Tlaxcala, Tlax.- Tlaxcala cumple con siete de los 20 criterios de buenas prácticas para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, mientras que cuatro registran un cumplimiento parcial y nueve son considerados incorrectos, de acuerdo con la evaluación más reciente de Proteger la dignidad, plataforma desarrollada por Espacio OSC.
Desde 2022, la entidad cuenta con una Oficina Local para garantizar los derechos de periodistas y personas defensoras, creada mediante un acuerdo administrativo y adscrita a la Secretaría de Gobierno.
No obstante, la evaluación evidencia rezagos en Tlaxcala frente a entidades como Ciudad de México, Morelos, Estado de México y Michoacán, que registran las mejores calificaciones, con diferencias de entre 35 y 55 puntos porcentuales. Somos una de las 17 entidades no cuentan con una Ley Estatal en la Materia.
Proteger la dignidad es una plataforma que concentra información accesible sobre las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos, con base en los marcos jurídicos nacionales e internacionales.
La evaluación considera al menos 20 criterios relacionados con buenas prácticas y obligaciones estatales para respetar, proteger e investigar, además de impulsar políticas públicas que permitan el ejercicio pleno de los derechos de periodistas y personas defensoras.
Las obligaciones que el Estado debe cumplir para proteger a periodistas y defensores
El Estado mexicano tiene tres deberes fundamentales para garantizar los derechos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos: respetar, sin obstaculizar su labor; proteger, mediante la prevención de riesgos y la garantía de su seguridad frente a amenazas y agresiones; e investigar y sancionar las violaciones cometidas en su contra. Estas obligaciones también requieren políticas públicas que permitan el ejercicio pleno de sus derechos.
De acuerdo con Proteger la dignidad, estas acciones deben incorporar enfoques de género e interseccionalidad, así como la participación activa de las personas beneficiarias en las medidas de protección. Entre los instrumentos internacionales que respaldan estas obligaciones se encuentran la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la CEDAW, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración de la ONU sobre los Defensores de Derechos Humanos, la Convención de Belém do Pará y el Acuerdo de Escazú.
En el ámbito nacional, estos derechos están reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, vigente desde 2012, que establece mecanismos específicos de protección.
Sin embargo, la persistencia de ataques, amenazas, campañas de desprestigio y criminalización evidencia los desafíos para convertir estos compromisos en garantías efectivas. La protección, por tanto, no se limita a responder después de una agresión: también requiere prevención, políticas públicas y condiciones institucionales que permitan ejercer el periodismo y defender los derechos humanos de manera segura.
Tlaxcala cumple 45% de los criterios de protección y deja nueve pendientes
El panorama nacional muestra una protección desigual para periodistas y personas defensoras de derechos humanos. De acuerdo con los datos registrados por la plataforma, 15 estados cuentan con una ley estatal en la materia, cinco operan mediante decretos o acuerdos del Poder Ejecutivo y 12 carecen de un marco normativo estatal específico.
En este escenario, Ciudad de México encabeza la evaluación con 100% de cumplimiento, seguida del Estado de México, con 92.5%, y Morelos, con 85%. Mientras que, Tlaxcala alcanza 45%, equivalente a siete de los 20 criterios evaluados, y ocupa el lugar 18 a nivel nacional. La entidad registra, además, cuatro criterios con cumplimiento parcial y nueve incumplidos.
Además, la entidad no cuenta con una ley estatal de protección. Su mecanismo se sustenta en un decreto de 2022, en el cual se creó la Oficina Local de Coordinación y Enlace, adscrita a la Secretaría de Gobierno.
Los mayores rezagos aparecen en la estructura y supervisión del mecanismo. La entidad no contempla un Consejo Consultivo con participación de periodistas y personas defensoras con voz y voto, ni una Junta de Gobierno o un Consejo de Medidas interinstitucional. Tampoco establece sistemas de alertas tempranas, planes de contingencia o mesas de trabajo multisectoriales.
A ello se suma la ausencia de disposiciones sobre perspectiva de género y enfoques diferenciados obligatorios, protección colectiva, un fondo financiero propio para medidas urgentes, informes públicos periódicos y mecanismos claros para acceder a información sobre los expedientes de riesgo.
El contraste con otras entidades evidencia la amplitud de la brecha, mientras Ciudad de México registra 100% y Estado de México 92.5%, Puebla alcanza apenas 22.5% y al menos 12 estados registran 0%, de acuerdo con los datos de la plataforma.
Aunque el mecanismo estatal cumple siete criterios para la protección de periodistas y defensores, mantiene pendientes
La información presentada por Espacio OSC muestra que, pese a la emisión de decretos administrativos y a la existencia de leyes para la defensa de los derechos humanos de periodistas y personas defensoras, una parte importante de las entidades del país todavía carece de un marco normativo específico. Tlaxcala no es un caso aislado: Baja California, Tamaulipas, Chihuahua, Aguascalientes y Coahuila también se encuentran entre las entidades con los resultados más bajos, al registrar 10 criterios cumplidos o menos.
A la vez, Tlaxcala, Guerrero y Puebla se encuentran entre los estados que, pese a contar con algún instrumento normativo en la materia, presentan las calificaciones más bajas. El contraste evidencia que la existencia de una ley, decreto o mecanismo institucional no garantiza por sí misma la protección efectiva.
La asignatura pendiente, entonces, no se limita a crear normas, sino a convertirlas en mecanismos reales, concretos y funcionales, con acciones capaces de prevenir riesgos, proteger e investigar las agresiones contra quienes defienden derechos humanos y quienes, desde el ejercicio periodístico, comunican día con día la realidad de sus comunidades.
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