La violencia en los municipios olvidados
Teuchitlán, junto con Tala, Lagos de Moreno, Unión de San Antonio y La Barca, comparte una misma realidad: la violencia los ha transformado y representa uno de los impactos más graves del abandono por parte de los centros políticos y económicos del país.
Las violencias, aunque parecen tener efectos similares en la vida y la integridad de las personas, adquieren matices distintos según la distancia geográfica y la falta de presencia estatal.
La conversión de territorios en espacios de control criminal
En estos municipios alejados de la Zona Metropolitana de Guadalajara, el crimen organizado ha logrado establecer un sistema de control territorial. Con la connivencia de algunas autoridades y el miedo impuesto a la población, estos grupos han creado una estructura paralela con retenes, uniformes, insignias, vigilancia y un sistema punitivo que se impone con la desaparición forzada.
El caso de Teuchitlán ejemplifica este fenómeno: espacios como el Rancho Izaguirre han sido transformados en centros de exterminio. Hornos que antes servían para actividades productivas ahora se utilizan como crematorios, y casas abandonadas se convierten en sitios de tortura y desaparición.
La impunidad y la inacción de las autoridades
Las autoridades han asumido un rol simbólico y meramente administrativo en estos escenarios de horror. Su trabajo se ha limitado a documentar datos y llenar expedientes sin cuestionar el contexto ni generar estrategias para evitar que estas atrocidades se repitan.
El hallazgo de más de 1,500 prendas en el Rancho Izaguirre, sin un debido aseguramiento ni descripción, es una prueba de que el Estado ha renunciado a su función de garantizar justicia y verdad. La burocracia ha transformado conceptos como «víctimas», «trazabilidad» o «restos humanos» en simples términos administrativos sin un verdadero propósito de reparación del daño.
El papel de las madres buscadoras
Las madres buscadoras han roto con esta normalización de la violencia. Sus acciones han expuesto la magnitud del horror y han obligado a las autoridades a reconocer la crisis. Gracias a su lucha, el rancho Izaguirre ha sido vinculado a otros centros de exterminio en Teuchitlán, revelando un patrón sistemático de violencia y desaparición forzada.
La banalidad del mal y la indiferencia del Estado
El juicio de Hannah Arendt sobre el nazi Adolf Eichmann reveló que los perpetradores de crímenes atroces pueden actuar desde la burocracia, sin cuestionar la moralidad de sus actos. Lo mismo ocurre con las autoridades mexicanas, cuyos discursos minimizan la tragedia.
Expresiones como el «ya me cansé» de Jesús Murillo Karam en el caso de Ayotzinapa, o la del Fiscal de Jalisco justificando que el rancho era «demasiado extenso» para procesarlo, reflejan una estructura de gobierno que ha aprendido a banalizar el mal. Las estrategias de comunicación están diseñadas para administrar la crisis, no para buscar justicia real.
Urge un modelo de justicia transicional
Mientras el Estado no asuma su responsabilidad y desarticule los modelos que perpetúan esta violencia, el crimen organizado seguirá operando con impunidad. Es urgente la implementación de un modelo de justicia transicional que permita entender la magnitud del horror y generar medidas que reparen el daño a miles de familias.
En Jalisco, la justicia que realmente avanza es la que construyen las madres buscadoras, las colectivas y la sociedad movilizada. Su lucha debe centrarse en la verdad y la compasión, evitando la manipulación política que solo perpetúa la impunidad.
Por:Zona Docs/ Zona Docs
