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La Orquesta Sinfónica Bonaventura debutará este 4 y 5 de julio en Chiautempan con una propuesta cultural independiente

  • La Orquesta Sinfónica Bonaventura es un proyecto tlaxcalteca independiente que busca no solo llenar los escenarios, sino transformar la realidad social y profesional de la música en la entidad.

Desde la comunidad nahua de San Pedro Tlalcuapan, en el municipio de Chiautempan, comenzó a germinar un proyecto que busca acercar la música sinfónica a todos los rincones de Tlaxcala y romper con la idea de que el arte clásico pertenece únicamente a una élite, por ello, esta puesta cultural tendrá su debut oficial este 4 y 5 de julio, cuando la Orquesta Sinfónica Bonaventura se presente en el Salón D’Mary, en el municipio sarapero.

Detrás de esta iniciativa se encuentra Alan Rosete, violinista de la comunidad de Tlalcuapan, de 25 años, quien tras formarse en la Orquesta Escuela Carlos Chávez de la Ciudad de México y presentarse en escenarios de Canadá e Italia, decidió regresar a su tierra natal con un objetivo claro, construir espacios culturales desde las comunidades y para las comunidades.

Su regreso no estuvo motivado únicamente por la nostalgia, sino por la necesidad de transformar el panorama musical del estado. Y en este camino, se encuentra acompañado por el maestro Emilio Alejandro Cruz, quienes impulsan la creación de la Orquesta Sinfónica Bonaventura, un proyecto independiente que apuesta por la profesionalización artística, la inclusión cultural y el impulso al talento joven.

Así nació la Orquesta Sinfónica Bonaventura

Mientras que Alan Rosete encabeza la dirección ejecutiva y administrativa del proyecto, Emilio Alejandro se concentra en la dirección artística y la curaduría musical, consolidando una propuesta que combina organización, calidad y visión comunitaria.

Orquesta Sinfónica Bonaventura

Sin nombre oficial, sin redes sociales y prácticamente sin difusión masiva, realizaron un concierto piloto en diciembre de 2025 en la comunidad de Tlalcuapan, mismo que reunió a más de mil personas durante cerca de hora y media. La respuesta del público confirmó algo ya intuían, la existencia un interés real por consumir música sinfónica cuando ésta logra acercarse a la gente.

A partir de ese momento nació formalmente la Orquesta Sinfónica Bonaventura, nombre derivado del italiano y que significa «buena suerte» o «buen camino», reflejando el espíritu colectivo del proyecto y el deseo de construir una nueva ruta cultural para Tlaxcala.

Más allá de ofrecer conciertos, la agrupación surge como respuesta a una problemática que durante años ha afectado a músicos profesionales del estado, la falta de espacios laborales y de desarrollo artístico. Para Alan Rosete, Tlaxcala es una entidad que posee un enorme potencial cultural, pero históricamente la música académica no ha contado con estructuras sólidas que permitan a los instrumentistas ejercer con dignidad.

Ante este escenario, muchos jóvenes músicos se han visto obligados a emigrar a otros estados e incluso a otros países para continuar su formación y encontrar oportunidades de trabajo. Por ello, el proyecto busca convertirse en una alternativa local y en una plataforma capaz de posicionar al estado dentro del circuito musical nacional.

El proyecto también apuesta por una nueva generación de intérpretes, pues actualmente, el 90 por ciento de los integrantes de la orquesta son menores de 30 años, varios de ellos colaboradores de agrupaciones reconocidas como la Filarmónica de la UNAM y la Sinfónica de Puebla.

Sin embargo, para sus fundadores, el impacto más importante no se limita al ámbito artístico. Consideran que la música puede convertirse en una herramienta de transformación social, capaz de generar pensamiento crítico, cohesión comunitaria y acceso cultural para sectores históricamente alejados de estos espacios.

Orquesta Sinfónica Bonaventura

“La música sinfónica no debe sentirse ajena”

Los impulsores sostienen que este proyecto busca eliminar el prejuicio de que este tipo de espectáculos son exclusivos para ciertos grupos sociales. La intención es que cualquier persona, independientemente de su contexto económico, ideología o religión, pueda sentirse bienvenida dentro de un concierto orquestal.

Como parte de este crecimiento, la Orquesta Sinfónica Bonaventura prepara ahora su debut oficial con una producción de mayor escala. Las presentaciones se realizarán el sábado 4 de julio a las 19:00 horas y el domingo 5 de julio a las 17:00 horas en el Salón D’Mary, ubicado en Santa Ana Chiautempan.

El programa incluirá grandes clásicos de la música sinfónica, piezas de ópera, música popular y composiciones mexicanas reconocidas por el público a través del cine y el teatro musical.

Con el objetivo de mantener precios accesibles, los boletos tendrán costos de 200, 230 y 260 pesos en zona VIP, permitiendo que más familias tlaxcaltecas puedan disfrutar de músicos egresados de algunas de las mejores instituciones del país sin necesidad de trasladarse a la Ciudad de México.

«Esta es la orquesta del estado, es su orquesta», afirma Alan Rosete, al extender una invitación al público y a las autoridades para respaldar un proyecto independiente que subsiste gracias al esfuerzo colectivo, la gestión cultural y la respuesta de la ciudadanía.

Para sus creadores, la meta no es únicamente ofrecer conciertos, sino comenzar a construir una nueva historia cultural para Tlaxcala desde sus comunidades, sus jóvenes y su gente.


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Esto se necesita para impedir que Eddy Roldán se apropie del mercado municipal de Contla

Tlaxcala, Tlax.- El recurso de revisión con número 135/2026-3 promovido por el síndico municipal de Contla, Gilberto Flores Maldonado, se ha convertido en la principal vía legal para intentar anular el contrato de comodato mediante el cual el mercado municipal fue entregado a un consejo de administración encabezado por el expresidente municipal Eddy Roldán por un periodo de 50 años.

De acuerdo con el funcionario, el contrato fue protocolizado el 30 de agosto de 2024 en una notaría de Chiautempan, apenas un día antes de concluir la administración saliente. Además, aseguró que el comodato incumple la ley al no haber sido notificado ni autorizado por el Congreso del Estado, requisito obligatorio para este tipo de actos.

Como parte del proceso, el síndico presentó pruebas documentales ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala (TJA) y el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), entre ellas solicitudes de información y una fe notarial con las que busca acreditar presuntas irregularidades en la entrega del inmueble y el control que actualmente ejercen particulares sobre los ingresos y operación del mercado municipal.

Flores Maldonado sostuvo que la resolución del caso dependerá de la actuación de las autoridades estatales y del respaldo ciudadano, al considerar que permitir la permanencia del comodato podría sentar un precedente para futuras privatizaciones de espacios públicos en otros municipios de Tlaxcala.

La ruta legal con la que buscan frenar el comodato del mercado

El recurso de revisión con número 135/2026-3, promovido por el síndico municipal, Gilberto Flores Maldonado, fue presentado formalmente el 25 de mayo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala (TJA) y busca declarar la nulidad del contrato, al considerar que fue otorgado de manera ilegal y sin autorización del Congreso del Estado.

Para sustentar el recurso, el síndico integró durante más de 20 días un expediente con pruebas documentales y notariales. Entre ellas destaca una solicitud dirigida al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala (OFS), con la que —asegura— se acreditó que la administración saliente no reportó la existencia del comodato, ocultando información tanto a las nuevas autoridades como a la ciudadanía. A ello se suma una fe notarial elaborada para documentar que los particulares beneficiados ejercen acciones de dominio sobre el inmueble municipal.

Flores Maldonado también aseguró haber enfrentado falta de respaldo institucional y obstáculos financieros, lo que lo obligó a cubrir personalmente gastos notariales y legales ante la negativa de apoyo económico por parte de la actual administración municipal.

Como parte de las acciones complementarias para ejercer presión legal, el síndico también remitió oficios al diputado Vladimir Zainos, presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, así como a Arturo Salas Miguela, titular del OFS, solicitando la intervención de ambas instancias en la revisión del contrato.

 

Según explicó, el objetivo es evitar que el caso quede únicamente en el terreno mediático y lograr que las autoridades estatales atiendan formalmente la demanda de nulidad del comodato.

Posibles conflictos de interés que podrían frenar la nulidad del comodato

En medio del proceso legal para impedir que Eddy Roldán conserve el control del mercado municipal de Contla, el síndico municipal, Gilberto Flores Maldonado, advirtió sobre posibles conflictos de interés al interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala (TJA), instancia encargada de resolver la nulidad del contrato de comodato.

De acuerdo con el funcionario, el exedil de Contla —quien actualmente encabeza el Consejo de Administración del mercado— ha respaldado políticamente las aspiraciones a la gubernatura del diputado federal Raymundo Vázquez Conchas. A ello se suma que Manuel Vázquez Conchas, hermano del legislador, y quien es presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, lo que podría conllevar a un conflicto de interés.

En el ámbito municipal, el síndico cuestionó el silencio de la mayoría de los integrantes del cabildo, al señalar que únicamente Alejandro Flores, presidente de comunidad de la Sección Segunda; Zuleyma Abigail Cuamatzi, segunda regidora; y él mismo han fijado postura pública sobre el conflicto. Además, acusó falta de respaldo por parte de la presidenta municipal, Ivonne Roldán, al sostener que no ha impulsado acciones legales ni apoyado económicamente la defensa jurídica del municipio.

Finalmente, advirtió que permitir que el comodato permanezca vigente podría sentar un precedente para que futuras administraciones privaticen espacios públicos mediante contratos de larga duración, incluso de hasta 100 años.

El comodato con el que Eddy Roldán obtuvo el control del mercado

Según el síndico municipal, el contrato de comodato fue protocolizado el 30 de agosto de 2024, un día antes de concluir la administración de Eddy Roldán, permitiendo que el exedil y otras dos autoridades comunitarias pasaran a integrar el consejo de administración del mercado municipal tras dejar sus cargos públicos.

Flores Maldonado aseguró que el inmueble fue construido con recursos públicos y que entregar su control a un grupo de cinco particulares representa una afectación al erario, ya que actualmente administran ingresos que deberían corresponder al ayuntamiento. Además, señaló que durante el proceso electoral de 2024 se habrían condicionado más de 80 locales comerciales a cambio de respaldo político.

El síndico sostuvo que el comodato de 50 años carece de sustento legal, ya que la ley establece un máximo de cinco años y requiere autorización del Congreso del Estado, instancia que —afirmó— nunca avaló el contrato.


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La capital mantiene crisis pluvial mientras plan ciudadano sigue sin respuesta

Tlaxcala, Tlax.- Las recientes lluvias registradas en municipios como Apizaco, Calpulalpan y la capital del estado han dejado daños materiales y afectaciones a la infraestructura vial y comercial de estos, una situación relacionada con la acumulación de residuos sólidos que bloquean los desagües, el crecimiento urbano y una gestión insuficiente que ha derivado en una crisis pluvial en vialidades importantes.

Escenario Tlx entrevistó a trabajadores y comerciantes del Centro Histórico de Tlaxcala, quienes señalaron que las recientes precipitaciones han impactado sus ventas y actividades comerciales, ya que el incremento en el nivel del agua obliga al cierre de negocios ante el riesgo de inundaciones y daños a la mercancía. Además, indicaron que esta problemática no es reciente, sino que se ha agravado con el paso de los años.

Ante el incremento de lluvias extremas y las constantes afectaciones en el Centro Histórico, el 4 de septiembre de 2025 un grupo de ciudadanos impulsó el «Plan Ciudadano de Gestión de Agua y Prevención de Inundaciones», una propuesta integral que fue entregada a las autoridades municipales para atender esta problemática que afecta tanto a las vialidades como a quienes habitan y comercian en la zona.

A pesar de ello, a casi nueve meses de haber entregado este proyecto a las autoridades municipales, los impulsores del plan aseguran que no han obtenido respuesta ni acciones concretas para atender la situación. Señalaron que, mientras las afectaciones continúan durante cada temporada de lluvias, los problemas en el sistema pluvial y de alcantarillado persisten sin una estrategia integral de atención.

Ante la crisis pluvial se necesita un plan que atienda las necesidades

De acuerdo con el «Plan Ciudadano de Gestión de Agua y Prevención de Inundaciones», las afectaciones en la capital no son consecuencia exclusiva de las lluvias, sino de una combinación de factores geográficos, urbanos y de gestión pública. Entre ellos destacan la falta de prevención y mantenimiento vial, el crecimiento urbano que ha rebasado la capacidad del sistema pluvial y de alcantarillado, así como la acumulación de basura que obstruye los desagües.

El plan advierte que la entidad enfrenta un nuevo escenario climático con lluvias más intensas y atípicas, mientras que la geografía de la ciudad —descrita como una «olla natural»— complica el desalojo del agua. Ante ello, la propuesta ciudadana plantea transitar de un modelo reactivo a uno integral de gestión pluvial y alcantarillado, basado en prevención, infraestructura sostenible y participación ciudadana.

Entre las principales acciones se contempla la creación de un mapa hidrológico municipal para identificar zonas de riesgo, programas permanentes de limpieza y desazolve de drenajes, así como inversión en obras de captación pluvial y la creación de un Fondo Municipal para la Resiliencia Climática. Además, propone campañas ciudadanas para evitar que la basura continúe bloqueando el sistema de desagüe que afecta tanto a locatarios como a transeúntes de la capital tlaxcalteca.

Un programa necesario para la capital de Tlaxcala

En entrevista con Escenario Tlaxcala, trabajadores y locatarios del Centro Histórico señalaron que las recientes lluvias han afectado tanto sus negocios como sus actividades cotidianas e indicaron que en los últimos años, el nivel del agua en las principales calles de la capital ha incrementado considerablemente durante las precipitaciones.

María, comerciante del segundo cuadro del centro histórico explicó que, durante las lluvias más recientes, el agua alcanzó niveles de entre 10 y 15 centímetros, situación que ha impactado sus ventas y provocado afectaciones en los establecimientos. Añadió que, debido a problemas en el alcantarillado, la corriente arrastra basura acumulada en las vialidades, permitiendo que el agua con mal olor ingrese a los negocios y genere daños en los inmuebles.

La locataria estimó que una inversión de hasta 30 mil pesos puede verse afectada debido a que las lluvias e inundaciones limitan las ventas, mientras los gastos de renta, luz y agua continúan. Además, señaló que uno de los principales problemas radica en el sistema de alcantarillado, ya que, aunque el municipio ha realizado obras en el primer cuadro del Centro Histórico, estas generan residuos que terminan en las alcantarillas y provocan obstrucciones.

Asimismo, describió que el agua que brota del drenaje es «apestosa» y «muy sucia», por lo que los locatarios se ven obligados a lavar banquetas y entradas de los locales con cloro y jabón para evitar malos olores y posibles focos de infección.

Mientras tanto, Ernesto señaló que, aunque las pérdidas no siempre son materiales ni recaen directamente en mercancías como ropa o artículos de papelería, las inundaciones sí afectan sus ingresos, ya que el acumulamiento de agua impide el acceso de vehículos a establecimientos como estacionamientos. Además, explicó que cuando el agua permanece estancada y los automóviles intentan cruzar a alta velocidad, se generan «olas» que terminan ingresando a los locales.

De acuerdo con el comerciante, el agua tarda entre una hora y cuarto y una hora y media en desahogarse después de que termina la lluvia. Tanto él como otros locatarios coincidieron en que las calles quedan con olor a «caño» o «aguas negras» debido a los residuos que arrastra el drenaje.

Además, señalaron que las rentas continúan incrementando, mientras comerciantes y arrendatarios han tenido que buscar alternativas para enfrentar la temporada de lluvias. En este sentido, algunos locatarios consideraron necesaria la implementación de políticas públicas que otorguen créditos a emprendedores durante esta temporada, con el objetivo de solventar gastos como renta o remodelaciones derivadas de las afectaciones.

Por su parte, Belén, quien es arrendataria, aseguró que, en los últimos dos años, conseguir personas interesadas en rentar en el primer cuadro de la ciudad se ha vuelto cada vez más difícil, pues una de las primeras preguntas que realizan es si el departamento o la zona suelen inundarse.

Al mismo tiempo, otro comerciante añadió que las inundaciones se han vuelto cada vez más recurrentes y que, pese a las reparaciones realizadas en tuberías y canaletas, estas resultan insuficientes, pues se trata de «la misma historia de cada año».

 

*Nota: Por motivos de seguridad y privacidad, los nombres de las personas entrevistadas fueron modificados.


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En el Pleno | De entornos escolares seguros a sanciones por discriminación, así fue la jornada legislativa en Tlaxcala

Tlaxcala, Tlax.- El día de hoy, la LXV Legislatura del Congreso del Estado concentró una amplia agenda de reformas enfocadas en materia electoral, educativa, laboral, fiscal y de derechos humanos, con iniciativas que buscan desde incorporar el lenguaje incluyente en la legislación electoral hasta sanciones por discriminación laboral por embarazo y reforzar la autonomía sindical en la entidad.

Lenguaje incluyente, entornos seguros y sanciones por discriminación, temas que llegan al pleno

A la asamblea llegaron las diputadas y diputados del Partido del Trabajo (PT), Maribel Cervantes Hernández y Silvano Garay Loredo, quienes propusieron reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado para erradicar el uso del masculino genérico en la normativa local.

La propuesta plantea sustituir conceptos tradicionales como «consejeros», «magistrados» o «candidatos» por términos neutros como «consejerías», «magistraturas» y «candidaturas», además de eliminar disposiciones que justificaban el uso exclusivo del masculino por razones gramaticales.

La iniciativa también busca actualizar conceptos administrativos para armonizarlos con las recientes reformas constitucionales, incluyendo la denominación del Órgano Interno de Control y nuevas referencias a las figuras de representación política y cargos de elección popular. El proyecto fue recibido el pasado 26 de mayo por la Secretaría Parlamentaria para iniciar su análisis en comisiones.

Mientras tanto, en materia educativa, el diputado Jaciel González Herrera presentó una reforma a la Ley de Educación del Estado con el objetivo de establecer la orientación vocacional como una política obligatoria y permanente para estudiantes de secundaria y nivel medio superior.

La propuesta contempla evaluaciones institucionales para detectar aptitudes y talentos desde etapas tempranas, así como una coordinación directa entre escuelas, sectores productivos y asociaciones de profesionistas.

El legislador argumentó que la medida busca reducir la deserción escolar y vincular las capacidades de las juventudes con las necesidades económicas de Tlaxcala, especialmente en sectores como el artesanal, agrícola, industrial y de servicios. Además, incorpora un enfoque de igualdad de género para evitar que los estereotipos condicionen la elección profesional de mujeres y hombres.

A esta agenda se sumó la diputada priista Sandra Guadalupe Aguilar Vega, quien presentó una iniciativa para incorporar formalmente la perspectiva de género dentro de la Ley para Prevenir y Combatir la Violencia Escolar.

La reforma pretende tipificar la violencia de género dentro de los entornos educativos y obligar a las instituciones de nivel básico y medio superior a utilizar lenguaje incluyente y no sexista tanto en actividades académicas como administrativas.

La propuesta también contempla mecanismos de protección para la identidad y expresión de género del alumnado, además de fortalecer acciones frente a nuevas modalidades de agresión como el ciberacoso. El documento fue turnado a la Mesa Directiva el pasado 26 de mayo para su integración al proceso legislativo.

La bancada de Morena sube al pleno

En paralelo, la bancada de Morena presentó una iniciativa de armonización constitucional en materia de austeridad republicana y control del gasto público. El proyecto busca limitar el presupuesto anual del Congreso local a un máximo equivalente al 0.70 por ciento del presupuesto estatal, además de reducir el número de regidurías en los ayuntamientos y restringir privilegios económicos dentro de organismos electorales como el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET).

La propuesta establece que las medidas presupuestales entrarían en vigor a partir de la instalación de la LXVI Legislatura en 2027 y contempla que los ahorros generados sean destinados a obra pública municipal.

Avanza autonomía sindical y sanciones por intervención gubernamental

Por otra parte, los diputados Engracia Morales Delgado y Bladimir Zainos Flores, de Nueva Alianza Tlaxcala, impulsaron una reforma para blindar la autonomía sindical y sancionar cualquier acto de intervención gubernamental en procesos internos de sindicatos. La iniciativa adiciona el artículo 50 Bis a la Ley Laboral de los Servidores Públicos y tipifica como faltas graves prácticas como condicionar prestaciones, coaccionar votos o utilizar recursos públicos para influir en elecciones sindicales.

El proyecto ya fue dictaminado favorablemente por la Comisión de Puntos Constitucionales y será sometido próximamente a votación del Pleno.

Lo que se aprobó en el Congreso de Tlaxcala

Dentro de los trabajos parlamentarios también avanzó el dictamen impulsado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para reformar la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas. La iniciativa propone ajustar los plazos de entrega de informes del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) en años de transición gubernamental y obliga a los entes públicos a digitalizar la documentación comprobatoria de sus cuentas públicas.

Las Comisiones Unidas de Finanzas y Fiscalización, así como la de Puntos Constitucionales, emitieron un dictamen favorable al considerar que la medida fortalece la eficiencia administrativa y agiliza la revisión de expedientes financieros.

En la sesión de este 28 de mayo también se formalizó la creación de una Comisión Especial encargada de sustanciar la solicitud de Juicio Político promovida contra Emmanuel Ávila González, consejero presidente del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. El órgano será presidido por el diputado Vicente Morales Pérez y contará con un plazo de 15 días hábiles para recabar pruebas y presentar un informe preliminar sobre el expediente parlamentario.

Finalmente, las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Puntos Constitucionales aprobaron el dictamen de la iniciativa promovida por la diputada Maribel León Cruz para sancionar la discriminación laboral por embarazo y puerperio. La reforma modifica el Código Penal local y otras disposiciones estatales para imponer penas de prisión a quienes nieguen empleo, ascensos o derechos laborales por motivos de maternidad.

El dictamen también prohíbe la solicitud de certificados de no gravidez y obliga a las instituciones públicas a desarrollar políticas de prevención y atención contra este tipo de violencia laboral. La propuesta toma como referencia cifras de la ENDIREH 2021, que ubican a Tlaxcala entre las entidades con mayor incidencia de discriminación laboral contra mujeres embarazadas.

Con este paquete de iniciativas y dictámenes, el Congreso local mantiene abierta una agenda legislativa centrada en derechos humanos, austeridad, fiscalización, igualdad de género y reconfiguración institucional, en medio del cierre del segundo periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura.


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La agenda mediática tiene grietas y no dudaremos en aprovecharlas

Aranza Minor Aguilar

Tlaxcala, Tlax.- Antes de que la aldea global evolucionara, existía cierta ingenuidad sobre la misión educativa de los medios; se pensaba que informar bastaba para crear sociedades críticas. Hoy el paisaje es más incómodo: los medios están tomados por intereses políticos y de mercado, donde el entretenimiento, el sensacionalismo y la producción acelerada compiten por nuestra atención.

Sin embargo, el modelo de comunicación tradicional emisor-receptor quedó atrás. Con las redes sociales, los públicos dejaron de ser receptores pasivos para convertirse en prosumidores que consumen, analizan, cuestionan y responden al alcance “de un click”. Aunque las plataformas digitales no son espacios democráticos puros, ya que reproducen brechas y desinformación, en sus contradicciones se abren rendijas por donde se cuela un público crítico que se resiste a aceptar que las decisiones sobre el territorio ocurran sin su participación.

El caso reciente de Perfect Day, el megaproyecto de Royal Caribbean en Mahahual, ilustra este fenómeno. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) anunció que no aprobaría la construcción del parque acuático tras semanas de presión pública, cobertura periodística y un ejercicio ciberactivista que posicionó el debate. Esta negativa fue empujada por defensores, periodistas y comunidades que llevaron el conflicto territorial a la agenda nacional, obligando a los tomadores de decisiones a actuar bajo el escrutinio público.

De acuerdo con la revista WIRED, la petición de Greenpeace acumuló más de 820 mil firmas, mientras que la iniciativa “Salvemos Mahahual” en Change.org superó los 4.8 millones de apoyos, convirtiéndose en la más firmada en la historia de la plataforma en México. Se registraron más de 8 mil menciones y un alcance potencial de 4.2 millones de usuarios bajo la etiqueta #SalvemosMahahual. La tendencia circuló por TikTok, Instagram y Facebook, logrando desde el apoyo de la comunidad ARMY de BTS hasta manifestaciones virtuales de niños, niñas y adolescentes en Roblox que se manifestaron con pancartas y letreros virtuales; manifestaciones que habían sucedido en ocasiones como #LifesBlackMatter y #FreePalestine. Ese gesto, que para algunos podría parecer menor, revela algo importante: los territorios también se defienden desde la virtualidad. Las comunidades digitales saben responder desde la viralidad, la apropiación simbólica de los espacios digitales y la intervención en la agenda pública.

Por eso resulta indignante que Ari Adler Brotman, representante de Royal Caribbean en México, afirmara que era “triste” que el destino de Mahahual se decidiera en redes sociales. Frase que busca deslegitimar la discusión pública; sin embargo, lo verdaderamente lamentable es que las disputas territoriales sólo sean escuchadas cuando el conflicto escala y se vuelve tendencia.

Pero el verdadero debate es hacia dónde se carga el poder de decidir qué es “progreso”. En México, la palabra “desarrollo”, suele llegar envuelta en promesas de empleo y crecimiento, pero rara vez se cuestiona quién lidia con los efectos residuales de la devastación ambiental. Perfect Day pretendía recibir hasta 20 mil visitantes diarios en una comunidad de 2 mil 600 habitantes. ¿Eso es desarrollo? ¿O es la imposición de un proyecto ajeno a la comunidad que rebasa la vida local y luego le exige adaptarse? La defensa del territorio incomoda porque cuestiona los proyectos definidos a puerta cerrada. Esto cobra mayor relevancia dado que México firmó y ratificó el Acuerdo de Escazú, donde el Estado se comprometió a garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública y la protección de los defensores del territorio. No es buena voluntad la desaprobación de SEMARNAT, es una obligación mientras no exista transparencia e inclusión.

Como comunicadora, este caso me deja una responsabilidad imperante: apostar por la formación de públicos críticos. Encontrar las grietas dentro de las plataformas digitales para incidir a través de información políticamente útil. Si las plataformas pueden ser usadas para distraer, también pueden convertirse en espacios de vigilancia, presión y acción civil. La defensa del territorio exige mantenernos sospechosos ante los silencios institucionales, las consultas que no ocurren, los riesgos que se minimizan. Cuando el territorio está en juego, el silencio también comunica.


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Tlaxcala, Tlax. El periodismo democrático se sostiene sobre la premisa de la rendición de cuentas. Por ello, resulta alarmante que, bajo el noble argumento de proteger la actividad periodística, se pretenda colar en el Congreso del Estado de Tlaxcala una propuesta de Reforma Electoral diseñada no para defender a los reporteros que caminan el territorio, sino para construir un búnker de impunidad para los negocios mediáticos que prosperan en la sombra.

Al analizar los puntos críticos, la propuesta entregada por el Colegio de Periodistas y Comunicadores de Tlaxcala A.C. a la mesa de diálogo legislativo pone en evidencia que los mecanismos planteados buscan desmantelar las facultades de fiscalización del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y del INE, precisamente en el terreno donde la claridad es más urgente: el dinero que fluye entre los políticos y las empresas de comunicación.

La iniciativa propone que únicamente los candidatos informen sobre sus agendas con los medios, prohibiendo además la existencia de padrones o registros de proveedores informativos. Esto representa una desregulación absoluta del mercado publicitario electoral. El riesgo es la eliminación del rastro documental para detectar financiamientos ilegales, facilitando el desvío de recursos públicos hacia portales fantasma creados exclusivamente para operar campañas sucias, sin que la autoridad pueda auditar la legitimidad del proveedor.

Más grave aún es la propuesta de «reserva judicial obligatoria», que pretende impedir que los órganos administrativos electorales actúen de forma inmediata ante infracciones en los contenidos. En tiempos electorales, la justicia tardía es justicia denegada. Si se le amordaza al ITE para emitir medidas cautelares rápidas, se abre la puerta a la impunidad en casos de Violencia Política en Razón de Género o campañas de difamación orquestadas. El daño a las víctimas se consolidaría durante toda la campaña, dejando el remedio legal para después de la jornada electoral, cuando el resultado ya esté consumado.

Finalmente, la introducción de sanciones a los funcionarios por supuesto «acoso institucional» no es más que un mecanismo de inhibición. Busca intimidar a los fiscalizadores electorales para que, por temor a represalias legales o laborales en su contra, prefieran no revisar los contratos, las pautas y las relaciones comerciales de los medios vinculados a los proponentes.

La genealogía de esta iniciativa explica a la perfección su podredumbre técnica. No es coincidencia que el principal promotor de este iniciativa a la impunidad sea un personaje con un negro historial de agresiones a activistas de derechos humanos y difamaciones sistemáticas contra periodistas independientes. Quien hoy se ostenta como paladín de la libertad de prensa es el mismo sujeto que recurre a la calumnia para intentar demoler la credibilidad de quienes nos negamos a callar.

Este modus operandi de ataque corporativo se activa cada vez que el periodismo independiente toca sus redes de financiamiento privado. Lo vimos con claridad cuando orquestó y colocó a su candidato al Poder Judicial Federal en material laboral a lanzar calumnias en nuestra contra. Una estrategia tan torpe y carente de sustancia que el desenlace natural fue la derrota de su propio aspirante; después de todo, ninguna postulación sobrevive a una asesoría tan profundamente deficiente y carente de ética.

Es esta misma red de complicidades y negocios al amparo de la opacidad la que hoy pretende legalizarse con su iniciativa de Reforma Electoral. No busca proteger los derechos de las juventudes, de las mujeres o de poblaciones vulnerables del estado ante el poder; busca blindar la impunidad de su propio negocio mediático.

El Congreso de Tlaxcala, históricamente rebasado en su capacidad técnica y condicionado por las negociaciones de cuotas políticas, no puede ser cómplice de esta captura legislativa. No se están defendiendo libertades constitucionales; se estaría legislando a la medida de intereses particulares y tramas de influencia que perpetúan un modelo de comunicación social obsoleto, el cual ve en la desinformación y el morbo un negocio rentable, y en la opacidad su mejor estrategia de supervivencia.

En Escenario Tlaxcala rechazamos esta visión del periodismo. Nuestro producto periodístico en las agendas de política, género, medio ambiente y derechos humanos no requiere de vacíos legales ni de excepciones fiscales para sostenerse; se blinda con rigor, con metodologías de verificación y, sobre todo, con la transparencia de cara a la sociedad.

Sabemos, sin embargo, que para transformar este ecosistema contaminado por la prebenda política se necesita una ruta económica radicalmente distinta. El periodismo libre no puede depender del dinero opaco que esta reforma intenta ocultar. Por ello, convocamos a nuestra audiencia a ocupar un rol activo a través de El Círculo, nuestra membresía participativa donde los ciudadanos auditan y vigilan nuestro comportamiento editorial. Y para quienes entienden que la independencia es un derecho que se financia colectivamente, la suscripción a Ingobernables es el mecanismo político y financiero para asegurar que el poder —tanto el político como el corporativo— nunca más pueda comprar el silencio ni fabricar la verdad en nuestro estado.

Ya va siendo hora de que discutamos las reformas electorales con la mirada puesta en los derechos de los ciudadanos, y no en el blindaje de los negocios de unos cuantos.

En el pleno | Siete iniciativas llegan al Congreso, desaparición de personas, economía circular y seguridad entre los ejes principales

Tlaxcala, Tlax.- Durante la trigésima séptima sesión ordinaria del Congreso del Estado de Tlaxcala, diputadas y diputados presentaron siete iniciativas, entre ellas un proyecto de decreto de ley, enfocadas en temas relacionados con educación, desaparición de personas, economía circular, seguridad, derechos de las infancias, medio ambiente y procesos electorales.

En la misma jornada legislativa, el Pleno aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, con el que se busca agilizar la presentación y discusión de los dictámenes correspondientes a las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2025.

Presentan siete iniciativas en el Congreso; desaparición de personas, economía circular y seguridad centran el debate

Miriam Martínez Sánchez busca reformar y adicionar la ley en materia de desaparición de personas

Ante el pleno, la diputada Miriam Esmeralda Martínez Sánchez presentó una iniciativa para reformar el artículo 20 y adicionar un párrafo al artículo 111 de la Ley de Víctimas del Estado de Tlaxcala, con el objetivo de garantizar la búsqueda inmediata de personas desaparecidas o no localizadas, sin obstáculos burocráticos ni dilaciones institucionales.

Durante su intervención, la legisladora explicó que la propuesta busca obligar a las autoridades a iniciar las diligencias de búsqueda de manera inmediata, eliminando requisitos como denuncias previas, ratificaciones, comprobación de vínculos familiares o cualquier otra formalidad que retrase la actuación de las instituciones encargadas.

Martínez Sánchez sostuvo que la desaparición de una persona compromete de manera simultánea derechos fundamentales como la vida, la libertad, la integridad personal y la seguridad, por lo que afirmó que la búsqueda inmediata «no es una medida administrativa, sino una obligación ineludible del Estado».

Como parte de su argumentación, la diputada recordó el caso de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, ocurrido en abril de 2026, y señaló que, pese a que la familia proporcionó información sobre la última ubicación de la joven, la Fiscalía de la Ciudad de México retrasó su actuación durante quince horas. Días después, la víctima fue localizada sin vida.

Economía circular, procedimientos electorales, seguridad y medio ambiente

Por su parte, las diputadas Gabriela Hernández Islas, Engracia Morales Delgado y Laura Yamili Flores Lozano presentaron iniciativas relacionadas con economía circular, procesos electorales y el fortalecimiento de la seguridad y confiabilidad en organismos fiscalizadores del estado.

En primer término, Gabriela Hernández Islas propuso expedir la Ley de Economía Circular del Estado de Tlaxcala, con la finalidad de sustituir el modelo económico lineal basado en extraer, producir, consumir y desechar, por uno enfocado en reutilizar materiales y prolongar la vida útil de productos y recursos, reduciendo así la generación de residuos.

La legisladora argumentó que la iniciativa responde a problemáticas como la saturación de rellenos sanitarios en municipios como Panotla, Nativitas y Huamantla, así como a la necesidad de prevenir la contaminación de cuerpos de agua.

La propuesta incorpora principios como la responsabilidad extendida del productor, el ecodiseño y la simbiosis industrial, además de plantear que los municipios implementen sistemas progresivos de separación de residuos y promuevan centros de reciclaje.

En otro punto de la sesión, la diputada Engracia Morales Delgado presentó una iniciativa para reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tlaxcala, con el propósito de endurecer los requisitos de elegibilidad para quienes aspiren a cargos de elección popular, como diputaciones, ayuntamientos o la gubernatura.

La propuesta busca impedir que personas condenadas por violencia política contra las mujeres por razón de género, violencia familiar o delitos sexuales puedan acceder a candidaturas. Asimismo, plantea que las personas deudoras alimentarias morosas no puedan registrarse para contender por un cargo público, salvo que acrediten haber cubierto la totalidad de sus adeudos.

Asimismo, la diputada Laura Yamili Flores Lozano presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, con el objetivo de crear la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos. La propuesta busca atender problemáticas como la alta cifra negra delictiva, la impunidad y los actos de corrupción al interior de los ministerios públicos, situaciones que, señaló, han generado desconfianza entre la ciudadanía.

La legisladora explicó que, a diferencia del actual Órgano Interno de Control —cuyas funciones son únicamente administrativas—, esta nueva Fiscalía contaría con autonomía técnica y de gestión, además de facultades para investigar y ejercer acción penal contra servidores públicos de la propia Fiscalía General, incluidos ministerios públicos, peritos y policías de investigación involucrados en conductas irregulares o actos de corrupción.

Finalmente, el diputado Vicente Morales Pérez presentó una iniciativa para exhortar a autoridades ambientales, ayuntamientos, instituciones académicas y sociedad civil a fortalecer las acciones de prevención, monitoreo y combate del muérdago en Tlaxcala.

El legislador advirtió que esta plaga representa una amenaza para árboles frutales y forestales como capulines, duraznos, tejocotes, aguacates, encinos, pinos y robles, afectando distintas regiones de la entidad, incluidas zonas cercanas a La Malintzi, además de poner en riesgo el equilibrio ecológico, la biodiversidad y los recursos hídricos del estado.

Morales Pérez reconoció los trabajos estatales realizados en el Río Zahuapan, la Laguna de Acuitlapilco y el combate al insecto descortezador, al tiempo que llamó a universidades, especialistas, productores del campo y ciudadanía a sumarse a brigadas y campañas ambientales.

Héctor Israel Ortiz y Reyna Flor Báez presentaron iniciativas enfocadas en educación e infancias

En temas de educación e infancias, el diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz y la legisladora Reyna Flor Báez López presentaron iniciativas enfocadas en el fortalecimiento educativo y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en Tlaxcala.

Por un lado, Ortiz Ortiz propuso la creación del Fideicomiso para Inteligencias Sobresalientes «Dra. Janet Boldt de Sáenz», el cual estaría constituido como un organismo público descentralizado de la administración estatal. De acuerdo con el legislador, el objetivo es planear, organizar y administrar recursos financieros, materiales y humanos destinados al apoyo de estudiantes tlaxcaltecas con capacidades intelectuales sobresalientes.

Durante su participación en tribuna, el diputado también señaló que el fideicomiso busca rendir homenaje a la Dra. Janet Boldt de Sáenz, figura a la que hizo referencia y le destinó gran parte de su intervención para justificar la denominación de la propuesta.

En tanto, la diputada Reyna Flor Báez López presentó una iniciativa para reformar y adicionar disposiciones a la Ley de Educación y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, con el propósito de incorporar la enseñanza musical en planteles de educación básica y media superior.

La legisladora argumentó que la educación musical puede generar beneficios desde las primeras infancias, particularmente en el desarrollo cognitivo, al fortalecer la memoria y las habilidades lingüísticas, así como en los ámbitos emocional y de socialización.

Báez López sostuvo que la iniciativa se encuentra respaldada por el artículo 3º constitucional y la Ley General de Educación, los cuales establecen que la formación educativa debe ser integral e incluir el acceso a las artes, especialmente la música. Como referencia, mencionó el programa «ECOS. Música para la Paz», implementado en Jalisco, mediante el cual miles de jóvenes en zonas de alta marginación y violencia han recibido formación musical como herramienta de prevención social y desarrollo cultural.

Hasta el momento, las seis iniciativas fueron turnadas a las comisiones correspondientes para su estudio, análisis y eventual dictaminación.

¿Qué se aprobó el día de hoy en el congreso?

Mientras tanto, las y los diputados de la LXV Legislatura aprobaron el dictamen de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, presidida por el diputado Bladimir Zainos Flores, para agilizar la presentación y discusión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2025. La medida permitirá dispensar la lectura de los apartados de Resultandos y Considerandos de cada dictamen, dando lectura únicamente al Proyecto de Acuerdo correspondiente para hacer más eficiente el desarrollo de las sesiones.

La Comisión señaló que el Congreso mantiene su responsabilidad de revisar y fiscalizar el uso de recursos públicos con base en los informes del Órgano de Fiscalización Superior. Bladimir Zainos precisó que la medida no afecta la transparencia, ya que los dictámenes completos deberán publicarse en la Gaceta Parlamentaria y en el portal oficial del Congreso al menos 48 horas antes de su discusión en el Pleno.


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Alcaldes y exfuncionarios de Tlaxcala que han recurrido al amparo para frenar investigaciones y capturas

  • Diversos alcaldes y exfuncionarios de Tlaxcala han promovido juicios de amparo para enfrentar investigaciones por presunto peculado, daño patrimonial y desvío de recursos, no obstante, algunos han logrado conseguir frenos provisionales para evitar enfrentar la ley. 

Tlaxcala, Tlax.- El alcalde de San Luis Teolocholco, Valentín Meléndez Tecuapacho, tramitó un juicio de amparo tras una sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala (TJA), esta medida corresponde a un arresto de 12 horas respecto a un expediente relacionado con un conflicto del tianguis municipal.

Sin embargo, el caso no es aislado, en Tlaxcala, diversos funcionarios y exalcaldes han recurrido a este mecanismo legal para frenar órdenes de aprehensión o retrasar procesos judiciales relacionados con presuntos desvíos de recursos, peculado, enriquecimiento ilícito y uso de documentos apócrifos.

Ante este panorama, instituciones como el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) o la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), han realizado investigaciones tras acciones de distintos actores políticos que han buscado protección federal mientras enfrentan señalamientos que van desde irregularidades administrativas hasta posibles delitos de corrupción, aquí te compartimos algunos de los casos.

¿Qué alcaldes municipales y exfuncionarios de Tlaxcala han promovido juicios de amparo?

En primer lugar se encuentra Valentín Meléndez Tecuapacho, edil de San Luis Teolocholco, quien promovió un juicio de amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala por actos que, asegura, corresponden a responsabilidades de la anterior administración. El recurso fue presentado el 13 de mayo del presente año, un día después de que le fuera notificado un arresto de 12 horas relacionado con el expediente 209/2024.

De acuerdo con declaraciones del propio alcalde, la medida deriva de conflictos relacionados con el mercado municipal. Además, medios como El Sol de Tlaxcala señalan que el caso tendría origen en problemáticas heredadas por administraciones anteriores en ese espacio comercial. El recurso legal también buscó evitar medidas de apremio emitidas dentro del expediente 209/2024-2.

En la base de datos de Servicios Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación consta que el amparo fue promovido el 13 de mayo del presente año. Conforme al expediente 209/2024-2, la medida de apremio contemplaba hasta 12 horas de prisión por el presunto incumplimiento de una resolución emitida.

Asimismo, el registro judicial detalla la apertura simultánea del cuaderno «Principal», mediante el cual el juzgado federal admitió la demanda para analizar posibles violaciones a los derechos del edil, así como del cuaderno “Incidental”, recurso urgente que permitió solicitar informes a las autoridades responsables y otorgar una suspensión provisional para evitar que fuera privado de su libertad de manera inmediata.

Otro de los casos es el de Jorge Corichi Fragoso, exalcalde del municipio capitalino, quien fue acusado de un probable daño patrimonial por más de 31.3 millones de pesos. Recientemente, el medio MRNoticias informó que el exedil habría solicitado el amparo 113/2026-F ante cualquier orden de aprehensión por parte de agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Ante los actos señalados por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y el Congreso del Estado, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito concedió el amparo a Corichi Fragoso.

En septiembre de 2024, Marco Antonio N., exalcalde de La Magdalena Tlatelulco, promovió un primer amparo ante el Juzgado Primero de Distrito para frenar cualquier orden de aprehensión en su contra; sin embargo, la solicitud le fue negada.

Un año después, en septiembre de 2025, fue detenido por el presunto desvío de más de 4.7 millones de pesos y actualmente enfrenta procesos penales por peculado y desvío de recursos. De manera paralela, ese mismo mes de 2025, el exalcalde promovió un nuevo amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito, en el que denunció presuntas situaciones de incomunicación y restricción de alimentos, situación que aún no tiene una resolución.

Por otra parte, el ahora presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Ángelo Gutiérrez Hernández, anteriormente exalcalde de San Pablo Apetatitlán, presentó un amparo con el expediente 761/2024 ante el Juzgado Primero de Distrito en Tlaxcala, ante el temor de una orden de aprehensión. Derivado de ello, obtuvo una suspensión provisional con el mismo expediente. De acuerdo con versiones sobre el caso, el recurso fue promovido ante el temor de ser remitido al CERESO de Tlaxcala por razones que se desconocen.

Otro de los exalcaldes que promovieron un amparo fue el expresidente municipal de Santo Toribio Xicohtzinco, Luis Ángel Barroso Ramírez, quien recurrió a la justicia federal para solicitar protección definitiva contra cualquier acción legal; sin embargo, la autoridad únicamente le otorgó una medida provisional. Además, de acuerdo con el expediente 654/2024, el exfuncionario presumía una orden de detención por parte de elementos de investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Además, dentro de esta lista también se encuentra Hildeberto N., quien fue acusado por el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) por los presuntos delitos de peculado y malversación de fondos durante el ejercicio fiscal 2022, tras causar un daño patrimonial equivalente a 2 millones 233 mil 877 pesos.

Durante el proceso se promovieron al menos dos amparos, el primero fue presentado por su hijo, Hildeberto Pérez Maldonado, quien aspiraba a la candidatura municipal por el Partido del Trabajo y buscó evitar un posible arresto mediante un juicio de amparo y el segundo correspondió a ciudadanos que recurrieron a este mecanismo legal para exigir a la administración de «El Cachorro» la pavimentación de vialidades urbanas.

De los casos expuestos, solo un exalcalde permanece actualmente recluido

Ante este panorama, en el que diversos alcaldes y exfuncionarios de Tlaxcala han recurrido al juicio de amparo para frenar órdenes de aprehensión, evitar medidas cautelares o buscar protección ante investigaciones por presuntas irregularidades, no todos los casos han derivado en detenciones.

En varios expedientes, las autoridades federales únicamente concedieron suspensiones provisionales o admitieron las demandas para su análisis, mientras los procesos continúan en curso ante instancias judiciales y órganos de fiscalización.

De los casos expuestos, únicamente un exalcalde permanece tras las rejas, Marco Antonio N., exedil de La Magdalena Tlatelulco, detenido en septiembre de 2025 por el presunto desvío de más de 4.7 millones de pesos.

En contraste, otros exfuncionarios han recuperado su libertad, como el exalcalde de Panotla, Eymar Grande, quien salió del penal el pasado viernes. El exedil enfrentaba cargos por presunto peculado correspondientes al ejercicio fiscal 2021 y permaneció recluido desde mayo de 2024.


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En el Pleno | Congreso impulsa reformas sobre maternidad, juventud y seguridad en el campo de Tlaxcala

Tlaxcala, Tlax.- Durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado, las diputadas Sandra Aguilar, Gabriela Hernández, Aurora Villeda y Anel Martínez, así como el legislador Jaciel González, subieron a la tribuna del pleno para presentar diversas iniciativas enfocadas en derechos sociales, seguridad y desarrollo económico.

Entre las propuestas destacan medidas relacionadas con la licencia de maternidad y la salud mental materna, el impulso de mayores oportunidades laborales para jóvenes, el fortalecimiento de la vigilancia municipal en zonas agrícolas y el endurecimiento de sanciones por robo de equipo.

Asimismo, durante la LXV Legislatura también se aprobó la distribución de recursos excedentes correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal 2026 para los tres Poderes del Estado, así como reformas a la Ley de Control Constitucional del Estado.

Licencias de maternidad y salud mental materna

Durante la sesión ordinaria, la diputada Sandra Aguilar Vega presentó una iniciativa de reforma para la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, con el objetivo de ampliar los derechos de maternidad, lactancia y adopción para quienes laboran en el servicio público estatal y municipal.

La propuesta plantea ampliar la licencia de maternidad a 20 semanas con goce íntegro de sueldo, mismas que serán distribuidas en diez semanas antes y diez después del parto, esta reforma contempla la posibilidad de reorganizar ese periodo previo o posterior al nacimiento con autorización del jefe inmediato.

Aguilar Vega sostuvo que la protección de la maternidad constituye un derecho humano respaldado tanto por la Constitución como por organismos internacionales, por lo que la iniciativa además busca garantizar un periodo de lactancia no menor a seis meses tras la reincorporación laboral, priorizando la salud y alimentación de las infancias.

De igual forma, el proyecto propone otorgar licencias por adopción de 20 semanas con sueldo completo para madres y padres adoptantes, ya sea de manera individual o en pareja, con el objetivo de fortalecer la integración familiar y el desarrollo emocional de menores de edad.

Al mismo tiempo, la diputada local por Morena, Gabriela Hernández, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley de Salud del Estado en materia de salud mental materna, con el objetivo de garantizar atención psicológica e integral a mujeres embarazadas, durante el puerperio y en etapa de maternidad temprana.

Con esta propuesta, la legisladora busca incorporar nuevas disposiciones legales para que la Secretaría de Salud implemente evaluaciones periódicas de salud mental antes y después del embarazo, a fin de detectar y atender oportunamente casos de depresión prenatal y postparto.

Hernández Islas señaló que la iniciativa también contempla capacitación constante para personal médico, psicológico, de enfermería y trabajo social en materia de salud mental materna, con el propósito de humanizar la atención y prevenir la violencia obstétrica. Ambas iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación.

Impulsan oportunidades laborales para jóvenes, refuerzo de la seguridad en el campo y mayores sanciones por robo agropecuario

Mientras tanto, la diputada Aurora Villeda Temoltzin presentó ante el Pleno una iniciativa para reformar y adicionar la Ley de Juventud del Estado de Tlaxcala, con el objetivo de crear un programa de primer empleo que facilite la incorporación de las juventudes al mercado laboral en la entidad.

Durante su intervención, la legisladora señaló que miles de jóvenes enfrentan barreras para acceder a una primera oportunidad laboral debido a la falta de experiencia previa, de ahí que su propuesta busque incentivar a las empresas para contratar a personas jóvenes en puestos de nueva creación, mismos que estarán presentes en el registro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que permitiría acceder a estímulos fiscales relacionados con el Impuesto Sobre Nóminas y otros beneficios contemplados en la Ley de Ingresos del Estado.

Por otra parte, la diputada Anel Martínez Pérez presentó una iniciativa dirigida a fortalecer las acciones de vigilancia, atención y canalización de reportes ciudadanos relacionados con prácticas o métodos que puedan alterar el ciclo hidrológico en zonas agrícolas, una propuesta enfocada en los municipios de la entidad.

Durante su participación, la legisladora afirmó que la iniciativa busca involucrar tanto a productores como a la población en la protección del campo agrícola, al tratarse de una de las actividades económicas y sociales más relevantes de Tlaxcala. Asimismo, explicó que la propuesta pretende reforzar la coordinación institucional para garantizar la vigilancia ambiental, promover mecanismos de denuncia y ampliar la participación de ayuntamientos, presidencias de comunidad, regidurías y áreas municipales vinculadas con el sector agrícola.

Por su parte, el diputado local Jaciel González Herrera presentó ante el Pleno una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, con el objetivo de incorporar como agravante el robo y la sustracción de maquinaria, herramientas y equipo destinado a actividades agropecuarias.

Durante su participación, el legislador sostuvo que la agricultura representa una actividad estratégica para Tlaxcala debido a su aportación a la economía, la producción de alimentos y el sustento de miles de familias, por lo que consideró necesario fortalecer la protección legal de los bienes indispensables para el desarrollo del campo.

Asimismo, señaló que el robo de este tipo de equipos genera afectaciones directas a la productividad agrícola, incrementa los costos para productores y trabajadores del sector, y compromete la continuidad de las actividades del campo. También advirtió sobre el encarecimiento de los insumos y la necesidad de incorporar tecnologías que permitan un uso más eficiente de los recursos.

Las tres propuestas fueron turnadas a las comisiones correspondientes para su estudio, análisis y dictaminación, conforme al procedimiento legislativo establecido por el Congreso del Estado de Tlaxcala.

Congreso de Tlaxcala aprueba distribución de recursos excedentes y reformas en materia de control constitucional

Además, El Congreso del Estado de Tlaxcala aprobó por unanimidad el Dictamen con Proyecto de Decreto para autorizar la distribución de recursos excedentes correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal 2026 entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La propuesta, presentada el diputado Bladimir Zainos Flores, deriva de una iniciativa enviada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y funcionarios estatales, mediante la cual se solicitó distribuir un total de 147 millones 520 mil 274 pesos provenientes de ingresos excedentes registrados entre enero y marzo de este año.

El documento refiere que el incremento en los ingresos se debió al comportamiento favorable de las participaciones federales, incentivos económicos y fuentes locales, que registraron aumentos superiores a lo estimado en la Ley de Ingresos 2026.

Asimismo, se aprobó la reforma a diversas disposiciones de la Ley del Control Constitucional del Estado, con el objetivo de actualizar y armonizar este ordenamiento con el marco constitucional y legal vigente.

El Dictamen, derivado de una iniciativa presentada por el diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz, mismo que busca fortalecer el funcionamiento de la justicia constitucional local y brindar mayor certeza jurídica en los procedimientos contemplados en la ley.

Entre las modificaciones aprobadas destaca la reducción del número de votos necesarios para declarar la inconstitucionalidad de una norma o la procedencia de una acción por omisión legislativa, pasando de diez a cinco votos de magistradas y magistrados, en concordancia con la actual integración del Tribunal Superior de Justicia del Estado, conformado por siete integrantes.


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