Escenario Tlaxcala

• La Conanp reconoce la venta de lotes y construcciones en La Malinche, pero las autoridades no cuentan con un inventario que permita saber cuántos terrenos se han comercializado o cuál es su impacto. Aunque se promocionan para construir cabañas, comprar un lote no autoriza su construcción y la legislación revisada tampoco prohíbe expresamente su venta o promoción.

Tlaxcala, Tlax. Desde mediados de 2022, la inmobiliaria Constructora RADAC, S.A. de C.V., así como otros vendedores de terrenos, comenzaron a ofertar a través de redes sociales lotes en La Malinche, con precios accesibles y la promesa de convertirlos en un lugar de descanso.

Al preguntar por los permisos y autorizaciones ambientales necesarios para desarrollar estos terrenos, los propios asesores inmobiliarios señalaron que serían los compradores quienes tendrían que gestionar y asumir los costos de los trámites para obtener los permisos de construcción dentro del Área Natural Protegida (ANP).  Aunque las autoridades ambientales han advertido sobre este tipo de operaciones y llamado a la población a no adquirir estos terrenos, la publicidad de estos terrenos sigue circulando sin ninguna restricción.

Para conocer más sobre el modus operandi con el que se ofertaban estos terrenos y las condiciones que se planteaban a los posibles compradores, te invitamos a leer la primera parte de este trabajo: Así opera la venta de lotes en la Malinche: sin permisos, cláusulas de rescisión y costos engañosos. 

Conanp advierte: no hay autorización para el cambio de uso de suelo; “no compren”

Mientras la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Tlaxcala (SMA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señalaron no ser competentes para conocer sobre la existencia de venta de lotes en la zona, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) sí reconoció tener conocimiento de esta actividad dentro o en las inmediaciones del Parque Nacional La Malinche.

En la solicitud de información con folio 340008300044826, la dependencia informó que tiene conocimiento sobre la venta de lotes, comercialización de terrenos, construcción de cabañas, viviendas y asentamientos humanos, aunque precisó que no tiene conocimiento de la existencia de desarrollos inmobiliarios ni fraccionamientos asociados a estas actividades.

Ante esta situación, la Conanp explicó que, cuando visitantes acuden a la subzona de uso público y preguntan por los anuncios que han visto colocados en árboles de la zona o difundidos en redes sociales, el personal les informa sobre la normatividad aplicable y les señala que el cambio de uso de suelo no está permitido, con el propósito de prevenir a posibles compradores.

La Conanp también informó que ha realizado publicaciones en redes sociales sobre las actividades no permitidas dentro del Área Natural Protegida y anexó a su respuesta una captura relacionada con la “venta de lotes en La Malinche”.

Sin embargo, fue una sola publicación realizada en marzo de 2024 y replicada en julio de 2025.

Además, aclaró que no tiene atribuciones para emitir autorizaciones, licencias o permisos para el cambio de uso de suelo, facultad que corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La respuesta de la dependencia también señala que, dentro de sus atribuciones, ha presentado denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para frenar estos hechos.

Dos áreas de la Conanp ofrecen respuestas distintas sobre las denuncias por venta de lotes en la Malinche

Para conocer las acciones que ha emprendido la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para frenar la venta de lotes en La Malinche, solicitamos la versión pública de todas las denuncias que hubiera presentado, a través de la Dirección del Parque Nacional La Malinche o cualquier otra unidad administrativa, ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Fiscalía General de la República o cualquier otra autoridad competente. La solicitud abarcó casos relacionados con la venta de lotes, comercialización de terrenos, desarrollos inmobiliarios, fraccionamientos, construcción de cabañas, viviendas, asentamientos humanos, remoción de vegetación, cambio de uso de suelo o cualquier otra actividad que pudiera afectar el Parque Nacional La Malinche, tanto dentro de su polígono como en zonas colindantes.

En la solicitud 340008300055226, la Dirección del Parque Nacional La Montaña Malinche o Matlalcuéyetl informó que había presentado denuncias ante la Profepa por estas acciones. En ese sentido, dio a conocer que sí tiene identificadas cuatro denuncias por afectaciones dentro del Parque Nacional La Malinche, todas presentadas ante la Profepa y actualmente en trámite. Los expedientes corresponden a denuncias presentadas el 23 de febrero y 20 de mayo de 2024, así como el 19 y 20 de enero de 2026.

Los hechos reportados en estos cuatro casos están relacionados con cambio de uso de suelo, construcción de mampostería de piedra y cemento, remoción de vegetación, compactación del suelo, introducción de especies exóticas y construcción de cimentaciones de piedra y cemento. Es decir, la Conanp sí ha llevado ante la Profepa hechos vinculados con obras y transformaciones físicas dentro del Área Natural Protegida, sin embargo, la información emitida no es clara, debido a que no señala que alguno de estos expedientes haya sido iniciado específicamente por la venta de lotes o la comercialización de terrenos.

Asimismo, la Conanp no precisa en qué municipio o localidad de Tlaxcala ocurrieron las cuatro afectaciones. La tabla compartida por la dependencia únicamente identifica el Área Natural Protegida, la fecha, el tipo de infracción, la descripción de los hechos, la autoridad ante la que se presentó la denuncia, el número de expediente y su estado procesal. Al encontrarse los cuatro expedientes en trámite, la Conanp determinó reservar las versiones públicas de las denuncias y sus anexos, bajo una hipótesis de reserva prevista en la legislación de transparencia.

Una respuesta distinta dentro de la Conanp

Sin embargo, la propia Conanp ofrece una respuesta distinta cuando se consulta a su Dirección de Asuntos Jurídicos.

Mientras  la Dirección del Parque Nacional identifica cuatro denuncias por afectaciones y obras dentro del Área Natural Protegida, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Conanp, tras realizar una búsqueda en sus archivos físicos y electrónicos, señaló que no localizó denuncias presentadas ante la Profepa, la Fiscalía General de la República o alguna otra autoridad relacionadas específicamente con la venta de lotes, la comercialización de terrenos, desarrollos inmobiliarios, fraccionamientos, construcción de cabañas, viviendas o asentamientos humanos en el Parque Nacional La Malinche.

Por lo que las respuestas de dos áreas de la propia Conanp no coinciden plenamente respecto a las denuncias relacionadas con la venta de lotes en La Malinche.

PROFEPA tiene 14 procedimientos por daños a La Malinche, pero no especifica si están relacionados con la venta de lotes

Tlaxcala, Tlax.- El pasado 17 de septiembre, el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez, anunció la coordinación entre seis municipios y la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (PROPAET) para prevenir, identificar y atender descargas ilegales de aguas residuales. Sin embargo, para el Centro Fray Julián Garcés, la problemática ambiental para sanear el río Zahuapan (perteneciente a la cuenca del Alto Atoyac) rebasa la detección y sanción de establecimientos contaminantes, pues se trata de un problema acumulado durante décadas.

En entrevista para Escenario Tlaxcala, Marisol Flores García y Adriana Martínez, integrantes del Centro Fray Julián Garcés A.C., sostuvieron que vigilar las descargas representa apenas una parte de la solución y plantearon qué tendría que ocurrir para hablar de una recuperación real del Zahuapan, partiendo por conocer los contaminantes presentes en la cuenca, atender los impactos en la salud, recuperar los ecosistemas y establecer metas e indicadores que permitan comprobar si la calidad ambiental mejora.

Las integrantes del Centro cuestionaron además el alcance territorial de la estrategia, al considerar que involucra únicamente a seis de los 48 municipios que forman parte de la cuenca en Tlaxcala. Para ambas, limitar las acciones a determinados municipios, sanciones puntuales o proyectos de corto plazo no permite atender la dimensión del problema.

En su lugar, plantean avanzar hacia una restauración socio-eco-hidrológica que contemple no solo la recuperación ambiental, sino también la atención de los impactos que la contaminación ha generado en la salud de las comunidades y en las actividades productivas de la región.

“Fortalecer la vigilancia” del río Zahuapan no equivale a sanearlo, CFJG

Al menos seis municipios, en coordinación con la PROPAET, buscan prevenir e identificar puntos críticos de descarga de aguas residuales y contaminantes que puedan llegar al río Zahuapan.

De acuerdo a la información emitida por las dependencias gubernamentales, esta estrategia se encuentra vinculada al Compromiso 92 de la actual administración federal, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien durante su visita a Tlaxcala, el pasado 17 de septiembre, señaló que este año se prevé concluir la intervención de al menos 22 kilómetros del Alto Atoyac.

El convenio suscrito por Chiautempan, La Magdalena Tlaltelulco, Apetatitlán, Totolac, Tlaxcala y Amaxac de Guerrero establece mecanismos de coordinación institucional para fortalecer la prevención, identificación y atención de hechos relacionados con descargas de aguas residuales.

Sin embargo, integrantes del Centro Fray Julián Garcés (CFJG) consideran que la magnitud de la contaminación del Alto Atoyac hace insuficiente hablar únicamente de “saneamiento”, pues la vigilancia de las descargas representa, desde su perspectiva, apenas una parte de un problema que también involucra al suelo, el aire, los mantos acuíferos y la salud de las comunidades.

“El problema es no solo muy grande para la escala nacional, es además muy profundo y muy complejo […] no nada más es el problema del agua, es la contaminación de los suelos y del aire”.

Marisol Flores, directora del CFJG, señaló que las estrategias actuales dejan fuera componentes de la problemática ambiental, entre ellos la contaminación del suelo y el aire, así como la disminución de los mantos acuíferos que, de acuerdo con su explicación, se ha agudizado desde la instalación de la gran industria en la región durante la década de 1960.

A esto se suma que, a partir de investigaciones del Mtro. Samuel Rosado Zaidi y del Dr. Omar Arellano, se ha documentado la presencia de 22 mil 235 empresas manufactureras en la Cuenca del Alto Atoyac y de al menos 112 contaminantes identificados en investigaciones científicas, mientras que la normativa vigente contempla únicamente 22 sustancias para su regulación.

Escenario Tlaxcala documentó que la entidad cuenta con 30 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) activas, de un total de 130 registradas en la entidad. De las instalaciones en operación, 24 se encuentran ubicadas cerca o a lo largo del río Zahuapan, afluente de la cuenca del Alto Atoyac, mientras que las seis restantes se localizan en municipios por donde no atraviesa este río.

La información fue proporcionada por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Tlaxcala (CEAS) mediante la solicitud de acceso a la información con folio 000016. Estos sistemas forman parte de la infraestructura destinada al tratamiento de aguas residuales y, por tanto, de las acciones relacionadas con la atención de la contaminación hídrica en la entidad.

No obstante, para las integrantes del Centro Fray Julián Garcés, la existencia y operación de plantas de tratamiento no resuelve por sí misma la dimensión del problema. Desde su perspectiva, las estrategias gubernamentales han privilegiado soluciones técnicas que presentan deficiencias tanto en el ámbito municipal como industrial, sin atender de manera integral las fuentes y sustancias que contaminan la cuenca.

A esto se suma que, a partir de investigaciones del maestro Samuel Rosado Zaidi y del doctor Omar Arellano, se ha documentado, de acuerdo con la información compartida por el Centro, la presencia de 22 mil 235 empresas manufactureras en la Cuenca del Alto Atoyac y de al menos 112 contaminantes identificados en investigaciones científicas, mientras que la normativa vigente contempla un número menor de sustancias para su regulación.

Por ello, sostienen que la recuperación del Alto Atoyac requiere superar la lógica de vigilancia y sanción puntual para avanzar hacia una estrategia integral de restauración de la cuenca.

Una restauración integral, no solo plantas de tratamiento

Para el Centro Fray Julián Garcés, hablar de saneamiento resulta insuficiente frente a la dimensión de la crisis ambiental en la cuenca del Alto Atoyac. Adriana Martínez explicó que, ante un problema que involucra agua, suelo, aire, mantos acuíferos y salud pública, las comunidades y equipos académicos han planteado avanzar hacia una restauración socio-eco-hidrológica.

Esta propuesta parte de una diferencia fundamental respecto a las estrategias que, desde su punto de vista, han predominado durante años, estableciendo que el objetivo no debe limitarse a limpiar el agua visible del río, sino recuperar las condiciones ambientales y sociales de toda la cuenca.

Por su parte, Martínez sostuvo que cualquier estrategia de restauración tendría que contemplar un diagnóstico de salud a escala poblacional, atención médica especializada, medicamentos y presupuesto específico para las personas expuestas.

Para las activistas no basta con comprobar si una empresa cumple con los parámetros establecidos actualmente por la legislación, sino que es necesario conocer qué sustancias están siendo liberadas al agua, al suelo y al aire. En ese sentido, plantean fortalecer el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) y hacer obligatorio el reporte de las sustancias emitidas por las industrias.

¿Cómo saber si el saneamiento está funcionando?

Para Adriana Martínez, cualquier estrategia ambiental requiere pasar por ciclos de diseño, implementación, seguimiento y evaluación. Sostiene que el problema es que hasta ahora no se conocen públicamente metas concretas, indicadores, plazos intermedios ni mecanismos suficientes para evaluar el convenio entre los municipios y la PROPAET.

El Centro también cuestionó que el acuerdo tenga una vigencia de un año frente a una problemática que se ha desarrollado durante décadas. Para ambas, la una recuperación de uno de los tres ríos más contaminados a nivel nacional requiere continuidad institucional y presupuestal, independientemente de los cambios de administración.

Incluso, mencionaron que Recomendación 10/2017 de la CNDH ya había planteado la necesidad de un programa integral para la restauración ecológica o saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac, con metas y plazos precisos, además de acciones relacionadas con infraestructura, control de descargas, salud pública, vigilancia epidemiológica y transparencia.

Bajo esta perspectiva, el parámetro para evaluar el actual convenio no tendría que ser únicamente cuántas inspecciones se realizan o cuántas descargas son sancionadas, sino si existe una reducción comprobable de los contaminantes, una mejora sostenida en la calidad ambiental y acciones concretas para atender los daños acumulados en la población y el territorio.

«¿cuáles son sus metas y cuáles van a ser sus indicadores? Eso lo tendrían que transparentar de entrada para que nosotros podamos hacer un seguimiento ciudadano» afirmó.

Del “río rojo” a la recuperación integral para sanear el río Zahuapan

El episodio ocurrido en Apetatitlán, donde el río Zahuapan adquirió una tonalidad roja tras la descarga de colorantes de una empresa textil que posteriormente fue suspendida, es considerado por el Centro Fray Julián Garcés como un ejemplo de las limitaciones de una estrategia basada en atender las afectaciones una vez que estas se vuelven visibles.

“No es la primera vez. El Atoyac ya van dos veces que se incendia, han sucedido una cantidad de accidentes industriales que no han tenido respuesta, no han tenido castigo, no han tenido seguimiento, y tampoco hay prevención”, aseguró Adriana Martínez.

La colaboradora del Centro Fray Julián cuestionó que sancionar a un establecimiento entre las más de 22 mil empresas manufactureras resulte insuficiente para modificar los procesos productivos que generan contaminación. Desde su perspectiva, las multas pueden convertirse en una medida aislada si no están acompañadas de mecanismos que obliguen a prevenir y reparar los daños ambientales.

A esto se suma la falta de información pública sobre el convenio firmado entre los seis municipios y la PROPAET. Escenario Tlaxcala realizó una búsqueda del documento, pero no logró localizarlo disponible públicamente, por lo que no fue posible conocer de manera directa sus alcances y obligaciones.

Para las entrevistadas, la población debería tener acceso al acuerdo completo, así como a las metas, indicadores y plazos con los que deberá evaluarse la estrategia durante su año de vigencia. También consideran necesario transparentar qué contaminantes y metales pesados están presentes en los cuerpos de agua, las sustancias que las industrias vierten al agua, suelo y aire, los posibles impactos sanitarios y el presupuesto destinado a atenderlos.

De esta manera, el reto para el Zahuapan no termina cuando una descarga deja de teñir el agua de rojo. Para el Centro Fray Julián Garcés, el verdadero parámetro será determinar si las acciones logran reducir los contaminantes, atender los daños a la salud, recuperar los ecosistemas y devolver a las comunidades capacidad de participar en las decisiones sobre el territorio.

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