Inicio Blog Página 6

Al menos 5 delitos está cometiendo Eddy Roldán con contrato de comodato del mercado municipal de Contla

Tlaxcala, Tlax.- El síndico municipal de Contla de Juan Cuamatzi, Gilberto Flores Maldonado, denunció que la administración anterior (2021–2024) habría cedido el control económico del mercado municipal al ex-edil Eddy Roldán Xolocotzi por un periodo de 50 años. Esta acusación, aseguró, le ha costado ser excluido de algunas sesiones de Cabildo durante la actual administración.

Durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, Gilberto Flores Maldonado afirmó que el documento denominado Contrato de Comodato, establece como beneficiario del mercado municipal al exedil y actual presidente honorífico del DIF de Contla de Juan Cuamatzi, Eddy Roldán Xolocotzi. El acuerdo, añadió, fija un pago anual de 10 mil pesos por concepto de licencia de funcionamiento del inmueble.

Escenario Tlaxcala tuvo acceso a este oficio, expedido por el notario público Cesáreo Santamaría Madrid, titular de la Notaría Pública Número Uno de la demarcación de Lardizábal y Uribe, mediante el cual se avala a Eddy Roldán Xolocotzi como presidente del Consejo de Administración del mercado. El documento, emitido en Chiautempan, establece la entrega del uso, goce, disfrute y explotación del mercado municipal y su estacionamiento a dicho consejo por un periodo de 50 años, con vigencia del 12 de agosto de 2024 al 12 de agosto de 2074.

En el apartado “I” del documento se le confiere, además, la facultad de cobrar rentas y administrar el inmueble sin intervención del gobierno municipal.

1

De acuerdo con información compartida por Flores Maldonado, la aprobación del Consejo de Administración del Mercado Municipal fue el 12 de agosto de 2024 durante una sesión extraordinaria de cabildo del municipio, misma en la que señala no haber estado presente debido a que solicitó un periodo de licencia, por lo que su suplente Pablo Xelhuantzi estuvo en representación.

672460098 1476577967814359 5890242449901895504 n

Posteriormente, señaló que el 30 de agosto de 2024 se formalizó el contrato de comodato entre el Ayuntamiento, representado por la síndico Leticia Flores Sarmiento, y Eddy Roldán Xolocotzi, en su carácter de presidente del Consejo.

De acuerdo con lo expuesto por el síndico, Gilberto Flores, la Ley Municipal establece en su artículo 34, fracción XV, la obligación de remitir anualmente al Archivo General las actas de cabildo. No obstante, al realizar una consulta en el Archivo Histórico, detectó que el municipio de Contla no había entregado las correspondientes a los años 2024 y 2025. Esta información le fue confirmada por el jefe de departamento, Eleazar Pérez Hernández.

WhatsApp Image 2026 04 22 at 5.52.03 PM e1776991625347

Asimismo, indicó que durante el proceso de entrega-recepción la autoridad omitió compartir información. Explicó que existe un plazo de 15 días para notificar al Órgano de Fiscalización, el cual, a su vez, debería haber informado al síndico; sin embargo, afirmó que dicha notificación no se realizó.

Gilberto Flores ha señalado que desde la difusión de los documentos en los que expone la situación, ha sido excluido de al menos una sesión de Cabildo y eliminado de los grupos de comunicación por parte del presidente honorífico del DIF, Eddy Roldán Xolocotzi, ex edil de Contla.

En ese sentido, en un video publicado en sus redes sociales contextualizó que cada trimestre se presenta la cuenta pública del municipio; sin embargo, precisó que durante el último trimestre de 2025 no se le proporcionó la información correspondiente para su revisión y validación. 

Por esta razón, en enero de 2026 decidió no firmar la cuenta pública remitida al Congreso del Estado. Conforme a la ley, este documento debe contar con la firma de la presidenta municipal, el tesorero y el síndico; sin embargo, este último se negó a suscribirla al señalar que no le fue proporcionada la información necesaria para su análisis y eventual aprobación, situación fue notificada tanto al Órgano de Fiscalización como a la Comisión de Finanzas del Congreso del Estado.

Como resultado de no firmar, días posteriores fue notificado de que ya no tendría la facultad de revisar la información ni se le proporcionaría documentación alguna, bajo el argumento de que dicha atribución corresponde al Órgano de Fiscalización.

Por lo que hasta el momento, el síndico continúa a la espera de que sea resuelto el hecho de lo señalado, y sus facultades y obligaciones sean ejecutadas al margen de las leyes.

Por su parte, el exedil Eddy Roldán Xolocotzi y los integrantes del Cabildo 2021–2024 publicaron un video en respuesta al síndico Flores Maldonado, donde aseguraron que el comodato otorgado contó con sustento legal y respondió a un objetivo específico de protección patrimonial. Señalaron que existía el riesgo de que terceros intentaran apropiarse del mercado y sus locales, principalmente a partir de laudos laborales heredados de administraciones anteriores.

En este sentido, precisaron que el mercado municipal forma parte de los bienes de dominio público del Ayuntamiento, por lo que el acuerdo no implicó en ningún momento la transferencia de propiedad a particulares.

Añadieron que el síndico Gilberto Flores Maldonado tenía conocimiento de este documento y que, aunque no lo firmó, estaba al tanto de su contenido. Asimismo, señalaron que presuntamente habría divulgado esta información después de que no se le autorizara el cobro por algunos locales del mercado. Situación que Flores Maldonado ha negado.

Pese a que el ex edil, Eddy Roldán, niegue dicha acusación, el Contrato de Comodato evidencia que se encuentra violando diversas normas, tanto a nivel federal como local. En un escenario como el denunciado —relacionado con la presunta apropiación de un mercado construido con recursos públicos en Contla de Juan Cuamatzi— se configuraría una transgresión al Código Penal Federal de México, específicamente en sus artículos 217, por uso ilícito de atribuciones y facultades, y 224, por enriquecimiento ilícito.

Asimismo, contravendría la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que en sus artículos 52 al 64 tipifica faltas graves como abuso de funciones y desvío de recursos públicos. En el ámbito estatal, la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala establece en su artículo 34, fracción VIII, que los ayuntamientos no pueden realizar actos con efectos posteriores al periodo para el que fueron electos, lo que refuerza la ilegalidad de cualquier intento de adjudicar bienes públicos con beneficios más allá de su gestión.

No obstante, este hecho habría sido autorizado ante el notario Cesáreo Santamaría, lo que no lo exime de responsabilidad legal, ya que ningún acto notarial puede validar disposiciones contrarias a la ley; además, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala prohíbe el uso del patrimonio municipal para fines personales, por lo que dichos actos serían nulos y sujetos a sanciones administrativas y penales.

¿Cuota real o simulación? El plan del ITE para blindar las Acciones afirmativas en comunidad LGBTQI+

Tlaxcala, Tlax.- Ante la contienda electoral de 2027, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) se encamina a consolidar acciones afirmativas en favor de la comunidad LGBTTTIQA+. Aunque el avance es considerado histórico, integrantes de la comunidad advierten riesgos para su representatividad, como condiciones de seguridad aún cuestionadas y la posible exclusión de personas sin acceso a medios digitales, lo que limitaría su participación en la consulta.

Para profundizar en el tema, el equipo de Escenario Tlaxcala dialogó con la consejera Janet Cervantes, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, quien explicó que el diseño y desarrollo de la encuesta estuvo a cargo de esta comisión. Mientras tanto, para su análisis y validación, se contó con el acompañamiento de la Oficina de Atención a la Diversidad Sexual (OADS) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Una consulta que busca acercarse a la diversidad sexual en Tlaxcala

Desde Escenario Tlaxcala se realizó el ejercicio de responder el instrumento, durante el cual se identificó que este se compone de dos secciones. La primera corresponde a datos personales, mientras que la segunda se estructura en tres ejes:

  • el impacto de las acciones afirmativas aplicadas en el proceso electoral 2023-2024,
  • la autodeterminación y autoadscripción en las candidaturas y por último,
  • la construcción de mecanismos de verificación respecto a dicha autoadscripción.

En conjunto, estos tres ejes integran un total de 15 preguntas. La consulta se encuentra abierta a la participación de cualquier persona, dando prioridad a la comunidad LGBTTTIQA+, además de solicitar la clave de elector —de manera opcional— y un correo electrónico como filtro de seguridad.

En entrevista, Janet Cervantes aseguró que no existe un padrón electoral específico de personas pertenecientes a la población LGBTTTQIA+. Al ser cuestionada sobre los criterios para definir una población base, explicó que se ha tomado como referencia el Censo Nacional de 2020 y, posteriormente, la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) del INEGI, que estima la existencia de 62 mil 685 personas de la diversidad sexual en la entidad.

No obstante, reconoció que este ejercicio por parte del INEGI, aún presenta vacíos en cuanto a la representación total de la comunidad, lo que ha representado un reto en la construcción del instrumento, ante la falta de un censo más preciso y completo.

Al mismo tiempo, la presidenta de la Comisión señaló que el instrumento cuenta con un protocolo que garantiza la seguridad y confidencialidad de la información proporcionada, bajo parámetros previamente establecidos. Asimismo, destacó que la entidad se encuentra entre las únicas cuatro a nivel nacional —junto con Baja California Sur, Ciudad de México e Hidalgo— en implementar este ejercicio.

Al corroborar la accesibilidad de la consulta desde el portal del ITE, misma que se logró ingresar de manera sencilla, se identificó que la plataforma permite su traducción a lenguas extranjeras, más no a lenguas nacionales o aquellas habladas en la entidad, teniendo en cuenta que existen al menos 27 mil 174 personas mayores de tres años que hablan alguna lengua originaria; entre ellas, San Pablo del Monte, donde se encuentra el Centro de Atención a la Población LGBT+, el primer recinto en ofrecer servicios municipales gratuitos en todo el Estado.

Otro de los puntos que se identificaron fue la posibilidad de un posible sabotaje por parte de grupos anti-derechos. Durante la entrevista, Janet Cervantes afirmó que la encuesta cuenta con un proceso de autentificación que permite asegurar que las respuestas recibidas sean pertinentes y acordes a la escucha de la población LGBTTTIQA+.

Asimismo, destacó que, durante el proceso de sistematización y verificación de los datos obtenidos —particularmente en los espacios de comentarios y opiniones incorporados en la consulta— se aplicarán criterios de análisis; por lo que se tendrá que realizar un análisis exhaustivo por respuesta para excluir cualquier tipo de comentario negativo que pueda vulnerar los derechos de la comunidad.

En este sentido, señaló que «una persona que pertenece a las poblaciones LGBTTTIQA+ y que vive todas las discriminaciones, las violencias y la exclusión, no va a hacer un posicionamiento de ese tipo en un cuestionario».

Y aseguró que será el proceso metodológico de sistematización e identificación de datos el cual depure y valore cada una de las respuestas obtenidas en la consulta, lo que garantizará la seguridad y que se escuche verdaderamente a la población LGBTTTIQA+ en Tlaxcala.

En cuanto al impacto de las acciones afirmativas para que no solo sean cuotas simbólicas en las políticas publicas de la entidad, se afirmó que el instituto valorara la progresividad y gradualidad que se deben de tener en cuanto a derechos humanos.

El panorama tras las acciones afirmativas en 2024

Tras la contienda electoral de 2024 en Tlaxcala, las acciones afirmativas quedaron bajo cuestionamiento por presuntos casos de simulación, donde integrantes de partidos políticos habrían fingido pertenecer a la comunidad LGBTTTIQA+ para cumplir con las cuotas de representación.

Sobre este tema, la consejera señaló que la consulta en curso busca corregir los errores detectados en procesos anteriores, con el objetivo de garantizar que este sector no solo se sienta seguro, sino que cuente con una representación auténtica y efectiva.

En este contexto, durante enero del presente año, activistas de la comunidad como José Alfredo y Gustavo, originarios de San Pablo del Monte, denunciaron errores de registro por parte del ITE. Asimismo, señalaron haber sido objeto de escarnio público tras ser etiquetados de manera errónea como «mujeres trans» desde sus propios partidos.

A la par, se han documentado casos, como en Michoacán, para la contienda electoral de 2024, cuando al menos ocho hombres obtuvieron cargos de elección bajo la identidad de mujer transgénero, ocupando espacios reservados por las cuotas de género y diversidad, sin que necesariamente formaran parte de colectivos trans ni contaran con una trayectoria de trabajo en favor de la comunidad diversa.

Si bien la consulta ya se encuentra activa, persiste una brecha digital reconocida que excluye a sectores vulnerables en la entidad. En respuesta se anunció la instalación de seis sedes físicas en distintos puntos del estado; no obstante, hasta ahora solo se han llevado a cabo dos, mientras que las cuatro restantes están programadas para el mes de mayo. Esta situación podría retrasar el acceso y la difusión de la consulta en regiones donde el internet continúa siendo una limitante.

Las sedes previstas se ubicarán en Apizaco (1 de mayo), Contla de Juan Cuamatzi (8 de mayo), Papalotla (15 de mayo) y San Pablo del Monte (22 de mayo).

La consulta estará disponible en el portal del ITE de abril a junio de 2026, y sus resultados se presentarán en julio del mismo año. La Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación será la instancia encargada de recibir y procesar la información obtenida, según explicó la consejera.


Trabajadores de la FGJE denuncian que son obligados a realizar proselitismo en favor de Alfonso Sánchez García

Tlaxcala, Tlax.— De cara a los próximos procesos electorales, los actos de promoción previos comienzan a intensificarse en distintos puntos de la entidad tlaxcalteca. De acuerdo con un testimonio, funcionarios públicos han sido enviados a las comunidades con el objetivo de posicionar la imagen de servidores públicos, entre ellos, Alfonso Sánchez García, a la par de solicitar credenciales de elector para afiliar a ciudadanos al partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Estas acciones se inscriben en una estrategia de promoción personalizada que no es exclusiva de la entidad, asimismo, representan un desafío legal y ético sobre el actuar de las autoridades que buscan contender por un cargo de elección popular para 2027.

No obstante, el artículo 7 y 11 de Ley General en Materia de Delito Electoral y el artículo 134 de Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos consideran estos actos como un posible desafío legal y ético, ya que podrían constituir el uso de personal subordinado para fines de promoción individual, prácticas que han sido calificadas como injustas y equiparables al uso indebido de recursos públicos por parte de funcionarios.

Trabajadores de la FGJE salen a las comunidades para promocionar la imagen de Alfonso Sánchez García

Según los señalamientos, trabajadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala han salido de sus espacios laborales para distribuir material informativo que hace alusión al presidente municipal de la capital, Alfonso Sánchez García. A estas acciones se suman actividades como la difusión de contenido relacionado con el edil en redes sociales, así como la colocación de imágenes en perfiles personales con las iniciales «AS».

De acuerdo con el testimonio, los trabajadores de la Fiscalía habrían sido obligados a colocar dicha imagen en sus cuentas personales y, posteriormente, enviar capturas de pantalla como evidencia del cumplimiento.

Mientras tanto, la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece, en su artículo 7, relativo a los delitos en materia electoral, sanciones que van de 50 a 100 días de multa, así como penas de prisión de seis meses a tres años, para quienes «recojan en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos».

Asimismo, contempla sanciones para quienes soliciten el voto a cambio de pagos, promesas de dinero u ofertas laborales.

Alfonso Sánchez García

En paralelo, el artículo 11 de la misma legislación prevé castigos para los casos en que se obligue o amenace a trabajadores con el fin de que participen en actos proselitistas de precampaña o campaña, o para influir en su decisión de votar o no por determinado candidato.

Este medio de comunicación ha dado seguimiento al Escenario Electoral rumbo a 2027, en el cual se ha documentado que diversas figuras políticas han comenzado a incorporar su imagen —entre ellos Alfonso Sánchez García o Miguel Ángel Covarrubias Cervantes— y presencia en redes sociales como parte de su agenda pública.

En este contexto, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre otros objetivos, el control en el uso de recursos públicos y la garantía de equidad en los actos de promoción previos a los procesos electorales.

Dicho artículo señala que toda propaganda «bajo cualquier modalidad de comunicación social», debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Asimismo, prohíbe la inclusión de nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen «promoción personalizada» de cualquier servidor público.

No obstante, bajo la política pública denominada «Más territorio, menos escritorio», Alfonso Sánchez García ha comenzado a tejer una base clientelar a partir de acciones que, asegura, buscan acercar su figura como edil capitalino a la población de Tlaxcala.

De manera paralela, en las últimas semanas diversos medios de comunicación han difundido en redes sociales una serie de encuestas que, según se afirma, colocan a Sánchez García como puntero y favorito para gobernar el estado.

Sin embargo, en el entorno digital se ha señalado que dichos ejercicios habrían sido elaborados por integrantes y funcionarios del gobierno municipal. Pese a ello, los medios los han presentado como resultados concluyentes, sin transparentar una metodología clara y con aparentes inconsistencias en la recolección de datos.

A la par, el consejero Hermenegildo Neria Carreño, compartió para Escenario que la Ley General establece diversas multas bajo un régimen de penalidades graduales que varían según la gravedad de la conducta y en casos graves y reiterados, puede proceder la cancelación del registro o la anulación de constancias de mayoría.


También puede interesarte: Actos de promoción previa a Tlaxcala 2027: encuestas, bardas y panfletos marcan el inicio de la disputa por la gubernatura

Sólo 24 Plantas de Tratamiento de 110 que se han construido al rededor del Río Zahuapan funcionan

Tlaxcala, Tlax.- El río Zahuapan forma parte de la cuenca del Alto Atoyac, una región que desde 2022 fue reconocida como zona de emergencia sanitaria ante los altos niveles de contaminación acumulados por décadas de crecimiento industrial y urbano sin control suficiente. Desde 1981, la respuesta institucional ante este problema se ha concentrado en la instalación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) como principal medida de contención. Sin embargo, la distribución de esta infraestructura sólo abarca 24 PTAR actualmente activas de las 130 plantas registradas en el estado.

La Cuenca del Alto Atoyac se extiende por los estados de Tlaxcala, Puebla y el Estado de México, con una superficie total de 3,600 km². De los cuales 2,086 km² corresponden al territorio tlaxcalteca. Mismo que en las últimas décadas ha experimentado una transformación impulsada por procesos de urbanización e industrialización. Como resultado, en 2017 únicamente el 19% del territorio estatal conservaba cobertura de vegetación natural, lo anterior, de acuerdo con el Centro Fray Julián Garcés.

Te recomendamos leer la primera parte de este especial sobre las PTAR

Aproximadamente 10,100 empresas se han establecido en el estado, lo que ha obligado al gobierno estatal a implementar normativas para la protección del Río Zahuapan a lo largo de los años. En este contexto, una de las principales estrategias impulsadas por las distintas administraciones ha sido la instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), con el objetivo de regular las descargas industriales en el afluente.

No obstante, el propio CFJG ha señalado que las PTAR instaladas no están diseñadas para tratar el tipo de agua que proviene de las industrias, sino únicamente las descargas municipales. Esto implica que una parte sustancial de la contaminación que llega al Zahuapan queda fuera del alcance real de esta estrategia.

Actualmente, 30 de 130 PTAR en el estado están activas y se encuentran en los siguientes municipios:

 

De los 22 municipios que cuentan con PTAR activas, existen 24 plantas en estos 22 municipios que están ubicadas a lo largo del río Zahuapan. Sin embargo, este río atraviesa un total de 52 municipios en la entidad, donde se han construido un total de 110 PTAR. Pero, cabe señalar que no todas las PTAR se encuentran en operación, sino que únicamente 24 de ellas.

En el siguiente mapa se presenta el total de PTAR construidas en la entidad, su ubicación respecto al río Zahuapan y su estatus actual, lo que permite identificar cuáles operan y cuáles permanecen inactivas.

A partir de una solicitud de información con folio 000016, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Tlaxcala (CEAS) informó que, entre 2023 y 2025, las 30 plantas activas han recibido una inversión total de 26,256,943.59 pesos para su rehabilitación. De estas, 24 PTAR se ubican cerca del río Zahuapan, mientras que las seis restantes se localizan en los municipios de Benito Juárez, Calpulalpan, El Carmen Tequexquitla y Emiliano Zapata.

De acuerdo con el CEAS, el agua tratada por las PTAR puede ser utilizada en el riego agrícola, industrial o en actividades recreativas, para reducir el consumo de agua potable; en ese sentido, la principal actividad a la que se dedica la población de dichos municipios donde no pasa el río Zahuapan es principalmente al sector primario (agricultura ganadería, comercio y servicios) así como la elaboración de artesanías.

Inversión total en construcción y rehabilitación de PTAR en la entidad

La Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Tlaxcala (CEAS) dio a conocer a través de la solicitud de información con folio 26000011 que se han invertido $59,071,721,94 millones de pesos para la rehabilitación de las PTAR en Tlaxcala de 2022 a 2025. Sin embargo, la calidad del agua del Río Zahuapan continúa presentando indicadores críticos como la Demanda Química de Oxígeno (DQO), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Coliformes Fecales y Toxicidad Aguda. Mientras que sólo ha 20 municipios de los 24 que cuentan con alguna PTAR activa se le ha realizado algún tipo de inversión.  

Si quieres conocer los detalles de la inversión que han recibido las PTAR entre 2022 a 2025 por año y municipio, y que contrasta el número de plantas que se encuentran actualmente en operación, suscríbete desde $50 pesos dando click aquí y conoce la información detallada.

En ese sentido, a pesar de haber recibido inversión, las PTAR ubicadas en los municipios de Atlangatepec y Xicohtzinco no se encuentran actualmente en operación.

Por otra parte, de acuerdo con la solicitud de información con folio 000005, los municipios de Santa Cruz Tlaxcala y Xicohtzinco han recibido en conjunto una inversión de $5,755,593.83 millones de pesos destinada a la elaboración de proyectos ejecutivos para la recuperación del río Zahuapan y la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales (actualmente ambos municipios no cuentan con una PTAR).

Asimismo, el municipio que ha recibido la mayor inversión es Tlaxcala, con $10,249,063.70, seguido de Tlaxco con $6,201,382.95 y Panotla con $5,234,570.86.

A través de una solicitud de información con folio 000004, solicitamos a la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento del Estado de Tlaxcala (CEAS) el costo para la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en Tlaxcala. Misma que respondió no tener la facultad de construir una PTAR, por lo que dicha información podía ser contestada por la Secretaría de Infraestructura (SI).

Por lo que, tras otra solicitud con folio 000016 y esta vez dirigida a la Secretaría de Infraestructura (SI) esta, señaló que no cuenta con un tabulador para dar un aproximado sobre cuánto cuesta la construcción para una PTAR en Tlaxcala, porque dijo, eso varía de acuerdo a la función de diversos factores técnicos, geográficos y de diseño.

image 4

Sin embargo, durante la inauguración de la PTAR ubicada en la zona de hospitales del municipio de San Pablo Apetatitlán, realizada el pasado 23 de octubre de 2025, el titular de la SI, Eduardo Rubén Hernández Tapia, informó que la construcción de esta planta tuvo un costo de 31 millones 316 mil pesos. Asimismo, destacó que su objetivo es beneficiar a las instituciones de la zona hospitalaria y que operará mediante un sistema biológico a base de lodos, con una capacidad superior a 400 mil litros diarios.

Esta inversión contrasta con la vida útil de las PTAR. En la primera parte de este especial señalamos que estas instalaciones tienen una duración máxima de 50 años.

PTAR no son suficientes para la contaminación que produce la industria

Una de las principales críticas que ha realizado el CFJG apunta al alcance limitado de las PTAR, en diversas ocasiones, Alejandra Méndez ha señalado que la plantas de tratamiento no están diseñadas para procesar la contaminación de origen industrial, por lo que una parte importante del problema queda sin atender. Cabe resaltar que la el Río Zahuapan y la Cuenca del Alto Atoyac contienen metales pesados, compuestos químicos y residuos peligrosos que siguen llegando al río sin un tratamiento adecuado.

De acuerdo con los datos del Directorio Nacional de Unidades Económicas del INEGI (2017), en la cuenca Atoyac – Zahuapan, hay 20 mil 402 empresas manufactureras, de ese total, 9 mil 068 (44.6%) se encuentran en Tlaxcala. Mismas que desempeñan un papel central en la dinámica de contaminación ambiental de la cuenca y de afectación a la salud de la población, por el tipo y el volumen de sus emisiones contaminantes a la atmósfera, a los suelos y al agua.

Rio Zahuapan PTAR
Mapa ilustrativo sobre la concentración industrial en el estado de Tlaxcala al corte de 2017. Elaboración: Centro Fray Julián Garcés.

Asimismo, las empresas que se han establecido con mayor expansión, o que generan un mayor impacto ambiental debido a sus actividades en los sectores textil, químico y automotriz, descargan contaminantes como residuos peligrosos, metales pesados y aguas residuales sin tratar en los cuerpos de agua.

Algunas de las empresas que se han instalado alrededor del Río Zahuapan son Grupo Textil Providencia S.A. de C.V., Bayer de México, S.A. de C.V.., Kimberly Clark de México, Gamesa, Sabritas, Volkswagen de México, Pemex. En la próxima entrega de este especial, detallaremos las multas económicas, las empresas involucradas y el tipo de contaminantes que han descargado en el río o en cuerpos de agua conectados con este afluente.

Localización es gracias a las familias: Hermana de persona desaparecida expone las fallas de la Comisión de Búsqueda en Tlaxcala

  • Mientras Comisión Estatal de Búsqueda reporta un 99% de efectividad en localización de personas desaparecidas en Tlaxcala, víctimas indirectas denuncian retrasos y falta de resultados, mientras cargan con consecuencias emocionales, sociales y económicas al asumir una búsqueda que debería garantizar el Estado.

Tlaxcala, Tlax.- El pasado 17 de marzo, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Tlaxcala (CEBP) informó que cuenta con un 99% de efectividad en la localización de personas desaparecidas en modalidades de búsqueda inmediata. Sin embargo, familias de víctimas y especialistas cuestionan esta cifra y advierten que la institución carece de infraestructura, presupuesto y capacitación suficientes para realizar búsquedas efectivas. Señalan, además, que en muchos casos son las propias familias quienes aportan información clave e incluso encabezan las labores de búsqueda. 

María José López* —víctima indirecta de desaparición forzada en el Estado de Tlaxcala— afirmó que las acciones de la Comisión, en muchos casos, ralentizan la búsqueda e identificación de hallazgos debido a un análisis de contexto deficiente y al uso de información desactualizada. Señaló, además, que la institución tlaxcalteca opera bajo prácticas de omisión y estigmatización, la cual ha trasladado la responsabilidad e identificación de personas en manos de las familias.

Mientras tanto, especialistas como Guillermo Paleta Pérez —terapeuta familiar y acompañante psicosocial de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en la región Occidente y Centro de México— compartió a Escenario Tlx que la responsabilidad de la búsqueda e identificación corresponde a las comisiones, no a las familias; sin embargo, son las mujeres, principalmente madres de familia, quienes realizan la búsqueda de sus seres queridos, situación que impacta en su vida laboral, económica, mental y física.

Tanto María José* como Guillermo Paleta señalaron que las autoridades tlaxcaltecas siguen minimizando los casos bajo etiquetas de «decisión propia», lo cual desvincula la desaparición de personas ante factores como la precariedad laboral, las adicciones o la violencia sistemática que existe en la entidad, la cual está ligada a deficiencias del Estado en políticas públicas y de salud.

Ninguna desaparición es una decisión propia

El 20 de marzo, durante el “Diálogo Circular”, el titular de la CEBP, Sergio Hernández Córdova, aseguró que entre las causas más comunes de desaparición en la entidad se encuentran los conflictos familiares, las adicciones y las deudas. Sin embargo, el especialista Guillermo Paleta advierte que estas explicaciones suelen utilizarse para desvincular los casos de factores estructurales, como la precariedad laboral, invisibilizando el contexto social que también incide en las desapariciones.

Por su lado, María José López*, ciudadana tlaxcalteca y víctima indirecta de desaparición forzada desde hace aproximadamente año y medio, sostiene que ningún caso de desaparición responde a una decisión propia. En su testimonio, señala que estos hechos están profundamente vinculados a contextos de marginalidad y precariedad laboral, más que a decisiones individuales.

La decisión voluntaria está influenciada por la precarización, por cuestiones de trabajo y también por cuestiones de adicción, pero influye todo un sistema que orienta a las personas a desaparecer.

Para Paleta, esta narrativa —que suele presentarse como inofensiva— invisibiliza las causas estructurales al atribuir las ausencias a decisiones individuales, sin considerar un análisis de contexto. Este último, como señala María José*, nunca fue entregado a su familia, lo que termina por desvincular los casos de factores como la precariedad laboral o las adicciones, profundamente ligados a las condiciones sociales en las que ocurren las desapariciones.

Entonces, estamos hablando de que posiblemente no exista una desaparición voluntaria, sino que hay un sistema que, al contrario, nos va forzando a desaparecer. Aseguró.

Tanto María José* como su familia se comunicaron con la comisión para levantar una ficha de búsqueda un viernes por la noche, sin embargo, esta emitió el boletín hasta el lunes por la mañana, retrasando su publicación más de 48 horas después de la desaparición. Para ella, levantar la ficha y llevar todo el proceso fue una «tortura emocional» que, desde el primer día, afectó a su salud mental y física. Ella asegura que su actuar fue lento y más allá de brindar ayuda, ralentizaron el proceso de identificación.

Si vas y tienes suerte, te atienden en 30 o 40 minutos, en lo que te entrevistan […] Una va con desesperanza y con la necesidad de ser escuchada, que te digan «Sí, tome su turno», «sí, espérenos», «sí, esto». Hay una omisión tremenda.

Posterior a la denuncia, los familiares de María José* solicitaron a la CEBP el análisis de contexto, el cual no ha sido entregado hasta el momento. La comisión les comunicó que el caso de su familiar iba a ser trasladado a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, y señaló, que les pidieron repetir procesos que ya habían realizado ante la CEBP.

María José* argumentó que la comisión proporcionó información ambigua y desactualizada a la fiscalía, a tal punto de solicitar «un resumen del caso», ya que los servidores públicos acudían «desactualizados» a los indicios que la misma familia logró identificar. Al no tener una respuesta solida por parte de la Fiscalía Especializada en Tlaxcala, la familia de María José * recurrió -incluso- a acciones que «salieron de lo racional», evidenciando una clara omisión por parte de las autoridades.

Buscamos respuestas hasta en la magia, en la brujería, en la religión, ¿no? Entonces, en una sesión, en una consulta con una bruja, nos dijo: «Sí lo van a encontrar, pero es a través del coche».

Y, bueno, nosotras buscábamos su cuerpo, lo buscábamos a él vivo, y ella decía, «No, el coche todavía está, pues está presente, búsquenlo a través del coche».

Ante este panorama, especialistas como Guillermo Paleta argumentaron que el deficiente actuar de las autoridades corresponde a cuestiones de infraestructura, la cual imposibilita el seguimiento óptimo y real a las carpetas de investigación. Aunado a esto, existe un presupuesto bastante bajo para las labores de búsqueda e identificación, lo que merma en la localización de pruebas y tiempos en campo.

Ella relató que la búsqueda de su familiar fue difícil. Tanto María José como su familia pasaron noches sin dormir, recorriendo en más de una ocasión lugares peligrosos. Se arriesgaron a salir por la madrugada con tal de encontrar algún indicio que los llevara a localizar a su familiar.

Compartió que, durante las mañanas, acudían a la zona de hospitales para ver si localizaban algo e ingresaban a trabajo social para solicitar información sobre la existencia de alguna persona con las características de su familiar.

Incluso narró que, durante el proceso de búsqueda, recurrieron a espacios «donde no te imaginas», pues una persona, víctima de desaparición, busca respuestas «en donde sea».

El proceso de localización fue bastante duro, ya que la misma familia se organizó ante la inoperatividad y lentitud con la que actuó la fiscalía especializada. Al lograr identificar el coche, comenzaron a llamar a la fiscalía y a la comisión estatal, las cuales llegaron una hora y media después del aviso.

El equipo que acudió no era el mismo que llevaba el caso y, tras intervenir, la fiscalía solicitó información, pues se encontraban desactualizados. Este tipo de acciones, afirmó, «retardan muchísimo el proceso» y restan efectividad a la búsqueda e identificación de una persona no localizada. Y, pese a que cuentan con un formato de acción temprana que busca reducir los tiempos para una localización rápida, la realidad no es así.

Tras varios meses de búsqueda, jornadas extensas en las que no dormían y una pausa que parecía eterna en sus proyectos personales, la familia logró dar con la localización de su familiar.

En México, la desaparición afecta principalmente a hombres, pero la búsqueda recae en mujeres

Como argumentó Paleta Pérez, en México existe una crisis de desaparecidos, principalmente de varones, mismos que están ligados a contextos de criminalidad, desplazamientos forzado y precariedad laboral. Para él, la desaparición corresponde a varones, aunque quienes buscan a estos son principalmente mujeres, madres, esposas e hijas de los desaparecidos.

En una anterior nota —que puedes consultar aquí— el integrante de RedLupa, Edgar Cortéz afirmó que ante la falta de contexto y un actuar nulo de las autoridades son las familias quienes buscan a sus propios familiares —como es el caso de María José*— quienes observaron las carencias e ineficiencia de la fiscalía, lo cual orilló a que la familia, principalmente mujeres, tomaran las riendas del asunto y comenzarán a buscar a su ser querido.

Ella nos compartió que este proceso fue doloroso y que, a la fecha, ha mermado su calidad de vida pues «todo se paraliza», dejando atrás su vida ante la ausencia de un familiar. Tras la desaparición de su ser querido se vieron arrebatadas del «sueño, del hambre, pausamos muchas cosas, muchos proyectos» y que, ante esto, el Estado no fue quien logró localizar a su familiar, ni tampoco compensó la asistencia psicológica o proporcionó mayores herramientas para sobrellevar el proceso.

Para ella, un sector poco atendido y del que se habla poco radica en las infancias, pues es un proceso que pocas veces se aborda.

Creo que a veces queda un poco invisibilizado, y es delicado de tocar, pero hay repercusiones emocionales en las infancias, ¿no?, o sea, en sus hijos. es un terreno de desconocimiento completamente.

Guillermo Paleta comentó que en un principio, las madres buscadoras, así como las colectivas y colectivos, «no tendrían que buscar, porque esa es una responsabilidad del Estado». Tanto colectivas como madres deberían estar procurando su salud mental y física.

Para Guillermo, esta responsabilidad —que corresponde al Estado— ha sido rebasada por una infraestructura deficiente, limitada para actuar frente a un contexto de macrocriminalidad y a la desconfianza ciudadana.

«Hay también mucho miedo para no denunciar. Hay mucho miedo para no hablar y compartir la experiencia y el trauma que están viviendo diferentes familias».

Esta correlación entre injusticia y macrocriminalidad ha permitido que el número de personas desaparecidas incremente. Para Paleta Pérez, la búsqueda de sus seres queridos «sitúa a las familias en contextos que no solo las colocan en gran desventaja, sino que también las exponen a situaciones de vulnerabilidad y riesgo», lo cual ha provocado el asesinato de decenas de mujeres en el país.

Hasta el 24 de marzo de 2026, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) acumuló un total de 70 boletines activos durante el sexenio de Lorena Cuellar, mientras que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ha referido 112 personas desaparecidas y no localizadas durante el mismo tiempo.

La ausencia de una persona desaparecida no es una cuestión de desgaste económico, también es un desgaste emocional y físico

Acompañar a las familias víctimas de desaparición ha representado un reto, sobre todo cuando estas llevan más de 15 años buscando a un ser querido. Guillermo afirmó que, ante las situaciones de desaparición, es necesario acompañar a las familias desde modelos que vean a las personas con dignidad, sobre todo ante políticas públicas injustas, muchas de las veces acompañar es estar presente desde el silencio.

Tras su experiencia como acompañante psicosocial, Paleta Pérez identificó que las familias logran documentar los procesos de desaparición como un acto de injusticia que enferma y que aniquila. En este sentido, las colectivas de mujeres se han agrupado con la esperanza de encontrar a sus seres queridos «en contextos que las han enfermado a ellas y a todos sus sistemas familiares».

Y aunque la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas brinda atención psicológica, esta muchas veces carece de una perspectiva que cobije el dolor y la determina como una patología, misma que permea en la salud y bienestar de las víctimas.

Desde su experiencia, María José* experimentó actos de estigmatización dentro y fuera de las comisiones, pues muchas veces logró observar que la gente dejaba de compartir los boletines o desacreditaba la búsqueda por la forma en cómo se veían los desaparecidos y llegando a escuchar que «tal vez tenga la culpa de estar ahí».

Estos escenarios crean situaciones donde las familias asumen la culpa de la ausencia, misma que corresponde al Estado, Paleta Pérez aclaró que «seguramente es porque tenía una actividad fuera de la ley, o porque las familias no supieron educarlo». Para él, ese duelo se vuelve incompleto, totalmente patologizado y que genera mayor culpa, a tal grado de perder «la vista o el habla».

Tanto María José como Guillermo coincidieron en que el escenario tlaxcalteca necesita espacios de salud mental dignos, los cuales deberían ser reconocidos como un derecho político y que, a la fecha, siguen sin reconocerse.

Lo que las familias, victimas de desaparición solicitan a la sociedad

Al mismo tiempo, ambos afirmaron que hace falta una mirada que comprenda el problema como una situación sistemática. Señalaron que, hasta hace algunos años, la población tlaxcalteca tenía al menos un familiar que había migrado y que, en la actualidad, ese mismo panorama se presenta, pero ahora con familias o conocidos víctimas de desaparición.

Ante ello, destacaron la importancia de contar con una red de apoyo y cuidado mutuo, sobre todo frente a instituciones que poco pueden hacer. Muchas madres buscadoras han solicitado amabilidad, pidiendo que los casos se manejen con la mayor ética posible; sin embargo, esto no se ha logrado.

Asimismo, María José* hizo una invitación a la sociedad en general a compartir las fichas de búsqueda e, incluso, a ser amables y acercarse al tema desde la generosidad, difundiendo los boletines entre familiares y conocidos, pues esto puede marcar una diferencia.

Afirmaron que se necesita «de un estado que se preocupe por sus ciudadanos», que permita construir narrativas y estrategias que realmente hagan que «nos sintamos seguros» y de brindar «salarios justos, un trabajo, prestaciones y trato digno», concluyeron.

Esta situación ocurre en un contexto en el que el Gobierno de México ha buscado minimizar la desaparición de personas como un problema estructural. El 2 de abril, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que la situación en el país podría corresponder a crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el gobierno federal —encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum— ha rechazado que se trate de una “catástrofe humanitaria” y, con ello, la necesidad de asistencia internacional y de investigar la posible participación de agentes estatales.

*Nota: Por temas de seguridad, el nombre de la entrevistada fue modificado por el de «María José López».


También puede interesarte: ¿99% de personas localizadas? La cifra omite casos de hace años y aumento de mujeres desaparecidas

Polo de Desarrollo en Huamantla no resuelve precarización laboral en Tlaxcala

Tlaxcala, Tlax.- El pasado domingo, 12 de abril fue inaugurado el primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) en el municipio de Huamantla. Este espacio, está pensado para concentrar inversiones publicas y privadas, es el primer centro en funciones de otros 14, los cuales se encuentran en distintos puntos de la república mexicana.

Durante su inauguración, el secretario de Desarrollo Económico del estado de Tlaxcala (SEDECO), Javier Marroquín Calderón, aseguró la venta total de 53 hectáreas. Durante su intervención, explicó que este espacio se ampliará hasta alcanzar las 96 hectáreas destinadas a esta área industrial y entre las principales actividades se concentrarán la automotriz, electrónica, metalmecánica, textil, agroindustrial y de manufactura tecnológica.

En este contexto, Huamantla se presentó como un espacio capaz de brindar servicios y facilidades a las empresas. De acuerdo con información de Data México, el municipio, ubicado al oriente de Tlaxcala, registró hasta noviembre de 2025 un total de 9.53 millones de dólares en compras internacionales y 3.5 millones de dólares en ventas internacionales.

Mientras tanto, los últimos informes del INEGI señalaron que la entidad tlaxcalteca presenta una alta tasa de informalidad, alcanzando el 70.3% al cierre de 2025. Asimismo, más de la mitad de la población ocupada corresponde a trabajadores subordinados y remunerados. En cuanto a la jornada laboral, esta supera en promedio las 43 horas semanales, con un grupo considerable que labora entre 35 y 48 horas a la semana.

Pese al dinamismo económico que se le atribuye, las zonas industriales también pueden presentar realidades críticas para los trabajadores, particularmente en sectores como la manufactura y la maquila, donde persisten experiencias de precariedad laboral. Esto suele traducirse en beneficios concentrados en las empresas, sin que estos se reflejen de manera proporcional en los salarios ni en la calidad de vida de los trabajadores.

Asimismo, el crecimiento industrial se contrapone ante la perdida de espacios de cultivo y la transformación de las tierras agrícolas cercanas.

La realidad laboral ante el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Tlaxcala

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la entidad tlaxcalteca registró una tasa de desocupación del 2.8% de la población económicamente activa, lo que representó aproximadamente a 20 mil personas al cierre de 2025. Al mismo tiempo, la brecha por sexo reflejó una tasa de desocupación del 3.2% para las mujeres y del 2.5% para los hombres.

Adicionalmente, el INEGI reportó una tasa de subocupación del 11.8%, la cual se refiere a personas que tienen la necesidad de trabajar más horas de las que su empleo actual les permite. Este indicador sugiere condiciones de insuficiencia laboral y posibles tensiones en la calidad del empleo, particularmente en términos de ingresos y uso del tiempo personal.

De acuerdo con las estadísticas y bases de información del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), al mes de diciembre de 2025 se reportó un total de 125,572 empleos formales. Para enero de 2026, la cifra descendió a 116,183 empleos, lo que representó una disminución de 9,389 puestos de trabajo en el primer mes del año.

En comparación, a inicios de enero de 2025 la entidad registraba 116,141 empleos formales, que para enero de 2026 se registraron 116,183 por lo que, en términos anuales, se observó un crecimiento nominal marginal de apenas 42 puestos de trabajo, equivalente a un incremento de 0.036%. No obstante, en comparación con diciembre de 2025, se registró una disminución del 7.47%, esta caída resulta significativa, ya que equivale a la pérdida de aproximadamente 7.5 empleos por cada 100 que se tenían al cierre de 2025.

A pesar del impacto industrial y de desarrollo económico que promete el PODECOBI, el estado sigue enfrentando retos estructurales que refieren a una tasa de informalidad del 70.3%, una tasa de desempleo del 2.8% y una pobreza laboral que afecta a aproximadamente 39.4% de la población tlaxcalteca. 

El escenario de Huamantla

A la par, la narrativa que se instauró desde el discurso oficial del gobierno —encabezado por Lorena Cuéllar Cisneros— sostiene que el municipio de Huamantla se encuentra listo para integrarse a «una dinámica que proyecta esperanza y un futuro con más oportunidades, mayor actividad económica y una base productiva fortalecida».

Al mismo tiempo, información de Data México indicó que el desarrollo económico en esta región del oriente del estado radica en la industria manufacturera -contando con la Ciudad Industrial Xicohténcatl II (CIX II)- el comercio, la agricultura, la ganadería y el turismo, propio de ser un pueblo mágico.

Este espacio representa para el municipio un enclave estratégico que ha favorecido la instalación de empresas vinculadas principalmente a la manufactura, la industria automotriz y de autopartes, así como a procesos logísticos y de transformación industrial.

Al comparar la CIX II con fotos satelitales actuales se puede observar un crecimiento de las plantas industriales en estos predios y zonas aledañas a esta, se puede observar un mínimo crecimiento de zonas residenciales y viviendas que no existían en 2012 y que, posterior a 12 años, logran ser visibles.

En este sentido, el impacto del PODECOBI —mismo que pretende una transformación social y de movilidad en el territorio— contempla a futuro el desarrollo de infraestructura habitacional adecuada, misma que se proyecta a futuro en conjunto con escuelas e incluso centros de salud gratuitos para las y los trabajadores, sin profundizar en las condiciones reales de habitabilidad en torno a estas zonas industriales.

A la par, estudios como el de Israel Sandre Osorio en 2005, que documentó la transformación urbana de Cuautitlán tras la llegada de la industria durante 1950 y 2005; o el de Alicia Torres Rodríguez en 2018, la cual identificó los cambios ambientales y sociales en la Zona Metropolitana de Guadalajara durante los años de 1970 a 2010, coinciden en que el crecimiento industrial en México ha estado acompañado de expansión urbana acelerada, aumento poblacional y procesos de marginación, con efectos negativos en la calidad de vida y el bienestar —objetivo que forma parte del discurso oficial—.

Si bien este tipo de proyectos se presentan como motores de desarrollo, en la práctica pueden derivar en dinámicas de crecimiento desigual, segmentación laboral y esquemas salariales limitados. Así, pese a la llegada del polo de desarrollo, la entidad enfrenta un crecimiento laboral marginal y un escenario en el que el salario mínimo tiende a convertirse en el límite predominante dentro del mercado laboral.

¿Qué tipo de empresas van a venir al PODECOBI?

En entrevista para el medio de comunicación GenTlx, el titular del Fideicomiso de la Ciudad Industrial Xicohtencatl (FIDECIX) Alejandro Espinoza de los Monteros aseguró que existen al menos 7 empresas comprometidas en las 53 hectáreas en el PODECOBI-Huamantla.

A la par, este proyecto corresponde a una inversión cercana a los 540 millones de dólares por parte de las empresas y aseguró que existen al menos cuatro nacionales empresas nacionales confirmadas (una de ella es tlaxcalteca) y tres extranjeras más (una de ellas con capital chino-alemán, otra más con capital estadounidense y la tercera con capital argentino) y aseguró que cada una de estas empresas contará con su propia planta para el tratamiento de residuos.

Durante la entrevista, el titular del FIDECIX aseguró que los espacios destinados a cada empresa se encuentran totalmente vendidos. Asimismo, señaló que el Fideicomiso para la Ciudad Industrial Xicohténcatl estará a cargo de la vialidad, la planta de tratamiento general y los espacios comunes.

En este sentido, detalló que los siete lotes disponibles se encuentran completamente nivelados y listos para la construcción. De estos, dos empresas ya cuentan con el papeleo necesario a nivel municipal y estatal para iniciar la primera de tres etapas de desarrollo. Entre otros puntos relevantes, se encuentran:

  • Un pórtico de acceso con seguridad para el control de entradas y salidas de personal, proveedores, trabajadores y administrativos.
  • Un edificio administrativo que incluye un auditorio, oficinas, un espacio de coworking, un gimnasio y un comedor.
  • Un auditorio multidisciplinario con capacidad para 120 personas.
  • Una escultura principal que es el centro del polo.

Este programa forma parte del denominado «Plan México», el cual busca instalar al menos 15 polos de desarrollo en 14 entidades de la República Mexicana. Estos proyectos están orientados a atender sectores como la industria, los servicios, el turismo y la economía circular, y se ubican en los estados de Campeche, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.


También te puede interesar: Ciudadanía consigue que Programa de Manejo del Parque Nacional Xicohténcatl se aborde por gobierno

Más allá del discurso: la responsabilidad masculina frente a la violencia contra las mujeres y niñas

El pasado 8 de marzo, como cada año, miles de mujeres en México salieron a las calles a exigir, denunciar, recordar a las víctimas y a resistir ante los diferentes tipos de violencias que viven todos los días. Se ha vuelto frecuente que en estas marchas aparezcan hombres que se nombran aliados de estas luchas, pero ¿qué tan real son estos hechos que se quieren mostrar como momentos para demandar igualdad?.

En realidad, lo que sucede con estos hombres que se aparecen en las marchas y que se quieren mostrar como aliados, es desviar la atención de las demandas que las mujeres tienen ante las situaciones de violencia que viven.

Bastaría con que los hombres trabajen en sus propias violencias para dejar de ejercerlas en lugar de salir a las calles semidesnudos, con leyendas en el cuerpo que digan “me callo para que ellas hablen”; tener sensibilidad ante la lucha que han dado las mujeres por décadas sería empezar por reconocer que la violencia se gesta en prácticas cotidianas que muchas veces pasan desapercibidas: bromas sexistas, control disfrazado de cuidado, silencios cómplices frente a actitudes abusivas de otros hombres. Cada una de estas acciones alimenta un entorno donde la desigualdad se normaliza. 

Te recomendamos leer: Millonaria inversión, bajo impacto: fallan plantas de tratamiento de aguas residuales en el rescate del Zahuapan

En ese sentido, uno de los mayores retos es romper con la idea de que cuestionar estas conductas es una amenaza a la identidad masculina. Durante mucho tiempo, se ha enseñado que ser hombre implica dominar, no mostrar vulnerabilidad ni sensibilidad y mantener el control ante todo. Este modelo de hombre no solo afecta a las mujeres; también limita a los propios hombres, que aprenden a reprimir emociones y a validar su identidad a través del poder sobre otros.

Asumir la responsabilidad no significa cargar con culpas individuales por actos que uno no ha cometido. Significa, más bien, hacerse cargo del lugar que se ocupa dentro de una estructura desigual. Es preguntarse: ¿me río de comentarios que degradan a las mujeres? ¿Intervengo cuando un amigo provoca alguna violencia? ¿Reproduzco roles que colocan a las mujeres en posiciones subordinadas? Estas preguntas, aunque incómodas, son necesarias.

También implica pasar de la pasividad a la acción. No basta con no ser violento. Es necesario ser activo ante la violencia que daña a las mujeres, cuestionar, señalar, educar y, sobre todo, transformar prácticas cotidianas. Esto puede verse en decisiones concretas: repartir de manera equitativa las tareas del hogar, respetar la autonomía de las parejas, escuchar sin invalidar, y reconocer privilegios que históricamente han beneficiado a los hombres.

Otro punto clave es entender que el cambio no ocurre en aislamiento. Los hombres deben y necesitan hablar entre sí. Muchas veces, los espacios masculinos funcionan como lugares donde se refuerzan actitudes de control y para conservar los privilegios de poder. Transformarlos en espacios de reflexión y responsabilidad puede ser una herramienta poderosa para comenzar a desestructurar la violencia que viven las mujeres. Callar ante comportamientos violentos no es neutralidad; es complicidad.

Es importante reconocer que el cambio cultural es un proceso largo y complejo. No se trata de alcanzar una perfección inmediata, sino de sostener un compromiso constante. Habrá errores, resistencias y contradicciones, pero eso no puede ser excusa para la inacción. Ir más allá del discurso implica incomodarse, cuestionarse y actuar. La erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas no será posible sin una participación activa de los hombres. No como aliados simbólicos, sino como agentes de cambio que están dispuestos a revisar críticamente su lugar en el mundo y a transformarlo.

 

Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.

Ciudadanía consigue que Programa de Manejo del Parque Nacional Xicohténcatl se aborde por gobierno

1

Tlaxcala, Tlax.- Tras más de seis meses de exigencia por parte del movimiento Salvemos al Parque de la Juventud en defensa de este espacio, se solicitó al gobierno del estado, a la Secretaría de Infraestructura, Medio Ambiente y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) que el proyecto “Ciudad de la Juventud” se realice en apego a las disposiciones establecidas en el programa de manejo del Parque Nacional Xicohténcatl, considerado un área natural protegida. Ante la ausencia de dicho instrumento, la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) y la CONANP deberán elaborarlo, subsanando la omisión que persiste desde hace más de 80 años.

Desde el inicio de la lucha por el Parque de la Juventud en octubre de 2025, la ciudadanía se ha visto obligada a organizarse colectivamente para hacer frente a la falta de información por parte de diversas secretarías tanto estatales como federales. Ante este vacío, las y los ciudadanos han dado seguimiento al caso desde múltiples ámbitos, incluyendo el jurídico, ambiental, social, biológico y político.

En entrevista para Escenario Tlaxcala, Kenia Cruz, integrante del movimiento Salvemos al Parque de la Juventud, señaló que durante estos meses la defensa del parque ha implicado, principalmente un proceso de autoformación colectiva. Explicó que, si bien dentro del movimiento hay personas especialistas en áreas como medio ambiente, derecho y temas sociales, su participación ha sido fundamental para interpretar la información que las distintas secretarías difunden en línea, en sus páginas oficiales o en ruedas de prensa.

Asimismo, destacó que dicha información suele presentarse con tecnicismos y sin un lenguaje accesible, lo que dificulta que la ciudadanía comprenda plenamente los alcances de las decisiones y acciones relacionadas con el parque.

«Al inicio fue difícil entablar las formas en las que íbamos a trabajar porque desconocíamos muchas cosas, pero creo que sobre todo se trata de un espacio donde se comparte… los que no somos especialistas contabilizamos los árboles sin saber un poco de qué se trataba, pero se hizo a partir de que otra persona compartió su conocimiento». – Kenia Cruz

Señaló que la organización del movimiento se estructura en distintas áreas, de acuerdo con la formación profesional o intereses de sus integrantes, además de que cada una aporta información y estrategias que se comparten con el resto del colectivo. Destacó que este trabajo permitió identificar que el Parque de la Juventud se encuentra dentro de un Área Natural Protegida (ANP), información que de no haberse informado entre ellos como parte del ejercicio de auto informarse, no se habría aprovechado para fortalecer su defensa.

Entérate de la problemática del parque de la Juventud aquí

«Yo también me sorprendía incluso que viviéramos en un espacio que es un área natural protegida. Creo que al vivir en ese desconocimiento en general como ciudadanos no dimensionamos la importancia que tiene el parque y la zona en donde vivimos».

En ese sentido, a partir de que se dio a conocer que algunas zonas de Tlaxcala capital y Totolac pertenecen a esta ANP, el movimiento ha exigido que sean considerados en las mesas de diálogo y trabajo con la CONANP para realizar el programa de manejo del Parque Nacional Xicohténcatl, con el cual no cuenta desde 1937.

Además, mencionó que a partir de la movilización por parte de los ciudadanos en el parque, la obra en este espacio no se hubiese dimensionado lo que implica una construcción.

«Pienso mucho que de momento  pues estos proyectos por parte del gobierno de repente llegan y nos apantallan un poco con lo que nos dicen, y al sólo darnos información superficial, nos desinforman sobre lo que realmente debería decirse».

El movimiento también ha tenido que organizarse para defender el parque desde distintos frentes. Desde octubre, enfrenta la amenaza constante de la desinformación tanto de  medios de comunicación como de espacios públicos, como el Diálogo Circular, así como de ruedas de prensa y boletines emitidos desde instancias de gobierno. A ello se suma la falta de información clara y de transparencia, lo que ha contribuido a confundir y distorsionar los procesos mediante los cuales las secretarías han dado seguimiento al proyecto denominado “Ciudad de la Juventud”.

«Creo que una de las amenazas más grandes es que hay mucha gente que piensa que después de que hubo esta parte de la demanda como que ya todo se calmó un poco, pero no saben el contexto completo».

Otro de los principales retos que ha enfrentado el movimiento es la simulación del diálogo ciudadano por parte de diversas secretarías, cuyas acciones han respondido más a un ejercicio formal que a un proceso genuino de escucha y construcción conjunta. En ese sentido, señaló que, a título personal, si no se da continuidad a los acuerdos establecidos en la mesa de diálogo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), consideraría que se trató de un nuevo acto de simulación, además de un ejercicio de propaganda política por parte de la CONANP, la Secretaría de Medio Ambiente y el edil capitalino, Alfonso Sánchez García.

«El término ciudad nos ha llevado a pensar que las pocas áreas verdes que aún existen no son importantes; sin embargo, es fundamental dimensionar que precisamente esas pocas áreas tienen un gran valor y están protegidas. Generar conciencia en la población para que se sume y participe en la construcción de un buen manual sigue siendo un reto.»

En cuanto a los acuerdo a los que se llegaron durante dicha mesa de diálogo fueron los siguientes:

  • La CONANP iniciará la operación y administración del Parque Nacional Xicohténcatl, con el objetivo de establecer un sistema que permita alcanzar las metas de conservación de los ecosistemas y su biodiversidad.
  • CONANP será responsable de elaborar los trípticos informativos sobre el ANP, mientras que la SMA se encargará de difundir esta información en el estado, con el objetivo de que la ciudadanía esté informada y pueda participar activamente en el programa de manejo del Parque Nacional Xicohténcatl.
  • Además, se propuso llevar a cabo una próxima reunión para continuar con las mesas de diálogo durante la tercera o cuarta semana de abril, aunque sin precisar una fecha ni sede exactas. 

Además de la ruta del proceso de formulación y publicación del programa de manejo en los siguientes 8 pasos:

1. Elaborar el Programa de Manejo
2. Realizar la consulta ciudadana:
– Reuniones informativas
– Responder opiniones

3. Revisar expediente de Consulta Pública (CP)
– Evidencia de CP
– Respuesta a comentarios
– PM ajustado con base en CP

4. Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)
– Cumplimiento con la LCMI
– Elaboración de resumen y acuerdo

5. Consulta interna
– AIR requisito para C2
– Atención de comentarios
– Se ejecuta PM

6. Dictamen de procedencia jurídica
– Se ejecuta PM
– Revisión PM

7. Dictamen Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER)
– Comisión envía a CONANP el AIR del instrumento del PM
– Se adjunta el AIR
– Cumple con Mayoría

8. Publicación en el DOF
– Firma del titular de la SEMARNAT
– Constancia de transparencia
– Comisión solicite al DOF la publicación del PM

Además de un taller participativo para proponer, usos y actividades; problemática,
subzonificación y reglas administrativas. Finalmente, se acordó celebrar una nueva reunión a finales de mes con el objetivo de dar continuidad a las mesas de trabajo y a los talleres relacionados con el plan de manejo.

Gobierno local sí tiene margen para apoyar al campo en Tlaxcala: CEAT sobre las demandas de campesinos

  • La crisis de campo en Tlaxcala puede atenderse desde el gobierno local, faltan políticas públicas para fortalecer al agricultor y voluntad para hacerlo posible, CEAT.

Tlaxcala, Tlax.- Tras las protestas y el desalojo de agricultores en Nanacamilpa —derivados de bloqueos carreteros en medio de movilizaciones por la crisis del campo—, el gobierno estatal, a través del vocero Antonio Martínez Velázquez, ha sostenido que varias de las demandas del sector corresponden al ámbito nacional. Esta postura ha colocado en el centro del debate los alcances de la responsabilidad local frente a un problema que ya se expresa en las calles y que forma parte de una inconformidad más amplia que recorre el campo mexicano.

En Tlaxcala, esta crisis se manifiesta en la falta de rentabilidad en la producción, el encarecimiento de insumos y una política pública que no ha logrado responder a las necesidades reales de quienes trabajan la tierra. Aunque desde el ámbito oficial se insiste en que las soluciones dependen en gran medida de la federación, voces del sector agropecuario advierten que sí existen márgenes de acción a nivel local que no se están aprovechando.

Así lo plantea Luis López, presidente del Consejo Empresarial Agropecuario del Estado de Tlaxcala (CEAT), quien señala que el problema no es únicamente presupuestal, sino también de diseño, enfoque y ejecución de las políticas públicas. Desde su perspectiva, el campo tlaxcalteca enfrenta fallas en la implementación de apoyos y en la articulación del sector productivo, lo que deriva en un escenario donde los agricultores perciben que las soluciones propuestas no responden a su realidad cotidiana.

Precio del maíz afectado por T-MEC

En octubre de 2025, durante la conferencia de prensa “Diálogo Circular”, el entonces titular de la Secretaría de Impulso Agropecuario, el ingeniero Rafael de la Peña Bernal, reconoció que la siembra de maíz ha dejado de ser rentable en Tlaxcala. El funcionario atribuyó esta situación tanto a las condiciones climatológicas, cada vez menos favorables para este cultivo, como a un entorno económico adverso que limita las ganancias de los productores en la entidad.

De acuerdo con su planteamiento, el bajo precio de comercialización —alrededor de seis pesos por kilo—, junto con la dificultad para competir en el mercado, limita las ganancias del sector. Ante este panorama, propuso a los agricultores diversificar su producción hacia cultivos como amaranto, hortalizas o berries, al considerar que ofrecen mayores oportunidades de rentabilidad frente al maíz.

Luis López, presidente del Consejo Empresarial Agropecuario del Estado de Tlaxcala (CEAT), coincide en que el maíz atraviesa una crisis económica; sin embargo, advierte que el problema es más profundo. Señala que el punto de quiebre del campo mexicano está directamente vinculado a la caída en el precio de este grano, uno de los cultivos más importantes del país y base de la alimentación nacional.

De acuerdo con López, esta situación no es reciente ni aislada, sino resultado de decisiones de política comercial adoptadas en el marco del T-MEC, que modificaron las condiciones del mercado interno y alteraron el equilibrio entre la producción nacional y la importación de granos.

La eliminación de cupos de importación permitió la entrada masiva de maíz proveniente de otros países a precios más bajos, generando una sobreoferta que impactó directamente en los productores mexicanos. Este cambio alteró el equilibrio que anteriormente priorizaba el consumo interno, desplazando gradualmente la producción nacional frente a granos importados que compiten en condiciones más favorables.

“Estos cupos permitían que primero se consumiera la producción interna de maíz; es decir, el grano que producían los mexicanos se destinaba al consumo nacional. Sin embargo, al eliminarlos, esa lógica cambió, comenzó a entrar maíz de otros países a precios mucho más bajos y, al abrir el mercado, se generó una sobreoferta que terminó por desplomar el precio.”

Actualmente, el maíz se comercializa en un rango de entre 3.50 y 4.20 pesos por kilo, e incluso por debajo de ese nivel en algunos casos. Para los productores, estas cifras no solo son insuficientes para generar ganancias, sino que ni siquiera permiten recuperar la inversión realizada en el ciclo agrícola. Esto ha llevado a que la actividad se vuelva económicamente inviable para un número creciente de agricultores.

A esta problemática se suma el incremento en los costos de producción. De acuerdo con López, insumos fundamentales como fertilizantes han registrado aumentos significativos en los últimos meses, pasando de alrededor de 11 mil pesos a casi 20 mil pesos por tonelada. Este encarecimiento impacta directamente en la rentabilidad, ya que eleva el punto de equilibrio y reduce aún más el margen de operación de los productores.

“Imagínate si tú necesitas alrededor de media tonelada de fertilizante para una hectárea y, al mismo tiempo, te estás encontrando con precios de 4 o 4.20 pesos por kilo de maíz; simplemente los números no dan, no es rentable producir en esas condiciones.”

El resultado de esta combinación —precios bajos y costos altos— es un escenario en el que los agricultores operan con pérdidas constantes. En lugar de generar ingresos, la producción de maíz se ha convertido, para muchos, en una actividad de subsistencia que depende de factores externos y que no garantiza estabilidad económica.

“Con esos costos de producción y esos precios de venta, el productor no solo deja de ganar, está destinado a perder. Ya no es un tema de utilidad, es un tema de sobrevivencia.”

A este escenario se suma una desventaja estructural: mientras productores internacionales de maíz cuentan con respaldo directo de sus gobiernos, en México ese apoyo es limitado o mal enfocado. López explicó que en países como Estados Unidos, Brasil o Argentina existen subsidios e incentivos que reducen significativamente los costos de producción y elevan la productividad. Estos apoyos incluyen combustibles, semillas, financiamiento e innovación tecnológica, lo que les permite competir en condiciones mucho más favorables y posicionarse con ventaja en el mercado global.

“Estás compitiendo contra alguien al que le subsidian el diésel, la semilla, el crédito… y a ti no te dan nada. Es como poner a pelear a un niño contra un adulto”

En contraste, señaló que en México las políticas públicas han tendido a centrarse en esquemas asistencialistas más que en impulsar la productividad. Advirtió que, si bien estos apoyos pueden ser necesarios para ciertos sectores, no sustituyen una estrategia integral que fortalezca al productor. Sin incentivos reales para producir y competir, dijo, el campo queda en desventaja frente a mercados internacionales que sí priorizan la seguridad alimentaria desde la inversión directa en sus agricultores

Desde esta perspectiva, la apertura comercial sin un fortalecimiento previo del productor nacional ha generado un desequilibrio estructural que hoy se traduce en inconformidad, movilizaciones y una creciente crisis en el campo.

Subsidios sí son posibles pese a que vocero Martínez Velázquez diga lo contrario

En el «Dialogo Circular» del pasado 6 de abril, el vocero del gobierno estatal, Antonio Martínez Velázquez, señaló que medidas como la reducción en el costo del diésel corresponden principalmente al ámbito federal, no al local. Asimismo, refirió que se ha dado acompañamiento a productores tlaxcaltecas que han sostenido reuniones con funcionarios federales, con el objetivo de dialogar y exponer sus demandas ante instancias nacionales.

Sin embargo, frente al argumento de que no existen condiciones locales para atender las exigencias del sector, Luis López, sostuvo que sí es posible implementar apoyos efectivos, pero bajo un enfoque distinto al actual. El problema, señaló, no radica exclusivamente en la falta de recursos, sino en la manera en que estos se asignan, operan y supervisan, lo que ha limitado el impacto real de las políticas públicas en el campo.

Explicó que, en distintos momentos, han existido programas y fondos tanto federales como estatales destinados a apoyar al campo. Sin embargo, estos no siempre han tenido el impacto esperado debido a fallas en su implementación. En muchos casos, los recursos no llegan a los productores que realmente los necesitan, lo que limita su efectividad y genera desconfianza en el sector.

Uno de los principales problemas identificados es la intermediación, en esa línea López compartió que existen actores que, sin dedicarse directamente a la producción, logran acceder a los apoyos mediante la gestión de trámites y documentos. Esto les permite captar recursos que originalmente estaban destinados a fortalecer la actividad agrícola, generando distorsiones dentro del sector.

Esta situación no solo afecta la distribución de los apoyos, sino que también altera las dinámicas del mercado.

«Algunos intermediarios compran maíz a bajo precio a los productores y posteriormente lo comercializan dentro de esquemas gubernamentales, obteniendo ganancias sin participar en el proceso productivo. Esto debilita la competitividad del campo y perpetúa las desigualdades»

Para el presidente del CEAT, la solución no pasa únicamente por incrementar el presupuesto, sino por mejorar la capacidad operativa de las instituciones encargadas de ejecutar los programas. Esto implica fortalecer los mecanismos de supervisión, transparentar los procesos y garantizar que los recursos lleguen directamente a quienes trabajan la tierra.

Además, subrayó la importancia de diseñar políticas públicas integrales que incluyan a todos los actores de la cadena productiva. Desde los productores hasta los comercializadores.

«cada eslabón debe ser considerado en la construcción de estrategias que permitan fortalecer el sector de manera sostenible»

También destacó que el apoyo al campo no debe limitarse a la entrega de recursos, sino que debe incluir capacitación, acceso a tecnología, financiamiento y acompañamiento técnico. Solo así, dijo, se podrá generar un entorno que favorezca la productividad y la competitividad del campo mexicano.

Los integrantes de los movimientos: El problema del movimiento en Tlaxcala

En cuanto a las movilizaciones que han surgido en el sector agrícola en Tlaxcala, López consideró que el descontento de los productores es legítimo y responde a condiciones económicas adversas que no han sido atendidas de fondo. Las protestas, señaló, son una expresión de la falta de soluciones estructurales y de la creciente presión que enfrentan quienes dependen del campo para subsistir.

No obstante, también advirtió que dentro de estos movimientos existen dinámicas complejas que deben analizarse con cuidado. En algunos casos, explicó, los liderazgos que encabezan las movilizaciones no representan necesariamente a la totalidad de los productores, lo que puede generar tensiones internas y desconfianza dentro del propio sector.

“La realidad es que en estos movimientos sí hay productores, pero también hay quienes encabezan y que no necesariamente representan a todos.”

Señaló que algunos actores han encontrado en estos movimientos una oportunidad para obtener beneficios económicos o políticos, lo que puede traducirse en prácticas como el control de espacios de comercialización o la gestión de recursos a cambio de comisiones. Estas dinámicas, aunque no generalizadas, afectan la percepción del movimiento y pueden debilitar su legitimidad.

«En muchos casos, los que están al frente son los que ya conocen cómo moverse, cómo gestionar apoyos, y terminan tomando decisiones por otros»

A pesar de ello, López insistió en que estas situaciones no deben utilizarse para desestimar las demandas del sector. Por el contrario, consideró que es necesario reconocer la complejidad del problema y atender tanto las causas estructurales como las dinámicas internas que se generan en torno a las movilizaciones.

En este sentido, subrayó que el conflicto no puede reducirse a una confrontación entre autoridades y manifestantes, ni a una discusión sobre competencias institucionales. Se trata de una crisis que involucra factores económicos, políticos y sociales, y que requiere una respuesta integral que vaya más allá de medidas coyunturales.

“Este no es un tema de partidos ni de ver quién tiene la razón entre gobierno y manifestantes; es un problema real del campo que viene de fondo y que no se va a resolver con medidas momentáneas, se tiene que atender de manera integral.”

Finalmente, advirtió que mientras no se atiendan las condiciones de fondo —la falta de rentabilidad, la desigualdad en la competencia internacional y las fallas en la política pública—, el descontento en el campo seguirá creciendo. Lo ocurrido en Nanacamilpa, dijo, es solo un reflejo de una problemática más amplia que, de no resolverse, continuará escalando en los próximos meses.

*** NOTA: Para ampliar la información sobre los diálogos que ha sostenido el Gobierno de Tlaxcala con agricultores, así como conocer las limitaciones señaladas y contar con una postura oficial, se solicitó entrevista con el vocero Antonio Martínez Velázquez; sin embargo, no se obtuvo respuesta.


TE PUEDE INTERESAR TAMBIÉN: Gobierno de Tlaxcala legitima represión a agricultores de Nanacamilpa tras no haber seguido la vía del dialogo