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Un gobierno que no dio resultados ante la trata de mujeres y niñas

Trata-Tlaxcala-Marco A. Mena-Trata de personas

El gobierno actual del estado de Tlaxcala esta obligado a implementar la “Ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de los mismos en el estado de Tlaxcala”, la cual fue aprobada el 12 de julio de 2017. En ella se plantea en su artículo 7, fracción I que corresponde a las autoridades estatales formular e implementar políticas, acciones y programas para prevenir, sancionar y erradicar los delitos de trata en concordancia con el Programa estatal en materia de trata de personas, sin embargo, las acciones implementadas por el gobierno del estado no cumplieron lo establecido en esta Ley.

La Ley obliga al gobierno del estado a crear un Programa estatal en materia de trata de personas, el cual fue aprobado por el Consejo estatal contra la Trata de Personas hasta el 28 de febrero de 2019, es decir, a más de un año de la aprobación de la Ley. A pesar de la existencia de este programa el gobierno del estado continuó la implementación de políticas públicas ante el problema de manera descoordinada y desarticulada, la aprobación del Programa fue un mero formalismo y no un compromiso ante la grave problemática de la trata de mujeres y niñas.

En días pasados en medios de comunicación se difundió como un “logro” del gobierno de Tlaxcala, que, en el estado, en el periodo de marzo de 2020 a la fecha, se radicaron 13 carpetas de investigación de trata de personas. En el segundo semestre de 2020, de acuerdo con datos del Secretariado del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicados en el documento “Información sobre violencia contra las mujeres”, Tlaxcala ocupó el segundo lugar a nivel nacional en el delito de trata, al tener una tasa de 2.12 casos por cada cien mil mujeres, por tanto, las 13 carpetas radicadas no significan un logro, por el contrario, muestran la gravedad de la problemática. Tampoco se puede considerar un logro las carpetas señaladas porque el hecho de radicarlas no significa que las víctimas alcanzarán la justicia, pues para ello se requiere alcanzar sentencias condenatorias firmes emitidas por el Tribunal Superior de Justicia del Estado y hasta ahora el porcentaje entre denuncias y sentencias condenatorias es sumamente bajo, la eficacia entre 2011 a 2017 es de 4. 8 %, es decir, existe un 95. 2 % de impunidad.


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El actual gobierno encabezado por Marco Antonio Mena Rodríguez dejó ir la oportunidad histórica de actuar frente a esta problemática. Las autoridades electas para la nueva gestión gubernamental deberán asumir como parte de su agenda la atención de esta problemática, la cual esperamos den resultados reales e integrales – es decir, en la prevención, atención y sanción- ante la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en nuestro estado.

Emilio Muñoz Berruecos

Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A. C.

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