Tlaxcala, Tlax.- En una época donde los viajes comienzan desde la pantalla de un teléfono celular, Tlaxcala apuesta por una nueva forma de conectar a visitantes y habitantes con su riqueza cultural, gastronómica y turística. Se trata de Andar, una plataforma digital desarrollada para concentrar en un solo espacio la oferta de experiencias, comercios y servicios de la capital del estado.
Lanzada en colaboración con el Ayuntamiento de Tlaxcala de Xicohténcatl, la plataforma nace con la visión de convertirse en una herramienta que facilite el descubrimiento de destinos locales, al reunir información turística, cultural, gastronómica y comercial en un formato accesible y moderno. Su objetivo es expandirse gradualmente hacia otros municipios de México y, posteriormente, a distintos países de América Latina.
A diferencia de otras plataformas enfocadas únicamente en hospedaje o reseñas, Andar apuesta por el descubrimiento de experiencias locales. Más que ofrecer un directorio de lugares, busca acercar a los usuarios a espacios, negocios y actividades que, en muchos casos, permanecen fuera del radar digital.
Esta propuesta representa una oportunidad para restaurantes, prestadores de servicios turísticos, comercios y proyectos independientes que buscan fortalecer su presencia en internet sin depender exclusivamente de redes sociales o de grandes campañas de marketing.
Desde recorridos por el Centro Histórico de Tlaxcala hasta sitios emblemáticos como el Ex Convento Franciscano, la plataforma integra información práctica como ubicación, fotografías, videos, formas de contacto y descripciones que permiten al usuario conocer cada espacio antes de visitarlo.
El diseño de Andar está pensado para privilegiar la experiencia del usuario. En lugar de limitarse a mostrar un listado de establecimientos, la plataforma busca que cada persona descubra un café, un recorrido cultural, un tour o una propuesta gastronómica de manera similar a como lo haría a través de la recomendación de alguien que conoce el destino.
Esta filosofía responde a una tendencia cada vez más presente en el turismo contemporáneo, donde los viajeros ya no solo buscan lugares para visitar, sino experiencias auténticas que les permitan conocer la identidad de cada sitio.
Además de mejorar la experiencia de quienes recorren el estado, Andar incorpora herramientas para que negocios y prestadores de servicios administren perfiles personalizados, publiquen contenido multimedia y amplíen su alcance entre visitantes nacionales e internacionales.
En un entorno donde la digitalización se ha convertido en un factor clave para la promoción turística, la plataforma busca fortalecer la visibilidad de Tlaxcala y de sus emprendimientos locales mediante una infraestructura tecnológica desarrollada desde México.
Más que una aplicación o un sitio web, Andar propone una nueva manera de descubrir los destinos: reunir en un solo lugar aquello que hace único a cada espacio y facilitar que tanto visitantes como habitantes encuentren experiencias que, de otro modo, podrían pasar desapercibidas.
Para un estado como Tlaxcala, reconocido por su patrimonio histórico, cultural y gastronómico, esta apuesta por la innovación digital busca abrir nuevas oportunidades para que su oferta turística llegue a más personas y continúe ganando presencia en un mercado cada vez más conectado.
Durante la audiencia pública realizada el pasado 15 de junio en San Pedro Ecatepec, ocurrió algo que, a mí parecer, merece más atención de la que ha recibido. Las autoridades estatales reconocieron ante la población que el Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI) todavía no cuenta con un proyecto ejecutivo. Esto significa que aún no se sabe con precisión qué tecnología utilizaría, qué cantidad y tipo de residuos procesaría, qué inversiones participarían ni cuál sería el modelo de gestión que se busca construir.
La declaración resulta interesante por una razón. Mientras técnicamente el proyecto sigue abierto, en el territorio la decisión ya comenzó a producir efectos. Existe un decreto, se buscan terrenos, avanzan procedimientos administrativos y las comunidades reaccionan frente a una intervención que sienten cada vez más cercana.
Precisamente por eso el momento actual representa una oportunidad. Si todavía no hay claridad sobre el sistema de residuos que necesita Tlaxcala, entonces tal vez éste sea el momento para detenernos un instante y mirar el territorio antes de seguir avanzando.
Una infraestructura de residuos es una hipótesis para resolver una situación problemática. Supone que entendimos adecuadamente dónde está el problema, qué dimensiones tiene, cuál es la mejor manera de intervenirlo y qué acuerdos colectivos requiere.
Si la hipótesis es correcta, la infraestructura ayuda a resolver el problema. Si la hipótesis es equivocada, puede terminar organizando durante décadas un sistema pensado para un problema que a lo mejor nunca existió exactamente como lo imaginábamos. Por eso, una infraestructura no sólo habla sobre nuestros espacios de convivencia, los termina reorganizándolos.
Visto de esta manera, la pregunta ya no es dónde construir, sino más bien: ¿qué nos dice el propio territorio sobre el sistema de residuos que Tlaxcala necesita construir?
Una primera respuesta aparece al observar el mapa. En Tlaxcala se generan diariamente alrededor de 1,476 toneladas de residuos o, si se prefiere una cantidad más imaginable, cada día circulan por el estado el equivalente a 183 camiones recolectores de ocho toneladas completamente llenos. Similares a los mismos camiones que normalmente vemos pasar frente a nuestras casas para recolectar basura.
Esta imagen permite visualizar la magnitud de la generación, pero oculta algo importante: esos 183 camiones no salen de todos los municipios por igual.
Tres cuartas partes de los municipios tlaxcaltecas producen menos de 28 toneladas diarias, es decir, menos de cuatro camiones completos cada día. Dentro de ese grupo, treinta municipios generan menos de 16 toneladas y quince ni siquiera alcanzan las ocho toneladas por día, el equivalente a un solo camión. En conjunto, cuarenta y cinco municipios representan apenas el 39 % de toda la generación estatal.
Estas cifras merecen una reflexión. No significa que estos municipios tengan un problema menor. Lo tienen. Lo que cambia es otra cosa. Cambia la escala desde la que enfrentan ese problema y, cuando se modifica la escala, cambia el tipo de soluciones que podríamos imaginar.
Un municipio que genera tres toneladas diarias probablemente no enfrenta las mismas posibilidades que otro que supera las cien toneladas. ¿Tiene sentido que un municipio donde apenas se llena un camión diario dependa de un parque industrial de residuos cuya tecnología no conocemos? ¿Podría obtener mayores beneficios fortaleciendo la separación en origen, el compostaje comunitario, los mercados locales de reciclaje? ¿En qué casos la cooperación intermunicipal puede ser una opción más inteligente que intentar resolver todo desde cada ayuntamiento? No lo sabemos todavía, pero ahora esas posibilidades aparecen sobre la mesa porque el territorio comenzó a mostrarse de otra manera.
La otra cara del mapa es más interesante. Quince municipios generan alrededor de 902 toneladas diarias, es decir, 61 % del total estatal: Tlaxcala, Huamantla, San Pablo del Monte, Apizaco, Chiautempan, Calpulalpan, Zacatelco, Tlaxco, Yauhquemehcan, Ixtacuixtla, Contla, Tetla, Papalotla, Panotla y Nativitas.
Más aún. Sólo cinco municipios -Tlaxcala, Huamantla, San Pablo del Monte, Apizaco y Chiautempan- producen casi una tercera parte o 32% de toda la basura estatal. Observe el mapa nuevamente. No es ocurrencia. Ahí se concentran la población, los servicios, el comercio, el consumo y el crecimiento urbano del estado.
Pero ocurre algo más. Si imaginamos nuevamente aquellos 183 camiones que recorren diariamente Tlaxcala, no todos transportan lo mismo. Aproximadamente 74 camiones llevarían residuos orgánicos, otros 66 transportarían residuos potencialmente aprovechables y los 43 restantes cargarían residuos no aprovechables y que, tarde o temprano, requerirían tratamiento o disposición final.
Nuevamente aparece la concentración. Buena parte de esos camiones sale precisamente de los mismos quince municipios. Esto significa que las oportunidades de reciclaje y las cargas socioambientales se concentran sobre los mismos territorios. Esta observación vuelve a modificar las preguntas.
Si gran parte de los residuos se generan ahí, ¿también deberían concentrarse en esos territorios los esfuerzos de planeación, financiamiento y evaluación institucional? Si estos municipios concentran los residuos orgánicos, reciclables y no reciclables, ¿significa que la mejor respuesta sea una megaobra de residuos? Algunos quizás necesitan fortalecer primero sus reglamentos y crear programas de manejo integral; otros avanzar en la separación en origen y la educación ambiental; otros profesionalizar sus servicios públicos; y algunos más construir o afianzar vínculos de cooperación con la ciudadanía, pepenadores, centros de reciclaje, mercados, escuelas, comercios y otros actores locales.
También aparecen una pregunta más incómoda: si ciertos municipios generan una parte importante de los residuos estatales ¿no habrían de asumir una parte proporcional de las responsabilidades ambientales, económicas, políticas y sociales que esos residuos producen?
Ninguna de estas preguntas tiene una respuesta sencilla. Tampoco el mapa pretende ofrecerlas. Su aporte es recordar que un mapa no sólo sirve para decidir dónde construir una infraestructura de residuos. Antes que eso, permite pensar mejor el problema, distinguir sus distintas escalas e imaginar alternativas que, sin esa mirada territorial, no entrarían fácilmente en la discusión.
Volvamos entonces al punto de partida
Las propias autoridades han reconocido que todavía no hay un proyecto ejecutivo. Lejos de cerrar la discusión, ese reconocimiento abre la oportunidad para incorporar información, preguntas y reflexiones ante una situación cada vez más complicada. En política pública hay una enorme diferencia entre decidir con prisa y decidir después de comprender mejor aquello que se pretende resolver.
En una columna anterior escribí que los problemas públicos dependen de quién y de cómo los definimos. Añadiría una cosa más. También dependen de nuestra capacidad para mirar el espacio donde vivimos y leer el territorio antes de colocar la primera piedra. Principio del formulario
Nota metodológica: Los datos de generación municipal se estimaron con información del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI y la generación per cápita del DBGIR 2026. La estimación de residuos orgánicos, aprovechables y no aprovechables corresponde a un escenario analítico, no a una caracterización física directa de cada municipio. Actualmente, los municipios tlaxcaltecas no cuentan con estudios de generación y caracterización como los establecidos en la normatividad ambiental, lo que representa un área de oportunidad para fortalecer la planeación del sistema estatal de residuos.
Atlangatepec, Tlaxcala. Desde hace más de 30 años, la comunidad de San Pedro Ecatepec ha convivido con uno de los principales sitios de disposición final de residuos sólidos de Tlaxcala. Sin embargo, para sus habitantes, la historia de su pueblo no comenzó con el basurero a cielo abierto ni con el anuncio del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI). Comenzó mucho antes, cuando el paisaje estaba dominado por parcelas agrícolas, y la laguna formaba parte de la vida cotidiana de las familias.
«Aquí crecimos, aquí vivimos y aquí queremos seguir viviendo», dice Francisco Calderón Sánchez, investigador agropecuario originario de San Pedro Ecatepec, mientras observa el campo que, asegura, ha sostenido durante generaciones la economía de la comunidad.
Con la llegada del Sitio de Disposición Final «Morelos», en 1993, el paisaje de San Pedro Ecatepec dejó de ser el mismo. Con el paso de los años, las montañas de basura, los escurrimientos de lixiviados y los malos olores se convirtieron en parte de la vida cotidiana de la comunidad. Para sus habitantes, el basurero creció sin que existiera una comunicación clara sobre su operación ni sobre las medidas para proteger el territorio. Durante tres décadas observaron entrar diariamente camiones cargados de residuos, mientras las respuestas sobre los impactos ambientales y el manejo del sitio nunca llegaron.
Esa experiencia, acumulada durante más de tres décadas, alimentó la percepción de una deuda ambiental que, consideran, permanece sin atender. Esa historia es la que hoy sostiene la resistencia de San Pedro Ecatepec al PODECIBI.
San Pedro Ecatepec: Un territorio con raíces campesinas
En 1993 comenzó a operar el Sitio de Disposición Final «Morelos», en el municipio de Atlangatepec. Con una superficie de 15 hectáreas, este sitio fue concebido para recibir los residuos sólidos urbanos de 18 municipios de la región norte y de la Zona Metropolitana Tlaxcala-Apizaco, así como residuos de manejo especial provenientes de los corredores industriales de Xaloztoc y de la Ciudad Industrial Xicohténcatl I y III. Con el paso de los años, se consolidó como uno de los principales sitios de disposición final del estado.
Pese a ello, San Pedro Ecatepec conserva una vocación agrícola que sus habitantes consideran parte esencial de su identidad. En julio, cuando las lluvias cubren de verde los campos, todavía es posible observar parcelas sembradas con maíces nativos, árboles de sabino y otras especies propias de la región. Para la comunidad, esos cultivos representan mucho más que una actividad económica, son el vínculo con el territorio que heredaron de generaciones anteriores.
Fotografía: Cristihan Martínez / Nierika Images
«Nuestra identidad como comunidad es campesina», explica la bióloga Itzel Calderón, quien señala que el polígono donde se pretende instalar el Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI) se encuentra rodeado de tierras ejidales.
«Podemos observar especies endémicas, sobre todo maíces nativos que nosotros hemos tratado de cultivar… la entrada justamente al proyecto está metida en nuestra esencia como comunidad»
Por ello, para los habitantes el debate no se limita únicamente al manejo de los residuos, como ha sido planteado por los gobiernos estatal y federal. También implica la defensa de un territorio que continúa siendo agrícola y del que dependen sus formas de vida, su historia y su relación con el agua y la tierra.
Fotografía: Escenario Tlaxcala
Esa vocación agrícola también se aprecia en los ejidos que rodean la Barranca Grande, ubicada a escasos metros del Basurero Morelos. Ahí, Fabián García, habitante de San Pedro Ecatepec, explica que la comunidad continúa sembrando maíz, frijol, haba, trigo, cebada y hortalizas, pese a convivir desde hace más de tres décadas con el sitio de disposición final.
«Estamos en los ejidos de San Pedro Ecatepec… este cauce llega a la laguna de Atlangatepec, donde muchas personas se dedican a la pesca, la ganadería y la agricultura»
En ese mismo lugar, Francisco Calderón recuerda haber observado cómo, con el paso de los años, los escurrimientos provenientes del sitio de disposición final comenzaron a descender por la Barranca Grande hasta desembocar en la laguna de Atlangatepec, parte de la cuenca del río Zahuapan, que a su vez conecta con el río Atoyac.
Fotografía: Escenario Tlaxcala
Para el investigador agropecuario, ese recorrido del agua explica porqué la preocupación de la comunidad rebasa los límites de San Pedro Ecatepec, pues cualquier afectación ambiental no permanece aislada, sino que se propaga a través de un sistema hidrológico interconectado que alcanza las cuencas de los ríos Zahuapan y Atoyac, una región que desde hace años enfrenta graves problemas de contaminación y que ha sido identificada por las autoridades ambientales y de salud como una zona de atención prioritaria por los riesgos que representa para la población.
Asimismo, una de las preocupaciones que los pobladores han dado a conocer es la cercanía entre los sembradíos y el basurero a cielo abierto; aseguran que, durante más de tres décadas, han denunciado los efectos que atribuyen a la operación del sitio de disposición final, sin obtener una respuesta que atienda a sus señalamientos. Esa ausencia de acciones, afirman, ha alimentado la percepción de un olvido institucional frente a las afectaciones ambientales que, sostienen, han enfrentado por años.
Fotografía: Escenario Tlaxcala
Por ello, cuando el Gobierno de México y el Gobierno de Tlaxcala anunciaron la instalación del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI) en un predio de la ex hacienda de San Pedro Ecatepec, la noticia no fue recibida únicamente como un nuevo proyecto de infraestructura. Para una parte de la comunidad representó la posibilidad de que un territorio que ya convive con la basura volviera a asumir una nueva carga ambiental.
Treinta años de basura y una nueva promesa ambiental: PODECIBI
El 3 de noviembre de 2025, el Gobierno del Estado de Tlaxcala anunció el cierre de los basureros a cielo abierto ubicados en Huamantla y Panotla, una medida presentada como el primer paso para transitar hacia un modelo de economía circular. Dos días después, el 5 de noviembre, durante el Diálogo Circular con medios de comunicación, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Pedro Aquino Alvarado, informó que los residuos sólidos urbanos generados por los municipios serían redirigidos a los sitios de disposición final de Nanacamilpa y Atlangatepec.
Esta decisión transformó la operación del sistema estatal de manejo de residuos pues desde ese momento, el Sitio de Disposición Final Morelos, comenzó a recibir los desechos provenientes de 55 de los 60 municipios de Tlaxcala, convirtiéndose en uno de los principales destinos de la basura generada en la entidad.
Fotografía: Escenario Tlaxcala
Para los habitantes de San Pedro Ecatepec, el anuncio de esta transición despertó nuevas preocupaciones. Aunque el Gobierno estatal hablaba de un modelo de economía circular para transformar el manejo de los residuos sólidos, la comunidad observaba cómo aumentaban las montañas de basura y la presión sobre un territorio que, desde 1993, convive con uno de los principales sitios de disposición final del estado. Para ellos, la posibilidad de concentrar aún más residuos en la zona significaba profundizar una carga ambiental a su comunidad.
Fotografía: Escenario Tlaxcala
En ese mismo periodo, Pedro Aquino Alvarado adelantó que la estrategia estatal contemplaba la construcción de una nueva planta para el tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos. Sin embargo, durante varios meses el Gobierno estatal no informó dónde sería instalada, cuál sería su ubicación definitiva ni qué tecnología utilizaría para su operación.
San Pedro Ecatepec el lugar estratégico del Gobierno Federal
Durante varios meses no se conoció dónde sería instalada la nueva planta anunciada por el Gobierno estatal. Fue hasta el 8 de junio de 2026, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que formalizó la creación del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI) en la ex hacienda de San Pedro Ecatepec, municipio de Atlangatepec. La declaratoria estableció que el proyecto se desarrollaría en un predio de 20.00014 hectáreas, propuesto por el Gobierno del Estado de Tlaxcala.
Para justificar la elección del sitio, la declaratoria señaló que el inmueble cumplía con los criterios establecidos en los Lineamientos para los Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar. Entre ellos, destacó el criterio de propiedad, al establecer que el predio pertenece al Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicohténcatl (FCIX), organismo de la administración pública estatal que ratificó la solicitud presentada por el Gobierno de Tlaxcala para desarrollar el proyecto.
Asimismo, el documento publicado por el DOF incorporó el dictamen de sostenibilidademitido por la Dirección General de Alianzas y Proyectos Estratégicos para la Economía Circular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en el que se concluyó que el predio no se ubica dentro de áreas naturales protegidas federales, estatales o municipales, ni en zonas sujetas a regímenes de conservación, restauración o protección ecológica. En consecuencia, la autoridad determinó que no existían restricciones normativas de carácter ambiental que impidieran el desarrollo del proyecto.
Fotografía: Escenario Tlaxcala
La declaratoria también destacó la ubicación estratégica del predio. De acuerdo con el documento, el sitio cuenta con conectividad carretera y forma parte del área de influencia de municipios como Atlangatepec, Muñoz de Domingo Arenas, Tetla de la Solidaridad y Tlaxco, cuya población conjunta supera el mínimo requerido por los lineamientos federales para el establecimiento de un PODECIBI. Para la Federación, esa conectividad representa una ventaja logística para la recepción, aprovechamiento y transformación de los residuos generados en la región.
Finalmente, el Diario Oficial de la Federación incorporó el dictamen del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el cual concluyó que en el área de influencia del proyecto no existen comunidades indígenas o afromexicanas susceptibles de ser afectadas, por lo que no resultaba procedente realizar un proceso de consulta previa, libre e informada.
Sin embargo, el documento no hace referencia al contexto ambiental de San Pedro Ecatepec. La declaratoria no menciona que en ese territorio opera, desde 1993, uno de los principales sitios de disposición final de Tlaxcala, ni las denuncias de la comunidad sobre los impactos acumulados por más de tres décadas de operación del basurero.
Fotografía: Escenario Tlaxcala
Para los habitantes, esa ausencia explica la distancia entre los criterios que sustentaron oficialmente la elección del predio y la experiencia cotidiana de quienes han convivido durante años con la disposición final de residuos.
«¿Por qué aquí? Si hay tantos lugares en Tlaxcala, ¿por qué elegir precisamente un territorio que ya ha soportado la carga ambiental de recibir la basura del estado durante tantos años?»
Es la pregunta que se hace Francisco Calderón. Para él, la discusión no termina con los criterios técnicos que sustentaron la declaratoria del PODECIBI, sino que obliga a preguntarse quién asume los costos ambientales de la transición hacia un nuevo modelo de gestión de residuos. Su respuesta está en San Pedro Ecatepec: en las familias que han construido su vida alrededor de ese territorio, en las niñas y los niños que han crecido junto al sitio de disposición final, en quienes han visto transformarse el paisaje con la llegada del basurero y en una comunidad que, durante más de tres décadas, ha tenido que adaptarse y resistir los cambios provocados por la disposición de los residuos del estado.
La bióloga Itzel Calderón considera que esa pregunta también refleja un problema de justicia ambiental. Para ella, la generación de residuos involucra a toda la población, sin embargo, las consecuencias no se distribuyen de la misma manera.
«Es un problema que aflige a todos, pero no todos estamos pagando las mismas consecuencias»
Para la investigadora, la oposición de San Pedro Ecatepec no surgió con la publicación del decreto federal. Es el resultado de más de tres décadas en las que, sostiene, las denuncias de la comunidad sobre las afectaciones ambientales no encontraron una respuesta institucional de fondo. A ello se sumó, la ausencia de un proceso de información y diálogo previo con los habitantes antes de anunciar el PODECIBI.
«Más que darnos una solución a esta crisis de basura, es una amenaza para nosotros»
Más allá de la consulta indígena a la que hace referencia el DOF, Itzel cuestiona que el proyecto no se socializó con quienes viven en San Pedro Ecatepec y que los habitantes conocieron la decisión cuando ya estaba prácticamente definida.
Comunicación poco asertiva, el problema de los gobiernos federal y estatal
El 17 de mayo de 2026, cerca de 200 habitantes de San Pedro Ecatepec participaron en una asamblea pública convocada para dar a conocer el proyecto del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI). En la reunión estuvieron presentes autoridades municipales, representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Sin embargo, el encuentro, que buscaba explicar el proyecto, terminó evidenciando la distancia entre la narrativa institucional y las inquietudes de la comunidad.
La tensión comenzó cuando Rubén Zarco Novelo, exencargado del Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE) de Nuevo León, tomó la palabra para hablar sobre la problemática de los residuos. Durante su intervención preguntó a los asistentes: «¿Cuántos de ustedes se habían preguntado a dónde va su basura una vez que pasa el camión?». La reacción ante esta pregunta fue inmediata. Habitantes respondieron que, a diferencia de gran parte de la población, ellos sí sabían a dónde terminaban los residuos porque durante más de treinta años han convivido con el Sitio de Disposición Final Morelos.
Fotografía: Escenario Tlaxcala
En ese momento, la conversación dejó de centrarse en qué es la economía circular para convertirse en un reclamo por la falta de información sobre el proyecto, la ausencia de respuestas a las afectaciones históricas del basurero y el temor de que la comunidad volviera a asumir una nueva carga ambiental.
Mientras la comunidad cuestionaba la falta de información, el Gobierno del Estado sostenía que la elección del sitio respondía a un proceso técnico. En mayo de 2026, en entrevista con Escenario Tlaxcala, el secretario de Medio Ambiente, Pedro Aquino Alvarado, explicó que la administración estatal presentó tres propuestas de predios para evaluar su viabilidad ambiental, territorial y jurídica: dos ubicadas en Atlangatepec —una rumbo a Tlaxco y otra en la zona de Villa de las Flores, cercana al actual sitio de disposición final— y una más en Terrenate.
«Nosotros habíamos mandado tres predios. Ninguno de los que enviamos fue pasando pruebas. El viable para nosotros fue este y teníamos otro que era ambientalmente viable, pero jurídicamente no, en Terrenate»
Su explicación sería retomada semanas después en el decreto publicado por el Diario Oficial de la Federación, que formalizó la instalación del PODECIBI en la ex hacienda de San Pedro Ecatepec.
Para el Mtro. Marco Antonio Rodríguez Gómez, integrante del equipo nacional de investigación e incidencia de Basura Cero México, lo ocurrido en aquella asamblea refleja un problema que rebasa el caso de San Pedro Ecatepec. Desde su perspectiva, el conflicto no puede entenderse únicamente como un rechazo comunitario, sino como parte de un patrón que se ha repetido en distintas regiones del país cuando proyectos públicos se presentan una vez que la decisión prácticamente está tomada.
«Los proyectos públicos no llegan a territorios vacíos; llegan a territorios con historia, con experiencias previas y con una memoria social sobre la manera en que se han tomado decisiones anteriormente»
Bajo esa línea, Rodríguez Gómez sostiene que el diálogo «no debe comenzar cuando una solución ya está definida.Debe comenzar con la construcción de un diagnóstico del problema», pues mientras no exista información suficiente sobre la tecnología, los procesos, los residuos que recibirá la planta y sus posibles impactos, la comunidad difícilmente podrá dialogar en condiciones de igualdad.
Fotografía: Escenario Tlaxcala
El investigador considera que el caso de San Pedro Ecatepec deja una lección sobre la forma en que se construyen las políticas públicas en materia de residuos. Asegura que el debate no gira en torno a un rechazo a la economía circular como concepto, sino a la manera en que se tomó la decisión.
Por ello, plantea que el Gobierno aún debe responder preguntas fundamentales: cuál fue el diagnóstico que justificó el proyecto, por qué se descartaron otras alternativas, qué criterios llevaron a elegir San Pedro Ecatepec y cómo funcionará realmente el PODECIBI. Solo con esa información, afirma, será posible construir un diálogo que genere confianza entre las instituciones y una comunidad que, desde hace más de tres décadas, convive con las consecuencias del manejo de los residuos del estado.
Sin embargo, la comunicación entre las autoridades y la comunidad ha sido fallida. Por un lado, representantes del Gobierno, entre ellos, Antonio Martínez Velázquez, vocero de la administración actual de Tlaxcala, han atribuido parte del conflicto a la desinformación de los habitantes sobre el PODECIBI y los objetivos del proyecto de manejo de residuos. Por su lado, los pobladores sostienen que, si persisten las dudas, es porque la información proporcionada por las autoridades municipales, estatales y federales ha sido insuficiente, fragmentada y poco clara. Aseguran que no existe certeza sobre los alcances del proyecto ni sobre los impactos que podría generar en su territorio.
El 20 de junio, durante una mesa de diálogo entre autoridades estatales y federales con habitantes de San Pedro Ecatepec, los pobladores cuestionaron la falta de información y de consulta sobre el proyecto.
«No estamos desinformados, aquí ya vinieron a presentarnos un proyecto que no tenía ni pies ni cabeza; nadie nos ha consultado»
Aunque las autoridades reiteraron que el proyecto aún no estaba definido y que faltaban estudios técnicos, los habitantes insistieron en que las decisiones avanzaban sin que la comunidad hubiera recibido información clara y suficiente sobre el PODECIBI.
Fotografía: Escenario Tlaxcala
Rodríguez Gómez advierte que los procesos de participación no pueden reducirse a informar a la población sobre una decisión previamente tomada. Desde su perspectiva, la consulta debe permitir que las comunidades conozcan el problema que se pretende resolver, las distintas alternativas evaluadas y los criterios utilizados para seleccionar una opción. De lo contrario, explica, el diálogo pierde legitimidad y se convierte en un ejercicio para socializar una decisión ya definida, en lugar de construir soluciones de manera conjunta con quienes habitan el territorio.
Para los habitantes de San Pedro Ecatepec, las decisiones del Gobierno federal y del Gobierno del Estado han resultado contradictorias debido a que mientras el titular de medio ambiente insiste en que el proyecto aún no está definido, el decreto que formaliza el PODECIBI ya ha sido publicado, e incluso, durante un recorrido realizado por Escenario Tlaxcala, vecinos mostraron trabajos de medición y delimitación realizados por el gobierno, en los terrenos donde se proyecta su instalación.
Esa falta de comunicación, alcanzó su punto más alto el pasado 24 de junio, cuando personal ingresó a la comunidad para realizar estudios técnicos relacionados con el proyecto. Los habitantes impidieron el acceso al considerar que esas labores confirmaban el avance de una decisión tomada sin su consentimiento. En respuesta, el Gobierno del Estado desplegó un operativo policial que derivó en confrontaciones con pobladores que mantenían su rechazo al PODECIBI por los posibles impactos ambientales y por la falta de transparencia y participación en el proceso de toma de decisiones.
Fotografía: Cristihan Martínez / Nierika Images
Desde entonces, pobladores de San Pedro Ecatepec han denunciado vivir en un clima de hostigamiento e incertidumbre y han rechazado de manera reiterada las versiones oficiales que los responsabilizan de haber iniciado la violencia durante los hechos del 24 de junio. En un pronunciamiento público, la Asamblea de Pobladores y el Pueblo Organizado de San Pedro Ecatepec sostuvo:
«Rechazamos categóricamente las versiones oficiales que señalan a nuestro pueblo como el iniciador de la violencia. Exigimos el cese inmediato al hostigamiento y el respeto absoluto a la voluntad soberana de nuestra comunidad»
Durante una conferencia de prensa, también denunciaron el uso desproporcionado de la fuerza pública durante el operativo y acusaron que, lejos de atender sus demandas de información y diálogo, las autoridades han buscado desacreditar la protesta social. Por lo que han responsabilizado a los gobiernos federal, estatal y municipal de cualquier acto de violencia, persecución o represalia contra quienes participan en la defensa del territorio.
¿Puede San Pedro Ecatepec soportar otra carga ambiental?
«Ahí están los lixiviados; esos escurrimientos llegan hasta nuestros campos de cultivo. De este otro lado puede ver que la basura ya no cabe. Mire cómo se están cayendo las bardas del relleno por la presión de los residuos y por las lluvias. Cada vez entra más basura y ya es imposible contenerla. Usted misma lo está viendo». Dice don Fabián mientras recorremos los alrededores del relleno sanitario de Atlangatepec.
«No queremos que la basura tlaxcala siga llegando aquí. Queremos que los municipios se hagan cargo de su basura. ¿Por qué nosotros? Ya son 30 años. Es una situación insostenible, huele feo, da mala imagen, nos hace daño vivir con la basura»
La imagen de un basurero a cielo abierto que está a punto de colapsar ante las lluvias, resume uno de los principales temores de la comunidad. Para la gente de San Pedro Ecatepec, antes de discutir si el Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI) representa una oportunidad para la región, vuelven al mismo punto: el territorio donde se pretende instalar ya ha convivido durante más de tres décadas con la basura.
Fotografía: Escenario Tlaxcala
En este punto, quienes realizábamos el recorrido nos preguntamos: ¿qué debe evaluarse cuando un nuevo proyecto para el manejo de residuos pretende instalarse en un territorio que durante años ha soportado la disposición final de basura?
Para responderla, consultamos a la Dra. Nancy Merary Jiménez Martínez, especialista en Estudios Urbanos y Ambientales por El Colegio de México. Ella explica que desde la geografía crítica, un territorio que durante décadas ha recibido residuos ya constituye un pasivo ambiental, por lo que antes de impulsar cualquier nueva infraestructura resulta indispensable conocer las condiciones acumuladas por esa actividad.
«Antes de agregar un nuevo proyecto debería hacerse una evaluación de esos pasivos ambientales acumulados»
Ese diagnóstico, explica, debe comenzar por el propio basurero a cielo abierto. De acuerdo con Jiménez Martínez, es necesario conocer el nivel de contaminación del suelo y de los mantos acuíferos, identificar la presencia de lixiviados, medir las emisiones de metano derivadas de la descomposición de los residuos, evaluar la calidad del aire y determinar la estabilidad física del sitio. También considera indispensable realizar estudios epidemiológicos que permitan conocer si existe una mayor incidencia de enfermedades respiratorias, gastrointestinales, algunos tipos de cáncer, la presencia de vectores y la calidad del agua destinada al consumo humano. Sin esa información, sostiene, resulta imposible conocer la verdadera condición ambiental del territorio.
Fotografía: Cristihan Martínez / Nierika Images
Pero la evaluación no termina ahí. Jiménez Martínez menciona que también debe analizarse la capacidad de carga territorial, es decir, si un espacio que durante décadas ha recibido residuos todavía puede soportar nuevas actividades industriales sin incrementar los impactos ambientales.
«El propio polo no es únicamente para atender la disposición final y el aprovechamiento de residuos, sino que está vinculado a actividades industriales. Entonces conviene preguntarnos si en este lugar todavía podemos hacernos cargo de una industria pesada o de una diversificación industrial»
Sin embargo, esa información sigue sin estar disponible. En diciembre de 2025, durante una entrevista con Escenario Tlaxcala, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Pedro Aquino Alvarado, reconoció que el gobierno estatal aún no contaba con estudios sobre las condiciones ambientales de los tiraderos a cielo abierto que serían intervenidos como parte del proyecto. Argumentó que esos diagnósticos no correspondían a la etapa de cierre de los sitios de disposición final.
A casi medio año de aquellas declaraciones, esos estudios continúan sin hacerse públicos, por lo que aún se desconoce el estado ambiental del relleno sanitario de San Pedro Ecatepec y, en consecuencia, tampoco existen elementos suficientes para valorar cómo operará el PODECIBI sobre un territorio que durante más de tres décadas ha recibido residuos.
Para Jiménez Martínez, un proyecto de esta naturaleza implica poner a disposición de la población los estudios hidrogeológicos, la Manifestación de Impacto Ambiental, los análisis de emisiones, el consumo previsto de agua y energía, las tecnologías que se instalarán, las medidas para controlar olores y lixiviados, así como los mecanismos de monitoreo ambiental y de participación ciudadana. Solo con esa información, considera, la población puede valorar objetivamente los riesgos y beneficios del proyecto.
Fotografía: Proporcionada por la comunidad de San Pedro Ecatepec
Asimismo reiteró que un proyecto así transforma el territorio y modifica la forma en que se distribuyen tanto los beneficios como los riesgos ambientales.
«La pregunta central no es únicamente qué tecnología instalarán, sino por qué en este territorio, quién se beneficia, quién asume los riesgos, cómo cambia el metabolismo territorial y la justicia ambiental»
Por ello considera indispensable incorporar una perspectiva social que permita analizar quién ha cargado históricamente con los costos ambientales y quién obtendrá los beneficios económicos del proyecto.
En ese contexto, explica, también debe discutirse qué es realmente un PODECIBI porque aunque suele asociarse únicamente con el reciclaje, estos polos forman parte de la estrategia federal para impulsar la economía circular mediante la instalación de infraestructura industrial, tecnológica y de investigación.
El debate sobre el PODECIBI sigue abierto. Mientras las autoridades sostienen que el proyecto aún requiere estudios y definiciones, la comunidad insiste en que primero deben conocerse las condiciones ambientales del territorio, transparentarse la información y responder por qué, una vez más, San Pedro Ecatepec fue elegido para recibir un nuevo proyecto relacionado con el manejo de residuos.
Por ahora, la respuesta continúa pendiente. Y mientras no llegue, en San Pedro Ecatepec permanece una convicción compartida por quienes han vivido durante más de treinta años junto al relleno sanitario: aquí ya no cabe una carga ambiental más, no queremos ser el basurero de Tlaxcala.
Fotografía: Cristihan Martínez / Nierika Images
El proyecto de San Pedro Ecatepec no es un caso aislado. Forma parte de la estrategia del Gobierno de México para desarrollar Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI) en 14 estados del país, entre ellos Tlaxcala, Campeche, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.
Sin embargo, Tlaxcala tampoco está sola en la resistencia. Comunidades de Puebla e Hidalgo también han expresado su rechazo a proyectos similares, al considerar que las decisiones se han tomado sin información suficiente y sin procesos de participación adecuados.
Aunque el decreto que formalizó el PODECIBI en Tlaxcala fue publicado el 8 de junio de 2026, el 15 de junio, durante una mesa de diálogo con habitantes de San Pedro Ecatepec, el secretario de Medio Ambiente de Tlaxcala, Pedro Aquino Alvarado, reconoció que aún era necesario realizar estudios para conocer las condiciones del suelo, el agua, el aire, la biodiversidad y los posibles impactos ambientales del proyecto.
Al cierre de este reportaje, esos estudios no se han realizado. Mientras el proyecto continúa avanzando, los habitantes de San Pedro Ecatepec sostienen que su oposición no es a la economía circular como modelo, sino a la ausencia de información, de consulta y de un diálogo efectivo que les permita conocer y valorar las consecuencias ambientales que el PODECIBI podría tener sobre un territorio que, desde hace más de tres décadas, convive con la disposición final de residuos.
¿Qué nos hace más propensos a soltar toda noción de ciudadanía por complacer al poder? ¿Qué es lo suficientemente poderoso para dejar de lado la mente crítica y elegir al silencio como cómplice? La respuesta inmediata a esto en Tlaxcala suele ser: La necesidad por la falta de empleo.
Y a expensas de que los privilegios que tengo me nublen el juicio, les diré que me parece que esto va más allá del dinero. Va más bien sobre un adormecimiento motivado por la sensación de poder. Porque si somos honestos, quienes trabajan en gobierno o deciden callar esperando trabajar allí en algún momento de la administración en turno, no están cerca de solventar sus necesidades económicas, como tampoco lo están quienes en la informalidad no logran superar la línea de vulnerabilidad o pobreza laboral.
Insistiré en los privilegios porque en esto hay niveles. Uno es más o menos privilegiado dependiendo de a quien tenga enfrente. Por supuesto que gozo del privilegio de ser hombre, pero no el de ser heterosexual; también tengo el privilegio de tener tez de piel clara, pero no el de la estética hegemónica que por «guapo» o «galán» te asegura candidaturas o puestos directivos.
Pero hay otro privilegio que tengo del que me siento afortunado, orgulloso y del que poco me atrevo a decirlo en voz alta. Tengo el privilegio de la intelectualidad.
Y el privilegio de la intelectualidad es una decisión. Una decisión que, inevitablemente, nos empuja hacia la exigencia.
Una vez una persona me dijo: «Quisiera ser tan máster como tú». No entendía a qué se refería exactamente. Al preguntarle, me aclaró: «Porque no te quedas callado y dices lo que piensas». ¡Opa! ¿Cuántas personas estarán por allí queriendo ser másters en esto pero teniendo algo que les permite hacerlo? Para ellas y ellos escribo estas líneas.
Si has llegado hasta acá y sientes que le puede servir a alguien leer lo siguiente, siéntete con la libertad (y el privilegio) de compartirle el link.
Es que decidir ejercer el privilegio de la intelectualidad significa negarnos a apagar la máquina de hacer preguntas. Significa entender que el pensamiento crítico no es un acto de rebeldía vacía, sino la herramienta más básica de supervivencia cívica y democrática. Y es aquí donde debemos desmontar una trampa en la que caemos con demasiada frecuencia: no está mal querer trabajar en el gobierno. De hecho, el servicio público debería ser uno de los espacios más dignos y honorables para el desarrollo profesional. El problema no es la aspiración, el problema es el peaje que el sistema político en Tlaxcala nos obliga a pagar para llegar ahí.
Les han hecho creer que para acceder a un escritorio en una dependencia gubernamental, o para conservar un contrato, debemos entregar nuestra capacidad de decisión. Y con ello, dejamos ir la decisión de cuestionar. Han normalizado que trabajar en el gobierno implica movilizar favores políticos en fines de semana, no tener horarios laborales claros, cumplir caprichos oficiales para incluso gastar el sueldo en regalos de cumpleaños para la gobernadora, aplaudir decisiones con las que no estamos de acuerdo, tomarse La Foto en la que tanto la cumpleañera como la persona abrazada siente cariño sincero por tratarse de un mero trámite que suma puntos para calificar «lealtad» o guardar silencio ante la opacidad y la ineficacia.
Luego entonces, el funcionariado público ha confundido lealtad institucional con sumisión personal. ¡Qué fuerte! La administración pública, quienes la sostienen con el verdadero sudor en la frente, mal pagados y mal tratados, quizá no se han calificado como tal. Pero eso, eso es sumisión, y no de la placentera. Porque hasta eso, también se decide en dónde, cuándo y con quién. Otro privilegio que también me da poder, decir «arre, hoy contigo quiero ser sumiso. Un par de horas nomás, vamos a soltar el control».
Pero bueno, para no andar exponiéndome de más, vuelto a inquirirles… ¿Qué pasaría si decidiéramos que trabajar allí no tiene por qué costar nuestra dignidad? ¿Qué pasaría si la intelectualidad que decidimos ejercer la usáramos para exigir condiciones laborales dignas dentro de las mismas estructuras de poder? ¿Qué pasaría si esto lo hicieran en colectivo?
Cuando renunciamos a nuestra mente crítica por complacer al poder, no estamos asegurando nuestro futuro económico; estamos perpetuando el mismo sistema que nos mantiene precarizados y que congela derechos laborales sexenio tras sexenio. La necesidad de empleo es real y urgente, pero usarla como excusa para silenciarnos solo garantiza que el gobierno siga siendo un botín para los mismos círculos cerrados, en lugar de un motor de desarrollo.
Entonces, que Tlaxcala no mejore en sus condiciones laborales no es solo resultado del privilegio de la intelectualidad que tienen quienes nos gobiernan (porque vaya que allí radica otra conversación que deberíamos tener sobre ser privilegiados) y que el ejercicio de cuestionar lo hacen para negarse a hacer distinto las cosas: negarse a otorgar vacaciones por Ley, negarse a procesos de contratación dignos o a perfilar de manera eficaz quienes ocupan las vacantes. Porque la moneda de este problema tiene dos caras: que las y los trabajadores de gobierno renuncien a ese mismo privilegio de la intelectualidad es aceptar su yugo.
¿O es que acaso así es como gustan de vivir? Acá entonces lo que estaría pendiente por validar es la existencia de otro privilegio, el de la creatividad, uno muy necesario para inventar formas de hacer dinero. Y se los digo desde una posición compleja que como medio independiente nos ha llevado, a mí y al equipo de trabajo de este proyecto, a buscar alternativas a la lógica tradicional de los ingresos para los medios pues decidimos no vivir de convenios. Y por acá las condiciones si son mejores o peores, nos permiten levantar la voz.
Ejercer la intelectualidad es un privilegio que es cuestión de decisión. Despertar de este adormecimiento es una cuestión de decisión para exigir que el trabajo en el sector público esté respaldado por perfiles idóneos, transparencia y derechos laborales, no por obediencia ciega. Porque el silencio nunca ha construido ciudadanía y en la ciudadanía está la respuesta para que a Tlaxcala le vaya mejor.
La cotidianidad de las mujeres; mujeres que representen el mundo
Por Elsa Cordero Martínez
La persona que dirija la representación de mayor jerarquía en el ámbito diplomático de las Naciones Unidas ONU, debe estar preparada sobre el conocimiento del mundo, pero parece que el mundo ahora debe estar preparado para que quien lo dirija sea una mujer. Nunca este importante puesto de la Organización Mundial ha sido ocupado por una mujer, lo que en congruencia con una visión democrática, igualitaria, y de paz debe acontecer ya. Según cifras del Banco Mundial el 49.9% de la población en el mundo somos mujeres, en México este porcentaje aumenta al 51.5%.
Registros de ONUMUJERES en 2026 revelan que hay 28 países donde 30 mujeres se desempeñan como jefas de gobierno, sólo 16 países están presididos por una jefa de estado y 21 países tienen jefas de gobierno. Las mujeres representan el 22.4% de los miembros del gabinete dirigiendo secretarías que lideran un área política, solo hay 9 países en los que las mujeres ocupan el 50% o más de los cargos de ministras del gabinete que dirigen áreas políticas. Las carteras que más ocupan las secretarías de estado son las que tienen que ver con temas de igualdad de género, familia infancia, inclusión social y desarrollo.
En los parlamentos la representación de las mujeres a nivel mundial es del 27.5%, actualmente sólo 7 países tienen un 50% más de mujeres en las cámaras entre los que está México. En los gobiernos locales en sólo 2 países se ha alcanzado el 50% de representación para las mujeres y en otros 29 países más del 40% de mujeres tienen la representación en gobiernos locales.
El organismo internacional tiene entre sus objetivos mantener la paz y proteger los derechos humanos, lo cual no puede comprenderse sin instrumentos como la democracia, la paridad, la igualdad, la inclusión y el respeto, el mundo entero hoy enfrenta severas crisis derivadas de la violencia que enfrentan las mujeres, que además se acrecenta con las problemáticas armadas, ambientales, económicas entre muchas otras, por eso la organización mundial que además enfrenta una de sus mayores crisis financieras, debe ser congruente con lo que el mundo necesita y dar paso a la representación mundial a través de la voz de las mujeres.
Exigir más a una representante mujer es reproducir estereotipos, sin embargo estudios serios muestran que las mujeres sí gobiernan diferente, pues incluyen en sus agendas temas relevantes y de desarrollo. Sin demeritar las credenciales de los 2 hombres candidatos, una importante acción afirmativa idónea para exigir a los líderes que toman las decisiones respecto al nombramiento, es privilegiar las propuestas, experiencias, y visión de las candidatas.
El mundo tal vez no está preparado para tener una representante mujer, la temporalidad para lograr la paridad mundial no es positiva, por eso desde todos los espacios deben generarse las acciones que lo hagan posible en el menor tiempo, empezar desde la Secretaría General de la ONU parece razonable, concebible y congruente.
Tenemos grandes candidatas en la chilena Michelle Bachelet, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, la costarricense Rebeca Grynspan, y la guyanesa Carolyn Rodrígues-Birkett, éxito a todas ellas.
El caso de los espectaculares
Hace unos días se generó una problemática a partir de que la Secretaría de las Mujeres del Estado de Tlaxcala presentó una campaña para promover la paternidad responsable y exhibió unos espectaculares, qué al decir de las expertas reproducen estereotipos y lenguaje machista, no poco numerosas fueron las manifestaciones de especialistas respecto la desafortunada campaña y la explicación teórica de las razones de sus exigencias para retirarlos, la institución pública defendió su propuesta, se generaron una serie de réplicas y contrarréplicas sobre todo en las redes sociales, los medios de comunicación difundieron el tema y finalmente se retiraron los espectaculares.
Llamó mi atención la confusión que todavía existe respecto los temas que tienen que ver con la protección de los derechos de las mujeres, la erradicación de la cultura patriarcal y la necesidad de replicar lenguajes que sean incluyentes y que se refieran con dignidad a las personas.
Entre las exigencias de las expertas estaba la necesidad de la especialización entre quienes dirigen áreas como las dedicadas a atender los temas de las mujeres, sin embargo en una realidad , -que no por ello adecuada-, lo cierto es que los espacios en los gabinetes tanto federales, como locales incluso municipales, tienen que ver con una condición que es la cercanía política con quien tiene la representación, se esperaría que lo mínimo que se exigiera a quien se hace cargo de una Secretaría de Estado es contar con el conocimiento sobre el tema que va a encabezar, o contar con la asesoría especializada a través de quienes compartan el quehacer público en la institución que corresponda, lo ideal sería tener especialistas en cada una de las áreas de gobierno, lo que por desfortuna y ante la ausencia de servicio civil de carrera no acontece.
Creo respetuosamente que la forma de resolver los conflictos de ninguna manera puede ser desvirtuando el trabajo de las mujeres, es decir debemos entender que las mujeres estamos en el mismo bando, necesitamos fortalecernos, no enfrentarnos, y todo lo expresado por la sociedad en general respecto temas como el que ejemplifico, muestra el enorme quehacer que todavía falta por hacer, para que las personas comprendan todo lo que tenemos que deconstruir para hacer que las mujeres vivamos sin violencias, en igualdad y en dignidad. La lucha continúa, el camino es largo, los obstáculos están presentes y por desfortuna robustecidos, pero el ánimo de quienes comprendemos y de quienes estamos comprometidas por el trabajo por los derechos de nosotras, no puede limitarse a enfrentamientos, sino en la construcción conjunta de nuestros anhelos.
Queremos cotidiano. Un mundo representado desde su organización mundial por mujeres, mujeres construyendo juntas, sin permitir que nada nos enfrente, que las que desconozcan aprendan, que las que saben enseñen, que las que gobiernan entiendan y se comprometan por las otras, mujeres en el mismo bando, honrando lo que hicieron las antecesoras, trabajando por un mejor presente y construyendo un mejor futuro para todas. Eso lo queremos cotidiano.
Tlaxcala, Tlax. El pasado 24 de julio, durante el Diálogo Circular, autoridades estatales presentaron un balance de la estrategia implementada para combatir la trata de personas en Tlaxcala, en el que destacaron la obtención de 37 sentencias condenatorias durante la presente administración, la realización de 750 operativos del programa Municipio Seguro, 57 inspecciones en hoteles, bares y otros establecimientos, así como acciones de prevención y sensibilización que, aseguraron, buscan fortalecer la detección de este delito y la cultura de la denuncia.
En el ejercicio participaron el coordinador de Comunicación del Gobierno del Estado, Antonio Martínez Velázquez; el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Alberto Martín Perea Marrufo; y el fiscal especializado para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Trata de Personas de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Óscar Braulio Angulo Terova.
Durante el diálogo, el equipo editorial de Escenario Tlaxcala cuestionó el presupuesto destinado a la prevención y erradicación de la trata, el cumplimiento del Programa Estatal, la elaboración de materiales de sensibilización y la capacidad institucional para identificar y atender a las víctimas.
En respuesta, los funcionarios defendieron los operativos, las estrategias preventivas y sostuvieron que uno de los principales obstáculos para combatir este delito continúa siendo la baja cultura de la denuncia. Sin embargo, para el Centro Fray Julián Garcés la respuesta institucional resulta insuficiente, pues atribuir la falta de resultados a la ausencia de denuncias desconoce la obligación legal de las autoridades de investigar de oficio los casos de trata de personas y elude responder por el rezago en el cumplimiento de la política estatal para prevenir, atender y erradicar este delito.
Disparidad en el presupuesto y los resultados, SSC
Uno de los cuestionamientos planteados por Escenario Tlaxcala estuvo relacionado con la correspondencia entre los recursos destinados a la política estatal de combate a la trata de personas y los resultados obtenidos. De acuerdo con el Centro Fray Julián Garcés A.C., entre 2023 y 2025 se asignaron 2 mil 163 millones 400 mil 783 pesos a acciones vinculadas con la prevención, sanción y erradicación de este delito.
No obstante, el pasado 17 de junio, el Gobierno del Estado informó, a partir del reportaje «Dentro de un pueblo mexicano donde las niñas son «vendidas desde el momento en que nacen» publicado por la periodista Louise Callaghan en The Sunday Times, que el Programa Estatal contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en Niñas y Mujeres 2022-2027 registra un avance formal de apenas 11%.
En respuesta, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Alberto Martín Perea Marrufo, sostuvo que la brecha entre los recursos destinados a esta política y los resultados obtenidos obedece principalmente a la falta de denuncias. Señaló que el principal obstáculo para avanzar en el cumplimiento del Programa Estatal contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en Niñas y Mujeres 2022-2027 continúa siendo la baja cultura de la denuncia, aunque aseguró que la dependencia mantiene labores de inteligencia y operativos preventivos para identificar posibles casos.
Asimismo, aseguró que la prevención no corresponde exclusivamente al Gobierno del Estado, sino que los ayuntamientos, particularmente los de la zona sur de Tlaxcala, tienen la obligación de implementar acciones preventivas y atender fenómenos como la prostitución y la posible operación de redes de proxenetismo y que, de no actuar, estas acciones corresponderían a «una falta administrativa».
«Responsabilizar a las víctimas de trata es desconocer la ley»; CFJG
En entrevista, Marisol Flores García, directora del Centro Fray Julián Garcés, afirmó que la postura expresada por las autoridades durante el Diálogo Circular respecto a que la falta de denuncias limita el combate a la trata de personas refleja un desconocimiento de las obligaciones que establece la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas. Explicó que dicha ley faculta a las autoridades para investigar de oficio este delito, por lo que las investigaciones no deben depender exclusivamente de que las víctimas presenten una denuncia.
Para Flores García, atribuir la principal limitante del combate a la trata de personas a la «cultura de la denuncia» termina por trasladar la responsabilidad a las víctimas, sus familias e incluso a la ciudadanía, en lugar de asumir las obligaciones que corresponden al Estado para prevenir, investigar y sancionar este delito.
Asimismo, la directora del Centro Fray Julián Garcés cuestionó la implementación de la estrategia estatal para prevenir, atender y erradicar la trata de personas, aprobada en 2022. Señaló que, durante el Diálogo Circular, las autoridades privilegiaron la presentación de operativos, campañas y acciones desarrolladas por cada dependencia, sin explicar la brecha entre los recursos ejercidos, las metas establecidas en el Programa Estatal y el bajo nivel de cumplimiento reportado.
En ese sentido, agregó que esta situación se agrava al considerar que, durante 2023 y 2024, parte de los recursos vinculados a la estrategia estatal fueron destinados al financiamiento de actividades relacionadas con la denominada «fiesta brava», pese a que, afirmó, esos recursos debían orientarse a acciones de prevención y combate a la trata de personas.
Centro Fray Julián Garcés cuestiona suspensión de cuaderno sobre trata por argumento de la Nueva Escuela Mexicana
Respecto a los cuestionamientos sobre la publicación del cuaderno especializado para la prevención de la trata de personas titulado «Apuntes para prevenir y erradicar la trata de personas con fines de explotación sexual en niñas y mujeres», el coordinador de Comunicación del Gobierno del Estado, Antonio Martínez Velázquez, explicó que el Consejo Estatal contra la Trata acordó suspender su edición al considerar que parte de sus contenidos ya habían sido incorporados a los materiales de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Por ello, señaló que se determinó revisar y actualizar el documento antes de su publicación.
El funcionario reconoció que el proyecto permanece pendiente y que, al tratarse de un recurso federal, actualmente se replantea una nueva propuesta con base en las observaciones emitidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Al preguntarle si es una prioridad para el gobierno actual la publicación de dicho libro, el vocero respondió que «sí lo es«, sin embargo, hasta el momento no precisó si el Consejo Estatal contra la Trata retomará su edición ni estableció un plazo para su publicación, pese a que esta acción forma parte del Programa Estatal contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en Niñas y Mujeres 2022-2027 como una estrategia para fortalecer la prevención desde el ámbito educativo.
Por su parte, el Centro Fray Julián Garcés rechazó esta explicación. Emilio Muñoz Berruecos sostuvo que el argumento de que los contenidos ya fueron incorporados a la Nueva Escuela Mexicana «no tiene sentido», pues los estudios realizados por la organización con docentes muestran que, aunque existe un mayor reconocimiento de la problemática, la mayoría carece de herramientas metodológicas para abordarla en el aula. Añadió que el modelo de la NEM promueve el trabajo a partir de problemáticas comunitarias, pero requiere procesos de capacitación específicos que, aseguró, no se han implementado en materia de trata de personas.
Finalmente, recordó que en abril pasado organizaciones civiles y académicas presentaron una propuesta de programa educativo orientada a fortalecer la prevención de la trata de personas en las escuelas, como parte de los esfuerzos para dotar al magisterio de herramientas pedagógicas especializadas.
Las denunciantes no vienen a nosotros, nosotros vamos a ellas; FGJE
Otro de los cuestionamientos planteados por Escenario Tlaxcala estuvo relacionado con la metodología que emplea la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para identificar posibles víctimas de trata de personas durante los operativos, considerando que diversas investigaciones documentan que muchas de ellas no se reconocen como víctimas debido a los mecanismos de control y violencia ejercidos por las redes de explotación.
En respuesta, el fiscal Angulo Terova, explicó que la Fiscalía modificó su estrategia al dejar de esperar denuncias y acercarse directamente a posibles víctimas durante los operativos. Agregó que la FGJE mantiene un proceso permanente de capacitación de su personal para fortalecer la identificación de víctimas y la integración de carpetas de investigación por este delito.
Como parte de estas acciones, informó que en el reciente operativo se estableció contacto con 28 mujeres (ninguna de ellas menores de edad), quienes actualmente se encuentran bajo el resguardo de la Fiscalía mientras se determina su situación jurídica.
«Muchas de las veces los tipos de violencia que ellas tienen son capaces de minimizar hasta cierto punto el delito o no decir que, como tal, son víctimas del mismo».
Finalmente, indicó que la atención brindada durante estos operativos es respaldada por un equipo interinstitucional integrado por personal del INCIFO, Trabajo Social, Psicología y Victimología de la Fiscalía, lo que, desde su perspectiva, permite ofrecer acompañamiento y respetar los tiempos de recuperación de las víctimas antes de una entrevista formal.
Operativos en moteles de Tlaxcala responden a una lógica administrativa, ni al combate para prevenir la trata
Una de las acciones destacadas por las autoridades durante el Diálogo Circular fue la realización de operativos e inspecciones en hoteles, bares y moteles. Como resultado, la Fiscalía informó que nueve moteles fueron suspendidos por incumplimientos a la normatividad sanitaria y administrativa; sin embargo, el Centro Fray Julián Garcés cuestionó que este tipo de intervenciones respondan principalmente a una lógica administrativa y no a una estrategia especializada para desarticular redes de trata de personas
Emilio Muñoz Berruecos del Centro Fray Julián Garcés sostuvo que los operativos recientes responden más a una lógica administrativa que a una estrategia especializada para combatir la trata de personas. Explicó que, al ser encabezados por la COEPRIST, las acciones se limitan a verificar el cumplimiento de normas sanitarias y administrativas, lo que deriva en clausuras temporales de establecimientos, sin desarticular redes de trata, judicializar a los responsables o garantizar protección integral a las víctimas.
«no es una acción promovida directamente para identificar a posibles víctimas o a victimarios. Sino que más bien es una acción de salubridad y ellos mismos reconocen que estos operativos son en base a la norma sanitaria y administrativa vigente».
Muñoz Berruecos sostiene que estas intervenciones terminan con la clausura temporal de establecimientos por irregularidades administrativas, mientras que las personas tratantes, los consumidores y las estructuras que sostienen la explotación «permanecen sin ser desarticuladas».
Asimismo, señaló que tampoco existen evidencias de que los operativos recientes hayan derivado en el traslado de víctimas a espacios de protección o en la aplicación de mecanismos como la extinción de dominio sobre los inmuebles utilizados para la comisión de estos delitos.
«son más acciones reactivas para mediatizar que se hace algo, pero que realmente no tienen resultados» añadió.
Flores García consideró que la Fiscalía General de Justicia del Estado mantiene un desempeño desvinculado de los objetivos establecidos en el Programa Estatal contra la Trata de Personas. A su juicio, durante el Diálogo Circular la institución se limitó a presentar las actividades que realiza en el ejercicio de sus atribuciones, sin explicar de qué manera éstas contribuyen al cumplimiento de las metas e indicadores previstos en la política pública.
Asimismo, cuestionó que la Fiscalía no informara sobre investigaciones patrimoniales o de inteligencia financiera orientadas a desarticular las redes de trata de personas. En el mismo sentido, Emilio Muñoz Berruecos señaló que tampoco se presentaron resultados relacionados con la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio para asegurar hoteles, vehículos, cuentas bancarias u otros bienes presuntamente utilizados para la comisión de este delito.
Finalmente, Flores García y Muñoz Berruecos coincidieron en que uno de los principales errores del enfoque institucional consiste en esperar que las víctimas se reconozcan como tales y denuncien durante los operativos, cuando especialistas en atención a sobrevivientes han documentado que este proceso puede tomar meses o incluso años. Desde el CFJG, insistir en una denuncia inmediata desconoce los mecanismos de control ejercidos por las redes de trata, revictimiza a las personas afectadas y favorece la impunidad.
Tlaxcala, Tlax.- Entre 2015 y 2024, al menos 11 municipios de Tlaxcala registraron el hallazgo de fosas clandestinas, de acuerdo con la Plataforma Ciudadana de Fosas, un proyecto impulsado por ARTICLE 19, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. La información, construida con registros oficiales y reportes periodísticos, evidencia tanto la presencia de este fenómeno en la entidad como las deficiencias institucionales para documentarlo.
Además, mediante la solicitud de información 291213225000054, la entonces Fiscalía General de Justicia del Estado —hoy Procuraduría General de Justicia— reconoció la localización de seis fosas clandestinas entre 2020 y 2024.
La plataforma fue creada para subsanar la falta de información oficial sobre la crisis de desapariciones en México e integra datos obtenidos mediante solicitudes de transparencia a fiscalías, los cuáles se contrastan con reportes periodísticos y depura inconsistencias en los registros oficiales.
Los resultados más recientes fueron presentados el 14 de julio durante el webinar «Enterrar la verdad. Opacidad en la calidad de la información sobre fosas en México», ARTICLE 19, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana señalaron que la falta de transparencia gubernamental continúa obstaculizando el conocimiento de la dimensión real de la crisis.
La actualización también marca el primer ejercicio de este tipo tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuyas funciones fueron transferidas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mediante el órgano Transparencia para el Pueblo.
¿Dónde se han localizado las fosas clandestinas en Tlaxcala?
De acuerdo con la Plataforma Ciudadana de Fosas, entre 2015 y 2024 se documentaron 14 fosas clandestinas en Tlaxcala, asociadas al hallazgo de 14 cuerpos o restos humanos. Del total, nueve corresponden a hombres, cuatro a mujeres y uno permanece sin identificar, este último registrado como restos o fragmentos óseos.
La información también evidencia diferencias entre las fuentes consultadas. Mientras la información proporcionada por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado concentra los 14 hallazgos, la prensa local habría documentado seis casos, todos ellos correspondientes a víctimas masculinas.
Los primeros hallazgos se documentaron en 2015, en Ixtacuixtla y Papalotla. Entre 2016 y 2018 se incorporaron Españita, San Pablo del Monte, Chiautempan, Nativitas, El Carmen Tequexquitla y Xaltocan. Posteriormente se registraron nuevos casos en Ixtacuixtla (2020), Chiautempan y Apizaco (2021), Zacatelco (2023) y, durante 2024, en El Carmen Tequexquitla, Huamantla, San Pablo del Monte, Nativitas y Tepeyanco.
La respuesta oficial de la Fiscalía
Como parte de la actualización de la Plataforma Ciudadana de Fosas, la entonces Fiscalía General de Justicia respondió en febrero de 2025 la solicitud de información 291213225000054, en la que reconoció las limitaciones de sus registros sobre fosas clandestinas.
En el oficio, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y No Localizadas (FEPDNL) informó que no cuenta con un registro formal de fosas clandestinas localizadas o reportadas por colectivos de búsqueda, y precisó que sus bases de datos sobre estos hechos comenzaron a integrarse a partir de 2020. Por ello, la información entregada únicamente comprende el periodo 2020-2024.
No obstante, anexó una relación con seis hallazgos ocurridos entre agosto de 2020 y marzo de 2021, que incluye ubicación, edad y sexo de las víctimas, causas de muerte, origen del hallazgo y estado de las investigaciones.
De acuerdo con la información oficial, los seis cuerpos fueron identificados mediante genética forense y entregados a sus familiares. Algunos casos derivaron de diligencias oficiales y otros de denuncias anónimas.
¿De qué trata la Plataforma Ciudadana de Fosas?
La Plataforma Ciudadana de Fosas es una herramienta de consulta pública creada en 2021 por ARTICLE 19, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana ante la ausencia de un registro oficial completo y accesible sobre fosas clandestinas en México.
El proyecto documenta hallazgos registrados entre 2006 y 2024 mediante la integración de información proveniente de solicitudes de transparencia dirigidas a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales, así como del monitoreo de medios de comunicación nacionales, locales e internacionales. Con ello, concentra datos sobre el número de fosas, cuerpos y restos humanos localizados por entidad y municipio, además de poner a disposición las respuestas oficiales que sustentan la información.
La plataforma surgió en un contexto de creciente crisis de desapariciones y forense en el país, caracterizado por la falta de registros públicos confiables y por la opacidad de las autoridades. Tras el retiro del mapa público de fosas clandestinas de la Comisión Nacional de Búsqueda en 2025, este proyecto se consolidó como una de las principales fuentes ciudadanas para conocer la dimensión del fenómeno y apoyar el trabajo de familias y colectivos de búsqueda.
La transparencia no puede depender de la voluntad política
Durante la presentación de la actualización, las organizaciones advirtieron que el acceso a la información sobre fosas clandestinas se ha deteriorado, con menos respuestas de las fiscalías y mayor opacidad. También alertaron que la desaparición del INAI y la falta de un Banco Nacional de Datos Forenses plenamente operativo dificultan la búsqueda de personas desaparecidas.
Frente a este panorama, anunciaron que la actualización de la plataforma correspondiente a 2025 será publicada en octubre y llamaron a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Si deseas consultar el tablero interactivo da clic «aquí».
Tlaxcala, Tlax.- La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), encabezada por Homero Meneses Rivera durante el ejercicio fiscal 2025, acumuló 38 observaciones por Probable Daño Patrimonial derivadas de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de ese año, de acuerdo con el Informe Individual de Auditoría emitido por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Estado de Tlaxcala el pasado 15 de julio.
Como resultado de la fiscalización, el OFS formuló 87 observaciones relacionadas con presuntas irregularidades administrativas y financieras, luego de aplicar 13 procedimientos de auditoría para revisar el control interno, el ejercicio del presupuesto, la comprobación del gasto, la administración de bienes, la gestión de personal y el cumplimiento de la normativa. La muestra auditada representó el 98.8% del presupuesto devengado de Participaciones Estatales, equivalente a 1 mil 532 millones 771 mil 565.07 pesos.
Irregularidades en control interno, nómina y comprobación del gasto
Entre los principales hallazgos, el organismo fiscalizador detectó que la dependencia operó sin contar con un Manual de Organización y de Procedimientos debidamente aprobado y publicado, además de inconsistencias entre los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de la nómina y los registros contables, así como 70 metas institucionales reportadas como cumplidas sin medios de verificación documental.
En materia de personal, la auditoría identificó inicialmente 101 docentes fuera de su centro de adscripción y ocho trabajadores —siete docentes y un intendente— que no fueron localizados durante las visitas físicas, quienes habían percibido en conjunto 1 millón 144 mil 668.88 pesos. Aunque la mayor parte de estas observaciones fue solventada, persistió una irregularidad por incompatibilidad de empleo y horario en 161 de los 288 servidores públicos observados inicialmente.
Asimismo, el OFS detectó pagos superiores a los tabuladores autorizados en diversas prestaciones laborales, 68 trabajadores con inasistencias por un monto de 493 mil 642.13 pesos sin que se aplicaran las deducciones correspondientes y diferencias entre las nóminas pagadas y los registros contables, de las cuales permanecieron pendientes por acreditar 342 mil 953.18 pesos.
Daño patrimonial se redujo de 34 millones a 131 mil pesos
Respecto al ejercicio del gasto, la auditoría revisó adquisiciones de papelería, combustible, servicios de seguridad, uniformes, materiales de limpieza e insumos de cafetería. Si bien la SEPE logró justificar la mayoría de las observaciones mediante documentación comprobatoria, el OFS determinó un probable daño patrimonial definitivo de 131 mil 685.46 pesos, correspondiente al pago de bienes y servicios cuya recepción y aplicación no pudo acreditarse, específicamente en el rubro de insumos de cafetería. El monto observado originalmente por este concepto superaba los 34 millones de pesos.
La fiscalización también detectó el abastecimiento de combustible a 25 vehículos ajenos a la dependencia, consumos sin bitácoras de control, deficiencias en el manejo de almacenes y listas de distribución de diversos insumos, así como 11 bienes muebles nuevos que permanecían empaquetados y sin etiquetar durante una inspección física.
Aunque inicialmente también se observaron deficiencias en materia de perspectiva de género, la dependencia acreditó posteriormente la operación de la Unidad de Género y Cultura de Paz y las acciones implementadas en la materia. Asimismo, el informe señaló que la SEPE cumplió con sus obligaciones fiscales y no identificó casos de nepotismo. Al concluir el proceso de revisión, la dependencia logró solventar 71 de las 87 observaciones formuladas por el OFS, equivalente al 81.6%.
Auditoría coincide con relevo en la Secretaría de Educación
La publicación del Informe de la SEPE también ocurre en un momento de reacomodos al interior del sector educativo estatal. El mismo 15 de julio, fecha en que el Órgano de Fiscalización Superior dio a conocer los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2025, Homero Meneses Hernández dejó la titularidad de la Secretaría de Educación Pública del Estado.
Su salida se produjo en medio de una serie de cambios en la estructura educativa. En mayo de 2026 también dejó el cargo Omar Cuatianquiz, entonces director de Planeación Educativa, mientras que Alonso Trujillo Domínguez, director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (COBAT), fue incorporado como el nuevo titular de la dependencia.
Así, además de las 16 observaciones que permanecen pendientes de solventar —entre ellas un probable daño patrimonial, promociones de responsabilidad administrativa y la incompatibilidad de empleo y horario de 161 servidores públicos—, la siguiente administración de la SEPE recibirá una dependencia que enfrenta tanto pendientes derivados de la fiscalización como un proceso de reconfiguración administrativa y política.
Escenario Tlaxcala obtuvo de manera anónima los oficios mediante los cuales se solicitó y autorizó la sesión fotográfica realizada durante la pedida de mano del titular de SIPINNA y COESPO, Stefano Di Grazia Hernández, en el Teatro Xicohténcatl. Los documentos, junto con entrevistas realizadas por este medio, muestran que el acceso fue autorizado sin costo y que la propia administración del recinto lo consideró un caso excepcional.
Tlaxcala, Tlax. La difusión de una sesión fotográfica realizada durante una pedida de mano en el Teatro Xicohténcatl, protagonizada por el titular del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y del Consejo Estatal de Población (COESPO), Stefano Di Grazia Hernández, abrió un debate sobre el uso de uno de los recintos culturales más representativos de Tlaxcala y las condiciones en que cualquier ciudadano puede acceder a él.
Escenario Tlaxcala tuvo acceso a los documentos que muestran que la solicitud fue presentada por Mariana Valenzuela Sandoval, entonces prometida de Stefano Di Grazia Hernández, mediante un oficio dirigido a la secretaria de Cultura, Karen Álvarez Villeda. Dos días después, la administración del teatro respondió favorablemente y autorizó una sesión fotográfica de una hora, sin costo y bajo condiciones específicas para proteger el inmueble histórico.
En entrevista, la encargada del Teatro Xicohténcatl, Alejandra Nayomi Garibay Camarillo, confirmó que la autorización siguió el procedimiento establecido para cualquier ciudadano y explicó que la actividad fue considerada una excepción debido a que era la primera vez que recibían una solicitud de esa naturaleza y existía disponibilidad en la agenda.
Oficios confirman la autorización
Los documentos, fechados el 11 de marzo de 2026, muestran que Mariana Valenzuela Sandoval presentó un oficio dirigido a la Secretaría de Cultura de Tlaxcala para solicitar autorización a fin de realizar una sesión fotográfica en el Teatro Xicohténcatl el 18 de marzo, en un horario de 9:00 a 10:00 horas.
En la petición se especificó que únicamente participarían la pareja y su fotógrafa, sin instalar escenografía, iluminación adicional o cualquier elemento que pudiera afectar el inmueble.
La respuesta llegó el 13 de marzo, mediante el oficio TX/134/2026, firmado por Alejandra Nayomi Garibay Camarillo, encarga del Teatro Xicohténcatl; quien autorizó el acceso y recordó a los solicitantes la obligación de preservar las instalaciones del recinto histórico.
En entrevista, Garibay confirmó que quien acudió a realizar el trámite fue la prometida del funcionario y no Stefano Di Grazia.
«Nos comentó que era para una pedida de mano, que utilizarían solamente la iluminación general del teatro, que permanecerían alrededor de una hora y que llevarían a su propia fotógrafa. Revisamos la agenda y vimos que era posible»
Pedida de mano de Di Grazia, una sesión considerada excepcional
Durante la entrevista, Alejandra Garibay reconoció que la autorización de la sesión fotográfica fue considerada una excepción. Explicó que, desde que asumió la dirección del teatro, solamente recuerda otro caso similar: una sesión fotográfica realizada por una bailarina de ballet para celebrar sus quince años, debido a que la temática estaba relacionada con la actividad artística.
Respecto al caso de Stefano Di Grazia, sostuvo que la decisión se tomó porque no implicaba alterar el funcionamiento del teatro, instalar equipo especial o cerrar el inmueble.
«Lo sentimos más como una visita al teatro. Muchas personas entran cuando no hay actividades, piden permiso para tomarse fotografías y se retiran. Aquí únicamente acudieron con una fotógrafa profesional»
Garibay insistió en que la autorización respondió a la disponibilidad del espacio y a que nunca antes habían recibido una solicitud similar.
Respecto al costo, la encargada del Teatro Xicohténcatl afirmó que la sesión fotográfica no generó ningún cobro, debido a que la solicitud cumplió con los requisitos establecidos por la administración del recinto y fue autorizada conforme al procedimiento vigente.
No existe una renta establecida para usar el Teatro Xicohténcatl
A diferencia de otros recintos culturales o auditorios públicos, el Teatro Xicohténcatl no cuenta con una tarifa o renta oficial por el uso de sus instalaciones. Alejandra Garibay explicó que actualmente la Secretaría de Cultura no dispone de un mecanismo jurídico que le permita cobrar por el préstamo del recinto, cuyo aforo es de 450 personas.
Señaló que esta situación deriva de que el reglamento vigente fue elaborado en 1985, cuando el teatro dependía del entonces Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC). Tras la creación de la Secretaría de Cultura, ese esquema quedó desactualizado y, hasta el momento, no existe una disposición que establezca cuotas por el uso del inmueble.
Aunque no existe una renta por utilizar el Teatro Xicohténcatl, cuando se trata de espectáculos privados o producciones con fines comerciales, la administración suele solicitar aportaciones en especie para contribuir al mantenimiento del recinto.
Entre los materiales que regularmente se requieren se encuentran pintura, papel sanitario, jabón para manos, artículos de limpieza, refacciones para sanitarios y otros insumos necesarios para la operación cotidiana del teatro.
De acuerdo con Garibay, estas aportaciones suelen representar un valor aproximado de entre mil 500 y cinco mil pesos, dependiendo de las características de cada evento.
Incluso recordó que algunos productores han realizado contribuciones mayores para mejorar la infraestructura del inmueble. Como ejemplo, mencionó la adquisición de una base especial para el piano del teatro, cuyo costo superó los 20 mil pesos.
Garibay explicó que el Teatro Xicohténcatl está destinado principalmente a actividades culturales y artísticas, por lo que pueden autorizarse obras de teatro, conciertos, espectáculos de danza, presentaciones de libros, conferencias, actividades académicas y proyectos impulsados por artistas locales. Asimismo, señaló que, al tratarse de un inmueble administrado por el Gobierno del Estado, también se cede para la realización de actos oficiales y eventos institucionales organizados por dependencias gubernamentales, siempre que exista disponibilidad en la agenda del recinto.
En contraste, precisó que no se autorizan campañas políticas, actos religiosos, eventos comerciales ajenos a la vocación cultural del teatro ni celebraciones particulares, ya que el objetivo es preservar el carácter artístico e histórico del inmueble y garantizar que su uso sea compatible con la función para la que fue creado.
La comunidad artística respalda la apertura del recinto
Para confirmar estas declaraciones, Escenario Tlaxcala también consultó a integrantes de la comunidad artística local, quienes coincidieron en que el acceso al Teatro Xicohténcatl ha mejorado durante los últimos años.
La actriz Samantha Corpus señaló que la actual administración ha facilitado el uso del recinto para compañías independientes y artistas locales mediante esquemas de colaboración que permiten conservar la recaudación de taquilla a cambio de ofrecer talleres gratuitos para la ciudadanía.
No obstante, Samantha Corpus consideró que, aunque el Teatro Xicohténcatl tiene una vocación eminentemente cultural, en la práctica las fechas suelen privilegiar los eventos organizados por el Gobierno del Estado, debido a que el recinto es utilizado con frecuencia para actos oficiales e institucionales.
Esa situación, afirmó, obliga a compañías, productores y artistas independientes a gestionar sus solicitudes con varios meses de anticipación para encontrar espacios disponibles en la agenda, aunque reconoció que la comunicación con la administración del teatro ha mejorado y que existe mayor apertura para los creadores locales.
Para Garibay, el objetivo es mantener un equilibrio entre la función institucional del inmueble y su vocación cultural. Sostuvo que la prioridad seguirá siendo acercar las artes a la ciudadanía, facilitar el acceso de los artistas tlaxcaltecas y preservar el Teatro Xicohténcatl como uno de los principales espacios públicos para la actividad cultural en el estado.
«El teatro es de todas y todos»: así puede solicitarse el uso del Teatro Xicohténcatl
Alejandra Garibay sostuvo que el Teatro Xicohténcatl es un espacio público administrado por el Gobierno del Estado, por lo que cualquier persona puede solicitar su uso, siempre que cumpla con el procedimiento establecido y que la actividad sea compatible con la vocación artística y cultural del recinto.
«No está reservado para funcionarios o para un grupo en particular; cualquier ciudadano puede presentar una solicitud»
A continuación te presentamos los pasos para elaborar el oficio de solicitud y gestionar el uso del Teatro Xicohténcatl, la cafetería o el lobby del recinto:
Presenta tu propuesta de evento. Acude personalmente a las oficinas del Teatro Xicohténcatl, ubicadas en Avenida Benito Juárez número 21, Centro, Tlaxcala, o comunícate al teléfono 246 462 4073 para exponer el evento que deseas realizar y consultar la disponibilidad de fechas y horarios.
Elabora un oficio de solicitud. Una vez acordada la fecha, prepara un oficio solicitando el uso del Teatro Xicohténcatl, la Cafetería del Teatro Xicohténcatl o el Lobby del Teatro Xicohténcatl, según el espacio requerido.
Dirige la solicitud a la Secretaría de Cultura. El oficio debe estar dirigido a la titular de la dependencia, Karen Álvarez Villeda, secretaria de Cultura del Estado de Tlaxcala.
Entrega el documento. El oficio debe presentarse en la Oficialía de Partes de la Secretaría de Cultura, ubicada en el Museo de Arte de Tlaxcala, en Plaza de la Constitución número 21, Centro, Tlaxcala, en un horario de 09:00 a 14:00 horas.
Da seguimiento a tu trámite. Aproximadamente una semana después de presentar la solicitud, los interesados pueden consultar el estatus del trámite llamando al 246 462 4073, escribiendo al correo teatroxico@hotmail.com o acudiendo directamente a las oficinas del Teatro Xicohténcatl.
Garibay explicó que, además de cumplir con estos requisitos, las solicitudes son evaluadas de manera individual para verificar que el evento sea compatible con la vocación cultural del recinto.
Si les pidiera a todas las personas en edad de votar en Tlaxcala que levantaran la mano si siente agotamiento de este entorno político en Tlaxcala que parece un mecanismo de control que las élites intentan mantener vivo para justificar la opacidad, el nepotismo y la falta de profesionalización en el gobierno, seguro que más de la mitad la levantarían.
Pero si les pidiera que bajaran la mano quienes pueden mantener su «estatus», sus «privilegios» o las condiciones actuales en las que viven, me da una nostalgia tremenda pensar que no habría mucho cambio en las manos levantadas.
Y es que, ¿cómo podríamos diagnosticar lo cerca o lejos que estamos de cambiar el paradigma social con el que hemos entendido la ciudadanía, la política y el bien común? Es una pregunta que nos ha acompañado en Escenario Tlaxcala desde el día que decidimos construir este medio de comunicación, y que ahora, frente a esta administración estatal se ha vuelto más difícil acercar una respuesta.
A pesar de ello, este lunes inicio con una serie de columnas que buscarán colocar sobre la mesa probables elementos para reflexionar esto juntas y juntos. Digo que juntas y juntos porque me interesa mucho abrir conversación, así que al leerme te interesa hacer de esto un diálogo, escríbeme al WhatsApp 246 100 1270.
Después de ese comercial, y cuatro párrafos después de que iniciaste a leer te cuento que aunque el panorama pareciera que nos ha rebasado. Veo con optimismo que se esté rompiendo un mito que es probable que ni siquiera hayas pensando que es un mito. Hablo del famosísimo y tan escuchado: Tlaxcala es un pueblo chico. Y es que, ¿nos hemos puesto a pensar en la carga simbólica que representa esto para sostener las estructuras y relaciones políticas actuales?
A ver, que tampoco vengo a decir que no seamos un pueblo chico, porque vaya que lo somos. El punto aquí es como eso sostiene formas arcaicas que no nos permiten madurar como ciudadanía.
Me refiero claro a que en Tlaxcala los actores políticos a menudo están interconectados por lazos de sangre, matrimonio o padrinazgos históricos, lo que anula la oposición real, fomenta la complicidad y silencia la fiscalización ciudadana. O también a esta práctica del político tlaxcalteca que adopta un discurso moderno solo en la forma, tomándose la foto con mujeres, homosexuales o defensores de derechos humanos, pero en el Congreso local o en los cabildos congelan acciones reales.
Pero ser un «pueblo chico» no solo sostiene formas arcaicas, también ha permitido que permanezcan a través del tiempo formas de organización colectiva maravillosas y que ya quisieran otros estados de México.
Esas formas de organización colectiva podrían ser justo la respuesta. A ver, desde una mirada crítica constructiva de nuestra propia cultura cívica, cuando las y los ciudadanos tlaxcaltecas quieren, dejan de tolerar la falta de servicios, la opacidad y el nepotismo, y aunque lo hacen en contexto de amenaza, ¡Lo hacen!
Normalizar la indignación fuera de contextos de amenaza es lo que puede normalizar también que observemos permanentemente cómo la asignación de los cargos de confianza en los municipios de Tlaxcala no responden a perfiles técnicos o académicos, sino al pago de favores de campaña. Y cómo la exigencia de mejores perfiles en las oficinas gubernamentales de todos los niveles puede generar un impacto directo tan solo en eficiencia y en empleabilidad de muchas personas profesionales preparadas pero que no son consideradas ahora por no tener una foto con la gobernadora en campaña.
Y entre ese claroscuro, hay ejemplos que comienzan a romper. En esta columna compartiré una de ellas para no extenderme demasiado y dedicarle su espacio a otras formas en las siguientes entregas.
En esta ocasión, quiero hablar de la irrupción con una fuerza brutal desde hace ya unos años de las juventudes y los feminismos. Ahora en Tlaxcala, hay un segmento de poblaciones jóvenes y una población cada vez más grande de mujeres que se movilizan por agendas como los derechos reproductivos y la diversidad sexual.
Pero esta fractura generacional no termina de agrietar. Por ejemplo, con la Universidad Autónoma de Tlaxcala impidiéndolo bajo coerción de la comunidad estudiantil. Sin embargo, hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, creando redes seguras, desde la propia comunidad estudiantil o con el acompañamiento docente. El aislamiento es el arma principal de la coerción; si un estudiante alza la voz en solitario, es neutralizado académicamente. Se requiere inteligencia colectiva.
Construir bloques de resistencia sobre problemas compartidas (protocolos reales contra la violencia de género, inclusión LGBTTTIQA+ y mejora de infraestructura académica), puede diluir el riesgo individual. Desde Escenario Tlaxcala, dejamos abierto un canal seguro y libre para construir reportajes que denuncien los diferentes sistemas de violencia al interior de la UATx. Sus testimonios documentados sobre el estancamiento institucional pueden ser esfuerzos que agrieten.
Por lo pronto, cierro compartiendo lo que nos dijo durante nuestro festejo de aniversario el pasado 10 de julio, Alejandra Méndez Serrano, y desde su experiencia acumulada por más de 20 años al frente del Centro Fray Julián Garcés donde trabajó para conseguir incidencias palpables en materia de trata de personas con fines de explotación sexual y contaminación de la cuenta Atoyac-Zahuapan:
«Necesitamos construir ciudadanía permanentemente. en la colectividad está la esperanza… desde la academia, desde el teatro, desde el arte, desde el periodismo».
Y agregaría, desde las aulas de clases, desde las oficinas gubernamentales, desde las calles de nuestras comunidades, desde cualquier punto del territorio tlaxcalteca que justo como es un pueblo chico, es más fácil defenderlo.
