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Más tlaxcaltecas se reconocen indígenas, pero el reto está en las lenguas originarias

Tlaxcala, Tlax.- Cada vez más personas en Tlaxcala se reconocen como indígenas. Tras la publicación de los resultados de la Encuesta Intercensal 2025, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 19.3% de la población tlaxcalteca se autoadscribe como indígena, porcentaje que supera en 0.7 puntos porcentuales el registro nacional de 18.6%.

Los resultados, publicados el pasado 22 de septiembre, muestran un incremento respecto a 2020, cuando 16.5% de la población se reconocía como indígena. Esta mayor autoadscripción permite visibilizar a una población que mantiene una identidad indígena, aun cuando no necesariamente hable una lengua originaria.

Sin embargo, el ejercicio estadístico muestra una realidad distinta cuando se considera el uso de las lenguas indígenas, ya que 2.0% de la población de tres años y más habla alguna lengua indígena, frente al 2.2% registrado en el Censo de Población y Vivienda 2020 y al 2.5% reportado en 2010.

Para Ulises Tamayo, coordinador de la Universidad Intercultural de Tlaxcala, este cambio representa un nuevo escenario para analizar la identidad y autodeterminación indígena en la entidad, debido a que la metodología aplicada en la Encuesta Intercensal 2025 permitió reconocer a una población que anteriormente podía no ser considerada indígena al utilizar el dominio de una lengua como principal criterio de identificación.

No obstante, el incremento en la población que se autoadscribe como indígena ocurre mientras las lenguas originarias enfrentan un proceso de disminución en su uso, además de otros retos que afectan a las comunidades. Entre ellos, el coordinador señaló la gestión del agua y la presión hídrica, la salud pública, el campo y la preservación del patrimonio cultural, factores que han contribuido al abandono progresivo de actividades agrícolas y al debilitamiento de los sistemas culturales comunitarios.

La autoadscripción indígena cayó en 2020; para 2025 el porcentaje vuelve a crecer

Los resultados de los últimos ejercicios estadísticos muestran que la población que se reconoce como indígena ha tenido variaciones importantes en Tlaxcala.

En 2015, de acuerdo con la Encuesta Intercensal, 321 mil 310 personas se consideraban indígenas, equivalentes al 25.2% de la población. Para 2020, esta proporción disminuyó a 16.5%, con 209 mil 908 personas que se reconocieron como indígenas.

Para 2025, el indicador vuelve a incrementarse y alcanza 19.3%, equivalente a alrededor de 273 mil 700 personas.

De esta manera, entre 2015 y 2020 se registró una disminución de 8.7 puntos porcentuales en la población que se consideraba indígena, mientras que entre 2020 y 2025 se observa una recuperación de 2.8 puntos porcentuales.

Para Ulises Tamayo, estos cambios también tienen una lectura en términos de política pública, pues la manera en que las personas se reconocen como indígenas permite visibilizar a una población que mantiene una identidad y cuyas necesidades y derechos deben ser considerados en las acciones del Estado.

El incremento registrado en 2025 permite reconocer también a personas que, aunque ya no hablan una lengua originaria, conservan tradiciones, prácticas culturales, formas de organización y sistemas de gobernabilidad comunitaria.

Aunque el porcentaje de 2025 todavía se encuentra por debajo del registrado en 2015, los resultados muestran nuevamente una presencia importante de población que se reconoce como indígena en Tlaxcala.

Pese a mayor autoadscripción indígena, la población hablante de lenguas originarias disminuye

Pese a que 19.3% de la población tlaxcalteca se reconoce como indígena, el porcentaje de personas que hablan una lengua originaria mantiene una tendencia a la baja. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, 2.0% de la población de tres años y más habla alguna lengua indígena, frente al 2.2% registrado en el Censo de Población y Vivienda 2020 y al 2.5% reportado en 2010.

En 15 años, la proporción de población hablante de alguna lengua indígena disminuyó 0.5 puntos porcentuales, al pasar de 2.5% en 2010 a 2.0% en 2025. Entre 2020 y 2025, la reducción fue de 0.2 puntos porcentuales.

Ulises Tamayo, coordinador de la Universidad Intercultural de Tlaxcala, explicó que la diferencia entre la población que habla una lengua indígena y aquella que se reconoce como indígena evidencia las limitaciones de utilizar el dominio de una lengua como único criterio para identificar a esta población.

Explicó que existen comunidades donde las lenguas originarias han dejado de hablarse de manera generalizada, pero permanecen “las tradiciones, prácticas culturales, formas de organización y sistemas de gobernabilidad comunitaria”.

Uno de los casos es Ixtenco, donde 72.8% de la población se autoadscribe como indígena, aunque el dominio del yühmu es cada vez más reducido. Mientras los registros oficiales han identificado alrededor de 200 hablantes, el trabajo territorial realizado con integrantes de la comunidad sitúa la cifra entre 30 y 50 personas, de acuerdo con Tamayo.

En Tlaxcala, el náhuatl se mantiene como la lengua originaria con mayor presencia y vitalidad, seguido del totonaco, cuya presencia también está relacionada con corrientes migratorias provenientes de la Sierra Norte de Puebla. En contraste, el yühmu u otomí tlaxcalteca enfrenta una situación crítica y se encuentra en riesgo de desaparición, por lo que requiere acciones específicas para su preservación y revitalización.

Comunidades indígenas avanzan en reconocimiento, pero persisten retos estructurales

Para Ulises Tamayo, las comunidades indígenas atraviesan un proceso de mayor reconocimiento de su identidad y de sus derechos, aunque todavía persisten retos estructurales para que este reconocimiento se traduzca plenamente en políticas públicas, presupuesto y acciones que respondan a sus necesidades.

Explicó que existe una brecha entre la creación formal de derechos e instituciones y la asignación sostenida de recursos necesarios para consolidarlos. A ello se suman los procesos que implica llevar las disposiciones legales a la práctica, pues, sostuvo, “de repente en la operatividad de lo concreto es donde alcanzamos a ver esas tensiones entre la letra y la acción […] hay grandes diferencias”.

La presión de los tiempos institucionales también representa un reto para la planeación y evaluación de las políticas dirigidas a las comunidades.

“Los tiempos institucionales pues siempre te están correteando”, señaló el coordinador, al advertir que esta dinámica puede “debilitar los cambios políticos, debilitar los procesos de planificación y los procesos de evaluación”.

A ello se suma la necesidad de continuar fortaleciendo la información y capacitación sobre los derechos de los pueblos indígenas, tanto entre quienes participan en la atención institucional como dentro de las propias comunidades. Tamayo consideró que todavía existe un proceso de aprendizaje en torno al marco jurídico en la materia. “No necesariamente los funcionarios públicos están tan versados en el tema […] ni en cuanto a experiencia”, afirmó, y agregó que “no todos se sientan a leer el Convenio 169 de la OIT”.

La aplicación de recursos directos para los pueblos originarios representa otro desafío. Aunque se trata de una demanda planteada durante años por las comunidades, su implementación también implica generar acuerdos sobre el destino y administración del presupuesto. “¿Cómo nos ponemos de acuerdo para implementarlo? Eso implica consultar al pueblo y no siempre es sencillo”, expuso.

De acuerdo con Tamayo, entre las principales preocupaciones en materia de salud se encuentran las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y la insuficiencia renal, mientras que en el ámbito productivo existe un abandono progresivo del campo, acompañado por el uso de agroquímicos que algunas comunidades han comenzado a cuestionar por sus efectos y por su impacto en la continuidad de los sistemas culturales propios.

A estos factores se suman dificultades para articular el trabajo colectivo dentro de las propias comunidades. El coordinador consideró que los intereses individuales pueden obstaculizar la construcción de acuerdos y la atención de problemas comunes, pues “muchas veces los egos no nos permiten a nosotros articularnos”, por lo que uno de los principales retos, sostuvo, consiste en “aprender a trabajar en conjunto”.

El proceso, señaló Tamayo, forma parte de una transformación que requiere tiempo: las comunidades indígenas han ganado presencia en las estadísticas, en las instituciones y en la discusión pública, pero todavía es necesario consolidar ese reconocimiento para que se traduzca plenamente en derechos, participación y mejores condiciones para las familias y comunidades.

La educación intercultural busca recuperar lenguas y fortalecer la educación indígena

Frente a este escenario, la Universidad Intercultural de Tlaxcala ha desarrollado distintas líneas de trabajo dirigidas a fortalecer la identidad, las lenguas y los derechos de los pueblos originarios, mediante acciones que buscan mantener un vínculo directo con las comunidades.

Uno de los primeros procesos fue la consulta previa e informada para la creación de la propia universidad, en la que participaron al menos 15 municipios interesados. De acuerdo con el coordinador, el ejercicio se realizó con la participación de organizaciones sociales locales y bajo los estándares establecidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las declaraciones de Naciones Unidas sobre pueblos originarios.

A partir de este vínculo con las comunidades, la institución también ha colocado la recuperación y enseñanza de las lenguas originarias como uno de sus principales ejes. Todos sus estudiantes cursan obligatoriamente una lengua originaria durante los cuatro años de su carrera, con prioridad en el yühmu, debido al riesgo de desaparición que enfrenta, además del náhuatl. La universidad contempla incorporar posteriormente el totonacú.

Sin embargo, el coordinador señaló que el reto de fortalecer la educación indígena no comienza en la universidad, sino desde los niveles básicos. Históricamente, explicó, la atención educativa dirigida a los pueblos originarios en Tlaxcala se concentró principalmente en educación inicial y primaria, con dificultades incluso para garantizar que los docentes conocieran y hablaran las lenguas de las comunidades donde eran asignados.

Después de la primaria existía un corte en esta trayectoria educativa, debido a la ausencia de secundarias y preparatorias con un enfoque específico para población indígena. En este contexto, recientemente comenzó a operar la primera secundaria indígena en Teolochco, mientras se trabaja en la construcción de una red de planteles de este tipo.

A este proyecto se suma la propuesta para establecer bachilleratos interculturales en la entidad, con la intención de ampliar la cobertura educativa y evitar que la formación con enfoque indígena se interrumpa al concluir la educación básica.

De concretarse esta expansión, junto con la Universidad Intercultural, Tlaxcala avanzaría hacia una trayectoria educativa para los pueblos originarios que abarque desde la educación básica hasta el nivel superior, en un contexto donde la autoadscripción indígena ha ganado presencia, pero las lenguas originarias continúan enfrentando una disminución en el número de hablantes.


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⁠Morena Tlaxcala: La marca gana, la estructura tiembla

Verónica Barrientos

La designación de la senadora Ana Lilia Rivera Rivera por parte del CEN de Morena como coordinadora estatal marca un hito definitivo en la reconfiguración del poder en Tlaxcala de cara al 2027.

La lectura política de esta decisión es clara: la dirigencia nacional optó por la ortodoxia de Morena (una fundadora del partido, expresidenta del Senado y referente del obradorismo histórico) por encima del perfil más cercano al grupo en el gobierno estatal, encarnado por la figura promovida desde el Ejecutivo.

​El escenario proyecta un Morena fortalecido en marca y preferencia de voto general, pero con una estructura territorial interna que requiere contención para evitar cicatrices profundas.

1. El gran reto inmediato: contención de la indisciplina y operación de cicatriz

El reto central de Ana Lilia Rivera no es ganar el voto de afuera, sino mantener cohesionada la maquinaria por dentro. Al resolverse la coordinación estatal, pero dejar pendientes las definiciones para los municipios y las diputaciones locales, el riesgo de fuga o de «neutralidad» es alto.

​Los focos rojos que requiere atender en los próximos dos a tres meses son:

La «fuga de inconformes» en el ámbito municipal:

Riesgo: Aspirantes a los 60 municipios que se sientan excluidos por la resolución de la cúpula tenderán a migrar al PVEM, PT, MC o incluso al PRI/PAN para aparecer en la boleta.

La lealtad pactada con las estructuras del Gobierno del Estado:

Riesgo: Que los operadores territoriales alineados a la estructura del Ejecutivo mantengan una presencia pasiva o saboteen sutilmente los trabajos de estructuración de comités (práctica habitual en la política local).

El fenómeno del «voto cruzado» o voto castigo en lo local:

Riesgo: Que la marca Morena mantenga su hegemonía en la boleta principal, pero sufra derrotas en municipios clave debido a fracturas internas y al cobro de facturas entre los grupos políticos locales. (Lo hacen. Saben qué tanto se apasionan).

​2. El actuar estratégico de la gobernadora

​El escenario requiere de alta diplomacia política. Haber respaldado a una opción distinta no es un impedimento si la resolución del CEN se procesa bajo el criterio del pragmatismo de Estado:

​Transición de la injerencia a la garantía de gobernabilidad: A la gobernadora no le conviene un partido dividido que vuelva convulso el cierre de su administración. Su papel idóneo es asumir el rol de garante de la unidad, validando públicamente el nombramiento de la senadora Ana Lilia Rivera y dando luz verde a sus estructuras institucionales para sumarse al proyecto común.

​Mantenimiento del equilibrio interno: Negociar con el CEN y la nueva coordinadora las posiciones tácticas en el Congreso local y en los municipios estratégicos (como Tlaxcala capital, Apizaco, Chiautempan y Huamantla), garantizando que su grupo conserve representación.

​Mensaje de disciplina al gabinete: Enviar una señal contundente hacia sus secretarios y operadores territoriales para desactivar cualquier intento de confrontación soterrada o de «fuego amigo», cerrando filas con la decisión nacional de Morena.

​3. Ruta de operación táctica

​Mesas de unidad local para neutralizar fugas.

Blindaje de encuestas: dejar las reglas claras a los municipios.

Candidaturas consensuadas: cierre de año y listas «sin fractura».

​Ya lo veremos en los siguientes días: los movimientos y los silencios se leen entre líneas.


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La cotidianidad de las mujeres; Mujeres y elecciones.

Elsa Cordero Martínez

Inició el proceso electoral, se celebrarán elecciones federales y la concurrencia de elecciones locales en los 32 estados. Se renovarán 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales, diputaciones locales, cargos municipales, entre otros, lo que significa elegir mas de 19,000 cargos el próximo 6 de junio de 2027.

La movilización que amerita esta competencia electoral es enorme, pues los cargos son electos de entre un número importante de candidaturas por partido político o coalición. En una condición congruente, justa y legal la mitad de las candidaturas o más, tendrán que ser para mujeres, y otra parte representativa para grupos como la comunidad LGBTIQ+, personas con discapacidad, juventudes, indígenas, etc.

Hoy más que nunca las mujeres candidatas necesitan conocer desde el principio, sus derechos e identificar conductas que pueden causar violencia política por razón de género, para actuar de forma inmediata, dejar de normalizar tratos discriminatorios, dejar de pensar que el margen de exigencia al perfil de las mujeres -mayor al de los hombres- es una exigencia justa, dejar de permitir que el liderazgo en puestos similares siempre sea encabezado por hombres o permitir ser registradas solo para “llenar” el número requerido.

Las autoridades electorales en la vigilancia del proceso –en todas sus etapas- deben incorporar perpectivas especializadas que les permitan identificar asimetrías de poder y no reproduzcan discriminación y mucho menos den paso a simulaciones, esto es algo que ocurrió por muchos años, mal justificado por el cambio cultural, que hacía que las candidaturas encabezadas por mujeres tuvieran como suplente un hombre, que en caso de ganar era quien representaba el cargo, o el registro en lugares donde nunca había ganado una mujer, o la simulación sobre ciertas condiciones de pertenencia a grupos vulnerables -a los que no pertenecían- para dar cumplimiento a las acciones afirmativas. Es tiempo de una mayor exigencia a las condiciones que exige la ley, a la denuncia en casos de simulación y sobre todo a dar pauta para que mujeres ocupen el lugar que siempre debía correspondernos: La participación en la toma de decisiones en materia electoral en todos los niveles de gobierno, por que la conclusión es simple, sin mujeres no hay democracia.

Las mujeres candidatas deben tener claro que las acciones para que puedan participar en igualdad no son favores o beneficios, son derechos que por mucho tiempo se ignoraron o disimularon, y hoy deben hacerse efectivos.

Todos los partidos políticos, necesitan implementar acciones para tener por lo menos 9 mujeres candidatas a gobernadoras, si 9, ni una menos, y asegurar que la participación de sus candidatas a diputadas federales y locales en lugares en los que las mujeres tienen posibilidad real de acceder al cargo.

En las presidencias municipales tenemos todavía un largo camino para alcanzar la paridad, los partidos políticos que realmente actúen con responsabilidad deben promover en los espacios exigidos a sus candidatas. Es un buen momento para verificar que la obligación de destinar un porcentaje mínimo, del financiamiento público ordinario para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, dé sus frutos.

Considero que las mujeres que hemos sido candidatas, más allá de colores partidistas o ideales debemos acompañar a las nuevas generaciones de mujeres que aspiran a ser representantes de algún cargo de elección popular, la experiencia -mucha o poca- de quienes hemos enfrentado estos procesos desde esa condición, puede ayudarles a sortear algunos obstáculos que por desfortuna son comunes, frecuentes e injustos.

Queremos cotidiano. Mujeres gobernadoras, diputadas federales, diputadas locales, presidentas municipales, síndicas, regidoras, delegadas, presidentas de comunidad, provenientes de candidaturas que no experimenten violencia política por razón de género, ni simulaciones, eso lo queremos cotidiano.


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La Malinche se vende: autoridades advierten fraude, pero la ley no prohíbe su comercialización

  • La Conanp reconoce la venta de lotes y construcciones en La Malinche, pero las autoridades no cuentan con un inventario que permita saber cuántos terrenos se han comercializado o cuál es su impacto. Aunque se promocionan para construir cabañas, comprar un lote no autoriza su construcción y la legislación revisada tampoco prohíbe expresamente su venta o promoción.

Tlaxcala, Tlax. Desde mediados de 2022, la inmobiliaria Constructora RADAC, S.A. de C.V., así como otros vendedores de terrenos, comenzaron a ofertar a través de redes sociales lotes en La Malinche, con precios accesibles y la promesa de convertirlos en un lugar de descanso.

Al preguntar por los permisos y autorizaciones ambientales necesarios para desarrollar estos terrenos, los propios asesores inmobiliarios señalaron que serían los compradores quienes tendrían que gestionar y asumir los costos de los trámites para obtener los permisos de construcción dentro del Área Natural Protegida (ANP).  Aunque las autoridades ambientales han advertido sobre este tipo de operaciones y llamado a la población a no adquirir estos terrenos, la publicidad de estos terrenos sigue circulando sin ninguna restricción.

Para conocer más sobre el modus operandi con el que se ofertaban estos terrenos y las condiciones que se planteaban a los posibles compradores, te invitamos a leer la primera parte de este trabajo: Así opera la venta de lotes en la Malinche: sin permisos, cláusulas de rescisión y costos engañosos. 

Pero, ¿qué dicen las instituciones gubernamentales sobre la venta de estos terrenos? Para conocer su postura y las acciones que han realizado frente a estos hechos, realizamos diversas solicitudes de información a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Tlaxcala (SMA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Las respuestas oficiales muestran que las autoridades conocen la existencia de estas actividades y que, en distintos casos, han derivado en denuncias y procedimientos ambientales. Sin embargo, también dan a conocer que no existe una contabilización integral que permita saber cuántos terrenos han sido vendidos, cuántas construcciones existen o cuál ha sido el impacto acumulado de esta transformación en La Malinche.

Por su parte, la legislación ambiental revisada no establece una prohibición expresa sobre la compraventa de terrenos dentro de La Malinche, por lo que tampoco identificamos una sanción específica por el simple hecho de vender o promocionar estos lotes dentro del Área Natural Protegida. El problema aparece cuando sobre esos terrenos se pretende construir una vivienda o cabaña, remover vegetación o realizar obras que impliquen un cambio de uso de suelo forestal, actividades que sí están sujetas a autorizaciones y restricciones ambientales.

Conanp advierte: no hay autorización para el cambio de uso de suelo; “no compren”

Mientras la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Tlaxcala (SMA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señalaron no ser competentes para conocer sobre la existencia de venta de lotes en la zona, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) sí reconoció tener conocimiento de esta actividad dentro o en las inmediaciones del Parque Nacional La Malinche.

En la solicitud de información con folio 340008300044826, la dependencia informó que tiene conocimiento sobre la venta de lotes, comercialización de terrenos, construcción de cabañas, viviendas y asentamientos humanos, aunque precisó que no tiene conocimiento de la existencia de desarrollos inmobiliarios ni fraccionamientos asociados a estas actividades.

Ante esta situación, la Conanp explicó que, cuando visitantes acuden a la subzona de uso público y preguntan por los anuncios que han visto colocados en árboles de la zona o difundidos en redes sociales, el personal les informa sobre la normatividad aplicable y les señala que el cambio de uso de suelo no está permitido, con el propósito de prevenir a posibles compradores.

La Conanp también informó que ha realizado publicaciones en redes sociales sobre las actividades no permitidas dentro del Área Natural Protegida y anexó a su respuesta una captura relacionada con la “venta de lotes en La Malinche”.

Sin embargo, fue una sola publicación realizada en marzo de 2024 y replicada en julio de 2025.

Además, aclaró que no tiene atribuciones para emitir autorizaciones, licencias o permisos para el cambio de uso de suelo, facultad que corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La respuesta de la dependencia también señala que, dentro de sus atribuciones, ha presentado denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para frenar estos hechos.

Dos áreas de la Conanp ofrecen respuestas distintas sobre las denuncias por venta de lotes en la Malinche

Para conocer las acciones que ha emprendido la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para frenar la venta de lotes en La Malinche, solicitamos la versión pública de todas las denuncias que hubiera presentado, a través de la Dirección del Parque Nacional La Malinche o cualquier otra unidad administrativa, ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Fiscalía General de la República o cualquier otra autoridad competente. La solicitud abarcó casos relacionados con la venta de lotes, comercialización de terrenos, desarrollos inmobiliarios, fraccionamientos, construcción de cabañas, viviendas, asentamientos humanos, remoción de vegetación, cambio de uso de suelo o cualquier otra actividad que pudiera afectar el Parque Nacional La Malinche, tanto dentro de su polígono como en zonas colindantes.

En la solicitud 340008300055226, la Dirección del Parque Nacional La Montaña Malinche o Matlalcuéyetl informó que había presentado denuncias ante la Profepa por estas acciones. En ese sentido, dio a conocer que sí tiene identificadas cuatro denuncias por afectaciones dentro del Parque Nacional La Malinche, todas presentadas ante la Profepa y actualmente en trámite. Los expedientes corresponden a denuncias presentadas el 23 de febrero y 20 de mayo de 2024, así como el 19 y 20 de enero de 2026.

Los hechos reportados en estos cuatro casos están relacionados con cambio de uso de suelo, construcción de mampostería de piedra y cemento, remoción de vegetación, compactación del suelo, introducción de especies exóticas y construcción de cimentaciones de piedra y cemento. Es decir, la Conanp sí ha llevado ante la Profepa hechos vinculados con obras y transformaciones físicas dentro del Área Natural Protegida, sin embargo, la información emitida no es clara, debido a que no señala que alguno de estos expedientes haya sido iniciado específicamente por la venta de lotes o la comercialización de terrenos.

Asimismo, la Conanp no precisa en qué municipio o localidad de Tlaxcala ocurrieron las cuatro afectaciones. La tabla compartida por la dependencia únicamente identifica el Área Natural Protegida, la fecha, el tipo de infracción, la descripción de los hechos, la autoridad ante la que se presentó la denuncia, el número de expediente y su estado procesal. Al encontrarse los cuatro expedientes en trámite, la Conanp determinó reservar las versiones públicas de las denuncias y sus anexos, bajo una hipótesis de reserva prevista en la legislación de transparencia.

Una respuesta distinta dentro de la Conanp

Sin embargo, la propia Conanp ofrece una respuesta distinta cuando se consulta a su Dirección de Asuntos Jurídicos.

Mientras  la Dirección del Parque Nacional identifica cuatro denuncias por afectaciones y obras dentro del Área Natural Protegida, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Conanp, tras realizar una búsqueda en sus archivos físicos y electrónicos, señaló que no localizó denuncias presentadas ante la Profepa, la Fiscalía General de la República o alguna otra autoridad relacionadas específicamente con la venta de lotes, la comercialización de terrenos, desarrollos inmobiliarios, fraccionamientos, construcción de cabañas, viviendas o asentamientos humanos en el Parque Nacional La Malinche.

Por lo que las respuestas de dos áreas de la propia Conanp no coinciden plenamente respecto a las denuncias relacionadas con la venta de lotes en La Malinche.

PROFEPA tiene 14 procedimientos por daños a La Malinche, pero no especifica si están relacionados con la venta de lotes

Para contrastar la información de la Conanp, solicitamos a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) información sobre los procedimientos de inspección concluidos entre el 1 de enero de 2022 y la fecha de respuesta, relacionados con cambio de uso de suelo forestal, remoción de vegetación, construcción de viviendas y cabañas, fraccionamientos, venta o urbanización de terrenos dentro o colindantes con el Parque Nacional La Malinche, específicamente en las inmediaciones del Centro Vacacional IMSS La Malinche.

La respuesta, identificada con el folio 340024400118626, señala que la Oficina de Representación de Protección Ambiental y Gestión Territorial de la Profepa en Tlaxcala realizó una búsqueda en sus archivos físicos y electrónicos, bases de datos y en el Sistema Institucional de Información de la dependencia. Como resultado, reportó 14 procedimientos administrativos: cuatro concluidos y 10 en trámite.

De los cuatro procedimientos concluidos, todos terminaron con sanción económica y clausura: dos con clausura temporal y dos con clausura definitiva. La Profepa también informó que no existen procedimientos concluidos sin sanción. Las resoluciones corresponden a noviembre de 2022, diciembre de 2023 y dos de mayo de 2025.

Sin embargo, la Profepa no especifica cuál de los 14 procedimientos corresponde a venta de lotes, construcción de viviendas o cabañas, fraccionamientos, cambio de uso de suelo u otra de las actividades incluidas en la solicitud. Tampoco identifica en la tabla que compartió el municipio, localidad o coordenadas de los hechos.

Por ello, los 14 procedimientos documentan actuaciones de Profepa relacionadas con las materias ambientales consultadas, pero con esta respuesta no es posible afirmar que correspondan a la venta de terrenos ni que todos estén vinculados con las inmediaciones del Centro Vacacional IMSS La Malinche.

Por lo que no es posible saber si han existido sanciones contra las y los vendedores o contra inmobiliarias por promocionar la venta de lotes en La Malinche. Lo que sí está documentado es que Profepa ha impuesto sanciones económicas y clausuras por obras y transformaciones realizadas dentro del Área Natural Protegida.

Y aunque quienes comercializan estos terrenos los promocionan bajo el argumento de que pueden utilizarse para construir cabañas de descanso, aquí hay una distinción importante: la compraventa de un terreno y la construcción en ese terreno no son jurídicamente lo mismo.

La venta de lotes no está prohibida, pero construir dentro de La Malinche sí está condicionado ¿Qué dice la Ley?

La legislación ambiental revisada no establece una prohibición general de la compraventa de inmuebles dentro de un Área Natural Protegida. De hecho, el artículo 75 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente contempla expresamente los actos y contratos relativos a la propiedad y posesión de inmuebles ubicados en una Área Natural Protegida. Sin embargo, esto no significa que la compra de un terreno autorice automáticamente a construir, remover vegetación o cambiar su uso de suelo. Para los terrenos forestales, el artículo 68, fracción I, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitir la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, por excepción.

Además, el Programa de Manejo del Parque Nacional La Montaña Malinche o Matlalcuéyetl establece que, en las subzonas donde se permite infraestructura, esta debe estar destinada al apoyo de actividades de investigación científica, educación ambiental y turismo de bajo impacto ambiental. En particular, para la Subzona de Uso Público —donde se encuentra el Centro Vacacional La Malintzi-IMSS— el programa contempla la “construcción de infraestructura de apoyo a las actividades de investigación científica, educación ambiental y turismo de bajo impacto ambiental”.

Aunque el Programa reconoce la existencia de cabañas en instalaciones turísticas que ya operan dentro del Parque, no contempla entre las actividades permitidas la construcción de casas o cabañas particulares destinadas al descanso como una actividad general para los terrenos comercializados. De hecho, el propio programa establece que la infraestructura en las subzonas donde se permita deberá ser acorde con el entorno natural y cumplir con las disposiciones legales aplicables.

Esto es relevante porque los terrenos que se promocionan en redes sociales son ofrecidos precisamente bajo la promesa de que pueden utilizarse para construir cabañas de descanso, mientras que el Programa de Manejo establece condiciones específicas para la infraestructura y el turismo dentro del Área Natural Protegida.

Por ello, los compradores deben tener claro que adquirir un terreno no significa, por sí mismo, que exista autorización para construir o transformar el predio. Las sanciones documentadas en los expedientes de Profepa corresponden a conductas ambientales relacionadas con obras y transformaciones del territorio, por lo que no es posible afirmar que se trate de sanciones impuestas a vendedores o inmobiliarias por el simple hecho de comercializar estos lotes.

Hasta el momento, no hemos identificado una disposición en la legislación ambiental local y federal que prohíba expresamente la venta de terrenos dentro de La Malinche.

Mientras tanto, la publicidad de estos terrenos continúa circulando en redes sociales, pese a que la propia Conanp reconoce que invita a la población a no comprar lotes en el área.

La Conanp reconoce la venta de lotes, pero no ha medido su impacto ambiental

Aunque la Conanp reconoce la venta de lotes como uno de los fenómenos que ocurren al interior del Área Natural Protegida de La Malinche y dice haber presentado denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en la solicitud 340008300055426 se le pidió conocer si había evaluado los impactos ambientales de esta actividad y de otras relacionadas con la transformación del territorio.

La respuesta de la Dirección del Parque Nacional La Montaña Malinche o Matlalcuéyetl muestra que sí existen opiniones técnicas sobre proyectos, obras y actividades dentro o en zonas colindantes con el parque, pero no un estudio específico sobre los impactos acumulados de la venta de lotes y la construcción de viviendas o cabañas.

Entre los documentos localizados aparecen opiniones sobre la ampliación de una red eléctrica en San Isidro Buen Suceso, la pavimentación de un camino en San Rafael Tepatlaxco, infraestructura en Tetlanohcan, un dictamen de uso de suelo para vivienda, el proyecto Ecoparque Talli-Malinche y el Camino Artesanal Zacatzontetla.

La propia Conanp aclara que no tiene atribuciones para realizar procedimientos de evaluación de impacto ambiental; explicó que esa facultad corresponde a las unidades competentes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Su función, explica, es emitir opiniones técnicas y análisis de congruencia sobre proyectos y obras, considerando elementos como la cobertura forestal, biodiversidad, flora y fauna, entre otros recursos naturales.

Esto significa que, con la información entregada mediante la solicitud 340008300055426, no existe un documento de la Conanp que permita dimensionar el impacto ambiental acumulado de la venta de lotes en La Malinche, asimismo no se presenta una evaluación sobre cuántos terrenos han sido comercializados, cuánto territorio se ha transformado, qué superficie forestal se ha perdido por estas construcciones, ni cuál ha sido el efecto sobre la fragmentación del ecosistema, los recursos hídricos o la fauna.

La información emitida por las diversas instituciones no permite saber si quienes comercializan estos terrenos han sido sancionados ni cuál ha sido el impacto ambiental acumulado de estas actividades, por lo que tampoco es posible dimensionar su alcance dentro de La Malinche.

¿Qué le dio el gane a Ana Lilia Rivera? Esto dicen los resultados de la encuesta interna de Morena

Tlaxcala, Tlax.- Aunque Alfonso Sánchez García fue el perfil más conocido entre los aspirantes de Morena en Tlaxcala, con 50.97% de reconocimiento, Ana Lilia Rivera Rivera obtuvo el mayor puntaje en la evaluación interna del partido, con 9.5 de 10 puntos, resultado que llevó a su designación como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional para la entidad.

Los resultados fueron presentados este 29 de septiembre por la dirigencia nacional de Morena, como parte de la publicación de las encuestas utilizadas para definir las coordinaciones estatales rumbo a 2027.

En rueda de prensa, Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, enfatizó que desde la Comisión Nacional de Elecciones se abrió una convocatoria aprobada por la dirigencia nacional, en la que se registraron cerca de 300 personas. Cada registro, explicó, fue revisado de manera “puntual” para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Por su parte, Citlalli Hernández (cargo) enfatizó que el proceso fue largo y arduo, mientras que los resultados fueron presentados como de carácter público, transparente, abierto y democrático, de acuerdo con lo expuesto durante la conferencia.

¿Qué evaluó Morena en Tlaxcala?

Durante la rueda de prensa se explicó que el puntaje no se determinó únicamente por el nivel de conocimiento de cada aspirante. La encuesta contempló al menos ocho variables, entre ellas opinión positiva, honestidad, cercanía con la gente, conocimiento de la entidad, cumplimiento de lo que dice, percepción como buen candidato, disposición a votar por el perfil y preferencia como candidato de Morena.

Cada una de estas variables tuvo un valor distinto y, en conjunto, permitió obtener un máximo de 10 puntos. La preferencia como candidato de Morena fue el indicador con mayor peso, con tres puntos; mientras que la opinión positiva y la disposición a votar por la persona aportaron dos puntos cada una.

Para Tlaxcala se presentaron los resultados de seis perfiles, destacando a la senadora con licencia Ana Lilia Rivera Rivera, el edil de Tlaxcala con licencia, Alfonso Sánchez García, el ex director de Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (FOMTLAX) Carlos Augusto Pérez Hernández, el diputado federal con licencia Raymundo Vázquez Conchas, la diputada federal del Partido del Trabajo con licencia Irma Yordana Garay Loredo y el representante del Partido Verde, Juan Salvador Santos Cedillo.

De acuerdo con los resultados del ejercicio, Ana Lilia Rivera Rivera obtuvo un puntaje final de 9.50 puntos, al encabezar seis de los ocho rubros considerados en la metodología de la encuesta. La aspirante registró 26.50% en preferencia electoral dentro de la coalición, 19.52% en opinión positiva, 21.94% en disposición de voto y 13.36% en percepción de honestidad, además de un nivel de conocimiento de 49.06%.

Por su parte, Alfonso Sánchez García obtuvo 0.50 puntos dentro de la escala metodológica, pese a registrar el porcentaje más alto de conocimiento general entre la ciudadanía, con 50.97%. Sánchez encabezó dos de los atributos evaluados, conocimiento del estado, con 19.27%, y cercanía con la gente, con 14.66%. En otros indicadores registró 24.11% en preferencia directa y 17.34% en opinión positiva.

En cuanto a la preferencia electoral, Carlos Augusto obtuvo 6.00%; Juan Salvador “Chava” Santos, 5.31%; Irma Garay, 1.91%; y Ray Vázquez Conchas, 1.81%. En conjunto, Rivera y Sánchez concentraron 50.61% de la preferencia electoral, mientras que el resto de los perfiles registró porcentajes inferiores al 7%.

¿Cómo se realizaron las encuestas?

Durante este ejercicio se informó que las encuestas se realizaron mediante entrevistas cara a cara en vivienda, con muestras de aproximadamente 1,500 personas por entidad. La muestra y el cuestionario fueron proporcionados por Morena, mientras que las casas encuestadoras estuvieron a cargo del levantamiento y la validación metodológica.

El partido también realizó encuestas espejo con distintas empresas para contrastar los resultados. De acuerdo con la dirigencia, las mediciones coincidieron con la encuesta oficial de Morena en las entidades evaluadas.

El ejercicio tuvo una precisión aproximada de ±2.53 puntos porcentuales, con un 95% de confianza, según lo expuesto durante la presentación de los resultados.

Con este mecanismo, Morena explicó que la definición no dependió exclusivamente de quién tenía mayor conocimiento entre la población, sino del resultado acumulado de los distintos atributos evaluados.


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El adversario estaba en casa: gobernar Tlaxcala no alcanza para controlar Morena

Este lunes 28 de septiembre Morena tomó una decisión; Ana Lilia Rivera fue designada coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Tlaxcala. Aunque formalmente todavía no es la candidata a la gubernatura, la designación la coloca al frente de los trabajos de Morena rumbo a 2027 y la perfila como quien encabezará al partido en la disputa por la gubernatura.  A su lado estuvieron Raymundo Vázquez Conchas, Carlos Augusto Pérez Hernández, Floria María Hernández Hernández, Héctor Bernardo Paredes Mora y Vicente Emilio Ponce Cano, quienes permanecieron en el acto, levantaron la mano junto a ella y acompañaron la fotografía del momento.

Pero hubo una ausencia que no pasó desapercibida; Alfonso Sánchez García.

Su compañero de movimiento Alfonso sí llegó al lugar y estuvo en la reunión previa donde se conocieron los resultados, pero se retiró antes del acto protocolario. No estuvo en la fotografía, no levantó la mano junto a Ana Lilia y no celebró con ella su designación.

Y en política, la ausencia también comunica.

En una entrevista con Antonio Martínez Velázquez, vocero del Gobierno de Tlaxcala, le pregunté directamente por Ana Lilia Rivera. Le pregunté qué pensaba de su forma de hacer política y si era una adversaria para el gobierno de Lorena Cuéllar. Su respuesta fue: no. Dijo que Ana Lilia no era una adversaria, que estaban construyendo un movimiento en común y que los únicos adversarios eran los de la derecha, la oposición.

Me pareció una respuesta interesante. Porque si los únicos adversarios son los de la derecha, uno supondría que cuando una mujer del mismo movimiento gana una definición interna tan importante, los demás integrantes de ese movimiento tendrían que celebrarlo. ¿O no? Porque eso fue lo que reafirmó Martínez Velázquez «que en la construcción del segundo piso de la transformación en Tlaxcala eran compañeros, que pertenecían al mismo proyecto, que el adversario estaba afuera, que la Cuarta Transformación era un proyecto común». Pero llegó la definición y algo no cuadró. Ana Lilia Rivera ganó y Alfonso Sánchez García no estuvo ahí para levantar la mano de su compañera.

Entonces vuelvo a la pregunta inicial ¿no que el adversario era la derecha? Porque si dentro de Morena ya se comportan como adversarios, entonces quizá deberíamos dejar de fingir que esto fue solamente una competencia entre compañeros que tenían distintas aspiraciones. No. Fue una disputa por el poder. Y eso es precisamente lo que durante meses vimos en Tlaxcala.

De un lado estaba un grupo político que tenía buena parte del aparato gubernamental: funcionarios, operadores, aliados y el respaldo político de la gobernadora Lorena Cuéllar. Desde ahí se fue construyendo una figura que parecía tener todo para imponerse: Alfonso Sánchez García, hijo del exgobernador Alfonso Sánchez Anaya. Del otro estaba Ana Lilia Rivera, con una trayectoria política propia, años de militancia y construcción dentro de Morena y, sobre todo, con un capital político que no se puede medir en cargos públicos: su relación con Andrés Manuel López Obrador y con el movimiento que durante décadas construyó alrededor del obradorismo. Y ese capital terminó pesando más que toda la estructura gubernamental que durante meses impulsó la imagen de Sánchez García.

Ana Lilia no llegó a Morena en el sexenio de Lorena Cuéllar. Ella misma ha contado que coordinó la campaña de López Obrador en Tlaxcala en 2006 y nuevamente en 2011. Participó en la construcción del movimiento que después se convertiría en Morena y acompañó al obradorismo cuando todavía no era gobierno, cuando no había secretarías que repartir ni estructuras gubernamentales que ocupar. Ese vínculo político no se construyó en los últimos meses, sino fueron años de trabajo. Y eso importa mucho.

Quizá el error del grupo gobernante fue creer que tener el Gobierno de Tlaxcala era suficiente para decidir quién encabezaría Morena en Tlaxcala. No lo fue. Y ahí está la primera lección de esta designación: el aparato estatal tiene límites. Puedes tener funcionarios, estructura, operadores, alcaldes, secretarios, fotografías, eventos y discursos, pero hay algo que sigue pesando dentro de Morena: la relación con el movimiento que construyó López Obrador.

No puedo asegurar que Andrés Manuel López Obrador intervino directamente en esta decisión pues no existe un documento que diga que él ordenó que Ana Lilia fuera la elegida pero tampoco tengo dudas.

Cuando una mujer ha acompañado políticamente a López Obrador durante más de veinte años, cuando participó en sus campañas, cuando fue parte de la construcción de Morena y cuando llega a disputar una candidatura contra un grupo que gobierna un estado, sería absurdo pensar que el peso político del obradorismo no estuvo presente. Quizá no hizo falta una llamada ni una instrucción directa, en el ámbito político, basta con saber quién tiene la confianza de quién. Y, obviamente, esa confianza no se iba a depositar en un funcionario cuya trayectoria política apenas comenzó en 2021, que pasó por la Secretaría de Infraestructura sin concluir el encargo, después llegó a la presidencia de la capital y tampoco terminó el periodo, para finalmente buscar la gubernatura de Tlaxcala.

Y ahí es donde la historia se pone todavía más interesante, porque durante meses vimos cómo se construía la narrativa alrededor de Alfonso Sánchez García. Y aquí sí hay que hablar de apellidos. Sánchez García no llegó a esta disputa desde la nada. Es hijo del exgobernador Alfonso Sánchez Anaya y fue titular de Infraestructura antes de llegar a la presidencia municipal de Tlaxcala. Su proyecto tenía estructura, funcionarios, aliados, operadores y presencia dentro del Gobierno de Tlaxcala. Tenía, además, algo que en política vale muchísimo: el respaldo visible del grupo gobernante.

Pero ni todo eso, le alcanzó.

Y aquí me parece importantísimo hablar del papel de la presidenta Claudia Sheinbaum. Porque rumbo a 2027 hay algo que está cambiando dentro de Morena: las definiciones ya no pasan únicamente por el liderazgo personal de Andrés Manuel López Obrador. Ahora hay una presidenta, una dirigencia nacional y un partido que tiene que procesar sus propias disputas. Claudia Sheinbaum, además, ha defendido que esas diferencias se resuelvan mediante encuestas, el mecanismo que Morena utiliza para definir sus candidaturas.

¿Será que Claudia está haciendo algo que López Obrador no hizo del todo? ¿Será que está intentando devolver peso a quienes construyeron Morena desde sus primeros años frente a los grupos que crecieron al amparo de los gobiernos morenistas?

Me parece interesante respondernos estas preguntas porque esta disputa no es exclusiva de Tlaxcala. En Morena se ha hecho cada vez más visible la tensión entre quienes se presentan como fundadores o “morenistas de origen” y quienes llegaron después, algunos provenientes de otros partidos. Las definiciones rumbo a 2027 están poniendo sobre la mesa esas diferencias.

Y quizá ahí está una de las claves para entender lo que pasó en Tlaxcala.

Durante el gobierno de López Obrador, Morena creció incorporando a políticos de otros partidos y construyendo alianzas con grupos que ya tenían sus propias estructuras. Lorena Cuéllar forma parte de esa historia: llegó a la gubernatura en 2021 como candidata de una coalición encabezada por Morena, junto con PT, PVEM, Nueva Alianza y PES, pero su trayectoria política venía de mucho antes.

No digo que Claudia haya decidido personalmente que Ana Lilia fuera la elegida. Digo algo distinto, quizá estamos viendo una etapa en la que quienes construyeron Morena antes de que fuera gobierno empiezan a recuperar espacios frente a las estructuras que crecieron alrededor de los gobiernos morenistas.

Y si es así, Tlaxcala no sería un caso aislado.

Por eso vale la pena mirar qué está pasando en otros estados donde Morena también enfrentó disputas internas rumbo a 2027. No todos los casos son iguales, pero sí hay una constante: la negociación entre grupos locales, dirigencias nacionales, trayectorias políticas y alianzas.

Tal vez ese termine siendo uno de los legados políticos de Claudia Sheinbaum dentro de Morena, no solamente continuar el proyecto de López Obrador, sino definir qué tipo de partido quiere dejar después de su sexenio.

Porque López Obrador construyó el movimiento que llevó a Morena al poder. Pero durante su sexenio también Morena se convirtió en una enorme estructura a la que llegaron gobernadores, exgobernadores, priistas, perredistas, panistas, empresarios y operadores políticos de toda la vida.

Claudia ahora tiene que gobernar esa maquinaria. Y quizá, en lugar de seguir ampliándola sin límite, está empezando a decidir quiénes tendrán las llaves de la siguiente etapa. En Tlaxcala, por lo menos, esas llaves no quedaron en manos del grupo que actualmente gobierna el estado y eso simbólicamente ya representa y pesa mucho, porque la gubernatura del estado ya no quedaría en las cinco familias que han gobernado a Tlaxcala durante más de 30 años.

Situación que muchos colegas han sostenido sería el fin de los cacicazgos. Personalmente, no lo creo. Si bien, esta decisión simbólicamente nos dice que hay límites en la estructura de Morena, no nos dice que se va a acabar con el mal que ha permeado en Tlaxcala: El cacicazgo. Lo que acabamos de ver es que un grupo político perdió frente a otro. Y no es lo mismo.

Tlaxcala lleva décadas demostrando que los apellidos sobreviven a los partidos. Sánchez Piedras, Sánchez Anaya, Cisneros, González Zarúr, Ortíz, Paredes y otros grupos familiares han ocupado distintos espacios de poder a lo largo de las décadas. Cambian los colores, cambian las siglas, cambian los discursos, pero las familias políticas siguen apareciendo en las fotografías del poder.

Y ahora hay que decir algo que quizá incomode a quienes quieren convertir el triunfo de Ana Lilia en una especie de epopeya de la izquierda contra los cacicazgos: ¿a poco creen que Ana Lilia llegó hasta aquí porque nada más le tira a la izquierda? ¿Sin estructura? ¿Sin operadores? ¿Sin redes? ¿Sin gente? ¿Sin años de construir políticamente? No. Dentro de su elección hubieron negociaciones que seguro pesarán en algún momento, y también habrá un derroche económico brutal, porque así funciona la política.

Ana Lilia también tiene estructura. También tiene operadores, redes y un grupo político. También aprovechó estructuras para crecer políticamente, recurrió a la recolección de firmas casa por casa y destinó recursos para posicionarse. También realizó actos de promoción anticipada de campaña, como los que tantas veces se cuestionan —y se señalan— cuando los protagonizan otros. Solo que  no lo hizo de manera tan descarada ni llegó al extremo de utilizar la máxima casa de gobierno como escaparate político, como sí ocurrió con Alfonso Sánchez García.

Ana Lilia tampoco está fuera de las formas tradicionales de hacer política que Morena dice combatir. La diferencia es que una lo hizo desde una estructura política propia y el otro llegó a poner la estructura gubernamental al servicio de su proyecto. Ese fue el error de Sánchez García.

Y aquí es donde Morena tiene un problema: llegó prometiendo que las cosas serían diferentes, que no habría grupos de poder, que no habría privilegios, que no habría viejas prácticas, que el pueblo mandaría. Pero la política sigue funcionando con algo que ya explicaba Max Weber: el poder necesita organización para sostenerse. Pierre Bourdieu lo explicó desde otro lugar: el capital político no aparece de la nada; se construye con relaciones, reconocimiento, posiciones y redes.

Ana Lilia tiene capital político. Alfonso Sánchez también. La diferencia es que este lunes quedó demostrado que el capital político de Ana Lilia pesó más que la estructura estatal que respaldaba a Sánchez García. Y eso nos debe dejar lecciones. Porque si algo quedó claro es que el Gobierno de Tlaxcala no controla Morena. Puede tener una enorme influencia, puede tener estructura, operadores y aliados, pero Morena tiene otros centros de poder. Y uno de ellos sigue siendo el legado de Andrés Manuel López Obrador y el orden que podría dejar Claudia Sheinbaum.

Por eso tampoco me sorprende que Ana Lilia haya llamado a la unidad. “Aquí nadie sobra y a nadie se excluye”.  Es lo que corresponde decir después de ganar. Pero ahora viene la parte verdaderamente difícil: conseguir esa unidad. Sobre todo cuando uno de los principales contendientes ni siquiera se quedó a escuchar el resultado. Y quien anunció que dará un posicionamiento para lo que sigue en su carrera política.

Y aquí regreso a las palabras de Antonio Martínez Velázquez: «Ana Lilia no es una adversaria, los adversarios son los de la derecha».

Pero durante el Diálogo Circular de esta mañana se limitó a señalar que su respaldo es para la presidenta Claudia Sheinbaum y para el proyecto de nación de Morena. De hecho, Martínez Velázquez ni siquiera se atrevió a pronunciar el nombre de la nueva coordinadora estatal del partido en el que milita, demostrando, una vez más el rechazo a la decisión de morena.

Entonces vuelvo a la pregunta: si Ana Lilia no era la adversaria, ¿qué fue lo que realmente se disputó? Porque quizá no estaban peleando contra la derecha. El verdadero problema estaba dentro: dentro del movimiento, dentro de Morena, dentro de las estructuras y hasta dentro de las familias políticas que llevan años disputándose el control de Tlaxcala.

Sin embargo, si Ana Lilia realmente quiere romper con las viejas formas de hacer política tendrá que empezar por algo muy sencillo: no repetirlas. No utilizar los espacios públicos como extensión de una campaña. No convertir al gobierno en maquinaria electoral. No sustituir a un grupo por otro. No cambiar simplemente los apellidos de quienes ocupan los espacios.

Porque si eso ocurre, entonces no habremos terminado con los cacicazgos. Solamente habremos cambiado de cacique.

Y esa sería quizá la mayor contradicción de la Cuarta Transformación en Tlaxcala: que después de tantos discursos contra las viejas élites, terminemos descubriendo que el problema nunca fue solamente quién gobernaba. El problema era cómo se construye y cómo se conserva el poder.

Y en eso, hasta ahora, Tlaxcala sigue siendo Tlaxcala.

Etiquetar a las personas: la certeza sobre el otro

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Yossadara Franco Luna

Una de las condiciones propias de la convivencia humana es el desacuerdo. Aunque parezca paradójico, también puede ser una ocasión para el encuentro y el intercambio de ideas. Bajo ciertas condiciones, es posible convivir incluso en la divergencia.

Sin embargo, en buena parte de nuestras conversaciones parece más importante, antes de escuchar, saber de qué lado está alguien para etiquetar a las personas de acuerdo con aquello que creemos saber sobre ellas. Creemos conocer a la persona antes de conocerla.

La persona convertida en etiqueta

¿Por qué necesitamos saber primero qué es alguien antes de escucharlo? Etiquetar a las personas funciona como una economía del juicio: nos evita el esfuerzo de encontrarnos con la complejidad lo que implica un ser humano. No tenemos que escuchar lo que dice porque suponemos, de antemano, su posición e inmediatamente lo colocamos en alguna categoría —conservador, progresista, feminista, de derecha o de izquierda, entre otras— y creemos, con ello, saber quién es.

Basta con que alguien exprese una opinión para que, antes de preguntarnos bajo qué argumentos la sostiene, intentemos determinar a qué grupo pertenece. La clasificación se realiza desde nuestras propias convicciones. Si nos identificamos con una determinada postura política, moral o social, tendemos a leer al otro desde esa misma perspectiva y a ubicarlo en función de su cercanía o distancia respecto de ella. Así, quien piensa como nosotros puede convertirse rápidamente en uno de los nuestros, mientras que quien discrepa es situado del otro lado. Antes de conocer lo que realmente piensa, comenzamos a comprenderlo desde la posición que nosotros mismos ocupamos. El encuentro con el otro se sustituye por la seguridad de nuestras propias categorías.

La etiqueta nos da la ilusión de que sabemos quién es. Creemos conocer de antemano su pensamiento, sus intenciones e incluso aquello que podemos esperar de él cuando, en realidad, únicamente conocemos una de sus tantas opiniones. No escuchamos para comprender, sino para confirmar aquello que ya creemos saber. En ese momento, el otro ha dejado de ser alguien a quien conocer para convertirse en una categoría.

¿Hay alguna posibilidad de que el otro aparezca distinto de como creemos que es?

Cuando el otro puede aparecer

Esta pregunta permite acercarse al pensamiento de Martin Buber desde una de sus intuiciones fundamentales: no siempre nos relacionamos con el otro de la misma manera. El problema de etiquetar a las personas no consiste únicamente en reducirlas a la imagen que hemos construido sobre ellas. Al fijar al otro dentro de nuestras propias categorías, también quedamos encerrados en nuestra manera de mirarlo. Todo aquello que diga o haga comienza a ser interpretado desde lo que previamente hemos decidido que es y, con ello, se estrecha nuestra posibilidad de salir de nosotros mismos.

Al quedar atrapados en esa manera de comprender al otro, nuestra posición deja de ser algo que pensamos y revisamos para convertirse únicamente en algo que defendemos. Incluso cuando su palabra nos contradice, podemos dejar de reconocer en ella una razón para revisar nuestra propia interpretación. Dejamos sin examinar los límites de nuestra propia mirada. Así, mientras creemos mantenernos seguros en nuestras convicciones, terminamos empobreciendo nuestra propia comprensión del mundo.

El pensamiento de Martin Buber deja abierta otra posibilidad en el modo en que nos relacionamos. El encuentro comienza cuando aquello que creemos saber no agota por completo a quien tenemos enfrente. El otro puede mostrarse entonces de una manera que no habíamos previsto y revelar que la imagen con la que intentábamos comprenderlo era más estrecha. La etiqueta revela entonces su insuficiencia frente a la complejidad de la persona y, al mismo tiempo, deja al descubierto los límites de nuestra propia mirada. El otro deja de ser únicamente alguien sobre quien podemos hablar para convertirse en alguien que también puede decirnos algo.

Sus palabras no llegan sólo para confirmar o contrariar una posición, sino que pueden obligarnos a reconsiderar aquello que creíamos saber. En ese encuentro, su presencia puede abrir una pregunta donde antes sólo había una certeza.


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¿Y la salud en la restauración integral de la Cuenca del Alto Atoyac?

El pasado 18 de agosto de 2026 se dio a conocer en medios de comunicación que el Gobierno Federal destinará 4 mil 248 millones de pesos para la limpieza del río Atoyac en Puebla y Tlaxcala. De acuerdo con la información y con base en la Ficha de Valoración Estratégica (FIVE), el proyecto contempla la construcción de 14 plantas de tratamiento, la rehabilitación de otras nueve, la instalación de 229 kilómetros de colectores, así como la construcción de 209 biodigestores, seis parques y un centro de vigilancia de aguas nacionales. Ante estas acciones cabe preguntarnos: ¿por qué se sigue insistiendo en invertir prioritariamente en plantas de tratamiento como respuesta a la contaminación del río Atoyac?

Este cuestionamiento nos lleva necesariamente a recordar que la Cuenca del Alto Atoyac o Atoyac-Zahuapan para las comunidades de Tlaxcala, es un sistema conectado, en el cual coexisten e interactúan bienes naturales como: el agua, el suelo, el aire, los bosques, la vegetación, los animales y las personas que aquí habitamos. La cuenca es la casa común de cientos de comunidades, su deterioro impacta directamente en la vida cotidiana, la salud, las formas de organización social y las prácticas culturales y religiosas.

Desde esta visión, el problema del Atoyac no puede reducirse al tratamiento de las aguas residuales ni resolverse únicamente mediante infraestructura. Debido a que con estas acciones se deja de lado dos factores prioritarios: la salud comunitaria y la regulación a las descargas industriales. 

El 1er Informe Estratégico Cuenca del Alto Atoyac (Tlaxcala y Puebla): región de emergencia sanitaria y ambienta; problemática socioambiental y recomendaciones para su atención integral (Informe estratégico) (CONAHCYT, oct. 2023) señala que:

  • En todas las regiones de Tlaxcala que integran la Cuenca del Alto Atoyac (CAA), la tasa de mortalidad por Enfermedad Renal Crónica (ERC) en personas de 15 a 49 años es entre 1.2 y 4.7 veces mayor que la media nacional.
  • Cerca del 41% de los casos de leucemias agudas en menores de 19 años en Puebla y Tlaxcala residen en esta cuenca; el 58% de estos casos son de alto riesgo.

Estas enfermedades son provocadas por la exposición crónica a tóxicos industriales como arsénico, níquel, plomo, cobre, vanadio, selenio, estroncio y litio. Los efectos van desde distintos tipos de cáncer (piel, pulmón, vejiga, hueso y tiroides) hasta lesiones cutáneas, diabetes, daño cardiovascular, déficit cognitivo en niñez, bronquitis, anemia, selenosis y daño genotóxico en población joven e infantil.

La debilidad del marco normativo ha agravado este problema, ya que la NOM-001-SEMARNAT-2021 solo regula 22 sustancias y parámetros, sin embargo, en la cuenca del Alto Atoyac se han identificado al menos 112 contaminantes altamente tóxicos.

Particularmente en Tlaxcala la respuesta de las autoridades ha sido reforestación, recolección de basura y la construcción o restauración de plantas de tratamiento, lo cual hemos señalado en diversos momentos que no son la solución para el saneamiento de la Cuenca, debido a que las plantas existentes son incapaces de eliminar los contaminantes industriales.

Desde hace décadas nos hemos encargado de denunciar que existe un vínculo entre la contaminación industrial y las enfermedades, un primer documento que reconoce este vínculo es la Recomendación 10/2017 que emitió la CNDH, y esta información viene a ser reforzada con investigaciones científicas que se pueden consultar en el Primer informe estratégico.

Si las autoridades siguen haciendo que no ven y no escuchan, gastando miles de millones de pesos en plantas de tratamiento, la población se seguirá enfermando, los hospitales continuarán saturados, en nuestras comunidades seguirán sonando las campanas de la iglesia por otro difunto y continuaremos viendo moños negros en las puertas de las casas.

Restaurar la cuenca exige atender a las personas enfermas, evitar que la población continúe expuesta y diseñar leyes e inspecciones estrictas que impidan a las empresas seguir vertiendo tóxicos, superando de una vez la lógica de que quien tiene dinero para pagar la multa, tiene permiso para contaminar.

Para nuestras comunidades, un verdadero saneamiento de la Cuenca exige justicia para las comunidades que hemos luchado por años, para las familias que han perdido seres queridos y para los pueblos que se quedaron con ríos muertos donde antes se podía nadar y beber agua y ahora solo hay enfermedades y muerte. Justicia para las nuevas generaciones a las que se les arrebató el derecho a un medio ambiente sano y un futuro digno.

Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.


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Vigilar las descargas no es sanear el río, ¿qué falta para recuperar el Zahuapan?

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Tlaxcala, Tlax.- El pasado 17 de septiembre, el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez, anunció la coordinación entre seis municipios y la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (PROPAET) para prevenir, identificar y atender descargas ilegales de aguas residuales. Sin embargo, para el Centro Fray Julián Garcés, la problemática ambiental para sanear el río Zahuapan (perteneciente a la cuenca del Alto Atoyac) rebasa la detección y sanción de establecimientos contaminantes, pues se trata de un problema acumulado durante décadas.

En entrevista para Escenario Tlaxcala, Marisol Flores García y Adriana Martínez, integrantes del Centro Fray Julián Garcés A.C., sostuvieron que vigilar las descargas representa apenas una parte de la solución y plantearon qué tendría que ocurrir para hablar de una recuperación real del Zahuapan, partiendo por conocer los contaminantes presentes en la cuenca, atender los impactos en la salud, recuperar los ecosistemas y establecer metas e indicadores que permitan comprobar si la calidad ambiental mejora.

Las integrantes del Centro cuestionaron además el alcance territorial de la estrategia, al considerar que involucra únicamente a seis de los 48 municipios que forman parte de la cuenca en Tlaxcala. Para ambas, limitar las acciones a determinados municipios, sanciones puntuales o proyectos de corto plazo no permite atender la dimensión del problema.

En su lugar, plantean avanzar hacia una restauración socio-eco-hidrológica que contemple no solo la recuperación ambiental, sino también la atención de los impactos que la contaminación ha generado en la salud de las comunidades y en las actividades productivas de la región.

“Fortalecer la vigilancia” del río Zahuapan no equivale a sanearlo, CFJG

Al menos seis municipios, en coordinación con la PROPAET, buscan prevenir e identificar puntos críticos de descarga de aguas residuales y contaminantes que puedan llegar al río Zahuapan.

De acuerdo a la información emitida por las dependencias gubernamentales, esta estrategia se encuentra vinculada al Compromiso 92 de la actual administración federal, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien durante su visita a Tlaxcala, el pasado 17 de septiembre, señaló que este año se prevé concluir la intervención de al menos 22 kilómetros del Alto Atoyac.

El convenio suscrito por Chiautempan, La Magdalena Tlaltelulco, Apetatitlán, Totolac, Tlaxcala y Amaxac de Guerrero establece mecanismos de coordinación institucional para fortalecer la prevención, identificación y atención de hechos relacionados con descargas de aguas residuales.

Sin embargo, integrantes del Centro Fray Julián Garcés (CFJG) consideran que la magnitud de la contaminación del Alto Atoyac hace insuficiente hablar únicamente de “saneamiento”, pues la vigilancia de las descargas representa, desde su perspectiva, apenas una parte de un problema que también involucra al suelo, el aire, los mantos acuíferos y la salud de las comunidades.

“El problema es no solo muy grande para la escala nacional, es además muy profundo y muy complejo […] no nada más es el problema del agua, es la contaminación de los suelos y del aire”.

Marisol Flores, directora del CFJG, señaló que las estrategias actuales dejan fuera componentes de la problemática ambiental, entre ellos la contaminación del suelo y el aire, así como la disminución de los mantos acuíferos que, de acuerdo con su explicación, se ha agudizado desde la instalación de la gran industria en la región durante la década de 1960.

A esto se suma que, a partir de investigaciones del Mtro. Samuel Rosado Zaidi y del Dr. Omar Arellano, se ha documentado la presencia de 22 mil 235 empresas manufactureras en la Cuenca del Alto Atoyac y de al menos 112 contaminantes identificados en investigaciones científicas, mientras que la normativa vigente contempla únicamente 22 sustancias para su regulación.

Escenario Tlaxcala documentó que la entidad cuenta con 30 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) activas, de un total de 130 registradas en la entidad. De las instalaciones en operación, 24 se encuentran ubicadas cerca o a lo largo del río Zahuapan, afluente de la cuenca del Alto Atoyac, mientras que las seis restantes se localizan en municipios por donde no atraviesa este río.

La información fue proporcionada por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Tlaxcala (CEAS) mediante la solicitud de acceso a la información con folio 000016. Estos sistemas forman parte de la infraestructura destinada al tratamiento de aguas residuales y, por tanto, de las acciones relacionadas con la atención de la contaminación hídrica en la entidad.

No obstante, para las integrantes del Centro Fray Julián Garcés, la existencia y operación de plantas de tratamiento no resuelve por sí misma la dimensión del problema. Desde su perspectiva, las estrategias gubernamentales han privilegiado soluciones técnicas que presentan deficiencias tanto en el ámbito municipal como industrial, sin atender de manera integral las fuentes y sustancias que contaminan la cuenca.

A esto se suma que, a partir de investigaciones del maestro Samuel Rosado Zaidi y del doctor Omar Arellano, se ha documentado, de acuerdo con la información compartida por el Centro, la presencia de 22 mil 235 empresas manufactureras en la Cuenca del Alto Atoyac y de al menos 112 contaminantes identificados en investigaciones científicas, mientras que la normativa vigente contempla un número menor de sustancias para su regulación.

Por ello, sostienen que la recuperación del Alto Atoyac requiere superar la lógica de vigilancia y sanción puntual para avanzar hacia una estrategia integral de restauración de la cuenca.

Una restauración integral, no solo plantas de tratamiento

Para el Centro Fray Julián Garcés, hablar de saneamiento resulta insuficiente frente a la dimensión de la crisis ambiental en la cuenca del Alto Atoyac. Adriana Martínez explicó que, ante un problema que involucra agua, suelo, aire, mantos acuíferos y salud pública, las comunidades y equipos académicos han planteado avanzar hacia una restauración socio-eco-hidrológica.

Esta propuesta parte de una diferencia fundamental respecto a las estrategias que, desde su punto de vista, han predominado durante años, estableciendo que el objetivo no debe limitarse a limpiar el agua visible del río, sino recuperar las condiciones ambientales y sociales de toda la cuenca.

Por su parte, Martínez sostuvo que cualquier estrategia de restauración tendría que contemplar un diagnóstico de salud a escala poblacional, atención médica especializada, medicamentos y presupuesto específico para las personas expuestas.

Para las activistas no basta con comprobar si una empresa cumple con los parámetros establecidos actualmente por la legislación, sino que es necesario conocer qué sustancias están siendo liberadas al agua, al suelo y al aire. En ese sentido, plantean fortalecer el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) y hacer obligatorio el reporte de las sustancias emitidas por las industrias.

¿Cómo saber si el saneamiento está funcionando?

Para Adriana Martínez, cualquier estrategia ambiental requiere pasar por ciclos de diseño, implementación, seguimiento y evaluación. Sostiene que el problema es que hasta ahora no se conocen públicamente metas concretas, indicadores, plazos intermedios ni mecanismos suficientes para evaluar el convenio entre los municipios y la PROPAET.

El Centro también cuestionó que el acuerdo tenga una vigencia de un año frente a una problemática que se ha desarrollado durante décadas. Para ambas, la una recuperación de uno de los tres ríos más contaminados a nivel nacional requiere continuidad institucional y presupuestal, independientemente de los cambios de administración.

Incluso, mencionaron que Recomendación 10/2017 de la CNDH ya había planteado la necesidad de un programa integral para la restauración ecológica o saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac, con metas y plazos precisos, además de acciones relacionadas con infraestructura, control de descargas, salud pública, vigilancia epidemiológica y transparencia.

Bajo esta perspectiva, el parámetro para evaluar el actual convenio no tendría que ser únicamente cuántas inspecciones se realizan o cuántas descargas son sancionadas, sino si existe una reducción comprobable de los contaminantes, una mejora sostenida en la calidad ambiental y acciones concretas para atender los daños acumulados en la población y el territorio.

«¿cuáles son sus metas y cuáles van a ser sus indicadores? Eso lo tendrían que transparentar de entrada para que nosotros podamos hacer un seguimiento ciudadano» afirmó.

Del “río rojo” a la recuperación integral para sanear el río Zahuapan

El episodio ocurrido en Apetatitlán, donde el río Zahuapan adquirió una tonalidad roja tras la descarga de colorantes de una empresa textil que posteriormente fue suspendida, es considerado por el Centro Fray Julián Garcés como un ejemplo de las limitaciones de una estrategia basada en atender las afectaciones una vez que estas se vuelven visibles.

“No es la primera vez. El Atoyac ya van dos veces que se incendia, han sucedido una cantidad de accidentes industriales que no han tenido respuesta, no han tenido castigo, no han tenido seguimiento, y tampoco hay prevención”, aseguró Adriana Martínez.

La colaboradora del Centro Fray Julián cuestionó que sancionar a un establecimiento entre las más de 22 mil empresas manufactureras resulte insuficiente para modificar los procesos productivos que generan contaminación. Desde su perspectiva, las multas pueden convertirse en una medida aislada si no están acompañadas de mecanismos que obliguen a prevenir y reparar los daños ambientales.

A esto se suma la falta de información pública sobre el convenio firmado entre los seis municipios y la PROPAET. Escenario Tlaxcala realizó una búsqueda del documento, pero no logró localizarlo disponible públicamente, por lo que no fue posible conocer de manera directa sus alcances y obligaciones.

Para las entrevistadas, la población debería tener acceso al acuerdo completo, así como a las metas, indicadores y plazos con los que deberá evaluarse la estrategia durante su año de vigencia. También consideran necesario transparentar qué contaminantes y metales pesados están presentes en los cuerpos de agua, las sustancias que las industrias vierten al agua, suelo y aire, los posibles impactos sanitarios y el presupuesto destinado a atenderlos.

De esta manera, el reto para el Zahuapan no termina cuando una descarga deja de teñir el agua de rojo. Para el Centro Fray Julián Garcés, el verdadero parámetro será determinar si las acciones logran reducir los contaminantes, atender los daños a la salud, recuperar los ecosistemas y devolver a las comunidades capacidad de participar en las decisiones sobre el territorio.


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Familias migrantes tlaxcaltecas invitan a llenar encuesta para diagnosticar problemas del estado

Tlaxcala, Tlax.– Este 24 de septiembre, las Comisiones Unidas de Tlaxcala en Estados Unidos, la Red de Pueblos Transnacionales y el Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (CAFAMI A.C.), en colaboración con familias y migrantes tlaxcaltecas radicados en Estados Unidos, presentaron la encuesta ciudadana “Visión de Futuro para Tlaxcala 2027–2033”.

Este ejercicio busca recopilar información sobre las necesidades, problemáticas y propuestas de las comunidades migrantes y sus familias, con el propósito de construir una agenda ciudadana que visibilice sus principales demandas y pueda ser presentada a quienes aspiren a ocupar cargos públicos en Tlaxcala de cara al proceso electoral de 2027.

Responde la encuesta dando clic «aquí».

Javier Rodríguez, integrante de la comunidad tlaxcalteca en Estados Unidos y uno de los impulsores del ejercicio, explicó que la encuesta surgió de la necesidad de escuchar las problemáticas de los distintos municipios e identificar cuáles deberían considerarse prioridades. Señaló que también responde al interés de las comunidades migrantes por conocer de cerca la realidad que enfrentan sus familias en Tlaxcala y, desde el exterior, participar y contribuir en la atención de estos desafíos. 

Precisó que se trata de una encuesta comunitaria, apartidista y sin inclinación hacia algún candidato o fuerza política, cuyo propósito es recoger directamente las voces de la población y generar información que permita identificar las principales necesidades de los municipios y sus habitantes.

Comunidad transnacional busca generar un diagnóstico

Norma Mendieta, directora del Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (CAFAMI A.C.), señaló que desde la sociedad civil se ha demandado durante más de 10 años la construcción de un diagnóstico preciso sobre la población migrante.

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Explicó que actualmente no existen datos precisos sobre las condiciones en las que vive la comunidad migrante, por lo que resulta necesario conocer dónde se concentra esta población, cuántas personas la integran, sus edades, género y niveles de escolaridad, así como las principales problemáticas que enfrentan sus familias y comunidades en los municipios de Tlaxcala. 

“Sin un diagnóstico no se pueden construir políticas públicas que realmente den respuesta a estas problemáticas”, señaló durante su participación.

Señaló que entre las principales problemáticas que enfrenta la comunidad migrante se encuentran la atención a las personas que retornan de Estados Unidos, el acceso al empleo y la educación, la acreditación de la identidad, la revalidación de estudios y el reconocimiento de las capacidades adquiridas en el extranjero. Ante este panorama, destacó que la encuesta busca abrir un canal para escuchar de primera mano la voz de la comunidad migrante, conocer sus experiencias y recoger sus principales propuestas y preocupaciones. 

Una herramienta para conocer a la comunidad

Marco Antonio Castillo, director de la Red de Pueblos Transnacionales, explicó que la encuesta fue diseñada en nueve secciones y contempla preguntas generales y demográficas, además de temas relacionados con economía, salud, empleo, inversión pública, educación, agricultura, delincuencia, violencia, derechos humanos, corrupción, trata de personas, homicidios, desapariciones, profesionalización policial, programas juveniles y trámites gubernamentales.

“El instrumento busca conocer el pensamiento, evaluación y propuestas de la comunidad migrante en Estados Unidos y de sus familias en México, con la finalidad de contar con información que posteriormente pueda utilizarse en el diálogo con partidos políticos y candidaturas.” 

Castillo señaló que actualmente no existe una encuesta oficial que permita conocer con precisión cuántas personas tlaxcaltecas viven en el exterior y cuál es la realidad de esta población. Durante la rueda de prensa, mencionó como referencia una estimación de más de 250 mil tlaxcaltecas en Estados Unidos, aunque aclaró que se trata de un cálculo aproximado. Por ello, destacó la importancia de que las personas migrantes y sus familias participen en la encuesta, ya que sus respuestas permitirán contar con un panorama más cercano a la realidad de esta población y contribuir a la construcción de una agenda ciudadana. 

Finalmente señaló que la encuesta puede ser respondida por tlaxcaltecas en Estados Unidos, sus familias en Tlaxcala y cualquier persona interesada en participar para sumar su perspectiva de las condiciones que experimenta la comunidad migrante. Precisó que las comunidades tlaxcaltecas en el exterior están preocupadas por lo que ocurre en el estado y buscan aportar su perspectiva para identificar sus necesidades y prioridades. 

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La encuesta estará disponible durante cuatro semanas

Ante preguntas de medios de comunicación, los organizadores informaron que la encuesta será digital y permanecerá abierta durante las próximas cuatro semanas, con posibilidad de ampliar este periodo dependiendo de la participación.

El formulario puede contestarse desde celular o computadora y también se contempla su aplicación en formato físico, mediante integrantes de las comunidades que buscan llevarla directamente a los hogares.

Los resultados serán recibidos por el comité de migrantes y, una vez concluido el periodo de aplicación, serán publicados para dar a conocer los resultados del ejercicio. La encuesta está dirigida a tlaxcaltecas que viven en Estados Unidos, sus familias en Tlaxcala y ciudadanía interesada en aportar información sobre las necesidades de las comunidades migrantes.

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Los organizadores y participantes hicieron un llamado a medios de comunicación, sociedad civil y familias a compartir y responder el instrumento para ampliar la participación y reunir información que permita construir un diagnóstico. La intención, señalaron, es que las voces de quienes viven dentro y fuera de Tlaxcala formen parte de la discusión sobre las necesidades y prioridades del estado hacia 2027–2033.


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