Descubrimiento de un Campo de Adiestramiento del Crimen Organizado
El hallazgo de un campo de adiestramiento del crimen organizado en Teuchitlán, Jalisco, donde se encontraron restos humanos, algunos con indicios de calcinación, generó indignación y movilizaciones en todo el país. Este suceso reavivó la demanda de justicia y la urgente necesidad de atención a la crisis humanitaria provocada por la desaparición de personas en México, problemática que se ha intensificado en las últimas dos décadas.
Respuesta del Gobierno: Reformas a la Ley General en Materia de Desapariciones
Ante la presión social, el gobierno federal propuso una serie de reformas a la Ley General en Materia de Desapariciones y a la Comisión Nacional de Búsqueda. Entre las principales modificaciones se encuentran la creación de un registro forense unificado y la equiparación de las desapariciones con el delito de secuestro.
Sin embargo, estas medidas surgieron tras el polémico manejo del caso por parte de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Jalisco, que revictimizaron a las familias al permitir el acceso de los medios de comunicación al rancho de Teuchitlán, sin la debida sensibilidad ni protocolos de resguardo.
¿Una Reforma Suficiente? La Voz de las Familias
Activistas y especialistas cuestionan si esta reforma realmente atenderá la crisis de desapariciones en México. Jorge Verástegui, cuyo hermano y primo desaparecieron en 2009 en Coahuila, critica la propuesta gubernamental.
Exigencias de las Familias
Cuando se le preguntó qué exigen las familias al Estado, respondió:
«Que cumpla la ley. No necesitamos nuevas propuestas, sino que se apliquen las que ya existen: identificar cuerpos, capacitar a fiscales y castigar a los responsables. Llevamos décadas escuchando promesas sin resultados.»
Un Marco Legal Ignorado
Verástegui recordó que en 2017, tras años de lucha de colectivos y organizaciones de derechos humanos, se aprobó la Ley General en Materia de Desapariciones, que contemplaba la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda y protocolos forenses estandarizados. Sin embargo, su implementación ha sido lenta y obstaculizada por la falta de voluntad política y recursos.
«La ley existe desde 2018, pero el avance ha sido mínimo. Se diseñó para coordinar fiscalías y facilitar identificaciones, pero la realidad es que las autoridades estatales no destinan los recursos ni brindan las capacitaciones necesarias.»
Los Avances y Retrocesos Durante el Gobierno de AMLO
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se crearon la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas, pero su impacto ha sido limitado.
«Al principio hubo avances: se reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda y se destinaron más recursos. Pero con el tiempo, se incumplieron reuniones, se ocultaron datos del Registro Nacional y se desmanteló el Centro Nacional de Identificación Humana.»
Para 2023, el 70 % de las disposiciones de la ley de 2017 seguían sin aplicarse.
La Crisis Forense y el Fracaso en la Identificación de Cuerpos
Otro de los grandes problemas es la crisis forense. La saturación de las morgues y la falta de recursos han llevado a situaciones extremas, como la cremación de cuerpos no identificados, violando la Ley General de Víctimas.
Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, denunció que «quemar restos fue borrar pruebas». Mientras tanto, la Comisión Nacional de Búsqueda acumulaba un año de retraso en la actualización del registro de desaparecidos.
En 2021, el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos reportó que había más de 52 mil cuerpos sin identificar en las morgues. Hoy, según cálculos de colectivos, esa cifra ha aumentado a 90 mil, debido a la falta de protocolos adecuados.
«Las fiscalías son el núcleo del problema. Muchas veces, cuando encuentran un cuerpo, no toman huellas ni ADN. Hay familias que han buscado a sus seres queridos por años, solo para descubrir que sus restos estaban en el Semefo desde el primer día.»
Preocupaciones sobre la Reforma: ¿Ocultar las Desapariciones?
Una de las principales inquietudes de las familias de desaparecidos es que la propuesta gubernamental de equiparar la desaparición con el secuestro sea una estrategia para reducir artificialmente las cifras.
«El secuestro implica pedir un rescate, la desaparición busca ocultar a la víctima. Investigar ambos delitos de la misma manera es un error metodológico. Creemos que buscan manipular las estadísticas: si los desaparecidos se reclasifican como ‘secuestros’, la cifra oficial disminuirá, pero el problema seguirá existiendo.»
Un Anuncio Tardío e Insuficiente
Para las familias y activistas, la propuesta del gobierno llega tarde y parece más una respuesta a la presión social que un verdadero compromiso con la solución del problema.
«Nos preocupa que esta reforma sea solo maquillaje. Si el gobierno realmente quiere resolver la crisis, debe garantizar que las fiscalías hagan su trabajo y que los recursos se utilicen para encontrar a los desaparecidos y dar respuestas a sus familias.»
Verástegui concluye:
«El mensaje del gobierno llegó tarde y sin contundencia. No basta con reformar leyes si no hay voluntad para aplicarlas. Seguimos esperando justicia.»
