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La crisis de campo en Tlaxcala puede atenderse desde el gobierno local, faltan políticas públicas para fortalecer al agricultor y voluntad para hacerlo posible, CEAT.
Tlaxcala, Tlax.- Tras las protestas y el desalojo de agricultores en Nanacamilpa —derivados de bloqueos carreteros en medio de movilizaciones por la crisis del campo—, el gobierno estatal, a través del vocero Antonio Martínez Velázquez, ha sostenido que varias de las demandas del sector corresponden al ámbito nacional. Esta postura ha colocado en el centro del debate los alcances de la responsabilidad local frente a un problema que ya se expresa en las calles y que forma parte de una inconformidad más amplia que recorre el campo mexicano.
En Tlaxcala, esta crisis se manifiesta en la falta de rentabilidad en la producción, el encarecimiento de insumos y una política pública que no ha logrado responder a las necesidades reales de quienes trabajan la tierra. Aunque desde el ámbito oficial se insiste en que las soluciones dependen en gran medida de la federación, voces del sector agropecuario advierten que sí existen márgenes de acción a nivel local que no se están aprovechando.
Así lo plantea Luis López, presidente del Consejo Empresarial Agropecuario del Estado de Tlaxcala (CEAT), quien señala que el problema no es únicamente presupuestal, sino también de diseño, enfoque y ejecución de las políticas públicas. Desde su perspectiva, el campo tlaxcalteca enfrenta fallas en la implementación de apoyos y en la articulación del sector productivo, lo que deriva en un escenario donde los agricultores perciben que las soluciones propuestas no responden a su realidad cotidiana.
Precio del maíz afectado por T-MEC
En octubre de 2025, durante la conferencia de prensa “Diálogo Circular”, el entonces titular de la Secretaría de Impulso Agropecuario, el ingeniero Rafael de la Peña Bernal, reconoció que la siembra de maíz ha dejado de ser rentable en Tlaxcala. El funcionario atribuyó esta situación tanto a las condiciones climatológicas, cada vez menos favorables para este cultivo, como a un entorno económico adverso que limita las ganancias de los productores en la entidad.
De acuerdo con su planteamiento, el bajo precio de comercialización —alrededor de seis pesos por kilo—, junto con la dificultad para competir en el mercado, limita las ganancias del sector. Ante este panorama, propuso a los agricultores diversificar su producción hacia cultivos como amaranto, hortalizas o berries, al considerar que ofrecen mayores oportunidades de rentabilidad frente al maíz.
Luis López, presidente del Consejo Empresarial Agropecuario del Estado de Tlaxcala (CEAT), coincide en que el maíz atraviesa una crisis económica; sin embargo, advierte que el problema es más profundo. Señala que el punto de quiebre del campo mexicano está directamente vinculado a la caída en el precio de este grano, uno de los cultivos más importantes del país y base de la alimentación nacional.
De acuerdo con López, esta situación no es reciente ni aislada, sino resultado de decisiones de política comercial adoptadas en el marco del T-MEC, que modificaron las condiciones del mercado interno y alteraron el equilibrio entre la producción nacional y la importación de granos.
La eliminación de cupos de importación permitió la entrada masiva de maíz proveniente de otros países a precios más bajos, generando una sobreoferta que impactó directamente en los productores mexicanos. Este cambio alteró el equilibrio que anteriormente priorizaba el consumo interno, desplazando gradualmente la producción nacional frente a granos importados que compiten en condiciones más favorables.
Actualmente, el maíz se comercializa en un rango de entre 3.50 y 4.20 pesos por kilo, e incluso por debajo de ese nivel en algunos casos. Para los productores, estas cifras no solo son insuficientes para generar ganancias, sino que ni siquiera permiten recuperar la inversión realizada en el ciclo agrícola. Esto ha llevado a que la actividad se vuelva económicamente inviable para un número creciente de agricultores.
A esta problemática se suma el incremento en los costos de producción. De acuerdo con López, insumos fundamentales como fertilizantes han registrado aumentos significativos en los últimos meses, pasando de alrededor de 11 mil pesos a casi 20 mil pesos por tonelada. Este encarecimiento impacta directamente en la rentabilidad, ya que eleva el punto de equilibrio y reduce aún más el margen de operación de los productores.
“Imagínate si tú necesitas alrededor de media tonelada de fertilizante para una hectárea y, al mismo tiempo, te estás encontrando con precios de 4 o 4.20 pesos por kilo de maíz; simplemente los números no dan, no es rentable producir en esas condiciones.”
El resultado de esta combinación —precios bajos y costos altos— es un escenario en el que los agricultores operan con pérdidas constantes. En lugar de generar ingresos, la producción de maíz se ha convertido, para muchos, en una actividad de subsistencia que depende de factores externos y que no garantiza estabilidad económica.
“Con esos costos de producción y esos precios de venta, el productor no solo deja de ganar, está destinado a perder. Ya no es un tema de utilidad, es un tema de sobrevivencia.”
“Estás compitiendo contra alguien al que le subsidian el diésel, la semilla, el crédito… y a ti no te dan nada. Es como poner a pelear a un niño contra un adulto”
En contraste, señaló que en México las políticas públicas han tendido a centrarse en esquemas asistencialistas más que en impulsar la productividad. Advirtió que, si bien estos apoyos pueden ser necesarios para ciertos sectores, no sustituyen una estrategia integral que fortalezca al productor. Sin incentivos reales para producir y competir, dijo, el campo queda en desventaja frente a mercados internacionales que sí priorizan la seguridad alimentaria desde la inversión directa en sus agricultores
Desde esta perspectiva, la apertura comercial sin un fortalecimiento previo del productor nacional ha generado un desequilibrio estructural que hoy se traduce en inconformidad, movilizaciones y una creciente crisis en el campo.
Subsidios sí son posibles pese a que vocero Martínez Velázquez diga lo contrario
En el «Dialogo Circular» del pasado 6 de abril, el vocero del gobierno estatal, Antonio Martínez Velázquez, señaló que medidas como la reducción en el costo del diésel corresponden principalmente al ámbito federal, no al local. Asimismo, refirió que se ha dado acompañamiento a productores tlaxcaltecas que han sostenido reuniones con funcionarios federales, con el objetivo de dialogar y exponer sus demandas ante instancias nacionales.
Sin embargo, frente al argumento de que no existen condiciones locales para atender las exigencias del sector, Luis López, sostuvo que sí es posible implementar apoyos efectivos, pero bajo un enfoque distinto al actual. El problema, señaló, no radica exclusivamente en la falta de recursos, sino en la manera en que estos se asignan, operan y supervisan, lo que ha limitado el impacto real de las políticas públicas en el campo.
Explicó que, en distintos momentos, han existido programas y fondos tanto federales como estatales destinados a apoyar al campo. Sin embargo, estos no siempre han tenido el impacto esperado debido a fallas en su implementación. En muchos casos, los recursos no llegan a los productores que realmente los necesitan, lo que limita su efectividad y genera desconfianza en el sector.
Uno de los principales problemas identificados es la intermediación, en esa línea López compartió que existen actores que, sin dedicarse directamente a la producción, logran acceder a los apoyos mediante la gestión de trámites y documentos. Esto les permite captar recursos que originalmente estaban destinados a fortalecer la actividad agrícola, generando distorsiones dentro del sector.
Esta situación no solo afecta la distribución de los apoyos, sino que también altera las dinámicas del mercado.
«Algunos intermediarios compran maíz a bajo precio a los productores y posteriormente lo comercializan dentro de esquemas gubernamentales, obteniendo ganancias sin participar en el proceso productivo. Esto debilita la competitividad del campo y perpetúa las desigualdades»
Para el presidente del CEAT, la solución no pasa únicamente por incrementar el presupuesto, sino por mejorar la capacidad operativa de las instituciones encargadas de ejecutar los programas. Esto implica fortalecer los mecanismos de supervisión, transparentar los procesos y garantizar que los recursos lleguen directamente a quienes trabajan la tierra.
Además, subrayó la importancia de diseñar políticas públicas integrales que incluyan a todos los actores de la cadena productiva. Desde los productores hasta los comercializadores.
«cada eslabón debe ser considerado en la construcción de estrategias que permitan fortalecer el sector de manera sostenible»
También destacó que el apoyo al campo no debe limitarse a la entrega de recursos, sino que debe incluir capacitación, acceso a tecnología, financiamiento y acompañamiento técnico. Solo así, dijo, se podrá generar un entorno que favorezca la productividad y la competitividad del campo mexicano.
Los integrantes de los movimientos: El problema del movimiento en Tlaxcala
En cuanto a las movilizaciones que han surgido en el sector agrícola en Tlaxcala, López consideró que el descontento de los productores es legítimo y responde a condiciones económicas adversas que no han sido atendidas de fondo. Las protestas, señaló, son una expresión de la falta de soluciones estructurales y de la creciente presión que enfrentan quienes dependen del campo para subsistir.
No obstante, también advirtió que dentro de estos movimientos existen dinámicas complejas que deben analizarse con cuidado. En algunos casos, explicó, los liderazgos que encabezan las movilizaciones no representan necesariamente a la totalidad de los productores, lo que puede generar tensiones internas y desconfianza dentro del propio sector.
“La realidad es que en estos movimientos sí hay productores, pero también hay quienes encabezan y que no necesariamente representan a todos.”
Señaló que algunos actores han encontrado en estos movimientos una oportunidad para obtener beneficios económicos o políticos, lo que puede traducirse en prácticas como el control de espacios de comercialización o la gestión de recursos a cambio de comisiones. Estas dinámicas, aunque no generalizadas, afectan la percepción del movimiento y pueden debilitar su legitimidad.
«En muchos casos, los que están al frente son los que ya conocen cómo moverse, cómo gestionar apoyos, y terminan tomando decisiones por otros»
A pesar de ello, López insistió en que estas situaciones no deben utilizarse para desestimar las demandas del sector. Por el contrario, consideró que es necesario reconocer la complejidad del problema y atender tanto las causas estructurales como las dinámicas internas que se generan en torno a las movilizaciones.
En este sentido, subrayó que el conflicto no puede reducirse a una confrontación entre autoridades y manifestantes, ni a una discusión sobre competencias institucionales. Se trata de una crisis que involucra factores económicos, políticos y sociales, y que requiere una respuesta integral que vaya más allá de medidas coyunturales.
“Este no es un tema de partidos ni de ver quién tiene la razón entre gobierno y manifestantes; es un problema real del campo que viene de fondo y que no se va a resolver con medidas momentáneas, se tiene que atender de manera integral.”
Finalmente, advirtió que mientras no se atiendan las condiciones de fondo —la falta de rentabilidad, la desigualdad en la competencia internacional y las fallas en la política pública—, el descontento en el campo seguirá creciendo. Lo ocurrido en Nanacamilpa, dijo, es solo un reflejo de una problemática más amplia que, de no resolverse, continuará escalando en los próximos meses.
*** NOTA: Para ampliar la información sobre los diálogos que ha sostenido el Gobierno de Tlaxcala con agricultores, así como conocer las limitaciones señaladas y contar con una postura oficial, se solicitó entrevista con el vocero Antonio Martínez Velázquez; sin embargo, no se obtuvo respuesta.
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