Según la Real Academia el concepto de represión lo define como el “acto, o conjunto de actos, ordinariamente desde el poder, para contener, detener o castigar con violencia actuaciones políticas o sociales”.
Haciendo alusión al concepto de represión, es posible afirmar que en Tlaxcala los movimientos sociales, las comunidades, las luchas o los pueblos, han enfrentado de manera constante episodios de represión. Cada vez que defienden el territorio, la vida, la tierra, el agua, la respuesta del Estado ha sido en numerosas ocasiones el uso de la violencia como mecanismo de castigo y control.
Un ejemplo reciente ocurrió el pasado 25 de junio, la comunidad de San Pedro Ecatepec, que pertenece al municipio de Atlangatepec, que fue objeto de una fuerte intervención policial. Elementos de la policía estatal utilizaron gases lacrimógenos contra habitantes de la comunidad que se manifestaban en defensa de su territorio y en rechazo a la imposición del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar.
Este hecho no es aislado, el 8 de mayo de 2023, comunidades de Calpulalpan, que protestaban por la falta de agua potable también fueron reprimidas en esta administración gubernamental. De acuerdo con los testimonios y reportes documentados, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dispersaron gases lacrimógenos contra las personas manifestantes y posteriormente se registraron detonaciones de armas de fuego. Habitantes del lugar denunciaron que hubo personas heridas como consecuencia de estos hechos.
De igual manera, durante la movilización del 8 de marzo de 2023, miles de mujeres salieron a las calles para exigir el fin de la violencia y reclamar el respeto a sus derechos a vivir una vida libre de violencia. La respuesta de las autoridades fue el despliegue de una tanqueta para dispersar la protesta con chorros de agua, además del uso de gases lacrimógenos.
Este proceder del gobierno no es un error o una equivocación, es una práctica sistemática que ocupa para contener la inconformidad social, mediante mecanismos de intimidación que tienen como objetivo disolver movimientos o imponer proyectos que lo único que hacen es devastar el territorio, la vida de las personas y de todos los seres vivos que habitamos.
Frente a este panorama, resulta indispensable mencionar que el conflicto social no se resuelve mediante el uso de la fuerza. Las demandas que tienen las comunidades, las luchas o los movimientos sociales, relacionadas con el acceso al agua, la protección del territorio o la exigencia de una vida libre de violencia, requieren respuestas institucionales basadas en el diálogo, la transparencia y el respeto a los derechos humanos reconocidos en los instrumentos nacionales e internacionales. La función del Estado debe ser garantizar las condiciones para el ejercicio de estos derechos y no convertir a quienes se manifiestan en enemigos a vencer.
Cabe recordar que la protesta social está relacionada con los derechos a la libre expresión, la libertad de reunión y la participación en los asuntos públicos y estos derechos están contenidos en instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que las autoridades tienen la obligación de garantizarlos y protegerlos, no de responder a ellos mediante el uso desproporcionado de la fuerza.
La recurrencia de estos episodios permite sostener que en Tlaxcala la represión no constituye un hecho aislado, sino una forma de actuación del gobierno. El uso de los cuerpos de seguridad para disuadir y criminalizar la protesta social revela una preocupante tendencia a responder con la fuerza a las demandas de quienes exigen el respeto y la garantía de sus derechos.
“El Estado perdió capacidad frente a procesos globales, pero no perdió legitimidad.” Esa es una de las ideas más provocadoras del sociólogo Zygmunt Bauman para comprender nuestro tiempo. Las grandes corporaciones tecnológicas, los mercados financieros y las plataformas digitales acumulan hoy un poder que rebasa fronteras con una velocidad que los Estados difícilmente pueden seguir. Basta mirar el valor económico de las empresas tecnológicas, su capacidad para moldear la conversación pública o la enorme cantidad de datos que concentran para darnos cuenta que el mapa del poder cambió.
Sin embargo, frente a esa transformación del poder, yo sigo cada vez más convencida de una idea: necesitamos seguir mirando al Estado.
No porque ignoremos que el poder económico se ha transformado, tampoco porque pensemos que los algoritmos son actores secundarios… Seguimos mirando al Estado porque ninguna empresa, por poderosa que sea, ha heredado aquello que lo distingue desde hace siglos: la legitimidad para decidir en nombre de la sociedad y la obligación de garantizar nuestros derechos.
«Hay que incomodar al poder, sí, pero el poder no solo está en el gobierno. El poder también está en las corporaciones y a veces nadie las investiga.»
Eso fue lo que el pasado 17 de junio me dijo el vocero del Gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, durante una breve conversación sobre el papel del periodismo frente al poder. Mi respuesta fue inmediata: seguimos mirando al Estado porque, como explicó Max Weber, es la institución que reclama el monopolio legítimo del uso de la fuerza.
Días después, el 3 de julio, Antonio Martínez publicó la columna «El latifundio tecnológico y la batalla por lo público», que compartió en sus redes sociales con la frase: «Me puso a pensar Paola Torres». En ese texto sostiene que el poder ya no está concentrado principalmente en los Estados, sino en las grandes corporaciones tecnológicas. Coincido en el diagnóstico sobre la creciente influencia de esos actores. Pero también creo que esa afirmación merece una discusión más profunda. Porque reconocer nuevos centros de poder no significa que el Estado haya dejado de ser el principal responsable frente a la ciudadanía.
Sería ingenuo de mi parte negar que plataformas digitales, fondos de inversión y empresas transnacionales condicionan decisiones económicas, moldean el debate público e incluso influyen en procesos democráticos. Sin embargo, esta conclusión me lleva a regresar a una pregunta mucho más antigua, una pregunta que la sociología y la filosofía política llevan siglos intentando responder: ¿qué es, en realidad, el Estado?
Thomas Hobbes escribió Leviatán en 1651, en medio de las guerras civiles inglesas. Para él, el Estado surgía como un pacto para abandonar la violencia y construir un orden común. Sin una autoridad legítima, sostenía, la vida estaría condenada a la incertidumbre permanente. Por lo que el Estado nacía para proteger.
Dos siglos después, Max Weber formuló una definición que sigue siendo el punto de partida de la sociología política: el Estado es la institución que reclama con éxito el monopolio legítimo del uso de la fuerza dentro de un territorio. Esa definición suele reducirse al uso de la coerción, pero en realidad implica mucho más. Significa que el Estado es la única institución con la facultad de legislar, recaudar impuestos, impartir justicia, regular mercados, sancionar abusos y garantizar derechos.
El Estado es una institución distinta de otras que organizan nuestra vida social, como la familia, la Iglesia, la escuela, los medios de comunicación o el mercado; pese a que todas influyen en nuestra manera de vivir, de pensar y de relacionarnos, el Estado tiene la autoridad jurídica para convertir decisiones en normas obligatorias para todas y todos.
Jürgen Habermas añadió otra pieza fundamental a esta discusión. Para él, la legitimidad del Estado democrático no descansa únicamente en las leyes, sino en la existencia de una esfera pública donde la ciudadanía pueda deliberar, disentir y exigir cuentas al poder. Una democracia no vive solo de elecciones; vive de la posibilidad de cuestionar a quienes toman decisiones públicas.
Y justamente ahí aparece una de las grandes paradojas de nuestro tiempo.
Hoy buena parte de esa esfera pública transcurre en plataformas privadas. Facebook, X, TikTok o Instagram median conversaciones que hace apenas unas décadas ocurrían en plazas públicas, universidades o periódicos. Es cierto, las plataformas poseen una capacidad inédita para ordenar la información que consumimos, influir en nuestras emociones y condicionar buena parte del debate público.
Pero una cosa es administrar la conversación y otra muy distinta es garantizar derechos.
Bauman advirtió que el capital y el poder económico se volvieron líquidos, es decir, que pueden desplazarse de un país a otro con una velocidad que la política difícilmente alcanza. Las empresas tecnológicas operan simultáneamente en decenas de países; los datos viajan sin fronteras y los mercados reaccionan en segundos.
La política, en cambio, sigue teniendo un territorio. Los congresos legislan dentro de sus fronteras, los tribunales resuelven conforme a leyes nacionales y los gobiernos responden a una ciudadanía concreta.
Lo que me hace pensar que el Estado perdió capacidad para controlar muchos procesos globales, pero no perdió legitimidad y mucho menos perdió la responsabilidad que la Constitución le impone frente a quienes habitamos un territorio.
Porque cuando un río se contamina, cuando un bosque cambia ilegalmente de uso de suelo, cuando una comunidad pierde acceso al agua, cuando desaparece una persona, cuando una mujer denuncia violencia, cuando una autoridad decide ocultar información pública o cuando una comunidad exige ser escuchada, seguimos mirando al mismo lugar: al Estado.
No porque ignoremos el poder de las empresas, sino porque ninguna empresa puede garantizar el derecho humano al agua, proteger un bosque, sancionar un delito ambiental, emitir una ley de transparencia, impartir justicia o hacer efectivo un derecho humano.
Ningún algoritmo puede hacerlo. Esas responsabilidades siguen teniendo un solo depositario: El Estado.
Paradójicamente, incluso el enorme poder que hoy poseen muchas corporaciones tecnológicas no surgió al margen de él, sino que crecieron dentro de marcos jurídicos diseñados por los propios Estados. Se beneficiaron de políticas públicas, incentivos fiscales, vacíos regulatorios o decisiones políticas que facilitaron su expansión.
Los algoritmos no sustituyeron al Estado, prosperaron porque hubo Estados que decidieron regular poco, regular tarde o, sencillamente, no regular. Por eso me parece peligroso confundir la transformación del poder con la desaparición de la responsabilidad pública.
Para mí, mientras más fuerte sea el poder económico, más necesario resulta un Estado capaz de poner límites, proteger derechos y garantizar el interés colectivo.
Cuando Martínez Velázquez cuestionó mi quehacer periodístico por «incomodar al poder», volví a una convicción que la sociología política lleva siglos sosteniendo: el Estado sigue siendo el principal responsable frente a la ciudadanía. Por eso, desde Escenario Tlaxcala seguiremos cuestionando e incomodando al poder que ejerce el Estado, particularmente cuando sus decisiones públicas, concesiones, omisiones o privilegios favorezcan intereses empresariales por encima del interés público.
Si bien las empresas deben ser investigadas cuando contaminan, vulneran derechos laborales, destruyen ecosistemas u obtienen privilegios indebidos, existe una diferencia que no debemos diluir: las empresas persiguen intereses privados; el Estado, en cambio, posee la legitimidad y la obligación de proteger el interés público y garantizar derechos. Por eso, mi necedad de seguir mirando al Estado.
Por ejemplo: Cuando una empresa destruye un bosque, la responsabilidad empresarial es evidente. Pero cuando esa destrucción ocurre durante años sin inspecciones, sin sanciones, sin clausuras o con permisos otorgados irregularmente, la pregunta periodística cambia inevitablemente de dirección.
¿Qué hizo el Estado?¿Qué autoridad omitió actuar? ¿Quién decidió mirar hacia otro lado?
Cómo socióloga y periodista, he investigado conflictos por el agua, contaminación de ríos, desarrollos inmobiliarios en zonas forestales, desapariciones, opacidad institucional y decisiones públicas que afectan el territorio. En todos esos casos aparecen actores privados, intereses económicos y relaciones de poder, pero, al final; las preguntas siempre regresan al mismo sitio.
¿Quién autorizó? ¿Quién supervisó? ¿Quién debía garantizar un derecho y no lo hizo?
Las respuestas casi nunca apuntan hacia un algoritmo o recaen en las empresas; terminan dirigiéndose a una institución pública: el Estado.
Por eso, el debate no consiste en decidir si el poder pertenece hoy al Estado o a las corporaciones tecnológicas, sino en preguntarnos a quién debemos exigir una respuesta cuando los derechos se vulneran. Vivimos en una época en la que el poder se distribuye entre múltiples actores, pero la responsabilidad de proteger el interés público y garantizar derechos sigue recayendo, principalmente, en el Estado. Lo verdaderamente importante es recordar que el poder puede haberse diversificado, pero la responsabilidad democrática no se ha distribuido de la misma manera.
Los algoritmos pueden decidir qué aparece en nuestras pantallas, las plataformas pueden administrar buena parte de la conversación pública, las empresas pueden acumular riqueza e influencia. Pero ninguna de ellas posee el mandato constitucional de proteger nuestros derechos. Esa responsabilidad sigue teniendo un nombre: Estado.
Y quizá ahí también habita una pequeña utopía. No la ingenua de un Estado perfecto o infalible. Tampoco la resignación de aceptar que los nuevos poderes económicos vuelven inútil toda exigencia pública. Mi utopía sigue estando aquí, en Tlaxcala, muy lejos de ese latifundio tecnológico del que hoy me hizo escribir estas palabras.
Está en la soberanía de las comunidades para decidir sobre su territorio; en el derecho de los pueblos a defender sus bosques, sus ríos y su agua; en preservar las fiestas que fortalecen la vida comunitaria y en respetar la dignidad de quienes, desde abajo, han sostenido históricamente este estado. Porque antes que los algoritmos, aquí siguen existiendo comunidades que resisten, personas que organizan asambleas y pueblos que exigen ser escuchados. En esta tierra que quiero creer que no ha sido vencida por la globalización. Esa es la utopía que sigo caminando.
Ahora mi pregunta deja de ser ¿quién concentra el poder? Ahora mi pregunta es ¿qué ha hecho y qué está haciendo la izquierda para evitar que esas corporaciones sigan apropiándose de nuestros territorios, de nuestros datos y, poco a poco, también de nuestra vida pública?
Tlaxcala, Tlax.- La campaña lanzada por la titular de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Tlaxcala (SMET), Nydia Cano Rodríguez, para promover la paternidad responsable generó cuestionamientos entre investigadoras, colectivas feministas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT), quienes advirtieron que el mensaje reproduce estereotipos de género y recurre a formas de violencia simbólica.
El pasado 1 de julio, la funcionaria publicó en sus redes sociales la imagen de un espectacular con la frase «¿Eres de los que te fuiste por cigarros? Regresa con 2 kilos de huevos», como parte de la campaña «Cuidar nos une», cuyo propósito busca fomentar la paternidad responsable.
No obstante, especialistas y organizaciones señalaron que el mensaje trasciende el albur o la ocurrencia publicitaria al recurrir a un lenguaje patriarcal que contradice el enfoque de derechos humanos e igualdad de género que debe regir la comunicación institucional.
Investigadoras y colectivas cuestionan el mensaje
El espectacular fue colocado en las inmediaciones de la zona conocida como «El Trébol», en la capital tlaxcalteca. Tras su difusión, la investigadora Ixchel Yglesias González cuestionó la estrategia al señalar que la paternidad no es una cuestión de «tener o no tener huevos», sino un compromiso basado en la responsabilidad.
A través de redes sociales, sostuvo que el mensaje no solo minimiza una problemática estructural, sino que reproduce las mismas lógicas patriarcales que han sostenido históricamente el abandono paterno. «No es un meme compartido en redes sociales, es comunicación institucional pagada con recursos públicos», expresó.
La investigadora explicó que la expresión «huevos» se encuentra asociada simbólicamente con la virilidad, la fuerza y una masculinidad hegemónica que el feminismo ha buscado desmontar. Desde esa perspectiva, consideró contradictorio que una institución encargada de promover la igualdad utilice ese mismo referente para impulsar la paternidad responsable.
Asimismo, cuestionó el destino de los recursos públicos destinados a este tipo de campañas, al señalar que muchas mujeres continúan enfrentando instituciones que no garantizan el acceso efectivo a la justicia en casos de violencia económica y abandono paterno.
En el mismo sentido, la colectiva Jijas del Maíz calificó como «inaceptable» que una institución creada para proteger los derechos de las mujeres difunda mensajes que simplifican problemáticas estructurales como el abandono paterno. La organización sostuvo que la paternidad no debe presentarse como «un acto heroico ni como la decisión voluntaria» de «volver», sino como una «responsabilidad legal, ética y afectiva».
CEDHT llama a revisar la comunicación institucional
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) señaló que la campaña debe analizarse con perspectiva de derechos humanos, de género e interseccional, a fin de evitar la reproducción de estereotipos y formas de violencia simbólica. Recordó que la comunicación institucional debe apegarse a los principios de igualdad, no discriminación y respeto a la dignidad humana, conforme al artículo 1° constitucional y a la Convención de Belém do Pará.
El organismo agregó que el uso de recursos públicos para difundir mensajes que refuercen estereotipos sexistas o vulneren estos principios puede derivar en responsabilidades administrativas y en la intervención de los organismos de protección de derechos humanos.
Más allá del eslogan
Aunque la titular de la SMET, Nydia Cano Rodríguez, afirmó en redes sociales que comprende las críticas, sostuvo que lo importante es contar con presupuesto para realizar acciones de sensibilización, mientras que la colectiva e investigadora cuestionaron que los recursos públicos se destinen a campañas que, a su juicio, reproducen estereotipos en lugar de contribuir a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
Para la investigadora González Báez, la intención de acercar un lenguaje «coloquial» a la ciudadanía terminó por alejarse de la realidad que enfrentan miles de mujeres. Consideró que cuando el Estado responde desde la lógica de las «ocurrencias», deja de asumir la responsabilidad que le corresponde y desaprovecha recursos públicos que deberían orientarse a atender una problemática estructural.
Tlaxcala, Tlax.- El municipio de Yauhquemecan enfrenta un acelerado proceso de expansión urbana marcado por el cartel inmobiliario en Atlihuetzia, el cual vulnera las normas de ordenamiento territorial mediante la construcción de viviendas de interés social en zonas con restricciones de uso de suelo, la presunta falsificación de documentos y la creciente presión sobre recursos esenciales como el agua.
A este panorama se suman denuncias por edificaciones levantadas en predios de carácter comunitario, así como señalamientos de presuntas omisiones y/o complicidad por parte de las autoridades responsables de regular y vigilar el crecimiento urbano de la localidad.
Estos mecanismos en Atlihuetzia guardan similitudes con el denominado cartel inmobiliario de la Ciudad de México, particularmente con el esquema documentado en la alcaldía Benito Juárez, donde durante años se han denunciado redes de corrupción asociadas a favores políticos, construcciones irregulares, falsificación de documentos y procesos de especulación inmobiliaria.
Escenario Tlaxcala acudió a esta comunidad originaria del municipio de Yauhquemehcan para documentar las transformaciones que ha experimentado durante los últimos años. Los testimonios recabados detallan una serie de irregularidades que van generado el desabasto del liquido vital y otros recursos naturales para los habitantes, cambiando las dinámicas comunitarias de quienes han vivido ahí toda su vida y en contra de la sostenibilidad.
El crecimiento inmobiliario sobre territorio comunitario
«En casi toda la comunidad hay anuncios sobre venta de casas o de terrenos, eso ya es muy común aquí»
Reconocida por su riqueza natural y por la cascada que atrae a visitantes de la región, la comunidad de Atlihuetzia enfrenta desde hace más de una década un proceso de urbanización que, de acuerdo con habitantes, ha puesto en riesgo su entorno ambiental. Luis Alberto Lobatón, comisionado de agua de la comunidad, y Balbina Rodríguez, asesora jurídica del Comité Comunitario de Atlihuetzia, aseguraron que durante ese tiempo han denunciado de manera constante las irregularidades en el crecimiento inmobiliario, sin que las autoridades hayan atendido de fondo sus señalamientos.
En entrevista compartieron que Atlihuetzia ha experimentado un acelerado crecimiento urbano y señalaron, diversas inmobiliarias adquirieron terrenos que anteriormente se destinaban a actividades agrícolas para transformarlos en desarrollos habitacionales comercializados como vivienda de interés social.
De acuerdo con información de la administración municipal anterior y la actual, los desarrollos no cuentan con permisos de construcción, supervisión, constancias de terminación de obra ni servicio de agua potable, requisito indispensable para su autorización. Esta situación pone en riesgo a derechohabientes del FOVISSSTE, quienes podrían adquirir viviendas con irregularidades y enfrentar afectaciones similares a las registradas en el fraccionamiento La Virgen, en Panotla.
De acuerdo con Lobatón y Rodríguez, estas viviendas han sido promovidas como fraccionamientos privados y se caracterizan por sus dimensiones reducidas. Algunas, afirmaron, tienen una superficie de 59 metros cuadrados y frentes aproximados de cinco metros, características que, según Lobatón, no garantizan condiciones adecuadas de habitabilidad ni cumplen con los lineamientos de desarrollo urbano previstos para comunidades como Atlihuetzia.
«[Es] una zona residencial donde las casas oscilan por ahí entre los 3.5 millones y los 4.5 millones. Sobre todo, en una área destinada como zona agrícola, pero enfrente hay casas que oscilan entre el millón de pesos, que son estas que están en 49 metros cuadrados».
Por su parte, la Mtra. Balbina Rodríguez, señaló que existen construcciones ubicadas en áreas donde el desarrollo habitacional está restringido y no se ha hecho el procedimiento para el cambio de uso de suelo. Entre ellas identificó obras en zonas de preservación ecológica, espacios rivereños y barrancas cercanas a cauces de desagüe pluvial. Desde su perspectiva, estas intervenciones incrementan el riesgo de inundaciones en temporada de lluvia.
El modus operandi del cartel inmobiliario en Atlihuetzia
Como parte de las irregularidades que, según habitantes, han acompañado a los proyectos inmobiliarios en Atlihuetzia, la comisión de agua detectó presuntas anomalías en la emisión de recibos del servicio hídrico, un hallazgo que derivó en la identificación de posibles casos de falsificación documental.
La población refiere que la alteración de los documentos está vinculada a la creación de fraccionamientos recientes, los cuales, aseguran, ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para deslindar responsabilidades por el presunto uso indebido de documentos y la posible defraudación de personas que adquirieron predios de buena fe.
Construir fuera de norma
Los pobladores identificaron un patrón de actuación que combina irregularidades urbanísticas, presuntas falsificaciones documentales y omisiones institucionales que han permitido la creación de conjuntos habitaciones en «carteles inmobiliarios» cuestionados por la comunidad.
Señalan que, tras la presión comunitaria, el ayuntamiento colocó sellos de clausura en algunos desarrollos durante marzo de 2026. Sin embargo, en junio del mismo año se presentó una denuncia por la presunta violación de esos sellos. Además, afirmaron que la autoridad mantiene una postura permisiva con los fraccionamientos, mientras que aplica criterios más estrictos a la población que busca construir de manera particular.
El primer elemento del esquema, según los habitantes, es el incumplimiento sistemático del Programa Parcial de Desarrollo Urbano. Los recorridos realizados por Escenario Tlaxcala confirmaron la presencia de viviendas en zonas de preservación ecológica y terrenos de uso agropecuario señalados previamente.
Destacó que, desde hace 29 años, este documento regula las construcciones y busca prevenir la falsificación de documentos, una práctica que, afirmó, no es nueva en la comunidad. Señaló que, desde su creación, ha sido actualizado para atender las nuevas necesidades sin perder de vista la sostenibilidad.
Por su parte, Luis Alberto Lobatón, integrante de la comisión de agua de la comunidad, añadió que estos desarrollos privilegian lotes de dimensiones reducidas que incumplen los criterios técnicos sobre absorción del suelo.
“Pues claro que nos afecta porque construyen fuera de norma. El artículo 21 de la Ley de Construcción vigente en el estado de Tlaxcala establece que deben contar con factibilidad de servicios, cuestión que no están respetando. Deben tener primero su permiso de toma de conexión a nuestra red para que el ayuntamiento pueda expedirles la licencia de construcción”.
Recibos apócrifos
Un segundo componente señalado por los habitantes es la alteración y falsificación de documentación relacionada con la prestación de servicios. De acuerdo con el comité, se han identificado recibos de agua con inconsistencias, así como el uso de sellos, firmas y formatos del comité comunitario de agua.
Tras revisar la documentación presentada por habitantes de distintos fraccionamientos, la comisión de agua potable detectó diversas irregularidades que, a su juicio, evidencian la falsificación de comprobantes utilizados para acreditar el acceso al servicio. Las inconsistencias no solo afectan el diseño del documento, sino también los elementos de validación administrativa, por este tema ya se presentó la denuncia correspondiente.
La triangulación de notarías
A las presuntas irregularidades se suma la participación de distintos despachos notariales en los procesos de compraventa de viviendas. De acuerdo con los entrevistados, esta práctica dificulta la revisión integral de los antecedentes de los predios, así como la verificación de los permisos, licencias y condiciones de habitabilidad que exige la normatividad para los desarrollos inmobiliarios.
El papel de los notarios resulta relevante por ser los fedatarios públicos encargados de dar certeza jurídica a las operaciones inmobiliarias. Luis Alberto afirma que les corresponde revisar que la documentación presentada cumpla con los requisitos legales antes de protocolizar una compraventa.
Sin embargo, sostiene que, en diversos casos, se han formalizado operaciones con documentos que posteriormente fueron identificados como apócrifos, entre ellos recibos de agua y drenaje utilizados para acreditar la existencia de servicios.
Señaló que el municipio desempeña un papel fundamental en este proceso, al ser la autoridad responsable de autorizar licencias de construcción, verificar la disponibilidad de servicios públicos y expedir los certificados de habitabilidad.
No obstante, señalaron que la autoridad ha sido omisa en el ejercicio de sus facultades, poniendo en riesgo el patrimonio de quienes, de buena fe, adquieren un bien inmueble sin conocer las irregularidades que presenta.
Como ejemplo, explicaron que una constancia expedida por el Registro Público de la Propiedad puede mantener su vigencia durante aproximadamente un año, lo que permitiría utilizar el mismo documento para respaldar múltiples operaciones inmobiliarias.
No obstante, los testimonios indican que las operaciones no se concentran en una sola notaría. Pues, durante septiembre de 2024 se realizaron trámites de compraventa ante diversos notarios utilizando un mismo antecedente registral, pese a que el origen del inmueble correspondía a una propiedad particular y no a un fraccionamiento legalmente constituido.
Lobatón denomina esta práctica como «triangulación de notarías», un mecanismo que, sostiene, consiste en distribuir las operaciones entre distintos despachos notariales para evitar que un solo fedatario detecte el volumen de ventas o las posibles irregularidades asociadas al desarrollo inmobiliario, dificultando así la identificación de un patrón en las transacciones.
Para la comunidad, esta situación es preocupante porque, afirman, podría derivar en un presunto fraude contra personas que adquieren inmuebles de buena fe y en el uso irregular de documentos públicos, lo que deja a los compradores en una situación de vulnerabilidad.
Captura y omisión institucional
Otro de los elementos recurrentes en los testimonios es la presunta falta de actuación de las autoridades. Aunque el ayuntamiento de Yauhquemehcan ha sostenido en distintos momentos que no ha otorgado determinados permisos, los habitantes cuestionan que las obras continúen avanzando sin clausuras efectivas.
Los habitantes señalaron que, en algunos casos, las constructoras retiran los sellos de suspensión para continuar con las obras y aunque la Ley de Construcción del Estado en el artículo 7 fracción XIV faculta a las autoridades para solicitar el uso de la fuerza pública cuando sea necesario para hacer cumplir sus determinaciones, los entrevistados sostienen que solo han promovido una denuncia de las correspondientes por la violación de estas medidas.
Los habitantes también refieren que dependencias estatales y federales suelen remitir sus quejas nuevamente al ámbito municipal, generando un proceso que, en los hechos, impide la atención efectiva de las denuncias.
Apropiación de infraestructura comunitaria
De acuerdo con los testimonios recabados, algunos desarrolladores habrían obtenido tomas de agua bajo argumentos distintos a los usos que finalmente les dieron, conectando desarrollos habitacionales completos a infraestructura originalmente destinada a otros fines.
Foto: El pozo elevado de la comunidad se encuentra rodeado por fraccionamientos construidos en los últimos años.
Asimismo, los pobladores denunciaron la instalación de accesos a fraccionamientos donde existe un pozo profundo comunitario, situación que dificulta las labores de mantenimiento de bombas, transformadores y otras instalaciones necesarias para el suministro del servicio.
«por ejemplo, Sierra Nevada se construyó entre la administración pasada [y actual].ahí fueron a solicitar una toma de agua porque iban a construir una casa, pero después resulta que no solo fue una, sino dos, tres, cuatro y cinco. Sí, y cerraron el paso».
Los habitantes sostienen que estas prácticas han reducido la disponibilidad de agua para las familias originarias —que actualmente reciben el servicio mediante tandeos— han puesto en riesgo el suministro del servicio e incrementando la preocupación los posibles descargas de aguas residuales directas al río Zahuapan, particularmente en desarrollos que, afirman, carecen de infraestructura suficiente para su tratamiento.
Foto: Desarrollos habitacionales construidos en las inmediaciones del río Zahuapan.
¿Lo que sucede en la Ciudad de México sucede en Tlaxcala?
Durante las últimas dos décadas, el denominado «cártel inmobiliario» ha cobrado relevancia en diversas ciudades de México como un fenómeno que va más allá del crecimiento urbano. Diversas investigaciones periodísticas han señalado que estos esquemas se sostienen a partir de relaciones entre actores políticos, empresariales y administrativos que permiten el desarrollo de proyectos inmobiliarios mediante mecanismos que vulneran la normatividad urbana y territorial.
Rafael Castañeda, doctor en Sociología y docente de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, define este fenómeno como una red de corrupción entre actores políticos y empresas desarrolladoras cuya finalidad es impulsar proyectos inmobiliarios a partir de relaciones de beneficio mutuo. En su artículo «Análisis de los mecanismos y las estrategias del extractivismo inmobiliario: un acercamiento teórico» afirma que estas dinámicas pueden incluir apoyos financieros —frecuentemente vinculados a procesos electorales— a cambio de decisiones gubernamentales que favorezcan intereses privados una vez alcanzados los cargos públicos.
Este modelo responde a una lógica de extractivismo inmobiliario, en la que el suelo y el territorio se convierten en recursos de explotación económica. A diferencia del extractivismo minero o agropecuario, la riqueza obtenida proviene principalmente de la valorización del suelo y de los procesos de especulación inmobiliaria.
En la Ciudad de México, medios como El País y Animal Político han documentado el desarrollo del denominado «cártel inmobiliario» en la alcaldía Benito Juárez, espacio en donde las investigaciones periodísticas han vinculado este esquema con una red conocida como «Los Ocean», integrada presuntamente por actores políticos relacionados con el Partido Acción Nacional (PAN), fuerza política que gobernó dicha demarcación durante varios periodos consecutivos.
De acuerdo con estas investigaciones, la estructura alcanzó su mayor nivel de operación durante las administraciones de Jorge Romero Herrera, exdelegado de Benito Juárez, exdiputado federal y actual dirigente nacional del PAN, así como de Christian Von Roehrich y posteriormente Santiago Taboada.
Hasta el momento, existen al menos dos investigaciones que permiten equiparar ambos casos, aunado a los testimonios recabados en Atlihuetzia que muestran patrones similares como el crecimiento inmobiliario en zonas restringidas, presuntas irregularidades documentales, presión sobre los servicios públicos y omisiones por parte de las autoridades encargadas de supervisar el desarrollo urbano.
Los señalamientos apuntan particularmente al periodo de gobierno de Miguel Ángel Mancera (2012-2018), etapa en la que funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y otras dependencias vinculadas a la planeación urbana habrían facilitado procesos de desregulación, autorizado proyectos irregulares y permitido condiciones de impunidad para diversas operaciones inmobiliarias.
Lo que establece el Programa Parcial de Desarrollo Urbano
Por su parte, el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Santa María Atlihuetzia, publicado en enero de 2007 por el Gobierno de Tlaxcala, documentó que durante las décadas de 1970 y 1980 la localidad experimentó un crecimiento poblacional constante que posteriormente disminuyó y que, para el año 2000, retomó una tendencia ascendente.
El documento identifica como uno de los principales problemas el crecimiento horizontal desordenado derivado de la conurbación con la ciudad de Apizaco. Este fenómeno ha propiciado la ocupación de tierras agrícolas mediante el desarrollo de asentamientos humanos.
Para contrarrestar esta situación, el plan planteó orientar el desarrollo hacia áreas urbanizables ubicadas principalmente a ambos lados de la Carretera Federal 117 y al sur del Libramiento Carretero, correspondiente a la Carretera Federal 136.
Aunque el programa permite vivienda de baja densidad clasificada como H-1, con un máximo de 15 viviendas por hectárea para preservar la imagen rural de la comunidad, los testimonios señalan que el crecimiento habitacional se ha extendido hacia predios históricamente destinados a actividades agrícolas, desplazando a productores y modificando la dinámica comunitaria.
Paralelamente, una revisión de publicaciones en redes sociales como Facebook e Instagram, así como en plataformas especializadas de venta de vivienda como Inmuebles24, Lamudi, Propiedades.com, Propstar, Vivanuncios y Trovit, permitió identificar un patrón recurrente en diversas ofertas inmobiliarias.
En al menos dos anuncios, la ubicación exacta de los inmuebles no es especificada y la información disponible resulta insuficiente para determinar su localización. En otros casos, las imágenes muestran desarrollos habitacionales o espacios aún en construcción promovidos por inmobiliarias, sin proporcionar mayores detalles sobre el proyecto o su contexto territorial.
Al mismo tiempo, durante el recorrido realizado en la comunidad se documentaron al menos diez anuncios de venta de terrenos. Se observó que la oferta aumentaba conforme se avanzaba hacia las zonas colindantes con los fraccionamientos, donde los predios son comercializados como terrenos agrícolas, aunque en la práctica terminan destinados al desarrollo de nuevas construcciones.
El plan también reconoce como áreas de protección los terrenos agrícolas, que representan el 27.63% del territorio analizado y cuya conservación es fundamental para mantener la actividad productiva y la imagen rural de Atlihuetzia. No obstante, pobladores sostienen que parte de la urbanización reciente se ha desarrollado sobre predios tradicionalmente destinados al cultivo.
Una historia de lucha y resistencia
Una mirada histórica a Santa María Atlihuetzia permite comprender cómo las dimensiones legales, sociales y ambientales del conflicto se han intensificado conforme ha crecido la población y la demanda de agua.
De acuerdo con datos recabados en una investigación previa, para 1994 la comunidad contaba con alrededor de 280 tomas que abastecían a mil 120 habitantes. Para 2025, la cifra habría aumentado a cerca de mil 400 tomas, las cuales suministran el servicio a aproximadamente 5 mil 600 usuarios, reflejando una presión cada vez mayor sobre la infraestructura hídrica en poco más de tres décadas.
En paralelo, el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Santa María Atlihuetzia, publicado en 2007, estableció criterios de densidad habitacional acordes con las características agrícolas de la zona. El documento contemplaba una ocupación limitada del suelo por cada mil metros cuadrados; sin embargo, habitantes señalan que diversos desarrollos habitacionales han incumplido sistemáticamente estas disposiciones al construir una cantidad que supera por mucho a las permitidas.
Las consecuencias también alcanzan la infraestructura ambiental. Desde 2020, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la comunidad permanece fuera de operación debido al robo de equipo y a la falta de conclusión de trabajos pendientes. Como resultado, persisten las descargas directas de aguas residuales hacia el río Zahuapan, incrementando los riesgos ambientales y sanitarios para la comunidad.
En este contexto, los testimonios recabados por Escenario Tlaxcala describen un crecimiento inmobiliario acompañado de presuntas irregularidades urbanísticas, posibles anomalías documentales y una presión creciente sobre los servicios básicos. Para los habitantes, el problema ya no se limita a la construcción de nuevos fraccionamientos, sino a la capacidad de la comunidad para sostener el acceso al agua, la recolección y gestión de residuos sólidos, preservar su territorio y mantener las condiciones que históricamente han definido su forma de vida, para que esta sea de calidad.
El caso de Santa María Atlihuetzia también plantea un reto para las autoridades responsables de la planeación y vigilancia del desarrollo urbano, garantizar que el crecimiento se realice con apego a la ley, transparencia y respeto por el ordenamiento territorial y los recursos naturales.
Los pobladores afirmaron que la autoridad municipal tiene la obligación de prevenir que las personas sean engañadas en la adquisición de su patrimonio. En ese sentido, señalaron que es necesario implementar mecanismos eficaces de control y verificación que otorguen certeza jurídica a quienes se establecen en la comunidad.
Porque, más allá del número de viviendas construidas, la pregunta de fondo permanece abierta, ¿puede hablarse de desarrollo cuando el crecimiento urbano avanza por encima de la legalidad, compromete el acceso al agua y transforma el patrimonio ambiental y comunitario de una localidad?
Escenario Tlaxcala se infiltró como potencial comprador y documentó el funcionamiento de un esquema de venta de terrenos en las faldas de La Malinche.
Un especialista consultado advierte que este modelo permite que un mismo terreno pueda volver a comercializarse, sin garantías para los compradores.
Durante el recorrido, la empresa reconoció que los compradores deben tramitar posteriormente los permisos ambientales, asumir costos adicionales por escrituración y construcción, mientras que el contrato prevé la rescisión automática en caso de incumplimiento en los pagos.
Tlaxcala, Tlax. Desde 2024, la venta de lotes en la Malinche se ha convertido en un negocio que se promociona de manera constante a través de redes sociales como Facebook. Con anuncios que destacan la posibilidad de adquirir terrenos «baratos», financiados y con alta plusvalía, distintas páginas y perfiles ofrecen predios ubicados en municipios como Huamantla, San Pablo del Monte y San Francisco Tetlanohcan, dirigidos principalmente a personas interesadas en construir cabañas o invertir en un patrimonio rodeado de bosque.
Las publicaciones prometen mensualidades accesibles, financiamiento sin intermediarios, acompañamiento durante el proceso de escrituración y terrenos «listos para construir o invertir». Algunas ofertas incluso anuncian recorridos diarios para conocer los desarrollos y destacan su cercanía con la Unidad Vacacional del IMSS La Malinche, uno de los principales atractivos turísticos de la montaña.
Aunque la publicidad destaca un enganche inicial de apenas 30 mil pesos y pagos mensuales accesibles, al sumar el costo del terreno financiado, la regularización de la propiedad, los permisos ambientales, la infraestructura y la construcción de una cabaña, la inversión puede superar el millón de pesos. A ello se suma que el contrato contempla la rescisión de la compraventa en caso de incumplimiento de las condiciones pactadas, por lo que especialistas recomiendan revisar cuidadosamente sus cláusulas antes de firmar.
Imagen extraída de la publicidad de venta de lotes en la Malinche.
Sin embargo, detrás de la publicidad existe un modelo de comercialización que implica mucho más que el precio anunciado del terreno.
Con el objetivo de conocer cómo operan estas ventas, Escenario Tlaxcala contactó a una de las personas que promocionaban estos lotes en la Malinche y se hizo pasar por un posible comprador. Como parte de este trabajo, el equipo fue llevado a uno de los predios ubicados en el crucero 50 de la carretera perimetral Malintzi, en el municipio de San Francisco Tetlanohcan, donde obtuvo información sobre los esquemas de financiamiento, la situación jurídica de los terrenos, los permisos necesarios para construir y las condiciones establecidas en los contratos de compraventa.
Del anuncio de Facebook a conocer los predios en venta
Tras responder a uno de los anuncios publicados en Facebook, Escenario Tlaxcala fue contactado a través de WhatsApp por un asesor comercial que no se identificó; no obstante, durante la conversación explicó que los terrenos ofertados se localizan en el crucero 50 de la carretera perimetral Malintzi, en el municipio de San Francisco Tetlanohcan, a unos minutos del Centro Vacacional IMSS La Malinche.
Publicaciones de venta de lotes en la Malinche
Asimismo, el asesor informó que la empresa comercializa lotes rústicos distribuidos en tres desarrollos denominados Jardín, Cuahuatla y Halcón, donde hasta ese momento todavía había terrenos disponibles. Respecto a la forma de pago, aseguró que los compradores pueden elegir entre pago de contado o financiamiento a 36 y 48 meses, dependiendo de la zona y del metraje del lote.
Una vez manifestado el interés por conocer los predios, el contacto fue canalizado con la licenciada Dulce Sánchez, quien se identificó como asesora comercial y programó una visita guiada a los terrenos.
Formas de pago y financiamiento que inflan el costo inicial
Durante el recorrido, la asesora explicó que los terrenos disponibles tienen superficies que van desde mil 40 hasta cerca de 2 mil 900 metros cuadrados, dependiendo de la zona y su ubicación. En el desarrollo Jardín, donde se realizó la visita, señaló que los lotes tienen precios de contado que oscilan entre 287 mil y 317 mil pesos. Sin embargo, precisó que al optar por un esquema de financiamiento el costo total puede incrementarse hasta 390 mil pesos.
Como ejemplo, la asesora mostró uno de los lotes disponibles y explicó que su precio a crédito era de 364 mil pesos, con un enganche mínimo de 30 mil pesos, un apartado inicial de 5 mil pesos y mensualidades de 7 mil 380 pesos durante 48 meses. De acuerdo con Sánchez, los esquemas de financiamiento dependen del desarrollo y de las características del terreno.
Imagen extraída de la publicidad de venta de lotes en la Malinche.
Durante la explicación del esquema de financiamiento, Sánchez también señaló que el contrato contempla cláusulas de penalización para ambas partes. Explicó que, si el comprador se retrasa en el pago de una mensualidad, se generan intereses moratorios. Sin embargo, advirtió que, en caso de acumular tres mensualidades vencidas, el contrato de compraventa se rescinde automáticamente, por lo que el terreno deja de formar parte de la operación.
Añadió que, si cualquiera de las partes decide dar por terminado el contrato, también se aplican cláusulas de penalización. En el caso del vendedor, aseguró que existe una cláusula de saneamiento mediante la cual se compromete a responder si surgiera algún problema legal relacionado con la propiedad.
Lotes en la Malinche son herencia, prometen no intermediarios de compra-venta
Respecto al origen de los lotes en la Malinche, Dulce Sánchez respondió que los terrenos no son de régimen ejidal, sino propiedad privada que, según explicó, forma parte de una herencia familiar. Fue en ese momento cuando aseguró que ella y su familia son los propietarios de los predios que actualmente se comercializan. Precisó que actualmente los lotes se comercializan mediante una constancia de posesión, aunque aseguró que cuentan con pago del impuesto predial, manifestación catastral y registro ante el municipio de San Francisco Tetlanohcan.
«Nosotros lo tenemos por medio de constancia de posesión, pero está dado de alta en el municipio de San Francisco Tetlanohcan. Yo pago predial, tengo manifestación y clave catastral»
La asesora sostuvo que los predios no fueron adquiridos para su comercialización, sino que provienen de una herencia familiar. En ese sentido, aseguró que no existen intermediarios inmobiliarios en la venta, pues, según dijo, son los propios propietarios quienes decidieron poner los terrenos en el mercado.
Notaría 2 y 3 de Tlaxcala, las encargadas de la compra venta de los lotes en la Malinche
Asimismo sostuvo que una vez adquirido el terreno, el comprador puede optar por formalizar la propiedad mediante una cesión de derechos o iniciar un procedimiento judicial para obtener un título de propiedad.
Según la información proporcionada durante el recorrido, la escrituración mediante cesión de derechos tiene un costo aproximado de 35 mil pesos, monto que incluye avalúos, traslado de dominio y gastos notariales. En caso de optar por un procedimiento judicial para obtener el título de propiedad, el costo puede ascender a entre 50 y 55 mil pesos, dependiendo de los impuestos y demás gastos notariales.
La asesora añadió que estos trámites se realizan habitualmente con la Notaría Número 2 o, dependiendo del caso, con la Notaría Número 3 de Tlaxcala.
Estos gastos no están incluidos en el precio de venta del terreno y deberán ser cubiertos por el comprador, por lo que representan un costo adicional a la inversión inicial anunciada en la publicidad. Estos montos representan un costo adicional al precio de compra del terreno y deben ser cubiertos por el comprador, por lo que la inversión final supera el valor inicialmente anunciado en la oferta comercial.
Permisos de construcción, otro trámite que deberá realizar el comprador ante autoridades ambientales
Aunque los anuncios con los que se promocionan los lotes en la Malinche destacan que son terrenos ideales para construir cabañas o desarrollar proyectos turísticos, durante el recorrido la propia asesora comercial reconoció que cualquier obra requiere una serie de permisos que deberán ser gestionados por los compradores ante distintas dependencias gubernamentales, debido a que se encuentra en una Zona Natural Protegida.
Al ser cuestionada sobre si los terrenos ya contaban con autorizaciones para construir, Sánchez respondió que, si bien existen zonas de La Malinche donde la edificación está restringida por tratarse de áreas protegidas, los predios que comercializan pueden desarrollarse únicamente después de obtener una Manifestación de Impacto Ambiental y las autorizaciones correspondientes.
«Sí se tienen que sacar una Manifestación de Impacto Ambiental y hacer un proyecto como tal para que nos lo autoricen. La construcción tiene que ser de bajo impacto; no podemos meter nada que afecte directamente la fauna»
La asesora indicó que estos trámites no se realizan ante el municipio, sino directamente con las autoridades competentes en materia ambiental. Incluso señaló que ella mantiene contacto con un supervisor forestal que orienta a los compradores durante el proceso de gestión de permisos.
Además del tiempo que implica obtener las autorizaciones, Sánchez reconoció que los permisos representan uno de los gastos más elevados para quienes deciden construir. Como ejemplo, aseguró que en uno de los proyectos que actualmente tramita, la Manifestación de Impacto Ambiental tuvo un costo de 48 mil pesos, mientras que los permisos adicionales para construir ascienden a 25 mil pesos.
De acuerdo con la información proporcionada por la asesora, los permisos ambientales y de construcción representan un costo aproximado de 73 mil pesos, otro monto que deberá cubrir cada comprador de manera independiente y que se suma al precio del terreno, la escrituración y demás gastos asociados a la adquisición del predio.
Sánchez explicó que, debido a las características ambientales de la zona, las construcciones deben realizarse bajo un esquema de bajo impacto, utilizando materiales que no alteren el entorno natural.
«Podemos hacer cabañas. La cimentación puede ser de concreto, pero de ahí hacia arriba todo natural: adobe, ladrillo o madera, sin problema.»
Añadió que los terrenos no cuentan con servicios básicos, por lo que los futuros propietarios deberán implementar soluciones alternativas para el abastecimiento de agua y el manejo de residuos.
«La mística es que no hay servicios, pero los podemos adaptar»
Al explicar cómo podrían resolverse la falta de drenaje y otros servicios básicos, Sánchez aseguró que es posible instalar un biodigestor para el tratamiento de las aguas residuales de los baños, además de implementar otras soluciones compatibles con el entorno natural.
Tipo de cabaña construida en la Zona de «El Jardín» Fotografía: Escenario Tlaxcala
Durante el recorrido, Escenario Tlaxcala constató que, al menos en el paraje Jardín, donde se realizó la visita, únicamente había una cabaña construida. Aunque la asesora aseguró que varios de los lotes ya habían sido vendidos, el resto de los predios permanecían sin construcciones y conservaban sus características de terrenos rústicos cubiertos por vegetación.
RADAC, la empresa detrás de la comercialización de los lotes
Aunque durante el recorrido la asesora aseguró que los terrenos provienen de una herencia familiar y que no existen intermediarios inmobiliarios, la revisión realizada por Escenario Tlaxcala muestra que Constructora RADAC, S.A. de C.V. ha participado en la promoción y comercialización de estos lotes.
Desde 2024, este medio documentó que la venta de lotes en la Malinche se difunde principalmente a través de publicaciones en Facebook. La mayoría de los anuncios no son realizados desde una página oficial de la empresa, sino mediante perfiles personales de promotores que ofrecen recorridos, financiamiento y facilidades de pago. No obstante, en algunos casos las publicaciones sí hacen referencia directa a Constructora RADAC como responsable del desarrollo.
Como parte de la investigación, Escenario Tlaxcala revisó el perfil de WhatsApp Business utilizado por la asesora Dulce Sánchez, donde además de sus datos de contacto aparece un enlace que dirige a la página de Facebook Fernando Mendieta – Menfort Inmobiliaria. En ese perfil no se promocionan de manera abierta los lotes en la Malinche, sin embargo comparte constantemente publicaciones del perfil de Facebook de la Constructora RADAC, S.A. de C.V.
En su sitio web, RADAC se describe como una empresa con más de 20 años de experiencia en el sector de la construcción, especializada en el desarrollo de proyectos arquitectónicos para viviendas, comercios y espacios funcionales.
La revisión del Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía muestra que Constructora RADAC, S.A. de C.V. fue constituida en 2014 y tiene su domicilio en el municipio de La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala. Como socios aparecen registrados Iván Mendieta de la Fuente, José Mendieta de la Fuente y Silvia Gloria de la Fuente de Gante.
La investigación también permitió identificar que la empresa no sólo ha participado en desarrollos inmobiliarios. De acuerdo con documentos oficiales consultados por Escenario Tlaxcala, RADAC formó parte del Padrón de Proveedores y Contratistas del Gobierno de Tlaxcala y obtuvo contratos de obra pública durante la administración del exgobernador Marco Antonio Mena Rodríguez (2017-2021). Entre ellos figura una obra de alumbrado público adjudicada en 2019, con una inversión cercana a seis millones de pesos.
La participación de Constructora RADAC en la promoción de los terrenos contrasta con la explicación brindada durante la visita, en la que la asesora sostuvo que la venta se realiza directamente por los propietarios de los predios y no mediante intermediarios inmobiliarios.
El negocio detrás del financiamiento
Para conocer las implicaciones del esquema de venta ofrecido durante el recorrido, Escenario Tlaxcala consultó al asesor inmobiliario, Alberto* con experiencia en la comercialización de terrenos rústicos. El especialista explicó que este tipo de operaciones puede representar una inversión de alto riesgo cuando los compradores desconocen los costos reales que deberán asumir una vez firmado el contrato, pues al precio del terreno deben sumarse los gastos de escrituración, permisos ambientales, infraestructura y construcción.
Alberto confirmó que las cláusulas de rescisión, como la descrita durante el recorrido por la asesora comercial, son comunes en este tipo de contratos. Explicó que, cuando el comprador incumple con las mensualidades pactadas y la compraventa se cancela, el terreno puede regresar al vendedor para volver a ser comercializado. Desde su experiencia, este modelo termina siendo favorable para quienes promueven este tipo de desarrollos, pues conservan la posibilidad de recuperar el predio y ofrecerlo nuevamente.
También recomendó revisar cuidadosamente las condiciones del contrato antes de firmar, solicitar asesoría jurídica independiente y calcular el costo total de la inversión, ya que el valor anunciado del terreno representa sólo una parte del gasto que finalmente deberá asumir el comprador.
Y aunque la publicidad presenta los lotes como una oportunidad para construir una cabaña en medio del bosque, los cálculos realizados por Escenario Tlaxcala con base en la información proporcionada por la empresa muestran que un comprador podría invertir entre 950 mil pesos y más de un millón 300 mil pesos para adquirir el terreno mediante financiamiento, regularizar la propiedad, obtener los permisos ambientales, instalar servicios autónomos y construir una cabaña básica.
Así, el enganche de 30 mil pesos que se promociona en la publicidad representa sólo una fracción del costo real que deberá asumir el comprador. Por lo que detrás de la oferta de lotes en la Malinche existe un modelo de comercialización en el que al precio del terreno se suman los costos de regularización de la propiedad, permisos ambientales, infraestructura y construcción, además de las obligaciones derivadas del financiamiento, elementos que terminan definiendo el costo real de la inversión.
NOTA 1** En la segunda parte de esta investigación conocerás las respuestas oficiales de la Secretaría de Medio Ambiente de Tlaxcala, la CONANP, la SEMARNAT y la PROFEPA, obtenidas mediante solicitudes de acceso a la información, para saber si estas dependencias tienen conocimiento de la venta de lotes y de los desarrollos inmobiliarios en las inmediaciones del Parque Nacional La Malinche, así como las autorizaciones, inspecciones, denuncias y procedimientos administrativos relacionados con estos proyectos.
NOTA 2***El nombre «Alberto» fue utilizado para proteger la identidad del asesor inmobiliario, quien solicitó reservar su nombre por motivos profesionales.
Tlaxcala, Tlax.- Mientras las remesas continúan siendo uno de los principales ingresos para miles de familias en Tlaxcala y el resto del país, especialistas analizaron el panorama que enfrentan las comunidades migrantes ante las recientes medidas implementadas por el gobierno de Estados Unidos, las cuales abarcan cambios en materia migratoria, financiera y de acceso a servicios bancarios.
Estos temas fueron abordados durante la sesión informativa «Remesas y alternativas financieras», realizada el pasado 26 de junio y organizada por la National Day Laborer Organizing Network (NDLON), la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), el Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (CAFAMI), Comunidad en Retorno, Fuerza Migrante y Otros Dreams en Acción (ODA).
En el encuentro participaron María de Lourdes Rosas-López, profesora investigadora de la Facultad de Política y Gobierno de la UPAEP, y Juan José Li Ng, economista senior para México de BBVA Research, quienes expusieron los efectos de las políticas migratorias estadounidenses, el comportamiento de las remesas y las alternativas financieras para la población migrante.
Analizan cambios en la política migratoria
Durante su participación, María de Lourdes Rosas-López explicó que las medidas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump se desarrollan en un contexto de modificaciones a la política migratoria de Estados Unidos.
Señaló que este escenario tomó mayor relevancia luego de que la Suprema Corte de Estados Unidos, presidida por John G. Roberts Jr., permitiera la aplicación de medidas relacionadas con la política migratoria promovida por la administración federal. Con una votación de seis magistrados a favor y tres en contra, indicó, la decisión abre la posibilidad de avanzar en acciones dirigidas a poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
La investigadora explicó que una eventual eliminación del TPS tendría implicaciones para personas migrantes originarias de Haití y de diversos países de América Latina, Centroamérica, Asia y África. Añadió que las modificaciones también podrían incidir en los procesos de solicitud de asilo, las condiciones para ingresar a Estados Unidos por la frontera sur y otros mecanismos de protección migratoria.
Remesas muestran recuperación
Por su parte, Juan José Li Ng señaló que, pese al contexto migratorio actual, las remesas enviadas a México han mostrado una recuperación durante los primeros meses del año.
Explicó que el comportamiento observado en México ha sido distinto al registrado en otros países de América Latina, lo que refleja una dinámica particular en el envío de recursos por parte de la población migrante mexicana.
Asimismo, indicó que las remesas también forman parte del debate fiscal en Estados Unidos. De acuerdo con las proyecciones presentadas durante la sesión, el gobierno estadounidense estima obtener ingresos mediante un impuesto especial aplicado a determinadas transferencias de remesas entre los años fiscales 2025 y 2034.
Las estimaciones contemplan una recaudación de 862 millones de dólares para 2026; más de mil millones de dólares en 2028; alrededor de mil 190 millones en 2030; y mil 409 millones de dólares para 2034.
¿Quiénes pagarían el impuesto?
Respecto al impuesto del 1 % sobre determinadas remesas, Li Ng explicó que más del 84 % de las personas migrantes mexicanas cuenta con una cuenta bancaria en Estados Unidos, incluso algunas que no tienen documentos migratorios, por lo que una parte importante de los envíos podría realizarse mediante mecanismos que no estarían sujetos a este gravamen.
Precisó que la propuesta no contempla a las tarjetas prepagadas y señaló que quienes tendrían un mayor impacto serían las personas migrantes indocumentadas que no cuentan con acceso al sistema bancario. Agregó que la medida también tendría mayores efectos entre migrantes originarios de El Salvador, Guatemala y Honduras.
El economista explicó además que este escenario coincide con la orden ejecutiva emitida por el gobierno de Estados Unidos el pasado 19 de mayo, mediante la cual se busca reforzar la supervisión bancaria sobre personas sin estatus migratorio regular.
Indicó que esta disposición podría incidir en la apertura de cuentas bancarias y en el envío de remesas a través del sistema financiero, por lo que recomendó a las personas migrantes mantenerse informadas sobre los cambios regulatorios y las alternativas disponibles para realizar transferencias de recursos.
En Tlaxcala, más del 90% del agua tratada por las plantas operadas por el estado termina en ríos, lagunas y barrancas contaminadas.
Tlaxcala, Tlax. Durante décadas, los gobiernos han apostado por la construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) como una de las principales estrategias para combatir la contaminación de los ríos en Tlaxcala. Tan sólo durante el sexenio de Lorena Cuéllar, los gobiernos estatal y federal han destinado cerca de 500 millones de pesos a la construcción de nuevas plantas de tratamiento y a la rehabilitación de infraestructura existente como parte de las acciones de saneamiento en la entidad.
Sin embargo, información entregada por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) mediante la solicitud de transparencia folio 292976626000023 revela que de las 30 plantas de tratamiento que actualmente se encuentran en operación y bajo su administración, únicamente dos reportan algún tipo de reutilización del agua tratada. Mientras que el agua tratada de las otras 28 PTAR descargan el líquido en ríos, barrancas y lagunas contaminadas.
De ser tratada a volver a espacios contaminados, así el trabajo de las PTAR en Tlaxcala
De acuerdo con información obtenida previamente por Escenario Tlaxcala, desde la década de 1980 se han construido alrededor de 120 plantas de tratamiento de aguas residuales en la entidad. De ellas, actualmente, sólo 30 permanecen en operación y 24 se encuentran en municipios vinculados a la Cuenca del Alto Atoyac-Zahuapan, una de las regiones con mayores problemas de contaminación hídrica del país.
Durante los últimos años, el gobierno de Lorena Cuéllar ha sostenido que la construcción de nuevas plantas de tratamiento y la rehabilitación de infraestructura existente forman parte de la estrategia de saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac-Zahuapan, una de las más contaminadas del país. En distintos anuncios de obra, la administración estatal ha señalado que estas acciones «permitirán reducir la contaminación y contribuir a la recuperación ambiental de ríos y cuerpos de agua que durante años permanecieron en el olvido».
Incluso, durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Tlaxcala en febrero de este año, la gobernadora Lorena Cuéllar afirmó que la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Tecomalucan, en el municipio de Tlaxco, tendría una capacidad de tratamiento de 10 litros por segundo y beneficiaría a 6 mil 840 habitantes, además de que aseguró que el aprovechamiento de agua de reúso sería para riego agrícola.
No obstante, la información entregada por la CEAS, muestra que ese esquema de reúso aún no se refleja en las plantas que actualmente operan en Tlaxco. De los 15 registros reportados por la dependencia, sólo uno descarga al río Zahuapan, siete lo hacen en barrancas sin nombre, dos en canales de riego sin nombre, uno en una zanja, dos mediante infiltración al suelo y uno más en la Cañada Los Baños. En ninguno de los casos se reporta algún tipo de reutilización del agua tratada, por lo que el líquido continúa teniendo como destino final distintos cuerpos receptores naturales.
Por lo que una vez tratada, el agua de estas y de las otras 30 PTAR, tiene como destino principal el río Zahuapan, el río Atoyac, el río Atenco, además de barrancas, lagunas, zanjas y canales de riego.
De acuerdo con la respuesta emitida por la CEAS en la solicitud de información con folio 292976626000023, las únicas dos plantas que reportan algún tipo de reutilización del agua tratada son una ubicada en el municipio de Tlaxcala, donde el líquido es destinado al riego de áreas verdes, jardines y actividades agrícolas, y otra en Ixtacuixtla, donde el agua tratada tiene como destino el riego de campos agrícolas.
En contraste, las plantas ubicadas en Apetatitlán, Benito Juárez, Calpulalpan, El Carmen Tequexquitla, Emiliano Zapata, Españita, Huamantla, Nativitas, Panotla, San Juan Huactzinco, Tepetitla, Tepeyanco, Tetla de la Solidaridad, Tetlatlahuca, Tlaxco, Tocatlán, Tzompantepec, Yauhquemehcan y Apizaco descargan el agua tratada en cuerpos receptores como el río Zahuapan, río Atoyac, río Atenco, barrancas, lagunas, zanjas y canales.
La respuesta de la CEAS también presenta una inconsistencia. Aunque la solicitud de información incluyó al municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, donde existen dos plantas de tratamiento de aguas residuales, ninguna de ellas aparece en la tabla entregada por la dependencia. Esto significa que no fue posible conocer si el agua tratada en ese municipio se reutiliza o también es descargada en ríos, barrancas o lagunas, como ocurre en la mayoría de los casos reportados.
Barrancas, el lugar más frecuente donde el agua tratada es depositada
Respecto a los datos del destino del agua, la CEAS informó que el destino más frecuente del agua tratada en Tlaxcala son las barrancas. La dependencia reportó al menos 22 descargas en barrancas sin nombre y otras 12 en barrancas identificadas, entre ellas Teopa, Coecillo, El Columpio, Santa Bárbara, Paso Colorado, Xalpatlahuaya, Santa Ana Ríos, La Sabinera, Briones y Ameyales.
Además, 13 plantas descargan en ríos, principalmente el Zahuapan, Atoyac y Atenco; cuatro más lo hacen en las lagunas Atochac y Totolcingo, mientras que otras terminan en zanjas, canales de riego, arroyos o mediante infiltración al suelo.
PTAR cumplen con la norma, pero no resuelven el problema
Para Nancy Wence, investigadora del Centro de Estudios e Investigación en Biocultura, Agroecología, Ambiente y Salud (CEIBAS), las plantas de tratamiento sí cumplen una función dentro de la estrategia de saneamiento al reducir parte de la carga contaminante de las aguas residuales antes de su descarga en ríos, barrancas y lagunas. Sin embargo, advirtió que ello no resuelve el problema de fondo, pues una vez que el agua es liberada vuelve a mezclarse con otras descargas domésticas e industriales que continúan llegando a los cuerpos de agua.
«La lógica que están siguiendo es limpiar parcialmente el agua para poder descargarla en ríos, barrancas o lagunas con una menor carga de contaminación. Lo que están asumiendo es que cumplen con la normatividad para poder desecharla en esos cuerpos de agua»
Al revisar la NOM-001-SEMARNAT-2021, Escenario Tlaxcala encontró que la legislación ambiental permite la descarga de aguas residuales en ríos, lagos y otros cuerpos receptores nacionales, siempre que éstas cumplan con los límites máximos permisibles de contaminantes establecidos en la norma.
Wence señaló que, bajo esa lógica, las plantas permiten que el agua llegue menos contaminada a los cuerpos receptores y reducen parte de los riesgos ambientales y sanitarios asociados a las descargas directas de aguas residuales.
Sin embargo, ello no significa que se resuelva el problema de contaminación de los ríos, pues el agua tratada vuelve a mezclarse con otras descargas domésticas e industriales que continúan llegando a la cuenca.
«Atender el problema no significa resolverlo»
Wence explicó que el marco normativo está diseñado para que las aguas residuales reciban un tratamiento previo antes de ser descargadas a cuerpos receptores, por lo que las plantas cumplen con esa función. No obstante, una vez que el agua vuelve al río, se mezcla nuevamente con otras fuentes de contaminación.
«Es como barrer mientras alguien sigue tirando basura detrás de ti. Se reduce una parte de la contaminación, pero el agua vuelve a mezclarse con otras descargas contaminadas»
Sobre la efectividad de las Plantas Tratadoras de Aguas Residuales, Nancy Wence agregó que una parte importante de la contaminación de la cuenca Atoyac-Zahuapan proviene de actividades industriales, por lo que consideró que las plantas de tratamiento, por sí solas, difícilmente podrán revertir el deterioro ambiental de los ríos. A su juicio, mientras continúen llegando descargas contaminantes y no existan acciones más contundentes para controlar las emisiones industriales, los esfuerzos de saneamiento tendrán resultados limitados.
«No se puede sanear un río de un lado, mientras por el otro, la industria sigue contaminándolo»
Por ello, consideró que en términos estrictos no puede hablarse de un saneamiento integral de los ríos, sino de una reducción parcial de contaminantes antes de la descarga. Mientras continúen llegando aguas residuales y contaminantes industriales a la cuenca, el problema seguirá reproduciéndose aguas abajo.
La respuesta de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) no incluye los resultados de monitoreo, análisis de laboratorio ni indicadores de calidad que permitan conocer en qué condiciones está siendo descargada el agua tratada, por lo que no fue posible verificar si las descargas cumplen con los parámetros establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-2021.
Al cierre de esta nota, Escenario Tlaxcala presentó nuevas solicitudes de información para conocer los monitoreos realizados por la dependencia, la tecnología utilizada en cada planta de tratamiento y la calidad del agua antes y después de su descarga.
Tlaxcala, Tlax.- Veinticinco estudiantes concluyeron la primera generación de la Licenciatura en Artes Visuales y Artes Plásticas de la Escuela de Arte de Tlaxcala (EDART), convirtiéndose en los primeros egresados de este programa académico desarrollado mediante una colaboración entre el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Gobierno del Estado.
La ceremonia de egreso se realizó en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, con lo que concluye el primer ciclo de una licenciatura diseñada para ampliar la oferta de educación artística profesional en Tlaxcala y evitar que jóvenes interesados en las artes visuales tengan que trasladarse a otras entidades para continuar su formación.
El programa académico fue construido de manera conjunta entre la EDART y el INBAL, a través de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas y la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, con el propósito de responder al contexto cultural del estado y fortalecer las capacidades de formación artística en la entidad.
Con este egreso, la Escuela de Arte de Tlaxcala consolida una oferta integrada por tres licenciaturas: Artes Visuales y Artes Plásticas, Música y Arte Textil, esta última considerada pionera en Iberoamérica por su especialización en la preservación, investigación e innovación de las prácticas textiles desde una perspectiva contemporánea.
Las autoridades educativas señalaron que el modelo desarrollado entre Tlaxcala y el INBAL también permitió sentar las bases para la creación de la Licenciatura en Arte Textil y fortalecer los procesos de actualización curricular, acompañamiento docente y vinculación institucional, como parte de una estrategia nacional para ampliar el acceso a la educación artística profesional.
La conclusión de la primera generación representa además un precedente para la formación artística en Tlaxcala, al consolidar un proyecto académico con estándares nacionales y pertinencia regional, orientado a profesionalizar el talento local y ampliar las oportunidades educativas para las nuevas generaciones de artistas.
Tlaxcala, Tlax.- El estado de Tlaxcala prevé contar por primera vez con un Conservatorio Estatal de Música a partir de agosto de 2027, como resultado de un proyecto desarrollado en coordinación con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). La convocatoria para integrar la primera generación se contempla para marzo de ese mismo año.
Mientras avanza el proceso académico y administrativo, las autoridades estatales proyectan iniciar en diciembre los trabajos de adecuación del inmueble que albergará el nuevo centro de formación artística, cuya sede se mantiene prevista en la Plaza Bicentenario, una vez que el espacio sea desocupado por la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que será reubicada al municipio de Contla.
De acuerdo con la Secretaría de Cultura estatal, el proyecto contempla no solo aulas especializadas para la enseñanza musical, sino también la construcción de un auditorio con capacidad para mil asistentes, con el objetivo de fortalecer la infraestructura destinada a la formación artística en la entidad.
La dependencia informó que el conservatorio complementará la oferta educativa existente de la Escuela de Música del Estado (EMET), institución que actualmente imparte la Licenciatura en Música y cuya red de enseñanza se ha extendido a 16 municipios mediante talleres comunitarios considerados como espacios de formación inicial para futuros estudiantes de nivel profesional.
El gobierno estatal prevé invertir 44 millones de pesos en infraestructura y equipamiento para el primer Conservatorio Estatal de Música
La creación del conservatorio también busca reducir la necesidad de que jóvenes tlaxcaltecas migren a otras entidades para cursar estudios superiores en música, una situación que suele implicar mayores costos para las familias debido a gastos de transporte, alimentación, alojamiento, colegiaturas y materiales académicos.
En este contexto, la titular de la Secretaría de Cultura, Karen Álvarez Villeda, indicó que la administración estatal mantiene gestiones para consolidar el proyecto y definir de manera definitiva las condiciones de la nueva sede, además de señalar que la apertura dependerá del avance en la liberación del inmueble y de las obras de adecuación previstas para finales de este año.
Como parte de la estrategia de fortalecimiento de la educación artística, la dependencia informó que durante la actual administración se han destinado 44 millones de pesos para infraestructura, equipamiento, estímulos a la creación y mejora de espacios educativos vinculados con la formación cultural en Tlaxcala.
Una de las sustancias tóxicas más encontradas como contaminante en el ambiente y en muy diversos trabajos, es el plomo. Este es un metal pesado al que se ven expuestos miles de trabajadores y trabajadoras mexicanas y poblaciones que viven aledañas a zonas mineras de extracción de plomo, cobre y plata; los expuestos a los jales mineros, a las fábricas refinadoras de estos metales, y también a los diversos procesos productivos donde se utiliza este metal tóxico como las empresas electrónicas, automotriz, de la construcción, la metalúrgica y municiones, en la producción de blindajes médicos, en artesanías y la alfarería tradicional vidriada con plomo, talleres de reparación de radiadores, empresas recicladoras de baterías usadas y de desechos electrónicos, etc., entre las muy diversas actividades donde se sigue utilizando el plomo.
Este tóxico se acumula en todo nuestro cuerpo, 5% en nuestros tejidos blandos y especialmente en los huesos un 95%. Contribuye a enfermedades cardiovasculares, daño renal, trastornos en el sistema inmunológico; causa daño neurológico y por lo tanto disminución en la memoria, la atención, la concentración y por lo tanto en la capacidad de aprender. Daña a los adultos, pero especialmente a los niños y a las mujeres embarazadas.
La OMS (Organización Mundial de la Salud) ha estimado que el plomo causa entre 1.5 y más de 5 millones de muertes prematuras cada año en el mundo, por enfermedades cardiovasculares relacionadas con este metal pesado; y más del 92% de estas muertes ocurren en países como México. La misma OMS ha señalado que no hay nivel de plomo en sangre (PbS) que sea segura y evite la presencia de los daños a la salud ya señalados.
¿Qué poblaciones se ven mayormente expuestas al plomo en México? Son pocas las evidencias documentadas que nos muestren los niveles de exposición de los trabajadores mexicanos, a pesar de estar asegurados más de 20 millones en el IMSS. La seguridad social, ni la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y tampoco la COFEPRIS, cuentan con un sistema de vigilancia a la salud de los trabajadores ni de las poblaciones en riesgo expuestos al plomo.
Los pocos estudios refieren los siguientes promedios del metal en sangre: trabajadores de una imprenta litográfica 12.3 µg/dL (microgramos por decilitro) de PbS y altas concentraciones de plomo en hueso 25.9 en tibia y 43.3 en rótula mcg/Pbgrhm (1999); en reparadores de radiadores 35.5 µg/dL de PbS (2002); en los y las alfareras del barro vidriado son diversas las concentraciones, en promedio en los adultos 37.9µg/dL y en sus hijos 22.5 µg/dL de PbS (2022); y cerca de 70 µg/dL de PbS en trabajadores de una empresa recicladora de baterías.
Recientemente se publicaron los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2022), en él se muestran los resultados de 1158 niños y niñas, de 1 a 4 años de edad, una muestra representativa de nuestro país considerando la norma que establece como nivel límite de PbS de <5 µg/dL de PbS, observándose que 16.8% de esta muestra presentó concentraciones iguales o mayores a 5 µg/dL de PbS, estimando que esto representa a 1 407 498 niños y niñas, en estas condiciones de intoxicación; estos mismos presentaron como fuente de exposición al metal pesado, en un 48.3% el uso de alfarería de barro vidriado con plomo para cocinar sus alimentos y en un 51.7% por exposición a la contaminación ambiental y/o por exposición a través de las ropas de algún familiar que estuviera trabajando con plomo.
Las empresas, como las autoridades no desarrollan programas de vigilancia de la salud de los trabajadores formales e informales que manejan plomo en algunos de los diversos procesos mencionado. Es más, no se cuentan con laboratorios públicos donde se midan periódicamente las concentraciones de plomo en la sangre de estas poblaciones ocupacionales y ambientales en riesgo.
Especialmente entre los alfareros y alfareras, en quienes desde hace más de 30 años se ha intentado eliminar el uso de la greta (óxidos de plomo) por esmaltes libre de plomo, lográndose en sólo un 5% de los talleres alfareros de entre los 20 estados y cerca de 50 mil alfareros (FONART) y del cual se requiere un mayor apoyo gubernamental para lograrlo.
Es necesario que las autoridades de salud, seguridad social, del trabajo y ambiente se coordinen y se logre reducir al máximo la exposición al plomo entre los trabajadores formales e informales, así como en las poblaciones de las más de 60 regiones de emergencia ambiental y sanitaria, donde se exponen al plomo y otros cientos de contaminantes tóxicos.
