Tlaxcala, Tlax. Aunque algunos legisladores locales han expresado sus intenciones de presentar iniciativas para que la comunidad LGBTTTI (personas lesbianas, gays, bisexuales, trasvesti, transgénero, transexuales e intersexuales) tenga acceso al matrimonio igualitario, la realidad es que la ley tlaxcalteca contraviene la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e incluso la aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A la comunidad LGBTTTI sólo la Ley de Sociedades de Convivencia Solidaria y Ley para prevenir y eliminar la discriminación, les brindan algunos derechos; sin embargo, con la negación al matrimonio igualitario, la CNDH ha advertido que este grupo padece una discriminación sistémico-cultural, en tanto que la SCJN advirtió que es injustificada la exclusión de esta institución.
El primer instrumento reconoce a la sociedad de convivencia solidaria como el acuerdo de un hogar común que hacen dos personas físicas sin importar el género y con ello, ambos tienen derechos y obligaciones recíprocos, por lo que, el grupo LGBTTTI puede hacer su uso.
Desde 2015, la CNDH emitió una recomendación general a casi todos los estados de la República para adoptar el matrimonio igualitario. Esta invitación incluyó a Tlaxcala ya que en su artículo 52 del Código Civil, el matrimonio tiene el fin de procrear, lo que elimina a las personas LGBTTTI; además, el artículo 46 especifica quiénes sí pueden acceder al matrimonio, sin incluir al grupo antes mencionado.
Mientras que la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación fue publicada en diciembre de 2013 y establece en su artículo número 3 que está prohibida la discriminación por preferencia sexual, esta legislación contiene un apartado titulado «Medidas a favor de la igualdad de oportunidades», en la que se concentran acciones destinadas a las mujeres, la población infantil, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, la comunidad indígena y en último lugar una parte de la población LGBTTTI.
En el artículo 16 se lee: “los poderes políticos del Estado, los municipios y los órganos autónomos, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, medidas a favor de la igualdad de oportunidades para los grupos con una orientación sexual diferente a la de la mayoría de los habitantes”, sin embargo, nunca menciona a ninguno de los integrantes de la comunidad.
Cabe destacar que la aplicación de esta ley está a medias, ya que en la publicación de su Reglamento, se establece llevar acabo un Reporte Anual de evaluación y seguimiento de la política pública contra la discriminación, cuyo contenido se tendría que difundir el mes de marzo de cada año.
Sin embargo, hasta la fecha ni el ejecutivo ni el Poder Judicial del Estado, como tampoco el Congreso y los Municipios que se esperaría colaborarían también, han difundido este documento, pues no se encuentra ni en el periódico oficial, ni en el área de transparencia de Tlaxcala, como tampoco en el Congreso.
La discriminación también se ha hecho presente en exposiciones de motivos en el Congreso del estado, ya que en diciembre de 2015 en el marco del Proyecto de Decreto de la Ley de Cultura Cívica, se nombró a la comunidad LGBT (sin las demás siglas) una sola vez, sin que se diera pauta para abordar el tema, pues la discusión se orientó a la situación de las mujeres en la entidad.
Aunque se han presentado algunos acuerdos como la declaración del 17 de mayo Día Estatal de la lucha contra la homofobia, la cual queda definida en este instrumento como “el temor, rechazo o aversión hacia las personas en razón de su orientación, preferencia sexual, identidad y expresión de género», la realidad es que a la comunidad LGBTTTI se le adeudan derechos.
