Tlaxala, Tlax. Después de que el Juzgado Segundo de Distrito, con residencia en Tlaxcala, concediera a Pronto la procedencia de un amparo interpuesto contra la prohibición del Gobierno local mediante un acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Estado en diciembre de 2017, esta mañana elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) retuvieron cinco unidades de la empresa tlaxcalteca.
En entrevista, Nydia Cano, una de las representantes de la plataforma digital, señaló que el operativo encabezado por la CES es una “cacería de brujas” que pretende desarticular e intimidar a los conductores y directivos, a pocas horas de que el juzgado aceptara el amparo.
Esta tarde, frente a las oficinas de la CES, cerca de cincuenta conductores pidieron la liberación del conductor y de las 5 unidades. Tras la exigencia, un representante de la comisión de seguridad entabló diálogo con el representante legal de Pronto, a fin de conocer la situación legal de las unidades y el compañero detenido.
Respecto a la declaración del gobernador del Estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, que señaló que la prohibición de la plataforma digital se debía a razones de seguridad; Nydia Cano dijo que cada tres meses los conductores son evaluados en prueba de control de confianza y, antes, siguieron un proceso riguroso de seguridad, a fin de garantizar el servicio en la entidad.
“En lugar de estar prohibiendo a los conductores trabajar y a los jóvenes a emprender en su entidad con esos argumentos, las autoridades deberían dedicarse a de verdad combatir la inseguridad que es real y está en otra parte”, dijo.
Informó que demás promoverán un amparo por omisión legislativa, debido a que el Congreso del Estado no ha presentado una iniciativa que busque proteger una demanda laboral y una petición ciudadana sobre el uso de transporte mediante plataformas digitales, como ha sucedido en el estado de Jalisco.
“El amparo esta sustentado en el artículo quinto constitucional que protege el trabajo y contra el acuerdo del gobierno, porque la función de Pronto no la determina el gobierno del estado, sino un juez federal. Platicamos con cada uno de los conductores y dijeron que todos nos íbamos a morir en la raya, que iban a seguir trabajando porque simplemente no estamos cometiendo ningún ilícito”.
Será el viernes cuando justicia federal resuelva la suspensión que el gobierno del estado ha decretado.
