Una de las condiciones propias de la convivencia humana es el desacuerdo. Aunque parezca paradójico, también puede ser una ocasión para el encuentro y el intercambio de ideas. Bajo ciertas condiciones, es posible convivir incluso en la divergencia.
Sin embargo, en buena parte de nuestras conversaciones parece más importante, antes de escuchar, saber de qué lado está alguien para etiquetar a las personas de acuerdo con aquello que creemos saber sobre ellas. Creemos conocer a la persona antes de conocerla.
La persona convertida en etiqueta
¿Por qué necesitamos saber primero qué es alguien antes de escucharlo?Etiquetar a las personas funciona como una economía del juicio: nos evita el esfuerzo de encontrarnos con la complejidad lo que implica un ser humano. No tenemos que escuchar lo que dice porque suponemos, de antemano, su posición e inmediatamente lo colocamos en alguna categoría —conservador, progresista, feminista, de derecha o de izquierda, entre otras— y creemos, con ello, saber quién es.
Basta con que alguien exprese una opinión para que, antes de preguntarnos bajo qué argumentos la sostiene, intentemos determinar a qué grupo pertenece. La clasificación se realiza desde nuestras propias convicciones. Si nos identificamos con una determinada postura política, moral o social, tendemos a leer al otro desde esa misma perspectiva y a ubicarlo en función de su cercanía o distancia respecto de ella. Así, quien piensa como nosotros puede convertirse rápidamente en uno de los nuestros, mientras que quien discrepa es situado del otro lado. Antes de conocer lo que realmente piensa, comenzamos a comprenderlo desde la posición que nosotros mismos ocupamos. El encuentro con el otro se sustituye por la seguridad de nuestras propias categorías.
La etiqueta nos da la ilusión de que sabemos quién es. Creemos conocer de antemano su pensamiento, sus intenciones e incluso aquello que podemos esperar de él cuando, en realidad, únicamente conocemos una de sus tantas opiniones. No escuchamos para comprender, sino para confirmar aquello que ya creemos saber. En ese momento, el otro ha dejado de ser alguien a quien conocer para convertirse en una categoría.
¿Hay alguna posibilidad de que el otro aparezca distinto de como creemos que es?
Cuando el otro puede aparecer
Esta pregunta permite acercarse al pensamiento deMartin Buber desde una de sus intuiciones fundamentales: no siempre nos relacionamos con el otro de la misma manera. El problema de etiquetar a las personas no consiste únicamente en reducirlas a la imagen que hemos construido sobre ellas. Al fijar al otro dentro de nuestras propias categorías, también quedamos encerrados en nuestra manera de mirarlo. Todo aquello que diga o haga comienza a ser interpretado desde lo que previamente hemos decidido que es y, con ello, se estrecha nuestra posibilidad de salir de nosotros mismos.
Al quedar atrapados en esa manera de comprender al otro, nuestra posición deja de ser algo que pensamos y revisamos para convertirse únicamente en algo que defendemos. Incluso cuando su palabra nos contradice, podemos dejar de reconocer en ella una razón para revisar nuestra propia interpretación. Dejamos sin examinar los límites de nuestra propia mirada. Así, mientras creemos mantenernos seguros en nuestras convicciones, terminamos empobreciendo nuestra propia comprensión del mundo.
El pensamiento de Martin Buber deja abierta otra posibilidad en el modo en que nos relacionamos. El encuentro comienza cuando aquello que creemos saber no agota por completo a quien tenemos enfrente. El otro puede mostrarse entonces de una manera que no habíamos previsto y revelar que la imagen con la que intentábamos comprenderlo era más estrecha. La etiqueta revela entonces su insuficiencia frente a la complejidad de la persona y, al mismo tiempo, deja al descubierto los límites de nuestra propia mirada. El otro deja de ser únicamente alguien sobre quien podemos hablar para convertirse en alguien que también puede decirnos algo.
Sus palabras no llegan sólo para confirmar o contrariar una posición, sino que pueden obligarnos a reconsiderar aquello que creíamos saber. En ese encuentro, su presencia puede abrir una pregunta donde antes sólo había una certeza.
El pasado 18 de agosto de 2026 se dio a conocer en medios de comunicación que el Gobierno Federal destinará 4 mil 248 millones de pesos para la limpieza del río Atoyac en Puebla y Tlaxcala. De acuerdo con la información y con base en la Ficha de Valoración Estratégica (FIVE), el proyecto contempla la construcción de 14 plantas de tratamiento, la rehabilitación de otras nueve, la instalación de 229 kilómetros de colectores, así como la construcción de 209 biodigestores, seis parques y un centro de vigilancia de aguas nacionales. Ante estas acciones cabe preguntarnos: ¿por qué se sigue insistiendo en invertir prioritariamente en plantas de tratamiento como respuesta a la contaminación del río Atoyac?
Este cuestionamiento nos lleva necesariamente a recordar que la Cuenca del Alto Atoyac o Atoyac-Zahuapan para las comunidades de Tlaxcala, es un sistema conectado, en el cual coexisten e interactúan bienes naturales como: el agua, el suelo, el aire, los bosques, la vegetación, los animales y las personas que aquí habitamos. La cuenca es la casa común de cientos de comunidades, su deterioro impacta directamente en la vida cotidiana, la salud, las formas de organización social y las prácticas culturales y religiosas.
Desde esta visión, el problema del Atoyac no puede reducirse al tratamiento de las aguas residuales ni resolverse únicamente mediante infraestructura. Debido a que con estas acciones se deja de lado dos factores prioritarios: la salud comunitaria y la regulación a las descargas industriales.
El 1er Informe Estratégico Cuenca del Alto Atoyac (Tlaxcala y Puebla): región de emergencia sanitaria y ambienta; problemática socioambiental y recomendaciones para su atención integral (Informe estratégico) (CONAHCYT, oct. 2023) señala que:
En todas las regiones de Tlaxcala que integran la Cuenca del Alto Atoyac (CAA), la tasa de mortalidad por Enfermedad Renal Crónica (ERC) en personas de 15 a 49 años es entre 1.2 y 4.7 veces mayor que la media nacional.
Cerca del 41% de los casos de leucemias agudas en menores de 19 años en Puebla y Tlaxcala residen en esta cuenca; el 58% de estos casos son de alto riesgo.
Estas enfermedades son provocadas por la exposición crónica a tóxicos industriales como arsénico, níquel, plomo, cobre, vanadio, selenio, estroncio y litio. Los efectos van desde distintos tipos de cáncer (piel, pulmón, vejiga, hueso y tiroides) hasta lesiones cutáneas, diabetes, daño cardiovascular, déficit cognitivo en niñez, bronquitis, anemia, selenosis y daño genotóxico en población joven e infantil.
La debilidad del marco normativo ha agravado este problema, ya que la NOM-001-SEMARNAT-2021 solo regula 22 sustancias y parámetros, sin embargo, en la cuenca del Alto Atoyac se han identificado al menos 112 contaminantes altamente tóxicos.
Particularmente en Tlaxcala la respuesta de las autoridades ha sido reforestación, recolección de basura y la construcción o restauración de plantas de tratamiento, lo cual hemos señalado en diversos momentos que no son la solución para el saneamiento de la Cuenca, debido a que las plantas existentes son incapaces de eliminar los contaminantes industriales.
Desde hace décadas nos hemos encargado de denunciar que existe un vínculo entre la contaminación industrial y las enfermedades, un primer documento que reconoce este vínculo es la Recomendación 10/2017 que emitió la CNDH, y esta información viene a ser reforzada con investigaciones científicas que se pueden consultar en el Primer informe estratégico.
Si las autoridades siguen haciendo que no ven y no escuchan, gastando miles de millones de pesos en plantas de tratamiento, la población se seguirá enfermando, los hospitales continuarán saturados, en nuestras comunidades seguirán sonando las campanas de la iglesia por otro difunto y continuaremos viendo moños negros en las puertas de las casas.
Restaurar la cuenca exige atender a las personas enfermas, evitar que la población continúe expuesta y diseñar leyes e inspecciones estrictas que impidan a las empresas seguir vertiendo tóxicos, superando de una vez la lógica de que quien tiene dinero para pagar la multa, tiene permiso para contaminar.
Para nuestras comunidades, un verdadero saneamiento de la Cuenca exige justicia para las comunidades que hemos luchado por años, para las familias que han perdido seres queridos y para los pueblos que se quedaron con ríos muertos donde antes se podía nadar y beber agua y ahora solo hay enfermedades y muerte. Justicia para las nuevas generaciones a las que se les arrebató el derecho a un medio ambiente sano y un futuro digno.
Tlaxcala, Tlax.- El pasado 17 de septiembre, el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez, anunció la coordinación entre seis municipios y la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (PROPAET) para prevenir, identificar y atender descargas ilegales de aguas residuales. Sin embargo, para el Centro Fray Julián Garcés, la problemática ambiental para sanear el río Zahuapan (perteneciente a la cuenca del Alto Atoyac) rebasa la detección y sanción de establecimientos contaminantes, pues se trata de un problema acumulado durante décadas.
En entrevista para Escenario Tlaxcala, Marisol Flores García y Adriana Martínez, integrantes del Centro Fray Julián Garcés A.C., sostuvieron que vigilar las descargas representa apenas una parte de la solución y plantearon qué tendría que ocurrir para hablar de una recuperación real del Zahuapan, partiendo por conocer los contaminantes presentes en la cuenca, atender los impactos en la salud, recuperar los ecosistemas y establecer metas e indicadores que permitan comprobar si la calidad ambiental mejora.
Las integrantes del Centro cuestionaron además el alcance territorial de la estrategia, al considerar que involucra únicamente a seis de los 48 municipios que forman parte de la cuenca en Tlaxcala. Para ambas, limitar las acciones a determinados municipios, sanciones puntuales o proyectos de corto plazo no permite atender la dimensión del problema.
En su lugar, plantean avanzar hacia una restauración socio-eco-hidrológica que contemple no solo la recuperación ambiental, sino también la atención de los impactos que la contaminación ha generado en la salud de las comunidades y en las actividades productivas de la región.
“Fortalecer la vigilancia” del río Zahuapan no equivale a sanearlo, CFJG
Al menos seis municipios, en coordinación con la PROPAET, buscan prevenir e identificar puntos críticos de descarga de aguas residuales y contaminantes que puedan llegar al río Zahuapan.
De acuerdo a la información emitida por las dependencias gubernamentales, esta estrategia se encuentra vinculada al Compromiso 92 de la actual administración federal, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien durante su visita a Tlaxcala, el pasado 17 de septiembre, señaló que este año se prevé concluir la intervención de al menos 22 kilómetros del Alto Atoyac.
El convenio suscrito por Chiautempan, La Magdalena Tlaltelulco, Apetatitlán, Totolac, Tlaxcala y Amaxac de Guerrero establece mecanismos de coordinación institucional para fortalecer la prevención, identificación y atención de hechos relacionados con descargas de aguas residuales.
Sin embargo, integrantes del Centro Fray Julián Garcés (CFJG) consideran que la magnitud de la contaminación del Alto Atoyac hace insuficiente hablar únicamente de “saneamiento”, pues la vigilancia de las descargas representa, desde su perspectiva, apenas una parte de un problema que también involucra al suelo, el aire, los mantos acuíferos y la salud de las comunidades.
“El problema es no solo muy grande para la escala nacional, es además muy profundo y muy complejo […] no nada más es el problema del agua, es la contaminación de los suelos y del aire”.
Marisol Flores, directora del CFJG, señaló que las estrategias actuales dejan fuera componentes de la problemática ambiental, entre ellos la contaminación del suelo y el aire, así como la disminución de los mantos acuíferos que, de acuerdo con su explicación, se ha agudizado desde la instalación de la gran industria en la región durante la década de 1960.
A esto se suma que, a partir de investigaciones del Mtro. Samuel Rosado Zaidi y del Dr. Omar Arellano, se ha documentado la presencia de 22 mil 235 empresas manufactureras en la Cuenca del Alto Atoyac y de al menos 112 contaminantes identificados en investigaciones científicas, mientras que la normativa vigente contempla únicamente 22 sustancias para su regulación.
Escenario Tlaxcala documentó que la entidad cuenta con 30 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) activas, de un total de 130 registradas en la entidad. De las instalaciones en operación, 24 se encuentran ubicadas cerca o a lo largo del río Zahuapan, afluente de la cuenca del Alto Atoyac, mientras que las seis restantes se localizan en municipios por donde no atraviesa este río.
La información fue proporcionada por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Tlaxcala (CEAS) mediante la solicitud de acceso a la información con folio 000016. Estos sistemas forman parte de la infraestructura destinada al tratamiento de aguas residuales y, por tanto, de las acciones relacionadas con la atención de la contaminación hídrica en la entidad.
No obstante, para las integrantes del Centro Fray Julián Garcés, la existencia y operación de plantas de tratamiento no resuelve por sí misma la dimensión del problema. Desde su perspectiva, las estrategias gubernamentales han privilegiado soluciones técnicas que presentan deficiencias tanto en el ámbito municipal como industrial, sin atender de manera integral las fuentes y sustancias que contaminan la cuenca.
A esto se suma que, a partir de investigaciones del maestro Samuel Rosado Zaidi y del doctor Omar Arellano, se ha documentado, de acuerdo con la información compartida por el Centro, la presencia de 22 mil 235 empresas manufactureras en la Cuenca del Alto Atoyac y de al menos 112 contaminantes identificados en investigaciones científicas, mientras que la normativa vigente contempla un número menor de sustancias para su regulación.
Por ello, sostienen que la recuperación del Alto Atoyac requiere superar la lógica de vigilancia y sanción puntual para avanzar hacia una estrategia integral de restauración de la cuenca.
Una restauración integral, no solo plantas de tratamiento
Para el Centro Fray Julián Garcés, hablar de saneamiento resulta insuficiente frente a la dimensión de la crisis ambiental en la cuenca del Alto Atoyac. Adriana Martínez explicó que, ante un problema que involucra agua, suelo, aire, mantos acuíferos y salud pública, las comunidades y equipos académicos han planteado avanzar hacia una restauración socio-eco-hidrológica.
Esta propuesta parte de una diferencia fundamental respecto a las estrategias que, desde su punto de vista, han predominado durante años, estableciendo que el objetivo no debe limitarse a limpiar el agua visible del río, sino recuperar las condiciones ambientales y sociales de toda la cuenca.
Por su parte, Martínez sostuvo que cualquier estrategia de restauración tendría que contemplar un diagnóstico de salud a escala poblacional, atención médica especializada, medicamentos y presupuesto específico para las personas expuestas.
Para las activistas no basta con comprobar si una empresa cumple con los parámetros establecidos actualmente por la legislación, sino que es necesario conocer qué sustancias están siendo liberadas al agua, al suelo y al aire. En ese sentido, plantean fortalecer el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) y hacer obligatorio el reporte de las sustancias emitidas por las industrias.
¿Cómo saber si el saneamiento está funcionando?
Para Adriana Martínez, cualquier estrategia ambiental requiere pasar por ciclos de diseño, implementación, seguimiento y evaluación. Sostiene que el problema es que hasta ahora no se conocen públicamente metas concretas, indicadores, plazos intermedios ni mecanismos suficientes para evaluar el convenio entre los municipios y la PROPAET.
El Centro también cuestionó que el acuerdo tenga una vigencia de un año frente a una problemática que se ha desarrollado durante décadas. Para ambas, la una recuperación de uno de los tres ríos más contaminados a nivel nacional requiere continuidad institucional y presupuestal, independientemente de los cambios de administración.
Incluso, mencionaron que Recomendación 10/2017 de la CNDH ya había planteado la necesidad de un programa integral para la restauración ecológica o saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac, con metas y plazos precisos, además de acciones relacionadas con infraestructura, control de descargas, salud pública, vigilancia epidemiológica y transparencia.
Bajo esta perspectiva, el parámetro para evaluar el actual convenio no tendría que ser únicamente cuántas inspecciones se realizan o cuántas descargas son sancionadas, sino si existe una reducción comprobable de los contaminantes, una mejora sostenida en la calidad ambiental y acciones concretas para atender los daños acumulados en la población y el territorio.
«¿cuáles son sus metas y cuáles van a ser sus indicadores? Eso lo tendrían que transparentar de entrada para que nosotros podamos hacer un seguimiento ciudadano» afirmó.
Del “río rojo” a la recuperación integral para sanear el río Zahuapan
El episodio ocurrido en Apetatitlán, donde el río Zahuapan adquirió una tonalidad roja tras la descarga de colorantes de una empresa textil que posteriormente fue suspendida, es considerado por el Centro Fray Julián Garcés como un ejemplo de las limitaciones de una estrategia basada en atender las afectaciones una vez que estas se vuelven visibles.
“No es la primera vez. El Atoyac ya van dos veces que se incendia, han sucedido una cantidad de accidentes industriales que no han tenido respuesta, no han tenido castigo, no han tenido seguimiento, y tampoco hay prevención”, aseguró Adriana Martínez.
La colaboradora del Centro Fray Julián cuestionó que sancionar a un establecimiento entre las más de 22 mil empresas manufactureras resulte insuficiente para modificar los procesos productivos que generan contaminación. Desde su perspectiva, las multas pueden convertirse en una medida aislada si no están acompañadas de mecanismos que obliguen a prevenir y reparar los daños ambientales.
A esto se suma la falta de información pública sobre el convenio firmado entre los seis municipios y la PROPAET. Escenario Tlaxcala realizó una búsqueda del documento, pero no logró localizarlo disponible públicamente, por lo que no fue posible conocer de manera directa sus alcances y obligaciones.
Para las entrevistadas, la población debería tener acceso al acuerdo completo, así como a las metas, indicadores y plazos con los que deberá evaluarse la estrategia durante su año de vigencia. También consideran necesario transparentar qué contaminantes y metales pesados están presentes en los cuerpos de agua, las sustancias que las industrias vierten al agua, suelo y aire, los posibles impactos sanitarios y el presupuesto destinado a atenderlos.
De esta manera, el reto para el Zahuapan no termina cuando una descarga deja de teñir el agua de rojo. Para el Centro Fray Julián Garcés, el verdadero parámetro será determinar si las acciones logran reducir los contaminantes, atender los daños a la salud, recuperar los ecosistemas y devolver a las comunidades capacidad de participar en las decisiones sobre el territorio.
Tlaxcala, Tlax.– Este 24 de septiembre, las Comisiones Unidas de Tlaxcala en Estados Unidos, la Red de Pueblos Transnacionales y el Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (CAFAMI A.C.), en colaboración con familias y migrantes tlaxcaltecas radicados en Estados Unidos, presentaron la encuesta ciudadana “Visión de Futuro para Tlaxcala 2027–2033”.
Este ejercicio busca recopilar información sobre las necesidades, problemáticas y propuestas de las comunidades migrantes y sus familias, con el propósito de construir una agenda ciudadana que visibilice sus principales demandas y pueda ser presentada a quienes aspiren a ocupar cargos públicos en Tlaxcala de cara al proceso electoral de 2027.
Javier Rodríguez, integrante de la comunidad tlaxcalteca en Estados Unidos y uno de los impulsores del ejercicio, explicó que la encuesta surgió de la necesidad de escuchar las problemáticas de los distintos municipios e identificar cuáles deberían considerarse prioridades. Señaló que también responde al interés de las comunidades migrantes por conocer de cerca la realidad que enfrentan sus familias en Tlaxcala y, desde el exterior, participar y contribuir en la atención de estos desafíos.
Precisó que se trata de una encuesta comunitaria, apartidista y sin inclinación hacia algún candidato o fuerza política, cuyo propósito es recoger directamente las voces de la población y generar información que permita identificar las principales necesidades de los municipios y sus habitantes.
Comunidad transnacional busca generar un diagnóstico
Norma Mendieta, directora del Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (CAFAMI A.C.), señaló que desde la sociedad civil se ha demandado durante más de 10 años la construcción de un diagnóstico preciso sobre la población migrante.
Explicó que actualmente no existen datos precisos sobre las condiciones en las que vive la comunidad migrante, por lo que resulta necesario conocer dónde se concentra esta población, cuántas personas la integran, sus edades, género y niveles de escolaridad, así como las principales problemáticas que enfrentan sus familias y comunidades en los municipios de Tlaxcala.
“Sin un diagnóstico no se pueden construir políticas públicas que realmente den respuesta a estas problemáticas”, señaló durante su participación.
Señaló que entre las principales problemáticas que enfrenta la comunidad migrante se encuentran la atención a las personas que retornan de Estados Unidos, el acceso al empleo y la educación, la acreditación de la identidad, la revalidación de estudios y el reconocimiento de las capacidades adquiridas en el extranjero. Ante este panorama, destacó que la encuesta busca abrir un canal para escuchar de primera mano la voz de la comunidad migrante, conocer sus experiencias y recoger sus principales propuestas y preocupaciones.
Una herramienta para conocer a la comunidad
Marco Antonio Castillo, director de la Red de Pueblos Transnacionales, explicó que la encuesta fue diseñada en nueve secciones y contempla preguntas generales y demográficas, además de temas relacionados con economía, salud, empleo, inversión pública, educación, agricultura, delincuencia, violencia, derechos humanos, corrupción, trata de personas, homicidios, desapariciones, profesionalización policial, programas juveniles y trámites gubernamentales.
“El instrumento busca conocer el pensamiento, evaluación y propuestas de la comunidad migrante en Estados Unidos y de sus familias en México, con la finalidad de contar con información que posteriormente pueda utilizarse en el diálogo con partidos políticos y candidaturas.”
Castillo señaló que actualmente no existe una encuesta oficial que permita conocer con precisión cuántas personas tlaxcaltecas viven en el exterior y cuál es la realidad de esta población. Durante la rueda de prensa, mencionó como referencia una estimación de más de 250 mil tlaxcaltecas en Estados Unidos, aunque aclaró que se trata de un cálculo aproximado. Por ello, destacó la importancia de que las personas migrantes y sus familias participen en la encuesta, ya que sus respuestas permitirán contar con un panorama más cercano a la realidad de esta población y contribuir a la construcción de una agenda ciudadana.
Finalmente señaló que la encuesta puede ser respondida por tlaxcaltecas en Estados Unidos, sus familias en Tlaxcala y cualquier persona interesada en participar para sumar su perspectiva de las condiciones que experimenta la comunidad migrante. Precisó que las comunidades tlaxcaltecas en el exterior están preocupadas por lo que ocurre en el estado y buscan aportar su perspectiva para identificar sus necesidades y prioridades.
La encuesta estará disponible durante cuatro semanas
Ante preguntas de medios de comunicación, los organizadores informaron que la encuesta será digital y permanecerá abierta durante las próximas cuatro semanas, con posibilidad de ampliar este periodo dependiendo de la participación.
El formulario puede contestarse desde celular o computadora y también se contempla su aplicación en formato físico, mediante integrantes de las comunidades que buscan llevarla directamente a los hogares.
Los resultados serán recibidos por el comité de migrantes y, una vez concluido el periodo de aplicación, serán publicados para dar a conocer los resultados del ejercicio. La encuesta está dirigida a tlaxcaltecas que viven en Estados Unidos, sus familias en Tlaxcala y ciudadanía interesada en aportar información sobre las necesidades de las comunidades migrantes.
Los organizadores y participantes hicieron un llamado a medios de comunicación, sociedad civil y familias a compartir y responder el instrumento para ampliar la participación y reunir información que permita construir un diagnóstico. La intención, señalaron, es que las voces de quienes viven dentro y fuera de Tlaxcala formen parte de la discusión sobre las necesidades y prioridades del estado hacia 2027–2033.
Tlaxcala, Tlax.- Eduardo Ojeda y Korey García, promotores y docentes culturales, utilizan la pedagogía teatral del Teatro del Oprimido para que infancias y juventudes cuestionen las problemáticas y violencias que forman parte de su entorno cotidiano.
El Semillero Creativo de Paz, instalado en San Rafael Atlixtac, perteneciente al municipio de Apizaco, lleva cerca de seis meses de trabajo y utiliza este enfoque como una metodología para que las y los participantes identifiquen situaciones de opresión, dialoguen sobre ellas y busquen alternativas y soluciones desde su propia comunidad.
En entrevista para Escenario Tlx, el promotor cultural explicó que uno de los principales objetivos es desnormalizar la violencia. A través del Teatro del Oprimido, dijo, buscan generar empatía con las situaciones representadas y proporcionar a las y los participantes herramientas para reconocer las distintas formas de opresión y actuar frente a ellas.
El proceso también ha llevado la discusión fuera del escenario. Mediante asambleas, infancias y juventudes han compartido experiencias, definido las disciplinas artísticas que desean aprender y planteado acciones para su entorno. De manera autónoma, decidieron que una de ellas sería sembrar árboles, a partir de la necesidad de acercarse a la naturaleza y embellecer su comunidad.
Así surgió la primera “huella comunitaria”, una de las decisiones tomadas en asamblea, que contempla una jornada de reforestación e intervención física el próximo 25 de septiembre. La actividad contará con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y la Dirección de Ecología de Apizaco, mientras que el proyecto de Semilleros, impulsado a través del programa federal, ha permitido que este espacio trascienda su sede y atraiga la participación de infancias y juventudes de comunidades cercanas.
Del diálogo a la acción: infancias y juventudes que deciden cómo intervenir su comunidad
El próximo 25 de septiembre, infancias y juventudes del Semillero Creativo realizarán una jornada de intervención en San Rafael Atlixtac, como parte de las acciones emprendidas por este programa federal, que busca acercar una formación artística bajo un enfoque comunitario y gratuito, dirigido a infancias y adolescencias a nivel nacional.
Durante la actividad, jóvenes e infancias realizarán labores de reforestación y embellecimiento físico en el exterior del salón multiusos de la comunidad. Entre las acciones a emprender se encuentra la siembra de árboles frutales y flores, donados mediante las gestiones realizadas por el promotor cultural Eduardo Ojeda y la maestra Korey García, con el propósito de favorecer la fauna local y mejorar las áreas verdes del espacio público.
Pero la propuesta no surgió de los promotores, sino del diálogo establecido durante la Asamblea de Participación Infantil y Juvenil, en la que las y los participantes decidieron realizar la siembra de plantas y árboles en las jardineras del salón multiusos, como una intervención directa en su entorno.
Eduardo compartió que, para evitar el adultocentrismo, su papel se ha centrado en brindar un acompañamiento activo durante la actividad, apoyar en la dinámica comunitaria así como fortalecer la convivencia familiar que sostiene el proyecto. Aseguró que esta acción parte de la participación de las infancias y juventudes y fue aprobada mediante la decisión de intervenir y rehabilitar las áreas verdes del espacio público de San Rafael Atlixtac.
En este proceso también han participado instituciones como la Secretaría de Medio Ambiente y la Dirección de Ecología de Apizaco, que colaboraron mediante la donación de árboles frutales, florales y plantas polinizadoras solicitadas.
La participación del semillero también se ha trasladado a las obras teatrales. De manera autónoma y bajo la metodología del Teatro del Oprimido, las y los participantes han desarrollado un proceso creativo que utiliza la estructura dramática para representar situaciones de violencia y realidades comunitarias que las juventudes ya no quieren en su entorno.
Como ejemplo, Eduardo señaló que fueron las niñas quienes primero alzaron la voz para exponer el acoso sexual y abordar temas relacionados con el bullying, así como la corrupción de las autoridades. Ante este contexto, el entrevistado afirmó que una de las razones para instalar el semillero fue la carencia de una oferta cultural cercana y la necesidad de enfrentar problemáticas de violencia que, según señaló, se presentaban en la zona, a la que describió como un “foco rojo”.
Teatro del Oprimido: de identificar las violencias a proponer soluciones
El proceso de participación también se ha trasladado al escenario mediante el Teatro del Oprimido, una metodología con la que las niñas, niños y jóvenes del semillero han desarrollado una obra titulada Un mejor lugar.
Imagen: promoción de la obra «Un Mejor Lugar» en el Centro de las Artes de Tlaxcala.
La puesta en escena fue creada de manera autónoma por las y los participantes, quienes construyeron las imágenes y escenas que la integran. En una primera parte representan problemáticas y violencias que rechazan, entre ellas el acoso sexual, el bullying y la corrupción de autoridades; posteriormente, plantean e interpretan alternativas para modificar esas situaciones de opresión.
Eduardo Ojeda explicó que este ejercicio busca que las y los participantes no solamente reconozcan las violencias que forman parte de su realidad, sino que puedan cuestionarlas y plantear alternativas frente a ellas. De esta manera, el escenario se convierte en un espacio para representar situaciones cotidianas y explorar posibles soluciones.
En el caso de San Rafael Atlixtac, el proyecto se instaló en una comunidad donde, de acuerdo con los responsables del semillero, la oferta artística cercana era limitada y las familias tenían que trasladarse entre 20 y 30 minutos para acceder a este tipo de actividades.
El modelo combina la formación en una disciplina artística con espacios de participación infantil y juvenil, donde las y los participantes expresan sus intereses, dialogan sobre las problemáticas de su entorno y toman decisiones sobre las actividades que desean desarrollar. Las actividades son gratuitas para las familias, incluidos los materiales y las experiencias culturales que forman parte del proyecto.
La ubicación de la sede, en una zona de paso entre distintas localidades, ha permitido que niñas, niños y jóvenes de lugares como Jardines de Apizaco, La Cañada, Santa Anita Huiloac, Yauhquemehcan y San Francisco Atexcatzinco se acerquen al proyecto. Actualmente participan 37 personas, de las cuales 27 son infancias y 10 son jóvenes.
Eduardo Ojeda explicó que algunas personas comenzaron a interesarse por las actividades después de observarlas desde la calle, generando una incorporación que no estaba contemplada inicialmente. El espacio, además, mantiene una participación constante de las madres de familia, quienes acompañan las actividades, presentaciones y viajes culturales.
Del escenario a la vida cotidiana
Uno de los cambios observados por quienes coordinan el semillero está relacionado con la forma en que las infancias y juventudes participan y se relacionan con otras personas. Eduardo Ojeda señaló que el proceso ha ayudado a disminuir la timidez y a cuestionar prácticas que anteriormente podían asumirse como normales, entre ellas los apodos ofensivos y algunas formas de acoso.
Como ejemplo, mencionó el caso de un participante introvertido que, después de integrarse al proyecto, se incorporó al coro de su escuela y posteriormente participó en dos presentaciones públicas; durante la ceremonia del Premio Municipal de la Juventud y en el aniversario del Centro de las Artes de Tlaxcala.
El alcance del proyecto también se ha extendido fuera de San Rafael Atlixtac mediante experiencias culturales. Eduardo Ojeda destacó un viaje a la Ciudad de México gestionado con Trama Chile y el Centro de Cultura Digital, cuyo traslado fue financiado a través de Culture Qatar, por lo que la actividad no representó un costo para las familias.
Para el promotor cultural, este tipo de experiencias amplía las posibilidades de acercamiento al arte y la cultura para las infancias y juventudes de la comunidad. Así, el proceso que comenzó con el diálogo sobre las problemáticas de su entorno también se ha traducido en decisiones, experiencias y acciones que llevan sus propias voces más allá del escenario.
A meses de que inicie formalmente el proceso electoral, en Tlaxcala el debate público parece secuestrado por una sola narrativa: la contienda interna por la candidatura de Morena al gobierno estatal entre Ana Lilia Rivera y Alfonso Sánchez García. Lo que debió ser un proceso interno partidista se ha convertido en una imposición mediática y territorial que satura las calles de propaganda, polariza la conversación digital y agota a la ciudadanía. Durante la última conversación mensual con El Círculo – nuestro Consejo Editorial -, comentamos que para los militantes de ese movimiento, la sensación seguro que es la de un profundo fraude, uno que muchos viven en silencio.
Para nuestro Director General, Aldo Castillo, resulta indignante que un pleito que no le compete a la mayoría de la población nos lo metan hasta en la sopa, obligándonos a mirar una pugna que excluye las verdaderas necesidades del estado.
Nos prometieron una forma distinta de hacer política, pero en el territorio se repiten los vicios y mañas de siempre del PRI y del PAN. Como advirtió Norma Mendieta, directora del Centro de Atención a la Familia Migrante (CAFAMI), no hay un ejercicio democrático donde las bases decidan libremente; por el contrario, se tejen alianzas dudosas y pragmáticas con figuras de otros partidos con tal de pepenar votos, pasando por alto los principios ideológicos y el lema de «primero los pobres». Además, denunció que persiste la coacción sobre el personal del servicio público, a quienes amenazan con despedirlos si no operan en brigadas o si no acuden a llenar mítines.
Para Fernando Rodríguez, especialista en derecho público, esta disputa encarna a los ungidos del nuevo establishment, donde no se busca medir la voluntad ciudadana en una encuesta real, sino medir fuerzas para ver cuál imposición triunfa: si la de los cuadros duros desde la cúpula nacional, o el dedazo descarado desde el gobierno del estado. A esto se suma el papel de los medios tradicionales que alimentan un entorno de postverdad, publicando el mismo día notas contradictorias donde ambos aspirantes son presentados sucesivamente como los salvadores del pueblo.
Lo más preocupante de esta pugna es la absoluta desconexión con la realidad. Efrén López, presidente de la Red Estatal de Víctimas, calificó este proceso como una «elección de Estado prematura» y denunció la sumisión de un árbitro electoral que se hace de la vista gorda ante el tapizado descarado de propaganda que ensucia las calles. Señaló que mientras los aspirantes se desgastan en la autopromoción, ninguno ha dicho una sola palabra sobre la sequía devastadora que tiene al campo tlaxcalteca contra la pared y sin apoyos emergentes. Tampoco se han pronunciado sobre las familias de víctimas de feminicidio que enfrentan más de 25 audiencias judiciales desgastantes sin alcanzar justicia ni reparación del daño.
A este sentir se sumó Cecilia Barocio, del Colectivo Ecoalimentos Consumo Consciente y DNA ECOSUR, que compartió la frustración y el desencanto colectivo de ver cómo causas que prometían transformaciones de fondo terminaron cooptadas por el propio sistema político. Por ejemplo, los discursos campesinos en defensa de las semillas nativas frente a los transgénicos cuyas agendas se diluyen al insertarse en las cúpulas del poder. En Tlaxcala, puntualizó Cecilia, veremos si una vez más se confirma esa vieja realidad de que la política no se rige por ideologías ni partidos, sino por familias y dinastías que se reparten los cargos.
Por ello, como sentenció Efrén López, pedir un voto en línea por inercia es un insulto a la inteligencia de los campesinos, profesionistas y amas de casa; no somos borregos ni rebaño para aplaudirle a ciegas a candidatos que ni siquiera conocen los problemas de las comunidades.
Frente a este desgaste, Aldo Castillo propuso romper la falsa dicotomía y salir de la trinchera de elegir únicamente entre dos figuras. Para pasar de la queja a la acción, Fernando Rodríguez planteó que Escenario Tlaxcala y las organizaciones aliadas construyamos una agenda ciudadana común: una declaratoria social y vinculante que condicione el voto popular a compromisos públicos ineludibles con el campo, el agua, la justicia y los derechos humanos. Si quienes aspiran a gobernar quieren nuestra confianza, tendrán que dejar de mirarse el ombligo en sus pleitos palaciegos y responder a las demandas reales que sostiene este territorio.
Ya nos encontramos dándole forma a esta iniciativa.
Angélica Reyes Irigoyen y Mariela Hernández Martínez «Las Sexólogas», abrieron el Centro de Salud Sexual para Mujeres en Tlaxcala, una iniciativa que comenzó a gestarse hace una década y que busca ofrecer educación sexual, acompañamiento psicológico, orientación en salud reproductiva y un espacio libre de prejuicios.
Hablar del placer femenino todavía implica, para muchas mujeres, atravesar una frontera marcada por el silencio y los prejuicios. Preguntas sobre el propio cuerpo, el deseo, el orgasmo, el clítoris, la menstruación o los métodos anticonceptivos suelen permanecer en privado, no necesariamente porque no existan dudas, sino porque durante años se ha enseñado que hablar de sexualidad es motivo de vergüenza, pecado o incomodidad.
En Tlaxcala, las sexólogas Angélica Reyes Irigoyen y Mariela Hernández Martínez decidieron abrir una puerta para cambiar esa conversación. Este 22 de septiembre inició actividades“Las Sexólogas – Centro de Salud Sexual para Mujeres”, un espacio que busca que las mujeres puedan hablar de sus cuerpos, resolver dudas, acceder a orientación profesional y acercarse al placer desde una perspectiva de autonomía, bienestar y conocimiento.
Al frente de este espacio están dos profesionales con formación en distintas áreas relacionadas con el acompañamiento a las mujeres. Mariela Hernández Martínez es trabajadora social, perito social, sexóloga y acompañante de interrupción del embarazo, mientras que Angélica Reyes Irigoyen es psicóloga y sexóloga. Desde sus respectivas disciplinas buscan articular una atención que coloque en el centro la salud sexual, el bienestar emocional, el conocimiento del cuerpo y la autonomía de las mujeres.
La iniciativa comenzó a gestarse hace aproximadamente diez años, cuando Mariela y Angélica vieron la necesidad de que las mujeres cuenten con espacios seguros para hablar de su sexualidad de manera abierta y sin juicios. Hoy, aquella idea se materializa bajo el lema “El poder de habitar tu libertad”, con una propuesta que entiende la salud sexual no solamente desde lo físico, sino también desde las dimensiones emocionales, psicológicas, sociales y relacionales.
“El proyecto nace de la inquietud por tener un espacio para hablar de sexualidad”
Pero para Mariela y Angélica, hablar de sexualidad no significa únicamente abordar enfermedades, anticoncepción o reproducción. También implica hablar del placer y de la relación que cada mujer tiene con su propio cuerpo.
“No hay en el país un lugar donde tú vayas a que te hablen de placer, a que te digan: este es tu clítoris, este es tu cérvix, míralo, conócelo; esto, tocan los juguetes, ¿qué es lo que necesitas tú para disfrutar?”
Desde esa mirada, el nuevo Centro de Salud Sexual busca convertirse en un espacio donde conocer el cuerpo deje de ser un asunto incómodo. En sus instalaciones hay incluso representaciones de vulvas que forman parte de dinámicas para cuestionar cuánto conocen las mujeres sobre su propia anatomía y qué tanto los prejuicios han impedido que se acerquen a ella.
“Las mujeres no conocemos nuestro cuerpo y lo que queremos es que nos empoderemos y que disfrutemos”
Un espacio para hablar de lo que durante años se enseñó a callar
La propuesta de Las Sexólogas parte de la idea de que las mujeres tienen derecho a conocer su cuerpo, recibir información confiable, preguntar, decidir y vivir su sexualidad de manera libre, informada y segura.
Por ello, el centro contempla servicios de sexología y educación sexual integral, orientación sobre métodos anticonceptivos, acompañamiento en procesos relacionados con aborto seguro y acceso a información basada en evidencia, así como terapia psicológica individual y de pareja.
También se ofrecerá orientación relacionada con infecciones de transmisión sexual y salud ginecológica y sexual, además de vinculación con profesionales e instituciones cuando las necesidades de las usuarias requieran atención especializada.
Las creadoras de este centro explican que contarán con profesionales de la salud para que mujeres tlaxcaltecas puedan atender infecciones de transmisión sexual y, cuando sea necesario, a también se buscará la manera de establecer vínculos con servicios como el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS Tlaxcala), con la intención de que el centro funcione también como una puerta de entrada hacia otras alternativas de atención.
“Queremos también conseguir alianzas con otras instituciones que nos permitan ofrecer esos servicios”
La salud reproductiva ocupa otro de los ejes del espacio. En el caso de los métodos anticonceptivos, la intención es que las mujeres no tengan que elegir simplemente entre las opciones que alguien más les indique, sino que puedan conocer las alternativas disponibles y decidir cuál se adapta mejor a sus necesidades.
“Muchas veces cuando llegas al centro de salud te dicen: ‘este es el que sea’. Aquí te vamos a explicar todo y va a ser súper personalizado”
En materia de interrupción del embarazo, el Centro contempla ofrecer información y acompañamiento, así como establecer conexiones con profesionales de la salud que puedan brindar atención médica cuando sea necesario.
Del conocimiento del cuerpo al placer
Uno de los elementos que distingue a esta iniciativa es que coloca el placer como parte de la conversación sobre salud sexual. Para Mariela y Angélica, conocer el clítoris, la vulva, el ciclo menstrual y las propias respuestas corporales también forma parte del derecho de las mujeres a conocerse.
“Lo que queremos es que haya un espacio donde las mujeres puedan conectar con su placer”
Por ello, entre las actividades contempladas se encuentran talleres sobre placer, masturbación, autoconocimiento y sexualidad en pareja, además de espacios para trabajar aceptación corporal, autoestima y autonomía sexual.
También habrá orientación sobre productos relacionados con el bienestar y el placer sexual, así como lencería inclusiva en diferentes tallas y juguetes sexuales. La oferta contempla además productos vinculados con la salud menstrual, entre ellos copas menstruales, toallas reutilizables y ropa interior menstrual.
El espacio incorporará igualmente actividades como Reiki, meditación y otros talleres orientados al bienestar, además de cursos y actividades educativas dirigidas a mujeres.
Educación sexual para desmontar mitos
Otro de los objetivos de Las Sexólogas es contribuir a desmontar los mitos que históricamente han rodeado la sexualidad femenina. La apuesta está en acercar información sustentada en evidencia y generar conversaciones que permitan cuestionar las ideas con las que muchas mujeres han crecido respecto a sus cuerpos y su sexualidad.
Por ello, además de la atención dentro del Centro, Angélica Reyes Irigoyen y Mariela Hernández Martínez contemplan desarrollar talleres, cursos y contenidos de divulgación que permitan llevar esta información a más mujeres.
“Queremos que cada mujer que llegue encuentre un lugar donde pueda preguntar aquello que nunca se atrevió a preguntar, conocer su cuerpo sin vergüenza y hablar de su sexualidad sin sentirse juzgada”, expresaron Angélica Reyes Irigoyen y Mariela Hernández Martínez.
Entre las primeras actividades se encuentra una plática dedicada al clítoris, pero la agenda también contempla abordar métodos anticonceptivos, ciclo menstrual, conocimiento del cuerpo y sexualidad.
Incluso preparan una actividad que combinará fotografía y una pasarela con la intención de reivindicar la diversidad corporal y cuestionar los estándares de belleza que han condicionado la relación de muchas mujeres con sus cuerpos.
La intención es que el espacio no sea únicamente un consultorio o un lugar para adquirir productos, sino un sitio donde las mujeres puedan quedarse, preguntar, conversar y aprender.
¿Dónde está Las Sexólogas?
Las Sexólogas – Centro de Salud Sexual para Mujeres se encuentra en Clínicas DIMA La Paz, en Prolongación Xicohténcatl número 10, a una cuadra del restaurante El Corazón de Brasil, en dirección hacia San Pablo.
El espacio contempla atención aproximadamente de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Debido a que el horario se encuentra en proceso de organización, las responsables recomiendan comunicarse previamente para solicitar información o concertar una consulta.
El teléfono de contacto es 246 464 9550.
Así, en Tlaxcala comienza a funcionar un espacio que busca poner sobre la mesa conversaciones que durante mucho tiempo permanecieron ocultas: el placer, el deseo, la menstruación, la anticoncepción, el aborto, el conocimiento del cuerpo y la salud sexual. Una conversación que, para sus creadoras, no debería ser motivo de vergüenza, sino una herramienta para que las mujeres puedan ejercer su autonomía y habitar sus cuerpos con mayor libertad.
Tlaxcala, Tlax.- En los últimos 30 años, San Pablo del Monte ha experimentado una serie de transformaciones urbanas que han modificado la dinámica cotidiana de sus habitantes y, particularmente, la actividad comercial. La llegada de supermercados y grandes cadenas comerciales, como Bodega Aurrera y Coppel, incorporó nuevos modelos de consumo y competencia que, con el paso del tiempo, también han incidido en la dinámica de los mercados y establecimientos locales.
Este proceso se suma a las transformaciones recientes derivadas de la nueva categoría de la cabecera municipal como Ciudad de San Pablo del Monte, que plantea nuevas dinámicas para el comercio y abre interrogantes sobre el papel que tendrán espacios tradicionales como el Mercado Bicentenario frente al crecimiento de establecimientos particulares y corporativos.
Sin embargo, entre las autoridades municipales y los comerciantes persiste un vacío de información sobre las reglas, alcances y responsabilidades que implica esta nueva configuración urbana. La falta de claridad ha alimentado diferencias entre quienes tienen un local establecido y quienes desarrollan su actividad dentro del mercado, además de generar tensiones con el Ayuntamiento, actualmente presidido por Ana Lucía Arce Luna.
Más que un conflicto exclusivamente comercial, el caso evidencia las dificultades que enfrenta un municipio en transformación para ordenar su crecimiento urbano sin dejar fuera a quienes durante años han sostenido buena parte de su actividad económica.
¿Qué implica el nuevo nombramiento como «Ciudad de San Pablo del Monte»?
El Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU) de San Pablo del Monte, publicado el 5 de mayo de 2026 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, reconoce formalmente a la cabecera municipal como Ciudad de San Pablo del Monte y plantea ordenar un territorio que durante las últimas décadas ha crecido entre la expansión urbana, la metropolización con Puebla y una demanda creciente de infraestructura y servicios.
Pero el cambio de categoría no se limita al nombre. El propio programa reconoce que la ciudad enfrenta una expansión urbana desordenada, baja densidad poblacional y déficits de equipamiento, mientras plantea nuevas reglas para organizar el suelo, los servicios, la actividad económica y los espacios públicos.
En ese nuevo modelo, el comercio ocupa un lugar central, ya que es la principal actividad económica y fuente de empleo local. Además, el documento plantea que la Avenida 20 de Noviembre y la calle Puebla funcionan como algunos de los principales corredores comerciales del municipio. Sin embargo, el diagnóstico municipal también identifica un déficit de equipamiento para el abasto y proyecta la necesidad de incorporar 10 nuevos mercados hacia 2050.
Es en este punto donde aparece una de las primeras contradicciones de la transformación urbana, pues el municipio plantea ordenar y fortalecer su estructura comercial al mismo tiempo que mantiene un conflicto abierto con los comerciantes del Mercado Bicentenario por cobros, concesiones, servicios y reglas de operación cuya aplicación cuestionan los locatarios.
Este proceso también responde al crecimiento de comercios departamentales y grandes cadenas comerciales, cuya presencia ha modificado las condiciones de competencia para los establecimientos locales.
Por su parte, Ana Lucía Arce señaló que, ante este escenario, algunos comerciantes han mostrado resistencia hacia nuevas formas de formalización y adaptación de sus actividades. La funcionaria reconoce que no existe oposición a la llegada de empresas como Bodega Aurrera, Coppel o 3B al municipio, al considerar que su presencia representa un cambio en la dinámica comercial y beneficios para la ciudad.
“Si tú me preguntas quién me deja más recursos, pues me dejan más recursos los comercios que están establecidos”, agregó.
Sin embargo, desde la perspectiva de los comerciantes, la expansión de estas cadenas también ha generado una competencia difícil de enfrentar. Algunos locatarios sostienen que la llegada de establecimientos con mayor capacidad para ofrecer precios y absorber costos ha colocado en desventaja a los pequeños negocios y, en algunos casos, habría contribuido al cierre de establecimientos. Una comerciante incluso relató que tuvo que “cerrar su negocio” y que parte de su mercancía terminó por “echarse a perder” al no lograr venderla.
Este nuevo modelo urbano no solo ha generado un cambio administrativo o territorial, sino que también puede transformar la manera en que se organiza y desarrolla el comercio local. Mientras la expansión urbana favorece la llegada de nuevos corporativos y cadenas comerciales, persiste una preocupación sobre el incremento de locales cerrados y comercios con bajas ventas.
Entre el desarrollo municipal y la regulación de los mercados
El PMOTDU plantea que la modernización de los corredores comerciales requiere regularizar unidades económicas, establecer esquemas de colaboración entre comerciantes y gobierno, y promover incluso asociaciones público-privadas para su mantenimiento. También propone que la Dirección de Desarrollo Económico funcione como instancia de mediación ante conflictos entre comerciantes, empresarios y habitantes.
El Reglamento de Mercados y Comercio Ambulante para el Municipio de San Pablo del Monte, publicado en el Periódico Oficial durante enero de 2008, establece que los mercados municipales funcionan mediante concesiones, sujetas a pagos, obligaciones y reglas específicas. También prohíbe expresamente arrendar, vender o traspasar los derechos de ocupación de los locales y establece procedimientos de audiencia antes de revocar una concesión.
La discusión actual, por tanto, no se limita a cuánto debe pagar un comerciante, también plantea qué significa ordenar un mercado dentro de una ciudad que busca formalizar su actividad económica, quién debe asumir la responsabilidad de mantener sus servicios y hasta dónde puede intervenir la autoridad municipal para hacer cumplir esas reglas.
Esa transformación también ha comenzado a generar tensiones en espacios donde históricamente se ha concentrado el comercio local. Recientemente, los comerciantes del Mercado Bicentenario han cuestionado que el proceso de ordenamiento se traduzca en nuevos cobros que, aseguran, no han sido explicados con claridad por el Ayuntamiento.
Los comerciantes organizados sostienen que su inconformidad no está relacionada con la obligación de pagar, sino con el monto de las licencias y otros conceptos que, aseguran, les pretende cobrar el Ayuntamiento. Señalan que han buscado dialogar con la presidenta municipal para alcanzar un acuerdo que les permita cumplir con sus obligaciones a partir de costos que consideran justos y acordes con la actividad comercial que desarrollan.
La permuta que dio origen al mercado
El origen del Mercado Bicentenario también forma parte de la disputa entre comerciantes y Ayuntamiento. Los locatarios sostienen que el actual inmueble no se les fue entregado de manera gratuita, sino que es resultado de una permuta.
Este intercambio surgió tras la entrega al municipio de un predio ubicado en la calle Río Bravo, mismo que fue adquirido con las aportaciones de los padres y abuelos de algunos comerciantes. Ellos afirman que existe un convenio e instrumento público formalizado ante notario desde 2008 que reconoce los derechos y obligaciones de ambas partes.
Por su parte, la presidenta municipal reconoce el antecedente histórico y documental de la permuta, pero sostiene que este no permite a los comerciantes asumirse como propietarios de un espacio público. Por ello, su administración plantea regularizar la situación mediante concesiones y el pago de los derechos correspondientes.
No obstante, los comerciantes aseguran que no se niegan a pagar, sino que exigen que los cobros correspondan a lo establecido en la Ley de Ingresos y que el Ayuntamiento explique cómo se calcula cada concepto. También piden que se respete el espacio y las condiciones establecidas en el instrumento notarial que, aseguran, dio origen a la relación entre la organización y el municipio.
Entre el ordenamiento y la búsqueda de transparencia
Posteriormente, tras asumir el cargo en 2024 y recibir una notificación de la COEPRIST relacionada con las condiciones del mercado, la presidenta sostuvo que el Ayuntamiento no contaba con recursos para cubrir esos gastos, por lo que correspondía a los locatarios asumirlos, al ser quienes obtienen sus ingresos del inmueble. En ese sentido, señaló que ellos “son los que viven del mercado; ustedes [los comerciantes] son los que tienen que pagar” conceptos como la fumigación y los servicios de los locales.
Desde su perspectiva, los cobros a los locatarios corresponden a distintos conceptos, entre ellos Desarrollo Urbano, Protección Civil, Desarrollo Económico y el uso de los espacios municipales (renta). La presidenta señaló que, al integrar estos conceptos, los pagos anuales pueden alcanzar 12 mil y hasta 16 mil pesos, dependiendo de cada establecimiento.
Foto: Documento correspondiente al dictamen y cobro por concepto de Protección Civil emitido por el Ayuntamiento de San Pablo del Monte en 2025.
Los comerciantes, sin embargo, cuestionan la forma en que el Ayuntamiento determina estas cantidades. Afirman que la autoridad les ha presentado cobros sin explicar con claridad qué conceptos los integran, cómo se calculan y cuál es el fundamento legal de cada uno.
«Nosotros no nos negamos a pagar lo que es justo, pero ella (la autoridad municipal) está sacando de debajo de la manga sus cuentas, no es clara», señalaron los comerciantes durante la entrevista, en la que mostraron documentos relacionados con los cobros que, aseguran, les ha requerido el Ayuntamiento.
Sin embargo, los documentos mostrados por los comerciantes durante la entrevista incluyen otros conceptos y cantidades superiores a las previstas específicamente para la concesión de los espacios en el mercado.
Lo que establece la Ley de Ingresos
Ante este escenario, los cobros señalados por ambas partes pueden contrastarse con la normativa municipal vigente. La Ley de Ingresos del Municipio de San Pablo del Monte para el ejercicio fiscal 2026, publicada en noviembre de 2025, establece cuotas específicas para los mercados y las distingue de otros establecimientos comerciales.
Para el caso de los mercados, el artículo 59 determina las cuotas por la concesión de espacios o áreas de piso de acuerdo con el giro comercial. Las cantidades están expresadas en Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor diario para 2026 es de 117.31 pesos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La misma disposición establece que los comerciantes de productos perecederos o de canasta básica deben cubrir 1.17 UMA; aquellos dedicados a la preparación y venta de alimentos, como fondas, juguerías, pollerías, carnicerías, pescaderías y antojitos, 2.57 UMA; mientras que los establecimientos de productos no perecederos, entre ellos ropa, calzado, ferretería y juguetes, deben cubrir 2.92 UMA.
Con el valor diario de la UMA vigente para 2026, estas cuotas representan aproximadamente 137.35, 301.29 y 342.55 pesos, respectivamente. Sin embargo, estos montos corresponden específicamente a la concesión del espacio o área de piso dentro del mercado, por lo que no pueden considerarse, por sí solos, como el total de las obligaciones económicas de un comerciante frente al Ayuntamiento.
Esta distinción resulta relevante frente a los cobros que los locatarios del Mercado Bicentenario aseguran haber recibido, que van de 12 mil a más de 16 mil pesos, según los conceptos incluidos en los documentos que les fueron entregados.
Foto: Licencia de funcionamiento y comprobante de pago de refrendo emitidos por el Ayuntamiento de San Pablo del Monte en 2025.
La pregunta, entonces, no es únicamente cuánto establece la Ley de Ingresos para ocupar un espacio dentro de un mercado, sino qué otros conceptos está integrando el Ayuntamiento para determinar el monto final y cuál es el fundamento legal de cada uno.
Arce Luna sostiene que el proceso responde a una estrategia de regularización y que los cobros contemplan conceptos relacionados con Desarrollo Urbano, Protección Civil, Desarrollo Económico y las rentas, además de otros servicios.
Cadenas comerciales y regularización
En este contexto, la presencia de grandes cadenas comerciales como Coppel, Bodega Aurrera y 3B también forma parte de la transformación comercial del municipio. Arce Luna sostuvo que no puede impedir el establecimiento de este tipo de negocios y cuestionó que algunos comerciantes locales se resistan a regularizar sus actividades. Señaló que, a diferencia de algunos locatarios del mercado, las cadenas comerciales cumplen con sus obligaciones y representan una fuente de ingresos para el Ayuntamiento.
“Entonces, yo tampoco puedo impedir una Aurrerá, un Coppel, un 3B. Muchos de estos comercios se establecieron desde antes de mi llegada. Y si tú me preguntas quién me deja más recursos, pues me dejan más recursos los comercios que están establecidos”, afirmó.
Como ejemplo, mencionó que Coppel recientemente remodeló su fachada y realizó el trámite correspondiente ante el municipio para obtener el permiso de obra. En contraste, aseguró que a los comerciantes del mercado se les han ofrecido descuentos y facilidades para regularizarse, incluso sin exigirles el pago de refrendos atrasados, pese a que la legislación municipal faculta al Ayuntamiento para cobrarlos.
Entre reuniones y cobros, la regularización del mercado sigue pendiente
La presidenta explicó que desde 2025 se establecieron mesas de diálogo con los comerciantes con el objetivo de preparar el proceso de regularización. Señaló que, al inicio de su administración, recibió una notificación de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (COEPRIST) relacionada con las condiciones del mercado y que, a partir de las acciones requeridas, los propios comerciantes asumieron algunos gastos, entre ellos la fumigación, mientras que el Ayuntamiento apoyó con mano de obra.
La presidenta también aseguró que el Ayuntamiento ha mantenido un proceso constante de diálogo con los locatarios y afirmó que existen más de ocho reuniones registradas con comerciantes del Mercado Bicentenario. Sin embargo, al solicitar evidencia de estos encuentros, el Ayuntamiento únicamente compartió fotografías de algunas reuniones, sin proporcionar las fechas exactas ni documentación que permitiera verificar e identificar cada uno de los encuentros señalados.
La funcionaria explicó además que las reuniones se han realizado por grupos, debido a que el mercado está integrado por distintos sectores y horarios. Precisó que se han entregado ocho concesiones, todas ya pagadas; mientras que de los 40 locales, 15 se encuentran pagados y para el caso de las 35 planchas, únicamente una ha sido liquidada.
Por su parte, los comerciantes organizados aseguran que han buscado mantener el diálogo con el Ayuntamiento para alcanzar un acuerdo que les permita cumplir con el pago de sus obligaciones a partir de costos que consideran justos. Señalan que su postura no es dejar de pagar, sino contar con claridad sobre los montos, los conceptos que los integran y el destino de los recursos que aportan.
De acuerdo con los comerciantes, esta exigencia de información tampoco sería reciente. Señalan que hace aproximadamente un año entregaron al Ayuntamiento y al Gobierno del Estado un pliego petitorio con 11 puntos, entre ellos solicitudes relacionadas con el destino de los impuestos y la creación de mecanismos para consultar información sobre el uso de los recursos públicos.
Arce Luna señala intereses políticos detrás de la disputa por el mercado
La presidenta municipal sostuvo que dentro del mercado existen personas que subarriendan espacios y que algunas de ellas estarían vinculadas con liderazgos políticos que, según su versión, han influido en el conflicto. Afirmó que parte de los recursos generados por estos espacios no llegan al Ayuntamiento y que su propuesta busca regularizar y dar certeza jurídica a la actividad comercial.
“Muchos líderes políticos aprovechan eso y ese dinero nunca llega al Ayuntamiento. Lo que yo les estoy ofreciendo es legitimar el mercado”, sostuvo.
Sobre el papel de estos liderazgos, agregó que:
“el gobierno tiene que evolucionar y San Pablo tiene que evolucionar. San Pablo no puede estar liderada siempre por políticos que amenacen, que amedrenten”.
Por su parte, los comerciantes rechazan esta versión y aseguran que su movilización no responde a intereses partidistas, sino a la defensa de sus derechos frente a lo que consideran un abuso de poder y cobros excesivos por parte del Ayuntamiento. También acusan a la presidenta de haberlos señalado públicamente como “pseudocomerciantes” y de atribuirles la apropiación o subarrendamiento de locales sin sustento, con el propósito de desacreditarlos.
En respuesta, algunos comerciantes han cuestionado la actuación de la alcaldesa y la han señalado como una «pseudopresidenta» o «pseudoautoridad», al considerar que sus acciones no respetan la ley ni la ética profesional y que incluso se ha recurrido a la fuerza pública para intimidar a personas mayores y trabajadores que participan en la movilización.
La licencia tipo B y el régimen de los mercados
La discusión adquiere otra perspectiva al revisar el Reglamento para Establecimientos Comerciales, Licencias de Funcionamiento Tipo “B” y Manejo de Giros Comerciales para el Municipio de San Pablo del Monte, que establece disposiciones para el funcionamiento de distintos establecimientos comerciales y los requisitos que deben cumplir ante el Ayuntamiento.
Entre estos se encuentran la licencia de funcionamiento, así como diversos trámites y dictámenes relacionados con Desarrollo Urbano, Protección Civil y la Tesorería Municipal, dependiendo del giro y las características del establecimiento.
No obstante, el propio marco municipal contempla un régimen específico para los mercados municipales, donde la actividad comercial se encuentra vinculada a una concesión otorgada por el Ayuntamiento y al pago de los derechos correspondientes por la ocupación de un local o área de piso, de acuerdo con el giro comercial.
Esta diferencia resulta relevante para el caso del Mercado Bicentenario debido a que los comerciantes cuestionan que los montos que actualmente les requiere el Ayuntamiento incluyan conceptos adicionales a los establecidos específicamente para la concesión de espacios dentro del mercado.
De acuerdo con los documentos revisados por Escenario Tlaxcala, los comerciantes han recibido requerimientos en los que aparecen conceptos vinculados con distintas áreas municipales. Sin embargo, hasta el cierre de esta investigación, el Ayuntamiento no había proporcionado el desglose documental que permitiera identificar cuánto corresponde a cada concepto, qué servicio lo origina y cuál es el fundamento jurídico utilizado para determinar el monto final.
La presidenta municipal, Ana Lucía Arce Luna, ha señalado que los cobros incluyen conceptos relacionados con Desarrollo Urbano, Protección Civil, Desarrollo Económico y rentas, y que el monto puede alcanzar entre 12 mil y 16 mil pesos, dependiendo de cada establecimiento.
El punto que permanece sin aclarar es, precisamente, cómo se pasa de las cuotas previstas para los mercados en la Ley de Ingresos a los montos finales que el Ayuntamiento está requiriendo a los comerciantes.
En este contexto, la presidenta señaló a este medio que durante los últimos cinco meses el Ayuntamiento ha abastecido de agua al mercado mediante pipas; sin embargo, aseguró que desde el 31 de julio los comerciantes dejaron de contar con este servicio en los baños.
Foto: Evidencia del abastecimiento de agua mediante pipas proporcionado por el Ayuntamiento al Mercado Bicentenario durante los últimos cinco meses.
Los nuevos señalamientos de los comerciantes amplían esta preocupación a las condiciones generales del municipio. Aseguran que enfrentan problemas de seguridad pública, alumbrado, calles y pavimentación, además de señalar la ausencia de un carro de bomberos que anteriormente, según su testimonio, funcionaba como servicio de primeros auxilios.
También refieren haber registrado asaltos a negocios con armas de fuego y señalan que, en algunos casos, la respuesta de la policía municipal puede tardar hasta una hora. Asimismo, aseguran haber recibido amenazas y extorsiones. Estos señalamientos corresponden al testimonio de los comerciantes y requieren corroboración mediante denuncias, reportes oficiales o registros de seguridad antes de presentarlos como hechos comprobados.
En este contexto, uno de los locatarios cuestionó cómo pueden exigir el cumplimiento de sus obligaciones si, al mismo tiempo, consideran que no existen condiciones suficientes de seguridad y mantenimiento en el mercado.
El conflicto también alcanza la forma en que la autoridad hace cumplir las disposiciones. Los comerciantes aseguran haberse sentido intimidados por elementos policiales ante su negativa a cubrir los montos exigidos por el Ayuntamiento.
También señalaron que se han realizado clausuras de negocios durante la noche, después de las 22:00 horas. Este señalamiento deberá contrastarse con las actas de inspección, órdenes de clausura y demás documentos correspondientes para determinar bajo qué procedimiento fueron realizadas.
El propio reglamento establece que, antes de revocar una concesión o cancelar un permiso, la autoridad debe citar y escuchar al interesado, permitirle presentar pruebas y emitir una resolución fundada y motivada.
Una nueva ruta turística
Desde su perspectiva, la alcaldesa de San Pablo del Monte afirmó que el municipio cuenta con elementos para convertirse en un destino turístico por su riqueza artesanal y cultural, particularmente por la Talavera, el popotillo y los bordados. Añadió que actualmente forma parte del Consejo Estatal de Turismo y que la carretera hacia San Isidro está contemplada dentro del Plan Talavera 2026 como parte de una ruta turística.
Bajo este proyecto, el Mercado Bicentenario tendría que ser intervenido y preparado para recibir visitantes. La edil aseguró que la intención de su administración es regularizar el inmueble y destinar los locales ubicados en el frente a la venta de Talavera.
Sin embargo, sostuvo que el conflicto con los comerciantes, la falta de pago de derechos y el subarrendamiento de algunos espacios han frenado esta propuesta. De acuerdo con la presidenta municipal, esto también ha retrasado recursos y proyectos de promoción comunitaria y turística que estaban previstos por la SEDATU. Como alternativa, plantea instalar estanquillos de Talavera en el parque municipal, bajo un esquema similar al de Huamantla y Tlaxcala.
La transformación del mercado, además, se inserta en una estrategia más amplia de embellecimiento urbano que el municipio busca incorporar mediante las “Rutas Mágicas de Color”, iniciativa impulsada por la Secretaría de Turismo federal. El proyecto contempla intervenir fachadas y crear murales para reforzar la identidad local en al menos 140 viviendas ubicadas en corredores estratégicos.
Así, el conflicto del Mercado Bicentenario rebasa la discusión sobre cuánto deben pagar los comerciantes. El Ayuntamiento plantea una regularización vinculada con el mantenimiento, la reorganización del inmueble y una futura estrategia turística, mientras los locatarios demandan claridad sobre los conceptos que integran los cobros, atención a las condiciones del mercado y certeza sobre sus derechos.
Tlaxcala, Tlax.- La iniciativa de Cristhiam, terapeuta de lenguaje de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) de Tlaxco, permitió que una familia migrante encontrara alternativas de atención para un menor de cinco años diagnosticado con autismo, luego de enfrentar en Estados Unidos un proceso de alrededor de dos años y medio para obtener una evaluación y pagar 5 mil dólares para agilizarla.
Este artículo busca reconocer a las y los funcionarios públicos que, desde distintas trincheras, hacen su trabajo y entienden el verdadero sentido del servicio público. Si conocen a más funcionarios que sepan lo que significa servir, escríbannos.
De acuerdo con el testimonio de Susana Salinas, abuela del menor y originaria de Naucalpan, Estado de México, Cristhiam no se limitó a brindar las terapias de lenguaje, sino que buscó información y gestionó alternativas para que el niño pudiera recibir otros servicios de atención.
Susana reconoce que la terapeuta también canalizó a su bisnieto con un psicoterapeuta debido a algunas dificultades que presentaba, entre ellas caminar de puntitas.
Para Susana, esta intervención representó una diferencia importante en la atención que su familia había conseguido hasta entonces. Señala que, pese a que inicialmente el menor no contaba con toda la documentación de identidad mexicana, esto no impidió que comenzara a recibir atención en Tlaxco.
La ayuda de una terapeuta que llegó por iniciativa propia
La familia llegó a la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) de Tlaxco a partir de recomendaciones de personas cercanas, quienes le hablaron de otras familias que acudían con sus hijos para recibir distintos tratamientos.
Susana decidió preguntar e investigar por su cuenta hasta llegar a la unidad, en entrevista con Escenario Tlaxcala afirmó que «preguntando puedes llegar a muchos lugares”, y fue de esta manera cómo encontró la alternativa de atención para su bisnieto.
Una vez en la UBR, relata que Cristhiam fue la primer persona que le brindó orientación sobre las terapias disponibles, y que la falta de documentos no representó inicialmente un obstáculo para que el menor comenzara con un proceso de atención, pues este fue casi inmediato.
Ella asegura que las sesiones de terapia de lenguaje y de psicoterapia tuvieron un costo de 30 pesos cada una, mientras que la evaluación correspondiente fue gratuita.
Susana destaca particularmente la disposición de Cristhiam, quien incluso mantuvo comunicación con ella cuando tuvo que suspender temporalmente las sesiones del pequeño porque su madre enfermó de gravedad en la Ciudad de México.
Ella expresa que la funcionaria publica «se portó de maravilla». Recuerda que, al comunicarse con la terapeuta para explicar la situación, ella siempre la recibió como respuesta abierta y con disponibilidad para continuar llevando al niño cuando Susana se encontrara en una mejor condición.
“Mi reconocimiento sería para ella. De su propia iniciativa me ayudó”, señala.
Dos años y medio de espera en Estados Unidos
Antes de encontrar atención en Tlaxcala, la familia de Susana había enfrentado dificultades para conseguir servicios especializados para el menor en Estados Unidos. Durante aproximadamente dos años y medio esperaron una evaluación que permitiera determinar el nivel de autismo del niño. Susana afirma que el proceso tuvo un costo de 5 mil dólares para agilizarlo y, según relata, no derivó en la atención especializada que necesitaban.
Susana migró por primera vez a Estados Unidos en 1996 y se estableció en King City, en el condado de Monterey, California. Después de 16 años regresó a México en 2012, donde permaneció aproximadamente dos años y medio, antes de volver a Estados Unidos en 2014.
Durante esta segunda estancia permaneció alrededor de 11 años. Sin embargo, relata que durante los últimos años las condiciones comenzaron a cambiar. La presencia de agentes migratorios, afirma, generó temor entre la comunidad indocumentada y limitó actividades cotidianas como acudir a la lavandería, realizar compras o asistir a consultas médicas.
“Ya no eras libre de ir a comprar tu despensa, de ir a la lavandería, ni de una cita médica porque migración estaba por todas partes. Había veces que yo iba a comprar mi despensa y me hablaba mi esposo o alguna vecina y me decían: ‘Ten cuidado porque en esa tienda anda migración, ahí vieron a las camionetas’”.
A esta situación se sumó la reducción de las jornadas laborales y, con ello, de sus ingresos. Susana explica que durante la pandemia ella y su esposo llegaron a obtener entre 900 y mil dólares semanales; para 2024, sus ingresos habían disminuido a entre 500 y 550 dólares.
La disminución de los ingresos ocurrió mientras, según su relato, los costos de productos y servicios continuaban siendo elevados. Para Susana, ambas circunstancias comenzaron a afectar la calidad de vida y la posibilidad de sostenerse económicamente en Estados Unidos.
La situación del menor, aunada a las condiciones que enfrentaba la familia, llevó a Susana a buscar alternativas en México. Finalmente, en marzo de 2025 decidió regresar al país y comenzar la búsqueda de instituciones que pudieran brindar a su bisnieto la atención y rehabilitación que necesitaba.
Preguntar para encontrar alternativas
El regreso permitió a Susana buscar nuevas opciones para su familia y acercarse a instituciones que, reconoce, no había utilizado anteriormente. Relató que cuando su bisnieto enfermó, acudió al Hospital IMSS-Bienestar de Tlaxco, donde, de acuerdo con su testimonio, recibió consulta y medicamentos pese a que todavía no contaba con toda la documentación.
Con la posterior regularización de sus documentos, el menor ha continuado recibiendo atención médica y los tratamientos que requiere. A partir de esta experiencia, Susana considera que uno de los principales obstáculos para las familias migrantes que regresan al país puede ser el desconocimiento de los servicios disponibles. Por ello, su recomendación es preguntar, informarse y acercarse a las instituciones desde el momento del retorno.
“A todas las personas que regresan a su país, busquen todos los beneficios que tenemos, que tenemos muchos y son gratuitos. Entonces, hay que buscar la información para poder acceder a ellos” puntualizó.
Tlaxcala, Tlax.- Durante la jornada legislativa de este 17 de septiembre, el Pleno del Congreso del Estado recibió cuatro iniciativas relacionadas con el apoyo económico para estudiantes que realizan servicio social, permisos laborales para mujeres víctimas de violencia, protección del patrimonio artesanal y la creación de un fondo estatal para infraestructura municipal.
Las propuestas fueron presentadas por las diputadas Sandra Guadalupe Aguilar Vega, Lorena Ruiz García, Madai Pérez Carrillo y Laura Yamilí Flores Lozano, las cuales fueron turnadas a distintas comisiones para continuar con su análisis y dictaminación correspondiente.
Sandra Aguilar propone apoyo para estudiantes que realizan servicio social
La diputada Sandra Guadalupe Aguilar Vega, del Partido Revolucionario Institucional, inició la jornada legislativa presentando una iniciativa para adicionar un segundo párrafo al artículo 8 de la Ley de Profesiones del Estado de Tlaxcala, con el objetivo de establecer apoyos económicos y en especie para quienes realizan su servicio social.
La propuesta señala que los gastos de transporte, alimentación, materiales, conectividad e incluso alojamiento pueden representar una carga para estudiantes de educación superior y convertirse en un obstáculo para concluir sus estudios y obtener la titulación.
El proyecto plantea que el Gobierno estatal garantice los apoyos necesarios para que las personas estudiantes puedan realizar esta actividad sin que represente una carga económica adicional. La iniciativa busca que el servicio social mantenga su carácter formativo y no se convierta en una relación laboral.
Plantean permisos laborales para mujeres víctimas de violencia
Por su parte, la diputada Lorena Ruiz García, integrante del grupo parlamentario de MORENA, propuso reformar la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus municipios para crear un permiso con goce íntegro de sueldo para trabajadoras que deban acudir ante autoridades por hechos relacionados con violencia familiar o de género.
La iniciativa contempla un permiso de hasta tres días hábiles cuando la naturaleza de la diligencia lo requiera, con posibilidad de prórroga cuando una medida u orden de protección exija la presencia continuada de la trabajadora, sin que el periodo total exceda de 10 días hábiles dentro del mismo ejercicio fiscal.
El permiso aplicaría para presentar, ratificar o dar seguimiento a denuncias; solicitar medidas de protección; comparecer ante autoridades judiciales o ministeriales; participar en diligencias periciales; acudir al Centro de Justicia para las Mujeres y realizar actuaciones relacionadas con la representación de niñas, niños o adolescentes.
Madai Pérez plantea proteger la producción artesanal
En materia cultural y económica, la diputada Madai Pérez Carrillo de la bancada parlamentaria de MORENA, presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Fomento a la Actividad Artesanal del Estado de Tlaxcala.
Su propuesta plantea cambiar la denominación del ordenamiento para incorporar los conceptos de fomento, protección, salvaguarda y desarrollo del patrimonio artesanal, además de reconocer derechos de las personas artesanas relacionados con su autoría, pago justo, asesoría jurídica y participación en decisiones que les afecten.
El proyecto también contempla crear un Inventario Estatal del Patrimonio Artesanal Tlaxcalteca, planes de salvaguarda para ramas en riesgo, un Distintivo de Autenticidad Artesanal y un Consejo Estatal del Patrimonio Artesanal con participación mayoritaria de personas artesanas.
Entre las medidas propuestas se encuentran mecanismos para evitar que productos industriales sean comercializados como artesanías en espacios oficiales, así como consecuencias ante incumplimientos, aunque durante el primer año se plantea privilegiar la orientación y capacitación de las personas artesanas registradas antes que las sanciones, salvo casos de reincidencia o dolo acreditado.
Desde el Congreso, Laura Yamilí propone fondo para infraestructura de los 60 municipios
Finalmente, la diputada Laura Yamilí Flores Lozano, del Partido de la Revolución Democrática, hizo uso del parlamento y presentó una iniciativa para adicionar disposiciones al Código Financiero del Estado con el propósito de crear el Fondo Estatal para la Infraestructura Municipal de Tlaxcala.
El proyecto plantea distribuir entre los 60 municipios los recursos derivados de la reducción al presupuesto del Congreso estatal. La propuesta establece que 50% del fondo se distribuya en partes iguales entre los ayuntamientos y el otro 50% de manera proporcional al número de habitantes, con base en el último censo del INEGI.
Los recursos estarían destinados a obras de agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación rural y mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de caminos, calles, avenidas y carreteras.
La iniciativa calcula en 293 millones de pesos el recorte anual al presupuesto del Poder Legislativo a partir del límite de 0.70% del presupuesto estatal; sin embargo, el propio régimen transitorio establece que para el Presupuesto de Egresos de 2027 el fondo se constituiría, por única ocasión, con 97 millones de pesos, debido a que la reducción presupuestal aplicaría únicamente de septiembre a diciembre de ese ejercicio.
Con estas cuatro propuestas, la jornada legislativa abordó medidas dirigidas a reducir cargas económicas para estudiantes, facilitar el acceso a la justicia de mujeres trabajadoras, proteger la actividad artesanal y establecer un mecanismo de distribución de recursos para infraestructura municipal.
