulta social.

“El problema es que las autoridades toman decisiones de política pública en materia de residuos sin dimensionar el impacto social. No saben explicar qué significa este cambio de paradigma de basura a recurso y la población solamente tiene como referencia décadas de contaminación, tiraderos y malos manejos”

Rodríguez recordó que casos similares ya ocurrieron en Tula, Hidalgo, y en San José Chiapa, Puebla, donde proyectos federales relacionados con polos de economía circular enfrentaron oposición social debido a la falta de información sobre las características reales de la infraestructura.

En el caso de Tlaxcala, consideró que la asamblea en San Pedro Ecatepec evidenció una falla total de comunicación entre autoridades, operadores y comunidad.

“Fue un ejemplo claro de incapacidad para comunicarse con la población. No puedes iniciar una conversación preguntándole a personas que han vivido durante más de 30 años frente a un basurero si alguna vez se han preguntado a dónde va su basura. Era evidente que eso iba a generar molestia”

El investigador también señaló que durante la reunión no se explicaron aspectos fundamentales del proyecto, como el número de hectáreas que ocuparía el polo, la cantidad de residuos que procesaría, el número de camiones que circularían diariamente, las tecnologías que serían utilizadas ni los criterios ambientales y poblacionales para instalarlo en San Pedro Ecatepec.

“No se explicó el manifiesto de impacto ambiental, no se explicó la dimensión del proyecto, ni cuáles fueron los criterios para colocarlo en esa comunidad. Esos son justamente los términos y condiciones que la población está reclamando”

Para el investigador, aunque México requiere inversión tecnológica para el manejo de residuos, el principal problema continúa siendo la falta de diálogo, transparencia y socialización de los proyectos antes de intentar implementarlos en comunidades rurales o semi rurales.

“Las autoridades todavía no logran explicar ese cambio de basura a recurso. Mientras eso no ocurra, la población seguirá viendo estos proyectos como nuevos basureros y no como infraestructura ambiental”

Del modelo SIMEPRODE a las dudas sobre el control del PODECEBI

El modelo del PODECEBI que busca implementarse en Tlaxcala es asesorado por Rubén Zarco Novelo, exfuncionario vinculado al Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE) de Nuevo León, un organismo que durante años ha enfrentado cuestionamientos por la centralización del manejo de residuos, los costos de confinamiento para municipios y las dificultades operativas de sus plantas clasificadoras.

Trabajos periodísticos publicados por medios como Milenio y Telediario documentaron durante los últimos años tensiones entre municipios y el organismo por adeudos, tarifas de confinamiento, mecanismos de cobro y conflictos vinculados al financiamiento del servicio. Algunas investigaciones también dieron cuenta de intentos de privatización parcial de procesos operativos relacionados con el tratamiento de residuos y el aprovechamiento energético.

Incluso, en 2024, reportes periodísticos en Nuevo León señalaron que el modelo llegó a utilizarse para congelar cuentas o cobrar créditos fiscales a municipios por servicios de confinamiento, situación que abrió un debate sobre la dependencia financiera de los ayuntamientos respecto al sistema estatal de residuos.

Precisamente por estos antecedentes, durante la entrevista realizada por Escenario Tlaxcala, se cuestionó al titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Pedro Aquino Alvarado, sobre qué garantías existirían para evitar que un esquema similar pudiera convertirse en un mecanismo de presión financiera o política contra municipios tlaxcaltecas.

Al respecto, Aquino sostuvo que el caso de Tlaxcala “no puede compararse” con el modelo regio y aseguró que el PODECEBI no busca imponer un sistema centralizado, sino funcionar como un esquema regional de apoyo donde los municipios mantengan su autonomía constitucional sobre el manejo de residuos.

“Los municipios siguen manteniendo siempre su libertad constitucional. Si un municipio toma la decisión de manejar sus residuos por su cuenta, puede hacerlo. El polo es una solución que el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal buscan impulsar, pero no es impositiva”

También se le cuestionó sobre la viabilidad técnica y financiera del proyecto, tomando como referencia que en Nuevo León el mantenimiento de las plantas clasificadoras derivó en intentos de privatización y conflictos operativos.

A lo que Aquino respondió que el modelo planteado para Tlaxcala busca dejar atrás el financiamiento público para el entierro de residuos y migrar a un esquema industrial donde empresas privadas aprovechen los materiales reciclables.

El secretario insistió en que el proyecto aún no está concluido y que actualmente no existen empresas instaladas ni manifiestos de impacto ambiental definitivos, ya que el polo continúa en fase de planeación y socialización comunitaria.

No obstante, la comunidad de San Pedro Ecatepec mantiene su rechazo al PODECEBI al considerar que el proyecto ha avanzado entre falta de información, opacidad y posibles riesgos ambientales. Durante la asamblea, la presidenta de comunidad reconoció que incluso las autoridades locales desconocían detalles técnicos del proyecto y respaldó públicamente la postura de la población.

“La comunidad dice que no, yo estoy respaldando en conjunto con mi comunidad”.

Mientras tanto el proyecto sigue en proceso.

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Aldo Castillo
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El clickbait no es periodismo: inventar noticias vulnera ciudadanos

El periodismo en Tlaxcala padece una enfermedad silenciosa pero devastadora: la total ausencia de responsabilidad ética. Para muchos portales de la región, la información no es un bien público ni una herramienta de fiscalización ciudadana; es una mercancía que se altera, se infla y se vende al mejor postor del algoritmo o de la pauta oficial.

El caso más reciente ocurrido tras el Festival de la Cerveza en el municipio de Tlaxcala expone con dolorosa claridad este diagnóstico.

El costo humano del sensacionalismo

Hace unos días, desde Escenario Tlaxcala dimos voz a una denuncia ciudadana legítima sobre presuntos cobros indebidos e irregularidades operativas en dicho evento. Lo hicimos bajo un estricto criterio metodológico: verificar los datos, escuchar a la fuente y presentar el contenido con el rigor que el formato exige, cuidando siempre los tiempos y la seguridad de la persona afectada. El ciudadano, en un acto de profunda valentía, decidió firmar con su nombre y rol, confiando en que la visibilidad pública empujaría una solución institucional.

El impacto fue inmediato. Sin embargo, la respuesta del entorno mediático tradicional no fue replicar la exigencia de transparencia, sino la rapiña informativa.

El portal El Periódico de Tlaxcala tomó la información de nuestra plataforma, se apropió de los datos personales de la fuente y procedió a manufacturar una narrativa plagada de invenciones. Con titulares estridentes que hablaban de «amenazas» y «corrupción» sin el menor sustento ni contraste de datos, convirtieron un reclamo ciudadano legítimo en un espectáculo de telerrealidad digital.

Para hablar con absoluta claridad y rigor metodológico, es necesario contrastar los hechos: en Escenario Tlaxcala publicamos una denuncia ciudadana verificada y puntual sobre presuntos cobros indebidos e irregularidades logísticas cometidas por el Ayuntamiento en el Festival de la Cerveza, respetando con precisión milimétrica el testimonio de la fuente afectada. En contraste, El Periódico de Tlaxcala capturó la identidad y el rol de nuestro denunciante para construir una burda ficción sensacionalista, inventando supuestas amenazas y una trama de corrupción sin el menor sustento ni contraste de datos.

Una cosa es fiscalizar las deficiencias del poder con evidencias; otra muy distinta es fabricar mentiras para rentabilizar el morbo digital a costa de la seguridad de las personas.

⁠El resultado de su irresponsabilidad fue trágico: el acuerdo institucional que el denunciante ya tenía prácticamente cerrado con las autoridades municipales para subsanar la vulneración de sus derechos se cayó por completo. La autoridad encontró en las mentiras publicadas por ese medio la excusa perfecta para levantarse de la mesa.

Este es el verdadero costo del periodismo irresponsable en Tlaxcala. No estamos ante un debate abstracto sobre derechos de autor o exclusivas periodísticas; estamos ante un ecosistema que, por conseguir un puñado de clics, es capaz de dinamitar la vida, la seguridad y los procesos de justicia de los propios ciudadanos.

El pliego de mínimos éticos

Hacer periodismo en un entorno donde el poder político y económico suele ser opaco requiere de una prensa robusta, pero sobre todo, profesional. Cuando un medio de comunicación se equivoca o miente, el daño no se borra con el cambio de algoritmo.

Por ello, desde esta dirección ejecutiva sostenemos que ya va siendo hora de que los medios locales adoptemos un estándar mínimo de responsabilidad:

  1. Retiro inmediato y disculpa pública: Si un medio publica información falsa o distorsionada que afecta a un ciudadano, su obligación primera es eliminar el contenido y ofrecer una disculpa explícita con el mismo alcance y peso editorial.
  2. Reparación del daño informativo: La libertad de expresión no es un cheque en blanco para difamar o inventar hechos. Las audiencias tienen derecho a saber cuándo se les ha mentido.

En Tlaxcala se publica sin preocupación por la ética porque históricamente no ha habido consecuencias. Los medios tradicionales operan bajo un modelo financiero obsoleto: no dependen de la confianza de sus lectores, sino de los convenios gubernamentales que justifican mediante métricas infladas de tráfico web. Para ellos, el morbo es un negocio rentable; para la sociedad, es una fábrica de analfabetismo crítico que nos deja indefensos ante los abusos del poder.

Hacia una alternativa ciudadana

En Escenario Tlaxcala nos negamos a ser parte de esa comparsa. Entendemos el producto periodístico como un compromiso inquebrantable con las audiencias y el territorio. Si documentamos temas de política, gobierno y derechos humanos, lo hacemos midiendo cada impacto social, porque nuestras fuentes no son mercancía.

Pero no podemos transformar este ecosistema solos. La única forma de que la prensa de Tlaxcala deje de actuar con impunidad es construyendo un modelo económico radicalmente distinto, donde los periodistas le rindan cuentas exclusivamente a la sociedad.

Por eso invitamos a nuestra comunidad a sumarse a El Círculo, nuestro espacio de membresía participativa donde los lectores fiscalizan y auditan nuestros propios procesos editoriales, garantizando que la ética nunca sea negociable. Y para quienes buscan blindar permanentemente la independencia de estas investigaciones, la suscripción a Ingobernables no es un gasto, sino el financiamiento directo de un escudo contra la opacidad y la mentira.

La salud democrática de Tlaxcala pasa, necesariamente, por la madurez de sus medios de comunicación. Es momento de exigir responsabilidades.

Al momento de la publicación de esta columna, hemos constatado que El Periódico de Tlaxcala eliminó la publicación de su cuenta de Facebook. No obstante, la nota difamatoria sigue activa y visible en su sitio web. Esto es simulación digital.

La reparación del daño informativo debe ser integral: no basta con maquillar las redes sociales para evadir la presión inmediata; se requiere la remoción absoluta del texto de sus servidores, acompañado de una disculpa pública y una rectificación explícita de cara a la ciudadanía afectada.

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En el Pleno | Derecho al cuidado, no agresores en procesos electorales, prevención al VPH y reformas en materia electoral y educativa

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En el Pleno | Derecho al cuidado, no agresores en procesos electorales, prevención al VPH y reformas en materia electoral y educativa
  • Derecho al cuidado de niñas, niños y adolescentes, reformas en materia electoral y educativa, los temas abordados en el Congreso de Tlaxcala.

Tlaxcala, Tlax.- Durante la sesión ordinaria de la LXV Legislatura, las diputadas Miriam Martínez Sánchez y Reyna Flor Báez subieron a tribuna para presentar iniciativas de reforma en materia electoral, de género y salud. Asimismo, el Pleno aprobó modificaciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, así como a la Ley de Educación, con el objetivo de fortalecer los entornos escolares.

Cuidado infantil e integridad en los procesos electorales: Miriam Martínez

La diputada Miriam Esmeralda Martínez Sánchez de la bancada del PAN presentó dos iniciativas relacionadas con el derecho al cuidado infantil y la integridad de los procesos electorales. En ese sentido, explicó que una de las propuestas plantea reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la Ley de Educación local, con el objetivo de elevar a rango legal el «derecho al cuidado» como un derecho autónomo.

Entre los puntos centrales de la iniciativa destaca el reconocimiento integral del cuidado en tres dimensiones: cuidar, ser cuidado y el autocuidado. Además, la propuesta incorpora un enfoque prioritario hacia la primera infancia, al establecer que la educación inicial constituye un derecho de las infancias y, por tanto, el Estado debe garantizar condiciones de dignidad y calidad para su acceso.

En el Pleno | Derecho al cuidado, no agresores en procesos electorales, prevención al VPH y reformas en materia electoral y educativa
Fotografía: Congreso de Tlaxcala

Asimismo, la reforma contempla ampliar de manera progresiva la cobertura de educación inicial y fomentar una cultura del cuidado, reconociendo su importancia como eje fundamental para el desarrollo integral desde los primeros años de vida.

En su segunda intervención, la diputada presentó una propuesta de reforma en materia electoral y de género que busca adicionar el artículo 99 Ter a la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con el fin de establecer una causal específica de nulidad de elección. En ese sentido, la iniciativa plantea que la violencia política contra las mujeres en razón de género sea reconocida expresamente como motivo para anular un proceso electoral, otorgando mayor certeza jurídica a este tipo de casos.

La propuesta establece que los criterios de aplicación corresponderían a actos de violencia acreditados como graves, sistemáticos y determinantes en el resultado de la votación. Asimismo, contempla que la nulidad pueda declararse incluso cuando no sea posible atribuir directamente los hechos a una candidatura o partido político en específico, siempre que se demuestre un impacto diferenciado por razón de género durante la contienda electoral.

Salud y dignidad para la comunidad LGBTTQIA+

Mientras tanto, la diputada Reyna Flor Báez presentó una iniciativa para adicionar diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala en materia de prevención y atención igualitaria del Virus del Papiloma Humano (VPH). El objetivo central de la propuesta es que las políticas públicas de salud dejen de enfocarse exclusivamente en las mujeres y se orienten de manera equitativa hacia hombres y mujeres, incluyendo también a niñas, niños y adolescentes.

La legisladora señaló que la iniciativa busca reconocer que tanto hombres como mujeres pueden ser portadores y desarrollar padecimientos graves a causa del virus. Por ello, plantea que la Secretaría de Salud implemente programas y campañas de información científica, libres de estigmas, sobre el VPH y sus consecuencias.

En el Pleno | Derecho al cuidado, no agresores en procesos electorales, prevención al VPH y reformas en materia electoral y educativa
Fotografía: Congreso de Tlaxcala

Asimismo, la propuesta contempla garantizar el acceso equitativo a esquemas de vacunación, fortaleciendo la cobertura tanto en niñas como en niños. Estas acciones, afirmó, formarían parte de una estrategia de detección oportuna dirigida a la población en general, con el propósito de identificar lesiones precancerosas o la presencia del virus en etapas tempranas.

Finalmente, la iniciativa responde a la necesidad de garantizar el derecho a la protección de la salud de manera integral y sin discriminación, al abordar un problema de salud pública que afecta a toda la sociedad.

El congreso aprueba reformas en materia de procesos electorales y educación

Al mismo tiempo, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, derivadas de una iniciativa presentada por la diputada Aurora Villeda Temoltzin, así como modificaciones a la Ley de Educación, que consolidaron propuestas impulsadas por las diputadas Anel Martínez Pérez, Engracia Morales Delgado y Madai Pérez Carrillo.

Por un lado, la reforma promovida por la legisladora del partido Redes Sociales Progresistas fue avalada mediante un dictamen que modifica diversos artículos con el propósito de garantizar que tanto la ciudadanía como los partidos políticos sean corresponsables en la construcción de contiendas libres de violencia política contra las mujeres y de actos de discriminación hacia grupos vulnerables.

En el Pleno | Derecho al cuidado, no agresores en procesos electorales, prevención al VPH y reformas en materia electoral y educativa
Fotografía: Congreso de Tlaxcala

A la par, el Pleno aprobó la reforma a la Ley de Educación, la cual contempla, entre sus principales acciones, la restricción del uso de dispositivos móviles durante las horas de clase para prevenir distracciones y posibles delitos cibernéticos. Además, impulsa el fomento de una cultura de paz para prevenir la violencia escolar y la implementación del modelo de «Escuelas Promotoras de Salud», orientado a combatir problemáticas como la obesidad infantil.

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Entre despidos arbitrarios, señalamientos comerciales y vicios de contrabando, estás son las empresas que llegarán al PODECOBI de Huamantla

Escenario Tlx
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Entre despidos arbitrarios, señalamientos comerciales y vicios de contrabando, estás son las empresas que llegarán al PODECOBI de Huamantla

Por: Paola Torres Nahuatlato y Adrián Meléndez Cahuantzi

Tlaxcala, Tlax.- Durante el diálogo circular del pasado 12 de mayo, el titular del Fideicomiso para la ciudad industrial Xicoténcatl (FIDECIX), Alejandro Espinosa de los Monteros Mendieta, dio a conocer a las seis empresas que llegarán al Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Huamantla (PODECOBI)

Durante su intervención, dio a conocer que de las seis empresas que llegarán a Huamantla, tres corresponden a capital extranjero, SIAAG, de origen estadounidense; Sonavox, de capital chino-alemán; y Color Link, de origen argentino y estás dos con presencia en Tlaxcala desde 2019.

Las otras tres empresas corresponden a capital nacional, Rebelbox, con operaciones en el Estado de México; Geometrika 1000, originaria de Puebla; y Conversiones y Manufacturas Caná S. de R.L. de C.V., también asentada en el Estado de México. En conjunto, estas compañías desarrollan actividades que van desde la producción de alimentos hasta la fabricación de artículos de higiene personal.

Pese a la promesa del Gobierno de México de contratar empresas que impulsen el desarrollo de Tlaxcala a través del PODECOBI, al realizar una búsqueda sobre su forma de trabajo se identificó que algunas de estas empresas están ligadas a dinámicas de nearshoring y que, detrás del crecimiento industrial que han experimentado en distintos territorios, también existen señalamientos relacionados con problemas arancelarios y condiciones laborales, reportados en portales de empleo.

Ante este escenario, el PODECOBI —inaugurado el 12 de abril de 2026— busca consolidarse como una estrategia de desarrollo económico y bienestar social. No obstante, también deberá enfrentar los retos operativos y laborales que acompañan a las empresas que se instalarán en el complejo.

Empresas que llegarán al PODECOBI

Una de las empresas que llegarán al PODECOBI y que fueron anunciadas por Alejandro Espinosa, fue SIAAG, de capital estadounidense y sin registros previos de operaciones en territorio nacional y con una superficie cercana a los 207 mil metros cuadrados, la cuál estará enfocada en el giro de concentrados alimenticios. Sin embargo, al realizar una búsqueda en el Registro Público de Comercio (RPC), no encontramos ningún registro.

empresas que llegarán al Podecobi

A diferencia de Sonavox Electronics, de origen chino-alemán y que mantiene operaciones en la Ciudad Industrial Xicohténcatl II (CIX II), en Huamantla, desde 2019. La empresa ocupará alrededor de 69 mil metros cuadrados con actividades económicas dirigidas a la producción de bocinas para la industria automotriz, y bajo información del PRC realizó su inscripción al PRC en el año de 2023.

En tanto, Color Link, de capital argentino y que también se encuentra en la Ciudad Industrial Xicohténcatl II (CIX II) desde el sexenio priista de Marco Mena, desarrolla actividades relacionadas con la fabricación de artículos de tocador para firmas como Avon o Mary Kay. Con información del portal EMIS, la empresa fue fundada en agosto de 2017 y con información de Cámara Oscura, operó en Tlaxcala en 2019.

empresas que llegarán al Podecobi

Por otro lado, Geometrika 1000 es una empresa mexicana con actividades comerciales centradas en el diseño de empaques «plastic free» y originaria del municipio de San Andrés Cholula, en el estado de Puebla. La compañía trabaja principalmente en la manufactura, compra, venta y fabricación de artículos a base de papel, cartón, cajas y cartón corrugado, entre otros productos. Esta empresa llegará al Polo de Desarrollo con una superficie de 15 mil metros cuadrados.

Otra empresa mexicana que arribará al Polo de Desarrollo es Rebelbox, la cual cuenta con una sede en el municipio de Tepotzotlán, en el Estado de México. De acuerdo con información disponible en su sitio web, la compañía se dedica al desarrollo de procesos de empaques y embalajes.

No obstante, mediante una revisión al Registro Público de Comercio también se identificó que mantiene presencia en actividades relacionadas con la fabricación, compra, venta y maquila de productos vinculados con las industrias metalmecánica, hulera, electrónica, alimentaria, férrea y de materiales para la construcción.

Por su parte, Conversiones y Manufacturas Caná, una empresa mexicana con actividades empresariales en 2017 y con sede en el municipio de San Miguel Totoltepec, Toluca, México. De acuerdo con mexicopymes.com esta empresa se dedica a la producción de pañales y artículos de higiene personal y contará con una superficie superior a los 21 mil metros cuadrados dentro del Polo de Desarrollo.

De acuerdo con la plataforma Veritrade, la empresa ha registrado al menos nueve importaciones durante los últimos cinco años, con un valor estimado de 214 mil 072 dólares. Al tipo de cambio actual, cercano a los 17.39 pesos por dólar, esta cifra equivaldría aproximadamente a 3 millones 723 mil 105.91 pesos mexicanos. Aunado a esto, al buscar información de esta empresa en la plataforma del PRC no se logró obtener ninguna información sobre esta corporación.

Sustentabilidad ante el nearshoring

Frente a una crisis laboral que se ha agudizado en Tlaxcala durante los últimos meses, el PODECOBI sigue posicionándose como un espacio que detonará la economía regional a partir de las empresas asentadas en esta región de la entidad.

De acuerdo con información del IMSS, durante marzo el estado registró 118 mil 650 empleos formales, lo que representó un incremento de 2 mil 156 puestos respecto a febrero, cuando se contabilizaron 116 mil 494 empleos. Sin embargo, para abril de este años se reportó una caída de 776 empleos, al cerrar con un total de 117 mil 874 trabajadores registrados.

Ante este contexto, se detectó que varias de las compañías que llegarán a Huamantla han tenido prácticas relacionadas con el nearshoring, las cuales podrían derivar en procesos de precarización laboral en la región tlaxcalteca.

Casos como el de la empresa Sonavox, quien acumula evaluaciones en el portal Indeed donde extrabajadores señalan problemas relacionados con la organización interna, entre ellos la falta de un plan diario de producción, presuntas prácticas de nepotismo y despidos arbitrarios. Estas condiciones, a largo plazo, podrían impactar en el bienestar laboral y favorecer una alta rotación de personal.

empresas que llegaran al podecobi

Y aunque hasta el momento, la planta mantiene un historial limpio ante autoridades como la PROFEPA y cumple con las normativas locales, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el documento «Nearshoring: anticipando riesgos para aprovechar oportunidades» advierte que las prácticas relacionadas con esta actividad pueden generar efectos negativos si no se gestionan de manera adecuada.

Entre ellos destacan el estrés hídrico y el agotamiento de recursos ante el aumento en la demanda de agua, lo que ocasiona una competencia directa entre los usos industriales —como el automotriz, altamente intensivo en consumo hídrico— y el consumo humano.

Además de los riesgos ambientales por la expansión industrial sin controles rigurosos, persisten posibles afectaciones a la salud derivadas de la contaminación y el manejo inadecuado de residuos peligrosos. A esto se suma el riesgo de precariedad laboral, con empleos marcados por bajos salarios, informalidad, contratos inestables y falta de seguridad social. Mujeres y personas con menor calificación laboral figuran entre los sectores más vulnerables ante estas condiciones.

Aunque el PODECOBI busca consolidarse como un espacio donde las y los trabajadores cuenten con servicios básicos cercanos a la planta industrial, este crecimiento también podría complejizar los procesos migratorios e incrementar la demanda de servicios esenciales como salud, transporte y educación.

Los efectos ante el medio ambiente

Ante este panorama, el nearshoring no solo acarrea incrementos masivos en la demanda de mano de obra, sino también un mayor consumo de agua y energía para abastecer las más de 53 hectáreas disponibles del PODECOBI. En este sentido, el crecimiento de la manufactura ha tenido la capacidad de ejercer presión sobre los acuíferos locales, situación que, asegura el PNUD, podría complicar el panorama para el consumo humano, especialmente en entidades como Tlaxcala, donde el estrés hídrico ha ido en aumento.

Ante este panorama, empresas como Geometrika 1000 —dedicada a la comercialización de empaques «biodegradables»— también abren el debate sobre el impacto real de sus procesos de producción, ya que estos requieren termoformado, impresión offset y el uso de solventes que implican un alto consumo energético y la generación de residuos peligrosos.

Si bien la empresa se mantiene libre de unicel, su proceso de manufactura depende de un alto consumo energético. A esto se suma que su discurso ecológico enfrenta cuestionamientos debido al uso de cartoncillo importado de China, material que actualmente es investigado por la Secretaría de Economía por presuntas prácticas desleales de dumping, situación que podría encarecer la materia prima.

Pues el 13 de febrero de 2025, la Secretaría de Economía de México publicó en el Diario Oficial de la Federación el inicio de una investigación antidumping sobre las importaciones de cartoncillo originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia.

Este procedimiento legal, radicado bajo el expediente AD 27-24 de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, se activó tras la solicitud de los productores nacionales como Productora de Papel, S.A. de C.V. y Cartones Ponderosa, S.A. de C.V..

Dichas empresas argumentaron que el cartoncillo chino ingresó al mercado mexicano con precios subvaluados y distorsionados entre 2019 y 2024, causando un daño severo a la industria nacional.

Complicaciones en el comercio internacional

Asimismo, ColorLink —empresa instalada en la Ciudad Industrial Xicohténcatl II y proveedora de marcas como Mary Kay, Natura y Avon— mantiene una fuerte dependencia de insumos importados desde Sudamérica, entre ellos bases químicas, siliconas, pigmentos y envases.

Según el portal Indicadores Argentina, asegura que durante 2025, la empresa argentina Nerova S.A. (y quien provee de recursos a la empresa Color Link), ha enfrentado procesos legales relacionados con sumarios aduaneros, a ello se suma una sanción emitida en septiembre de 2025 por autoridades de Buenos Aires debido a anomalías en su transporte terrestre de carga.

En este escenario, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advierte que el crecimiento manufacturero ligado al nearshoring puede mantener condiciones laborales frágiles, especialmente en sectores donde la rotación de trabajadores llega a alcanzar hasta el 20 por ciento mensual.

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¿Es posible prevenir desde las escuelas la trata de mujeres con fines sexuales?

Centro Fray Julián Garcés
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¿Es posible prevenir desde las escuelas la trata de mujeres con fines sexuales?

El Estado de Tlaxcala ha sido identificado como uno de los lugares desde los cuales operan redes de tratantes con fines de explotación sexual, los cuales han tenido presencia desde hace al menos siete décadas en el territorio.

Los y las adolescentes son uno de los sectores más vulnerables ante estas redes de tratantes, ya que pueden ser enganchadas como víctimas de explotación sexual o ser parte del problema al ir construyendo y legitimando la aspiración de ser tratantes o consumidores.

Lamentablemente, esta situación de alto riesgo para muchas y muchos adolescentes es cotidiana, a causa de que han crecido en comunidades donde existen y operan las redes de tratantes y a ello se suma la débil aplicación de leyes y políticas públicas, que ha permitido la expansión de este problema.

Ante tal contexto ¿Qué es lo que se puede hacer? Prevenir desde las escuelas es una opción, pues además de ser un lugar para adquirir conocimientos, es también un espacio para la interpretación y la reproducción de la realidad, a través de ésta, se nos enseña cómo convivir en grupos extrafamiliares, validando gran parte de nuestra identidad y apreciando la de los demás, o por el contrario, nos enseña a reproducir de manera inconsciente, los estigmas y paradigmas que se han generado mucho antes de nuestra entera concepción del mundo, como ha pasado con la reproducción de imaginarios machistas y de la normalización de violencia hacia las mujeres.

Desde hace 11 años, el Centro Fray Julián Garcés ha impulsado la prevención en contextos escolares a través del trabajo directo en las aulas, primero a través de la formación de alumnas y alumnos como promotoras y promotores quienes, luego de recibir capacitación, realizaron talleres y pláticas de prevención de la trata con sus compañeros, compañeras, profesores, profesoras, padres y madres de familia; segundo, a través del trabajo realizado por profesores y profesoras, quienes incorporaron la prevención de la violencia y la trata en su trabajo curricular en el aula. Teniendo como base esa experiencia, el pasado 28 de abril se convocó a la jornada «Educar para el cuidado. Actuar colectivamente en la prevención de la violencia y la trata de mujeres y niñas».

En donde se presentó la publicación «Educar, cuidar y prevenir. Proyecto escolar por una vida libre de violencia», el cual plantea estrategias educativas para trabajar con los tres grados de secundaria y se enmarca en el modelo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Este proyecto es resultado del compromiso y trabajo colaborativo entre el Centro Fray Julián Garcés, científicas y científicos sociales y la Red de Profesores y Profesoras, formada en 2021, quienes en todo este tiempo han estado luchando desde lo práctico, para hacer de Tlaxcala un estado libre de Trata. En esta herramienta pedagógica se entretejen de forma conjunta dos de los ejes más importantes de la reproducción de las conciencias: La formación escolar y la comunidad.

Este proyecto educativo busca reflexionar, generar discernimiento y toma de conciencia a través del trabajo en los distintos campos formativos — español, matemáticas, biología, historia, geografía, artes, etc.,— con una perspectiva crítica enfocada en la prevención de la violencia contra las mujeres y particularmente de la trata con fines sexuales. En sus contenidos el proyecto articula temas como Derechos Humanos y Ciudadanía, Violencia de Género y Vínculos afectivos.

Les invitamos a conocer los contenidos de esta publicación y a utilizarlo si te desempeñas en el ámbito de la educación, puedes descargarlo gratuitamente en la siguiente liga (da clic aquí).

Ahora se presenta el reto de que este trabajo sea aprovechado por las más de 200 escuelas secundarias que existen en el estado de Tlaxcala, y así aumentar el impacto de la prevención de la violencia y la trata de mujeres. Esta tarea deberá ser impulsada por el comité ejecutivo para la prevención de la trata de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala.

Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.

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SMA apuesta por «Tlaxcala Resiliente 2026», sin metas cuantificables de recuperación ambiental ni seguimiento técnico

Adrian Meléndez
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SMA apuesta por «Tlaxcala Resiliente 2026», sin metas cuantificables de recuperación ambiental ni seguimiento técnico

Tlaxcala, Tlax.- La entidad ha apostado por el programa «Tlaxcala Resiliente 2026», una estrategia que busca hacer frente a los efectos del cambio climático mediante Soluciones Basadas en la Naturaleza, sin embargo, la convocatoria —que aún permanece vigente— presenta vacíos que podrían representar riesgos para el desarrollo y alcance del programa a futuro.

La estrategia que se encuentra sustentada en tres ejes, mismos que radican en «recuperar la cobertura vegetal, fortalecer a los polinizadores y promover prácticas comunitarias», y sentada bajo acciones alineadas con la política de «Gestión del cambio climático» establecida en el Plan Estatal de Desarrollo y retomada por el PACCET 2023-2030.

Este programa contempla la entrega de especies vegetales y florales que buscan contribuir tanto a los polinizadores como a las prácticas comunitarias, con el fin de vincular a la ciudadanía con su entorno.

No obstante, la realidad parece ser distinta, pues mediante una revisión detallada de las bases del programa, se identificaron vacíos operativos que podrían comprometer su impacto real en el territorio, principalmente por la ausencia de una línea base de cuidado y vigilancia. Esto representaría una vulnerabilidad en el seguimiento de las acciones y agudizaría el factor de supervivencia de las especies en entornos donde la responsabilidad ciudadana podría verse rebasada por las condiciones urbanas.

Un programa que se maneja sin brújula

El programa «Tlaxcala Resiliente 2026» que forma parte de las acciones que buscan contribuir al Programa de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Tlaxcala (PACCET) 2023-2030, y el cual está basado en las Soluciones Basadas en la Naturaleza, mismas que contempla medidas prioritarias para incrementar la capacidad de adaptación de los espacios frente a la actual crisis climática.

Frente a este panorama, se realizó un análisis de la convocatoria en el que se identificaron vacíos en el documento que podrían representar un riesgo durante el desarrollo de este. De acuerdo con especialistas, este tipo de iniciativas requieren planeación, adaptación al clima local, así como un alto rigor técnico, mediciones espaciales precisas y metodologías de seguimiento comprobables que no dejen de lado a las plantas, así como su cuidado y desarrollo.

Un programa que se mide bajo estimaciones, no bajo cuantificaciones

Aunque el objetivo principal del programa busca «fortalecer la resiliencia climática y recuperar cobertura vegetal», la convocatoria no contempla un apartado que exponga el estado actual de degradación del suelo en la entidad ni define metas cuantitativas por municipio. Además, aunque se plantea «estimar la superficie intervenida», no existe un compromiso previo respecto al número de hectáreas que se pretende rehabilitar.

En este sentido, Ramiro Flores y Manuel de Jesús González sostienen en «Planificación de sistemas de áreas verdes y parques públicos» que la planeación de áreas verdes no puede basarse en estimaciones, sino que requiere una tipología adaptada a cada ciudad y entorno habitable. Los autores argumentan que una gestión efectiva debe partir, por ejemplo, de un Sistema de Información Geográfica (SIG) que permita generar inventarios detallados con la ubicación exacta, el tipo de vegetación y las funciones ambientales de cada espacio.

Rafael Yus Ramos argumenta que esto puede derivar en una inversión insuficiente y en la pérdida de rumbo estratégico que requieren las áreas verdes bajo la implementación de métodos exhaustivos de medición, monitoreo y evaluación. De no existir estos mecanismos, las inversiones podrían terminar sin ser realmente aprovechadas y condicionar una lógica de «sembrar sin brújula», distribuyendo recursos de manera reactiva en lugar de basarse en una vulnerabilidad real.

Y esto se refleja en un déficit actual que no se menciona —como cuántas hectáreas requieren recuperación o cuál es la carencia específica de polinizadores—, permitiendo que el programa se limite a establecer cuotas estandarizadas de entrega, como «hasta dos árboles frutales por familia» o «de 80 a 120 plantas polinizadoras por plantel educativo» sin atender áreas con verdadero estrés hídrico.

Medidas para evaluar el programa «Tlaxcala Resiliente 2026»

Aunado a esto, el rigor métrico planteado en la convocatoria para evaluar su impacto frente al cambio climático se encuentra centrado en estimaciones y no en mediciones reales. En el documento se establece que «se realizará una estimación de superficie intervenida a partir del número de especies entregadas y de los espacios reportados» por las personas beneficiarias.

Sin embargo, al basar esta estrategia en lo que el Estado reparte y en lo que la ciudadanía reporta, no se contempla un método de medición objetivo que permita contrastar los resultados con un estado inicial, es decir, con una línea base previamente definida.

¿Cuál es la verdadera prioridad?

Además, aunque la convocatoria contempla de manera breve una «priorización territorial con base en vulnerabilidad climática», la selección y entrega de los apoyos se determina bajo una dinámica administrativa sustentada en la «disponibilidad de especies» y el «orden de registro», evidenciando que el programa no busca intervenir de manera concreta en un territorio determinado ni se guía por un diagnóstico cuantitativo previo, ya que la distribución de recursos depende de quienes logren registrarse mediante el formulario digital.

Ante ello, Alejandro Ismael Monterroso y Jesús David Gómez, en el articulo «Impacto del cambio climático en la evapotranspiración potencial y periodo de crecimiento en México» afirman que las intervenciones mediante plantas deben ser guiadas para contener el estrés climático real, y que las donaciones de plantas o la recuperación de polinizadores no deben ser generalizadas, ya que el clima y sus estragos actúan de distinta forma a nivel local.

Supervivencia de las plantas, un reto presente en el programa

A esto se suma la falta de indicadores rigurosos de supervivencia, pues la Secretaría no será la encargada de realizar las plantaciones de manera directa, lo que deriva la responsabilidad en las personas que soliciten este beneficio, y para que la SMA garantice el éxito de la plantación, se plantea una «carta compromiso» firmada por la ciudadanía beneficiaria, quien se encargará de darle seguimiento mediante el envío de «fotografías» y a través de «visitas de verificación aleatorias».

Para Rafael Yus Ramos, la recuperación de cobertura vegetal urbana y periurbana está respaldada por estándares científicos como la «regla 3-30-300» para áreas verdes, la cual advierte que no basta con entregar plantas o declarar intenciones. Para alcanzar este objetivo, los programas deben recurrir a inventarios de árboles, índices de vegetación satelitales, mapas de cobertura terrestre y análisis de visibilidad, aspectos que no se contemplan en el programa.

Una convocatoria sin una línea base

El Programa de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Tlaxcala (PACCET) 2023-2030 establece distintas referencias temporales como línea base, principalmente en función del área de análisis sobre la que pretende intervenir. Por un lado, contempla las emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (CyGEI), así como el balance energético y los mecanismos de mitigación, integrando información fundamental que sienta las bases necesarias para identificar posibles escenarios futuros.

Sin embargo, las metas planteadas en el programa están centradas en el reparto de insumos y no en un déficit ecológico claramente identificado, ya que no contempla una cobertura vegetal específica ni define la carencia exacta de polinizadores. Además, establece criterios de selección basados en la disponibilidad de especies y no en una línea base cartográfica o en el establecimiento de un seguimiento técnico.

Lo anterior contrasta con lo planteado en el PACCET 2023-2030, el cual sí contempla mecanismos de seguimiento técnico sustentados en la implementación de un riguroso Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV).

Si esta línea base —que funge como punto de referencia primordial y que describe las condiciones y acciones cuantitativas de cualquier proyecto— no se encuentra claramente definida, los escenarios futuros podrían encaminarse hacia metas poco realistas. Ante este panorama, la ausencia de un diagnóstico inicial, como la cuantificación del déficit actual de polinizadores o el grado exacto de vulnerabilidad de las comunidades y municipios tlaxcaltecas, limita el alcance y éxito del programa.

En consecuencia, la estrategia planteada desde la Secretaría de Medio Ambiente corre el riesgo de convertirse únicamente en un cumplimiento administrativo de entrega de insumos, dejando de lado su efectividad frente a una crisis climática real y cada vez más severa.

Por su lado, conceptos como el de resiliencia urbana ayudarían a dar representa ante elementos fundamentales para enfrentar crisis y desastres ambientales, ya que implica la capacidad de minimizar impactos y proteger a la población. Asimismo, este concepto permite vislumbrar de mejor manera los beneficios económicos y la optimización de recursos, evitando que estos escenarios paralicen grandes territorios o interrumpan suministros esenciales.

Además de los beneficios económicos, la resiliencia urbana también contribuiría a mejorar la calidad de vida de la población, tanto en la salud física como mental, garantizando un desarrollo sostenible a largo plazo.

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En El Pleno | Congreso de Tlaxcala va por reforzar seguridad, urnas electrónicas y protección a menores
  • Congreso de Tlaxcala avanzó este jueves en iniciativas relacionadas con modernización electoral, protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, así como reformas para reforzar derechos humanos dentro de las corporaciones de seguridad pública. Además, diputadas y diputados aprobaron la entrega de la presea “50 Años por la Educación al Servicio del Pueblo” y emitieron la convocatoria para integrar el Parlamento Juvenil 2026.

Tlaxcala, Tlax. Durante la sesión ordinaria de la LXV Legislatura, las diputadas Sandra Guadalupe Aguilar Vega, Lorena Ruiz García y Maribel Cervantes Hernández impulsaron reformas en materia electoral, penal y de seguridad pública, mientras distintas comisiones legislativas avanzaron en acuerdos dirigidos a juventudes y reconocimiento docente.

Fortalecer derechos humanos en corporaciones de seguridad

La diputada Sandra Guadalupe Aguilar Vega presentó una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana del Estado de Tlaxcala con el propósito de fortalecer las atribuciones de la Policía de Investigación e Inteligencia bajo un enfoque de derechos humanos y atención integral a víctimas.

Entre los principales cambios planteados se encuentra la obligación de informar a las personas detenidas sobre sus derechos al momento de una detención, reforzar entrevistas inmediatas durante investigaciones y establecer programas integrales de atención jurídica, médica y psicológica para víctimas.

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La propuesta también plantea medidas de protección para víctimas, ofendidos y testigos, además de capacitación permanente para el personal de seguridad pública y la aplicación de protocolos especializados, especialmente en casos de violencia de género.

Sandra Aguilar señaló que la intención es consolidar un modelo de seguridad pública más humano y cercano a la ciudadanía, fortaleciendo la confianza en las instituciones encargadas de procurar justicia.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social y de Puntos Constitucionales.

Buscan que delitos sexuales contra menores se investiguen de inmediato

Por otra parte, la diputada Lorena Ruiz García presentó una iniciativa para adicionar el artículo 295 Quinquies al Código Penal del Estado con el objetivo de establecer expresamente la persecución de oficio en delitos sexuales contra niñas, niños, adolescentes y personas que no puedan comprender el hecho o resistirse.

La legisladora argumentó que, aunque actualmente estos delitos no requieren querella, en la práctica ministerial suelen existir retrasos mientras se espera la denuncia o ratificación de familiares o tutores, situación que puede afectar la obtención inmediata de pruebas y el acceso a la justicia.

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La reforma busca obligar a las autoridades ministeriales a iniciar investigaciones de manera inmediata ante cualquier noticia criminal relacionada con posibles delitos sexuales contra menores, sin depender de trámites posteriores o comparecencias familiares.

Durante la exposición de motivos, Ruiz García sostuvo que el interés superior de la niñez obliga al Estado a actuar con debida diligencia reforzada y evitar cualquier obstáculo que limite la protección de víctimas de violencia sexual.

La iniciativa retoma criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de protección integral de niñas, niños y adolescentes.

PT propone implementar urnas electrónicas en Tlaxcala

En otra línea, la diputada Maribel Cervantes Hernández y el diputado Silvano Garay Loredo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentaron una iniciativa para incorporar urnas electrónicas en los procesos electorales locales.

La propuesta busca facultar al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones para implementar de manera parcial o total sistemas electrónicos de votación y desarrollar pruebas piloto durante el proceso electoral 2026-2027, principalmente en casillas especiales y extraordinarias.

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Entre los argumentos expuestos por las y los promoventes se encuentra la posibilidad de agilizar el conteo de votos, optimizar recursos materiales y operativos, así como mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad.

La iniciativa también contempla modificaciones relacionadas con el escrutinio y cómputo cuando se utilicen estos mecanismos tecnológicos.

Aunque el uso de urnas electrónicas sigue generando debate en distintos estados del país por temas de confianza y seguridad tecnológica, la propuesta abre la puerta a que Tlaxcala inicie pruebas piloto en futuras elecciones locales.

Congreso abre convocatoria para Parlamento Juvenil 2026

Durante la sesión ordinaria de este jueves, el pleno de la LXV Legislatura dio luz verde a la convocatoria del XV Parlamento Juvenil Tlaxcala 2026 denominado “Haciendo Intervenciones, Cambiando Realidades”, un ejercicio político dirigido a jóvenes de entre 16 y 29 años que busca convertirse en un espacio de participación democrática para un sector históricamente relegado de las decisiones públicas.

La convocatoria, impulsada por la Comisión de Juventud y Deporte, establece la integración de 25 jóvenes parlamentarios: 15 electos por el principio de mayoría relativa y 10 por representación proporcional.

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Además, por primera vez se contemplan acciones afirmativas obligatorias para garantizar la inclusión de sectores juveniles que regularmente permanecen fuera de los espacios políticos tradicionales.

Entre los temas que abordará el Parlamento Juvenil destacan inteligencia artificial y futuro laboral, salud mental en la era digital, violencia en línea, acceso a vivienda, crisis hídrica, cambio climático, economía digital, emprendimiento juvenil y combate a la desinformación.

El Congreso también definió un sistema de evaluación mediante rúbricas para calificar aspectos como argumentación, calidad de exposición oral, claridad de objetivos y viabilidad de las iniciativas que presenten las y los participantes.

El registro de aspirantes permanecerá abierto del 15 de mayo al 22 de junio y las actividades concluirán con un taller de preparación enfocado en fortalecer las capacidades expositivas de las juventudes seleccionadas.

Aprueban entrega de presea a docentes con más de 50 años de servicio

Las y los diputados aprobaron además la entrega de la presea “50 Años por la Educación al Servicio del Pueblo” 2026 para maestras y maestros con cinco décadas o más de trayectoria activa en el sector educativo.

El reconocimiento será entregado a Claudia Reséndiz Vite, María Blanca Nieves Morales Pérez, Mercedes García Elizalde, Rosalinda Carro Cano, Edith Portilla Islas, Irma Vázquez Paredes y Darío Sampedro Vázquez.

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Entre los casos destacados se encuentra el de Edith Portilla Islas, quien acreditó 60 años de servicio docente. El acuerdo fue avalado por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, presidida por el diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz.

Las iniciativas presentadas durante la sesión fueron turnadas a distintas comisiones legislativas para su análisis, discusión y eventual dictaminación, principalmente a las comisiones de Puntos Constitucionales, Asuntos Electorales, Seguridad Pública y Justicia, mientras que los acuerdos aprobados continuarán su proceso legislativo y administrativo para su publicación y aplicación correspondiente.

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