TLAXCALA, Tlax., En el Dialogo Circular el secretario de Impulso Agropecuario, Rafael De la Peña Bernal, presumió que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros recibirá de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) un reconocimiento a su nombre por el «Sistema Metepantle» y no a los campesinos que son quienes trabajan la tierra y quienes por ocho siglos lo han creado y adoptado.

Luego de que a senadora Ana Lilia Rivera Rivera haya impulsado este proyecto durante cinco años con la integración del documento que da soporte al reconocimiento que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) otorga como Patrimonio Mundial al Sistema ancestral agrícola Metepantle de Tlaxcala, y que se haya sido anunciado inicialmente como fecha para la entrega de este reconocimiento en la sede de Roma, Italia, el 31 de octubre de este año, el titular de la Secretaría de Impulso Agropecaurio (SIA), expuso que esta distinción se entregará no el 31 sino el 27 de octubre en Tlaxcala a la mandataria estatal.

“La FAO viene a checar y verificar lo que se está haciendo y el resultado para publicarse a nivel mundial y la FAO está felicitando al gobierno del estado, el reconocimiento viene a nombre de la licenciada Lorena Cuéllar como Ejecutivo de que el gobierno del estado está haciendo un excelente trabajo y lo seguiremos haciendo en este sexenio”, atajó.

Por ello, luego de ser cuestionado este funcionario que los que producen y mantienen este Sistema ancestral Metepantle son los campesinos y quienes merecen el reconocimiento son ellos y no una gobernadora, reconsideró su diálogo.

“Son tres entregas de reconocimientos y no de premios, el premio se está dando al gobierno del estado por que se está promulgando que siga todavia adelante este proyecto, pero hay otro reconocimiento para los productores campesinos que se va a entregar, porque el campesino es el prioritario yo no digo que el gobierno sea la prioridad en el campo, el gobierno es un auxiliar de auxiliar al campesino para que logren alcanzar las metas que tienen propuestas”

Reconoció luego de haber exhibido que el reconocimiento era para la mandataria.

Por lo que, complementó la información que se reservaba buscando posicionar a la mandataria con esta distinción que es al campo tlaxcalteca, y fue donde agregó que serán tres reconocimientos, uno de ellos al gobierno por promulgar que se siga con este sistema y que otro será para un representante de los campesinos.

“Lo que nosotros estamos haciendo es recibir estos tres premios que se van a dar, va a haber un representante de los campesinos que va a recibir su reconocimiento, otro viene al estado de Tlaxcala para felicitar que al gobierno de Tlaxcala porque está promulgando y haciendo eso, no es un regalo como que diga la gobernadora lo está haciendo, ni la gobernadora ni la senadora son los que están haciendo el proyecto, son gente que ayuda desde el senado y el gobierno del estado para que se promulgue lo que se está haciendo acá”, dijo al reorientar su discurso.

En tanto, personal de la FAO ha venido por más de cinco meses a la entidad para calificar y documentar este Sistema ancestral agrícola Metepantle de Tlaxcala, por lo que esta agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha calificado a los mejores 103 espacios premiados entre ellos Tlaxcala, por el trabajo que realizan en materia de alimentación y agricultura, tres de estas distinciones o reconocimientos en el mundo pertenecen a México.

Cabe destacar, que el pasado fin de semana personal de la FAO como Alfredo Mayela del Programa del Frente Parlamentario contra el Hambre de la FAO, junto con periodistas de Radio Nacional en Directo (RNE) y la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, realizaron un recorrido por la comunidad de Las Mesas en el municipio de Tlaxco, donde se dio a conocer que este Sistema Metepantle existe en 33 de los 60 municipios de Tlaxcala, lo que representa 26 mil hectáreas y el 13 por ciento del cultivo en el estado.

Sin embargo, el titular de la SIA solo refiere que este Sistema Metepantle opera en 10 municipios, lo que contradice al contenido del proyecto que dio fundamento al reconocimiento de Patrimonio Mundial al Sistema ancestral agrícola Metepantle con 33 municipios que mantienen esta sistema agrícola, que de acuerdo a los campesinos y especialistas sirve para evitar la erosión en los campos de cultivo y terrazas con la integración de zanjas para la captación de agua en las temporadas de lluvia, además que los jagüeyes captan el exceso de agua en los cultivos lo que evita la inundación, mientras que el Sistema Milpa integra este agroecosistema basado en el policultivo de maíz, frijol y calabaza, y que precisamente el frijol aporta el nitrógeno que necesitan las tierras de cultivo, principalmente de maíz.

En cuanto al trabajo de la SIA, el funcionario estatal refirió la construcción de 830 jagüeyes, la dotación de mil 500 magueyes a 937 beneficiarios en el 50 por ciento de los municipios de la entidad, con una inversión de 8 millones 966 mil 966 pesos, solo en la compra de magueyes, mientras que la inversión al campo este año de 2025 fue de 428 millones de pesos (mdp) invertidos en el agro tlaxcalteca.

Cabe destacar, que durante esta semana el Senado de la República realiza el Primer Foro Parlamentario Iberoamericano y Caribeño, por la seguridad alimentaria donde se ha destacado el reconocimiento del Sistema Metepantle tlaxcalteca, como Sistema Importante para el Sistema Agrícola Mundial por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación de la Agricultura (FAO).

Finalmente, señalar que el titular de la SIA, Rafael De la Peña Bernal, nuevamente reiteró que el cultivo del maíz no es funcional y que exhorta a los campesinos a cambiar los sistemas de producción y que el maíz solo lo cultiven para el auto consumo, por lo que al ser cuestionado dijo “yo me contradigo a mi mismo, no, sin maíz no hay país eso es muy claro, pero no quieras generar de tus ocho hectáreas que tienes producción de maíz porque vas a seguir siendo pobre”, expuso al reiterarle que produzcan maíz para el autoconsumo y no para venderlo.

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• El Congreso de la Unión podría reducir a un sólo grupo vulnerado la participación ciudadana en las decisiones que se tomen, por lo que la comunidad LGBT+ en Tlaxcala teme posible violación a derechos humanos. 

Tlaxcala, Tlax.- Antonio Escobar, señaló que la reforma electoral federal implicaría un retroceso y violación a derechos humanos que no solo se vería reflejado a nivel nacional en tema de las candidaturas, sino también en lo local.

En el tercer párrafo el artículo 1o. de la Constitución Federal precisa que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad».

Por su parte, la organización Justicia Afirmativa Nayarit, dedicada al monitoreo de políticas de representación para grupos históricamente discriminados, alertó sobre los riesgos de regresión en derechos políticos que implicaría la próxima reforma electoral federal que prepara el Congreso de la Unión durante su periodo ordinario en curso. 

En entrevista para Escenario Tlaxcala, Josué Nava coordinador del colectivo, señaló que aunque la iniciativa aún no se ha presentado formalmente, los borradores y consultas públicas impulsadas por el Comité de Reforma Electoral, presidido por Pablo Gómez, sugieren que se retomaría un modelo similar al propuesto en 2023 dentro del llamado Plan B que afectará. Este cambio a nivel federal podría ser un retroceso en cada estado en sus acuerdos. En Tlaxcala, Antonio Escobar, activista y director del Programa de VIH y Derechos Humanos del Colectivo LGBTTTI+ Tlaxcala, señaló que el próximo viernes, se tendrá una reunión con la senadora Celeste Ascencio para organizar un foro sobre la consulta a la reforma electoral a nivel estatal.

Anteriormente la sociedad luchó para tener 5 lugares que representaran a los grupos vulnerados.

«En años anteriores la sociedad civil luchó porque se crearan cinco espacios para tener representación y aún así eso no ha garantizado nuestra debida representación en los congresos tanto locales como nacionales… hoy quieren reducirlo a una persona representante de todos los grupos vulnerados».

Por su parte, Antonio Escobar refirió que se busca el retroceso a la aplicación del Plan B: el cual violaría el principio de progresividad de tener cinco espacios a uno para los grupos vulnerables en las consultas; que el INE mantenga la capacidad y las atribuciones de ser quien ponga las reglas de operación para las elecciones, donde las acciones afirmativas sean consultadas por la sociedad civil de las decisiones; y, que dicha adscripción sea calificada. 

«Si esta facultad la pierden los institutos, tanto el nacional como los locales de elecciones, nos preocupa porque no sabríamos bajo qué criterio se podrían tomar estas decisiones para el tema de acciones afirmativas».

Señaló que la adscripción calificada requiere los siguientes puntos:

• que la persona tiene que ser una persona visiblemente LGBT,
• que sea una persona que tenga trabajo comprobable, por lo menos los últimos años en pro de la diversidad sexual, y,
• que las organizaciones reconozcamos su trabajo.

«Ya hemos visto casos donde alguna persona se auto adscribe por un grupo poblacional vulnerable y la comunidad no lo reconoce porque dice, «No es de la población». Pero como no hay reglas claras dentro de los institutos, no se puede cuestionar su auto adscripción, y eso le conviene a los partidos políticos porque sólo postulan a perfiles que ni siquiera son del grupo vulnerado por el que gana».

Escobar explicó que dicha propuesta establecería un sistema de “acciones afirmativas en bloque”, lo que permitiría a los partidos políticos decidir libremente qué grupos vulnerables postular, sin asignar espacios específicos para cada sector.

 

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Esto, advirtió, “obligaría a que comunidades indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, de la diversidad sexual o migrantes compitieran entre sí por los mismos lugares, debilitando el principio de representación equilibrada”.

La definición de acciones afirmativas, de acuerdo al Tribunal Electoral en la jurisprudencia son medidas temporales que se aplican en los espacios de representación popular o los cargos públicos para garantizar la participación y representación de los grupos en situación de vulnerabilidad. En materia electoral esto se da a través de espacios específicos para contender y acceder a los cargos de elección popular.

«En este contexto, las acciones afirmativas se refiere a la adopción de protocolos para la atención a la población LGTB+ o población trans o grupos de vulnerabilidad». Josué Nava

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El modelo actual, diseñado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y validado por sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, garantiza más de 30 espacios específicos para estos grupos, distribuidos con base en criterios como porcentaje poblacional, autoadscripción calificada y doble vía de participación —por mayoría relativa y representación proporcional—.

La propuesta de 2023, además, agregaba nuevas categorías como jóvenes y adultos mayores, lo que de acuerdo con el colectivo podría distorsionar el objetivo de las acciones afirmativas, que buscan reparar desigualdades históricas y no solo atender sectores poblacionales amplios.

El coordinador de Justicia Afirmativa señaló que los efectos de la reforma serían de alcance nacional, ya que modificarían la estructura de representación en todos los niveles de gobierno y afectarían también a mexicanos residentes en el extranjero, quienes actualmente cuentan con un reconocimiento parcial dentro de las cuotas de representación.

“En lugar de ampliar los derechos, se corre el riesgo de que los partidos políticos utilicen las cuotas como trámite formal, sin garantizar la participación real de las comunidades”, refirió.

El colectivo ha presentado una propuesta ciudadana en la plataforma oficial reformaelectoral.gob.mx bajo el título Acciones Afirmativas para Grupos en situación de vulnerabilidad, con la que busca preservar el modelo actual del INE y evitar que se reduzca la representación política de los pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes y población LGBT+.

Nava llamó a estos grupos a mantenerse informados y participar activamente en las consultas públicas:

“Estamos frente a un riesgo de regresión monumental en materia de derechos políticos. Es momento de organizarnos y defender los espacios que tanto costó ganar”.

Desde 2022, el Congreso de la Unión tiene la obligación de legislar para garantizar la creación de acciones afirmativas por ley, pero hasta hoy no ha cumplido. Por ello, distintos grupos y organizaciones de la comunidad LGBTQI+, presentaron incidentes de incumplimiento de sentencia para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establezca un plazo límite al Congreso y así se avance en una legislación que garantice una representación justa, incluyente y equitativa.