Escenario Tlaxcala

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Lo ocurrido el 27 de marzo por la noche en la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez es responsabilidad del gobierno federal.

La situación refleja la ausencia de protocolos y una política de estado para garantizar los derechos y protección de personas migrantes y solicitantes de asilo, 41 personas fallecidas y más de 20 lesionadas por un incendio son el resultado de una serie de omisiones por parte de las autoridades encargadas del espacio y de rutas de evacuación para atender este tipo de siniestros.

Al momento, desconocemos el total de personas que se encontraban dentro de la estación; sin embargo, sabemos que estaba con sobrecapacidad.

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Las autoridades continúan utilizando términos como “alojamiento” o “albergue” para referirse a la detención y privación arbitraria a la libertad en las “estancias” migratorias, respectivamente, el INM categoriza los espacios con diferente nombre pero la finalidad de todos es la misma,  privar de la libertad a personas en situación de movilidad.

El uso de eufemismos por parte de la autoridad intentan minimizar la grave situación de lo acontecido y evadir la responsabilidad al INM sobre el manejo de sus instalaciones y de protección que tienen que brindar a quienes están bajo su custodia.

Las estaciones migratorias, estancias provisionales y demás lugares habilitados bajo la Ley de Migración son centros de detención donde las personas se encuentran privadas de la libertad, incomunicadas, hacinadas y encerradas con candados.

Afirmar que lo sucedido es consecuencia de una protesta/motín es especular y revictimizar. Hacemos un llamado a no desinformar cuando el hecho está en proceso de investigación.

• En septiembre de 2022, en el marco de una visita in situ a Ciudad Juárez, organizaciones de sociedad civil denunciamos las condiciones de privación de libertad y hacinamiento en las que se encontraban las personas al interior de la estancia provisional, así como una práctica sistemática de detención, disuasión y deportación. El espacio físico en el que se mantenía a las personas migrantes era reducido y sin ventilación. Organizaciones que tienen base en la entidad y realizan visitas regulares, han documentado la falta de atención médica y  acceso a agua potable, incomunicación y desinformación para disuadir a las personas para no solicitar asilo. En el caso de la organización Uno de Siete Migrando, se le restringió el ingreso durante todo 2022 a pesar de tener autorización nacional para entrar a documentar las condiciones en las que se encuentran los espacios y las personas en situación de movilidad.

Esta lamentable e indignante tragedia ocurrió luego de un operativo a cargo de autoridades municipales y federales, quienes, indolentes, continúan criminalizando a través de los discursos y plataformas oficiales que son replicadas por los medios de  comunicación.

Organizaciones de la sociedad civil hemos llamado en reiteradas ocasiones a un cese al hostigamiento institucional que la población en contextos de movilidad está padeciendo en la localidad.

Situación similar ocurrió en 2020 con un incendio en la estación migratoria de Tenosique, Tabasco, en donde a la fecha, las medidas implementadas por el Estado no han generado garantías de no repetición.

Declaramos que las acciones de control migratorio y de privación de libertad violentan la dignidad y los derechos de las personas, y en conformidad con lo que dice el Comité de las Naciones Unidas para los Trabajadores Migratorios, la detención debe ser utilizada únicamente como  último recurso.

Por tanto, pedimos al Gobierno Federal:

1. Garantizar el acceso a los servicios de salud y facilitar las gestiones necesarias para las familias afectadas.
2. Adelantar el proceso de identificación y entrega digna de restos a las familias de las personas fallecidas bajo los más altos estándares de derechos humanos, conforme a lo establecido en la Ley y protocolos pertinentes.
3. Asumir los costos de repatriación de cuerpos de las personas fallecidas.
4. Investigar los hechos ocurridos identificando a las personas funcionarias públicas responsables del fallecimiento de las personas migrantes, garantizando que no quede en impunidad.
5. Destitución  e inhabilitación inmediata del Comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez.

Exigimos al Instituto Nacional de Migración:

1. Responsabilizarse y explicar lo sucedido en conjunto con las autoridades involucradas.
2. Que notifique a los consulados sobre las personas que se encuentran hospitalizadas o fallecidas, ya que aún hay personas en calidad de «desconocidas».
3. Garantías eficaces y oportunas de no repetición.
4. Facilitar y respetar el ingreso a organizaciones de sociedad civil para labores de monitoreo y documentación independiente de la situación de las personas detenidas.
5. La no contratación de personal militar o con antecedentes en SEDENA, Marina y Guardia Nacional en Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales.
6. Alto a la militarización de las fronteras y a la participación de la Guardia Nacional en las acciones de control migratorio.

Pedimos al Congreso de la Unión, particularmente a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado, y a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados:

1. Legislar por la excepcionalidad de la detención por razones migratorias, avanzando hacia su eliminación.
2. Eliminar el uso de eufemismos como “presentación” y “alojamiento” de la Ley de Migración, lo cual invisibiliza la práctica de detención migratoria.
3. Acatar el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia No. 184/2022 que declara inconstitucional el procedimiento de revisión migratoria que se efectúa en lugares distintos al de tránsito internacional que deriva en la detención y alojamiento en estaciones migratorias del INM.
4. Limitar y exigir la regulación en la apertura de instalaciones de detención migratoria por parte del INM, las cuales enmarcan como estaciones migratorias, estancias provisionales u oficinas de canalización.
5. Solicitar la comparecencia del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, para rendir cuentas sobre este y otros hechos de violaciones a derechos humanos sucedidos en estaciones migratorias y estancias provisionales.

Exigimos al Gobierno Municipal de Juárez:

1. Cese inmediato de los operativos de detención y explicación de aquellos donde han resultado detenidas personas en contextos de movilidad, específicamente el realizado el día 27 de marzo.
2. Renuncia inmediata de las autoridades municipales que resulten responsables al extralimitar sus facultades en operativos donde han sido detenidas familias y población adulta.
3. Alto a los discursos de odio, criminalización y estigmatización a personas en situación de movilidad, y en su lugar, emita enérgicos mensajes públicos a sus servidores de que toda violación a derechos humanos será seriamente investigada y sancionada.
4. Disculpa pública del presidente municipal por todos los discursos de odio, estigmatización y criminalización realizados a lo largo del año.

Sostenemos que, tal como lo señaló el Grupo Impulsor Contra la Detención Migratoria y la Tortura, las estaciones migratorias son entornos torturantes y su operación atenta contra los derechos, la dignidad, y como se muestra en este caso, también contra la vida de las personas migrantes.

Desde las organizaciones firmantes, expresamos nuestra solidaridad a las familias de las personas fallecidas y heridas.

Las mantas metálicas que cubrieron los cuerpos de personas fallecidas, son símbolo de una política migratoria inhumana, a la cual no se le han impuesto fronteras. Dicha política migratoria en México sostiene un sistema de detención arbitraria, sistemática y violatoria de derechos.

La política migratoria en México, mata.

FIRMAN: 210 organizaciones, 11 redes y 230 personas a título individual