Tlaxcala, Tlx.- En días recientes los medios de comunicación hicieron público que la administración del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, realizó un espectáculo de baile sensual de mujeres, anunciado como solo para hombres, este espectáculo fue transmitido en las redes sociales del municipio y allí se podía mirar a las mujeres semidesnudas bailando, mientras los hombres aplaudían y silbaban con emoción.
Esta situación ha puesto en evidencia una alarmante falta de sensibilización respecto a la violencia de género y desconocimiento legal por parte de las autoridades municipales, al promover y transmitir un espectáculo donde se continúa mostrando a las mujeres como objetos de diversión y placer para disfrute de los hombres.
El hecho es grave si consideramos que, el pasado 1 de abril el pleno del Congreso del estado de Tlaxcala en sesión ordinaria, aprobó reformas al código penal para sancionar a los “giros negros”, ahora el Artículo 360 Bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala indica que:
“se sancionará con una pena de seis a doce años de prisión, multas económicas y la clausura definitiva de establecimientos donde se permita la realización de espectáculos con personas desnudas o semidesnudas con mensaje explícito de carácter erótico o sexual.” Además, a través del comunicado 294 que emitió el Congreso mencionó que: “…estos negocios, comúnmente denominados “giros negros”, operan al margen de la legalidad y están vinculados con delitos como la trata de personas, el lavado de dinero y la explotación sexual.”
Violencia contra las mujeres
Además, el ayuntamiento nos muestra un total desconocimiento de las obligaciones que debe cumplir para erradicar la violencia contra las mujeres y nos da un mensaje claro de indefensión en la que están expuestas las mujeres en caso de que sufran alguna violencia, debido a que quienes tendrían que velar y procurar justicia para ellas, son quienes están promoviendo actos públicos que denigran la dignidad de las mujeres.
Vale la pena recordar a quienes integran el municipio de Contla, algunas de sus obligaciones en materia de prevención de la violencia contra las mujeres. De acuerdo con la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, en el artículo 33 Fracción XXXIV menciona que en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal deberán establecer “la prohibición de usos de suelo para casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares, cualquiera que sea su denominación, para centros donde se presentan espectáculos con personas desnudas o semidesnudas…”
Así mismo la fracción XXXV, indica que las funciones y obligaciones de los municipios implica: Promover entre sus habitantes políticas públicas que fomenten la igualdad de género mediante acciones coordinadas con instancias federales y estatales en la materia por medio de:
Programas de difusión y reeducación permanente para quienes ejercen violencia en contra de las mujeres.
Cursos de capacitación para promover el respeto a la igualdad e integración laboral, social y cultural entre géneros.
Creación y apoyo a centros de atención y salvaguarda a mujeres víctimas de violencia.
Apertura de programa de apoyo a la igualdad de género con atención especializada en la materia, y
Contar con una guía de asistencia inmediata para miembros de seguridad pública y protección civil para atender casos de violencia contra mujeres.
El municipio debe explicar por qué, en vez de utilizar el recurso publico para promover la eliminación de la violencia hacia las mujeres, fomenta espectáculos que perpetúan conductas patriarcales.
En tanto a quien encabeza la Secretaría de las Mujeres en Tlaxcala, es importante que revise las capacitaciones que han proporcionado a estos funcionarios y funcionarias de los municipios, porque es claro que poco han servido para proporcionar herramientas que procuren una acción municipal con perspectiva de género.
Tlaxcala, Tlx. Los nuevos magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (boleta azul del ITE) ya ocupaban un cargo en funciones públicas.
En la boleta azul del ITE, se votaron por 3 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, esto es lo que sabemos de ellos:
Violeta Fernández Vázquez ya trabajaba en el Poder Judicial como la Consejera al Frente del Consejo de la Judicatura.
Por su parte, Dora Delia Hernández fue directora de notarías públicas y Secretaria Técnica de la Comisión Ejecutiva De Atención A Víctimas y Ofendidos (CEAVO) Tlaxcala donde recibió una denunciajunto con 32 funcionarios públicos por delitos de Tráfico de Influencias, Abuso de Autoridad, Intimidación, Amenazas, Encubrimiento, Ejercicio Ilícito de Funciones, Falsedad ante Autoridad, Cohecho, Peculado, Enriquecimiento Ilícito, Delitos Electorales, Delitos de Trabajo y Previsión Social, Delitos Ambientales y otros.
Dora Delia al frente de la Dirección de Notarias Públicas ejerció presión desde su cargo, así como amenazas para que la Iniciativa de la gobernadora del Estado, Lorena Cuéllar Cisneros, para hacerse del control de varias notarias, pudiera aprobarse en el Congreso local. Documento al que ella también le dio revisión para dar certeza al movimiento autoritario del Poder Ejecutivo.
Por otro lado, el candidato ganador Juan Pablo Tena Ochoa fue titular de la Dirección Jurídica del Congreso local, apenas había ocupado este último cargo en enero del 2025. Se trata además de un perfil joven al que se le ha impuesto como una persona que juzgará el actuar de las demás personas juzgadoras.
La Gobernadora presume su imposición de esta boleta como un avance para la justicia
Este día, la Gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, aseguró que este Tribunal de Disciplina Judicial hará más fácil que la ciudadanía denuncie a jueces corruptos, para que haya sanciones más rápidas e incluso la destitución de estos funcionarios.
¿Será esto posible con una mujer que utilizó para destruir la autonomía de las notarias y con un joven que en su último encargo duró 5 meses?
Tlaxcala, Tlx. La boleta verde del ITE cuenta con nepotismo en el Poder Judicial y el gobierno de Tlaxcala.
En la boleta verde, se eligió a 3 magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa. La magistrada Luz María Vázquez Ávila, fungía como la secretaria de gobierno, y Martha Zenteno Ramírez que ya trabaja en el Poder Judicial como Secretaria proyectista.
Por último, se votó por la reelección de Manuel Vázquez Conchas, continuando con su puesto como magistrado. Vázquez Conchas es el ejemplo de nepotismo tras la familiaridad que tiene con el diputado federal, Raymundo Vázquez Conchas, cuñado de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar.
Esta última imposición en las boletas, no figura con los supuestos ideales de Morena recordados hace unos meses por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum; ni tampoco dentro de la justificación de la reforma judicial que dio paso a esta elección acerca de la prohibición del nepotismo. Lorena Cuellar decidió imponer sus intereses familiares antes que los ideales partidistas en los acordeones distribuidos.
Tlaxcala, Tlx. La boleta naranja del ITE cuenta con 3 nuevas magistraturasdel Tribunal de Conciliación y Arbitraje que reflejan la importancia del poder en los espacios políticos.
En la boleta naranja, se eligió a 3 magistraturas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
La ahora magistrada Paola Sosa Vargas fungió en la dirección de Prevención y Reinserción Social, y aunque es una de las candidatas impuestas por el gobierno de Lorena Cuellar, se espera que su sensibilidad social demostrada en el cerezo femenil de Tlaxcala, continúe en el tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Sin embargo, su experiencia es sobre Seguridad Pública, no en asuntos laborales.
Alejandra Cosetl Flores, fue magistrada suplente de la Magistrada Presidenta, Anel Buñuelos Meneses, y después integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, estando al frente de éste órgano. Ahora ligada a un caso de nepotismo pues su hermano figura también dentro de los candidatos ganadores.
El caso de los Cosetl se suma al caso de otros apellidos que se repiten entre las personas juzgadoras, como los Jiménez, que en esta elección también lograron imponer a la sobrina de Ramón Jiménez Casco, que en esta elección quedó fuera del Poder Judicial, aunque su familia se mantiene con más de un miembro con el apellido.
Por otro lado, la tercer imposición se trata de German Mendoza Papalotzi, quien fungió como Secretario Ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, y de quien su perfil no demuestra experiencia ni cercanía con asuntos relacionados a un Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Tlaxcala, Tlx. Los ganadores de la boleta rosa del ITE son casos de reelección en las magistraturas en Materia Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes y materia civil y familiar.
En la boleta rosa, se eligió una magistratura para la materia penal y especializada en administración de justicia para adolescentes.
Ricardo Ortiz Trejo ganó la única candidatura a esta materia, reflejando la imposición y poder por parte de la familia Ortiz en Tlaxcala. Tras ganar, se dejó fuera al candidato Juan Espino Rubio, quien destacó con su transparencia y congruencia en la campaña.
Dentro de esta boleta también se decidió por la magistratura en materia civil y familiar con tres cargos:
Mildred Murbartian ganó una candidatura, dentro de sus antecedentes resalta el hecho de que se postuló para ser reelegida, la misma situación pasó con Fanny Margarita Amador quien continuará como magistrada; y también con el candidato Enrique Acoltzi, quien anteriormente estaba en la Sala Civil-Familiar como magistrado.
Esta boleta es el ejemplo de cuestionar uno de los objetivos de la reforma al Poder Judicial, y es precisamente, el propósito de la renovación de estos puestos de impartición de justicia.
Tlaxcala, Tlx. Desde organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales y locales expresamos nuestro rechazo sobre el proceso que se desarrolló en el Congreso Legislativo del Estado para la elección de la ombudsperson de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) para el periodo 2025-2029, donde se aprobó la ratificación de Jakqueline Ordóñez Brasdefer; así como la elección del Consejo Consultivo, ya que no se cumplió con los estándares mínimos de transparencia establecidos en el marco normativo, haciendo, una vez más, caso omiso a los más altos estándares para este propósito como los Principios de París.
Toda vez que el procedimiento no garantizó en ningún momento los principios de
transparencia, participación ciudadana ni los más altos estándares para cubrir el perfil para la presidencia, que requiere no solo de conocimiento técnico, sino que exige de una cercanía con los contextos actuales que enfrentamos en el estado, sentido de
humanidad, principio de autonomía e imparcialidad.
Recomendación 47/2003 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su
contra, se reelige a una persona que no ha garantizado el funcionamiento conforme a la ley de este organismo, sino que ha servido a los intereses de un gobierno indolente, violento y de simulación; lo que aumenta las vulnerabilidades a las que nos enfrentamos todos los días como ciudadanía.
Contar con figuras como la que hoy vuelve a asumir este cargo, no sólo coloca en riesgo los derechos humanos de todas y todos, en un México donde las instituciones constitucionalizan la vulneración de éstos, sino que se vuelve parte de la impunidad que hoy gozan los agresores, violadores, tratantes, feminicidas, homicidas y funcionariado público; al no contar con órganos autónomos locales que acompañen a las víctimas ante la obstaculización, revictimización y omisión institucional.
Queremos traer a la memoria el desempeño de la Ombudsperson Jakqueline Ordóñez Brasdefer y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) durante el periodo 2021-2025. Muchas de sus acciones fueron completamente de colusión, pasivas e ineficaces y de indiferencia; las graves omisiones ante las violaciones a derechos humanos de los diversos grupos, ha sido parte de la impunidad que vivimos:
1.Durante toda su administración del 2021 – 2025, no existió ningún pronunciamiento respecto de las graves violaciones de los derechos de las mujeres, los feminicidios ocurridos tuvieron un menor interés, así como de la problemática de las desapariciones en el estado.
2. Para las manifestaciones del 8 de marzo del 2022 señaló que no hubo violencia, catalogando a la manifestación como “pacífica”, negando el secuestro arbitrario a una compañera y el uso de la fuerza policial a compañeras feministas el 16 de marzo del 2022.
3. Se evidenció una clara colusión con las instituciones como la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala (incluyendo en su momento a la Unidad de Género) y a la Policía Estatal, colocando en riesgos graves a las mujeres, como resultó con el feminicidio de Beatriz N. estudiante de la Escuela Normal Rural “Lic. Benito Juárez” de Panotla, en octubre del 2022, donde a causa de la represión y el uso de gases lacrimógenos la compañera falleció de muerte cerebral.
4. En junio de 2023, durante una reunión convocada exclusivamente entre las Embajadas integrantes de la Mesa de Cooperación Internacional para la Igualdad de Género en México de ONU Mujeres y organizaciones de sociedad civil de Tlaxcala, con el fin de compartir el contexto de violencia contras las mujeres y niñas; al llegar al lugar de reunión, se encontraban Jakqueline Ordoñez y la titular del entonces Instituto Estatal de las Mujeres, al hacer mención que sería una reunión únicamente con OSC´s la titular del IEM se retiró respetando el espacio, sin embargo, la titular de la CEDH no aceptó salir de dicha reunión, argumentando que era un espacio de escucha y que “tomaría nota de las necesidades que expresamos”; no obstante, ordenó a su equipo de comunicación que estuviera tomando fotografías en todo momento, a pesar del acuerdo previo de que nadie podría tomar evidencia de esta reunión y pese haberle solicitado en diversas ocasiones que por favor respetara los acuerdos, no lo hizo, constituyendo una forma de intimidación.
5. Durante el trascurso del 2023, 2024 hasta abril del 2025 no se acercó a brindar acompañamiento a Keren Ordoñez, víctima de tortura y tortura sexual por parte de agentes federales y estatales en 2015, detenida por un delito que no cometió y por el cual estuvo encarcela injustamente durante casi 10 años en el CERESO de Apizaco; durante las acciones convocadas por organizaciones de sociedad civil locales y el Centro ProDH, organización que acompañó jurídicamente a Keren, no se contó con su participación o pronunciamiento al respecto, ni de ningún integrante del Consejo Consultivo, quienes sí asistieron a muchos eventos públicos institucionales en representación de la ombudsperson, pero ante situaciones donde las víctimas requirieron acompañamiento, la respuesta siempre fue negativa. Después de haber logrado la liberación de Keren en abril de 2025 gracias al acompañamiento del Centro ProDH, se pronunció por brindar acompañamiento, lo que evidencia la utilización de estos casos para fines políticos.
6. Ante las distintas simulaciones que la CEDH, Jakqueline Ordóñez Brasdefer en conjunto con la CEDH de Hidalgo, se burlaron de la situación de vulnerabilidad de los migrantes, al
“experimentar” entrar a una casa de campaña para ver que se sentía vivir en ella. Cuando se tienen las intenciones de beneficiar a la población migrante, se hace a través de acciones directas en beneficio de su libertad y dignidad, sin embargo, al no contar con esos recursos recurren actos de simulación.
7. En abril del 2025 tras hechos de violencia, secuestro y robos en el estado, distintas comunidades del estado de Tlaxcala han buscado la justicia propia a falta de la acción por parte de las autoridades municipales y estatales, ante esto la CEDH se ha
pronunciado en contra de los linchamientos y de los mecanismos de justicia de dichas comunidades, mientras que su postura ante las represiones a diferentes movimientos sociales es omisa, manteniendo silencio al incremento de violencia como robos, secuestros, desapariciones, violencia sexual, feminicidios, homicidios en el estado, pero manteniendo relaciones políticas de conveniencia con el gobierno de Lorena Cuellar Cisneros, asistiendo a las “Sesiones Ordinarias del Consejo Estatal de Seguridad”.
A pesar de la evidente incapacidad y falta de compromiso por vigilar el actuar de las instituciones para la garantía de los derechos humanos, la CEDHT se ha convertido en un ente que ha legitimado el abuso del poder, la impunidad, las acciones de omisión y la violencia con que la operan las autoridades de este gobierno. Por lo que exigimos:
1. A las diputadas y diputados que hagan pública la metodología y criterios utilizados para la evaluación a las personas participantes para la elección de la titular y del Consejo Consultivo que respondan con elementos de idoneidad y perfiles especializados; cumpliendo con los principios de máxima transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas.
2. Que la CEDHT presente un programa integral que responda a una agenda clara para la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos de todos los grupos que han sido vulnerados en el estado y que no han recibido respuesta tampoco por este organismo, con la participación amplia de colectivas, organizaciones de sociedad civil, defensoras/es de derechos humanos y periodistas y no de forma selectiva a conveniencia.
3. Que el presupuesto sea designado con base en las necesidades que actualmente se viven en materia de derechos humanos, que sea utilizado eficiente eficazmente con fines para la garantía y protección de éstos, y no para embellecer un edificio que sólo alberga a personas servidoras públicas.
4. Que dé seguimiento a las Recomendaciones emitidas por este organismo, así como las realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, toda vez que debe coadyuvar en su observancia y cumplimiento para la protección de los derechos humanos en el estado.
5. Que se establezca un mecanismo de vigilancia ciudadana efectivo, con participación de colectivos, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, que dé seguimiento puntual al desempeño de quién ocupe la titularidad de la CEDHT, de su Consejo Consultivo y de todo el organismo autónomo.
6. Que se reconozca y garantice la verdadera autonomía e independencia de la CEDHT, para que cumpla con su función de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, especialmente de las vulnerables, sin interferencias políticas ni partidistas.
7. Es fundamental que la CEDHT se constituya como un organismo donde se garantice el ejercicio pleno del derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción, y asegure el derecho
a una buena administración pública. Garantizar estos derechos es esencial para crear un entorno centrado en las personas, en el que la justicia, la equidad y el bienestar de la ciudadanía sean prioritarios y se protejan de manera efectiva».
Estas designaciones, desde la perspectiva de derechos humanos:
Impide el avance ante el debilitamiento de este organismo, al no elegir a la persona idónea que favorezca en la emisión de recomendaciones ante violaciones de derechos humanos o que actúe frente a iniciativas que vulneren los derechos humanos desde las instituciones estatales y municipales.
Ignoran los múltiples señalamientos a la CEDHT de su actuar con opacidad, falta de independencia, parcialidad, simulación, colusión, indiferencia e inacción frente a violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades estatales y municipales,
particularmente hacia mujeres, niñas y personas de la Comunidad LGBTIQ+.
Socavan la confianza en las legisladoras que accedieron por acciones afirmativas, cuya función debería ser representar con dignidad, autonomía y compromiso a las voces de mujeres y la Comunidad LGBTIQ+, y velar por los derechos humanos de las
mismas, sin subordinación. Les pedimos recordar que la representación mediante acciones afirmativas es una responsabilidad política y social que no puede ni debe traicionarse. La defensa, justicia y dignidad siempre deben estar por encima de los intereses y compromisos particulares.
Envían un mensaje desalentador a las víctimas y a las organizaciones defensoras de derechos humanos: que los pactos partidistas, el cálculo y compromiso político pesan más que la justicia, la verdad y la dignidad.
Expresamos nuestro total rechazo al actuar de las autoridades en la reelección de Jakqueline Ordóñez Brasdefer, que responde a intereses políticos y de grupos partidarios y no en atención del contexto de violaciones constantes a nuestros derechos humanos.
Atentamente:
Defensoras y defensores de derechos humanos autoconvocados
Arthemisas por la Equidad, A.C.
Casa Cultural Tochantsin
Colectivx Diversidad
Colectiva Medusas Sufragistas
Colectivo Mujer y Utopía
Designaciones Públicas. Observatorio Ciudadano
Escenario Tlaxcala
Justicia Pro Persona, A.C.
Malinalli Espacio Común
Maya sin Fronteras A.C.
Mujeres Libres COLEM, A.C.
Red de Víctimas de Tlaxcala
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio
Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes
Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C. (SEIINAC)
Yureni A.C.
Tlaxcala. Con base en la definición de la RAE, un linchamiento es la acción de ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo. Durante lo que va del 2025 se han registrado 19 intentos de linchamiento en varios puntos de la entidad, y uno consumado en la comunidad de Xochitecatitla, Nativitas. Apoyado de medios locales que cubren nota roja como Cuarto de Guerra, Nexos Tlx, Pincel de luz, 385 Grados y El Sol de Tlaxcala; Escenario Tlx se ha dado a la tarea de registrar en una base de datos los linchamientos e intentos de linchamiento durante este año en la entidad.
A continuación, te proporcionamos los datos de manera cronológica:
De enero a marzo registramos dos intentos de linchamiento por mes. Los motivos surgieron a partir de que encontraron a personas intentando sustraer pertenencias en casa habitación y por el intento de robo de motocicletas. Los municipios en que se registraron estos hechos son en: Nativitas, Mazatecochco, San Pablo del Monte, Santo Toribio Xicohtzinco y Hueyotlipan.
Foto tomada de Cuarto de Guerra
Abril ha sido el mes en que se han registrado más intentos de linchamientos, y el único mes en que se ha registrado un linchamiento consumado. El pasado 1 de abril, en la comunidad de Xochitecatitla, Nativitas, pobladores de la comunidad lincharon a un hombre, señalado por haber privado de la libertad y abusado de una menor de edad.
Durante ese mismo mes, se registraron 10 intentos de linchamiento en los siguientes municipios: Zacatelco, San Pablo del Monte, Papalotla, Tlaltelulco, Tenancingo, Teolocholco, Apetatitlán y Panotla. Las causas por las que la multitud se ha manifestado en intento de linchamiento han sido las siguientes:
Acoso hacia mujeres en transporte público.
Supuesta privación de libertad a menor de edad.
Robo de vehículos: Automóviles y motocicletas.
Robo en casa habitacional.
Robo de cable de luz.
En abril de 2024, se registraron dos linchamientos consumados en el mismo periodo, en comparación con abril de 2025 sólo se ha documentó uno.
Foto tomada de 385 Grados
Durante lo que va de mayo, se han registrado 3 intentos de linchamiento en los siguientes municipios uno en Totolac y dos en Chiautempan. El motivo de estas situaciones fue por las siguientes causas:
Robo en plaza cívica.
Robo de maleta en vía pública.
Intento de robo de bicicleta.
Foto tomada de Tablero Político
Con este registro podemos notar que el municipio que presenta más intentos de linchamientos es San Pablo del Monte, con cinco intentos; posteriormente, le siguen Nativitas, con un intento y uno consumado. Finalmente, Chiautempan registra dos intentos. Esta radiografía de los linchamientos en Tlaxcala la puedes ver en el Mapa de los Otros Datos que elaboramos en Escenario Tlaxcala. Da clic aquí para consultarlo.
Tlaxcala, Tlx. Escenario Tlaxcala entrega el tercer análisis mensual sobre las actividades, aprobaciones e iniciativas del Congreso de Tlaxcala en mayo, con el objetivo de informar qué hacen las y los diputados del Estado y mostrar datos que den un panorama general sobre su productividad legislativa.
En mayo identificamos:
14 iniciativas de diputados locales.
Sólo 12 diputados subieron al pleno con iniciativas.
se aprobaron 4 iniciativas, 1 local, 1 estatal y 2 federales.
Durante los últimos tres meses, los diputados Brenda C. Villantes Rodríguez, Ever Alejandro Campech, Miguel Ángel Caballero Yonca, Héctor Israel Ortiz Ortiz, Silvano Garay Ulloa, María Aurora Villeda Temoltzin y Bladimir Zainos Flores, no han presentado iniciativas.
Iniciativas del Congreso de Tlaxcala en mayo
El Congreso de Tlaxcala tiene 25 diputados, de los cuales sólo 12 presentaron en su mayoría iniciativas propias, dando un total de 14:
Gabriela Hernández Islas 3
Anel Martínez Pérez 2
Maribel León Cruz 1
Laura Yamili Flores Lozano 2
Engracia Morales Delgado 2
Madai Pérez Carrillo 1
Lorena Cuellar 3
Reyna Flor Báez Lozano y Soraya Noemí Bocardo 1
Sandra Guadalupe Aguilar Vega 2
Miriam Esmeralda Martínez Sánchez 1
Comisión de Finanzas y Fiscalización 1
Vicente Morales Pérez 1
Sin embargo, de estas propuestas sólo 1 ha sido aprobada.
La iniciativa local aprobada el 15 de mayo, fue propuesta por la Comisión de Finanzas y Fiscalización para que los entes fiscalizables sean lo más rápido, ágil y eficientemente posible. Las dos iniciativas aprobadas del nivel federal, fue para colocar en letras doradas el nombre de Tecuelhuetzin Xicohtencatl en el palacio de Juárez, cumpliendo con la designación federal de reconocer 2025 como el año de la mujer indígena; así como la aprobación de la desincorporación y donación de predios para proyecto nacional de vivienda. Por último, se aprobó la ampliación de concesión para modernizar la autopista Tlaxcala-Xoxtlala propuesta por la gobernadora, Lorena Cuéllar.
En futuras entregas de este análisis de productividad legislativa, revisaremos el tiempo promedio en que los diputados tardan en aprobar o descartar una iniciativa en el pleno.
Otra cosa que identificamos es que este mes los temas de las iniciativas fueron: medio ambiente, derechos humanos y poblaciones vulnerables, finanzas, defensa de territorios
y personas con discapacidad.
¿De qué tratan las iniciativas del Congreso de Tlaxcala?
Medio ambiente
La diputada, Gabriela Hernández Islas presentó la iniciativa para tipificar como delito la quema no autorizada de pastizales, terrenos agrícolas y forestales. Por su parte, la diputada, Sandra Guadalupe Aguilar Vega subió al pleno la iniciativa para la implementación y promoción de la adaptación basada en ecosistemas para Tlaxcala.
La diputada, Anel Martínez Pérez propuso la iniciativa para establecer las bases legales que permitan a los ayuntamientos regular la contaminación acústica como parte de sus atribuciones. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, subió al pleno la iniciativa para crear el Banco de Datos de Perfil Genético de los integrantes de las instituciones de seguridad ciudadana.
Por su parte, Maribel León Cruz propuso garantizar que las víctimas u ofendidos puedan elegir libremente a su asesor jurídico al momento de otorgar el perdón al imputado. A vísperas del Mes del Orgullo LGBTQIA+ la diputada, Madai Pérez Carrillo subió al pleno penalizar con tres años de prisión y multa de cien a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Finalmente, la diputada Gabriela Hernández Islas propuso la iniciativa con Proyecto de Decreto que busca garantizar la inclusión laboral de personas con discapacidad en el Estado de Tlaxcala.
Finanzas
Se aprobó la iniciativa por la cual los dictamenes de los entes fiscalizables sean lo más rápido, ágil y eficientemente posibles, esta propuesta fue subida al pleno por la Comisión de Finanzas y Fiscalización.
Defensa de territorios
La iniciativa presentada por la gobernadora, Lorena Cuéllar para el seguimiento del proyecto nacional de vivienda, desincorporó y donó predios para dicho proyecto.
Sin hacer ni una sólo mención o alusión alguna a problemáticas como: la gentrificación, la especulación con la vivienda y el suelo, o la turistificación de zonas clave de la ciudad, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, presentó el pasado 26 de mayo:“Vivienda para Vivir Bien”, programa con el que el municipio busca atender la crisis de vivienda de la capital de Jalisco.
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En la presentación celebrada en Casa ITESO Clavigero, la presidenta municipal de Guadalajara advirtió que entre 1990 y 2010, el municipio perdió 265 mil habitantes —el 16 % de su población—debido a la falta de vivienda “accesible y económica”.
Este desplazamiento hacia la periferia, explicó, ha generado servicios públicos deficientes, traslados de hasta dos horas y gastos en transporte que consumen hasta una quinta parte del ingreso familiar. También señaló que este fenómeno desarticula redes de cuidado, fragmenta familias y desaprovecha inversiones públicas en infraestructura urbana del centro.
A ello, agregó la alcaldesa, se suma el hacinamiento y el estancamiento de la vivienda social; no obstante, omitió señalar que estas consecuencias también tienen como telón de fondo, la especulación con la vivienda y el suelo que no han sido debidamente atendidos los anteriores presidentes municipales provenientes de su partido político, Movimiento Ciudadano.
El pasado 26 de mayo la alcaldesa tapatía, Verónica Delgadillo, presentó la estrategia “Vivienda para Vivir Bien”: el conjunto de políticas públicas y programas que el municipio promueve para atender la crisis de vivienda en lo que respecta al municipio: ¿En qué consiste? ¿Y por qué las autoridades municipales omitieron hablar de gentrificación?
Durante la presentación también intervino Otilia Pedroza, titular de la Dirección de Promoción de la Vivienda y futura cabeza de la Agencia Municipal de Vivienda, quien caracterizó la crisis de vivienda así: “es desde hace varios años un tema de preocupación global. Cada vez son más las personas que enfrentan dificultades para acceder a una vivienda adecuada”.
Por parte del gobierno estatal, Luis Guillermo Medrano Braba, titular del Instituto Jalisciense de Vivienda (IJALVI), explicó que el déficit de vivienda en Jalisco asciende a 65 mil unidades, mientras que otras 450 mil requieren intervención para ser consideradas adecuadas. Además, explicó que en el estado existen seis mil fraccionamientos irregulares con cerca de 175 mil lotes sin servicios ni certeza jurídica. En ese sentido, considera que la estrategia del gobierno municipal de Guadalajara ante este panorama se basa en incentivos y descuentos para promover la producción de vivienda de bajo costo.
Los últimos datos que se tienen sobre los asentamientos populares en el Área Metropolitana de Guadalajara corresponden a un estudio conjunto organizado por la asociación civil TECHO y el IMEPLAN. En dicho estudio, publicado en 2021, encontraron que una cuarta parte de los habitantes del AMG, entonces 1.25 millones de personas, vive en un asentamiento denominado “irregular” por las autoridades.
En la sección dedicada a la presentación de la problemática de vivienda en Guadalajara ni siquiera se hizo mención algunas a problemáticas como: la gentrificación, la especulación con la vivienda y el suelo, la turistificación en zonas clave de la ciudad (por ejemplo, la colonia Americana) o el convenio que se firmó hace unos años con Airbn, compañía que ofrece una plataforma digital dedicada a la oferta de alojamientos a particulares y turísticos; al contrario, la presentación únicamente se enfocó en presentar la estrategia del municipio centrada en la creación de incentivos y descuentos para promover la producción de vivienda más barata.
Autoridades municipales y estatales en la presentación de la estrategia de vivienda.
¿Cuál es la estrategia entonces?
Verónica Delgadillo inició la presentación de “Vivienda para Vivir Bien” estableciendo sus tres objetivos: “revertir las consecuencias de las malas decisiones en torno a la vivienda en las últimas décadas (…) lo segundo que buscamos es que las y los tapatíos vuelvan a habitar cerca de sus centros de trabajo, de sus familias, de sus oportunidades (…) que nos consolidemos como la mejor ciudad para vivir”.
En síntesis, explicó que lo que se quiere con este programa es que:
“ya no se vaya más gente…. que regresen los que se fueron y que quieren estar en Guadalajara. Y, ahora sí: que vengan los que quieran.”
De manera operativa la estrategia, según lo presentó la Presidenta Municipal, el programa consiste en nueve ejes:
Actualización del Plan de Desarrollo Municipal y los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, que definen qué tipo de construcciones y usos de suelo se permiten en cada lote de la ciudad.
Política pública de Vivienda para vivir bien: una reforma a los reglamentos municipales para establecer “incentivos para la vivienda económica”, la instalación del Consejo Técnico y Social de Vivienda, la elaboración del Programa Estratégico de Vivienda “Guadalajara 2042” y un Fondo para la renta de Jóvenes.
Consolidación de la Agencia Municipal de Vivienda constituída como un Organismo Público Descentralizado, reemplazando así la Dirección de Promoción de la Vivienda (que a su vez reemplazó al Instituto Municipal de la Vivienda)
Proyecto piloto de incentivos para cooperativas de vivienda empezando con 50 familias, con un programa denominado “Hogares que te Cuidan”, ofreciendo 80% de descuento en licencias y derechos municipales así como asesoría al contar con un acta de constitución de la cooperativa de vivienda.
Instauración de una mesa técnica en materia de vivienda principalmente para asesorar a desarrolladores inmobiliarios.
Esquema de financiamiento donde los trámites de transferencia de derechos (cuando el propietario de un predio le “vende” los derechos que tiene para construir a cierta altura a otro, permitiendo que éste último construya más pisos de los que podría poner en su predio) abonarán a un fondo municipal para subsidiar la renta en 300 viviendas asignadas a personas jóvenes.
Política para promover el desdoblamiento de vivienda (que se refiere a la construcción de hasta dos viviendas adicionales y un local comercial en predios donde solo hay una vivienda). Esta acción se apoyaría en dos programas. El primero, denominado Hogares que Crecen, proporciona trámites, licencias y estudios necesarios para el desdoblamiento de manera gratuita. Delgadillo afirmó que ya van 105 viviendas con licencias para desdoblamiento emitidas desde 2024, y que buscarán alcanzar 400 más. El segundo, nombrado Hogares con Corazón, distribuye un subsidio de 5 millones de pesos para materiales, los cuales estarán divididos en transferencias de 50 mil pesos para 100 familias tapatías.
Apoyos a desarrolladores inmobiliarios a cambio de vivienda protegida y vivienda comprometida con el programa Hogar a tu Alcance. El programa garantiza descuentos de entre 70% y 100% en trámites, licencias y derechos, además de condonaciones en medidas de mitigación (como el requerimiento de pintar banquetas o instalar puntos limpios). Estos descuentos se aplicarán a los desarrollos donde el 20% de las viviendas se ofrezcan por entre 600 mil y 1 millón de pesos (estas son las viviendas protegidas) mientras el precio de las demás unidades no sea mayor a 2 millones 579 mil pesos (estas son las viviendas comprometidas).
Más vivienda en tu Ciudad es otra opción de descuentos. En este caso, son descuentos de hasta el 50% en trámites, licencias y derechos para desarrollos donde las unidades no superen el precio de 2 millones 579 mil pesos. Esta es la llamada “vivienda media”, pues es la que tiene un precio de entre 350 a 750 UMAS mensuales.
La infografía expuesta en el evento muestra cómo se daría la distribución de descuentos según el rango de precios de la vivienda construída.
Al respecto de este último punto, insistió: “nuestra meta, si ustedes, si les parecemos atractivos, si nos quieren como socios, es que podamos construir al 2027 7 mil viviendas de interés medio”. Más adelante, la munícipe presentó otras cifras sobre producción:
“se requieren entre 2 mil 500 y 2 mil 600 viviendas anuales para mantener la población actual de Guadalajara. (…) a septiembre del 2027 nuestra meta sería contar con 16 mil viviendas asequibles”.
Estas cifras contrastan entre sí y con algunos hechos económicos. Por ejemplo, el número total de familias que el municipio se propuso beneficiar con el conjunto de apoyos y subsidios directos es considerablemente inferior al número de viviendas que se producirían en tan solo un año de operación de la estrategia. Igualmente, a nivel nacional solamente el 10% más rico del país tiene el poder adquisitivo para comprar “vivienda media”: aquella que cuesta entre 350 y 750 UMAs, o de 1.20 a 2.58 millones de pesos. Este es uno de los rangos de precios que la estrategia busca promover.
Para ponerlo en perspectiva, tomando los datos recientemente publicados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y la información del simulador de créditos hipotecarios de CONDUSEF: un hogar dentro del 10% más rico del Área Metropolitana de Guadalajara, que ingresa 37 mil pesos al mes entre todos sus integrantes, no sería elegible para un crédito hipotecario a 20 años por un departamento de 2 millones de pesos a menos que su depósito inicial fuera superior a los 500 mil pesos. Aún así, logrando pagar este enorme enganche, el hogar tendría que aportar entre 14 mil 500 y 19 mil pesos mensuales (según el banco al que acuda) durante 20 años para pagar una vivienda “media”.
Es decir, el ingreso real que tienen las personas en los municipios a donde Guadalajara desplazó su población podría no ser suficiente para adquirir la mayoría de las unidades de vivienda media que se planea incentivar.
Una revisión del artículo 16 de la Ley de Ingreso del Municipio de Guadalajara revela exactamente cuáles son los impuestos que se descontarán a desarrolladores inmobiliarios: el impuesto predial, de transmisiones patrimoniales, y sobre negocios jurídicos; asimismo, recibirán reducciones en los precios de los derechos de aprovechamiento de infraestructura, licencia de construcción, certificado de habitabilidad, y licencia de urbanización. Aunque la ley no incluye mención a los trámites ante SIAPA, la presidenta municipal y las infografías provistas en el evento aseguran que estos también se incluyen entre los trámites descontados.
La reducción de acciones de mitigación, así como los descuentos en las tasas del predial, pueden resultar en impactos negativos a largo plazo dado que estas son las únicas dos herramientas con las que cuentan los municipios para la “captura de plusvalías”. Esto se refiere a los métodos que emplean las ciudades para asegurar que los beneficios económicos del desarrollo inmobiliario (así como la especulación) generen impactos positivos para toda la población y no solo para los propietarios de suelo o vivienda.
Por ejemplo, cuando el desarrollo urbano y la especulación elevan el valor de los predios, una ciudad que cobra el impuesto predial puede “capturar” parte de esa plusvalía para utilizarla en servicios públicos. Cuando se descuenta o se exenta el pago del predial, el aumento de precios beneficia únicamente a quienes ya son propietarios de predios o inmuebles.
Aunque no se detallaron los mecanismos legales para hacer valer la promesa, la Presidenta Municipal insistió en que la vivienda protegida (aquella con precios por debajo del millón de pesos) se quedaría con un precio fijado, y no podría revenderse o rentarse. Este mecanismo de control evitaría que un desarrollo obtenga descuentos en los trámites pero que sus unidades suban de precio a través de ventas entre terceros.
Algunas de las diferencias clave respecto a la “Estrategia de Repoblamiento del Centro Histórico” que promovió el ahora gobernador Pablo Lemus Navarro cuando fue munícipe tapatío son la inclusión de viviendas protegidas (aunque no se hayan esclarecido los mecanismos legales para mantener esa protección), los subsidios para jóvenes, las facilidades para cooperativas de vivienda, y los apoyos de 50 mil pesos para el desdoblamiento.
Adicionalmente, en la estrategia de repoblamiento de Lemus Navarro se hacía énfasis en la producción de vivienda media. Aunque esta vuelve a apoyar esta categoría, inasequible para la mayoría de la población de la misma ciudad, ahora se incluyen incentivos más atractivos para vivienda debajo de este precio.
Por otro lado, también avanzaron, respecto a la estrategia anterior, las concesiones, descuentos y apoyos para desarrolladores inmobiliarios, llegando incluso al 100% prometido para las unidades de vivienda protegida. A esto se sumaron descuentos en trámites ante el SIAPA, que se encuentra en mal estado financiero, y la promesa de reducir las acciones de mitigación exigidas a los desarrollos inmobiliarios.
Al igual que en la estrategia anterior, quedaron fuera de la mesa las acciones directas ante fenómenos como la especulación inmobiliaria, la turistificación, y la gentrificación. La adición de subsidios para la renta de jóvenes, aunque se limitó solo a 300 viviendas y no se ha aclarado su funcionamiento, es la única (y primera medida) que se ha considerado desde el inicio de las estrategias de repoblamiento en Guadalajara que no va orientada a propietarios de suelo o vivienda.
El pasado viernes 30 de mayo, en pleno concierto del músico vasco Fermín Muguruza, elementos del Ejército Mexicano y la policía de la Ciudad de México irrumpieron en el emblemático Multiforo Alicia con armas largas. La escena, que parecería sacada de un manual de represión de otra época, ocurrió sin orden judicial aparente, sin explicación clara y con una violencia simbólica que sacude a quienes creemos que la cultura no sedesaloja.
Ante la indignación social, los distintos niveles de gobierno reaccionaron con comunicados que más que aclarar, profundizan la confusión y exhiben un alarmante vacío de autoridad y coordinación. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que no se avalan ni se validan las acciones ocurridas y ordenó una investigación.
El Gobierno Federal, por su parte, también repudió lo sucedido, señalando que se informará sobre las sanciones correspondientes. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, no solo se deslindó del operativo, sino que afirmó: “No fui informada, no se mandó ningún inspector ni participé en ese operativo”, subrayando además que la alcaldía no tiene facultades sobre el Ejército.
Si nadie dio la orden, ¿quién la ejecutó? ¿Quién autorizó el despliegue de fuerzas armadas para cancelar un concierto en un espacio cultural reconocido por su historia y su aportación a la contracultura nacional? ¿Acaso el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional pueden irrumpir sin más en recintos civiles, sin supervisión, sin rendir cuentas, sin siquiera informar a las autoridades electas?
Lo que ocurrió en el Alicia no es un hecho aislado ni menor. Es una advertencia peligrosa: en México, incluso los espacios culturales independientes pueden ser intervenidos con armas largas. Bajo este panorama, ningún concierto, foro, colectivo o centro cultural puede sentirse a salvo. La militarización, que se ha normalizado en áreas como la seguridad pública, las aduanas, los aeropuertos y la construcción de infraestructura, ahora amenaza con extender sus tentáculos sobre la cultura.
Es también revelador el lenguaje institucional. Tanto el Gobierno de México como el de la CDMX expresan su “desacuerdo”, su “repudio”, su “compromiso con la cultura”, pero evitan señalar responsables directos. Esta retórica diluye la gravedad de lo ocurrido, desplazando el foco del abuso al discurso de contención. Sin embargo, el daño ya está hecho: la confianza en las garantías mínimas para ejercer el derecho a la cultura, la organización independiente y la libre expresión ha sido vulnerada.
Y mientras los niveles de gobierno se deslindan entre sí, quienes organizan, producen y sostienen la cultura desde abajo —como el Multiforo Alicia— siguen expuestos a la intimidación, la censura y la represión. Porque no solo fue interrumpido un concierto; se intentó cancelar simbólicamente una historia de resistencia cultural de más de tres décadas.
El mensaje es claro y profundamente preocupante: en la Ciudad de México, capital autoproclamada de la transformación, el Ejército puede entrar a desalojar un foro cultural sin que nadie sepa quién lo ordenó. Un país donde el uso de la fuerza se impone sin control es un país que ha claudicado frente al autoritarismo. Hoy fue el Alicia. Mañana, ¿Quién sigue?
Sin embargo, de estas propuestas sólo 1 ha sido aprobada.
