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Basura Cero: COBAT de Panzacola reduce una tonelada de residuos en un año ante la crisis de basura en Tlaxcala

    • Ante la emergencia declarada por el Gobierno de Tlaxcala, un grupo de maestras y alumnas del COBAT 05, en Panzacola, Papalotla, impulsan una experiencia de separación, recuperación y aprovechamiento de residuos. En dos años de trabajo, los registros del plantel pasaron de 120 a 93 kilogramos semanales. 

Papalotla, Tlax.- Frente a la crisis de basura declarada por el Gobierno del Estado de Tlaxcala, Lina y Libia, maestras del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (COBAT) 05, junto con personal administrativo y directivo, de intendencia, alumnos de diferentes grados, asociaciones civiles, grupos comunitarios e investigadores locales, han construido un equipo de trabajo para desarrollar el programa Basura Cero Estratégico, un proyecto que busca reducir la cantidad de basura que se genera, fomentar la separación desde el origen, recuperar materiales que todavía pueden aprovecharse y especialmente construir capacidades sociales ante el problema de la basura.

Desde Panzacola, en el municipio de Papalotla, esta comunidad escolar ha convertido la gestión de los residuos en un ejercicio colectivo de aprendizaje y participación. La iniciativa no se limita únicamente a colocar contenedores de colores, también implica modificar hábitos, involucrar a estudiantes y personal de intendencia, aprovechar los residuos orgánicos mediante composta y canalizar materiales reciclables a centros de acopio.

Ante un contexto en el que la saturación del sitio de disposición final de Morelos, en Atlangatepec, evidenció las dificultades que enfrenta Tlaxcala, Basura Cero Estratégico propone intervenir desde otro punto: el lugar donde la basura se produce.

De la organización comunitaria al COBAT 05: el camino hacia Basura Cero

En Panzacola, municipio de Papalotla, la contaminación ambiental forma parte de una problemática regional más amplia: la de la Cuenca del Alto Atoyac, reconocida por el Gobierno de México como una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental debido a los niveles de contaminación y sus efectos en el territorio y la salud de sus habitantes. En este contexto, el trabajo comunitario acompañado por el Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local y el Grupo Cihuatl e investigaciones locales ha impulsado distintas acciones para enfrentar el deterioro socioambiental, entre ellas el programa Basura Cero Estratégico.

Antes de que los contenedores de separación ocuparan distintos puntos del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (COBAT) 05, ya existía un trabajo ambiental impulsado desde la comunidad. Doña Inés del Rosario Rojas, integrante del Grupo Cihuatl de Panzacola, recuerda que su participación comenzó con actividades de educación ambiental dirigidas a jóvenes, mediante charlas realizadas durante varios semestres.

Ese trabajo permitió que las preocupaciones ambientales se tradujeran en acciones concretas. Estudiantes participaron en la limpieza y recuperación de espacios comunitarios, mientras habitantes de la zona se involucraban en iniciativas para promover otras formas de relacionarse con el entorno. Con el tiempo, la separación y el aprovechamiento de residuos encontraron una nueva posibilidad de desarrollo dentro del plantel.

La llegada de Basura Cero Estratégico se vinculó con el trabajo del Centro Fray Julián Garcés y el Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia (Pronaii) sobre residuos sólidos urbanos, relacionado con los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces) de Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes del entonces CONAHCYT. La iniciativa buscaba impulsar una gestión integral de los residuos mediante la investigación, el trabajo de campo y la colaboración entre equipos académicos y grupos comunitarios.

De acuerdo con el Mtro. Marco Antonio Rodríguez, quien participó en esta experiencia de colaboración, el acercamiento ocurrió a partir de una mesa de trabajo entre el Centro Fray Julián Garcés, grupos comunitarios e investigadores del pronaii RSU. Estos expusieron sus líneas de trabajo. Posteriormente, los grupos comunitarios analizaron y discutieron en sus localidades las líneas de trabajo y eligieron cuáles podían desarrollar en sus territorios. Basura Cero fue una de las estrategias seleccionadas para distintos espacios de Tlaxcala, entre ellos Panzacola.

La implementación no consistió en poner botes de colores. Rodríguez, miembro del equipo nacional Basura Cero Estratégico, menciona que realmente el trabajo fundamental ha sido realizado por los grupos comunitarios para llevar la estrategia a sus comunidades.

En Panzacola, el vínculo con el COBAT 05 permitió trasladar ese trabajo a la vida escolar. En enero de 2024, la iniciativa se presentó al plantel y las maestras Lina Silva Pérez y Libia Caridad García Jiménez y su equipo central comenzaron a trabajar en su incorporación con la comunidad escolar.

El primer año se destinó al diagnóstico y la planeación. De acuerdo con Silva, se analizó la generación de residuos y se aplicó una encuesta para conocer los hábitos y conocimientos de estudiantes y personal. El segundo año se concentró en poner en marcha las acciones, con acompañamiento técnico y participación de la comunidad escolar.

La experiencia del COBAT 05 forma parte de un trabajo más amplio de implementación de Basura Cero Estratégico. Según Rodríguez, además del acompañamiento a procesos comunitarios, se ha impulsado la estrategia en otros espacios, entre ellos los planteles COBAT 08 y CECYTE 17, las oficinas de representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Tlaxcala y un espacio en Tehuacán, Puebla.

A decir del investigador, cada experiencia muestra resultados diferentes, retos y oportunidades al poner en marcha un sistema de gestión integral de residuos, lo que no necesariamente garantiza su continuidad: sostener una cambio en un espacio requiere organización, seguimiento y participación de las instituciones y de las personas involucradas; y es así como lo ha hecho el Cobat 05 de Panzacola.

¿Qué es Basura Cero Estratégico y cómo funciona?

Basura Cero Estratégico propone modificar la manera en que se gestionan los residuos desde el lugar donde se generan. De acuerdo con Marco Antonio Rodríguez, la estrategia nació en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y actualmente se implementa en hoteles, escuelas y universidades de seis ciudades de México. Según su testimonio, tiene presencia en aproximadamente 30 espacios.

El objetivo es avanzar hacia una gestión integral que no se limite a separar materiales, sino que contemple las distintas etapas del proceso: conocer qué residuos se producen, prevenir y reducir su generación, separarlos desde el origen, recuperar los materiales aprovechables, organizar su recolección y definir su destino final.

En el COBAT 05, este enfoque se tradujo en cinco estaciones de separación, conocidas como islas. Tres fueron donadas por la Dirección General del Colegio de Bachilleres y dos se adaptaron a partir de contenedores que ya existían en el plantel.

Basura cero

Cada estación permite organizar los residuos para facilitar su aprovechamiento. Sin embargo, el sistema depende de que estudiantes, docentes y personal coloquen los materiales en el sitio correspondiente y eviten mezclarlos con restos de comida o líquidos.

Los residuos orgánicos, principalmente restos de frutas y verduras, se utilizan para elaborar composta. El material se cubre con tierra y, después de aproximadamente cuatro o cinco semanas, se cierne para aprovecharlo en las áreas verdes y las macetas de la escuela.

El PET, papel, cartón, algunos tipos de vidrio y aluminio se separan para llevarlos al centro comunitario de acopio de Panzacola. No todos los materiales son aceptados, por lo que es necesario identificar cuáles pueden recuperarse y cuáles deben enviarse al servicio de recolección convencional.

Para la Lina Silva, la gestión integral implica considerar todo el recorrido de los residuos: desde su ingreso a la institución hasta la limpieza, la separación, la recolección diferenciada, el almacenamiento, el tratamiento y su traslado hacia los centros locales de reciclaje. Aquello que no puede aprovecharse se entrega al camión recolector.

La profesora Lina resume uno de los problemas centrales de la gestión de residuos con una frase: “La basura nace de la revoltura”. Cuando los materiales se mezclan, se dificulta recuperar aquellos que todavía tienen utilidad.

Por eso, la separación desde el origen es un punto de partida. Pero para que el sistema funcione, también se requiere organización, seguimiento y coordinación entre quienes generan los residuos, quienes realizan las labores de limpieza y quienes los reciben para su aprovechamiento.

Las estudiantes llevan el aprendizaje a la práctica

El interés de Carolina, alumna de quinto semestre del COBAT 05, surgió a partir de un proyecto en el que reutilizó envases de leche para elaborar nuevos objetos. Esa experiencia la motivó a participar en Basura Cero Estratégico y buscar que otras personas comprendieran la importancia de reducir los residuos que se generan en la escuela.

Basura Cero

Junto con sus compañeras, ha impulsado actividades de reutilización y talleres para compartir lo aprendido con otros grupos. Para ellas, participar en el programa también ha significado observar sus propios hábitos y reconocer cuánta basura producen cotidianamente.

“Al inicio, fue mucha, mucha, mucha basura que tuvimos que estar separando”, recordó Alma, también estudiante de quinto semestre, al describir lo que encontraron durante las primeras actividades. La separación les permitió reflexionar sobre el destino de los residuos y la responsabilidad que tienen en su manejo.

“La basura genera un gran impacto en la sociedad y nosotros como jóvenes debemos de aprender a empezar a reciclar, a reutilizar”, expresó una de las estudiantes. Desde su experiencia de aprendizaje en el proyecto Basura Cero, han podido reflexionar  que la acumulación de basura no solo contamina, sino que puede relacionarse con problemas de salud y molestias para las comunidades.

Desde el plantel, las estudiantes buscan que estos aprendizajes se reflejen en acciones cotidianas y que la separación de residuos se convierta en una práctica compartida dentro y fuera de la escuela.

Para las maestras Lina y Libia, que los alumnos se involucren de manera activa en el programa es fundamental para que el programa sea exitoso, pues no se trata de que cambien sus hábitos, también de que reflexionen su relación y responsabilidad con los residuos.

“Los alumnos que se suman al proyecto les llamamos “orientadores basura cero”; su participación a través del servicio social es fundamental; ya que ellos se encargan de supervisar que las islas estén funcionando de manera correcta; además de que impulsan a que sus compañeros de aula, también se sumen”.

Basura Cero

El Cobat 05 de Panzacola, actualmente cuenta con una matrícula activa de 746 estudiantes, entre el turno matutino y vespertino.

A través de Basura Cero, el Cobat 05 pasó de 120 a 93 kilogramos de basura semanales

El diagnóstico inicial del COBAT 05 estimó que el plantel generaba alrededor de 120 kilogramos de residuos por semana. Un año después de implementar Basura Cero Estratégico, la generación se proyectó en 93 kilogramos semanales, de acuerdo con Libia y Libia.

La diferencia es de 27 kilogramos menos por semana, lo que representa una disminución del 22.5% respecto al diagnóstico inicial. Al proyectar esta reducción durante 52 semanas, equivale a mil 404 kilogramos menos de residuos al año, es decir, aproximadamente 1.4 toneladas.

Esta estimación permite dimensionar el alcance potencial de las acciones de separación y aprovechamiento impulsadas en el plantel.

El personal de intendencia también ha identificado cambios en las labores de limpieza. María Concepción Aguilar Texis explicó que antes podía retirar una bolsa jumbo de basura por turno, mientras que ahora, según su experiencia, recoge menos de media bolsa.

La trabajadora estima que la cantidad de residuos disminuyó alrededor de 50%, aunque se trata de una apreciación basada en su trabajo cotidiano y no de una medición independiente del total generado por el plantel.

También advierte que el cambio requiere recordatorios constantes, pues la separación no siempre se realiza correctamente y, en ocasiones, los recipientes contienen líquidos o restos de comida que dificultan las tareas de limpieza.

Margarita Minero Cahuantzi, quien lleva cinco años trabajando en el plantel, señaló que el proceso de adaptación es especialmente importante entre quienes ingresan al primer semestre. Para ella, la clave está en insistir hasta que la separación se convierta en una práctica habitual.

“Es más constancia, constancia para que los chicos se habitúen a su separación”

Desde el turno vespertino, César Cruz coincide en que todavía hace falta reforzar las indicaciones a alumnos de primer ingreso, aunque considera positivo el programa.

“Es un buen proyecto, pero siento que hay que ir recalcando con los muchachos que tienen que ir tirando su basura donde va”

Los testimonios evidencian una de las principales dificultades de este tipo de iniciativas: los cambios de hábitos no ocurren de manera automática ni se mantienen únicamente con la instalación de infraestructura. Requieren información, constancia y una distribución clara de responsabilidades entre estudiantes, docentes y personal de limpieza.

La experiencia también permite observar que las tareas de separación y aprovechamiento no deben recaer exclusivamente en quienes realizan la limpieza. Para que el sistema funcione, toda la comunidad escolar necesita participar desde el momento en que genera un residuo.

Una experiencia local ante la crisis de residuos

La experiencia del COBAT 05 muestra cómo una institución educativa puede organizar acciones concretas para reducir, separar y aprovechar parte de los residuos que genera. También evidencia que los resultados dependen de la cooperación entre distintos actores y de la continuidad de las prácticas.

Marco Antonio Rodríguez considera que el trabajo realizado en el plantel refleja la posibilidad de construir una gestión integral mediante la participación de docentes, estudiantes, personal administrativo y de intendencia, colectivos comunitarios, asociaciones civiles e investigadores.

El propósito, explicó, es que el aprendizaje adquirido dentro de la institución trascienda sus instalaciones y llegue a los hogares, las familias y otros espacios de convivencia. Es una manera de preparar ciudadanos con conocimientos sobre residuos y con una ética ambiental en la comunidad.

“Hay que iniciar con la separación dentro de los nodos estratégicos de las ciudades, como las escuelas, oficinas públicas, mercados, hoteles, parroquias, etcétera. Una vez que se consolida la separación, se inician los planes de prevención y de minimización de residuos no reciclables. Pero más importante es pensar en que las personas que están practicando todos los días estas acciones pueden llevarlas a los hogares, con los familiares, amigos y vecinos; es decir, se está formando un sujeto social capaz de actuar dentro de la comunidad ante un problema complejo”

 

Para el investigador, el COBAT 05 es una muestra de ese proceso colectivo. En sus palabras, se trata de una experiencia en la que participan personas con distintas responsabilidades, pero con un objetivo común: cooperar para construir una nueva forma de gestión integral de los residuos desde los espacios vitales de la comunidad.

Basura Cero

En ese sentido, señaló que, ante la crisis de basura que enfrenta Tlaxcala, es importante difundir este tipo de iniciativas en otros espacios vitales de las ciudades, especialmente en aquellos donde se generan grandes cantidades de residuos. Ya que a través de procesos cooperativos entre instituciones públicas, asociaciones civiles, grupos comunitarios e investigadores locales se puede construir una forma de gestión integral de residuos justa, responsable, cooperativa, de aprendizaje mutuo y funcional desde el propio territorio.

En Tlaxcala, donde la saturación de los sitios de disposición final ha puesto en evidencia las limitaciones del manejo de la basura, experiencias como la del COBAT 05 ofrecen una alternativa desde el origen del problema. No resuelven por sí solas la crisis estatal, pero muestran que es posible reducir la generación de residuos y recuperar materiales cuando existen organización, infraestructura y participación colectiva.


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Tras reportaje de Callaghan, CFJG pone el foco en los hombres que pagan por sexo

Tlaxcala, Tlax.- La discusión sobre la trata de personas con fines de explotación sexual también plantea la necesidad de examinar el papel de los hombres que pagan por sexo y la demanda que contribuye a sostener este fenómeno. En entrevista con Escenario Tlaxcala, integrantes del Centro Fray Julián Garcés (CFJG) señalaron que analizar las masculinidades y la responsabilidad de los consumidores permite ampliar la mirada sobre las dinámicas de explotación sexual y la violencia contra las mujeres.

Esta discusión cobra relevancia tras la segunda entrega de la periodista Louise Callaghan, del medio británico The Sunday Times, publicada el pasado 17 de octubre, en la que documentó la trata de personas con fines de explotación sexual en Tlaxcala mediante testimonios de víctimas y antecedentes judiciales en Tenancingo, además de cuestionar a autoridades estatales y federales sobre la persistencia de este delito.

En los días previos a la publicación, Callaghan acudió al Diálogo Circular, encabezado por el coordinador de Comunicación del Gobierno estatal, Antonio Martínez Velázquez, y a la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. En ambos encuentros cuestionó a Martínez Velázquez y a la titular de la Secretaría de las Mujeres, Nydia Cano, sobre los casos de trata que persisten en Tlaxcala. Ante Sheinbaum Pardo, abordó la situación de las personas sobrevivientes y la atención que recibe esta problemática. De acuerdo con lo retomado en la nota, desde la oficina del Gobierno federal se afirmó que el «número oficial de casos de trata» era «cero».

Masculinidades que normalizan la violencia contra las mujeres

Marisol Flores García, directora del Centro Fray Julián Garcés (CFJG), señaló que existe una construcción patriarcal que coloca a las mujeres en desventaja, mientras que la masculinidad hegemónica normaliza las prácticas que permiten violentarlas, prostituirlas y consumirlas.

Aseguró que esta problemática no es exclusiva de Tlaxcala, sino que responde a estructuras presentes en distintas partes del mundo, en las que se normaliza la violencia contra las mujeres. En ese sentido, cuestionó que, cuando una mujer sufre violencia, la atención no siempre se dirige hacia quien la ejerce, sino que puede derivar en su revictimización. Asimismo, señaló que los hombres que solicitan prostitución no suelen ser objeto del mismo cuestionamiento social, incluso por parte de otros hombres.

Hombres que pagan por sexo, una responsabilidad poco discutida

Por su parte, Emilio Berruecos, integrante del Centro Fray Julián Garcés (CFJG), señaló que «desde la cultura patriarcal concebimos a las mujeres como objeto de placer». Esta concepción, explicó, contribuye a tratarlas como mercancías y no como iguales, al tiempo que normaliza mecanismos de control, violencia y dominio sobre sus cuerpos y decisiones.

A esta visión se suma la invisibilización de los consumidores. De acuerdo con los integrantes del CFJG, la discusión pública suele centrarse en la atención a las víctimas y la persecución de los tratantes, mientras que «poco se habla e incluso se minimiza la participación de los hombres que consumen los cuerpos de las mujeres». Esto, señalaron, limita el cuestionamiento social sobre el ejercicio de la masculinidad y la responsabilidad de quienes pagan por sexo.

Berruecos destacó que la responsabilidad suele recaer en las propias víctimas, a quienes se les atribuye la obligación de cuidarse, mientras que el comportamiento de los hombres no recibe el mismo cuestionamiento. En este contexto, describió al consumidor como un «rostro oculto», cuya presencia atraviesa distintos espacios, desde localidades y municipios hasta diversos «estratos sociales».

En esta misma línea, Flores García sostuvo que la trata se mantiene, entre otros factores, por los «hombres que solicitan prostitución», a quienes identificó como «consumidores o prostituyentes». Berruecos agregó que, dentro de la cultura patriarcal, el consumo sexual no suele concebirse como una relación de violencia o explotación, sino como «un derecho que nos damos en el patriarcado», una demanda que, desde su perspectiva, sostiene y dinamiza las redes de trata.

Ambos señalaron que esta práctica puede llegar a tolerarse e incluso asociarse con el estatus, el ego o el reconocimiento entre pares. Como ejemplo, aludieron a expresiones utilizadas para presionar o ridiculizar a otros hombres, como; «¿O te pega tu mujer? […] ¿Tienes que pedir permiso? ¿Mandilón?».

Para los integrantes del CFJG, estas dinámicas constituyen una expresión de la masculinidad hegemónica y pueden convertir el acceso pagado al cuerpo de las mujeres en una forma de ostentar poder adquisitivo, dominio y prestigio entre hombres.

En ese sentido, Berruecos planteó que se requiere una «pinza doble» para enfrentar estas prácticas: la sanción jurídica y la sanción social. Es decir, que la respuesta no dependa únicamente de las disposiciones legales, sino también de un cuestionamiento colectivo hacia los hombres que participan en dinámicas de explotación y violencia contra las mujeres.

Reeducar las masculinidades para prevenir la violencia

Los integrantes del Centro Fray Julián Garcés (CFJG) consideraron que, si bien las acciones gubernamentales se han orientado a la atención de las víctimas y la persecución de los victimarios, también es necesario prestar atención a quienes consumen servicios sexuales en contextos de trata. Señalaron que, sin modificar las prácticas y las construcciones culturales sobre la masculinidad, así como abordar la responsabilidad de los consumidores mediante medidas legales y procesos de reeducación, el problema persistirá.

Ante ello, el CFJG propuso impulsar un programa educativo de prevención en entornos escolares, enfocado en la construcción de masculinidades no violentas. Emilio Berruecos señaló que, en abril, entregaron a la Unidad de Género y Cultura de Paz de la Secretaría de Educación Pública (SEP) una propuesta para desarrollar este tipo de intervención como un proceso reeducativo. Enfatizó que el Gobierno estatal cuenta con herramientas para promover cambios culturales que no se limiten a la trata, sino que también contribuyan a prevenir la violencia contra las mujeres.

Los entrevistados señalaron que esta transformación no depende únicamente de las políticas públicas, sino también de cambios sociales y culturales. Por ello, plantearon la posibilidad de construir una agenda conjunta entre la sociedad civil, la academia y los medios de comunicación para cuestionar el consumo sexual y las prácticas que normalizan la violencia. Berruecos sostuvo que la responsabilidad hacia los hombres ha quedado relegada y que uno de los retos es generar mecanismos sociales para cuestionar las distintas formas de violencia que ejercen contra las mujeres.

Por su parte, Flores García consideró que los procesos de reeducación pueden contribuir a transformar los entornos masculinos y propiciar otras formas de ejercer la masculinidad. Para los integrantes del CFJG, el desafío consiste en promover masculinidades distintas, no violentas, y articular este objetivo con una agenda pública que involucre a actores políticos, medios de comunicación, academia y sociedad civil.

Al concluir la entrevista, Berruecos planteó una pregunta dirigida a los hombres que consumen los cuerpos de mujeres en situación de trata «Como hombres, desde nuestra masculinidad, ¿seríamos capaces de vivir lo que las mujeres viven?». Y añadió que, si la respuesta es negativa, es necesario reconocer que existe una situación de violencia y una cuestión de injusticia, aunque, «como hombres», nos resulte difícil verbalizarlo.


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#JusticiaKarina Familia exige investigación como feminicidio; señalan falta de acceso a la carpeta y revictimización mediática

  • Karina N. fue hallada sin vida el 15 de octubre en un domicilio de Nativitas, Tlaxcala. Su familia busca que el caso, actualmente clasificado como homicidio, se investigue como posible feminicidio. El Colectivo Mujer y Utopía señala que las víctimas indirectas tienen derecho a conocer la investigación y cuestiona que la versión pública de un hombre cercano a la joven haya dominado la conversación sobre su muerte.

Tlaxcala, Tlax. La familia de Karina N., abogada localizada sin vida el pasado 15 de octubre en Nativitas, Tlaxcala, exige que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) esclarezca las circunstancias de su muerte y la investigue como posible feminicidio. Aunque sus familiares ya acudieron a la institución y cuentan con el número de la carpeta, el caso continúa clasificado como homicidio y no ha sido reclasificado.

En entrevista, familiares de Karina señalaron que buscan acceder a la carpeta de investigación para conocer las diligencias ministeriales y los resultados periciales, y así dar seguimiento al esclarecimiento de su muerte. También cuestionaron que medios de comunicación difundieran la versión de una posible broncoaspiración como explicación de su fallecimiento, pese a que, según indicaron, no se les ha presentado un dictamen oficial que confirme esa causa de muerte.

A las dudas sobre la investigación se suma la difusión de la versión de Armando N., el hombre que estaba con Karina el día que perdió la vida. Para Edith Méndez, integrante del Colectivo Mujer y Utopía, el tratamiento mediático de estos casos puede revictimizar a las mujeres cuando privilegia versiones sobre su vida privada y deja en segundo plano las pruebas, los derechos de sus familiares y la exigencia de justicia.

Familia de Karina no tiene acceso a la carpeta de investigación, pese a que es su derecho

A cinco días del fallecimiento de Karina N., sus familiares informaron a Escenario Tlaxcala que, aunque ya acudieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y cuentan con el número de la carpeta de investigación, no han podido acceder a su contenido para conocer las diligencias ministeriales, los peritajes y las pruebas recabadas. La carpeta permanece clasificada como homicidio y, hasta el momento, no ha sido reclasificada como feminicidio.

Edith Méndez, directora del Colectivo Mujer y Utopía, explicó que las víctimas indirectas tienen derecho a solicitar acceso a la carpeta de investigación para conocer las actuaciones incorporadas al expediente y dar seguimiento al caso. En ese sentido, señaló que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, la Fiscalía tiene la obligación de garantizar a las víctimas indirectas el acceso a la carpeta de investigación y proporcionarles información sobre las actuaciones realizadas para esclarecer los hechos. Negar este derecho representa una vulneración de los derechos de las víctimas, obstaculiza su participación en el proceso y genera revictimización.

La defensora señaló que la familia puede solicitar la consulta de la carpeta y tomar fotografías de las actuaciones, conforme a las disposiciones aplicables. Sin embargo, pese a contar con el número de expediente y haber acudido a la institución, los familiares de Karina aún no han podido acceder a la información que necesitan para conocer el avance de la investigación, una situación que, de acuerdo con lo referido por la familia, la propia Fiscalía conoce.

Entre la información que buscan revisar están los resultados de la necropsia y de los estudios médico-forenses, las declaraciones recabadas y las diligencias para reconstruir las últimas horas de Karina. Estos elementos son relevantes para esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar qué pruebas sustentan la clasificación actual del caso.

Los familiares también informaron que cuentan con asesoría jurídica y que recibieron orientación inicial de la Secretaría de las Mujeres. Su exigencia es que la Fiscalía investigue la muerte de Karina con perspectiva de género y contemple las razones de género del tipo penal del feminicidio.

Por su parte, Méndez señaló que el Código Penal de Tlaxcala contempla elementos para investigar las muertes violentas de mujeres como posibles feminicidios. En este caso, explicó que el video difundido por Armando N., quien estuvo con Karina antes de que fuera localizada sin vida, puede aportar elementos relevantes para la investigación, particularmente porque en su declaración pública hizo referencia a la relación de confianza que mantenía con ella.

Aunque la existencia de esta relación no determina por sí sola que se trate de un feminicidio, Méndez señaló que es un elemento que las autoridades deben valorar junto con el resto de las pruebas y las circunstancias del fallecimiento, a fin de investigar esta hipótesis y determinar si existen elementos para integrar el caso como feminicidio.

La muerte de Karina debe investigarse con perspectiva de género

Méndez señaló que las muertes violentas de mujeres deben investigarse con perspectiva de género desde las primeras diligencias. Este criterio se relaciona con los parámetros establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015, en el caso de Mariana Lima Buendía, que establecieron la obligación de investigar las muertes violentas de mujeres con ese enfoque.

Esto no significa que toda muerte de una mujer deba clasificarse automáticamente como feminicidio. Implica que las autoridades deben explorar esa hipótesis desde el inicio y realizar las diligencias necesarias para determinar si existen razones de género, sin descartarla de manera anticipada.

En el caso de Karina, sus familiares exigen que la Fiscalía valore todas las circunstancias del fallecimiento y explique qué actuaciones ha realizado para esclarecerlo. La carpeta permanece clasificada como homicidio y, de acuerdo con sus familiares, no ha sido reclasificada como feminicidio.

La broncoaspiración no ha sido confirmada oficialmente ante la familia

Tras la muerte de Karina, Armando N., quien estaba con ella antes de que fuera localizada sin vida, difundió un video en el que presentó su versión de los hechos y planteó la posibilidad de una broncoaspiración.

Sin embargo, familiares de Karina señalaron a Escenario Tlaxcala que esa explicación correspondió a lo que Armando manifestó ante las autoridades y que no les ha sido presentada como una conclusión oficial sustentada en los estudios médico-forenses.

La familia también refirió información relacionada con el grado de intoxicación de Karina. No obstante, hasta el momento no se cuenta con un resultado toxicológico oficial consultado que permita establecer la causa de muerte. Por ello, los familiares buscan conocer los resultados de la necropsia y de los demás análisis periciales para que se esclarezca qué ocurrió.

La detención de Armando no esclarece por sí misma la muerte de Karina

Armando N. fue detenido el sábado y trasladado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tlaxcala. De acuerdo con información difundida por medios de comunicación, la detención habría ocurrido tras el presunto hallazgo de armas de fuego y narcóticos durante diligencias en el domicilio donde Karina fue encontrada sin vida.

Tres días después, el 20 de octubre, su abogado, Carlos David, informó que quedó en libertad, bajo el argumento de que no existía un delito que justificara mantenerlo detenido. Esto pese a que la muerte de Karina N. fue clasificado como homicidio.

Edith Méndez, señaló que, si la detención estuvo relacionada con el posible homicidio de Karina, es necesario considerar que este delito se encuentra en el catálogo de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Por ello, consideró fundamental que las autoridades aclaren si existió una relación entre la detención y la investigación por la muerte de la abogada, así como las razones jurídicas de su liberación.

Hasta el momento, la información disponible no permite afirmar que Armando haya sido detenido por la muerte de Karina ni establecer una relación directa entre esa detención y la investigación por el fallecimiento.

La revictimización mediática desplaza la exigencia de justicia

Tras difundirse el video de Armando, distintos medios de comunicación retomaron su versión sobre las circunstancias en las que Karina fue encontrada sin vida. Para Edith Méndez, directora del Colectivo Mujer y Utopía, reproducir estas declaraciones sin contrastarlas con otras fuentes representa una forma de revictimización hacia Karina y su familia, especialmente porque todavía existe incertidumbre sobre las condiciones de su muerte.

“Lo que hace es revictimizar a Karina, haciendo aseveraciones sobre las condiciones alrededor de la muerte, generando un imaginario de lo que era el estilo de vida de Karina”

La activista advirtió que las declaraciones difundidas pueden construir una narrativa que termine justificando, de alguna manera, la muerte de Karina, al centrar la atención en sus supuestas conductas y decisiones personales, en lugar de esclarecer qué ocurrió.

“Las aseveraciones que da terminan justificando de alguna manera su muerte y generan, insisto, un imaginario sobre las conductas de Karina”

Asimismo, Méndez subrayó que esos juicios no deben determinar la actuación de las autoridades ni condicionar la investigación. Recordó que las muertes violentas de mujeres deben investigarse con perspectiva de género y que, cuando no existe certeza sobre las circunstancias del fallecimiento, es necesario agotar las líneas de investigación pertinentes. En ese sentido, consideró que las declaraciones difundidas en el video deben contrastarse con la información que posee la familia y con las diligencias ministeriales.

La directora de Mujer y Utopía también advirtió que la reproducción mediática de versiones no corroboradas puede afectar el desarrollo de las investigaciones.

“Que los medios desafortunadamente lo estén divulgando, lo estén reproduciendo, pues es una forma de victimización o que además pueden entorpecer las investigaciones que se estén realizando en la Fiscalía”

Hasta el cierre de esta nota, la investigación sobre la muerte de Karina continúa en proceso y sus familiares aseguran que aún no tienen acceso al contenido de la carpeta de investigación. Por su parte, colectivos feministas se pronuncian en redes sociales sobre el caso y exigen transparencia y esclarecimiento en la muerte de la abogada.


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Crisis de basura en Tlaxcala se volverá crisis ambiental al saturar barrancas: Yaocalli AC

Tlaxcala, Tlax.- La crisis de basura en Tlaxcala se hizo visible este sábado 16 de octubre, cuando decenas de camiones recolectores formaron largas filas a las afueras del relleno sanitario de Atlangatepec, que permaneció cerrado durante varios días y provocó afectaciones al servicio de recolección. Ante esta situación, diversos municipios difundieron comunicados en redes sociales para pedir a la población que evitara arrojar residuos en barrancas y espacios públicos.

La acumulación de desechos y las dificultades para recolectarlos reavivaron una preocupación, ¿qué ocurre cuando la basura termina en las barrancas? Como se documentó en una nota previa, estos espacios también enfrentan el riesgo de convertirse en tiraderos improvisados. Sin embargo, arrojar residuos en ellos no resuelve el problema, sino que traslada sus consecuencias al suelo, al agua y a las comunidades cercanas.

En entrevista con Escenario Tlaxcala, Lucía Castillo, directora de Yaocalli Centro de Estudios y Acción Social, advirtió sobre los impactos ambientales que puede generar esta práctica y la necesidad de cuestionar el manejo de los residuos más allá de su recolección. A estos riesgos se suma el marco legal estatal, que contempla sanciones por abandonar basura en barrancas y otros sitios no autorizados. La problemática también plantea una pregunta de fondo, ¿hacia dónde va nuestra basura después de desecharla?

Barrancas contaminadas: lixiviados, riesgos para la salud y zonas de sacrificio

La basura que termina en las barrancas no desaparece ni queda aislada del entorno. Con la lluvia y la descomposición de los residuos pueden generarse lixiviados, líquidos que transportan contaminantes y que, dependiendo de las condiciones del suelo, pueden filtrarse hacia el subsuelo y afectar la calidad del agua de pozos y manantiales.

Lucía Castillo, directora de Yaocalli A.C., explicó que los residuos también pueden incorporar metales, sustancias químicas e incluso microplásticos al suelo y al agua. Esto representa un riesgo para las zonas agrícolas cercanas, pues los contaminantes pueden entrar en contacto con los cultivos y, eventualmente, incorporarse a la cadena alimentaria.

La especialista advirtió que los efectos de la contaminación pueden acumularse con el tiempo. En el caso de los metales pesados, la exposición depende del tipo de sustancia, su concentración y la duración del contacto; por ello, conocer los impactos reales en la salud de las comunidades requiere estudios sobre la calidad del agua, el suelo y las condiciones sanitarias de las poblaciones expuestas.

A estos riesgos se suma la posibilidad de que los residuos obstruyan el cauce natural de las barrancas y dificulten el flujo del agua, lo que puede favorecer inundaciones en determinados puntos. Castillo también alertó sobre la quema de basura, una práctica que libera partículas y emisiones contaminantes capaces de afectar la calidad del aire más allá del sitio donde ocurre.

Para la directora de Yaocalli, el problema también debe analizarse desde la justicia socioambiental: mientras algunas personas resienten la acumulación de basura durante unos días en sus calles, otras comunidades pueden convivir durante años con los residuos que se depositan cerca de sus viviendas. Esta distribución desigual de los impactos puede convertir determinados territorios en lo que se conoce como «zonas de sacrificio», donde la población soporta una carga ambiental prolongada.

Deficiencias institucionales y responsabilidades municipales ante la crisis de basura en Tlaxcala

La crisis de recolección también evidencia los retos que enfrentan los municipios para gestionar los residuos y prevenir tiraderos clandestinos. De los 60 municipios de Tlaxcala, únicamente la capital cuenta con un proyecto de Centro de Transferencia en proceso de construcción y trámites, de acuerdo con la información recabada para esta nota.

Al respecto, Lucía Castillo, directora de Yaocalli, señaló que las limitaciones técnicas e institucionales dificultan la atención de problemas ambientales complejos. Ante ello, planteó la necesidad de fortalecer la participación ciudadana y la coordinación entre autoridades y otros sectores para mejorar la gestión de los residuos.

Entre las alternativas, propuso reducir y separar los desechos desde los hogares, aprovechar los materiales reutilizables e incorporar formalmente a las personas recolectoras. Para Castillo, la solución no debe limitarse a retirar la basura de las calles, sino también a garantizar una disposición adecuada y evitar que otras comunidades carguen durante años con sus impactos ambientales.

¿Qué dice la Ley de Residuos de Tlaxcala?

Arrojar basura en barrancas, cañadas y otros sitios no autorizados constituye una infracción sancionada por la Ley de Residuos del Estado de Tlaxcala. El artículo 82, fracción I, establece multas de 5 a 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) por abandonar residuos sólidos en estos espacios. Si los desechos contaminan cuerpos de agua, sistemas de drenaje, alcantarillado o fuentes públicas, la sanción aumenta de 20 a 2 mil UMA; mientras que abrir, operar o autorizar tiraderos a cielo abierto puede castigarse con multas de mil a 5 mil UMA.

Las sanciones pueden aumentar en caso de reincidencia. De acuerdo con el artículo 84, las multas podrán duplicarse y, ante una tercera infracción, la autoridad podrá ordenar la clausura temporal o definitiva de establecimientos, cancelar autorizaciones o aplicar arresto administrativo. Además, el artículo 87 establece que quienes deterioren el ambiente por estas conductas están obligados a reparar los daños ocasionados a los recursos naturales, los ecosistemas y la salud o calidad de vida de la población, independientemente de la multa administrativa.

La legislación también contempla responsabilidades para la recuperación de los sitios contaminados. Conforme al artículo 73, cuando el abandono de residuos contamine el suelo, los responsables deben restaurarlo y recuperar sus condiciones originales o, si esto no es posible, indemnizar por los daños.

En cuanto a la vigilancia, los artículos 13, 14 y 78 facultan a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (PROPAET) y a las autoridades municipales para realizar inspecciones, investigar denuncias y aplicar sanciones. Asimismo, el artículo 70, fracción IV, obliga a los municipios a reportar periódicamente los sitios de abandono clandestino de residuos para integrar el inventario estatal correspondiente.

Por su parte, la investigadora propuso implementar un programa de Basura Cero, enfocado en el tratamiento de residuos desde los hogares. Como ejemplo práctico, planteó el compostaje casero mediante el uso de botes de pintura, en los que se pueden alternar capas de tierra, hojas secas y residuos orgánicos vegetales.

Además, consideró que separar los materiales orgánicos permite reducir la generación de lixiviados y evita que estos se mezclen con plásticos o unicel, lo que aumenta el peso de los desechos y complica su manejo al llegar a los tiraderos.

Al mismo tiempo, destacó la importancia de dignificar al sector recolector. Lucía Castillo afirmó que el sistema actual suele excluir a las personas dedicadas a la recolección de plásticos y metales, manteniéndolas en condiciones de informalidad, invisibilización y precariedad. Ante ello, planteó integrar formalmente a las y los recolectores en la gestión municipal y reconocer su papel clave en la cadena de disposición de residuos.

Por último, señaló la importancia de impulsar una política cultural que involucre activamente a la ciudadanía en la separación de los desechos. Aseguró que esto puede generar hábitos sobre el manejo de la basura y fomentar la responsabilidad y la conciencia social acerca de lo que consumimos. Sobre todo, invitó a preguntarnos, «¿Hacia dónde va nuestra basura?». 


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Fiscalía de Tlaxcala le debe una disculpa pública a Sandra Arana, sobreviviente de tortura

  • Después de casi seis años privada de la libertad, Sandra Arana recuperó su libertad tras dos resoluciones judiciales que reconocieron violaciones a sus derechos humanos. Sin embargo, la investigación por tortura continúa sin avances sustanciales y permanece pendiente el cumplimiento de una recomendación de derechos humanos que contempla una disculpa pública para reivindicar su nombre, así como medidas de reparación integral del daño

Tlaxcala, Tlax. Sandra Arana Aguilar es médica cirujana y tiene sueños y metas por cumplir en el ámbito profesional. Sin embargo, el 25 de agosto de 2020, su vida cambió por completo: fue interceptada por hombres armados y vestidos de civil que posteriormente identificó como agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala. Fue acusada de secuestro y extorsión; su detención dio paso a casi seis años de prisión y a una denuncia por tortura contra la institución encargada de procurar justicia.

De acuerdo con su testimonio y la documentación del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Sandra sufrió tortura física, psicológica y sexual en instalaciones de la Fiscalía vinculadas con la unidad antisecuestro. En junio de 2026 recuperó su libertad, luego de que dos resoluciones judiciales reconocieran violaciones a sus derechos humanos y excluyeran pruebas utilizadas en su contra.

Pero recuperar la libertad no significa que se haya hecho justicia. La investigación por tortura continúa sin avances sustanciales y sigue pendiente el cumplimiento de una recomendación de derechos humanos que contempla una disculpa pública, la investigación de las responsabilidades individuales y la reparación integral del daño.

Recuperó su libertad después de casi seis años, pero el miedo y las consecuencias de la prisión permanecen

Sandra Arana Aguilar permaneció casi seis años en prisión y, aunque en junio de 2026 recuperó su libertad, su vida no volvió a ser la misma. Ahora debe reconstruir su patrimonio, retomar sus proyectos profesionales y encontrar la manera de adaptarse a una libertad que esperó durante años, pero que llegó acompañada de pérdidas e incertidumbre.

“Todavía, pues ahorita estoy sin nada, tengo que empezar de cero y la realidad es que me ha sido muy difícil también volverme a adaptar a la libertad”, contó durante la entrevista para Escenario Tlaxcala. Antes de su detención, Sandra ejercía como médica cirujana y también se dedicaba a la medicina estética. Hoy enfrenta el reto de recuperar su estabilidad económica y profesional después de pasar años lejos de su familia y sin posibilidad de continuar con sus actividades. Asegura que perdió bienes por los que había trabajado durante años y que su vehículo no le fue devuelto.

A las pérdidas materiales se suman las dificultades para encontrar trabajo y recuperar su reputación. Neftalí Pérez, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), explica que las publicaciones difundidas durante su detención, en las que Sandra fue señalada como secuestradora y extorsionadora, siguen teniendo consecuencias.

«Basta con buscar su nombre en internet para encontrar notas que la vinculan con esos delitos, pese a las resoluciones judiciales que permitieron su liberación.»

Para Pérez, el reconocimiento público de las violaciones cometidas contra Sandra es fundamental para que pueda rehacer su vida. La Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala debe ofrecer una disculpa pública y reconocer su responsabilidad institucional.

“Para ella es muy importante que la institución reconozca públicamente que se equivocó y que cometió violaciones graves a sus derechos humanos y que ella estuvo injustamente presa durante seis años para poder rehacer su vida”

La disculpa forma parte de la Recomendación 06/2023 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, aceptada por la Fiscalía, pero cuyo cumplimiento continúa pendiente. De acuerdo con Pérez, la institución debe acordar con Sandra y sus representantes las condiciones del acto —como el lugar, la fecha, las personas participantes y el mensaje— para que tenga un sentido reparador.


Abrir o consultar el documento en Google Drive

Pérez recalca que no se trata únicamente de un acto simbólico, sino también de rectificar públicamente el daño causado a su reputación y reconocer que permaneció injustamente privada de la libertad durante casi seis años. El reconocimiento institucional puede contribuir a contrarrestar las acusaciones que todavía aparecen en internet y que obstaculizan su intento de recuperar su vida profesional.

La reparación también requiere que avance la investigación por tortura. Pérez señala que la carpeta iniciada en la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura lleva alrededor de tres años sin avances sustanciales, pese a que existen dictámenes médicos y psicológicos elaborados conforme al Protocolo de Estambul, testimonios y registros de llamadas al 911. El Centro Prodh exige que la investigación llegue ante un juez y que se determinen las responsabilidades individuales de los agentes y del Ministerio Público señalados.

«No pueden continuar con el pacto de impunidad en el estado de Tlaxcala, porque esto es enviar un mensaje de que las autoridades pueden torturar a quien se les cruce por la calle y que no van a tener ningún tipo de consecuencia.»

A la investigación se suma la reparación integral del daño, que debe contemplar atención médica y psicológica, rehabilitación y compensación económica. Pérez advierte que estos procedimientos pueden prolongarse entre dos y tres años, un tiempo especialmente difícil para alguien que pasó casi seis años sin trabajar, lejos de su entorno y que ahora necesita recursos para sostenerse y reconstruir su vida.

La documentación de las violaciones denunciadas también requirió años de trabajo fuera de la prisión. Durante el encarcelamiento de Sandra, su madre, Gloria Elvira Aguilar Álvarez, buscó testigos, reunió información y acudió constantemente ante las autoridades para reconstruir lo ocurrido y mantener activa la exigencia de justicia.

Gloria, la persistencia detrás de la Recomendación 06/2023 y el éxito del C5i

Durante tres años, Gloria Elvira Aguilar Álvarez, madre de Sandra, acudió semanalmente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala para preguntar por el avance del expediente, aportar pruebas y exigir que se investigaran las violaciones que su hija denunció. Su trabajo fue determinante para documentar el caso y contribuir a la emisión de la Recomendación 06/2023.

Neftalí Pérez, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), reconoce que cuando la organización conoció a la familia, en 2023, Gloria ya había reunido una parte importante de las pruebas. Recorrió el lugar donde Sandra fue detenida, habló con comerciantes y vecinos y consiguió el testimonio de dos personas que presenciaron los hechos.

Una de sus principales gestiones fue insistir en la obtención de los registros del C5i relacionados con las llamadas al 911. Esos datos permitieron contrastar la versión de los agentes sobre la hora de la detención con la información documentada y evidenciar inconsistencias en el relato oficial. La búsqueda de esos registros fue parte del trabajo de investigación que Gloria sostuvo para reconstruir lo ocurrido y aportar elementos que respaldaran la denuncia de su hija.

Su labor no se limitó a presentar escritos. Buscó testigos, reunió información, dio seguimiento a las actuaciones de las autoridades y acudió de manera constante a la Comisión para evitar que el expediente quedara detenido. De acuerdo con Pérez, Gloria fue una pieza fundamental en la documentación del caso: “Sin ella no se hubiera podido o hubiera tardado mucho tiempo más”.

La Recomendación 06/2023, emitida en noviembre de ese año, reconoció violaciones a los derechos humanos de Sandra. Sin embargo, el documento no significó el fin de la exigencia de justicia ni sustituyó las investigaciones penales. La madre continuó insistiendo en que se investigara la tortura denunciada y se determinaran las responsabilidades correspondientes.

Sandra también reconoce que su libertad está ligada a la perseverancia de su mamá. Desde prisión, sus posibilidades de actuar eran limitadas y la comunicación con el exterior representaba una dificultad. Cuando pudo contarle lo que había ocurrido durante su detención, le pidió ayuda. Sandra redactó su primer escrito dirigido a derechos humanos y Gloria se encargó de llevarlo y darle seguimiento.

“Durante todo este tiempo, básicamente fue eso: ella durante todos estos años fue quien luchó por mi libertad, luchó por su hija”, relató Sandra.

Para ella, el acompañamiento de su madre no solo significó mantener activo el expediente, sino contar con alguien que creyera en su versión y no dejara de buscar respuestas. Sandra recuerda que la fortaleza y la perseverancia de Gloria también la ayudaron a sobrellevar el encierro: “Su amor siempre prevaleció, su fortaleza, su perseverancia y gracias a todo eso, pues a mí me transmitió ese mismo sentir para que yo adentro también pudiera estar tranquila y estar bien”.

Gloria resumió la razón que sostuvo su lucha durante años: “Yo he luchado hasta el final porque la conozco, porque es mi hija y porque la amo y porque sé que es inocente”.

Su trabajo permitió reconstruir aspectos de la detención, localizar testimonios y gestionar información relevante, incluidos los registros del C5i sobre las llamadas al 911. Esa labor contribuyó a documentar las irregularidades denunciadas y a reunir elementos que después fueron relevantes en los procesos judiciales. La liberación de Sandra, en junio de 2026, fue resultado de resoluciones judiciales; la documentación impulsada por su madre formó parte de una búsqueda de justicia que se prolongó durante años.

Las irregularidades documentadas en la detención de Sandra también obligan a revisar la actuación de la unidad antisecuestro de la Fiscalía de Tlaxcala, señalada en su denuncia por los actos de tortura que sufrió. Estas corporaciones fueron creadas para investigar delitos de alto impacto, pero su actuación debe apegarse a la ley y respetar los derechos humanos.

Unidades antisecuestro: especialización bajo cuestionamiento

Las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro (UECS) surgieron como parte de la Estrategia Nacional e Integral contra el Delito de Secuestro, presentada en septiembre de 2008, para fortalecer la investigación de este delito. A finales de 2009 se establecieron 32 unidades, una por entidad federativa, con personal policial, ministerial y pericial especializado. Tlaxcala se incorporó a esta estrategia federal y, en octubre de 2019, publicó un acuerdo para reestructurar su unidad especializada y convertirla en Fiscalía Especializada en el Combate al Secuestro.

Sin embargo, las corporaciones encargadas de investigar secuestros también han sido señaladas por presuntos actos de tortura contra mujeres detenidas. Los señalamientos incluyen violencia física y sexual durante la detención y la custodia ministerial, así como irregularidades en los procedimientos que dieron origen a procesos penales.

Para Neftaly Pérez Rodríguez, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), explicó que estas prácticas no pueden entenderse únicamente como actuaciones aisladas de algunos agentes, sino dentro de una política de persecución del secuestro que toleró el uso de la tortura como método de investigación.

“Entre todas estas unidades, la tortura en algún momento fue como bien vista, como una herramienta más”

Un antecedente está documentado en el Informe Especial IE-03/2021 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la CNDH, elaborado a partir de visitas a centros penitenciarios de Veracruz. De las 69 mujeres entrevistadas, 38 refirieron malos tratos por parte de autoridades y cuatro señalaron a agentes de la Fiscalía de Combate al Secuestro como probables responsables.

En Tlaxcala, Sandra Arana denunció haber sufrido tortura física, psicológica y sexual en instalaciones de la Fiscalía vinculadas con la unidad antisecuestro. De acuerdo con Pérez Rodríguez, durante las horas en que permaneció bajo custodia fuera del registro oficial de su detención, agentes ministeriales la torturaron y presuntamente sembraron un teléfono celular que después fue utilizado como prueba en su contra. Los registros del C5 y las llamadas al 911 fueron fundamentales para cuestionar la versión oficial y acreditar irregularidades en la detención.

El caso de Sandra muestra que recuperar la libertad no pone fin a las consecuencias de las violaciones denunciadas ni sustituye la obligación del Estado de investigarlas y repararlas. El Colectivo Mujer y Utopía, el Centro Fray Julián Garcés y el Centro Prodh, organizaciones que han acompañado su búsqueda de justicia, exigen que la Fiscalía avance en la investigación por tortura, determine las responsabilidades correspondientes y cumpla la Recomendación 06/2023, incluida la disculpa pública.

Para estas organizaciones, reconocer institucionalmente las violaciones a sus derechos humanos, reparar el daño y esclarecer los hechos son pasos indispensables para que Sandra pueda reconstruir su vida.

«La fiscalía tiene que ofrecer una disculpa pública a Sandra lo antes posible. Llevan incumplimiento más de 3 años desde que fue emitida la recomendación. ¿por qué es esto? Pues porque no hay voluntad política por parte de la fiscalía.»

Para Neftaly Pérez, la liberación de Sandra no basta para reparar las consecuencias de casi seis años de prisión. Recuperar su estabilidad económica y reconstruir su trayectoria profesional también requiere que la Fiscalía reconozca las violaciones a sus derechos humanos y asuma las responsabilidades pendientes.


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Parque vehicular y rentas en Tlaxcala capital: la disputa por el espacio público

Tlaxcala, Tlax.- Durante más de tres décadas, Rosie, una estilista del centro de Tlaxcala ha observado el crecimiento urbano y del parque vehicular en la capital del estado. Durante este tiempo, ha visto la apertura de múltiples negocios. Con el paso del tiempo, también ha visto la llegada de nueva gente, entre ellos, una mayor cantidad de personas que fluyen en las primeras cuadras de la capital, aunque no siempre se ha traducido en más clientes. 

Para ella, una comerciante con 31 años de experiencia, mantener un establecimiento en el centro implica enfrentar rentas cada vez más elevadas, tráfico, calles cerradas y una disponibilidad limitada de estacionamientos, condiciones que se dificultan cada vez más, además de que la llegada de clientes no siempre es la misma.

A esta situación se suman las inundaciones durante la temporada de lluvias, los costos de los trámites para operar y las restricciones para colocar anuncios físicos en el centro histórico. En su conjunto, estas acciones representan obstáculos que plantean una pregunta sobre las condiciones para sostener la actividad comercial en una zona donde la ubicación puede ser una ventaja, pero también representa un costo y un desafío cotidiano.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Tlaxcala registró 739 mil 930 vehículos de motor, de los cuales el 98.6 por ciento corresponde a unidades particulares. En cuanto a la población, la entidad alcanzó 1 millón 419 mil 482 habitantes, un incremento de 76 mil 505 personas (5.7%) respecto a 2020, según la Encuesta Intercensal 2025. 

Aunque estas cifras corresponden al ámbito estatal, permiten dimensionar el contexto demográfico y vehicular en el que se inserta Tlaxcala capital, donde la concentración de comercios, servicios y desplazamientos cotidianos plantea retos sobre la movilidad y las condiciones para sostener la actividad comercial.

 Cuando llegar al centro se vuelve difícil

“Cuando hacen sus cierres de calles o cuando se inundan las calles es algo fatal, pues ahí vemos que la gente se desespera y ya no quiere bajar al centro”, relató Rosie sobre las dificultades que enfrenta para mantener su negocio en el primer cuadro de Tlaxcala capital.

También compartió que los cierres viales, el tráfico y la disponibilidad limitada de estacionamientos complican el acceso a la zona comercial. A ello se suma que algunos estacionamientos cierran temprano, lo que reduce las opciones para quienes buscan realizar compras o contratar servicios en el centro.

Durante las lluvias recientes, las inundaciones han agravado estas dificultades. Según Rosie, cuando las calles se “inundan”, algunas personas prefieren permanecer en zonas aledañas antes que trasladarse al primer cuadro, una situación que, desde su experiencia, repercute en la llegada de clientes a los establecimientos.

De acuerdo con datos del INEGI, en 2025 caminar fue el principal medio de traslado de la población estudiantil, con 56.3%, mientras que el 81.7% tardaba 30 minutos o menos en llegar a su institución educativa. Sin embargo, el 25.1% de los estudiantes asistía a un plantel ubicado en un municipio distinto al de su residencia, frente al 24.4% registrado en 2020.

En el ámbito laboral, el transporte público colectivo —que incluye trolebús, camión, autobús, combi o colectivo— fue el principal medio de traslado, con 38.6%. Asimismo, el 53.8% de la población ocupada tardaba 30 minutos o menos en llegar al trabajo. Aunque la proporción de personas que laboraban en un municipio distinto al de su residencia descendió de 34.7% en 2020 a 33.6% en 2025, los datos muestran que una parte de la población continúa desplazándose fuera de su municipio para trabajar.

Estas cifras ofrecen un panorama de los cambios en la movilidad cotidiana de Tlaxcala. Aunque el transporte público colectivo —que incluye camión, autobús, combi y otros servicios— continúa como el principal medio de traslado al trabajo, su proporción disminuyó del 40%  en 2020 al 38.6% en 2025, lo cual representa una reducción de 1.4 puntos porcentuales.

También disminuyó la proporción de personas que se trasladan caminando o en bicicleta. Los desplazamientos a pie pasaron de 35.6% en 2020 a 32.6% en 2025, una reducción de tres puntos porcentuales. En el caso de la bicicleta, la proporción descendió de 6.7 a 5.3%, equivalente a una disminución de 1.4 puntos porcentuales.

En contraste, aumentó la proporción de personas que utilizan vehículos motorizados. El automóvil particular pasó de 17.5% en 2020 a 20.7% en 2025, lo cual representa un incremento de 3.2 puntos porcentuales. Mientras que la motocicleta también registró un aumento, al pasar de 2 a 4.6%, y aunque el transporte de personal creció, este fue de 6.6 a 7.7%. El taxi, por su parte, pasó de 0.4 a 0.7%.

En conjunto, los datos muestran una disminución en la proporción de personas que se trasladan caminando, en bicicleta o mediante transporte público colectivo, frente a un aumento en el uso de vehículos motorizados. A esta tendencia se suma la percepción de comerciantes y habitantes de que el incremento de automóviles en Tlaxcala capital dificulta la circulación y desincentiva la llegada al centro, donde el tráfico y las complicaciones para acceder pueden llevar a algunas personas a preferir las zonas periféricas.

Estas condiciones no solo plantean desafíos para la movilidad, sino también para quienes dependen del transporte público, cuyas deficiencias, de acuerdo con los testimonios recabados, podrían influir en la decisión de optar por medios privados, percibidos como más cómodos y eficaces.

Tlaxcala supera la media nacional de vehículos por habitante

El parque vehicular registrado en México ha mantenido una tendencia de crecimiento a largo plazo. De acuerdo con la serie de Vehículos de Motor Registrados en Circulación (VMRC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el país pasó de 5.76 millones de unidades en 1980 a 65.62 millones en 2025. Esto representa un incremento de 59.86 millones de vehículos, equivalente a un crecimiento acumulado de 1,039.2%. En 45 años, el registro nacional se multiplicó aproximadamente 11.4 veces.

En Tlaxcala, la proporción de vehículos registrados respecto a la población también supera el promedio nacional. La entidad contabilizó 522 vehículos por cada mil habitantes, frente a 503 a nivel nacional, una diferencia de 19 unidades por cada mil habitantes, considerando el indicador estatal que se encuentra alrededor de 3.8% por encima de la media. Para el mismo periodo, el INEGI registró 739 mil 930 vehículos de motor en la entidad, mientras que la población estatal alcanzó 1 millón 419 mil 482 habitantes.

La relación equivale a aproximadamente un vehículo registrado por cada 1.92 habitantes en Tlaxcala, frente a uno por cada 1.99 habitantes en el país. Sin embargo, este indicador no representa por sí solo el porcentaje de personas que posee un automóvil, si puede responder al aumento de vehículos que transitan la capital así como sus vías de comunicación más importantes. 

Al desglosar el registro estatal por clase de vehículo, los automóviles sumaron 499 mil 299 unidades, equivalentes al 67.5% del total. Le siguieron las motocicletas, con 125 mil 255 registros (16.9%); los camiones y camionetas para carga, con 109 mil 823 (14.8%), y los camiones para pasajeros, con 5 mil 553 unidades. Esta composición permite observar el peso de los automóviles y el volumen de motocicletas dentro del parque vehicular registrado en la entidad.

En comparación con otras entidades y con base a los datos generados por este medio, Tlaxcala se ubica en el lugar 17 de 32 estados por número de vehículos registrados por cada mil habitantes.

Si bien, no figura entre las cinco entidades con mayor proporción, encabezadas por Michoacán, con 742 unidades; Baja California Sur, con 734; Ciudad de México, con 720; Estado de México, con 647, y Sonora, con 641. El estado se encuentra entre entidades como Zacatecas y Guerrero. Asimismo, en el extremo inferior se encuentran Puebla, con 217 vehículos por cada mil habitantes; Hidalgo, con 239; Chiapas, con 262; Oaxaca, con 319, y Veracruz, con 347.

Rentas al alza y negocios en disputa

El aumento de las rentas comerciales se ha convertido en otra dificultad para quienes mantienen establecimientos en el centro histórico de Tlaxcala. En entrevista con Escenario Tlaxcala, un locatario del centro señaló que los precios de los locales han aumentado entre 5 y 10%, algo que atribuye al flujo de personas en el primer cuadro y a la especulación inmobiliaria. Sin embargo, la afluencia no siempre se traduce en mayores ganancias, pues los costos de operación, las dificultades para acceder a la zona y las exigencias administrativas reducen el margen para sostener los negocios.

De acuerdo con el entrevistado, estas condiciones han contribuido a que algunos comerciantes busquen otros municipios para establecerse, mientras varios locales permanecen vacíos tanto en el mercado como en el primer cuadro de la capital. También señaló que las restricciones y los requerimientos asociados a la conservación del centro histórico representan desafíos para la actividad comercial. A ello se suma la apertura de establecimientos informales, entre ellos restaurantes-bar que operan desde viviendas particulares, según su testimonio.

La preocupación por los cambios urbanos también se ha expresado en redes sociales. Una publicación de Aldo Castillo, codirector de Escenario Tlaxcala, abrió una conversación sobre el crecimiento de la población, la congestión vial y la posibilidad de que la capital experimente procesos de gentrificación. Entre las respuestas, usuarios relacionaron el aumento de los anuncios de renta y venta con precios más elevados, así como el encarecimiento de algunos alimentos con las transformaciones del centro.

Otros comentarios apuntaron a la necesidad de mejorar la planeación urbana y los servicios públicos ante el crecimiento de la ciudad. Una de las participaciones advirtió sobre el posible desplazamiento de la población originaria, mientras que otra planteó que el crecimiento y la migración no pueden detenerse, pero sí requieren planes de desarrollo social.

El debate deja abierta una cuestión que rebasa el número de vehículos o el precio de los locales, quién puede permanecer, emprender y acceder a las zonas más demandadas de Tlaxcala capital. Para determinar si el crecimiento urbano está generando desplazamiento económico o social, será necesario contrastar estas percepciones con la evolución de las rentas, la apertura y el cierre de negocios, y las condiciones de acceso a la vivienda y al espacio comercial. Mientras tanto, el equipo de Escenario Tlaxcala se encuentra documentando el crecimiento de las rentas, identificando publicaciones sobre la llegada de comunidad extranjera a la entidad y el crecimiento urbano que ha comenzado a segregar a la población tlaxcalteca. 


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Tlaxcala cumple 7 de 20 criterios para la protección de periodistas y defensores: Espacio OSC

Tlaxcala, Tlax.- Tlaxcala cumple con siete de los 20 criterios de buenas prácticas para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, mientras que cuatro registran un cumplimiento parcial y nueve son considerados incorrectos, de acuerdo con la evaluación más reciente de Proteger la dignidad, plataforma desarrollada por Espacio OSC.

Desde 2022, la entidad cuenta con una Oficina Local para garantizar los derechos de periodistas y personas defensoras, creada mediante un acuerdo administrativo y adscrita a la Secretaría de Gobierno.

No obstante, la evaluación evidencia rezagos en Tlaxcala frente a entidades como Ciudad de México, Morelos, Estado de México y Michoacán, que registran las mejores calificaciones, con diferencias de entre 35 y 55 puntos porcentuales. Somos una de las 17 entidades no cuentan con una Ley Estatal en la Materia. 

Proteger la dignidad es una plataforma que concentra información accesible sobre las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos, con base en los marcos jurídicos nacionales e internacionales.

La evaluación considera al menos 20 criterios relacionados con buenas prácticas y obligaciones estatales para respetar, proteger e investigar, además de impulsar políticas públicas que permitan el ejercicio pleno de los derechos de periodistas y personas defensoras.

Las obligaciones que el Estado debe cumplir para proteger a periodistas y defensores

El Estado mexicano tiene tres deberes fundamentales para garantizar los derechos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos: respetar, sin obstaculizar su labor; proteger, mediante la prevención de riesgos y la garantía de su seguridad frente a amenazas y agresiones; e investigar y sancionar las violaciones cometidas en su contra. Estas obligaciones también requieren políticas públicas que permitan el ejercicio pleno de sus derechos.

De acuerdo con Proteger la dignidad, estas acciones deben incorporar enfoques de género e interseccionalidad, así como la participación activa de las personas beneficiarias en las medidas de protección. Entre los instrumentos internacionales que respaldan estas obligaciones se encuentran la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la CEDAW, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración de la ONU sobre los Defensores de Derechos Humanos, la Convención de Belém do Pará y el Acuerdo de Escazú.

En el ámbito nacional, estos derechos están reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, vigente desde 2012, que establece mecanismos específicos de protección.

Sin embargo, la persistencia de ataques, amenazas, campañas de desprestigio y criminalización evidencia los desafíos para convertir estos compromisos en garantías efectivas. La protección, por tanto, no se limita a responder después de una agresión: también requiere prevención, políticas públicas y condiciones institucionales que permitan ejercer el periodismo y defender los derechos humanos de manera segura.

Tlaxcala cumple 45% de los criterios de protección y deja nueve pendientes

El panorama nacional muestra una protección desigual para periodistas y personas defensoras de derechos humanos. De acuerdo con los datos registrados por la plataforma, 15 estados cuentan con una ley estatal en la materia, cinco operan mediante decretos o acuerdos del Poder Ejecutivo y 12 carecen de un marco normativo estatal específico.

En este escenario, Ciudad de México encabeza la evaluación con 100% de cumplimiento, seguida del Estado de México, con 92.5%, y Morelos, con 85%. Mientras que, Tlaxcala alcanza 45%, equivalente a siete de los 20 criterios evaluados, y ocupa el lugar 18 a nivel nacional. La entidad registra, además, cuatro criterios con cumplimiento parcial y nueve incumplidos.

Además, la entidad no cuenta con una ley estatal de protección. Su mecanismo se sustenta en un decreto de 2022, en el cual se creó la Oficina Local de Coordinación y Enlace, adscrita a la Secretaría de Gobierno. 

Los mayores rezagos aparecen en la estructura y supervisión del mecanismo. La entidad no contempla un Consejo Consultivo con participación de periodistas y personas defensoras con voz y voto, ni una Junta de Gobierno o un Consejo de Medidas interinstitucional. Tampoco establece sistemas de alertas tempranas, planes de contingencia o mesas de trabajo multisectoriales.

A ello se suma la ausencia de disposiciones sobre perspectiva de género y enfoques diferenciados obligatorios, protección colectiva, un fondo financiero propio para medidas urgentes, informes públicos periódicos y mecanismos claros para acceder a información sobre los expedientes de riesgo.

El contraste con otras entidades evidencia la amplitud de la brecha, mientras Ciudad de México registra 100% y Estado de México 92.5%, Puebla alcanza apenas 22.5% y al menos 12 estados registran 0%, de acuerdo con los datos de la plataforma.

Aunque el mecanismo estatal cumple siete criterios para la protección de periodistas y defensores, mantiene pendientes 

La información presentada por Espacio OSC muestra que, pese a la emisión de decretos administrativos y a la existencia de leyes para la defensa de los derechos humanos de periodistas y personas defensoras, una parte importante de las entidades del país todavía carece de un marco normativo específico. Tlaxcala no es un caso aislado: Baja California, Tamaulipas, Chihuahua, Aguascalientes y Coahuila también se encuentran entre las entidades con los resultados más bajos, al registrar 10 criterios cumplidos o menos.

A la vez, Tlaxcala, Guerrero y Puebla se encuentran entre los estados que, pese a contar con algún instrumento normativo en la materia, presentan las calificaciones más bajas. El contraste evidencia que la existencia de una ley, decreto o mecanismo institucional no garantiza por sí misma la protección efectiva.

La asignatura pendiente, entonces, no se limita a crear normas, sino a convertirlas en mecanismos reales, concretos y funcionales, con acciones capaces de prevenir riesgos, proteger e investigar las agresiones contra quienes defienden derechos humanos y quienes, desde el ejercicio periodístico, comunican día con día la realidad de sus comunidades.


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Tlaxcala, Tlax.- Ocho sabias y sabios Yumhu de San Juan Ixtenco fueron reconocidos durante la inauguración del XXVIII Coloquio Internacional sobre Otopames, con sede en la Universidad Intercultural de Tlaxcala (UIT), en homenaje a quienes preservan la memoria, lengua y cultura de esta comunidad indígena.

El reconocimiento fue entregado a María Ignacia Esperanza Yonca Gaspar, Guadalupe Ventura Solís, Agustín Ranchero Márquez, José Francisco Manuel Celestino Mexicano Verdad, José Isabel Andrés Ocotlán Huerta Ortega, José Mateo Lino Cajero Velázquez y Serafín Alonso Gaspar, por autoridades educativas, culturales, municipales y académicas durante la ceremonia que marcó el inicio de los trabajos del coloquio.

El encuentro reúne a integrantes de comunidades y especialistas para compartir saberes sobre historia, lenguas originarias y autonomías indígenas, en el marco del Día de la Resistencia Indígena por la memoria y la justicia. En este contexto, las fotografías que muestran a las y los homenajeados forman parte del trabajo documental realizado por Escenario Tlaxcala, medio que en 2025 documentó, a través del fotorreportaje “Yuhmu”, la situación de la lengua otomí en San Juan Ixtenco.

El trabajo abordó la pérdida del relevo generacional del yuhmu, lengua que cuenta con menos de 300 hablantes en la comunidad, así como las historias de quienes han contribuido a mantenerla viva. Entre ellas se encuentra la transmisión del idioma a través de abuelos y padrinos, frente a una discriminación histórica que llevó a algunas familias a privilegiar el español para evitar que sus hijos enfrentaran obstáculos en la escuela y la vida pública.


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Viable ambientalmente, pero costoso: así justificó SMA el freno al Polo de Desarrollo de Economía Circular

Tlaxcala, Tlax.- Tras darse a conocer la decisión del Gobierno de Tlaxcala de no continuar con el Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI) en San Pedro Ecatepec, municipio de Atlangatepec, el secretario de Medio Ambiente, Pedro Aquino Alvarado, confirmó que el sitio de disposición final de residuos continuará operando mientras no exista una alternativa que permita sustituirlo.

La decisión de frenar el proyecto modifica la estrategia que el Gobierno estatal había planteado para avanzar hacia un nuevo modelo de manejo y aprovechamiento de residuos en Tlaxcala. Entre las acciones contempladas estaba el cierre del actual sitio de disposición final de Atlangatepec, algo que ahora tendrá que esperar.

Durante los Diálogos Circulares, Aquino explicó que el PODECIBI no se instalará en el predio originalmente previsto debido a las condiciones técnicas encontradas en el terreno, aunque aclaró que el sitio sí es ambientalmente viable.

La determinación, dijo, se tomó a partir de tres estudios: la caracterización geofísica del suelo, la topografía y la hidráulica del predio.

Los resultados no determinaron una inviabilidad ambiental, pero sí condiciones que complicarían la construcción de la infraestructura necesaria para el proyecto y elevarían sus costos.

El PODECIBI estaba planteado como un parque con ecotecnologías, entre ellas captación de agua de lluvia, recirculación y cero explotación de pozos. Mantener estas características en San Pedro Ecatepec implicaría mayores inversiones para las empresas interesadas.

Incluso, algunas obras podrían incrementar sus costos hasta en 40 por ciento, según explicó el secretario.

“Por eso digo, no es inviabilidad, el lugar es viable pero no es conveniente económicamente realizar ahí el polo”, puntualizó.

Sin otro municipio definido

La decisión tampoco implica que el PODECIBI será trasladado de inmediato a otro punto de Tlaxcala.

El secretario señaló que se han revisado otros sitios que podrían ser técnicamente viables, pero hasta este viernes no existe un municipio seleccionado ni un proyecto formal para trasladar el Polo.

La Secretaría de Medio Ambiente informará a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sobre los resultados de los estudios y la determinación de no continuar con el proyecto en el predio originalmente contemplado.

Los recursos que estaban previstos para el PODECIBI serán destinados a otras prioridades del Gobierno estatal, de acuerdo con lo informado por la dependencia.

El sitio de disposición final seguirá operando

Uno de los efectos inmediatos de la decisión será la continuidad del actual sitio de disposición final de residuos de Atlangatepec.

El Gobierno estatal había previsto que el PODECIBI permitiera avanzar hacia un nuevo modelo de aprovechamiento de residuos y, como parte de esa transición, cerrar el sitio actual. Sin embargo, el relleno continuará operando hasta que exista una alternativa que permita sustituir sus funciones.

Aquino señaló que el sitio recibe un volumen de residuos para el que no fue diseñado y que eventualmente podría llegar al límite de su capacidad.

Ante este escenario, la Secretaría de Medio Ambiente convocará a los ayuntamientos para analizar alternativas de infraestructura y financiamiento.

La gestión integral de los residuos sólidos urbanos corresponde legalmente a los municipios, por lo que serán los gobiernos municipales quienes continuarán haciéndose cargo del manejo de sus residuos, en coordinación y con acompañamiento técnico y tecnológico del Gobierno estatal.

Por ahora, el sitio de Atlangatepec continuará recibiendo los residuos mientras se define una alternativa que permita sustituirlo.

Las distintas explicaciones sobre el proyecto

La explicación técnica presentada este viernes por la Secretaría de Medio Ambiente ocurre un día después de que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros se pronunciara sobre la cancelación del PODECIBI.

La gobernadora señaló que el rechazo al proyecto estaba relacionado con intereses privados dentro de la comunidad y con información que, desde su perspectiva, había generado oposición al Polo. También indicó que los recursos previstos para el proyecto podrían ahorrarse y destinarse a otras acciones.

Esta postura se suma a las declaraciones del coordinador de Comunicación Social, Antonio Martínez Velázquez, quien ha señalado una campaña de desinformación y manipulación alrededor del proyecto.

En contraste, la explicación ofrecida este viernes por Pedro Aquino se centró en los resultados de los estudios técnicos: las condiciones geofísicas, topográficas e hidráulicas del predio y el incremento de costos que implicaría desarrollar el proyecto bajo el diseño original.

El secretario insistió en que el terreno es ambientalmente viable, pero económicamente inconveniente para construir ahí el PODECIBI.

Con el proyecto descartado en San Pedro Ecatepec, el Gobierno estatal deberá definir si la estrategia de economía circular se retoma posteriormente en otro sitio. Mientras tanto, el manejo de los residuos continuará bajo responsabilidad de los municipios, con coordinación de la Secretaría de Medio Ambiente, y el sitio de disposición final de Atlangatepec permanecerá en operación hasta contar con una alternativa.


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¿Cómo defender tu comunidad frente a un megaproyecto? La ruta del INPI

Tlaxcala, Tlax.- Ocho de las nueve comunidades que integran Totolac ya forman parte del Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), un reconocimiento que ha fortalecido su organización comunitaria y abierto nuevas herramientas para la defensa de su territorio.

Integrantes del colectivo “Movimiento Solidario Tlaxcalteca”, quienes acompañaron a las comunidades durante este proceso, consideran que el autorreconocimiento indígena puede convertirse en una herramienta para fortalecer la organización comunitaria, defender los recursos naturales y cuestionar proyectos que no benefician a sus habitantes.

Señalaron que la defensa del agua, los bosques y el territorio implica también cuestionar un modelo de desarrollo que, desde su perspectiva, prioriza las ganancias por encima de la vida y el equilibrio ecológico.

Para el colectivo, el reconocimiento ante el INPI contribuye a preservar la historia y la identidad de las comunidades nahuas, pero también permite fortalecer sus capacidades colectivas para participar en las decisiones relacionadas con su propio desarrollo y construir estrategias de defensa territorial. 

El reconocimiento no detiene por sí mismo un megaproyecto, pero puede formar parte de una estrategia más amplia para ejercer derechos colectivos, fortalecer la organización comunitaria y defender el territorio frente a proyectos que puedan afectar a sus habitantes.

Cuatro meses para documentar la identidad comunitaria

Yadira Huerta y Juan Carlos, integrantes del colectivo, compartieron que el proceso de inscripción comenzó a partir del interés por el autorreconocimiento como comunidad originaria. Huerta mencionó que, a diferencia de otros municipios, donde la gestión fue impulsada por los gobiernos locales, en Totolac el trabajo recayó directamente en las comunidades y la sociedad civil.

Durante aproximadamente cuatro meses, los integrantes del colectivo elaboraron los expedientes mediante reuniones vespertinas y sin asesoría externa. El proceso incluyó el llenado de las cédulas del INPI, así como la documentación de la historia local, la delimitación territorial, los usos y costumbres, la gastronomía y la medicina tradicional.

Uno de los principales retos fue sustentar el reconocimiento de comunidades de origen nahua que habían dejado de hablar la lengua, pero conservaban elementos de su identidad, memoria histórica y prácticas culturales. Para ello, el colectivo recurrió a la figura de comunidades equiparables y reunió documentación histórica, entre ella códices, libros digitalizados y referencias bibliográficas.

La integración de los expedientes también requirió la participación de los habitantes mediante asambleas comunitarias, en las que se recabaron firmas y se elaboraron las actas correspondientes. Una vez reunida la documentación, ésta fue entregada al INPI, cuyo personal revisó los componentes históricos, jurídicos y sociales antes de resolver las solicitudes de inscripción.

“Para nosotros era importante que dentro de ese reconocimiento, pues supiéramos que había cultura y a dónde se direcciona esa cultura, porque no es algo que tenemos en un cofre y que está guardado tiempo atrás, sino más bien era replantear y pensar qué íbamos a hacer con eso en un presente […] para construir un futuro”, expresó uno de los integrantes del colectivo.

El proceso enfrentó dificultades en algunas localidades debido a la falta de gestión de sus autoridades, situación que impidió realizar las asambleas dentro del plazo previsto. De acuerdo con el balance compartido por el colectivo, seis de las nueve comunidades lograron completar la gestión durante esa etapa, incluida San Juan Totolac hacia el cierre del periodo. Posteriormente, el número de comunidades incorporadas al catálogo llegó a ocho.

Autodeterminación y organización comunitaria frente a los megaproyectos

Para este movimiento, el reconocimiento como comunidad indígena representa una oportunidad para fortalecer la organización comunitaria y generar alianzas entre pueblos que enfrentan problemáticas similares.

“Más allá de los beneficios y programas que sabemos que se pueden dar, siempre es importante ese diálogo y ese redescubrimiento de por qué sí somos una comunidad indígena […] está ahí presente la memoria histórica, la memoria colectiva”, expresó Juan Carlos, integrante del colectivo.

Por su parte, Huerta señaló que las asambleas realizadas durante el proceso contribuyeron a fortalecer la organización y planteó que el reconocimiento puede facilitar la articulación entre distintas comunidades.

“Primero, saber que no estamos solos […] si bien cada una de las comunidades tiene su autodeterminación, saber que también nos podemos unir, que podemos hacer alianzas para contrarrestar todos estos megaproyectos”, afirmó.

Esta organización cobra relevancia ante proyectos que, desde la perspectiva del colectivo, podrían comprometer los recursos naturales de la región. Entre ellos se encuentra la construcción de un hospital en Tepeticpac, sobre la cual han expresado preocupación por sus posibles efectos en la disponibilidad de agua y la conservación del bosque. Juan Carlos afirmó que el colectivo ha investigado el impacto hídrico del proyecto y estimó que involucraría alrededor de 6 mil millones de litros de agua, además de una posible afectación de dos hectáreas de bosque.

Otras experiencias de defensa territorial se han documentado en comunidades como Tecoltemi, en Ixtacamaxtitlán, Puebla, cuyos habitantes lograron la cancelación definitiva de concesiones mineras; Ayotitlán, en Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, que mantiene una disputa frente al proyecto minero Peña Colorada, operado desde 1975 en la región y actualmente vinculado con las empresas transnacionales Ternium y ArcelorMittal; y Wirikuta, en San Luis Potosí, donde en enero de 2024 ejidatarias solicitaron a las autoridades federales un decreto para proteger su zona sagrada de las empresas mineras.

¿Cómo solicitar el registro ante el INPI?

Para incorporarse al Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, una comunidad debe manifestar su decisión colectiva de registrarse y presentar documentación que acredite la representación de sus autoridades y el consentimiento comunitario.

El expediente contempla:

  • Solicitud de registro: escrito libre o formato del INPI.
  • Identificación oficial y CURP: de la autoridad o representante.
  • Constancia de elección: que acredite su representación y vigencia.
  • Acta de asamblea: donde conste el reconocimiento como comunidad indígena o afromexicana, el pueblo al que pertenece y su consentimiento para el registro.
  • Cédula Básica de Identificación: instrumento para documentar las características de la comunidad.

El trámite es presencial. Tras revisar la documentación, personal del INPI acompaña a las autoridades o representantes en el llenado de la cédula. También puede aplicarse una Cédula Complementaria, de manera opcional.

¿Qué información debe reunir la comunidad?

La Cédula Básica contiene 49 preguntas sobre siete aspectos: datos generales, territorio, cultura e identidad, organización política, aspectos jurídicos, ámbito social y economía. La Cédula Complementaria suma otras 44 preguntas y es opcional.

La comunidad puede documentar su historia, territorio, autoridades, formas de organización, usos y costumbres, sitios de importancia cultural, recursos naturales y actividades económicas. Para ello puede aportar mapas, croquis y documentos históricos.

La información puede recopilarse mediante entrevistas, grupos focales o asambleas comunitarias, según determine la propia comunidad.

Revisión y registro

Una vez integrada la información, el INPI la revisa y valida antes de capturarla, sistematizarla y publicarla. También incorpora los datos geográficos y asigna un número consecutivo como identificador de la comunidad.

Finalmente, la información se integra al Catálogo Nacional y al Sistema Nacional de Información y Estadística sobre Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.


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