RÍO DE JANEIRO, Brasil (24 de junio de 2025) – La red de verificadores LatamChequea alerta que recortes de fondos, leyes restrictivas y los retrocesos de ciertas plataformas amenazan la supervivencia de verificadores de datos en América Latina y ponen en riesgo el derecho de millones de personas a tomar decisiones informadas.
En un pronunciamiento emitido durante el evento de LatamChequea, previo a GlobalFact 12, la cumbre mundial de verificadores que se realiza en Río de Janeiro, la red latinoamericana advirtió sobre una “tormenta perfecta” que pone en riesgo el periodismo basado en evidencias en la región.
La crisis surge de la convergencia de diferentes factores: la reducción de fondos de cooperación internacional tras cambios en la política estadounidense, la aprobación de leyes que limitan el financiamiento extranjero a organizaciones de la sociedad civil en países como Paraguay, Perú y El Salvador, y la eliminación del programa de verificadores independientes de Meta en Estados Unidos, decisión que podría extenderse globalmente.
Según LatamChequea, estas medidas coinciden en un momento de particular vulnerabilidad para las democracias latinoamericanas, donde la desinformación funciona como una herramienta de polarización política. Este es el pronunciamiento:
“Sin verificación, gana la mentira”
El periodismo de verificación es esencial para sostener la calidad de las democracias en tiempos de polarización. Cuando todo parece dividido, el periodismo basado en hechos ayuda a reconstruir una base común para el debate público. Verificar información es algo más que corregir errores: es defender el derecho de las personas a decidir con evidencia, no con mentiras.
LatamChequea hace un llamado urgente a financiadores, plataformas y gobiernos a defender la verificación, porque es el derecho de las personas a estar informadas. Cuando ese derecho se erosiona, lo que está en juego no es solo el periodismo, sino la salud misma de nuestras democracias.
Las organizaciones de verificación en América Latina enfrentan una tormenta perfecta
La ruptura de la cooperación internacional de Estados Unidos impacta la sustentabilidad de muchos proyectos, un panorama que solo favorece a quienes fabrican desinformación. Llamamos a los financiadores del mundo que apoyan la integridad de la información a dar un paso al frente. Las sociedades de América Latina, en su diversidad de identidades y culturas, necesitan medios independientes y sostenibles para mitigar los daños reales de la desinformación sobre los derechos ciudadanos y la calidad democrática.
Las plataformas de redes sociales deben ser parte de la solución, no del problema
Necesitamos más transparencia, no menos. Urgimos a las plataformas a dar un mayor acceso a datos y colaborar con quienes combaten la desinformación, y a Meta en particular a revertir la decisión de terminar el programa de verificadores independientes en Estados Unidos, una medida que deja aún más a la intemperie informativa a millones de estadounidenses y acecha sobre el resto del mundo.
Las compañías de inteligencia artificial deben asumir su responsabilidad en la lucha contra la desinformación
Es urgente que entrenen sus modelos de manera ética, implementen mecanismos para asegurar la veracidad de los contenidos que generan y acepten la colaboración de verificadores expertos para asegurar la integridad de la información.
A los gobiernos y parlamentos de la región les decimos con claridad: proteger la libertad de expresión es su deber
Las leyes que criminalizan el financiamiento internacional en países como Paraguay, Perú, Venezuela y El Salvador, que se suman a normas similares aprobadas en Nicaragua y Guatemala desde inicios de esta década, no cuidan la soberanía: son intentos de silenciar a medios y organizaciones que trabajan con transparencia y al servicio de la ciudadanía. Esas leyes deben ser derogadas.
Sin verificación, gana la mentira. Defendemos el derecho a la información como un derecho humano y un bien público. No aceptaremos retrocesos.
Sobre LatamChequea
LatamChequea es la red latinoamericana de organizaciones de verificación de datos que agrupa a 48 iniciativas de fact-checking de 21 países de la región. La red promueve la colaboración entre verificadores y el fortalecimiento del periodismo basado en evidencias como herramienta fundamental para la democracia.
90% de las niñas y los niños están consumiendo bebidas azucaradas de manera cotidiana; las actividades diarias, la falta de inclusión hacia las infancias y la mercadotecnia genera opciones limitadas en la alimentación diaria.
Tlaxcala, Tlx. Los alimentos ultra procesados han hecho que las personas descarten nutrientes naturales esenciales debido a la falta de integración de las infancia en su alimentación, el ritmo de vida e ideologías plantadas desde la mercadotecnia, y es que la nutrióloga Dayana Pineda, durante el podcast Tierra, Salud y Vida mencionó que estos alimentos son parte de nuestro menú diario.
¿Te has preguntado de cuántas formas eres agresivo con tus niños? Actualmente, la rutina acelerada ha dado paso a pensar en nuevas formas de solucionar las necesidades, entre ellas, la alimentación. Por lo que comprar fruta y verdura en el super podría ser más fácil que ir al mercado, e incluso, cosecharlo ni podría pensarse tras los escasos espacios verdes con los que las personas cuentan en sus viviendas.
Esto hace que los alimentos ultra procesados replanteen el concepto de marcas, que incluso aunque se trate de aditivos, se elija la mejor «calidad». La nutrióloga Dayana Pineda, mencionó que estos alimentos impactan a la salud, siendo las infancias en zonas conurbadas la población más vulnerada.
La nutrióloga mencionó que las niñas y los niños son la principal población que está siendo privada de la alimentación natural y saludable tras reemplazarla con alimentos ultra procesados; además, de que estas nuevas formas omiten la memoria e identidad en la familia al no compartir tiempo en espacios donde se preparan los alimentos.
«Recuerdo que algunas tardes, mi abuelita, «Vamos a tostar pepitas.» Eran esas pepitas de calabaza que habían salido de la cosecha del terreno. Estaban lavadas, secas y guardadas en una lata de leche. Todo sucedía debajo de un tejado y alrededor de un Tlecuil.
Lo prendía con un pedazo de ocote. Ponía su comal de barro y empezaba ese festín. Recuerdo a mi abuelita diciéndome que se tenían que mover de manera constante y que cuando empezaran a chillar era momento de poner agua con sal. Una vez tostadas y frías, comenzábamos a pelar un montoncito.
Cuando ella creía que teníamos las suficientes, separaba y mandaba a alguien por tortillas de maíz, las calentaba en el comal y disfrutábamos el Tecuín. Ahora, después de mucho estudio, ya no tengo a mi abuelita ni tampoco al Tecuín, pero sus recuerdos y sabores estarán conmigo hasta el fin.»
Lo anterior, ha sido reemplazado con alimentos ultra procesados que atienden la necesidad de alimentación, pero en un entorno rápido, tras estar hechos de aditivos, y químicos que postergan su caducidad. Asimismo, señaló que las industrias tienen como fin vender, y lo han hecho durante años a costa de la salud, a costa del bienestar de las personas, pero sobre todo, de ir acaparando y generar adicción a los sabores y productos.
¿Qué pasa cuando las niñas y los niños empiezan a basar su dieta en estos alimentos ultra procesados?
1/3 de las calorías que consumen las infancias en edad escolar viene de alimentos ultra procesados, y esto, alude (en parte) a la nula participación que se le da a los niños de escoger los alimentos, introducir a nuestros niños a la toma de decisiones desde el momento en que vamos a hacer las compras.
«Un pequeño menú que no llevará mucho tiempo, y ahorrar muchos conflictos desde hacer un menú a la semana con tus niños y entonces ellos elijan, pueden comer armoniosamente y de una manera inteligente, porque incluso cuando organizas tu despensa nada se te echa a perder».
La nutrióloga mencionó que la alimentación influye en las escuelas cuando los niños presentan situaciones negativas en la cognición, en la memoria, la falta de sueño, etcétera; pues el 90% de las niñas y los niños están consumiendo bebidas azucaradas de manera cotidiana. Esto, es el resultado del estilo de vida que va generando la mercadotecnia, la tecnología que nos llega.
«No, es que hoy lleva las pizzas de tal marca,»
Asimismo, señaló que lejos de normalizar la calidad en las marcas, se deben consumir alimentos de temporada y enseñar que no se necesita comer alimentos que no son de temporada, porque de encontrarse en los supermercados, estos no contendrían los mismos beneficios al ser procesados para su producción.
Mercadotecnia y maternidad
Este ritmo acelerado de consumo y cotidianidad también infiere en la maternidad, por lo que las actividades del hogar contraponen el desarrollo profesional, las responsabilidades del hogar y los hijos.
«Las actividades del hogar todavía son desarrolladas por las mujeres, cada vez tenemos una mayor participación de los hombres, también hay que reconocerlo. Pero en la alimentación como algo transversal, es muy importante identificar que tenemos que priorizarla. Siempre decimos: «Híjole voy a irme a trabajar y ahí veo que como»; estás viendo por el desarrollo profesional antes que tu propia alimentación».
Finalmente, Dayana Pineda mencionó que es importante que las madres y padres que son los principales cuidadores, se liberen de las culpas, pues las decisiones jamás se toman pensando en ocasionar daño a los hijos. Tal es el caso de la lactancia materna que puede o no ser dada, por lo que los mitos que la rodean son parte de la falta de información o la mala información brindada.
«En términos de alimentación para infancias, la primera recomendación es lactancia materna, Y si no se puede hay alternativas, busquemos otras estrategias Cuando llegan los niños a los 6 meses. Pero lo que sucede es que tenemos que dar alimentación complementaria, pero adelantara está asociado a la obesidad en la edad adulta».
Por lo que invitó a que la sociedad se involucre en la alimentación consciente, informada e inclusiva con las infancias en la vida cotidiana. Y, que se utilicen los instrumentos informativos así como herramientas para establecer una demanda en caso de que establecimientos no respeten las nuevas disposiciones legales contra la restricción de venta de los alimentos ultra procesados.
¿Es posible que una mujer en prisión gestione su menstruación con dignidad? En Tlaxcala, sí. Gracias a la lucha de activistas, Keren Ordoñez no solo fue testigo: fue parte del cambio.
El 11 de diciembre de 2015, la vida de Keren Selsy Ordoñez Hernández cambió para siempre, junto a su bebé de apenas unos días de nacida, fue detenida en Veracruz; acusada de un crimen que no cometió. Esa equivocación, provocó que Keren permaneciera recluida en Tlaxcala por más de nueve años, arrebatándole la esperanza de vivir en libertad. En medio del miedo, la nostalgia, la rabia y la injusticia e indiferencia del sistema penal en México hubo algo que no le pudieron arrebatar: El deseo de conocer y dignificar su cuerpo a través de la menstruación.
Keren recuerda que hace nueve años, al ingresar a prisión, hablar de menstruación era prácticamente imposible. A ella le tocó vivirlo en carne propia.
Al día siguiente de su detención, y en violación a los protocolos establecidos, Keren fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil (CERESO) en Tlaxcala. Apenas había pasado una semana desde que dio a luz a su hija, en Veracruz, y seguía en condiciones físicas y emocionales propias del posparto, incluyendo el sangrado. Esa experiencia marcó un antes y un después en su vida, al confrontar de forma directa la negación sistemática de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que están privadas de la libertad.
Para ese momento, el CERESO femenil de Tlaxcala estaba bajo la dirección de un hombre, y la perspectiva de género era apenas una noción emergente en los grandes foros donde se hablaba de mujeres. Hace nueve años, Keren encontró un reclusorio donde el castigo se imponía por encima de cualquier necesidad o malestar de las mujeres privadas de la libertad.
En ese entorno, no había empatía hacia quienes menstruaban, padecían cólicos o atravesaban procesos como el posparto. La atención a la salud sexual y reproductiva era prácticamente inexistente, la infraestructura no era la adecuada para que las mujeres pudieran vivir su menstruación de forma segura y los servicios básicos de higiene menstrual no estaban garantizados.
“Llegué sangrando y no recibí ayuda. Yo misma tuve que comprar mis toallas sanitarias y atravesar sola el proceso del posparto, porque en ese momento no confiaba en nadie y tampoco recibí la atención médica que necesitaba después de haber dado a luz. Me sentía muy sola, no sabía qué estaba pasando.”
Y aunque el CERESO de Tlaxcala aún no cuenta con la infraestructura necesaria para las necesidades menstruales. Keren cuenta que hoy las cosas han empezado a cambiar.
La menstruación: un proceso biológico que se vive con vergüenza
Keren Ordoñez, al igual que miles de mujeres en México, vivió sus primeros años de menstruación desde la desinformación y el miedo.
«Recuerdo que cuando me empezó a bajar, mi mamá comenzó a llorar. Eso hizo que yo también sintiera pánico. Empecé a llorar sin entender porqué era tan malo que hubiera comenzado a menstruar».
Aunque en casa de Keren la menstruación siempre fue tratada con estigmas y silencios, con el tiempo su percepción cambió. Reconoce que menstruar le resultaba incómodo, pero también reconoce que siempre tuvo la disposición de hablar del tema abiertamente. Para ella, comprender que la menstruación no “era algo malo” ni motivo de vergüenza fue una forma de romper con las ideas que le inculcaron en su hogar.
Sin embargo, sabía que menstruar seguía siendo un desafío más allá de sus propias ideas, pues tanto la sociedad como su propia familia aún no estaban listas para hablar del tema con libertad.
Desde tiempos ancestrales, la menstruación ha sido asociada con lo sucio y lo prohibido. Para Alejandra Bueno, activista y especialista en gestión menstrual, la menstruación ha sido vista como un mito, por toda la carga histórica que la ha acompañado:
“La menstruación sigue siendo —desde que nos concebimos como humanidad— un mito, principalmente por la sangre. No había una explicación del porqué una mujer sangraba varios días y no se moría. Y eso comenzó a pensarse como si tuviera un ‘mal’ (lo pongo entre comillas), porque los hombres, como género, no podían comprenderlo. Hasta que, más adelante, la ciencia demostró que es un proceso biológico relacionado no solo con la reproductividad, sino con ciclos hormonales que las mujeres tenemos. Entonces, desde este modelo patriarcal, sigue siendo un mito que los varones no pueden controlar, y por eso le han achacado ciertas condiciones de diferenciación con los hombres”.
Esta diferenciación biológica también se permeó en lo social, creando estigmas que hoy aún limitan el desarrollo pleno de las mujeres en espacios públicos como escuelas, trabajos y comunidades.
En México, pronunciar abiertamente la palabra ‘menstruación’ se hace desde el recelo, el dolor, el susurro y, algunas veces, desde el castigo; las pocas veces que se habla de ella es en pequeños círculos de mujeres, bajo un manto de desinformación. Al respecto, Bueno Castro comparte:
«¿Cómo me vivo frente a un proceso personal biológico? Pues lo vivo con miedo, lo vivo con pena, lo vivo con limitación de recursos y con lo que tengo a la mano. Todo está hecho para que la menstruación se viva desde la vergüenza y la desinformación. Vivirla desde ahí, es ya una cuestión de desigualdad».
Bueno Castro afirma que la menstruación no solo se vive bajo el yugo de la vergüenza, sino también bajo la exigencia de un dolor silencioso al que las mujeres deben someterse -un dolor que no debe notarse o que, paradójicamente, debe vivirse ‘en libertad’-, pese a las violencias estructurales que ya las atraviesan. Esta contradicción se ha visto exacerbada por las campañas publicitarias de marcas de toallas sanitarias que, desde hace años, proclaman que las mujeres ‘pueden brillar aún más en sus días’, mientras las obligan a gestionar su menstruación con productos que priorizan la discreción sobre la salud: toallas sanitarias y tampones que no siempre respetan los cuerpos femeninos.
«Pareciera que nos quieren quitar la violencia y que nos dan libertad… pero a costa de nuestra salud con todo este envenenamiento que provocan los químicos».
Por otro lado, Alejandra Bueno ha analizado que la falta de información correcta sobre lo que implica la menstruación, pone a las mujeres en un plano de desigualdad, debido a que la realidad de todas las mujeres es distinta. Sobre todo, cuando hablamos de mujeres que viven en situación de pobreza, migración y prisión.
Menstruar en prisión: La invisibilidad de los cuerpos
“Hace nueve años que entré a prisión, la menstruación era un tema que no provocaba interés a nadie” –Keren Ordoñez
Aunque la menstruación es algo que viven todas las mujeres, no es un hecho que todas las mujeres la viven de la misma manera, especialmente de aquellas que viven privadas de la libertad.
Alejandra Bueno señala que, dentro de un sistema penal punitivista, las mujeres son castigadas de todas las formas posibles, y entre esas formas se incluye la gestión de la menstruación. En ese sentido, recalca que es como si, además de perder su libertad; las mujeres también perdieran su derecho a una menstruación digna, donde existan las condiciones para vivir este proceso biológico en condiciones de higiene, de privacidad y con la libertad de decidir cómo gestionarla.
Esta omisión, explica, está profundamente ligada al género y a los roles que históricamente se han impuesto a las mujeres en la sociedad.
«A las mujeres siempre nos han dicho que nuestro deber es ser buenas. A los hombres les venden la idea de ser fuertes, formales, proveedores, pero a nosotras siempre nos presentan la bondad como valor supremo. Entonces imagínate a una mujer que, por alguna circunstancia, está privada de su libertad: es como si no hubiera cumplido su objetivo de ser bondadosa, de ser ‘buena’. Así se convierte en ‘la mujer mala’, a la que hay que achacarle el no cumplir con su objeto de vida. Y entonces, una vez en prisión, están en un lugar donde son juzgadas y estigmatizadas por ese único pecado: no ser ‘buenas'».
Para las mujeres privadas de su libertad, la menstruación no es solo un tema de estigma social, sino de abandono institucional. Mientras afuera se avanza lentamente en romper tabúes, dentro de los penales la dignidad menstrual sigue siendo un derecho negado, por el que no hay un avance real.
Menstruar entre carencias: la deuda del sistema penitenciario con las mujeres privadas de la libertad
Cuando Keren ingresó al CERESO de Tlaxcala, descubrió que no contaba con toallas sanitarias para las mujeres privadas de la libertad. La única opción era comprarlas por su cuenta en la tienda que está al interior del centro o recibir el apoyo de otras internas, quienes le proporcionaban lo poco que tenían.
“Mis compañeras siempre me apoyaron en esa situación, ellas me proporcionaban toallas sanitarias”.
Para Keren, que por un tiempo había logrado liberarse de los prejuicios en torno a la menstruación, llegar a prisión significó un retroceso doloroso. Volvió a enfrentar el miedo, la vergüenza y los estigmas, pero esta vez con un peso adicional: la falta total de intimidad y privacidad para vivir su menstruación.
“Menstruar en prisión es muy incómodo. Esto es porque los baños no tienen puerta; no hay privacidad ni para hacer del baño. El único baño en donde hay medianamente un poco más de privacidad es el del dormitorio y esto es porque el dormitorio tiene puerta; sin embargo, el baño en el interior del dormitorio no tiene puerta. Es incómodo porque el cuarto lo compartes con más mujeres por lo que no tienes privacidad como tal”.
En ese sentido, Keren afirmó que a pesar de que los cuartos están diseñados para que cinco mujeres puedan pernoctar en una sola habitación, por la sobrepoblación, algunos dormitorios son ocupados hasta por ocho mujeres. La falta de privacidad para las mujeres privadas de su libertad se convierte así en un castigo adicional por no “ser buenas mujeres”. Para Keren esto parecía una forma de control corporal que reforzaba el estigma menstrual.
Datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de enero de 2024, elaborado por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dio a conocer que en México hay 13,297 mujeres privadas de la libertad. La población privada de la libertad se encuentra distribuida en 285 centros penitenciarios del país, de los cuales 22 son exclusivamente femeniles y 90 de carácter mixto.
En el CERESO femenil, donde Keren pasó más de nueve años, las condiciones aún están lejos de garantizar una menstruación digna. Aunque el centro es exclusivo para mujeres, carece de la infraestructura necesaria para atender adecuadamente sus necesidades. El CERESO femenil de Tlaxcala, como en muchos otros centros penitenciarios del país, la realidad de las mujeres privadas de la libertad está atravesada por un sistema diseñado, en gran medida, bajo lógicas masculinas que ignoran las particularidades de ser mujer en prisión.
“Los baños son muy pequeños, a eso súmale que no hay privacidad. El agua falta mucho en el CERESO. Por ejemplo, cuando no hay agua, nosotras tenemos que bañarnos en cubetas, con agua fría. O dejamos de lavar ropa, por ejemplo, si te manchas durante tu periodo, debes esperarte, no es que lo resuelvas en seguida”
Para Alejandra Bueno la infraestructura, aún en cárceles diseñadas en su totalidad para mujeres, no cuentan con condiciones que garanticen una menstruación digna. Por lo que las mujeres en prisión viven su menstruación sin un espacio privado, íntimo y con respeto, poniéndolas una vez más en una situación de desigualdad.
Esto a pesar de que el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como la Convención Belém do Pará, establezcan que es obligación de los Estados el garantizar que todas las personas -incluidas las privadas de libertad- puedan ejercer sus derechos reproductivos de manera libre, informada y sin discriminación.
En entrevista, Keren compartió que, en 2015, pensar en otras formas de gestionar la menstruación dentro del penal era prácticamente imposible. Reconoce que no existía voluntad por parte del Estado ni siquiera para promover campañas de concientización sobre el tema.
Tras nueve años menstruando en el silencio y la precariedad del sistema penitenciario, el 2024 marcó un punto de inflexión para Keren: por primera vez, vivió su ciclo menstrual como un proceso digno, sin vergüenza ni omisión, después de años de haberlo relegado al olvido desde su ingreso a prisión.
Recomendación 35/2021el primer paso para vivir una menstruación digna dentro de los Centros de Reinserción Social
El pensar en una menstruación digna en Tlaxcala comenzó en 2020, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tomó la decisión de documentar las condiciones indignas en que viven muchas mujeres privadas de la libertad en México, entre ellas las del CERESO Femenil de Tlaxcala.
Para conocer las condiciones de este lugar, el Estado de Tlaxcala respondió a la CNDH mediante el oficio DPRS/DAJ/1875/11/2020, fechado el 20 de noviembre de 2020 y firmado por el Director de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En dicho documento, se detallaban las condiciones con las que contaba el CERESO femenil de Tlaxcala hasta ese momento.
A partir de ese estudio, y de los realizados a nivel nacional, en 2021, la CNDH emitió la Recomendación 35/2021 que tiene como objetivo asegurar que mujeres y personas menstruantes en reclusión puedan gestionar su menstruación de forma digna, protegiendo su salud sexual y reproductiva, así como sus derechos a la salud y a vivir con dignidad dentro de los centros penitenciarios.
La Recomendación 35/2021 de la CNDH exige al sistema penitenciario en México asegurar el acceso gratuito y oportuno a productos como toallas sanitarias, así como contar con espacios adecuados, agua, jabón y privacidad.
También subraya la necesidad de atención médica especializada ante alergias o necesidades particulares, y de capacitar al personal penitenciario en derechos sexuales y reproductivos.
Por ello, la Recomendación 35/2021 fue dirigida de manera explícita por la CNDH a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, como autoridad responsable de garantizar condiciones dignas para las mujeres privadas de la libertad.
Implementación del programa de gestión menstrual en el centro penitenciario
A partir de la Recomendación 35/2021, y bajo la dirección de Janeth Juárez Flores en el CERESO femenil, se emprendió un primer acercamiento con colectivas para conocer cómo se podía atender las disposiciones de la CNDH.
A esa iniciativa fue convocada Alejandra Bueno, una de las gestoras del proyecto más importante que ha tenido hasta ahora el CERESO femenil de Tlaxcala en torno a materia de género, así lo describió Keren. No obstante no se pudo concretar el trabajo ante los cambios de administración que se estaban llevando a cabo a nivel estatal.
Desde entonces, Alejandra comenzó a ser testigo de las condiciones precarias en las que vivían las internas durante su menstruación. Muchas carecían de acceso a productos básicos como toallas sanitarias, papel higiénico suficiente o agua limpia, lo que las obligaba a improvisar soluciones poco cómodas e incluso insalubres, como el uso de trozos de tela o prendas de vestir. Lo que la motivó a hacer trabajo de incidencia junto a antropóloga Natalia Zamudio y Andrea Elizondo, directora de Vulva Community, a través de un puente de comunicación con Paola Sosa, actual directora del CERESO femenil, y quien dio luz verde para hablar abiertamente sobre menstruación digna para mujeres privadas de libertad.
En entrevista, Paola Sosa explicó que, antes de tomar en cuenta la recomendación emitida por la CEDH, fue necesario atravesar un proceso de concientización personal, tanto desde su experiencia como mujer como desde su responsabilidad como servidora pública en el ámbito de la seguridad. Señaló que este ejercicio le permitió cambiar su perspectiva sobre la garantía de derechos para las mujeres privadas de la libertad, y enfatizó que ello no está en contradicción con la seguridad ciudadana, sino que ambas pueden y deben ir de la mano.
“Las mujeres privadas de la libertad solo pierden el derecho a su libertad, más no a los demás derechos como es el derecho a su salud, a su vida reproductiva, su maternidad, que son como los principales derechos con enfoque de género.”
Paola Sosa compartió que la implementación del programa de gestión menstrual en el centro penitenciario se desarrolló en colaboración con diversas instituciones y organizaciones especializadas, como la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Colectiva Cihuatlampa “Desaprendiendo entre Mujeres”, Femex, Vulva Company y voluntarias educadoras menstruales. Y que contó con donaciones de diputadas y mujeres emprendedoras.
En 2022, la entonces alumna de Trabajo Social, Ana Karen Reyez Cruz, realizó un estudio diagnóstico para obtener el grado de licenciatura, con el objetivo de analizar la situación de las internas. En dicho diagnóstico se reafirmó la “falta de un proyecto de intervención para tener una menstruación digna dentro del CERESO.” A partir de ahí, se diseñó un plan de intervención, respaldado por Alejandra Bueno, donde se crearon las estrategias que permitieran transformar la experiencia menstrual de mujeres privadas de la libertad mediante cambios sustanciales.
Aunque la mayoría de las mujeres privadas de la libertad en Tlaxcala tenían acceso a toallas sanitarias ya sea porque las compraban o a través de donaciones, repensar la gestión menstrual implicaba ir más allá de lo básico. Al respecto, Alejandra Bueno mencionó que pregunta central era: ¿qué otras alternativas existen para garantizar una menstruación digna, libre de incomodidad y sin riesgos para la salud de las mujeres en prisión? Una pregunta que se fue nutriendo a partir de procesos de diálogo y sensibilización.
Las alianzas que se tejieron con la Colectiva Cihuatlampa “Desaprendiendo entre Mujeres”, Femex, Vulva Company y voluntarias educadoras menstruales permitieron brindar conocimientos técnicos y con perspectivas de género, para que las mujeres privadas de la libertad y las custodias que protegen la seguridad del CERESO, tuvieran mayor sensibilidad cuando se habla de gestión menstrual.
Alejandra Bueno compartió que el primer paso fue la sensibilización del personal del CERESO, iniciando con la directora, la trabajadora social, la psicóloga, la criminóloga, asistentes médicos y el personal técnico. Esto favoreció para que hubiera una mayor apertura al momento de emprender otras medidas de gestión menstrual como la copa menstrual o toallas ecológicas.
Para Alejandra, el haber tenido un doble proceso de sensibilización tanto con mujeres privadas de la libertad como con personal del CERESO pudo permitir que se abrieran los espacios de empatía entre ambas, sin romper los protocolos de seguridad que ya están establecidos, beneficiando a la salud y control menstrual de las mujeres:
“Una de las cosas que nos llevó a tomar decisiones fue que también las custodias estuvieran sensibilizadas sobre el tema. Algo importante fue que la jefa de custodias nos dijo: ‘Yo no estoy convencida de la copa porque se introduce a nivel vaginal y no sé qué podrían hacer con ella’”, recordó. Desde la perspectiva de seguridad, la preocupación era legítima, ella lo observaba desde su experiencia, por todas las situaciones que han vivido dentro del centro. Por eso nos dijo: ‘Si se va a permitir el uso de copas, debe haber un control sobre ello’”.
Como medida, se estableció que las copas menstruales fueran resguardadas y distribuidas a través del servicio médico del CERESO.
Para que el proyecto avanzara se contó con la organizaron de mesas de trabajo donde tanto las internas como las expertas aportaron propuestas, logrando un enfoque participativo.
Sobre este proceso, Keren compartió que este programa le cambió su forma de ver y pensar la menstruación:
«No solo fue aprender a utilizar y conocer la copa, sino también una oportunidad para hablar de sexualidad sin prejuicios. Tal vez se normalizó porque, precisamente, estos temas suelen estar rodeados de tabúes; al abordarlos abiertamente, ayudó a que se volvieran más visibles y naturales. Aprendimos a verlos como parte de la vida cotidiana. Hablamos de nuestro cuerpo, de nuestras partes sensibles… y fue una etapa muy bonita.”
Para Alejandra el objetivo de esta primera etapa era crear un espacio de reflexión basado en el respeto, donde las mujeres privadas de la libertad se sintieran seguras, tratadas con igualdad y libres de prejuicios, sin importar las razones por las que se encontraban en prisión.
Situación que Keren Ordoñez, confirmó:
“No solo exploré mi cuerpo, sino que también escuché experiencias de otras personas. Todo se construyó desde el respeto y la confianza, con el acuerdo mutuo de que sería un espacio privado y seguro… y así fue»
El uso de copas menstruales en mujeres privadas de la libertad, un logro en la entidad más pequeña de México
“Keren fue una de las primeras en levantar la mano cuando, durante las mesas de diálogo, propusimos el uso de la copa menstrual como alternativa a la toalla sanitaria. No solo fue de las primeras en recibir su copa, también animó a otras compañeras a sumarse. Su decisión marcó un punto de partida clave en el proceso de sensibilización con otras mujeres privadas de la libertad”. Alejandra Bueno
Actualmente, el Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, cuenta con una población de 90 mujeres privadas de la libertad y entre el 85 y 90 por ciento se encuentra en edad menstrual. De ellas, 30 mujeres cuentan con copa menstrual, quince con toallas de tela y el 45 usan toallas sanitarias convencionales o ya no se encuentran en edad menstrual.
Alejandra Bueno compartió que para este ejercicio se logró coordinar una campaña con la organización Femex, enfocada en la salud menstrual. El objetivo: facilitar el acceso a productos menstruales reutilizables para las mujeres privadas de la libertad.
“Le expusimos el caso, les mostramos el diagnóstico, y Femex realizó una campaña entre las personas y empresas con las que ellas colaboran, y fue así que logramos la donación de 30 copas menstruales para distribuirlas a mujeres privadas de la libertad en Tlaxcala ”.
Tras recibir la donación, Bueno explicó que se realizó un nuevo proceso de evaluación y selección para saber qué mujeres podrían acceder a la copa menstrual, tomando en cuenta factores como la edad, la voluntad de las mujeres de usar la copa y su situación jurídica.
“Hacemos un nuevo estudio para identificar quiénes son las mujeres candidatas, desde ya la sensibilización; tomando en cuenta si querían usar la copa menstrual, si estaban en edad menstruante y si su permanencia en el CERESO iba a ser a largo plazo, esto para garantizar que tuvieran al alcance una alternativa menstrual que les fuera útil a largo plazo”
Además de las copas menstruales, se hicieron donación de toallas sanitarias de tela, esto con el objetivo de que las mujeres que no eran candidatas a la copa menstrual o no se sentían cómodas con la copa, pudieran sumarse al proyecto.
Para aquellas que optaron por no participar en este esquema, se establecieron centros de acopio y se gestionaron donaciones de toallas sanitarias con empresas y la comunidad, garantizando así el abastecimiento gratuito y permanente de estos insumos para todas las reclusas.
Paola Sosa destacó que actualmente el programa de gestión menstrual dentro del CERESO de Tlaxcala cubre al 100% de la población femenina, a través de tres modalidades: copas menstruales (con seguimiento médico y educativo), toallas sanitarias convencionales gratuitas, y kits ecológicos (como toallas reutilizables y calzones menstruales).
Este proceso ha sido un cambio radical en la vida de las mujeres que se encuentran privadas de la libertad. Alejandra Bueno compartió que además de la implementación de las copas menstruales, también hubo un proceso educativo que incluyó desde clases sobre anatomía femenina hasta terapias para trabajar la autoaceptación. Asimismo se privilegió la salud mental de las reclusas durante su periodo, entendiendo su vida sexual desde un enfoque integral:
“Ese proceso ha sido bien bonito. Formábamos equipos de cinco mujeres, tomábamos sus datos personales y de salud menstrual, y les entregábamos su copa. Les enseñábamos otra vez el ABC del uso y les hicimos un calendario menstrual personalizado. ”
Ese calendario fue clave para el proceso de autoconocimiento y autocuidado, pero su implementación iba más allá del registro médico.
“Les preguntábamos: ¿qué piensas, qué sientes y qué necesitas cuando estás menstruando o durante todo tu ciclo?”. Para acompañar ese ejercicio reflexivo, también se integraron herramientas para el bienestar emocional. Les pusimos imágenes de mandalas y les regalamos colores, para que mientras reflexionaban sobre su menstruación, pudieran pintar. Eso también es salud mental durante el ciclo menstrual”.
Alejandra Bueno destacó que el registro médico ha permitido a las mujeres privadas de la libertad tener mayor control sobre su ciclo menstrual, lo que ha contribuido a reducir las consultas médicas por cólicos, ya que ahora cuentan con información precisa para anticipar y atender sus síntomas.
Para Paola Sosa, quien asumió la dirección del CERESO de Tlaxcala en 2023, este programa mejoró de manera directa la percepción que las mujeres privadas de la libertad sobre la menstruación:
«El cambio más profundo fue ver cómo pasaron de ver la menstruación como algo vergonzoso a entenderla como parte natural de su salud y feminidad».
Además, destacó que con voluntad institucional y empatía es posible transformar realidades dentro de los centros penitenciarios. Por ello, compartió que este proyecto ya ha sido presentado a otras instituciones de seguridad en distintas entidades del país, y que el objetivo es que, hacia finales de 2025, pueda replicarse en cárceles femeniles de Guerrero y Quintana Roo, bajo la misma perspectiva y con la colaboración de las mismas activistas que formaron parte en Tlaxcala.
Keren, ahora desde una llamada telefónica desde la comodidad de su casa, compartió que haber participado en este proceso fue de las pocas cosas gratas que vivió en prisión. Hoy su hija, tiene nueve años y quiere compartir con ella todo lo que aprendió:
“Mi hija tiene nueve años, pero es una niña muy desarrollada, así que ya empezamos a hablar de estos temas. Le estoy enseñando cómo colocarse una toalla femenina, entra conmigo al baño para que lo vea, para que lo normalice. La primera vez que vio sangre fue un susto: ‘¿Por qué sale tanta sangre?’, me preguntó. Ahora puedo explicarle con claridad lo que es la menstruación, dejándole claro que no debe tener miedo y que es algo totalmente natural. Ahora que nos reencontramos, estamos viviendo una etapa muy bonita.”
El 16 de abril de 2024, Keren Ordoñez fue puesta en libertad tras permanecer nueve años recluida por un delito que no cometió. Su caso fue revisado por la magistrada Mary Cruz Ornelas, quien ordenó su liberación inmediata al identificar irregularidades en el proceso y valorar los hechos con perspectiva de género. La apelación fue promovida por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), organización que brindó acompañamiento legal desde que se documentaron violaciones a sus derechos humanos. Al recuperar su libertad, Keren cuenta que en medio de la emoción extravió su copa menstrual. Desde entonces ha tenido que volver a usar toallas sanitarias, un regreso que describe como incómodo y poco práctico. Mientras se adapta nuevamente a la vida fuera del penal, ha comenzado a ahorrar para poder adquirir una nueva copa menstrual.
Keren acepta que salir de prisión no ha sido fácil. Afuera se encontró con una realidad completamente distinta, marcada por la pérdida de tiempo, vínculos y oportunidades, pero tiene ganas de recuperar su vida.
Obstáculos y logros en la implementación del programa de gestión menstrual
Al ser cuestionada sobre los principales desafíos para garantizar una gestión menstrual digna, Paola Sosa reconoció que las resistencias culturales y los miedos infundados fueron los mayores obstáculos. En ese sentido, mencionó que muchas internas inicialmente temían usar copas menstruales por desinformación, llegando a casos de «pánico escénico» cuando no lograban retirarlas, lo que las llevaba a acudir al área médica en busca de ayuda.
Sin embargo, destacó que nunca hubo trabas institucionales para la donación de copas menstruales y artículos para dignificar la menstruación en mujeres privadas de la libertad, aseguró que la propuesta contó con la confianza de la gobernadora Lorena Cuérllar y el secretario Alberto Martín Perea Marrufo, aunque no hubo presupuesto para impulsar la iniciativa que venía de mujeres activistas.
Respecto a la infraestructura, Sosa aclaró que el centro ya contaba con baños privados, regaderas y lavaderos accesibles, lo que facilitó la higiene menstrual. A pesar de la escasez de agua que mencionó Keren, Sosa mencionó que las internas pueden lavar toallas reutilizables o calzones menstruales en áreas designadas, con suministro de jabón y cloro proporcionados por el penal.
Uno de los aspectos que generó mayor incertidumbre fue el proceso de esterilización de las copas menstruales. Aunque se esperaba que el Gobierno del Estado proporcionara el equipo necesario, esta gestión se retrasó y postergó la entrega. Finalmente, fue gracias a una donación realizada por la entonces empresaria Nidya Cano que se logró adquirir el material requerido, permitiendo así que las copas pudieran ser utilizadas de forma segura.
Paola Sosa fue enfática al señalar que la gestión menstrual dentro del centro penitenciario no es un privilegio, sino una necesidad básica, al igual que comer o dormir.
«Forma parte de las necesidades esenciales de toda mujer».
Aunque en una entrevista publicada por La Jornada el 22 de abril de 2025, Herminia Hernández Jiménez, directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, afirmó que Tlaxcala cumple con la Recomendación 35/2021 gracias a los esfuerzos gubernamentales, para Alejandra Bueno y para quienes participaron en este proceso, es necesario precisar que el acceso a una menstruación digna para las mujeres privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Tlaxcala fue posible por la gestión de activistas y la voluntad y proceso de sensibilización de la directora del centro, Paola Sosa.
Fue gracias a estas acciones que la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio seguimiento efectivo a la recomendación, posicionando a Tlaxcala entre las entidades mejor evaluadas en este rubro, pese a no haber emitido presupuesto específico del gobierno estatal para su implementación.
Finalmente para Alejandra Bueno, quien ha participado activamente en este proyecto mencionó que este proyecto ha marcado la diferencia en un espacio donde realmente se puede incidir y cambiar la vida de las mujeres:
“Aunque también trabajé en el CERESO varonil y observé muchas necesidades, en el CERESO femenil esas carencias son aún más evidentes. Aquí hay más necesidad, más abandono. Las mujeres privadas de libertad suelen ser las olvidadas. Históricamente, los hombres han recibido más acompañamiento, tanto de sus familias como de las instituciones durante sus procesos legales. En cambio, a las mujeres se las abandona con más frecuencia, en parte por el estigma social de que no encajan en la idea de la mujer bondadosa. Poder incidir aquí, ver un impacto real en sus vidas, me genera una gran satisfacción y me compromete aún más a replicar este modelo en otros centros penitenciarios.”
Hoy, la gestión menstrual de las mujeres privadas de la libertad en Tlaxcala representa un precedente a nivel nacional. Para Alejandra Bueno, negarles a las mujeres privadas de la libertad condiciones adecuadas para su menstruación, no solo implica el incumplimiento de obligaciones nacionales, sino también una violación directa de los derechos sexuales y reproductivos reconocidos en tratados internacionales suscritos por México.
Gracias al esfuerzo y la gestión de mujeres activistas, hablar hoy de una menstruación digna para estas mujeres es una realidad que abre la puerta a la transformación de sus vidas.
Este reportaje fue posible gracias al Fondo para el Periodismo de Soluciones en Latinoamérica, en colaboración con el Colectivo 506
Pese a cuestionamientos desde distintas voces activistas, el cuarto informe de actividades de la presidenta Jakqueline Ordóñez en la CEDHT menciona acompañamiento, difusión y 88% de expedientes atendidos.
El pasado 6 de junio, la presidenta de la Comisión Estatal De Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) Jakqueline Ordóñez Brasdefer, rindió su Cuarto Informe de labores en las instalaciones del organismo durante el periodo 2021-2025, en donde señaló las recomendaciones hechas a funcionarios públicos y las actividades realizadas.
La presidenta señaló que a lo largo de estos años, la institución trabajó bajo 4 ejes de actuación: gobernanza, defensa, cultura de derechos humanos y fortalecimiento institucional contemplando principalmente a grupos vulnerables como mujeres; niñas, niños y adolescentes; adultos mayores; personas con discapacidad, diversidad sexual y migrantes.
Ordóñez Brasdefer destacó la activación de procesos de reparación integral de daños, medidas de restitución y las garantías de no repetición. Por lo que, dentro de las acciones realizadas mencionó que se consolidaron 1,692 expedientes de quejas atendidas de las cuales el 88% (1490) fueron concluidos y el 12% (202) restante de expedientes aún están en trámites.
Por lo que, refirió que dentro de las acciones que se han implementado están:
1.- Mujeres, niñas, niños y adolescentes
JAkqueline mencionó que Dentro de los puntos para las mujeres, se creó la Visitaduría Especializada en Asuntos de Género y Contra la Trata de Personas para atender expedientes con perspectiva de género; además de una unidad de género en la Comisión de Derechos Humanos y la capacitación de los servidores públicos en materia de género y masculinidades.
Asimismo señaló:
Se fortaleció la convivencia escolar en más de 14 instituciones, ofreciendo el seguimiento a compromisos de cultura de paz en escuelas donde, de acuerdo con Jakqueline Ordóñez, se beneficiaron 3563 niñas, niños y adolescentes en todo el estado.
Implementación del sistema de queja en línea para niñas, niños y adolescentes con un lenguaje claro, accesible y sin tecnicismos.
Diseño e implementación de diversas herramientas pedagógicas y de difusión dirigidas a niñas y niños como el libro Mi cuaderno de derechos humanos para niñas, niños y adolescentes que alcanzó a 2620 infancias.
Instalación del Consejo Consultivo Infantil 2025
2.- Personas adultas mayores
Por su parte, se implementaron cursos dirigidos a personal ministerial sobre derechos humanos de personas adultas mayores para fortalecer la atención sin discriminación ni violencia institucional. Así como espacios de autocuidado emocional para mujeres adultas mayores, con mesas de diálogo centradas en salud mental y bienestar comunitario.
Por último, la presidenta del CENHT señaló la realización de foros, talleres, actividades recreativas pero con la perspectiva de derechos humanos.
3.- Personas con discapacidad
Respecto al tema de personas con discapacidad a presidenta señaló las siguientes actividades:
Acompañamiento a mujeres con discapacidad auditiva durante 10 meses
Realización de una jornada integral que incluyó capacitaciones, asesoría institucional y la conformación de un grupo de apoyo autónomo.
Inauguración de la exposición Entre trazos y sueños de una artista sorda.
Elaboración de la cartilla básica de Lengua de Señas Mexicana (LSM) con la cual se buscó crear espacios de accesibilidad para eliminar barreras de comunicación.
Además, se impartió el taller de LSM para defensoras y defensores de derechos humanos.
Atención y orientación jurídica especializada en casos de discriminación, violencia o negación de derechos a personas de la población de la diversidad sexual e en coordinación con defensorías y visitadurías.
Producción del podcast Voces Lésbicas, un espacio de visibilidad de las mujeres diversas, donde se compartieron historias de resistencia, identidad y sororidad.
A pesar de nombrar las actividades que se realizaron durante el periodo de 2021-2025, no mencionó el impacto de estas actividades dentro del marco de la diversidad sexual.
«Cumplimos al 100% con nuestras obligaciones de transparencia de 2023 a 2025″ reforzando la rendición de cuentas ante la sociedad».
El Congreso del Estado de Tlaxcala nombró a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Tlaxcala, Jakqueline Ordoñez Brasdefer y a los integrantes del nuevo Consejo Consultivo de este organismo Autónomo. pic.twitter.com/5yl832TpuG
— Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (@CEDHTLX) May 28, 2025
Asimismo, el 4 informe de actividades menciona la emisión de recomendaciones particulares para servidores públicos por la defensa de los derechos humanos.
De las recomendaciones que se expidieron 33 exigen correcciones y reconocimiento de responsabilidad en materia de reparación integral por violaciones a los derecho humanos, atribuibles a las autoridades señaladas. De las recomendaciones particulares emitidas (4) se dirigieron principalmente a autoridades de nivel municipal y (1) a nivel estatal (1), de las cuales, 2 fueron aceptadas por las autoridades responsables y 3 se encuentran aún en proceso de respuesta.
Los Derechos Humanos infringidos identificados en estas recomendaciones son:
Derecho a la legalidad y seguridad jurídica (4 casos)
Derecho a la propiedad y posesión (1)
Derecho a las buenas prácticas de la administración pública (1)
Derecho a la salud (1)
Derecho ala vida (2), y Derecho a la integridad y seguridad personal (1)
Sin embargo, la dirección de Jakqueline Ordóñez frente a la CEDHT durante su primer mandato desencadenó muchos cuestionamientos desde distintas voces activistas, contrarrestando los logros que señaló en su cuarto informe de actividades.
Pues, de acuerdo con activistas y colectivos, a pesar de que su reelección no respetó estándares mínimos de transparencia establecidos en el marco normativo, el nulo pronunciamiento en problemas sociales en Tlaxcala como el desabasto de medicamento en el Estado, así como el nulo acompañamiento al caso de Keren Ordoñez, y la burla a la situación de vulnerabilidad de los migrantes; Jakqueline Ordóñez continuará en la dirección de la Comisión Estatal De Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) para el periodo 2025-2029.
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<a href='https://en.wikipedia.org/'>COVID-19</a> is a contagious disease caused by the coronavirus SARS-CoV-2. In January 2020, the disease spread worldwide, resulting in the COVID-19 pandemic.The symptoms of COVID‑19 can vary but often include fever,[7] fatigue, cough, breathing difficulties, loss of smell, and loss of taste.[8][9][10] Symptoms may begin one to fourteen days after exposure to the virus. At least a third of people who are infected do not develop noticeable symptoms.[11][12] Of those who develop symptoms noticeable enough to be classified as patients, most (81%) develop mild to moderate symptoms (up to mild pneumonia), while 14% develop severe symptoms (dyspnea, hypoxia, or more than 50% lung involvement on imaging), and 5% develop critical symptoms (respiratory failure, shock, or multiorgan dysfunction).[13] Older people have a higher risk of developing severe symptoms. Some complications result in death. Some people continue to experience a range of effects (long COVID) for months or years after infection, and damage to organs has been observed.[14] Multi-year studies on the long-term effects are ongoing.[15]
COVID‑19 transmission occurs when infectious particles are breathed in or come into contact with the eyes, nose, or mouth. The risk is highest when people are in close proximity, but small airborne particles containing the virus can remain suspended in the air and travel over longer distances, particularly indoors. Transmission can also occur when people touch their eyes, nose, or mouth after touching surfaces or objects that have been contaminated by the virus. People remain contagious for up to 20 days and can spread the virus even if they do not develop symptoms.[16]
Testing methods for COVID-19 to detect the virus's nucleic acid include real-time reverse transcription polymerase chain reaction (RT‑PCR),[17][18] transcription-mediated amplification,[17][18][19] and reverse transcription loop-mediated isothermal amplification (RT‑LAMP)[17][18] from a nasopharyngeal swab.[20]
Several COVID-19 vaccines have been approved and distributed in various countries, many of which have initiated mass vaccination campaigns. Other preventive measures include physical or social distancing, quarantining, ventilation of indoor spaces, use of face masks or coverings in public, covering coughs and sneezes, hand washing, and keeping unwashed hands away from the face. While drugs have been developed to inhibit the virus, the primary treatment is still symptomatic, managing the disease through supportive care, isolation, and experimental measures.
Tlaxcala, Tlax. La Lengua de Señas Mexicana (LSM), es reconocida oficialmente como una lengua nacional y forma parte del patrimonio lingüístico de México. Desde el 10 de junio de 2005, se celebra el Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana (LSM). La cual es la lengua de las Personas Sordas de nacimiento que tiene su propia historia, cultura, gramática y estructura.
Esta lengua es distinta al español en el uso de los verbos y el orden de las palabras, a pesar de que sea sea una lengua nacional, también tiene sus propias variaciones en las regiones del país.
Actualmente, en Tlaxcala existen 21 Centros de Atención Múltiple (CAM), para brindar atención especial a la población con discapacidad intelectual, motriz, auditiva, visual y trastornos generalizados del desarrollo. De acuerdo con el secretario de Educación Pública del Estado, Homero Meneses Hernández, hay 842 maestros de educación especial que atienden a 8 mil 900 niñas y niños.
Pero para la discapacidad auditiva se presentan retos complejos. La especialista en Lengua de Señas Mexicana, Sayuri Romero, compartió en entrevista para este medio que en Tlaxcala sólo hay 4 personas interpretes de los cuales, algunos están certificados para enseñar esta Lengua.
Dentro del marco del Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana, la facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano realizó una jornada para concientizar los retos que enfrenta esta comunidad en el Estado. Romero adelantó que esta jornada se realizará cada año con el propósito de que esta lengua se implemente en las escuelas de media superior y superior.
El propósito de este esfuerzo conscientica a la comunidad sorda y su importancia lingüística.
Advirtió que normalmente, las discapacidades se abordan desde una perspectiva clínica-médica para buscar «curar el problema», y escatima la propuesta de que las personas sin discapacidad se incluyan en la cotidianidad de la comunidad sorda.
«Se dice que quien tiene una discapacidad, hay que ver la forma de curarla, que como alguien es sordo hay que hacer que escuche lo más posible… con aparatos o con implante y cuestiones así desde un enfoque muy médico, médico muy clínico»
La discapacidad no está en la persona, sino en el entorno que no está adaptado para que pueda desenvolverse con autonomía. Cuando los espacios se diseñan sin tomar en cuenta las distintas formas de discapacidad, se limita el derecho al libre tránsito y a una educación digna.
«Si tuviésemos adaptaciones adecuadas como intérpretes de lengua de señas, si tuviéramos sistema Braille en las calles o el o la línea guía, si hubiera todos estos ajustes, la persona se podría desenvolver», compartió.
Por lo que la falta de adaptación y construcción de vialidades, así como la falta de información no deja que las personas sordas se inserten fácilmente en la sociedad. Aquí, también influyen los estereotipos que se basan en la falta de información de esta discapacidad.
«En la jornada hubo muchos comentarios como de: ‘wow, los sordos quieren reconocimiento, no quieren inclusión, quieren que lo reconozcan, quieren que se visibilicen, quieren que vea a su lengua de señas como un idioma’. Pero El hecho de que ellos siempre se han tenido que adaptar a nosotros, no significa que piensen de esa manera»
Actualmente, en la licenciatura de Educación Especial de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATX), hay un maestro y dos alumnos sordos. Fue desde 1982 que el profesor José Jaime Flores Ramírez impartió clases en la licenciatura como Persona Sorda.
Con frecuencia, en la educación falta entender y ver en su propio idioma.
«Pareciera que muchas veces vemos a los sordos que escriben y copian y lo hace bien, pero no hay un entendimiento de fondo, no hay una comprensión de fondo. Esa es una de las principales barreras que existen para la población»
Por lo que Romero Morales considera que es primordial que las clases para la enseñanza de Lengua de Señas Mexicana sean impartidas por dos personas: el docente interprete y el docente como Persona Sorda que al ser esta su lengua natural, la comprende, entiende, y vive la cultura de la Lengua de Señas Mexicana (LSM), esto, con el fin de respetar la cultura.
Tlaxcala, Tlax. El pasado 27 de mayo Jackeline Ordóñez Brasdefer fue reelecta por el Congreso del Estado por un segundo periodo al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Esto desencadenó muchos cuestionamientos desde distintas voces activistas. Uno de los principales se trata de la identidad de las 95 entidades que emitieron una carta de respaldo para su postulación.
Desde Escenario Tlaxcala solicitamos esa documentación para poder hacer un análisis atendiendo a las inquietudes ciudadanas sobre la validez de su perfil para continuar en el cargo.
¿Qué encontramos en las cartas de respaldo para Jackeline Ordóñez Brasdefer?
1. Postulaciones en bloque
De las 95 cartas de respaldo que recibió Jackeline Ordóñez Brasdefer, más de la mitad provienen de agrupaciones o instituciones que entregaron sus cartas en un mismo día, en los mismos formatos y con redacción idéntica o muy similar. Esto sugiere que no fue una postulación espontánea, sino coordinada, lo que pone en duda si el respaldo fue resultado de un análisis independiente de cada organización sobre el perfil de la aspirante o más bien una respuesta orquestada.
Esta lógica de bloques también se observa en la forma en que las cartas agrupan respaldos desde asociaciones civiles, cámaras empresariales y áreas gubernamentales que no necesariamente trabajan temas de derechos humanos. Es el caso de los 5 sindicatos agrupados por la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), de las 17 Comisiones Estatales de Derechos Humanos o de las 3 cartas de respaldo desde la Universidad Autónoma de Guerrero pero de áreas académicas distintas.
2. Uso de una plantilla general para la carta
La mayoría de las cartas de respaldo a Jackeline Ordóñez Brasdefer comparten algo más que una redacción parecida: carecen de fundamentos sólidos. Aunque expresan “reconocimiento” a su labor o la califican como “profesional” y “comprometida”, en muy pocos casos se mencionan acciones concretas, logros verificables o datos que sustenten esa opinión.
Por ejemplo, las cartas que emitieron las Comisiones Estatales de Derechos Humanos son iguales e insisten en su visión estratégica, rendición de cuentas, interlocución con actores sociales, dominio de aspectos técnico-jurídicos y su vocación de servicio. Mientras que las cartas que emanan de instituciones educativas son constantes en la mención de su perfil como interesada en la cultura de paz y la dignidad humana.
La constante en varias cartas de organizaciones es el reconocimiento al perfil por la promoción de la protección y el reconocimiento a los Derechos Humanos. Más de tres cuartos de estos documentos colocan solo eso para validar su respaldo. Es el caso de las cartas de cámaras empresariales y sindicatos.
No hay referencias a casos relevantes que haya acompañado, ni al papel de la CEDH frente a violaciones de derechos humanos durante su gestión. Así, las cartas terminan siendo documentos cargados de cortesía institucional, pero sin peso técnico o político real, lo que diluye su valor como respaldo ciudadano.
Además, la ausencia de criterios claros desde el Congreso para calificar la validez de una carta de respaldo —como su origen, justificación, trayectoria de quien firma o relación directa con temas de derechos humanos— permite que cualquier documento, por genérico o vacío que sea, sume puntos en el proceso.
3. Falta de claridad sobre la magnitud de lo que implica respaldar un perfil idóneo
Firmar una carta de respaldo para quien presidirá la CEDH no es un mero trámite: implica asumir que esa persona garantiza autonomía, independencia del poder y compromiso con la defensa de derechos, aún en contextos adversos. Sin embargo, varias de las instituciones firmantes no detallan por qué consideran que Ordóñez Brasdefer cumple con estos principios. No hay menciones a evaluaciones de su desempeño, a resoluciones emitidas, ni a su capacidad de interlocución con víctimas. El silencio en esos temas clave deja un vacío: ¿en qué se basó realmente el respaldo?
Por una parte, se encuentran organizaciones que derivado del trabajo coordinado con la institución han logrado avanzar sus agendas de incidencia en la materia de derechos humanos que trabajan. Pero por otro, activistas denuncian complicidad y silencio de Brasdefer para posicionarse frontalmente contra Gobierno del Estado sobre vulneraciones a derechos humanos desde el Poder Ejecutivo, como el uso del gas lacrimógeno contra mujeres manifestantes durante el 8M.
Tan solo ayer se suscitó un altercado en la comunidad de Cuahuixmatlac, en Santa Ana Chiautempan, por el uso excesivo de la fuerza durante una manifestación, tratándose de un caso más de respuesta nula, tardía y siempre tibia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Las recomendaciones que emite la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no pueden quedarse en señalamientos superficiales ni en formulaciones abstractas. Para que realmente funcionen como herramienta contra las violencias, deben construirse con claridad, sustento legal y exigencias concretas hacia las autoridades responsables.
Una recomendación útil para las víctimas y la sociedad debe ser clara, directa y redactada en un lenguaje accesible. Debe evitar eufemismos o tecnicismos que diluyan la gravedad de los hechos. Es indispensable que se identifiquen con precisión los derechos humanos vulnerados, los hechos concretos que dieron origen a la denuncia y los actores públicos o privados responsables.
Además, deben estar fundamentadas jurídicamente. Esto implica basarse en tratados internacionales, leyes federales, estatales y en el marco constitucional, identificando con precisión qué normas fueron transgredidas y cómo se incumplieron los estándares de derechos humanos.
Pero no basta con documentar el daño. Las recomendaciones deben ir acompañadas de exigencias puntuales a las autoridades, que incluyan medidas de reparación —como sanciones a funcionarios, disculpas públicas, atención integral a las víctimas o reformas estructurales— con plazos definidos y mecanismos claros de seguimiento. En ese sentido, su valor también radica en proponer acciones que garanticen la no repetición: protocolos nuevos, capacitación, reformas internas, y sobre todo, protección a quienes denuncian.
Por último, una recomendación efectiva debe tener impacto público. No puede quedar archivada. Debe difundirse ampliamente para generar presión institucional, visibilidad de los casos y abrir espacios de exigencia colectiva. Su utilidad también está en convertirse en referencia para otras víctimas y actores sociales que enfrentan condiciones similares.
Ninguna de las cartas de respaldo reconoce las recomendaciones de Jackeline Ordoñez Brasdefer en sus motivos para avalarla como perfil ideal.
4. Sociedad civil con trabajo de incidencia VS. Organizaciones con otros intereses
Entre las organizaciones que respaldan a la presidenta reelecta, encontramos algunas vinculadas a agendas relevantes como infancia o discapacidad, como el caso del Colectivo Niños de Cristal y Copitl AC. Sin embargo, también aparecen otras cuyo giro principal está lejos de los derechos humanos, como cámaras empresariales, centros educativos sin trayectoria pública en defensa de derechos, e incluso organizaciones dirigidas por funcionarios señalados por ser removidos de sus puestos por ocuparlos sin contar el perfil correcto por sus vínculos políticos.
¿Cómo entender ambos lugares del respaldo? ¿La presidenta de la CEDH fue impulsada por organizaciones que no defienden los derechos humanos como lo aseguró un medio local?
Si bien varias cartas de respaldo no se basaron necesariamente en una evaluación técnica de la labor de la CEDH, sino que pueden responder a intereses políticos o administrativos alineados con una estrategia de poder, el listado cuenta con los nombres de asociaciones que tienen trabajo de campo importante y sobre todo que han generado incidencias importantes hacia la defensa y garantía de los derechos humanos.
La revisión que realizó este medio a las 95 cartas de respaldo no solo permitió constatar un número, si no revisar el contenido para identificar los motivos expuestos en cada una.
El Centro de Atención a la familia Migrante Indígena (CAFAMI) respaldó a Brasdefer por su compromiso con la promoción, promoción y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes en Tlaxcala. Aseguran en la carta que a través de ella se logró la vinculación con el Registro Civil y con varios regidores en materia de Derechos Humanos en materia de educación migrante para impulsar el acceso de la su identidad jurídica y así poder acceder a derechos básicos como la salud.
Para el Colectivo LGBTTTI+ Tlaxcala, ha sido una aliada para la población LGBT+, enfatizando en las personas que viven con VIH, para trabajar temas de cultura de paz y una agenda feminista desde la transversalidad con las personas trans.
La Coletiva Cyberpunk asegura que durante su primer periodo se impulsó la Visitaduría Especializada en Asuntos de Género, que se avanzó en esta agenda en lo relativo a los derechos digitales de las mujeres y las disidencias.
En el caso de Demej AC, si bien su carta menciona solamente trabajo coordinado en favor de poblaciones con discapacidad auditiva, en sus redes sociales compartieron un posicionamiento en respuesta a los cuestionamiento alrededor de su respaldo y de la invisibilización de organizaciones con trabajo comprobable en materia de derechos humanos.
En su publicación, enumeran 17 acciones ejecutadas bajo la gestión de Brasdefer, entre ellas, la elaboración de una cartilla básica de Lengua de Señas Mexicana descargable, cursos de Lengua de Señas Mexicana a población infantil y adulta oyente, cursos de capacitación de temas de Derechos Humanos a la comunidad sorda (en LSM), entrega de certificados médicos a la Comunidad Sorda y la credencialización para Personas con Discapacidad Auditiva para uso de transporte público.
Sin embargo, los respaldos incluyen organizaciones con intereses mayormente económicos como la Asociación Nacional de Picadores y Banderillas, la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo del Valle de Tlaxcala (CANACO SERVYTUR) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación Tlaxcala (CANACINTRA).
Así como otras más con intereses políticos como el Sindicato de Trabajadores Académicos de Colegio de Bachilleres del Estado del Tlaxcala (STACOBAT), dirigido por Domitila Guevara Flores, que tiene varios señalamientos de corrupción y violencias laborales.
Figura también el Instituto Mexicano de Valores, centro educativo perteneciente a la familia Ortiz, y el Colegio Humanista de México, con conflictos de interés pues por detrás lo dirige Alejandro Di Grazia Rao quien ha trabajado para distintas instituciones gubernamentales sin contar con el perfil correcto. Del Centro Estatal de Evaluación de Control de Confianza (C3) fue removido pues su perfil fue observado y lo movieron al SEI.
Aparece también la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos AC Delegación de Tlaxcala, así como el notario José Aaron Pérez Carro, Titular de la Notaria 1 de Zacatelco, recientemente nombrado Presidente del Colegio de Notarios del Estado.
¿Otras organizaciones que dan cuenta de otros derechos humanos representados? ¿Cuáles derechos humanos no se vieron representados?
Aunque el listado de cartas de respaldo incluye asociaciones y colectivos que se nombran como defensores de derechos humanos, no hay organizaciones vinculadas directamente con agendas como la defensa del territorio y la desaparición de personas.
No obstante, hay respaldos que provienen de instancias centradas en la defensa del derecho a la movilidad (Asociación Mexicana de Urbanistas AC Tlaxcala), de la población lésbica (LEENCO Lesbianas en Construcción), de los derechos culturales y tecnológicos (Trayecto 3, Tecnologías Ardilleras), salud mental (Sinergia, Centro Psicológico) y de derechos religiosos (Colegio Interreligioso del Estado de Tlaxcala).
@escenariotlx🎙️ Fue reelegida. Pero… Jacqueline Ordoñez Brasdefer fue nombrada por segunda vez como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. Pero su permanencia ha encendido las críticas de activistas, defensoras y organizaciones civiles. 📩 Recibió 95 cartas de apoyo, según el Congreso. Ya las solicitamos. 🤐 Guardó silencio ante casos clave: abusos policiales en marchas feministas, personas desaparecidas, periodistas en riesgo, y migrantes criminalizados. 📉 Y aunque impulsó temas importantes, muchos de sus avances quedaron como simulación o papel mojado. ¿Es esta la clase de perfil que debe dirigir la defensa de los derechos humanos en el estado? En esta cápsula te contamos los antecedentes, las omisiones y las preguntas que aún siguen sin respuesta. Si quieres la nota completa, pídela en los comentarios con este emoji: 🤓 #DerechosHumanos #Tlaxcala #CEDH #JacquelineOrdoñez #EscenarioTlaxcala #CápsulaEscenario #OmisionesQuePesan
También se enlistan varias organizaciones que atienden infancias, mujeres, población migrante, entre otras poblaciones que pueden identificarse en el listado completo.
Lista completa de las 95 cartas de respaldo a Jackeline Ordóñez Brasdefer
Fray Toribio de Gante
Alianza Global del Ombudsperson Local (AGOL)
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León
Comisión Estatal de Derechos Humanos Puebla
Comisión Estatal de Derechos Humanos Baja California
Comisión Estatal de Derechos Humanos Zacatecas
Comisión Estatal de Derechos Humanos Veracruz
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nayarit
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Campeche
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero en calidad de Vicepresidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH)
Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Hidalgo
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Ciudad de México
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos
Colegio Humanista de México
Colegio de Abogados del Altiplano Tlaxcalteca AC
Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos AC Delegación de Tlaxcala
Fundación Desiderio Hernández Xochitiotzin
LEENCO Lesbianas en Construcción
El proyecto loco de Diana
Asociación de Limitado y Físicos de Durango
Centro de Tratamiento contra adicciones La Misericordia
Fundación Coepio
Instituto Mexicano de Valores
Instituto Mexicano Militarizado
Universidad Metropolitana de Tlaxcala
Centro Educativo Juan Luna Molina
Coordinación de la Maestría en Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero
Universidad Autónoma de Guerrero
(CATEM)
Demej AC
Coyotes Sordos de Tlaxcala
Colibríes en Libertad AC
Centro de Estudios y Desarrollo Humanista de Tlaxcala AC (CDHUT)
Fundación Heralde, Herencia de amor por los demás
Club de Danza de la 3era Edad 2do Señoría Ocotelulco
Fundación de Trasplantes de Órganos de Tlaxcala da Vida
Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana AC (IIDDMAC)
Toneljuayotl, Cía de Danza de Tlaxcala
Instituto Integral de Formación Política y Empoderamiento de las Mujeres
Tecnologías Ardilleras
Copitl Centro de Desarrollo Artístico Integral
Red Mundial de Jóvenes Políticos por Tlaxcala
Fortalecimiento y Mejora del Trabajo Social Colegio Tlaxcala AC
Consejo Nacional de Mujeres Empresarias y Profesionistas (Conamep)
Asociación Mexicana de Urbanistas AC Tlaxcala
Casa Malintzin
Liderazgo Global Incluyente AC
Sinergia, Centro Psicológico
Fundación Casa de Restauración para Mujeres y Niños
Colectivo SODI Mi Mundo de Colores
Colegio Interreligioso del Estado de Tlaxcala
Pastoral de Movilidad Humana
Parroquia de la Señora de Santa Ana Chiautempan
Colectivo Cyberpunk
Impulsando un México Incluyente AC
Mujeres Organizadas de Tlaxcala
Centro de Capacitación y Educación Integral Luis Munive y Escobar AC
Casa de Día
Inclusión Habilitas AC
Red Gay Latino
Colectivo LGBTTTI+ Tlaxcala
Ddser
G-100
Colectivo Niños de Cristal AC
Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo del Valle de Tlaxcala (CANACO SERVYTUR)
Cámara Nacional de la Industria de Transformación Tlaxcala (CANACINTRA)
Colectivo Sindicato de la Costura y del Empleo en General en el Estado de Tlaxcala «Mártires de Xicohtzinco»
Colectivo Sindicato Carlos Estrada Mendoza
Cecyte-Emsed
Federación de Trabajadores de Tlaxcala (CTM)
Sindicato de Trabajadores, Profesionistas y Servicios, Similares y Conexos
Asociación para la Resolución de Conflictos AC Tlaxcala (ARCO)
Sindicato de Trabajadores de Industrias Varias
Unión de Sindicatos en Tlaxcala
Sindicato de Trabajadores Académicos de Colegio de Bachilleres del Estado del Tlaxcala (STACOBAT)
SNTE Sección 55
La Cana, Productos con Causa SA de CV
Fundación Providencia Contigo AC
Nunca Dejes de Brillar AC
Trayecto 3
Red de Abogadas Feministas de Tlaxcala
Doctorado en Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero
Centro de Atención a la familia Migrante Indígena (CAFAMI)
Notario José Aaron Pérez Carro, Titular de la Notaria 1 de Zacatelco
La construcción del Ecoparque Tlalli en Puebla representa una problemática ambiental y sociocultural; la desinformación sobre este proyecto representa la nula transparencia.
Tlaxcala, Tlax. Durante la entrevista para el podcast Ecos de la Trata y el Territorio, María del Socorro García Hernández de Artemio Cossal y Jessica de Chalotzi Zontli Matzi de las hijas de la Matlalcueyetl, denunciaron las afectaciones por la construcción del Ecoparque Tlalli–Malinche y cómo es pensado para el turismo a pesar de que se impulsó con la iniciativa de preservación natural.
El Ecoparque Tlalli–Malinche es un proyecto de infraestructura impulsado por la actual administración del Gobierno de Puebla. Su infraestructura ocupará 50 hectáreas en la junta auxiliar de San Miguel Canoa y la Resurrección en Puebla, y representará un impacto ambiental y social en la zona del volcán La Malinche.
El proyecto implica la construcción de industria hotelera, una zona dedicada a deportistas de alto rendimiento, y edificios para darle cabida al turismo. Lo que significa el despojo del territorio de las comunidades, pues de acuerdo con Margarita Sánchez, el discurso que utiliza el gobierno en favor del desarrollo sustentable de las comunidades, de la preservación del ecosistema, de la conservación de la biocultural en general del territorio, no es lo que el territorio biocultural necesita.
Aspectos de las faldas de la Malinche, ubicada en los límites de Puebla y Tlaxcala. Foto: Poblanerías
El acceso a la información en la construcción del Ecoparque Tlalli
La falta de información y la idea del progreso que el gobierno vende a las comunidades para expropiarse de sus territorios, culturas y costumbres es una de las principales razones por las que se desconoce información sobre el impacto de estos proyectos turísticos.
Jessica Techalozi ha pedido dos solicitudes de información. En una descubrió que este proyecto no abona al ecoturismo, y la segunda solicitud se le fue negada argumentando que estará reservada hasta 2027.
«Hay también una solicitud de impacto ambiental sobre la carretera que va a conectar de La Resurrección al ecoparque, pero la información está reservada hasta 2027.(…) Se argumenta que se está protegiendo el interés del estado para evitar el boom inmobiliario en la zona».
Negar la información contrapone el derecho a la información y cuestiona el porqué ocultar la información si no hay algo negativo que esconder. Sin embargo, Jessica Techalozi mencionó que como comunidad, no se oponen al desarrollo de la comunidad.
«Queremos información, no estamos en contra, estamos a favor de los pueblos en desarrollo, de las oportunidades para todos»
Asimismo, Jessica Techalozi mencionó que las personas recolectoras que son parte de La Malinche serán ajenas al libre tránsito en su propio territorio, a los espacios, a la recolección, que por naturaleza, se han dedicado a ello. De acuerdo con Eugenia González de Chapingo, existen 180 hierbas comestibles en la zona, por lo que se podrían ver afectadas tras la infraestructura de la construcción del Ecoparque Tlalli.
Foto: Redes sociales
Con la llegada de estos proyectos en áreas verdes, los propietarios pasan de ser dueños a ser despojados de sus tierras, y posteriormente a ser empleados. De acuerdo con Jessica Techalozi, el mismo gobierno que impulsa la construcción de estos proyectos son los que están abonando a que haya avaricia inmobiliaria en la zona.
«La compra de terrenos ha sido bajo amenaza, así nos lo han externado vecinos de la zona en donde llegan y les dicen «lo vendes o el estado te lo va a expropiar »«
Finalmente, Emilio Muñoz del Centro Fray Julián Garcés, co-conductor del podcast Ecos de la Trata y el Territorio, mencionó que la construcción del Ecoparque Tlalli no sólo afectará en la zona, sino también en la captación de agua de la Cuenca del Alto del Río Atoyac, misma que es reconocida como una región de emergencia sanitaria y ambiental en Tlaxcala.
