La trata con fines de explotación sexual es un delito, una violencia y una problemática grave que atenta principalmente contra la dignidad de las mujeres y niñas. Para el capitalismo y el patriarcado las mujeres son una mercancía, se convierten en un negocio muy rentable del cual se pueden extraer ganancias millonarias y para el patriarcado son objetos de placer, ambos sistemas hacen uso de las mujeres para sus propios intereses.
Uno de los actores que sostienen en gran medida la explotación de niñas y mujeres es el demandante, mal llamado cliente, pero ¿quiénes son ellos? ¿qué sabemos de ellos?
No son monstruos de ficción; son personas comunes y corrientes. Son vecinos, amigos, estudiantes, padres, hermanos, esposos, novios, maestros, abogados, doctores, policías, albañiles, políticos, funcionarios… que, bajo la normalización social asisten a los lugares de explotación, son quienes al pagar se sienten con el derecho a imponer sus deseos y de abusar sexualmente de las mujeres en condición de explotación.
El Dr. Emilio Maus Ratz en su artículo «El papel de la demanda en la trata de personas» publicado en el libro «Trata de personas un acercamiento a la realidad nacional» por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (2018), menciona que:
«Un estudio realizado en nueve países, de las mujeres que ejercen la prostitución señalaron que el 64% ha sido amenazada con un arma, 73% ha sido atacada físicamente y 57% ha sido víctima de una violación; de éstas mujeres, el 59% ha sido víctima de violación en más de cinco ocasiones. En cuanto al tipo de lesiones sufridas por la violencia se incluyen: puñaladas, golpes, contusiones cerebrales, huesos rotos (mandíbulas rotas, costillas, huesos del cuello, dedos), 50% de las mujeres sufrieron lesiones traumáticas en la cabeza, las cuales ocasionaron en algunos casos problemas de la memoria, de concentración, visión, equilibrio, dolores de cabeza y mareos».
Además de las graves violencias a las que son sometidas las mujeres, los demandantes o clientes justifican la violencia que ejercen contra las mujeres, a través de grupos que existen en redes sociales: «Cuando hay violencia, suele ser culpa de la prostituta. Si voy a comprar algo y estoy satisfecho con lo que estoy comprando, ¿por qué tendría que ser violento? Me pongo violento si me engañan, si me dan un servicio deficiente»…
Estas violencias, abusos y violaciones son actos de tortura permitidos por un sistema económico y patriarcal que permite que un hombre se sienta con derechos sobre la integridad física y mental de las mujeres.
El protocolo de Palermo menciona en su artículo noveno que, los estados, para prevenir y combatir la trata deben adoptar medidas legislativas o de otra índole, tales como medidas educativas, sociales y culturales, o reforzar las ya existentes…
En Tlaxcala sigue existiendo la explotación sexual de niñas y mujeres, está en aumento y la respuesta gubernamental radica en discursos que la invisibilizan, la esconden y la disminuyen, ante ello se vuelve imprescindible y necesario dejar de ocultarla y trabajar con los hombres, quienes en gran medida sostienen la trata. Un espacio que ha demostrado la viabilidad de procesos que generen cambios importantes en personas adultas y adolescentes son las escuelas, desde allí se puede reflexionar con profesoras, profesores, alumnas y alumnos sobre las masculinidad explotadora y violenta, los daños que provocan a las mujeres y hacer propuestas de que es posible establecer relaciones de buen trato entre mujeres y hombres, dejar de normalizar que está bien ser consumidor, ser violentador.
La verdadera prevención comienza cuando entendemos que las personas tenemos dignidad y que las mujeres no están allí porque quieren o porque les gusta, en la trata no existe el consentimiento, solo existe el abuso financiado por la demanda.
José Antonio Galicia González
Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.
El proceso de actualización de canje de placas es una obligación para los propietarios de unidades con registro nacional en el estado de Tlaxcala. Este trámite, gestionado por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) a través de su Dirección de Transporte, tiene como objetivo principal la obtención de las placas más recientes y la renovación de la tarjeta de circulación.
Requisitos Obligatorios para el Trámite de Canje de Placas
Para iniciar el proceso de canje, el interesado debe presentar tres requisitos fundamentales en original para su cotejo por parte del servidor público:
Identificación oficial con fotografía: Se acepta la credencial para votar vigente emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Comprobante de pago: Es necesario presentar el último recibo de pago del refrendo vehicular.
Placas y tarjeta de circulación: Se deben entregar las láminas físicas y el documento de circulación actual para realizar el cambio de la forma valorada.
Procedimiento Paso a Paso
El trámite se realiza exclusivamente de manera presencial en las delegaciones u oficinas centrales de la SMyT. El flujo de atención para obtener una resolución favorable es el siguiente:
Presentación: Acudir a la delegación más cercana a su ubicación con la documentación completa.
Orden de Pago: El personal administrativo revisará los documentos y emitirá una orden de pago.
Pago de Derechos: El usuario debe dirigirse al área de Recaudación de Rentas para realizar el pago correspondiente de impuestos y derechos.
Finalización: Una vez realizado el pago, se debe presentar el recibo en la delegación para que se proceda con la emisión de las nuevas placas, tarjeta de circulación y engomado.
GPS del Viajero: Información Logística
Concepto
Detalle Técnico
Costo Total (2026)
$1,187.97 MXN (Equivalente a 10.50 UMA).
Métodos de Pago
Efectivo y pago con tarjeta en oficinas de recaudación.
Horario General
De 09:00 a.m. a 15:00 p.m..
Vigencia del Trámite
3 años.
Ubicación de Módulos y Delegaciones Principales
Oficina Central SMyT: Calle Hidalgo No. 17, Tlaxcala Centro (A un lado de la clínica del IMSS).
Delegación Tlaxcala: Calle Guillermo Valle No. 66 (Plaza de ex Soriana, locales 5 y 6).
En Tlaxcala, la experiencia de nuestros adultos mayores es el pilar de nuestras comunidades. Para retribuir un poco de lo mucho que han aportado al estado, el Gobierno de México ofrece la tarjeta INAPAM.
Este documento no es solo una identificación; es una llave que permite a quienes tienen 60 años o más acceder a una amplia red de descuentos en servicios básicos, salud y recreación, permitiéndoles disfrutar plenamente de la riqueza de nuestra tierra.
¿Para qué sirve el INAPAM y quiénes pueden tramitarla?
La tarjeta INAPAM es gratuita y representa un apoyo directo al bolsillo. Con ella, los tlaxcaltecas de la «época de oro» obtienen rebajas significativas en:
Transporte: Descuentos en pasajes de autobús y servicios locales.
Salud: Consultas, análisis clínicos y compra de medicamentos.
Hogar: Pagos de servicios como agua y predial (según el municipio).
Alimentación y Cultura: Descuentos en establecimientos de comida y entradas a sitios históricos del estado.
Un punto fundamental es que esta tarjeta no tiene vigencia; una vez que la obtienes, no es necesario renovarla, a menos que se pierda o se maltrate demasiado.
Requisitos: Lo que debes llevar a tu módulo
El trámite es personal y muy ágil. Para que tu registro sea exitoso en el primer intento, asegúrate de preparar una carpeta con los siguientes documentos en original y copia:
Identificación Oficial: Tu INE vigente es la mejor opción, aunque también puedes usar pasaporte o cédula profesional.
Prueba de Edad: Tu CURP actualizada o acta de nacimiento legible para confirmar que ya cumpliste los 60 años.
Comprobante de Domicilio: Un recibo reciente (luz, agua o teléfono) que no tenga más de tres meses de antigüedad.
Fotografías: Tres fotos tamaño infantil recientes, de frente, a color o blanco y negro, con fondo blanco y sin lentes.
Contacto de Seguridad: Debes proporcionar dos números telefónicos de familiares o personas de confianza para casos de emergencia.
¿Dónde realizar el trámite en Tlaxcala?
Para encontrar la oficina más cercana a tu hogar en cualquiera de nuestros 60 municipios, puedes realizar una consulta rápida en la página oficial del Gobierno de México o dando click aquí.
Solo necesitas seleccionar tu estado y municipio para conocer la dirección exacta del módulo y los horarios de atención, que generalmente son de lunes a viernes por la mañana.
Durante el mes de febrero de 2026, sólo 10 diputados de 25 presentaron iniciativas en el Pleno del Estado relacionados con temas de gobierno, educación, derechos humanos y asuntos municipales.
Tlaxcala. – Escenario Tlaxcala entrega el segundo análisis mensual del 2026 sobre las actividades, aprobaciones e iniciativas del Congreso de Tlaxcala en febrero, con el objetivo de informar qué hacen las y los diputados del Estado y mostrar información que den un panorama general sobre su productividad legislativa.
En febrero identificamos:
Casi un tercio del total de los diputados presentó iniciativas,
sólo se aprobaron iniciativas de federales y del poder legislativo,
durante los últimos 4 meses, las y los diputados Engracia Morales Delgado, Ever Alejandro Campech Avelar, Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, Maribel Cervantes Hernández y Silvano Garay Loredo no han presentado iniciativas.
El Congreso de Tlaxcala está integrado por 25 diputaciones, de las cuales solo 10 legisladores presentaron iniciativas, de las cuales ninguna fue aprobada. Por su parte, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza Tlaxcala y la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos subieron al Pleno 2 iniciativas del Poder Ejecutivo y 1 proveniente de otro ente del Estado, mismas que fueron aprobadas.
Por su parte, el Congreso del Estado aprobó otras dos iniciativas a nivel federal, las cuales responden a la reforma que reduce jornada laboral y la reforma a la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala que se armoniza la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Salud. Durante enero, hubo un total de 14 asuntos presentados.
Una de las iniciativas a nivel federación, fue la reforma a la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala, por la cual evita la duplicidad de funciones señalando la integración administrativa e institucional de los servicios de salud; además, aprobaron por unanimidad la reforma que reduce jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, respondiendo a la decisión previamente aprobada por la Cámara de Diputados delCongreso.
Por su parte, aprobaron la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo sobre la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado del estado. En cuanto al segundo asunto local, la presidenta Griselda Aguilar Macías y el síndico Ezequiel Sanluis Vázquez del municipio de San José Teacalco, solicitaron realizar la donación del predio en dicho municipio para la construcción de un centro escolar, la cual fue aprobada por el Pleno.
Finalmente, la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, subió al Pleno la iniciativa para expedir la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala enviada por el Poder Ejecutivo, misma que fue aprobada y al corte del 4 de marzo no ha sido publicada en el Periódico Oficial del Estado.
¿De qué tratan las iniciativas propias del Congreso de Tlaxcala?
En cuanto a las iniciativas presentadas por los diputados locales, abordaron temas sobre gobernación y transparencia, declaratorias oficiales, autonomía sindical, perspectiva hacia los grupos vulnerados, movilidad vial, Ley de Bienestar Animal para el Estado de Tlaxcala, educación y modernización normativa mediante notificaciones electrónicas.
La diputada, Laura Yamili Flores Lozano presentó la iniciativa de revocación de mandato, que de aprobarse aplicaría para la próxima administración. El instrumento busca fortalecer la democracia participativa al ampliar los mecanismos de control y rendición de cuentas, permitiendo a la ciudadanía evaluar directamente el ejercicio del poder.
En el mismo ejercicio de escucha, la diputada Gabriela Islas llevó al pleno la iniciativa para garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada de grupos en situación de vulnerabilidad dentro del proceso legislativo del Congreso del Estado de Tlaxcala.
Asimismo, el diputado Vicente Morales Pérez propuso adicionar el Capítulo Décimo “Del Parlamento Abierto” a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, a fin de fortalecer la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, mediante la publicación anticipada de iniciativas y dictámenes, así como la difusión de versiones estenográficas y videograbaciones.
La propuesta se dio luego de que en noviembre la diputada Gabriela Hernández solicitó un traductor de Lengua de Señas Mexicana para las sesiones del Congreso Local, que hasta la fecha no ha sido resuelta.
Por su parte, la diputada Soraya Noemí Bocardo Phillips presentó una iniciativa para reformar la Ley de Bienestar Animal del Estado de Tlaxcala, con el objetivo de reforzar la protección jurídica de los animales como seres sintientes y establecer Centros de Atención Canina y Felina en los municipios, además de atención inmediata ante denuncias de maltrato.
Pese a la violencia institucional, la intimidación y la estigmatización de años anteriores, mujeres tlaxcaltecas vuelven a tomar las calles para resignificar el 8M 2026 y abrir nuevos espacios de protesta y memoria.
Tlaxcala, Tlax.- El 8M representa para muchas mujeres tlaxcaltecas un proceso de memoria y resistencia, sin embargo, tras la represión que se vivió en 2022 y 2023 por parte de las autoridades de gobierno de Tlaxcala, el movimiento en la entidad ha tenido transformaciones que inciden en la decisión de participar o no en la marcha de este año. Aun así, colectivas y activistas han optado por resignificar la fecha y mantener viva la protesta.
El pasado 2 de marzo, diversas colectivas feministas ofrecieron una rueda de prensa en la que exhortaron a las mujeres a sumarse a los distintos contingentes con el que se sientan más seguras. Asimismo, pidieron mantenerse atentas a las redes sociales oficiales de estas organizaciones, luego de advertir que desde gobernación ha circulado información falsa en la que se asegura que este año no se llevará a cabo la marcha del 8M.
Pese a que en días anteriores el comisionado ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Maximino Hernández informara en un Diálogo Circular del pasado 25 de febrero que este año únicamente se implementarán medidas para salvaguardar los espacios considerados patrimonio, como el Palacio de Gobierno y se respetaría el derecho de las mujeres a la libre expresión y a la manifestación, la percepción de la seguridad frente al 8M es distinta.
Segregación, el efecto causado por Gobierno del Estado
Ana, Lupe y Karina, son mujeres tlaxcaltecas que desde 2019 se han unido a las marchas del 8M, no obstante han observado que en los últimos años ha habido segregación entre las colectivas tras la represión vivida en 2022 y 2023; por lo que han notado menos participación de mujeres en las marchas. En esa línea, señalaron que el mismo movimiento se ha institucionalizado, debido a que el mismo gobierno y mujeres, han utilizado la coyuntura de género para posicionarse políticamente.
En el caso de Lupe Maíz, señala que participa en la marcha del 8M desde 2021. A partir de su experiencia, destaca que este espacio ha sido fundamental para la construcción de redes de apoyo y la realización de talleres con enfoque de psicoeducación, orientados a la prevención de distintas formas de violencia. No obstante, refiere que durante la marcha de 2022 se produjo una ruptura en la confianza para marchar tras la violencia que se vivió durante ese año por parte de las autoridades.
«Uno de los motivos por los que yo dejé de ir fue por la violencia que repliegan para no recibirnos en estos espacios donde se busca el diálogo, pero la única forma en la que nos han dado respuesta ha sido con actos violentos… con la fuerza policial, con llenarnos de gas lacrimógeno». – Lupe Maíz
Mencionó que dichas condiciones le hicieran ya no asistir a ninguna movilización por el panorama violento en las que se dan los espacios de manifestación. Agregó que la actual administración gubernamental de Lorena Cuéllar, ha logrado en parte, que exista segregación en el movimiento tras el miedo y la violencia ejercida.
«Ahora se convocan a estudiantes en distintos puntos de encuentro… siento que también esa condición es segregarnos y de dividirnos porque no gestionamos un encuentro donde todos salgamos de un mismo lugar» – Lupe Maíz
Por su parte, Karina García, mencionó que ha participado en la marcha del 8M desde 2017, cuando tenía 19 años. Sin embargo, recuerda la marcha del 2023 como un parte aguas en donde hubo un cambio en la lucha.
«Esa marcha no se me olvida por todo lo que pasó, había papás y mamás de mujeres desaparecidas, y además, mucho protagonismo». – Karina García
Por su parte, Ana Celia también señala que la segregación parte de la desinformación al señalar que las ciudadanas están expuestas a diversas convocatorias que diversifican la unión en esta causa común; que si bien señala «unirse al contingente más seguro», parte de una premisa que violenta e idealiza la marcha del 8M.
«(…) este feminismo que está distoncionado, que es un feminismo que solo ciertas personas con condiciones económicas e incluso hasta color de piel determinan qué cosas sí están buenas dentro del feminismo y qué otras cosas no» -lupa Maíz
Ante este panorama la pregunta es: ¿Qué medidas se pueden tomar ante escenarios violentos antes, durante y después de la marcha 8M? Para Karina García la lucha de las mujeres no solamente se da el 8 de marzo, sino es un quehacer que tiene que darse de manera continua y colectiva, con espacios informativos donde se escuche y orienten a las mujeres, niñas o adolescentes que se están integrando al movimiento por cualquiera que sea la razón. Ante ello, Lupe Maíz recordó que esta lucha se realiza como una lucha personal, pero que implica colectividad.
«Esta lucha va de la mano con nuestros derechos humanos tanto como el acceso a la información, como el derecho a manifestarnos y que son condiciones sustanciales». – Lupe Maíz
Para Ana, es importante cambiar los discursos que criminalizan el movimiento feminista, pensando en la unidad y que las violencias nos atraviesan a todas de diferentes maneras. Pues el dolor y la rabia es un motivo legítimo para seguir construyendo espacios seguros en conjunto.
El sistema patriarcal nos impacta a todas: Resignificar la marcha en un ejercicio de memoria
Karina García señaló que para que la marcha recupere el ánimo y la energía que algunas consideran disminuidos, es necesario emprender un proceso profundo de reorganización y resignificación de la lucha común. Planteó que el reto está en cuestionar de manera colectiva cómo el sistema patriarcal, hegemónico y colonial impacta en la vida de todas y cada una, y a partir de ello reconstruir el sentido y la fuerza del movimiento.
«Sentirnos impotentes, tristes, o que la desesperanza que ahora habite en nosotros no nos quite o nos tenga con esta venda entre los ojos y no nos permita que movilizarnos es un arma valiosa donde podemos seguir visibilizando las condiciones». – Lupe Díaz
Previo a la marcha del 8M, recuerdan que este movimiento parte de un problema que aún no ha terminado y más allá de las fechas conmemorativas, estos encuentros pueden servir para ayudar, escuchar e informar a las mujeres.
«Recuerda que si vives violencia, este de esta manera, puedes recurrir a estas organizaciones, no estás sola. Todas las mujeres vivimos violencias que a muchas no les es fácil comunicarlas ni decirlas, y para eso se deben aprovechar estos espacios, para escuchar en colectividad». – Lupe Maíz
Por su parte, Ana Celia señala que las jornadas tempranas de información y acción frente al 8M es ideal para la difusión de información temprana y con ello, evitar la segregación, que divide y permea a la colectividad.
Aunque es legítimo el enojo de quienes deciden no marchar, movilizarse implica volver a colocar en la agenda pública la violencia que enfrentan miles de mujeres en Tlaxcala. Marchar es, en sí misma, una posición política.
Para Ana, el llamado es a que cada quien marche si así lo dictan su corazón y su voluntad; a unir voces y fuerzas, pero sobre todo a sostener el pensamiento crítico. De lo contrario —advierte— se corre el riesgo de que, en lugar de confrontar al monstruo, se le termine alimentando. Y con ello, gane el Estado ante la represión del 2022 y 2023 en Tlaxcala.
De 138 Plantas Tratadoras de Agua Residual (PTAR), sólo 15 plantas funcionan en la entidad; en 45 años se han invertido $10,895,626,166.38para acciones entorno al Río Zahuapan pero sin políticas públicas claras.
Actualmente, la reingeniería de una PTAR tienen un costo de $180 millones de pesos y una durabilidad de 20 años.
Desde hace 45 años el Río Zahuapan ha tenido una inversión de $10,895,626,166.38 (Diez mil ochocientos noventa y cinco millones seiscientos veintiséis mil ciento sesenta y seis pesos) para el saneamiento, encauzamiento, desfogue de residuos domésticos, Plantas Tratadoras de Agua (mantenimiento-operatividad) e investigación del río. Sin embargo, hasta la fecha la contaminación continúa en el Zahuapan tras la falta de políticas públicas hacia empresas contaminantes.
Tras la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Tlaxcala el pasado 14 de febrero, donde supervisó diversas obras y revisó, junto con el gobierno estatal, el proyecto de saneamiento del río Zahuapan, la gobernadora Lorena Cuéllar informó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) autorizó para este año una inversión de mil millones de pesos destinada al saneamiento del río Zahuapan en la zona de Apizaco al señalar la atención prioritaria en el municipio debido a altos índices de insuficiencia renal.
Además, invitó a la ciudadanía a no arrojar basura, llantas, colchones u otros desechos al río, así como impedir descargas residuales clandestinas. Sin embargo, desde la emisión de la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (1994) hasta la inversión de millones de pesos, no se ha logrado evitar la contaminación en el río Zahuapan.
La intervención gubernamental moderna en el río Zahuapan comenzó con la administración de Tulio Hernández Gómez de 1981 a 1987. Durante este periodo, el desafío en el río era la planeación urbana y seguridad civil tras las inundaciones recurrentes que significaba peligro para el crecimiento de la mancha urbana, lo que llevó a la realización del Proyecto de Desarrollo Turístico del Río Zahuapan en 1983, con una inversión de 289 millones de pesos.
Las autoridades estatales anunciaron la urbanización de la zona ribereña en los tres kilómetros del proyecto y su rescate de la contaminación. A la par, también se construyó un sistema de drenaje colector de lado derecho del río, el estudio de viabilidad de agua potable y regeneración urbana en los márgenes del Zahuapan. Aunado a ello, en su administración, 168 empresas se instalaron en el Estado, comenzando con nuevas formas de empleo y cotidianidad.
Durante la administración de Beatriz Paredes en Tlaxcala (1987-1992), las acciones en el Río Zahuapan se centraron en la gestión de residuos sólidos, destacando la transferencia del relleno sanitario Tonsil (Panotla) a cargo del gobierno estatal en 1991 para su administración, buscando mitigar el impacto ambiental en la zona.
Además del mantenimiento a 9 PTAR con una inversión de $8,056.5 millones de pesos como parte del Presupuesto de Desarrollo Social, y la instalación de 116 empresas lo que significó el cambio de una economía rural a manufacturera y con ello, los corredores industriales.
En la administración de José Antonio Álvarez Lima (1993-1999), los trabajos se centraron en la creación de espacios públicos en las riberas del río y cambios institucionales como Parque Artesanal Lineal Río Zahuapan. Al inicio de su gestión, desapareció la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tlaxcala (CAPAET).
Sin embargo, creó la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala para la prevención y la responsabilidad compartida del medio ambiente, y la regulación de las descargas de contaminantes en el río así como sus sanciones para las industrias infractoras.
Se establecía que la forma más eficaz de proteger el ambiente era evitar el daño antes de que ocurriera. Dando origen a los primeros mecanismos de Impacto Ambiental en el estado. Sin embargo, este principio se aplicó a las nuevas construcciones que a las industrias.
Posteriormente, en la administración de Alfonso Sánchez Anaya, se reformó la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala, con la finalidad de que el estado y los municipios colaboraran en la localización de terrenos para infraestructura ambiental y sistemas de tratamiento.
Y se impulsó el proyecto FOMIX TLAX-2004-C03-27, para el análisis espacio-temporal de los contaminantes del río Zahuapan, con una inversión de $557,000.00pesos para identificar las fuentes de degradación por actividades industriales y agropecuarias.
El incremento de la inversión a plantas de tratamiento de aguas residuales se dio durante la administración Hector Ortíz (2005-2011). Donde se invirtieron $84 millones de pesos para la construcción de las PTARs en Tlaxco, Xicohtzinco y San Pablo del Monte.
Además, impulsó la Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala el cual incluye un apartado específico para sancionar el incumplimiento de las normas ambientales, aunque con distinciones sobre la jurisdicción de los mantos acuíferos.
La ley estatal de Ortiz Ortiz se enfocó en sancionar a las industrias que vertían residuos prohibidos en lasredes municipales de alcantarillado sin tratamiento previo, dejando las descargas directas al cauce federal bajo vigilancia de la federación (Profepa/Conagua). Aunado a ello, estas leyes no respondieron a crear los mecanismos financieros y técnicos para que los municipios pudieran sostener el costo de la energía eléctrica y su mantenimiento.
Para la administración de Mariano González Zarur (2011-2017) la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 10/2017, donde organizaciones como el Centro Fray Julián Garcés y Coordinadora por un Atoyac con Vida, habían documentaron las causas de la contaminación en el río y enfermedades crónico-degenerativas en los pobladores de Tlaxcala.
González Zarur continuó con la apuesta a las PTARs como una política de construcción y no de saneamiento al río Zahuapan con una inversión de $286 millones de pesos para la reingeniería de la planta San Hipólito Chimalpa y la Planta «Apizaco B».
En 2017-2021, Marco Antonio Mena Rodríguez invirtió $160 millones de pesos iniciales para el rescate del río Zahuapan, enfocada en la construcción y rehabilitación de infraestructura tratadora.
Para 2022 se programó una inversión de 106 millones de pesos para el saneamiento del río Zahuapan, de los cuales 97% será destinado a colectores de agua y plantas tratadoras de aguas residuales.
Actualmente, y tomando como ejemplo el Manifestación de Impacto Ambiental de la PTAR de Atlamaxac, la reingeniería de una PTAR tiene una vida útil proyectada de 20 años para los nuevos proyectos de infraestructura hídrica, y una inversión que asciende a los $180 millones de pesos.
Eduardo Andrés Galván Torres, director general del Organismo de Cuenca del Balsas, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dijo durante una participación en el Foro Regional sobre la Cuenca del Alto Atoyac en octubre de 2022, que la inversión millonaria en plantas de tratamiento resulta paradójica siendo que de las 118 plantas de tratadoras instaladas en la cuenca del río Atoyac (en 2022), el 52% no operaba. Además, las que sí están funcionando tienen una capacidad de 4 mil 819.37 litros por segundo, pero sólo están tratando el 87%.
Por su parte, Alejandra Méndez colaboradora del Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, ha mencionado que la mayoría de plantas tratadoras son para residuos biológicos y no para residuos industriales. De acuerdo con el Centro Fray Julián Garcés, parte de estas problemática se debe a las actividades económicas que han cambiado los ecosistemas naturales.
«DURANTE ESTOS AÑOS, EN EL ESTADO SE HAN ASENTADO MILES DE EMPRESAS INDUSTRIALES,
COMERCIALES Y DE SERVICIOS QUE SE HAN CONVERTIDO, JUNTO CON LA AGRICULTURA, EN LAS
PRINCIPALES ACTIVIDADES GENERADORAS DE EMPLEO EN EL TERRITORIO. ESTE CAMBIO EN LA
COMPOSICIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS HA GENERADO, ADEMÁS DE UN
IMPULSO IMPORTANTE PARA EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN Y LA URBANIZACIÓN EN LA ENTIDAD,
UNA FUERTE PRESIÓN Y EFECTOS IMPREVISTOS Y NO DESEADOS SOBRE LOS ECOSISTEMAS NATURALES, LA POBLACIÓN, LA BIODIVERSIDAD, LOS BOSQUES Y LOS CUERPOS Y CORRIENTES DE AGUA DE NUESTRO ESTADO».
Leyes ambientales que deberían aplicarse en el Estado
A pesar de que existen leyes a nivel federal y estatal, investigaciones como «Saneamiento en ruinas» señalan que la corrupción y la falta de presupuesto para vigilancia operativa en las descargas del Río Zahuapan aún son obstáculos para que las sanciones se apliquen a las empresas infractoras.
Se involucra de forma indirecta a través de la adaptación, si un río contaminado emite gases de efecto invernadero (metano por descomposición orgánica) y destruye ecosistemas que regulan la temperatura.
Ley de Residuos
Prohíbe y regula plásticos de un solo uso y la gestión de rellenos sanitarios, en ese sentido, muchos de los lixiviados (líquidos tóxicos de la basura) y plásticos terminan directamente en el cauce del Zahuapan por mala disposición.
Ley de Áreas Naturales Protegidas
Muchas de las zonas donde nace el agua que alimenta al Zahuapan (como la zona de la Malinche o áreas boscosas) necesitan protección estricta. Si el origen del agua está protegido y el suelo está sano, el río tiene una mayor capacidad de «autolimpieza» o filtración natural. Por lo que esta ley busca prevenir que la mancha urbana e industrial siga devorando las zonas de recarga que alimentan la cuenca.
Sin embargo, estas leyes no señalan soluciones para que las industrias no contaminen el río Zahuapan, sino que únicamente las sancionan. Aunque estas leyes existen, el Zahuapan sigue bajo la Recomendación 10/2017 de la CNDH. Esto significa que, más allá de las leyes estatales, existe una obligación federal para garantizar los derechos humanos al agua, al saneamiento y a un medio ambiente sano para los habitantes de la región.
Este proyecto periodístico identificó, junto a familias buscadoras, coincidencias entre piezas de ropa halladas en el rancho de Teuchitlán y las que vestían personas desaparecidas; lo mismo ocurrió con algunas de sus pertenencias. Presentamos una serie de textos con sus historias, que evidencian también las fallas y omisiones de las autoridades
Por Neldy San Martín, Darwin Franco, Marcela Nochebuena y Siboney Flores
Ilustración y elaboración de gráficos: Sara Hernández Alcántar, Mickey, Adán Vega y Andrea Paredes
Cada prenda guarda una historia. Amontonados en cuartos o tirados sobre el terreno del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, cientos de pantalones, zapatos, mochilas y documentos mostraron al mundo el horror del reclutamiento forzado y la crisis de desapariciones en México. En total, más de 1,800 evidencias que son piezas clave para la investigación y para reconstruir trayectorias de vida, y están vinculadas al derecho a la verdad.
El proyecto periodístico Las Prendas Hablan parte de esa premisa. Cada pieza de ropa y objeto descubiertos el 5 de marzo de 2025 por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco en este centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación puede ser un punto de partida para saber quién estuvo ahí y cómo llegó.
Frente a la magnitud del hallazgo y lo complejo que resultaba para las familias revisar los cientos de prendas que fueron publicadas en un excel por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco, el colectivo de hacktivistas Tejer.Red se propuso ordenar la información. A partir de los registros oficiales, creó una plataforma virtual que permite realizar fácilmente búsquedas por tipo de ropa, color, marca y talla.
Un paso siguiente fue abrir la posibilidad de que la ciudadanía participara en la identificación de indicios. En alianza con Tejer.Red, los medios Animal Político, A dónde van los desaparecidos y ZonaDocslanzaron un formulario para que familiares y cualquier persona interesada pudiera informar si reconocía alguna prenda u objeto de una víctima de desaparición.
Hasta el 25 de febrero, el catálogo registró 7,939 visitas a la página principal, y 59,361 consultas a las prendas. De las más de 1,300 piezas de ropa y objetos incluidos en el repositorio, los más vistos fueron una mochila negra sin marca (20J), un pantalón negro de talla 32 (1A) y un pantalón café sin marca (13A).
En las respuestas al formulario hay un patrón que se repite: varias personas desaparecidas cuyas prendas fueron reconocidas por sus familiares recibieron falsas ofertas de trabajo o se sospecha que pudieron ser víctimas de reclutamiento forzado; en algunos casos, testigos afirman que fueron asesinadas. Se trata siempre de jóvenes.
El proyecto Las Prendas Hablanpermanece abierto. La información continuará siendo recopilada con la intención de construir memoria y trazar los circuitos de la desaparición vinculados con el rancho Izaguirre.
Como parte del proyecto, presentamos en A dónde van los desaparecidos, ZonaDocs y Animal Políticouna serie de textos con las historias de las personas y las prendas que pudieron dejar atrás, así como las omisiones de las fiscalías tanto en la investigación de los casos como en la atención a las familias.
Piezas de información
Hace un año, el rancho Izaguirre se convirtió en el epicentro del horror: un predio de aproximadamente 10,000 metros cuadrados ubicado en el ejido La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán, a 58 kilómetros de Guadalajara, era usado como centro de adiestramiento por una organización criminal.
Para las madres buscadoras que entraron al lugar se trataba también de un sitio de exterminio, pues hallaron cientos de fragmentos de restos óseos calcinados, indicios de hornos crematorios, y un campo de entrenamiento. A esto se sumaron los testimonios de sobrevivientes que fueron testigos de asesinatos en el lugar, donde también los obligaban a desmembrar y quemar los cuerpos.
Las prendas encontradas en el rancho Izaguirre evidenciaron una parte del modus operandi de las organizaciones criminales, por su diversidad y por lo que revelaban de sus posibles dueños, la mayoría jóvenes, pues predominaba la ropa informal: pantalones de mezclilla, sudaderas con logotipos deportivos y tenis.
Preservar las prendas localizadas en espacios relacionados con desapariciones es relevante desde el punto de vista forense, pues el lugar donde son halladas se convierte automáticamente en un sitio de investigación, explica Roxana Enríquez Farías, directora general del Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF).
Desde restos biológicos hasta ropa, cualquier indicio puede aportar información sobre las actividades realizadas en el lugar y las transformaciones del espacio a lo largo del tiempo. La criminalística de campo y la antropología forense permiten analizar si las prendas están asociadas con áreas de entrenamiento, zonas de trabajo forzado u otros contextos específicos, así como determinar si pudieron pertenecer a víctimas o victimarios, y su relación con otros indicios hallados.
Aunque los objetos son susceptibles de alteración, permiten formular preguntas clave: dónde estuvo la persona, cómo llegaron sus pertenencias al lugar, y qué relación existe entre la desaparición y quienes utilizaban el sitio, explica.
Seguir el rastro de las prendas es importante para comprender qué pasó con las personas que las portaban y a las que se obligó a abandonarlas. Para la periodista y académica del ITESO, Alejandra Guillén, el rancho Izaguirre es solo uno de los sitios que conforman el circuito desaparecedor que opera desde 2017 —cuando fueron descubiertos en el municipio de Tala campamentos con víctimas de reclutamiento forzado— en la región Valles, a la que pertenece Teuchitlán.
“Ese rancho forma parte de una cadena con una organización impresionante que utiliza muchos lugares, muchos vehículos, a muchas personas: algunas publican los anuncios en internet, otras pasan por ellos [los jóvenes], otras los retienen, otras los entrenan, otras lavan el dinero”, explicó en una entrevista con A dónde van los desaparecidos.
Shoes piled up are seen at the Izaguirre Ranch in the community of La Estanzuela, where the collective ‘Guerreros Buscadores’ located three human crematoriums while searching for their relatives in Teuchitlan, Jalisco state, Mexico on March 5, 2025. Mexico’s Attorney General’s Office and the federal government will investigate alleged clandestine crematoriums located in a rural area of the western Mexican state of Jalisco, local authorities said on March 12. (Photo by ULISES RUIZ / AFP)
Decenas de zapatos fueron hallados en el rancho Izaguirre en Teuchitlán. (Ulises Ruiz/AFP)
La revisión de las prendas a través de las imágenes compartidas se volvió, para muchas madres, un ejercicio minucioso. Algunas buscaron detalles que solo ellas podían reconocer: una costura hecha a mano, un parche cosido en la rodilla, una maleta que habían prestado o una Biblia recientemente regalada. Sin embargo, las autoridades no hicieron nada para esclarecer sus dudas, para apaciguar su incertidumbre.
Los más de 1,800 indicios son, para las familias buscadoras, fragmentos de historias que pueden acercarlos a la respuesta de cuál fue el destino de sus seres queridos.
FGR: Acceso caso por caso
La última reunión formal que tuvieron las familias buscadoras con autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), que atrajo la investigación y resguarda en sus instalaciones de la Ciudad de México las prendas halladas en el rancho Izaguirre, fue el 13 de febrero de 2026, un mes después de que el colectivo Guerreros Buscadores de Jaliscodenunciara en un comunicado que se habían detenido los trabajos periciales y la propia indagatoria.
Ese día, en las oficinas de la Secretaría de Gobernación les explicaron qué acciones habían realizado en el último año. Para Raúl Servín, padre buscador e integrante del colectivo, fue lo mismo que escucharon el 20 de marzo de 2025 en la FGE de Jalisco, cuando tras el escándalo mediático tuvieron que ofrecerles algún tipo de respuesta.
“De un año a la fecha que nos recibieron, parece que no avanzaron mucho o mejor dicho nada; nos dijeron lo que ya nos habían dicho, aunque confirmaron una cosa nueva: la localización de [otros] indicios debajo del bodegón donde se encontraron las prendas. Nos dijeron que después nos darían más detalles, pero en realidad para mí fue una tristeza [darme cuenta de] que todo sigue igual”, señala el padre de Raúl Servín Galván, desaparecido a los 20 años, el 10 de abril del 2018, en Tlajomulco.
Sobre las prendas, las autoridades dijeron que únicamente proporcionarían información caso por caso, de modo que las familias que creyeran haber reconocido alguna debían presentarse en las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México para hacer la solicitud y, si procedía, les darían acceso.
Ruth Mejía fue una de las madres que acudió a la reunión y que solicitó ver las prendas de su hija Merari Noemí García. Ella sabe que su hija, según testigos, fue asesinada en el rancho Izaguirre; por esa razón, les exigió acceder a las prendas que identificó: un par de tenis y una maleta, pero sobre todo una Biblia que vio en las fotos que publicaron Guerreros Buscadores de Jalisco, colocada en un altar dentro del lugar.
“Revisaremos su caso y le daremos una fecha para que pueda venir a ver las prendas”, le dijeron en la FGR. Para Ruth, poder tener esos objetos resulta esencial, pues es “lo único que cree que podrá recuperar de su hija”.
Raúl considera que la respuesta que le dieron a Ruth es desconcertante, porque la mayoría de las familias no tiene recursos para estar viajando de Guadalajara a la Ciudad de México. “Sabemos que las prendas están allá en la FGR, así que la idea es que las personas vayan para allá, pero eso lo veo difícil porque no han hecho ninguna campaña para que las familias lo sepan”.
Mientras tanto, los pasados 17 y 18 de febrero, familias del colectivorealizaron una búsqueda en las afueras del rancho, tras una llamada anónima que les informó de que en ese lugar podrían encontrar cuerpos. Localizaron restos óseos calcinados y diversas prendas.
“Ese día no encontramos nada más, pero vamos a regresar, pues lo que yo quiero es que se sepa la verdad del rancho Izaguirre, que ya no oculten nada, aunque se venga el Mundial [de Fútbol, del que Jalisco es una de las sedes], eso es lo único que quiero a un año de esto”, concluye Raúl.
Que no cierren las investigaciones
A un año del hallazgo del rancho Izaguirre, familiares de víctimas de desaparición piden que no se cierre el caso. “Guardamos silencio durante meses para no afectar las investigaciones. Confiamos en las instituciones y esperamos respuestas, pero lo único que recibimos fue abandono, omisiones y mentiras”, expresó Guerreros Buscadores de Jalisco en el comunicado publicado el 12 de enero.
El colectivo difundió además fotografías del estado actual del rancho, que luce lleno de maleza y sin la presencia de ninguna autoridad.
Por meses, sus integrantes guardaron silencio con la esperanza de que la FGR les diera información sobre lo ocurrido en Teuchitlán, pero sobre todo deseaban saber qué había pasado con sus solicitudes para tener acceso a las prendas identificadas por familiares. Pero nada pasó.
Indira Navarro, líder del colectivo, precisa que el comunicado lo hicieron después de que transcurrieron meses sin que ningún funcionario les diera respuestas. “Gastaron más tiempo en [la FGR en] decir lo que no era el rancho [un centro de exterminio, versión que rechazan las buscadoras], pero muy poco en decirnos qué pasó”.
Desde septiembre de 2024, cuando ingresó la Guardia Nacional al predio, han sido detenidas 20 personas con relación a los hechos del rancho Izaguirre, de las que diez han sido condenadas a penas de 141 años de prisión. El exalcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, ha sido acusado de delincuencia organizada agravada, por tratarse de un servidor público; mientras que José Gregorio “N”, el Lastra, y Alma Rosa “N”, la Leona, han sido vinculados con el reclutamiento forzado de las víctimas.
A un año del hallazgo, tanto Guerreros Buscadores como Madres Buscadoras de Jalisco han denunciado que siguen pendientes no solo el análisis genético de las prendas localizadas, sino también una serie de cateos de fincas similares, que podrían ser o haber sido sitios de reclutamiento forzado, así como seguir las líneas de investigación derivadas tanto de los procesos judiciales —como el que tiene abierto Ruth Mejía—, como de la información que ambos colectivos proporcionaron tanto a la fiscalía de Jalisco como a la FGR, con los datos que les dieron, de manera anónima, quienes lograron sobrevivir a su paso por el rancho Izaguirre.
“Tenemos un listado de cosas que les hemos pedido que analicen e investiguen, pero solo nos dan largas o nos piden tener paciencia, pues luego de la salida del exfiscal [Alejandro Gertz Manero] cambiaron funcionarios, peritos e investigadores. Nos piden paciencia, pero esta se acaba cuando vemos que están cerrando el caso”, puntualiza Indira, quien busca a su hermano Jesús Hernán Navarro Lugo, desaparecido el 2 de septiembre de 2015 en Huatabampo, Sonora.
Estas negligencias para las familias buscadoras tienen nombre y apellido: Ricardo Flores, director del Área de Personas Desaparecidas de la FGR, quien aseguran que en múltiples ocasiones les negó información, les impidió el acceso a la carpeta de investigación y redujo a cero la coadyuvancia. Por violentar su derecho como víctimas, existen ya diversas quejas y denuncias en el órgano de control interno de la FGR, pero ninguna respuesta.
“Lo que queremos es que se retomen los trabajos, que se valore la información que hemos ofrecido y que las familias sepan si estuvo ahí o no su desaparecido”, dice Indira.
Ahora su exigencia va dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien le piden que tome cartas en el asunto porque el reclutamiento forzado continúa, y lugares como Teuchitlán, aseguran las familias buscadoras, no solo siguen existiendo, sino que operan impunemente.
“Este es nuestro último grito de esperanza. Por la memoria de quienes quedaron en el rancho Izaguirre, por quienes hoy siguen desapareciendo, y por un país que no puede normalizar los centros de exterminio abandonados”, expresaron Guerreros Buscadores de Jalisco en su comunicado.
Tras su publicación, la FGR retomó los trabajos periciales el 17 de enero. Mientras tanto, las preguntas no han cambiado: ¿A quiénes pertenecen las prendas? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Es posible que sean de personas desaparecidas?
Interrogantes que siguen en el aire a un año del hallazgo del rancho Izaguirre, y a las que este proyecto intenta contribuir a dar respuesta, de la mano de las familias buscadoras que identificaron una prenda y que, hasta la fecha, no han sido atendidas por las autoridades.
Tlaxcala, Tlax.- Desde la impresión de nombres en vasos, la pinta de bardas en carreteras principales, entrevistas en medios de comunicación y reuniones con tintes proselitistas, el escenario político en Tlaxcala comienza a mostrar actos anticipados con rumbo a 2027.
En las últimas semanas, diversos actores políticos han intensificado su presencia pública, lo que evidencia estrategias de posicionamiento fuera de los tiempos legales establecidos para el proceso electoral.
En este contexto, el tablero político de Tlaxcala rumbo a 2027 ha comenzado a configurarse de manera prematura. Desde encuestas que posicionan a distintas figuras políticas hasta acciones visibles como espectaculares o lemas que aluden a personajes públicos, así como campañas en redes sociales, los movimientos giran en torno a la sucesión de la actual gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros.
Alfonso Sánchez García es uno de los nombres que encabeza esta lista, pues cuenta con al menos cinco participaciones durante el mes de febrero que pueden considerarse actos anticipados de precampaña.
Entre ellos se encuentra la pinta de bardas en múltiples puntos de la entidad en las cuales se puede leer «Tlaxcala va con él«, aludiendo a su figura. De igual manera, durante este mes se estuvieron repartiendo diversas calcomanías en distintos puntos de la capital, así como la distribución de panfletos que buscan posicionar su imagen en el centro y en municipios colindantes.
Foto: barda con el lema «Tlaxcala va con el». Creditos: Gente Tlx.
Además, tuvo diversas apariciones en eventos denominados «tamalizas», que hacían alusión a la tradición de la Candelaria. Estos eventos tuvieron lugar en áreas amplias y con un aforo considerable, como parte de la tradición de pagar tamales el edil de la capital asistió a «Españita, Cuaxomulco, Tenancingo, San José Teacalco […] [e] Ixtacuixtla» y con un público que decía «yo voy conAlfonso«, según Cuarto de Guerra.
Por otra parte, Ana Lilia Rivera Rivera, senadora federal por Morena, y quien también figura entre los posibles candidatos ha sido relacionada con bardas que muestran el eslogan «Es ella«, misma que hace alusión a su persona. Asimismo, ha participado en al menos dos entrevistas durante el mes de enero y ha expresado su deseo de contender por la gubernatura del estado en 2027.
Foto: Barda con la leyenda «Es Ella. Pueblo». Creditos: pixels_3000.
A mediados de febrero, la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), encabezada por Juan Manuel Cambrón Soria, presentó una denuncia formal ante el ITE en contra de Morena, señalando a estas dos figuras por realizar actos anticipados de campaña.
Otra de las figuras que busca la gubernatura y que ha generado atención mediática en redes sociales es Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, quien fuera presidente municipal de Texoloc y diputado local por el Partido del Trabajo (PT). El político se ha manifestado públicamente por no ser considerado en las encuestas rumbo a las próximas elecciones y cuenta con al menos cinco actos que pueden considerarse anticipados durante febrero.
El 3 de febrero publicó un video en sus redes sociales en el que menciona sus logros y enfatizó que no ha sido considerado en las encuestas de cara a 2027, aludiendo que las casas encuestadoras y la oposición «tienen miedo», dejando clara su intención de perfilarse como posible candidato a la gubernatura.
Asimismo, el 12 de febrero, durante el desfile de carnaval, Covarrubias Cervantes acudió al zócalo capitalino para regalar vasos con su nombre, entregar panfletos y realizar un trend en redes sociales con el objetivo de fortalecer su imagen pública. Mientras tanto, los días 11 y 12 de febrero estuvo haciendo entrega de muebles y brindando «ayuda» que, de cara a las elecciones, se convierte en asistencialismo.
Foto: Panfletos que fueron repartidos el día 12 de febrero, durante el desfile de carnaval. Vía Facebook.
El 24 de febrero, en una conferencia de prensa realizada en las oficinas del Partido Acción Nacional (PAN) en Tlaxcala, Ángelo Gutiérrez Hernández, comisionado ejecutivo del partido, anunció a Miriam Esmeralda Martínez Sánchez como la virtual candidata a la gubernatura, mientras que la diputación federal quedaría en manos de Juan Carlos Sánchez García, conocido como «SAGA», descartando una posible candidatura a la gubernatura para este personaje.
Foto: Angelo Gutiérrez, dirigente estatal del Partido Acción Nacional en rueda de prensa anunciando como virtual candidata a la diputada local Miriam Martínez. Imagen: Cristihan Martínez / Nierika Images.
La decisión, explicó, responde al incremento en la aceptación del partido entre la población tlaxcalteca y aseguró que la virtual candidatura para las próximas contiendas electorales sería encabezada por una mujer.
Finalmente se encuentran Raymundo Vázquez Conchas y Carlos Augusto Pérez Hernández, ambos de Morena, y quienes de manera pública han manifestado su posible aspiración a una candidatura a la gubernatura del estado. Mientras que Vázquez Conchas ha cuestionado la legitimidad del edil de la capital por presuntos actos anticipados de campaña de cara a 2027 y afirmó contar con respaldo del Ejecutivo estatal.
Por su parte, Carlos Augusto Pérez Hernández dejó la dirección del Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (FOMTLAX) para asumir la presidencia de la Coordinación de los Comités Municipales de la Cuarta Transformación. Entre afirmaciones a medias y su renuncia, el consejero político se pronunció de manera un tanto grisácea respecto a su posible postura candidatable.
De cara a las elecciones de 2027
Previo al proceso electoral, algunas figuras políticas han comenzado a posicionar su imagen, sin embargo, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala establece que las elecciones se realizan cada seis añospara la gubernatura y cada tres para diputacionesy ayuntamientos (artículo 109), y las precampañas inician el 2 de enero del año electoral y no pueden exceder dos terceras partes de la campaña (artículo 126), por lo que antes de esas fechas está prohibido realizar actos de proselitismo.
Cualquier ciudadano puede presentar una queja ante el Instituto Tlaxcalteca Electoral (ITE), siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en su Reglamento de Quejas y Denuncias. La omisión de alguno puede provocar que la denuncia sea desechada.
Entre los principales requisitos se encuentran:
Identificación del denunciante: nombre y firma o huella digital.
Domicilio para notificaciones dentro del estado.
Identificación del denunciado: nombre o datos que permitan reconocerlo (cargo o partido).
Narración de los hechos: descripción clara indicando tiempo, modo y lugar.
Pruebas: fotografías, videos, audios o documentos que respalden la denuncia.
En casos como pinta de bardas o entrega de apoyos, el denunciante puede solicitar al ITE que realice una certificación inmediata de los hechos. Estas actas se convierten en documentos públicos con valor probatorio ante la autoridad electoral.
Tlaxcala, Tlax.- Entre afirmaciones falsas, engañosas y verdaderas, la diputada local Miriam Martínez Sánchez se presentó en el programa «El Dedo en la Llaga» del medio de comunicación Gente Tlx, como una figura política que «no se raja».
En Escenario Tlx revisamos la emisión y, tras someter sus declaraciones a un proceso de fact-checking, el foco de la entrevista se centró de cara a la contienda electoral de 2027, manteniendo una postura crítica hacia el partido que actualmente gobierna el estado. Mientras tanto, asuntos como trata de personas, desaparición, medio ambiente, LGBTTTIQA+, género, pueblos originarios, migración, educación o movilidad no fueron abordados.
Asimismo, el 24 de febrero, en una rueda de prensa, el presidente del Comité Ejecutivo del Partido Acción Nacional (PAN) en Tlaxcala, Angelo Gutiérrez Hernández (y esposo de la diputada), manifestó la asignación de Miriam Martínez como la virtual candidata a la contienda electoral de 2027, al considerar que el PAN está «en crecimiento a nivel estatal en la preferencia electoral».Ante un constante pivoteo ideológico, la ruta de la entrevista se perfila hacia la construcción de una figura política que busca posicionarse como frente opositor rumbo a la contienda electoral de 2027. La ausencia de temas importantes y necesarios para poner sobre la mesa se evita para refugiarse en conceptos amplios y seguros que parten de su militancia en el PAN y de un lema que ha adoptado para «defender la familia, la patria y la libertad».
Fact-Checking
Bajo la metodología del Especial Elecciones 2027 —disponible para consulta aquí— se analizó la entrevista de la diputada local en el programa El Dedo en la Llaga, del medio Gente Tlx. Como resultado, se verificaron cinco afirmaciones relacionadas con inseguridad y gobierno.
«Morena ha venido perdiendo puntuaje, primero aquí en el estado, un 33% aproximadamente…»
Si bien diversas casas encuestadoras como Massive Caller o Mitofsky han registrado alteraciones y desgastes naturales en los gobiernos en turno, la diputada no ofrece más detalles ni enuncia la casa encuestadora que arroja tal porcentaje, ni presenta un desglose que sustente una caída del «33%» de aprobación a nivel estatal. Además, no se ha registrado una encuesta seria en la entidad que muestre a Morena con una disminución de ese tamaño en cuanto a preferencias.
En este sentido, algunas casas encuestadoras como FactoMétrica o Demoscopia Digital, para el mes de octubre de 2025, presentaban una aprobación o intención de voto del 51 % —para el caso de FactoMétrica— o del 37.5 % —según Demoscopia Digital—. Estas mismas casas fueron consultadas nuevamente para el mes de febrero, FactoMétrica no posee datos actualizados, mientras que Demoscopia Digital reporta una preferencia de voto para 2027 del 36.1 %, lo que representa una caída de 1.4 %, muy alejada del 33 % que asegura Miriam Martínez.
Esto es importante, pues al presentar los datos no se fija un mes o fecha que funcione como punto A y otro como punto B, elementos necesarios para contrastar el incremento o decremento de la preferencia de la población. Continuando con la supuesta caída de las preferencias por Morena, la diputada local afirmó que:
«…y no por nada también en la presidencia de la República bajaron ocho puntos»
El dato resulta engañoso. La aprobación de Claudia Sheinbaum ha llegado a rondar el 80 % e incluso llegó a superar a Andrés Manuel López Obrador, consolidando un 78 % de aprobación en su primer año de cargo, según El País. La caída de ocho puntos —que la ubicaría en alrededor de 72 %— no se relaciona con un desplome o vulnerabilidad política de la presidenta. En este sentido, el dato es presentado de manera engañosa, pues se utiliza una cifra aislada con fines tácticos para deslegitimar al gobierno en turno.
Otra declaración verificable de Miriam Martínez es:
«Es cierto que somos el estado con mayor incidencia delictiva…»
De manera histórica, y bajo los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de 2024 y 2025, el estado se mantiene entre las entidades con menor incidencia en cuanto a delitos. Esto contrasta con la percepción de inseguridad, la cual sí ha incrementado. Afirmar que Tlaxcala tiene la «mayor incidencia» del país resulta engañoso, sobre todo frente a estados como Guanajuato (gobernado por el PAN), Baja California o Colima (gobernados por Morena).
Mientras tanto, otra frase verificable es:
«Ayer en un predio de Tepetitla, propiedad del presidente municipal, aplicaron un operativo, ubicaron huachigás, una patrulla estaba ahí cuidando…»
En cuanto a la existencia de reportes informativos y notas de seguridad locales, el día 11 de febrero, en el municipio de Tepetitla de Lardizábal, fue asegurado un predio vinculado al edil de este municipio. El operativo, coordinado por la Fiscalía General de la República (FGR), delegación Puebla, incluyó el cateo del inmueble, donde se aseguraron 10 pipas de gas, así como una patrulla oficial del Ayuntamiento de Tepetitla.
Yoni Hernández Alvarado, edil de Tepetitla, aceptó ser investigado por la FGR por el presunto delito de robo de hidrocarburos y afirmó que «el predio y las unidades encontradas en su propiedad» han sido legalmente acreditadas.
Análisis del discurso
Más allá de las cifras, las respuestas de la diputada local muestran una estrategia retórica clara basada en la evasión, el choque y un pivoteo ideológico. Ante la pregunta sobre si su partido se encuentra en crisis, Miriam Martínez niega dicha premisa y reconduce el tema hacia una «pista reencarpetada» en Tlaxcala. En este sentido, amplía su respuesta para afirmar que se encuentran «despegando» y que la crisis se encuentra en la oposición.
La táctica de evasión se incrementa cuando Edgardo Cabrera, conductor del programa, pone mayor énfasis en los escenarios de derrota y en los adversarios rumbo a la contienda electoral. Mientras Cabrera cuestiona a la diputada, ella despliega estrategias discursivas para evitar marcar a un adversario específico y afirma que «no estamos compitiendo contra hombre o mujer […] estamos compitiendo contra la delincuencia», lo que traslada una contienda entre actores políticos hacia un problema estructural.
Por otro lado, cuando se le cuestiona sobre los datos negativos relacionados con la baja intención de voto hacia el PAN, Miriam Martínez pivotea y redirige la conversación hacia anécdotas emocionales sobre su infancia y hacia un ataque dirigido a la oposición. En lugar de debatir las cifras de su partido, centra su crítica en los datos relacionados con Morena.
Asimismo, se observan brechas de coherencia en su discurso. Por un lado, critica el uso de programas sociales de Morena como mecanismo de control electoral; sin embargo, durante los últimos meses ha planteado una estrategia de bacheo en distintos puntos del estado. Esta herramienta de asistencialismo se encuentra fuera de sus facultades legislativas, lo que evidencia una inconsistencia entre su crítica al uso de programas sociales y la implementación de un activismo político que deriva en asistencia social directa.
La futura candidata
Finalmente, durante la última semana de febrero, en una rueda de prensa en las oficinas del PAN en Tlaxcala, Gutiérrez Hernández —presidente del Comité Ejecutivo estatal y esposo de la diputada— afirmó que Miriam Martínez se perfila como la virtual candidata de su partido para la contienda electoral de 2027. Asimismo, señaló que Juan Carlos Sánchez García, «El SAGA», buscará la diputación federal por el PAN.
Tlaxcala, Tlax.- La colocación de sellos de suspensión a diversos establecimientos por parte de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (COEPRIST), a finales de 2025, provocó que un grupo de al menos seis negocios presentara una demanda de amparo en contra de esta dependencia estatal.
Un informe jurídico compartido a este medio ha revelado una serie de actuaciones presuntamente ilegales por parte de COEPRIST. En el documento se señalan actos de inconstitucionalidad en la orden de verificación, en el acta de verificación, así como la ilegalidad que representó la colocación de sellos de suspensión a manera de clausura en distintos establecimientos.
De acuerdo con el documento, COEPRIST habría excedido sus facultades al imponer sellos de suspensión a manera de «clausura» por supuestos incumplimientos a las normas sanitarias. Sin embargo, dichas observaciones aluden a la falta de productos sanitarios, especificando el tipo de toalla, o a la supuesta ausencia de letreros alusivos al lavado de manos.
Entre faltas menores y castigos desproporcionados por Coeprist
El informe aclara que al menos seis establecimientos, ubicados en distintos puntos del centro y centro-sur de la entidad tlaxcalteca, fueron objeto de estas medidas. Lo que resalta es una clara desproporción entre lo que se consideran observaciones sanitarias y una suspensión con tintes de clausura.
Entre las razones que COEPRIST dio para limitar el trabajo de estos negocios se encuentran:
Falta de papel higiénico (especificando el uso de sanitas en los sanitarios), así como la ausencia de registro de bitácoras sobre la limpieza del lugar.
Letreros de «No fumar» y del «adecuado lavado» de manos.
Acumulación de basura y falta de botes de basura.
Estas medidas dejaron a las empresas con un periodo de inactividad que osciló entre los 14 y 69 días sin laborar. A la par, se han calculado pérdidas económicas estimadas en más de 8 millones de pesos. Ante esta situación, los afectados consideraron la medida como arbitraria e interpusieron un juicio de amparo indirecto ante los Juzgados I y III de Distrito en el Estado de Tlaxcala.
Estas instancias determinaron que era necesario otorgar la suspensión provisional y definitiva para retirar los sellos, mismos que fueron colocados por la anterior titular de la dependencia, Mónica Yazmín Jiménez Gutiérrez. Los jueces consideraron que permitir el acceso a los locales no afectaba el interés público y que las decisiones tomadas por esta comisión limitaron el derecho de los dueños a corregir las observaciones detectadas, además de obligarlos a cerrar sus puertas y afectar el comercio.
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El informe señala que la entonces titular, Mónica Yazmín, incurrió en actos de abuso en el ejercicio de sus funciones, e incluso llegó a negarse a levantar los sellos pese a que existían órdenes de jueces federales para hacerlo.
Entre movimientos a dependencias y una mala gestión en COEPRIST
De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la entonces titular de COEPRIST podría enfrentar sanciones y demandas por indemnización por daño patrimonial bajo la ley local de la entidad.
Cabe recordar que en cuatro años COEPRIST ha cambiado de titular en tres ocasiones. Esta situación se dio después de que Jiménez Gutiérrez fuera reubicada en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas el pasado 15 de enero.
El actual titular, Steve Esteban del Razo Montiel, se ha desempeñado como representante de Casa Tlaxcala en la Ciudad de México. El comisionado fue cuestionado por no contar con la experiencia necesaria en materia de riesgos sanitarios.
Al ser cuestionado por medios de comunicación, descartó que los cierres de estos establecimientos estuvieran relacionados con presuntos cobros indebidos y mantuvo una narrativa para responsabilizar a los negocios, sin reconocer el manejo de Yazmín Jiménez.
Cabe recordar que Nelson Edgardo Medel del Razo fue removido de la gerencia de la Unidad Regional 1 de la COEPRIST, con sede en la capital, hecho derivado de denuncias de acoso y hostigamiento laboral que este medio documentó cuando trabajadoras y trabajadores se manifestaron en noviembre del año pasado. A la par, Edgardo Medel es tío del actual comisionado, Steve del Razo.
