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En las áreas naturales protegidas de Ecuador, la única amenaza son las personas

  • Los animales silvestres recuperaron los páramos, pero las acciones humanas continúan poniendo en riesgo el bienestar de las reservas

Por Emilia Paz y Miño

“Cuando vine acá por primera vez me dio tristeza. Todo era acequias artificiales construidas por los dueños de la hacienda. Servían para escurrir todita el agua, y así poder tener a sus ovejas y vacas. Era una pena no ver un venado o un cóndor”, recuerda Manuel Simba. Mientras nos guía por un sendero en la Reserva Hídrica Antisana, cuenta cómo el paisaje en esta zona ha cambiado en la última década. “Es un orgullo ahora poder ver venados, curiquingues, bandurrias, cóndores e inclusive lobitos recorriendo el páramo”, dice.

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El páramo del Antisana, al noreste del Ecuador, es una importante fuente de agua para ciudades, como Quito, la capital. Fotografía de Diego Lucero. 

Simba tiene 58 años, el cabello cano y una mirada profunda debajo de unas pobladas cejas. Desde 2015 su trabajo es proteger los páramos, específicamente el del Antisana, entre la provincia de Pichincha y Napo, a unos 100 kilómetros de Quito, la capital de Ecuador. Dice que su amor por la naturaleza surgió en su niñez.

“A mi difunto padre [agricultor] le gustaba conservar sus tierras, no le gustaba erosionarlas. Yo aprendí de sus enseñanzas”.

Ahora, al contar cómo este páramo se está recuperando, sonríe y sus ojos se achinan, infla el pecho debajo de su impermeable chompa azul, y dice que hasta vieron osos y pumas a través de las cámaras trampa.

Hace no tanto, dice Simba, cruzarse con estas especies era casi imposible a pesar de que la Reserva Ecológica Antisana es una de las zonas calientes de biodiversidad más importantes del país. Este espacio es el hábitat de 418 especies de aves, 73 mamíferos y 61 anfibios y reptiles, según el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).

Pero la falta de protección y el abandono de fauna introducida hizo que, por al menos 10 años, algunos de estos animales se desplazaran y dejaran su hábitat.

“El lado occidental [del volcán Antisana] ha sido uno de los páramos más destruidos del Ecuador”, dice Robert Hofstede, biólogo holandés con PhD en ecología de páramos. Por muchísimos años, a lo largo del siglo XX, en el Antisana hubo crianza de ganado. En 2019, el periodista Cristian Corral escribió que en 1977, José Delgado compró “la gran hacienda” llamada Pinantura que albergaba a la reserva actual. En la hacienda de Delgado habrían existido cerca de 20 mil cabezas de ganado.

Pero más de 40 años después, entre 2020 y 2021, las últimas vacas que vivían en este páramo fueron desalojadas. La medida fue parte de un plan de conservación del suelo y las fuentes de agua. Susana Escandón, coordinadora del Programa Áreas de Conservación Hídrica Sostenible del Fondo de Protección del Agua (FONAG), dice que luego de que se retiró el ganado y comenzaron planes de recuperación, la vegetación empezó lentamente a aparecer.

Por siglos, explica Escandón, el páramo albergó a miles de vacas, caballos y ovejas que ejercían una gran presión con sus pezuñas compactando el ecosistema, lo que provocó la erosión del suelo. Además de la erosión, el ganado fue consumiendo la vegetación del páramo. También desplazó a los animales silvestres.

Las especies introducidas casi acaban con este frágil ecosistema.

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Las manadas de caballos silvestres cabalgando por el Cotopaxi no son originarias del Parque Nacional. Fotografía de Nicolás Larco.
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El ganado de las haciendas ubicadas dentro del Antisana fue acabando con la vegetación. Fotografía de Diego Lucero.

El páramo está compuesto por musgos, pajonales y vegetación que simula unas esponjas. Al caminar sobre ellas se hunden y luego vuelven a inflarse lentamente. Los páramos también almacenan una gran cantidad de carbono. Y son importantes fuentes de agua: el reservorio del páramo del Antisana, por ejemplo, abastece de agua a una cuarta parte de la población quiteña. Es decir, a alrededor de 650 mil habitantes, según el Ministerio del Ambiente.

Que la vegetación del páramo esté saludable es clave para lograr el equilibrio ecosistémico, es decir, armonía y estabilidad entre los seres vivos y el lugar donde viven. En la vegetación interactúan microorganismos, insectos, anfibios, animales pequeños como roedores, medianos como venados de cola blanca, lobos de páramo y tapires.

También conviven animales grandes como el puma y osos de anteojos, y animales carroñeros como el cóndor, el halcón o el curiquingue.

Todos son necesarios para mantener el equilibrio. Pero cada vez que el humano introduce animales domésticos hay problemas. Se altera la red trófica, un espacio donde las especies se interrelacionan a través del agua y bajo la luz solar.

Si uno de estos espacios es alterado, hay desbalances. Se crea una cadena de acción y reacción. Si la vegetación desaparece, desaparecen los animales pequeños, luego los medianos y así sucesivamente.

La alteración que causó el humano en el páramo del Antisana no llegó a extinguir todo. Pero sí generó nuevas dinámicas entre los animales introducidos y los silvestres.

Como los animales introducidos llevaban más de 100 años en el páramo, las especies silvestres se acostumbraron a su presencia. Incluso los depredadores silvestres se alimentaban de los introducidos.

Susana Escandón, del FONAG, explica que antes de extraer el ganado temían el impacto; se preguntaron si los depredadores y carroñeros se acostumbrarían nuevamente a comer animales silvestres, o si buscarían entrar a las áreas de las comunidades en busca del ganado.

Los técnicos del proyecto implementado de forma fuerte entre 2020 y 2021 también temían que depredadores como el puma o el lobo y carroñeros como el cóndor no volvieran a comer venado o conejos, su dieta original.

Pero esto no sucedió. Entre esos años los venados, zorros, osos, pumas y cóndores empezaron poco a poco a regresar.

Estos animales no solo han sido retratados por los turistas que se alegran de estar cerca. Cuando el Antisana y Cotopaxi, ambas áreas protegidas, cierran sus puertas a los visitantes, los animales aprovechan para pasear.

Fundaciones como Cóndor Andino han colocado cámaras trampa donde se puede ver pumas, tapires, conejos, venados macho y otros animales que visitan los páramos de estos dos volcanes. Fabricio Narváez, director ejecutivo de la Fundación Cóndor Andino, dice que en los monitoreos sistemáticos de las cámaras trampa han logrado identificar hasta 17 especies que recorren los páramos.

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El cóndor es un ave carroñera que sobrevuela los páramos en busca de comida. Fotografía de Diego Lucero. 
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Los venados ahora ya no huyen de la gente como solían hacerlo. Fotografía de Diego Lucero.

Quitar el ganado no fue el único esfuerzo para que los animales silvestres regresaran. El aumento del control de cacería, a cargo de los guardapáramos y guardaparques; y los programas de conservación, restauración, monitoreo y rastreo constante de animales silvestres, de fundaciones como Cóndor Andino, Jocotoco y Oso Andino, también contribuyeron a esa recuperación.

En el páramo del Parque Nacional Cotopaxi pasaba lo mismo que en el Antisana: la vegetación estaba destruida y las especies silvestres estaban casi ausentes.

Pero los invasores aquí no fueron vacas sino caballos. Las manadas que inicialmente eran parte de las haciendas, y que luego fueron donadas al Parque como un atractivo turístico, mantuvieron el área con poca vegetación. “Comieron mucho y de alguna forma compitieron [por alimento] con los venados”, dice Robert Hofstede.

Los hacendados y visitantes del Cotopaxi se acostumbraron a ver a los caballos silvestres galopando por el parque. Habían estado por tanto tiempo que, cuando el FONAG empezó, en 2016, a retirar todos los animales introducidos del Cotopaxi, Hofstede cuenta que uno de los guardapáramos dijo que debían avisar a la gente de las comunidades cercanas, porque pensaba que los caballos tenían dueños.

De la noche a la mañana quedó la mitad de los caballos, recuerda el biólogo. “Muchos de los que estaban en el Parque eran de dueños privados que los mantenían allá y de vez en cuando los veían”, cuenta.

En el Cotopaxi aún no se ha logrado sacar a todos los caballos. Sin embargo, con la importante disminución, la cantidad de venados aumentó y, con ellos, también los lobos de páramo.

Pero una vez que todos los esfuerzos para que los animales silvestres volvieran a los páramos dieron frutos, los técnicos y fundaciones se encontraron con nuevos problemas: no pudieron prever completamente cómo reaccionarían las personas ante el regreso de los animales silvestres.

El programa de recuperación del ecosistema, de alguna manera, también causó que ahora el humano tuviera más contacto con estas especies.

En el Antisana, los venados ya no se asustan ni salen corriendo al ver a una persona. Observan fijamente y se dejan fotografiar. Incluso con el ruido de los autos casi ni se inmutan; apenas alzan la cabeza.

El biólogo Robert Hofstede dice que esto tiene su lado positivo y su lado negativo.

Al acostumbrarse a los humanos, como al parecer está ocurriendo en el Cotopaxi y el Antisana, los animales ya no los ven como una amenaza. Es bueno porque no huyen y sienten la confianza para quedarse en el lugar.

El lado negativo, explica Hofstede, es que ven al humano como una fuente de comida. Este fenómeno sucede en el Cotopaxi desde hace cerca de tres años. En 2021, cuando visité este Parque Nacional, una pequeña manada de tres lobos parecía que esperaban en el sendero que lleva al volcán a que las personas les dieran comida.

Cuando volví a este lugar en junio de 2023 uno de los trabajadores del parque me contó que ahora también había un lobo que suele estar en la zona del parqueadero y otro en una laguna cercana.

Según Hofstede, este comportamiento es antinatural para los lobos que, por naturaleza, son esquivos y cazan en pequeñas manadas. Lo que sucede en el Cotopaxi, menciona, es un “oportunismo del animal”.

Es decir, el lobo va a preferir esperar a un auto que sabe le dará comida antes de cazar un conejo. Este comportamiento, agrega, es un daño colateral del aumento del contacto con los humanos que se da, principalmente, por el turismo poco controlado.

El turismo permite una interacción entre el visitante y el animal que, recalca el biólogo, no debería existir.

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No todos los animales se dejan ver por los humanos. Venados, conejos y pumas han sido capturados por cámaras trampa colocadas en ambos páramos. Fotografías cortesía de la Fundación Cóndor Andino.

Un lobo de páramo mendigando comida en el parqueadero del Cotopaxi puede ser llamativo para muchos. Pero Hofstede explica que esto es un problema.

Si los animales pierden su conducta natural y luego necesitan sobrevivir en la naturaleza “ya no sabrán cómo cazar”. También menciona que si una generación “aprendió tan pronto eso, puede venir una próxima generación que ya no sea tan mansa, sino agresiva” si no le dan comida.

Es decir, una decisión que parece inofensiva como acercarse y tomarse una foto cerca del animal puede cambiar su conducta natural y marcarlo de por vida.

A lo largo de 2022 cuando los guardapáramos notaron que ya no era solo un lobo el que pedía comida sino cinco, empezaron la campaña “Si vivo me quieres ver. No me des de comer”, que buscaba crear conciencia en los visitantes y desacostumbrar a la pequeña pandilla a esperar comida.

Más allá del pastoreo y la comida express

El ganado, los caballos y la dañina interacción actual entre el humano y los animales del páramo no son las únicas amenazas que enfrentan las especies del Cotopaxi y del Antisana.

La primera amenaza es la agricultura. Al preparar los suelos para cultivar distintos alimentos, los campesinos destruyen las turberas.

Las turberas son reservorios naturales que, además de agua, almacenan materia orgánica —restos de plantas que se degradan y en este proceso botan nutrientes—. Esta materia orgánica evita que los gases naturales salgan a la atmósfera. Los campesinos, para preparar la tierra, hacen canales cerca de las turberas para drenar el agua y remover la tierra. Y así usar esa materia orgánica como abono.

Sin embargo, esta no es la única forma en la que la agricultura afecta al frágil ecosistema de páramo. Otro de los modos para preparar la tierra es quemar el pajonal y dejar listo el suelo para sembrar. Después de sembrar por dos o tres temporadas, los campesinos aran la tierra y la dejan lista para introducir el ganado.

Todas estas afectaciones al suelo provocan erosión y quitan un lugar importante para la pequeña fauna del páramo que es la base de la pirámide ecológica, explica Segundo Chimbolema, investigador del Instituto Biósfera de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

Otra amenaza son los perros ferales. Susana Escandón explica que se denominan ferales porque sus ancestros fueron abandonados por humanos y se quedaron deambulando por las áreas protegidas. Esto cambió su comportamiento de doméstico a silvestre. Estos perros usualmente se juntan en manadas para poder sobrevivir y cazar de esa misma forma.

Al estar en contacto con animales silvestres, estos perros pueden contagiarlos de enfermedades como la rabia. Cristian Cóndor, administrador encargado del Parque Nacional Cotopaxi, cuenta que ya tuvieron un caso de un lobo con rabia y demoraron mucho en tratarlo. Luego de su reintroducción al páramo temían que otros se contagiaran, pero comenta que, hasta el momento no han registrado otro caso.

Muchos de estos perros ingresan a las haciendas y chacras de las comunidades cercanas a comerse las gallinas. Los campesinos, para frenarlos, los envenenan. Cuando las aves carroñeras encuentran el cadáver del perro, lo comen. Y se envenenan también. Una víctima directa de esto ha sido el cóndor andino, ave emblemática del Ecuador cuyas poblaciones están en retroceso desde hace años.

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El páramo del volcán Cotopaxi fue afectado por la gran cantidad de haciendas aledañas. El páramo del lado occidental del volcán Antisana ha sido uno de los páramos más destruidos del Ecuador. Fotografía de Diego Lucero.

Las principales causas de extinción del cóndor son el envenenamiento y la cacería, explica Fabricio Narváez, quien se especializa en investigar esta ave. También dice que entre diciembre de 2018 y 2019, veinte cóndores andinos murieron por envenenamiento “que ni siquiera estaban dirigidos al cóndor, sino al control de los perros”.

Para el control de los perros, Nárvaez dice que desde la Fundación han hecho campañas de esterilización. Pero que es apenas una línea en el gran problema.

Cristian Cóndor dice que en esta zona han implementado jaulas trampa para atrapar a estos perros. Los capturan y envían a los hogares del municipio de Cotopaxi para que ellos los redomestiquen si es que hay probabilidad de hacerlo. Pero si son ferales, la decisión sobre lo que pasará con estos animales la toma directamente el municipio.

Los páramos nunca han estado exentos de la cacería. Manuel Simba dice que antiguamente había “cazadores furtivos” y que han tenido que “luchar bastante contra esto, porque venían a cazar venado y conejo”. Este problema se agravó en la pandemia porque coincidió con un fenómeno que ocurre con los conejos.

Susana Escandón explica que los conejos tienen una temporada de entre tres y cuatro años donde hay una “curva de reproducción” en la que aparecen en grandes cantidades. Pero luego les da una enfermedad que va matando a estos pequeños mamíferos y desaparecen. Después pasan otros tres años y vuelven a aparecer.

Escandón explica que piensan que esta enfermedad pudo haber sido una “que les dio hace muchísimos años por la interacción urbano rural” pero que no saben a ciencia cierta lo que sucede. Hoy están estudiando este fenómeno. En la temporada alta de conejos es cuando la cacería de estos pequeños animales se dispara.

Durante la pandemia, los conejos aparecieron por montones en los páramos del Antisana y del Cotopaxi. La cacería de estos pequeños animales, dice Escandón, está “muy vinculada al ámbito rural donde la gente sale con sus caballos y con sus perros a perseguirlos, caza más de 100 conejos y se los lleva”.

Manuel Simba recuerda que en la pandemia fue “muy duro” en el páramo del Antisana. Del FINAG solo se quedaron dos guardapáramos: él y su compañero Isidro. “Las personas de las comunidades vecinas aprovecharon”, dice en referencia al aumento de la caza.

Simba comenta que “todos los días encontrábamos cuatro o cinco grupos cazando conejos” y lo que hacían era darles una “charlita del tema”, ya que como guardaparamos no pueden retenerlos. También recuerda que no podían llamar a la policía y que estaban solos.

En el Cotopaxi sucedió lo mismo.

Víctor Cumbajín, guardapáramo desde hace 17 años en el Parque Nacional Cotopaxi, explica que en esa temporada de conejos “las personas ingresaron con perros a cazarlos” en lugar de prender fuego a los pajonales para hacer que salgan los conejos como solían hacerlo. Esto lo hicieron para “no alertarnos a nosotros porque si nosotros ya vemos una humareda, ya sabemos que están cazando”. Al igual que Manuel, solo tuvo el apoyo de otro compañero para resguardar las 10 mil hectáreas que tiene el FONAG en el Cotopaxi.

Cuando los conejos desaparecen, como consecuencia natural, la cacería de estos animales también. Actualmente, en comparación a los años anteriores cuando el control no era tan estricto, Cumbajín dice que el tema de cacería se ha ido mermando, pero que aún existe en pequeñas cantidades.

Cristian Cóndor explica que ahora los casos de caza son muy esporádicos, pero que “con el número de hectáreas es muy difícil poder especificar cuántos”. Pues el parque tiene 32.271 hectáreas y cuenta con apenas 19 guardaparques que no solamente tienen que ocuparse proteger las áreas “los compañeros, aquí hacen de todo, albañilería, carpintería, apoyan con el turismo y más”, menciona el administrador. Es decir, el déficit de personal también es un problema que afecta a los animales.

Y las alteraciones del humano a los páramos impactan también a la fauna que vive en ella. Los animales, al no tener una voz, tienen que depender de las acciones del ser humano para poder subsistir. Pero los intentos por preservarlos no parecen suficientes. Al final, la protección de la naturaleza y de las especies silvestres que la habitan cae en manos de quien la destruye.

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Ilustración de Andreina Escala

Esta historia fue publicada originalmente en GK (Ecuador) y es republicada dentro del programa de la Red de Periodismo Humano, apoyado por el ICFJ, International Center for Journalists.


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Alianza empresarial de Tlaxcala pide moderación en tarifas

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Tlaxcala, Tlax. En conferencia de prensa celebrada el lunes 11 de marzo de 2024, a las 9:00 horas en el «Hotel Señorial», la Alianza Empresarial «Tlaxcala nos Necesita Unidos», integrada por COPARMEX, CANACO Tlaxcala, CANACINTRA, CMIC, CANIRAC y la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala, hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales para moderar los aumentos desproporcionados en las tarifas de licencias de funcionamiento.

Durante la conferencia, los representantes empresariales expresaron su preocupación por el incremento excesivo propuesto por algunos presidentes municipales en las tarifas de licencias de funcionamiento, así como por el doble cobro por el dictamen de Protección Civil, tanto a nivel estatal como municipal.

Se señaló, además, la falta de consideración en los trámites y cobros relacionados con anuncios y toldos publicitarios, así como en los permisos exigidos por el Gobierno al sector empresarial.

En este sentido, los empresarios resaltaron que los legisladores que conforman la Comisión de Desarrollo Económico y Finanzas no están cumpliendo con el acuerdo de limitar el aumento de las tarifas de licencias de funcionamiento y servicios al porcentaje de la inflación del año anterior.

Ante esta situación, la Alianza Empresarial solicitó a las autoridades una moderación en los incrementos de tarifas de licencias de funcionamiento, subrayando la necesidad de que este asunto sea abordado con atención y consideración.

Asimismo, instaron a la Coordinación Estatal de Protección Civil y a las direcciones municipales de protección civil a tomar medidas para evitar la doble tributación al empresario por el dictamen de Protección Civil, argumentando que esta situación representa una carga impositiva adicional para las empresas.

Además, los empresarios solicitaron la activación de ventanillas de atención empresarial en dependencias y municipios, con el fin de agilizar los trámites y garantizar una atención oportuna para ambas partes.

Finalmente, enfatizaron que si bien comprenden la necesidad de los estados y municipios de recaudar ingresos para financiar servicios y programas públicos, es fundamental encontrar un equilibrio que promueva el desarrollo empresarial sin imponer cargas excesivas sobre los empresarios locales.

Diferencias en tarifas de licencias de funcionamiento entre municipios de Tlaxcala

En el marco de la regulación municipal sobre las tarifas de licencias de funcionamiento en el estado de Tlaxcala, se observan notables variaciones entre los municipios de Tlaxcala, Apizaco y Huamantla. Estas diferencias responden a criterios particulares de cada localidad y a la diversidad de actividades económicas presentes en sus territorios.

Según la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaxcala, se establece que los propietarios de establecimientos comerciales y de servicios, así como los industriales, están sujetos a distintas tarifas.

Para los primeros, se fija una cuota de 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA), mientras que para los segundos se establece en 200 UMA. Además, se contempla una reducción de hasta el 50 por ciento en las cuotas para aquellos establecimientos ubicados dentro de las comunidades del municipio.

En contraste, Apizaco presenta una estructura tarifaria diferente, en este municipio, los precios de las licencias de funcionamiento varían según el tipo de establecimiento y su actividad económica.

Por ejemplo, las franquicias, cadenas comerciales y empresas nacionales e internacionales deben pagar 1,000 UMA tanto por la inscripción al padrón de industria y comercio como por el refrendo de licencia de funcionamiento.

Asimismo, las fábricas e industrias tienen una tarifa de inscripción de 2,000 UMA y un refrendo de 1,000 UMA. Para los establecimientos de comercio pequeño, la inscripción tiene un costo de 50 UMA, mientras que para los de comercio mediano asciende a 600 UMA.

Por su parte, en Huamantla, los precios de las licencias se dividen en tres zonas (A, B y C), cada una con valores específicos en UMA.

Los estacionamientos en centros comerciales, privados y pensiones de vehículos, las tarifas oscilan entre 140 y 240 UMA en la Zona A, entre 72 y 140 UMA en la Zona B, y entre 12 y 72 UMA en la Zona C, dependiendo de la superficie y el tipo de actividad económica.

Es evidente que las tarifas de licencias de funcionamiento en Tlaxcala varían considerablemente según el municipio y la naturaleza del establecimiento, lo que refleja la diversidad económica y la autonomía administrativa de cada localidad en el estado.


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Alejandra Ezeta: sobrevivir a la violencia del Servicio Exterior Mexicano

Por: Eduardo Cordero 

Hoy vive en Tlaxcala y tiene una microempresa llamada Tequiti. Fabrica coloridas piezas con la técnica de pedal de pie de Contla de Juan Cuamatzi. Años atrás vivió en Washington D.C, sufriendo episodios de violencia. 

“El tema de la violencia doméstica a nadie le importa” fustiga Alejandra Ezeta Begnis, quien estuvo casada con Juan Carlos Lara Armienta, funcionario del Servicio Exterior Mexicano (SEM).

En entrevista para Escenario Tlaxcala, Ezeta relata lo que en reiteradas ocasiones ha denunciado. “Yo tengo acceso a medios, pero cuántas mujeres no tienen acceso a nada”. 

Su caso se ha hecho público en diversos medios de comunicación: 2019 en El Universal, 2023 en Pie de Página y Milenio: durante diez años fue víctima de violencia física y psicológica.  

“Nos separamos. Regresé a vivir a México, no sabía qué hacer. Cuando quise denunciarlo ya había pasado mucho tiempo”, menciona. Tuvo acceso a una pensión durante cuatro años, pero le fue retirada. 

Ha iniciado una denuncia acompañada por la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres (CONAVIM). Después de que tuvo varios cambios de abogada, por fin recibió respuesta a su denuncia. 

En 2023 esa dependencia emitió una carta al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) (oficio CONAVIM/DFTS/645/2023), pidiendo sea atendida la solicitud: sólo ha obtenido silencio. 

A pesar de que la SER anunció en 2019 que México contaría con una Política Exterior Feminista– presentada formalmente en 2020-, una nota de Diana Hernández en Cimac noticias documentó por lo menos tres casos de violencia donde participó personal del SEM.

Mientras Alejandra Ezeta luchaba en juicios para recuperar la pensión, en 2022 Marcelo Ebrar declaró en el día del diplomático y la diplomática mexicana que “hoy día estamos catalogados como el país número uno en política exterior feministas”. 

En ese mismo evento, Juan Carlos Lara Armienta, ex esposo de Alejandra y quien actualmente ocupa el cargo de presidente de la Comisión de Personal del SEM, dijo que ““nuestro servicio exterior debe seguir cambiando hacia adentro (…) con acciones en materia de género que garanticen la igualdad sustantiva en la carrera en sintonía con nuestra política exterior feminista”. 

El funcionario, quien labora en el SEM desde 1998 y ha ocupado diversos cargos – director general de protocolo, director general de la Unidad de Administración y Finanzas-, gozó de inmunidad diplomática cuando Ezeta lo denunció ante la policía en Washington, de acuerdo con lo relatado por la denunciante. 

Así, después de la separación y de intentar reconstruir su vida, Alejandra Ezeta llegó a Tlaxcala hace tres años. “Entre lo que pasó en aquello época y ahora han pasado muchos años”, narra con voz firme. 

Su caso continúa siendo atendido por la CONAVIM, en un país donde- de acuerdo con el Censo Nacional del Gobierno Federal 2023 elaborado por el INEGI-, laboran 1 574 971 personas servidoras públicas en 304 instituciones de la Administración Pública Federal, donde los hombres ocupan el 73.3% de 277 personas titulares de dichas dependencias.


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8M: ¿Quién dentro del Gobierno del Estado de Tlaxcala quiere exhibir a funcionarios y periodistas?

  • 8M 2024: infiltrados exhiben a funcionarios y periodistas

Tlaxcala, Tlax. Durante la marcha conmemorativa por el Día de la Mujer, Escenario Tlaxcala pudo captar el momento preciso en que fueron exhibidos los datos personales de una mujer por un grupo de infiltrados. 

La mujer, al notar que aparecía su nombre completo en una lona, lo notificó a uno de nuestra reporteras. La infiltrada que portaba la lona se identificó como parte de Medusas Sufragistas, sin embargo se salió de ese contingente. 

Mientras tanto, un hombre que utilizaba un pañuelo morado dirigió la colocación de lonas en las vallas puestas alrededor de Palacio de Gobierno.

Al ser cuestionado por la periodista de Escenario Tlaxcala, el hombre procedió a agredirla físicamente, como se ve en el video anexado al final de esta nota. 

Las lonas colocadas por un grupo de personas dirigidas por el embozado citan a: el Secretario de Gobierno, Luis Ramírez; Noé Altamirano, Secretario del Trabajo; y Juan Carlos Sánchez García, ex aspirante al Gobierno del Estado.

También fueron señalados el periodista Edgardo Cabrera, director de Gente Tlx; Virgilio Osorio, del medio TV Mundo Tlaxcala; y Martín Rodríguez, director del medio que lleva su mismo nombre.

Asimismo señalan al periodista Roberto Nava Briones, donde involucran como supuesta denunciante a la mujer que vio su nombre en la lona, y lo advirtió a este medio.

En entrevista, tanto la mujer vulnerada -al ser exhibidos sus datos personales-, como Nava Briones negaron tener un conflicto, demostrando que fue un intento de difamación para ambos. 

Cabe señalar que dichas lonas corresponden a un formato (impresión) que no suele ser ocupado por las grupas feministas, quienes elaboran a mano sus pancartas.

El grupo de personas infiltradas finalizó su encomienda y se retiró. 

Este hecho pone en duda ¿Quién dentro del Gobierno de Lorena Cuéllar quiere afectar a sus compañeros de gabinete? Esto sin duda es algo que se diseñó desde muy adentro del equipo cercano a la Gobernadora, porque las personas mencionadas tienen algo en común: marcados desacuerdos con quien pudiera haber orquestado tal acción que raya en lo criminal. 

 


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8M2024 Tlaxcala: Palacio no fue el único espacio público conquistado

Durante la marcha por la conmemoración del Día de la Mujer, contingentes de madres víctimas de feminicidios y desapariciones, de niños y niñas y mujeres feministas, conquistaron nuevos espacios en la Capital Tlaxcalteca: el Palacio Legislativo y las Escalinatas de los Héroes. 

Al igual que el año pasado, la marcha del 8M en Tlaxcala salió a las 4 de la tarde desde dos puntos distintos ubicados en la capital tlaxcalteca. Uno fue el asta bandera sobre el Boulevard Guillermo Valle y el segundo en el asta bandera ubicado en el punto conocido como “La Vírgen, sobre la Avenida Independencia. 

Ante la estrategia de Gobierno de Tlaxcala por proteger el Palacio de Gobierno con vallas antimotines y con la intimidación de ser reprimidas como en años pasados,  mujeres que salieron del contingente del Boulevard Guillermo Valle decidieron tomar el Palacio Legislativo. 

“La Plaza Juárez también es un espacio para las mujeres, y aquí demostramos que estamos juntas, que se queden con su Palacio de Gobierno.”, dijo firme una vocera del Movimiento 8M en Tlaxcala.

¿Qué hacían tantos hombres dentro la marcha 8M 2024?

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Foto: Escenario Tlaxcala

Este año, la presencia de hombres fue notoria en una manifestación que previamente se había caracterizado por su enfoque separatista. Esto fue confirmado por el boletín de gobierno del Estado posterior a la marcha.

El documento indica que “ se reportó la presencia de grupos de choque entre los que destaca la participación de más de 200 hombres que causaron los daños mayores”. 

Este año las colectivas evidenciaron la infiltración de varones de diferentes edades al decidir ocupar otros espacios públicos, como la Plaza Juárez o la escalinatas de los héroes. Grupos de varones fueron los que protagonizaron la violencia. 

Se observaron hombres solitarios ubicados en las fuentes del centro, capturando imágenes. Es esencial resaltar que, también se registraron individuos lanzando piedras al congreso y golpeando las vallas. 

Finalmente , el equipo de Escenario Tlaxcala documentó a un hombre hablando por teléfono en lo que parecía un intercambio de información, pues iba leyendo las consignas plasmadas en el Kiosko central de la Plaza de la Constitución.

8M ¿Quién dentro del Gobierno del Estado de Tlaxcala quiere exhibir a funcionarios y periodistas?

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Fotos: Dania Corona

Durante la marcha conmemorativa por el Día de la Mujer este 8 de marzo, Escenario Tlaxcala pudo captar el momento preciso en que una mujer fue exhibida con sus datos personales en lonas portadas por infiltrados. 

Al abordarlos, nuestra compañera fue agredida físicamente por un hombre vestido de verde con una pañoleta verde que cubría la mitad de su rostro. 

Sin embargo, pudo captar como el mismo gestionó la colocación de lonas que señalan a funcionarios y periodistas, y posteriormente huyeron de la zona.

La estrategia de gobierno fue centrada en proteger Palacio de Gobierno

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Foto: Ulises Flores

Como cada año, desde la entrada de Lorena Cuellar a la administración estatal, la estrategia de seguridad se centró en la protección de Palacio de Gobierno mediante la colocación de las vallas antimotín que desde el año pasado en este medio documentamos con un costo de $3,953,280.00.

La estrategia de hoy se distinguió por el posible uso de inhibidores de red que impidió las transmisiones en vivo en aproximadamente 24 metros al frente de Palacio.

Además de la posible utilización de inhibidores de drones. Al intentar sobrevolar con nuestro equipo el Palacio, éste presentó fallas.

Además, contrario a lo afirmó el Secretario de Seguridad Ciudadana, sí hubo uso de gas lacrimógeno como el año pasado a través de las vallas. No obstante, se ocupó en menor medida y no fue tan represivo como en años pasados gracias a la estrategia generada por las mujeres organizadas y colectivas feministas que este año buscaron mandar un mensaje de que otros espacios públicos también les pertenecen.

Palacio no es fue el único espacio público conquistado

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Foto: Staff Nierika Images

La estrategia se decidió de último momento, bajo el argumento de que el  Palacio de Gobierno no es el único espacio donde las mujeres pueden manifestar su rechazo ante las diversas violencias que se viven.

Durante la toma del Palacio Legislativo- ubicado sobre la calle Ignacio Allende-,   se hizo un pase lista de aquellas mujeres que fueron víctimas de feminicidio. Al mismo tiempo, sus familiares hicieron uso del micrófono para exigir justicia.  

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Foto: Alain Hernández / Nierika Images

Este recinto gubernamental fue intervenido con mantas, cartulinas y pintas. Finalmente, voceras reafirmaron que todos los espacios públicos pueden ser reivindicados por las mujeres, razón por la que se dirigieron de inmediato a las Escalinatas de los Héroes, donde también se pronunciaron en contra de las estrategias del Gobierno de Tlaxcala  por reprimir la manifestación. 

La sutileza de la nueva estrategia gubernamental pudo verse con la colocación de cámaras de seguridad y de la colocación de vallas, además de la utilización del sistema anti drones que imposibilitó el equipo de Escenario Tlaxcala para obtener imágenes aéreas. 

Previo a la marcha del 8 de marzo: Gobierno de Tlaxcala refuerza seguridad en Palacio de Gobierno

  • Gobierno de Tlaxcala a través de la Secretaria de Infraestructura está trasladando las barricadas que se colocaran esta noche al rededor del Palacio de Gobierno previo a la marcha del 8 de marzo.

Tlaxcala, Tlax. En vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la tarde del 7 de marzo de 2024, el Gobierno de Estado ha intensificado las medidas de seguridad en torno al Palacio de Gobierno en Tlaxcala.

Entre las acciones destacadas, se ha dado a conocer que se están instalando cámaras de vigilancia en la azotea del edificio gubernamental.

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Además, como parte de las labores de mantenimiento y embellecimiento, se ha iniciado un proceso de recubrimiento de las paredes del Palacio de Gobierno y del quiosco ubicado en la plaza central con pintura de cal.

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Estas acciones se suman a las medidas preventivas implementadas por las autoridades locales para garantizar la seguridad y el orden durante la marcha del 8 de marzo, en la que se espera la participación de organizaciones civiles, colectivos feministas y la sociedad en general, en un llamado a la igualdad de género y el fin de la violencia contra las mujeres.

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Secretario de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala asegura que no se repetirá la represión del año pasado en marcha del 8M

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala, Alberto Martín Perea Marrufo, ha afirmado que este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no se repetirán los mismos errores del pasado en relación con el resguardo de las manifestaciones, garantizando así la libertad de expresión.

Por lo que, se ha señalado que se evitará el uso de gases lacrimógenos, gases pimienta, tanquetas antimotines, chorros de agua y demás acciones que en su momento fueron consideradas prácticas indebidas.

Asimismo, se busca un apego total al protocolo establecido para velar por la integridad de todas las personas que participarán en las manifestaciones. En cumplimiento de la normatividad y con base en las recomendaciones de Amnistía Internacional, se han establecido diversos formatos para el actuar policial durante la marcha del 8M.

En esa línea, este protocolo tiene como objetivo principal garantizar la seguridad de todas las mujeres que se van a manifestar y brindar una correcta atención durante la marcha en pro de los derechos humanos.

Alberto Perea, mencionó prestará especial atención a posibles grupos ajenos a la marcha y se establecerán tres zonas denominadas «puntos violetas» en distintos puntos de la ruta de la marcha, donde se brindará apoyo y atención a las mujeres, así como la recepción de peticiones.

Además, Protección Civil, la Cruz Roja Mexicana y diversos paramédicos estarán al pendiente de cualquier emergencia que pueda surgir durante la manifestación.

Según el Titular de SSC, el resguardo de la integridad de las manifestantes es vital, por lo que se implementará un control vial para garantizar su acceso seguro y se prevén 21 cortes a la circulación en el primer cuadro de la ciudad.

Finalmente el Secretario de Seguridad Ciudadana señaló que a través de estas medidas preventivas, se busca que las feministas puedan realizar grafitis y cualquier otro tipo de expresión cultural que garantice la libertad de expresión.

Sin embargo al termino de esta nota, el Gobierno de Tlaxcala a través de la Secretaria de Infraestructura están trasladando las barricadas que se colocaran esta noche al rededor del Palacio de Gobierno.

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Escenario Tlaxcala

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Iniciativa busca derogar el delito de peligro de contagio de personas con VIH

  • La iniciativa busca la despenalización del delito de «peligro de contagio» relacionado con el VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS).

Tlaxcala, Tlax. La mañana de este martes 5 de marzo de 2024, la diputada priista Diana Torrejón Rodríguez, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, presentó una iniciativa solicitando la derogación del artículo 302, y del artículo 434, ambos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en materia de peligro de contagio.

En su exposición de motivos, la diputada mencionó que esta iniciativa busca dar voz a diversas asociaciones civiles y colectivos, como la «Red Mexicana de Personas que Viven con VIH-SIDA«, la Coalición Mexicana LGBHTI+, el Colectivo LGBTTI+ Tlaxcala, entre otros, que coinciden en la necesidad de implementar este proyecto.

La iniciativa argumenta que la tipificación del delito de peligro de contagio en el Código Penal de Tlaxcala viola varios principios legales y derechos humanos. Se señala que la falta de claridad en la definición de los elementos del delito, como «enfermedad grave o incurable» y «periodo infectante», genera incertidumbre jurídica.

Además, se argumenta que la penalización de este delito vulnera el principio de legalidad y el principio de mínima intervención del derecho penal.

Se hace referencia a la Declaración de Oslo sobre la Criminalización de la Transmisión de Enfermedades, que aboga por enfoques educativos y preventivos en lugar de la criminalización, y se menciona la necesidad de actualizar la legislación en concordancia con los avances científicos y los derechos humanos.

La iniciativa propone la derogación de los artículos mencionados y su correspondiente publicación en el periódico oficial del gobierno del Estado de Tlaxcala.

Se espera que esta medida contribuya a promover políticas públicas que fomenten la prevención, la educación y el apoyo a las personas que viven con VIH, luchando así contra la estigmatización y la discriminación.

La propuesta busca alinearse con acciones similares realizadas en otros estados, como Nayarit, Ciudad de México y Colima, que reconocen la necesidad de un marco legal más inclusivo y respetuoso de los derechos humanos en materia de VIH.

Posicionamiento de la CEDH sobre la iniciativa de derogar el delito de «peligro de contagio»

En entrevista para Escenario Tlaxcala, Jakqueline Ordoñez Brasdefer, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, expresó su opinión respecto a la iniciativa de derogar el «peligro de contagio»:

«Los argumentos a favor de la derogación se basan en el respeto a los derechos humanos, la necesidad de legislaciones basadas en evidencia científica, y el impacto negativo que tales leyes pueden tener en la salud pública y en la estigmatización de personas con enfermedades transmisibles como el VIH».

Agregó que «los esfuerzos legislativos en esta área deben equilibrar cuidadosamente la protección de la salud pública con los derechos individuales y la promoción de entornos no discriminatorios para las personas que viven con enfermedades transmisibles».

Respecto a cómo esto puede beneficiar a las poblaciones con VIH, la presidenta de la CEDH señaló que «la derogación de las leyes que penalizan el ‘peligro de contagio’ de enfermedades como el VIH puede tener beneficios significativos para las personas afectadas, incluyendo la reducción del estigma social, mejor acceso a pruebas y tratamiento, alineación con estándares de derechos humanos, incremento en la utilización de servicios de prevención, mejoras en la salud pública y un avance hacia una justicia social más equitativa».

En cuanto a los grupos de mujeres con VIH, considerando que algunas se contagian por culpa de sus parejas y sus malas prácticas sexuales fuera de casa, Ordoñez Brasdefer destacó que «es fundamental abordar el VIH desde un enfoque de no discriminación y con sensibilidad de género. Las mujeres a menudo enfrentan barreras únicas en el acceso a la información y el tratamiento del VIH debido a desigualdades estructurales, estigma y violencia de género».

Asimismo, sobre las zonas de contagio, la presidenta de la CEDH aclaró que los datos sobre la prevalencia del VIH y las áreas más afectadas son proporcionados por la Secretaría de Salud o instituciones como el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA (CENSIDA), que realiza un seguimiento de los patrones de transmisión y trabaja en programas de prevención y control.

Finalmente, en relación a los «cuartos oscuros», la presidenta de la CEDH comentó que «son espacios que pueden encontrarse en algunos clubes nocturnos o bares, conocidos por ser lugares donde se pueden tener encuentros sexuales de manera anónima.

Desde una perspectiva de salud pública, los cuartos oscuros pueden ser considerados zonas de alto riesgo para la transmisión de infecciones de transmisión sexual (ITS), incluido el VIH, debido a la posibilidad de prácticas sexuales sin protección y el anonimato que puede impedir el rastreo y notificación de parejas en caso de transmisión de ITS».

Delito de peligro de contagio: Violencia hacia grupos con VIH

El pasado 9 de enero de 2024, el Congreso de la Ciudad de México aprobado la despenalización del delito de «peligro de contagio» relacionado con el VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS).

Durante años, una de las críticas sociales más relevantes en torno a las ITS ha sido la tendencia a señalar a las personas por poner en riesgo la vida de otros.

Esta creencia estaba respaldada por disposiciones del Código Penal de la CDMX, que permitían la denuncia por peligro de contagio, castigando a personas con VIH o ITS con hasta 10 años de prisión.

Estas prácticas violentas atentan contra la salud de las personas. Dichos actos representan herramientas de dominación que reflejan manifestaciones de machismo, homofobia, transfobia y misoginia, especialmente dirigidas hacia cuerpos feminizados y no heteronormativos.

Una de las principales resistencias a la eliminación de esta ley radica en el temor de que los delitos de abuso sexual y contagio deliberado queden impunes.

Sin embargo, es importante aclarar que el VIH y las ITS son condiciones médicas, no delitos, mientras que las prácticas violentas continúan siendo consideradas como tal bajo otros marcos legales.

Finalmente, de acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cualquier conducta de odio que sea violenta, cruel, hostilizante o intimidatoria constituye un delito.

Esto nos lleva a cuestionar por qué el sistema se enfocó en criminalizar a las personas con VIH en lugar de abordar el sistema de odio y misoginia subyacente.


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Protección Civil y Seguridad Pública controlan fuga de gas LP en Tepetitla

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Tepetitla, Tlax. En una rápida y eficiente acción coordinada, las autoridades de Protección Civil y Seguridad Pública han logrado controlar una fuga de gas LP en la comunidad de Guadalupe Victoria. Afortunadamente, el saldo de este incidente fue blanco y no se reportaron víctimas ni daños mayores.

El incidente se originó por la tarde, cuando residentes de la comunidad alertaron a las autoridades sobre un fuerte olor a gas cerca de la zona residencial. De inmediato, el equipo de emergencia de Protección Civil y personal de Seguridad Pública se desplazaron al lugar para atender la situación.

Tras una exhaustiva inspección, se detectó que la fuga provenía de un tanque de gas que habia sido cargado por una pipa de gas LP no autorizada. Las autoridades tomaron medidas inmediatas para controlar la situación y garantizar la seguridad de los habitantes.

Protección Civil aprovechó la ocasión para recordar a la población la importancia de adquirir gas LP únicamente a través de distribuidores autorizados y evitar el uso de pipas clandestinas. Este tipo de prácticas no solo representan un riesgo para la seguridad pública, sino que también pueden provocar accidentes graves y poner en peligro la vida de las personas.

Gracias a la rápida intervención de las autoridades y a la colaboración de la comunidad, se logró evitar que la fuga de gas LP se convirtiera en un incidente de mayores proporciones. Se exhorta a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil y a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el manejo irregular de materiales peligrosos.

Angélica Domínguez pierde concesión de CORACYT y deja fuera del aire a la televisora de Tlaxcala

  • A menos de un año de haber asumido el cargo como Titular de la CORACYT, Angélica Domínguez, deja fuera del aire a Tlaxcala Televisión

Tlaxcala, Tlax. El día de ayer lunes, usuarios reportaron que no podían sintonizar la programación de Tlaxcala Televisión, y desconocían si era una falla en la televisora o de sus dispositivos.

Sin embargo, esta falla es consecuencia de la gestión de Angélica Domínguez, titular de la CORACYT, quien no regularizó la concesión de la señal XHTLX, resultando en la pérdida de derechos en las repetidoras de Tlaxcala y Apizaco.

Asimismo desde 2021 Tlaxcala Televisión tenía problemas con su concesión y no tendría prórroga en la concesión de Apizaco. Sin embargo, Apizaco fue incluido en el plazo especial del Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias (PABF) 2022.

En es mismo año el PABF incorporó también las otras cuatro ciudades donde hay repetidoras de televisión que son Calpulalpan, Huamantla, San Pablo del Monte, y Tlaxcala de Xicohténcatl.

El Instituto Politécnico Nacional solicitó el canal, a pesar de que se confeccionó la inclusión de estas ciudades en el PABF para dar continuidad a las transmisiones de Tlaxcala Televisión. Sin embargo, CORACYT no tramitó a tiempo la prórroga.

Por su parte, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), tras la aprobación del PABF 2024, que se encargó de determinar las frecuencias y las bandas de frecuencias de espectro determinó que las concesiones de CORACYT serán objeto de licitación, o podrían asignarse directamente.

Es así que la concesión perdida por Angélica Domínguez, pasaría a Canal Once, a quien desde 2022 se había anunciado que se le otorgarían doce concesiones más, quien junto al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), persiguen una doble red de televisión pública nacional.

A pesar de los grandes esfuerzos de Angélica Domínguez, que consistió en una simple llamada telefónica y un equipo legal que trabajaba en no perder la concesión, se perdió la transmisión de Tlaxcala Televisión.

En la misma línea, CORACYT deberá buscar que se le otorgue una nueva concesión, algo prácticamente imposible, ya que el IPN, cuenta con preferencia federal, según el Artículo 56 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ya que es dependencia del Ejecutivo Federal.

Este artículo podría garantizar que el IPN recibirá la concesión, aún si el Gobierno del Estado hubiera tramitado el canal, el IFT está obligado por la ley a otorgarlo al IPN.

De esta manera luego de 36 años de transmisión ininterrumpida desde su creación, Tlaxcala Televisión pierde sus derechos de transmisión en Tlaxcala y Apizaco, a consecuencia de la mala administración realizada por Angélica Domínguez.


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Cómo los activistas por la justicia energética están reclamando poder real

Comunidades en California y Puerto Rico rechazan el monopolio de la energía privada y buscan devolvérsela a la gente

Texto y fotos de Brooke Anderson

Una mañana fría en el bosque en Cazadero, California, Nikola Alexandre carga nafta en su generador Predator 2000. Prende el botón y tira de la cuerda. El generador comienza a hacer un ruido que se establece rápidamente en un zumbido.

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Miembros del Colectivo Shelterwood, una organización de defensores de la tierra y gestores culturales indígenas, negros y queer que administran 900 acres de bosque en el norte de California. Fotos por Brooke Anderson

“Nuestra conexión con el mundo exterior es por satélite: si no hay electricidad, no hay internet”, explica Alexandre. Él y otros miembros del Shelterwood Collective se quedaron sin electricidad durante dos semanas a principios de 2023, cuando las tormentas azotaron California. “Poníamos en marcha el generador dos o tres horas al día para comunicarnos con el mundo exterior y que la gente supiera que estábamos bien”.

“Bromeamos diciendo que fue la peor-mejor tormenta de nuestras vidas. Los desastres sólo van a empeorar, pero nuestra autonomía y capacidad de respuesta sólo van a mejorar”, afirma Alexandre. “Esperamos que, a medida que construyamos esta microrred, no dependamos tanto de Pacific Gas and Electric (PG&E), en verano, cuando cortan la luz por los incendios, ni en invierno, cuando los árboles caen sobre las líneas eléctricas. Pasaremos de ser una comunidad vulnerable a una más independiente y soberana en la forma de producir y utilizar nuestra energía”.

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Nikola Alexandre enciende un generador en Shelterwood, una comunidad queer y trans de color en Cazadero, California. Foto por Brooke Anderson.

Shelterwood Collective es un colectivo indígena, negro y queer de protectores de la tierra y defensores culturales que administra 364.218 hectáreas de bosque en el norte de California. Forma parte de un creciente número de organizaciones y localidades que intentan quitarles el control de su futuro energético a empresas gigantescas, sucias y peligrosas como PG&E, la mayor empresa de servicios públicos de Estados Unidos, y poner las decisiones sobre la producción, distribución y uso de la energía en manos de las comunidades más afectadas. Para Shelterwood y otros, una forma de hacerlo es construyendo microrredes solares gestionadas por la comunidad.

PG&E es propiedad de sus inversores. Presta servicio a unos 16 millones de personas a lo largo de 181.300 kilómetros cuadrados en el centro y norte de California. Como entidad privada con fines lucrativos, cuyos accionistas tienen garantizada una tasa específica de rendimiento de la inversión, PG&E suele renunciar a gastar en medidas esenciales para proteger la salud humana y del ecosistema. Esto ha provocado incendios forestales catastróficos, explosiones mortales, cortes de electricidad a millones de personas, una escalada de los precios, la expansión de proyectos de energía sucia y una vehemente oposición al movimiento de ir hacia energías renovables controladas por las comunidades, que cada vez es más popular.

Sus consecuencias han sido especialmente devastadoras para las comunidades indígenas, negras y marrones, discapacitadas, ancianas, pobres, trabajadoras y rurales.

En 2010, la negligencia de PG&E provocó una explosión en San Bruno, California, que abrió un agujero en una gran ciudad y mató a ocho personas. En 2018, la red eléctrica en ruinas de PG&E provocó un incendio que arrasó Paradise, también en California, matando a 85 personas y quemando 14.000 hogares. Año tras año, los megaincendios masivos ―los incendios de Dixie, Tubbs, Zogg y Mosquito, cada uno de los 10 incendios más importantes de la historia de California― han sido causados por PG&E, o PG&E ha estado en el centro de las investigaciones y los acuerdos que rodean los incendios. La empresa ha admitido cierta culpabilidad, hay investigaciones en curso, se han llegado a acuerdos sin admisión de culpabilidad y el reloj sigue corriendo en algunos procedimientos judiciales.

La empresa ha recuperado sus pérdidas de estos incendios aumentando los gastos de los contribuyentes, que ya pagan unas de las tarifas más altas del país. Además, en lugar de llevar a cabo las reparaciones de infraestructuras pendientes desde hace tiempo para minimizar los incendios forestales, PG&E ha tratado de limitar su responsabilidad en futuros incendios mediante la institución de apagones durante la temporada de incendios forestales, dejando a millones de personas en todo el estado sin electricidad, con poca planificación para proteger a las comunidades que dependen de la energía para vivir.

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Marcha de “Reclaim our Power” (Reclamar nuestro poder) en la puerta de la sede de San Francisco de PG&E, diciembre 2019. Foto por Brooke Anderson.

Acceder a un servicio ininterrumpido es especialmente importante para personas con discapacidades.

“Esta semana en la bahía hay personas mayores y con discapacidades con problemas para respirar, moverse, comer y mantenerse vivas”, dijo la activista con discapacidad ya fallecida Stacey Park Milbern en una marcha en la puerta de PG&E durante un apagón en 2019. “Un amigo está sin nebulizarse, una vecina no tiene dónde poner la insulina, otra está encerrada en la casa porque requiere de electricidad para abrir su garage”, enumeró. “Hay gente tirando comida sin saber cuándo van a tener dinero para volver a comprarla, hay gente ciega cruzando la calle sin señales audibles, hay gente manejándose en lenguaje de señas sin luz, algo muy difícil”.

“Requiero equipo médico de soporte vital,” siguió. “Por 16 horas al día. Mi médico completó un extenso papeleo explicando a PG&E por qué necesito de energía para vivir. Cuando llamé a PG&E estuve en espera durante dos horas. No había recibido ningún aviso de PG&E pero mi casa aparecía en cuatro mapas diferentes como sin suministro eléctrico. Mi vida no importa para ellos”.

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Stacey Park Milbern, activista por la justicia de las personas con discapacidad que falleció en 2020, se dirige a una multitud frente a la sede de PG&E en San Francisco, California. Foto de Brooke Anderson.

A pesar de estar abandonados por PG&E durante los incendios forestales y los cortes de electricidad programados, los activistas con discapacidad formaron redes de ayuda mutua para sobrevivir: fabricaron filtros para ventiladores, distribuyeron máscaras KN95, consiguieron generadores y hielo y contrataron habitaciones de hotel para quienes necesitaban electricidad.

Aunque las consecuencias son especialmente duras para las personas con discapacidad, que durante mucho tiempo han sido marginadas en las conversaciones sobre política energética, las comunidades de todo el mundo están reconociendo que si necesitamos energía para vivir, esa energía no puede estar controlada por una empresa monopolística con ánimo de lucro.

Por el contrario, las decisiones sobre la producción, distribución y uso de la energía deben ser tomadas por las personas que más se juegan en ellas.

La democracia energética es la lucha para que la energía deje de ser un recurso centralizado y mercantilizado por las empresas y se convierta en un recurso compartido, descentralizado y democratizado, resistente y redundante, en consonancia con la salud de los ecosistemas locales y que satisfaga las necesidades de los trabajadores y las comunidades. Es un pilar clave de una plataforma de transición justa más amplia.

“Todo el mundo teme que una empresa de Wall Street pulse un botón rojo para apagar o encender la luz”, afirma Pete Woiwode, codirector de la campaña Reclaim Our Power: Campaña por la Justicia en los Servicios Públicos.

“¿Qué pasaría si las personas que toman las decisiones fueran las que son más vulnerables en estos escenarios? La energía puede ser un proceso mediante el cual pongamos fin a generaciones de horribles injusticias y situemos nuestras vidas, medios de subsistencia y ecosistemas en el centro”.

Cada vez más exasperados con las empresas de servicios públicos, los sobrevivientes de incendios, las comunidades de justicia medioambiental y las personas con discapacidad crearon Reclaim Our Power para organizarse en favor de las energías renovables, la propiedad pública y el control comunitario.

Han pedido en repetidas ocasiones al gobernador de California Gavin Newsom que denegara el certificado de seguridad de PG&E, o lo que los defensores han denominado la “licencia para quemar” de PG&E. La organización hermana de Reclaim Our Power ―Local Clean Energy Alliance― fue esencial en la creación de agencias de energía de elección comunitaria en todo el estado, que pusieron la decisión sobre dónde adquirir energía en manos de las comunidades locales.

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Pete Woiwode, codirector de Reclaim Our Power, dirige los cánticos en una acción frente a unas instalaciones de PG&E en 2023. Foto de Brooke Anderson.

Mientras Reclaim Our Power trata de despojar a PG&E de su control sobre la energía en California, la coalición está plantando las semillas del futuro energético apoyando a un grupo de comunidades locales en el diseño y construcción de sus propias microrredes solares. La idea es sencilla: para controlar eficazmente el sistema energético, la gente necesita practicar.

Este grupo incluye a inmigrantes afectados por los incendios en el condado de Sonoma, estudiantes negros de secundaria en East Oakland, ancianos inmigrantes en Oakland Chinatown y personas queer y trans de color que actúan como administradores de la tierra en Shelterwood. Hasta ahora, 10 organizaciones han aprendido sobre el sistema energético, sus propias necesidades de consumo y la tecnología emergente.

Para algunos en este grupo, como los miembros de Shelterwood, controlar su energía es fundamental.

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Joan Lora revisa un tanque de propano perjudicado por un árbol caído durante las tormentas de invierno de 2023 en California del Norte. El árbol debería haber sido retirado por PG&E, pero nunca lo hizo. Foto por Brooke Anderson. 

“Shelterwood pone en el centro a las personas queer y trans en la ecología. Significa mucho, sobre todo en una comunidad en la que se nos margina o se nos obliga a ir a las ciudades para protegernos”, dice Layel Camargo, cofundadora y codirectora ejecutiva de Shelterwood, y organizadora y trabajadora cultural trans indígena (yaqui y mayo del desierto de Sonora). “Le estamos devolviendo la tierra a nuestra gente”.

Pero Shelterwood está en el corazón de la zona de incendios forestales del norte de California, explica Camargo. Cuando hace calor y viento, PG&E corta la luz sin avisar. Esto es un problema para Shelterwood, que se encuentra fuera del servicio de telefonía móvil y depende de la electricidad para alimentar los teléfonos por satélite. Shelterwood también depende de la electricidad para su alojamiento, cocina, centro de retiros, teléfonos, luces, internet, vehículos eléctricos y herramientas eléctricas.

“Las comunidades rurales están realmente en manos de estas compañías energéticas monopolizadas. En caso de emergencia, sin electricidad, no podríamos llamar al 911. No habría forma de obtener información sobre una evacuación”, dice Camargo. “La mejor manera de sobrevivir aquí fuera, y de mantenernos ecológicamente alineados, es tener el mayor control posible de nuestros servicios públicos”.

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Layel Camargo (izquierda) y Nikola Alexandre (derecha) entre los montones quemados en Shelterwood en mayo de 2023. Los administradores de tierras realizaron quemas controladas (para evitar la propagación de incendios forestales) en sus tierras. Foto de Brooke Anderson.

Para Shelterwood, construir su propia microrred no es sólo práctico, sino también político.

“Cuando me enteré de las acusaciones por homicidio involuntario contra PG&E tras los incendios, sentí que mi responsabilidad era depender lo menos posible de una empresa cuyos valores no están alineados con los míos”, dice Camargo.

Además de la energía solar, Shelterwood está instalando una microrred hidroeléctrica. Se utilizará en invierno, cuando el sol es menos abundante pero el agua fluye por los arroyos, riachuelos y barrancos de sus tierras, a veces hasta 94.64 litros por minuto.

Insurrección energética

California no es el único lugar que está construyendo microrredes como parte de un nuevo futuro energético. Puerto Rico ha importado tradicionalmente la mayor parte de su energía, lo que significa que es más intensiva en combustibles fósiles y más cara. Importar energía también hace que el archipiélago sea más vulnerable a la escasez y los cortes de energía en tiempos de desastre.

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Arturo Massol Deyá, de Casa Pueblo en Adjuntas, habla de su trabajo para construir una “insurrección energética” en Puerto Rico. Foto de Brooke Anderson.

Cuando el huracán María azotó Puerto Rico en septiembre de 2017 dejó sin electricidad a la mayor parte de la isla. La localidad de Adjuntas fue una de las últimas a las que llegó la FEMA (Agencia Federal de Gestión de Emergencias), un mes después del paso del huracán.

Antes de la tormenta, los 45 paneles solares de Casa Pueblo, un centro comunitario de Adjuntas, parecían una rareza. Pero de repente, sin electricidad en la isla, Casa Pueblo se convirtió instantáneamente en un “oasis energético”. Llegaron personas de toda la isla para almacenar medicamentos refrigerados, enchufar sus equipos respiratorios y cargar sus teléfonos móviles.

Casa Pueblo distribuyó 14.000 linternas solares a los residentes, reduciendo el riesgo de incendio por la luz de las velas y la vulnerabilidad de los ancianos. Equipó 10 hogares con energía extra para diálisis y pequeños frigoríficos para insulina y antibióticos.

Con su energía solar instalaron un teléfono público por satélite, y la gente hizo fila para ponerse en contacto con sus familiares. También grabaron mensajes de un minuto para que los residentes los transmitieran desde su emisora de radio solar.

Tras el huracán, Casa Pueblo construyó la primera microrred comunitaria de la isla. Equipó con energía solar otras 150 viviendas, instaló 50 frigoríficos de tamaño normal en viviendas alimentadas con energía solar y suministró energía a una barbería, dos ferreterías, un centro agrícola, dos residencias de ancianos, el parque de bomberos, un restaurante, una pizzería, cinco mini mercados, un cine solar, la torre de transmisión de la emisora de radio, la escuela primaria y una farmacia, entre otros.

“Todo el mundo tiene derecho a la energía, no sólo los que pueden pagar o financiarla”, afirma Arturo Massol Deyá, director ejecutivo de Casa Pueblo.

Para estos hogares y empresas, la energía solar solía ser la fuente de energía de reserva. Ahora, la principal empresa privada de servicios públicos de Puerto Rico, PREPA (Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico), es el respaldo. Las facturas de energía de los usuarios de energía solar de Adjuntas han bajado de 85 dólares al mes con PREPA (combustibles fósiles) a 5 dólares al mes con energía solar. Casa Pueblo trabaja ahora para llevar a Adjuntas baterías de coche usadas de “segunda vida” que sirvan de almacenamiento solar.

“La energía es la capacidad de hacer trabajo. No disfrutamos de la riqueza obtenida de nuestro trabajo. Una forma de descolonizar Puerto Rico es en términos prácticos: crear independencia energética. Podemos ser productores, no consumidores. No necesitamos carbón ni gas. Tenemos sol y viento”, dice Massol Deyá. “Estamos llamando a una insurrección energética. No vamos a esperar al Gobierno. Vamos a desenchufarnos nosotros mismos”.

Llevando independencia energética al continente

La “insurrección energética” de Puerto Rico es una inspiración para muchos activistas estadounidenses de la democracia energética, pero especialmente para Selena Feliciano, puertorriqueña y coordinadora nacional de campañas del Proyecto Democracia Energética.

“Tengo raíces taínas [los pueblos indígenas de Puerto Rico] en mi familia. El indigenismo entiende que la energía no son los cables, ni la tecnología. Es el sol. Es lo que nos conecta y nos mantiene en marcha. Sólo en los últimos 150 años hemos equiparado energía con infraestructura”, dice Feliciano. “El pueblo de Puerto Rico se ha mantenido firme en honrar la tradición de la energía más allá de la tecnología, y como base de la resistencia”.

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Selena Feliciano, coordinadora nacional de campaña del Proyecto Democracia Energética, reparte materiales en una acción frente a una instalación de PG&E el 7 de marzo de 2023, mientras Nyah Tisdell, organizadora de la Alianza Local por la Energía Limpia, observa. Foto de Brooke Anderson.

El Proyecto Democracia Energética es una colaboración de 40 organizaciones de Estados Unidos para impulsar la democracia energética. Sus miembros se encuentran desde Alaska hasta San Juan de Puerto Rico, y desde Jackson (Misisipi) hasta el sur del Golfo.

Será necesario un cambio político a escala estatal para desmantelar las empresas privadas de servicios públicos como PG&E y para impulsar una transición energética definitiva. Hasta llegar a ese punto las microrredes como las de Shelterwood y Casa Pueblo aportan mejoras concretas en la vida de las personas, fomentan la familiaridad con la tecnología, llevan el debate a los hogares, permiten practicar el autogobierno in situ y despiertan la imaginación política sobre un futuro energético más allá de las empresas privadas de servicios públicos.

“La democracia energética depende de la toma de decisiones de la comunidad, pero si esta no conoce la tecnología disponible o no sabe que una alternativa es posible, es difícil organizarse en torno a ella”, añade Feliciano. “Por eso son tan importantes estos primeros pasos: que la gente experimente por sí misma estas posibles configuraciones y soluciones”.

“Las microrredes apuntan a hacer las cosas de otra manera. Crea una opción real entre PG&E y esta otra cosa que hemos construido. Es un mundo por el que la gente puede luchar, y está a nuestro alcance”, afirma Woiwode. “Sin embargo, ninguna tecnología, microrredes incluidas, es la respuesta a la verdadera democracia energética. Si un campus de Google, una refinería de Chevron y una cárcel utilizaran tecnología de microrredes, pero lo hicieran de forma que no perturbara activamente la estructura racista, extractiva y antidemocrática de nuestro sistema actual, no estaríamos más cerca del futuro energético que todos necesitamos”.

Una transición justa en el sector energético no es una mera cuestión de tecnología ―sustituir el carbón, el gas “natural” o la energía nuclear por energía solar, eólica o hidroeléctrica―, sino más bien una lucha política sobre quién gobierna las decisiones acerca de los recursos necesarios para alimentar nuestras vidas. Como el doble sentido del nombre de Reclaim Our Power, no se trata sólo de energía eléctrica, sino también de poder político.

“No se trata sólo de los postes, los cables y la tecnología. Se trata de los puntos de decisión en la vida de la gente”, dice Woiwode.

Según los activistas de la democracia energética, lo que define la democracia energética es la lucha colectiva contra esos puntos de decisión. Desenchufarnos, como pide Massol Deyá, no significa que todos actuemos como individuos. Más bien, son las relaciones entre microrredes las que hacen que el sistema sea resistente y redundante. La descentralización sin democratización sólo exacerbaría las desigualdades existentes.

“Nuestra visión no es que todo el mundo agarre sus cosas y se vaya a casa a unidades autónomas de distribución de energía. La soberanía energética no significa salirse, esfumarse, y que los blancos ricos desaparezcan del sistema. Tiene que haber un tejido conectivo”, afirma Woiwode. “Lo que queremos es un mosaico de comunidades interconectadas, como el bosque”.

El movimiento por la justicia energética no pretende simplemente reformar la actual estructura de gobierno de nuestro sistema energético, que es propiedad de los accionistas. No es un llamamiento a una PG&E o PREPA más amable, más gentil y ligeramente menos mortífera. Es más bien un reconocimiento de cómo la privatización y el cercamiento de la energía nos han alejado de los ciclos regenerativos de la Tierra. Es una invitación a restablecer nuestra relación con la energía y con los demás. Es un recordatorio de que hay energía suficiente para todos cuando podemos tener una relación reflexiva y receptiva con el lugar y los sistemas vivos de la Tierra. Es una corrección del rumbo que devuelve la gobernanza al nivel de mayor impacto, de modo que las decisiones no las tomen unos pocos hombres con MBA, escondidos en oficinas corporativas, sino las personas de las comunidades cuyas vidas se ven más afectadas por las decisiones difíciles en tiempos precarios. Es una oportunidad para practicar el autogobierno radical de pueblo a pueblo.

Como aprendieron trágicamente los residentes de Lahaina, Maui, el pasado agosto: cuando se intensifican los desastres climáticos se revelan aún más las fallas y fracturas de nuestro actual sistema energético que quema combustibles fósiles en un lugar y transmite esa energía a través de grandes extensiones de tierra. Pero los activistas de base están construyendo sobre el terreno modelos del tipo de sistemas energéticos renovables, asequibles, interconectados y gobernados por la comunidad que necesita la democracia energética.

BROOKE ANDERSON es una fotógrafa y fotoperiodista independiente que vive en pueblo Ohlone, en Oakland, CA. Su trabajo más reciente se puede encontrar en YES! Magazine, Teen Vogue y En estos tiempos. Cubre movimientos sociales por la justicia climática y el poder de los trabajadores. Es una orgullosa miembro del Gremio de Trabajadores de Medios del Pacífico, CWA 39521, AFL-CIO.

Este reportaje se realizó en el marco de una beca de reportaje sobre Transición Justa del Proyecto de Justicia y Ecología de Movement Generation.

Esta historia fue publicada originalmente en Yes Magazine (EE.UU.) y es republicada dentro del Programa de la Red de Periodismo Humano, Edición 2024, que cuenta con el apoyo del ICFJ, International Center for Journalists.