Tlaxcala, Tlax. La presidenta de la comisión legislativa de Derechos Humanos, Dulce María Mastranzo Corona (PAN), presentó esta tarde la iniciativa con proyecto de decreto para modificar los artículos transitorios de la Ley de Protección y Atención a Sujetos Migrantes y sus Familias (aprobada en diciembre de 2016), a fin de eliminar que su entrada en vigor en 2018 esté condicionada por el Ejecutivo local y la viabilidad presupuestal para crear el Instituto Tlaxcalteca de Protección y Atención a Sujetos Migrantes.
La diputada panista retomó las peticiones de las organizaciones civiles defensoras de los derechos de las personas migrantes agrupadas en el “Colectivo Por Una Migración Sin Fronteras”, quienes han detallado que la redacción de los artículos transitorios cede a la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) la decisión de decretar la entrada en vigor o no de la Ley de Migración “previa opinión fundada en la que declare financieramente viable la creación y funcionamiento del Instituto Tlaxcalteca de Atención a los Sujetos Migrantes y sus Familias”, elemento central del nuevo ordenamiento jurídico.
Además, de acuerdo al artículo Segundo Transitorio se abrogó en enero de 2017 la Ley de Protección y Atención a Migrantes publicada en 2012, por lo que la Dirección de Atención a Migrantes (DAM), que depende del Despacho del Gobernador, está operando sin el sustento de una norma jurídica ni presupuestal, pues la nueva ley entrará en vigor hasta 2018 según el artículo primero transitorio.
Dulce María Mastranzo señaló que dejar en manos de la SPF la entrada en vigor de la Ley atenta contra los principios de separación de poderes y progresividad, ya que el único facultado para reformar, derogar o adicionar leyes es el Congreso del Estado y no el Ejecutivo.
“Tal como lo manifiestan las organizaciones civiles, ninguna ley debe estar condicionada a la opinión del Poder Ejecutivo para su entrada en vigor”, además de que condicionar su entrada en vigor viola el principio de progresividad, “pues el Estado tiene la obligación de generar en cada momento una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos”, refirió en la exposición de motivos.
Por ello, propuso ante el Pleno Legislativo reformas a los artículos transitorios para que la Ley entre en vigor sin condiciones en enero de 2018, para que se trasfieran los recursos humanos, financieros y materiales de la DAM al Instituto Tlaxcalteca de Protección y Atención a Sujetos Migrantes y la SPF asigne los recursos necesarios, además de la expedición del Reglamento dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Asuntos Migratorios que preside la diputada independiente Yazmin del Razo Pérez; a la de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Ferecho de Niñas, Niños y Adolescentes y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su análisis y dictamen.
