Crimen organizado detrás de la desaparición de Sandra Domínguez, asegura Joaquín Galván
Oaxaca, Oax.- Más de 4 meses después de la desaparición de la defensora ayuuk Sandra Domínguez, el activista Joaquín Galván afirmó que su caso está relacionado con el crimen organizado, según la información que han proporcionado las autoridades de Oaxaca.
En un video publicado en sus redes sociales, Galván, quien fue amigo cercano de la abogada, lamentó que, a pesar de las intensas búsquedas locales, estatales, nacionales e internacionales, aún no se tenga información sobre el paradero de Sandra. “A Sandra Domínguez la desapareció el crimen organizado, que Alejandro Murat dijo que no existía en el estado. El crimen organizado que Salomón Jara decidió no tocar. Un crimen organizado que cuenta con funcionarios estatales en su estructura para operar, y Sandra lo sabía”, declaró en su mensaje.
Denucia de Sandra Domínguez y su conexión con el crimen organizado
La defensora de los derechos humanos desapareció el 4 de octubre de 2024, junto con su esposo, Alexander Hernández. Un año antes, en 2023, Sandra había denunciado a Donato Vargas, actual Coordinador de Paz del gobierno de Oaxaca, y a otros funcionarios mixes por encabezar un chat pornográfico y usar su fotografía sin su consentimiento. Este hecho, que la activista ya había expuesto públicamente, podría estar vinculado con su desaparición.
En su declaración, Joaquín Galván también se cuestionó: “¿Cuántos de estos funcionarios están vinculados con las otras denuncias que hizo Sandra Domínguez? Nada de esto es casualidad, y tarde o temprano saldrá a la luz”.
La lucha por encontrar a Sandra Domínguez
Con el objetivo de continuar la búsqueda de Sandra, sus familiares se unieron a Consorcio Oaxaca y crearon el comité “Komité Pëjy Tyotk”, compuesto por amigos y seres queridos. Este comité ha denunciado públicamente la falta de atención e información sobre el caso y ha solicitado una mayor acción por parte de las autoridades para dar con el paradero de la defensora.
La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, viaja dentro y fuera del estado en camionetas blindadas de lujo, equipadas con 13 capas de acero balístico, protección en espejos, cristales, bisagras, suspensión, radiador y llantas.
De acuerdo con información obtenida por MTP Noticias a través de solicitudes de transparencia, el gobierno de Tlaxcala adquirió 10 camionetas Chevrolet Suburban High Country en 2024 mediante una compra directa, sin un proceso de licitación, con un costo total de 56 millones 259 mil pesos.
¿Cuánto costó cada camioneta blindada de Lorena Cuéllar?
Cada unidad tuvo un costo promedio de 5.6 millones de pesos. Sin embargo, según proveedores de blindaje, modelos similares con las mismas características pueden adquirirse entre 3.6 y 3.9 millones de pesos, lo que genera dudas sobre el costo final pagado por el gobierno tlaxcalteca.
La compra quedó registrada con el número GET-OMG-ADX-073-2024 y la empresa beneficiada fue Epel, S.A. de C.V., con sede en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Camionetas blindadas asignadas a seguridad, pero usadas por el gabinete
En los documentos entregados a MTP Noticias, el gobierno de Tlaxcala asegura que las camionetas blindadas fueron asignadas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Sin embargo, funcionarios estatales confirmaron a este medio que las unidades son utilizadas por Lorena Cuéllar y otros miembros de su gabinete.
Contexto de seguridad en Tlaxcala
La compra de estas camionetas se da en un contexto en el que el Cártel de Sinaloa ha incrementado su presencia en Tlaxcala, según autoridades federales. El pasado 26 de enero de 2025, fuerzas de seguridad aseguraron dos narcolaboratorios en el estado, utilizados para la producción de metanfetaminas.
El operativo, que derivó de enfrentamientos en Sinaloa, contó con la participación de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional. Durante la intervención, también se detuvo a 14 presuntos delincuentes en Puebla.
Especificaciones de las camionetas blindadas de Lorena Cuéllar
Las unidades adquiridas cuentan con:
✔ Motor V8
✔ Transmisión automática de 10 velocidades
✔ Tracción 4×4
✔ Sistema de remolque
La compra de estas camionetas blindadas sin licitación y a precios elevados ha generado cuestionamientos sobre el manejo del presupuesto estatal y la seguridad de los funcionarios de Tlaxcala.
¡Si ya te aburriste del clásico pavo o el lomo de siempre, es hora de darle un giro 100% tlaxcalteca a tu mesa! Con el sazón de Tlaxcala recrea 3 recetas típicas para trinufnar este Año Nuevo 2026.
Sorprende a todos tus invitados con sabores auténticos, aquí te dejamos 3 recetas tradicionales que puedes preparar fácilmente en casa. ¡Toma nota!
1. Pollo Tocatlán: El Rey de la Mesa
¿Te contamos un secreto? Esta es la receta favorita para las grandes celebraciones en el estado. El pollo se cocina al vapor envuelto en papel mixiote con una salsa verde de tomate, chile verde y el toque mágico del epazote. Es un platillo ligero pero con un sabor explosivo que te hará quedar como todo un chef profesional ante tu familia.
Tiempo de preparación: 1 hora 15 minutos.
Origen: Municipio de Tocatlán, Tlaxcala.
Dificultad: Media – ¡El truco está en el amarre del mixiote!
No es la típica sopa de tortilla que conoces en la CDMX. La versión original de Tlaxcala lleva una base de caldo de frijol espesado con masa de maíz, jitomate y un toque de chile pasilla frito. Se sirve con cubitos de queso, aguacate y tortilla frita. Es el inicio perfecto para una cena de Año Nuevo en una noche fría. ¡Te juro que te reinicia la vida!
Tiempo de preparación: 40 minutos.
Tip: Agrégale un toque de chicharrón seco al final para más textura.
Si quieres algo más sustancioso, los mixiotes son la opción ganadora. En Tlaxcala se preparan con una mezcla de chiles guajillo y ancho, especias y la indispensable hoja de aguacate, que le da ese aroma ahumado tan característico. Puedes acompañarlos con !
Tiempo de preparación: 2 horas (incluyendo marinado).
Dato curioso: En Tlaxcala se usa el pergamino del maguey, pero en casa puedes usar papel aluminio o encerado.
Maridaje: Queda increíble con un buen pulque curado o vino tinto.
La comunidad rarámuri de Mogótavo obtiene fallo favorable en defensa de su territorio ancestral
La comunidad ha sido blanco de hostigamiento judicial por parte de los políticos ligados al PRI desde hace más de 10 años, cuando intentaron reubicarles del territorio que habitan de manera ancestral. Y aunque hoy ganaron el fallo en materia penal, se mantienen los juicios por la vía civil y agraria.
Chihuahua – La comunidad rarámuri de Mogótavo, localizada en el municipio de Urique en la Sierra Tarahumara, recibió un fallo favorable por el proceso penal que les tenían activo políticos del PRI desde el 2016, por el presunto delito de despojo del territorio ancestral que habitan desde tiempos inmemoriales.
Tras varios recursos jurídicos presentados por los priístas en tribunales locales durante 9 años, la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua le dio la razón a la comunidad en una resolución emitida el 18 de diciembre del 2024.
Continúa la lucha por la defensa del territorio ancestral en vías civil y agraria
Sin embargo, la comunidad aún mantiene la lucha de otros litigios, por la vía civil y agraria, que siguen activos a causa de los mismos políticos.
Los denunciantes son Omar Bazán Flores, expresidente del PRI estatal, exlegislador local y nombrado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, como director del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep); Ricardo Orviz Blake, exdiputado local y excandidato a la alcaldía de Delicias; Ricardo Valles Alvelais, Agustín López Daumas y Jesús Alberto Cano Vélez, exlegislador por Sonora.
Los cinco se ostentan como propietarios de las tierras ocupadas ancestralmente por la comunidad, pero el fallo reciente de la Sala Sexta de lo Penal establece que los demandantes no tienen prueba alguna para negar que la comunidad estaba antes de que ellos compraran la propiedad.
“No se aportaron datos de prueba tendientes a refutar la existencia de habitantes desde tiempos ancestrales en el inmueble objeto del delito que nos ocupa”, indica el fallo, del cual tiene copia Raíchali.
El resolutivo se derivó de comparecencias realizadas el 12 de junio del 2024, cuando fueron citadas ambas partes para emitir declaraciones y resolver la controversia. Desde julio del 2022 la comunidad ya había obtenido el fallo a su favor, pero los políticos insistieron para revertirlo con el recurso que les fue negado recientemente.
El juzgado estableció que para emitir el fallo se aplicaron lineamientos del Protocolo para Juzgar con perspectiva intercultural: Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas.
Un hostigamiento constante por el territorio ancestral
La comunidad está ubicada en las Barrancas del Cobre, a 44 kilómetros del poblado mágico de Creel, en el límite entre el municipio de Bocoyna y de Urique.
Se encuentra también a un costado del desarrollo turístico llamado “Parque Barrancas del Cobre”. Tiene sus propios miradores naturales hacia las Barrancas y en su meseta principal hay varias casas de sus habitantes, salones de usos múltiples y su centro ceremonial indígena.
Esa paz que brinda la naturaleza de su entorno, se ha resquebrajado por el hostigamiento judicial del que han sido parte desde hace más de una década.
Parte de la comunidad tomando fotografías al filo de la barranca, luego de un taller de comunicación comunitaria dado por Raíchali. Fotografía: Jaime Armendáriz
Los cinco empresarios adquirieron 154 hectáreas del territorio ancestral de la comunidad de Mogótavo en 2008 a la empresaria Odile Carolina Sandoval Almeida, y desde entonces han buscado que las personas de ese lugar se retiren para generar más desarrollos turísticos en la zona.
Los empresarios esperaban que Sandoval desalojara el territorio. En 2011 intentaron reubicar a la comunidad de unos 400 habitantes, pero no pudieron y Mogótavo inició los litigios para obtener el reconocimiento ancestral y las escrituras, lo cual no han conseguido a la fecha.
La familia Sandoval dividió el terreno del territorio ancestral de la comunidad en tres lotes en la extensión de la comunidad, 1,500 hectáreas desde 1985, cuando se hizo la primera adjudicación. En 2011 la controversia entre las partes ya estaba en marcha.
Finalmente, frenaron la reubicación de la escuela “Rebelión del Tarahumara” y en 2011 promovieron el primer juicio de nulidad de la compraventa y de adjudicaciones, demandaron al estado y al Fideicomiso Barrancas del Cobre, porque el gobierno estatal le compró una superficie similar de la misma comunidad a Ivonne Sandoval, hermana de Odile y propietaria del hotel más importante de esa zona.
Y es que en la región de Barrancas del Cobre, en el área turística ofrecían a 100 pesos la hectárea, pero la familia Sandoval vendió las hectáreas a los empresarios-políticos, en 2 mil 250 dólares, aseguraron los representantes de la comunidad.
Según el fallo de la Sala Sexta de lo Penal, en la cláusula octava del contrato entre los priístas y Sandoval Almeida del 2011, se otorgó en comodato una pequeña superficie para instalar una escuela, dispensario, un albergue de tres o cuatro habitaciones ocupadas por igual número de familias; y obligaban a la vendedora a realizar gestiones de manera pacífica para obtener la desocupación de ese predio, es decir, con el conocimiento de que ya había personas ahí cuando se hizo el trato.
Uno de los aspectos que alegan los políticos es que la comunidad no tiene los documentos de propiedad del territorio ancestral que habitan. Pero el fallo penal reciente indica que, si bien existe un documento firmado por el Registro Agrario Nacional donde no aparece registro de la comunidad, “no menos cierto es que tratándose de comunidades étnicas, sus miembros desconocen trámites legales respecto a su inscripción, asignación de nombre, títulos de propiedad entre otras cuestiones, y no por ello se debe desconocer su existencia”.
Durante todo ese tiempo, las denuncias se han dirigido al gobernador indígena Luis González Rivas, a San Miguel Cruz Moreno, a Bertha Cruz Moreno, Rosario Batista Gutiérrez, Enrique Manuel Parra, Roberto Domínguez Vega, Angélica Cruz Estrada, Cruz Batista Rivas y Rosario Parra Vega, a quienes han hecho trasladarse en estos años hasta la ciudad de Chihuahua y a Cuauhtémoc para atender los recursos jurídicos en contra.
Pero también están integradas en las carpetas de investigación Micaela Batista Gutiérrez, Juan Campos Batista, Dolores Moreno Soto, Isidora Domínguez Vega y Isidora Cruz Batista, todas estas personas ya fallecidas.
«Nosotros somos de aquí»
En sus declaraciones judiciales, habitantes de la comunidad que han sido demandadas, coinciden en la ocupación ancestral de esa zona, un factor tomado en cuenta por el juzgado estatal para darles la razón y erradicar la demanda penal de los empresarios vinculados al PRI.
Por ejemplo, don Luis González Rivas, gobernador indígena de Mogótavo, expresó ante la Sala Sexta Penal: “Nosotros somos de aquí”.
En su declaración, cuyos fragmentos se integran en el resolutivo emitido en diciembre del año pasado, precisa que Mogótavo es un lugar habitado desde hace varios años, de generaciones atrás, que incluye a sus abuelos. “Ahí crecieron cuidando chivas y borregos”.
Y no sólo viven ahí, señaló, sino que defienden el territorio ancestral de las amenazas externas y de las naturales, como los incendios en el bosque. Además de hacer lo posible por cuidar la cultura.
El 19 de diciembre pasado, Don Luis estuvo al lado de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante la visita que hizo la mandataria a Mogótavo, para entregar títulos de propiedad a dos comunidades indígenas.
Otra de las declaraciones recogidas por el juzgado es la del segundo gobernador de Mogótavo, Enrique Manuel Parra, la cual coincide con la de Don Luis. “Nosotros tenemos muchos años viviendo ahí. Yo tengo cuarenta años, ahí nací”, y alerta que hay quienes llegan a ese sitio para quererlos quitar.
En este sentido, el juzgado consideró que no hay elementos para desacreditar esos dichos y por eso es que, de momento, la comunidad puede descansar del proceso penal y continuar con el civil y agrario.
La crisis de desapariciones en México persiste y requiere atención urgente. Si bien, se han logrado avances legislativos e institucionales, la efectividad de estos aún representa un desafío. La falta de coordinación entre las diferentes instituciones, la ausencia de planes estratégicos y la falta de recursos han limitado la capacidad del Estado para atender a las víctimas y sus familias.
La Red Lupa a través del Balance Ciudadano “Las desapariciones en México siguen sin ser una prioridad”, proponen que el gobierno priorice la crisis, cree programas específicos en el Plan Nacional de Desarrollo y promueva la colaboración entre autoridades, organizaciones y familias para abordar de manera efectiva este problema.
La Red Lupa, junto a familiares de personas desaparecidas, integrantes de organizaciones civiles, personas académicas, periodistas y el Instituto Mexicano de Derechos y Democracia (IMDHD), presentaron el Balance Ciudadano, “Las desapariciones en México siguen sin ser una prioridad”.
Red Lupa está conformada por más de 130 personas que se reúnen en todos los estados del país para conversar, discutir y reflexionar sobre la desaparición de personas, así como, para identificar vacíos, retrocesos y fallas en el sistema.
Durante la presentación de su Balance Ciudadano más reciente, detectaron deficiencias en el cumplimiento de la ley en materia de desaparición a nivel federal y en cada uno de los 32 estados.
A enero del 2025, Red Lupa reporta que México ya suma “121 mil 651 personas desaparecidas según el Reporte Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y desde el año 2006 se acumulan más de 72 mil cuerpos sin identificar”.
El avance en materia legal no ha asegurado una disminución en los casos, mucho menos ha servido para brindar apoyo legal o información de las víctimas a familiares, así como tampoco ha asegurado la atención en casos de larga data, los cuales se encuentran en abandono, sin investigación o seguimiento alguno. Aunque existen iniciativas y acciones en materia de desaparición, no tienen orientación que garanticen su aplicación.
Desde el inicio del RNPDNO, las familias han denunciado la falta de transparencia en la información y cifras oficiales de personas desaparecidas y restos humanos aún sin identificar. En ese sentido han reconocido que el Estado ha fallado en hacer efectivas las herramientas y mecanismos que se crearon para identificar restos humanos.
“Las iniciativas para generar capacidad de identificación de restos humanos propuestas por el Gobierno Federal, que fueron el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) y el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), fracasaron y en la actualidad no se cuenta con capacidad para atender la enorme tarea de la identificación humana”, explican.
Tampoco se cuenta con una política de prevención, aunque se encuentra estipulado dentro de la Ley General en materia de desaparición, y tampoco se cuenta con la intervención del Sistema Nacional de Búsqueda para abonar a ello, debido a que ni las instituciones ni su personal se encuentran capacitados para atender la crisis en muchos estados de la república, lo que genera desigualdad. No tener recursos humanos o legales, le niega a las familias y víctimas la búsqueda de justicia.
Para la creación de este balance se analizaron los avances generados por las instituciones y mecanismos de avance existentes a nivel estatal y federal en materia legal. A nivel estatal, se han aprobado 76 leyes estatales relacionadas con la desaparición y se han creado 124 instituciones responsables. Se incluyen comisiones estatales de búsqueda, fiscalías especializadas, comisiones de atención a víctimas, consejos ciudadanos, centros de identificación humana y panteones forenses.
Sin embargo, existe una clara desigualdad respecto a las capacidades y recursos entre las comisiones locales de búsqueda y fiscalías especializadas a nivel estatal, especialmente en estados como Campeche, Quintan Roo, Guerrero, Yucatán, Sonora y Durango que presentan un rezago notorio en comparación a estados como Jalisco, Veracruz o Nuevo León.
Jalisco, número uno
En el caso de Jalisco, el análisis realizado en el balance ciudadano, destaca al ser uno de los estados que cumple con todas las instituciones y leyes relacionadas con la desaparición de personas. No obstante, sigue destacándose por ser el estado con el mayor número de personas desaparecidas y este aún sigue en aumento. En mayo de 2024, Jalisco presentó 14 mil 846 personas desaparecidas y no localizadas.
Teniendo una mayor concentración de casos en municipios como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco.
A pesar de tener instituciones más “completas”, estás carecen de coordinación entre las comisiones locales debúsqueda y las fiscalías especializadas lo que ha dificultado el avance de los casos. Aunado a esto, se identificó que la conexión entre el gobierno y el crimen organizado ha llevado a que estos tampoco presentan avances en investigaciones.
La Red Lupa presenta estrategias de mejora para las instituciones y autoridades encargadas de atender esta problemática, todas estas son sugeridas para los 32 estados de la república.
A nivel federal, se sugiere que el gobierno prioricé las reuniones con familiares y que la presidenta Claudia Sheinbaum presente sus medidas prioritarias para la atención de la crisis. Proponen la creación de un capítulo específico en el Plan Nacional de Desarrollo con políticas públicas para la búsqueda, identificación, acceso a la justicia y prevención de desapariciones, destinando recursos adecuados; se propone crear programas nacionales de búsqueda, localización, exhumaciones e identificación forense.
Dar atención diferenciada a los estados con aumento en el número de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas, como Tabasco, Hidalgo, Quintana Roo, Tlaxcala y Durango. A nivel estatal, se sugiere coordinación de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) con las entidades para crear registros estatales únicos de personas desaparecidas que se integren al Registro Nacional, y brindar la atención con enfoque humanitario y de género. Es necesario llevar un trabajo en conjunto a las familias, así como priorizar el respeto de los derechos humanos de víctimas, y brindar atención a casos de mujeres y niñas para garantizar su protección.
Red Lupa destaca la importancia del trabajo colaborativo entre familias, organizaciones, el gobierno federal y locales, exigiendo que asuman su responsabilidad para la implementación de las acciones identificadas en el Balance Ciudadano. El objetivo es avanzar en la búsqueda, identificación y atención a las víctimas de desaparición en el país.
¿Qué hacer cuando regresas de Estados Unidos a México?
1. Registro ante el Instituto Nacional de Migración
Al llegar a México, debes registrarte ante el INM, que es la autoridad encargada de regular la entrada y salida de personas del país.
Si llegaste por un vuelo de repatriación, el INM te recibirá en el aeropuerto y estará a cargo del proceso. Si llegas por tu cuenta, también deberás pasar por control migratorio.
Documentos que podrías necesitar:
Pasaporte (si lo tienes).
Documento de repatriación, en caso de ser repatriado por el gobierno de EE. UU.
Si estás regresando por cuenta propia, puedes presentar cualquier documento que demuestre tu identidad (cédula, INE, etc.).
2. Documento de deportación
Hoja de repatriación: Si fuiste deportado de Estados Unidos, debes conservar este documento para acreditar tu identidad en México y posteriormente, conseguir tu INE, acta de nacimiento, entre otros documentos importantes.
3. Documento de identidad
Si estás regresando por cuenta propia, puedes presentar cualquier documento que demuestre tu identidad (Acta de nacimiento, Pasaporte, credencial de elector, etc.).
4. Cuenta del banco
Una cuenta bancaria te ayudará a recibir dinero y hacer pagos, algunos bancos ofrecen cuentas para personas repatriadas o deportadas con documentos básicos como el acta de nacimiento, CURP, INE u hoja de repatriación.
Si no tienes cualquiera de estos documentos, es importante que acudas a tramitarlos cuanto antes.
Si aún tienes dudas sobre qué hacer cuando regresas de Estados Unidos a México, en Conexión Migrante te podemos apoyar con información sobre tus trámites y la organización Deportados Unidos en la Lucha también te puede ayudar.
Transforma vidas con una dona. Cada día, el Centro de Atención al Migrante responde dudas, guía trámites y brinda apoyo humano a personas que enfrentan momentos críticos en su viaje migratorio. https://conexionmigrante.com/donaciones/
El Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) impulsa el proyecto Mecanismo de Reclamación de Derechos Humanos (MRDH), con el que busca que las y los trabajadores de la industria automotriz alemana y toda su cadena de suministro realicen las denuncias correspondientes derivadas de las violaciones a sus derechos humanos dentro de sus espacios laborales.
“CEREAL nació para atender los derechos laborales de la industria de la electrónica y poco a poco fue abriéndose a diferentes sectores laborales. Hoy por hoy seguimos con la de la electrónica, pero atendemos también a la industria automotriz, sobre todo la industria automotriz alemana”, así lo comenta María del Mar, quien forma parte del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), organización que desde hace más de 25 años –como parte de las obras de la Compañía de Jesús- dedica su tiempo y trabajo a la defensa de los derechos de las y los trabajadores, principalmente, de la industria automotriz, electrónica y textil.
Además, CEREAL brinda atención para espacios de educación; al respecto, María del Mar -en entrevista con ZonaDocs- precisó que para lograr esto cuentan con tres frentes de intervención: la asesoría legal, la educativa y la organización colectiva.
En lo legal cuentan con asesoramiento para los trabajadores en caso de despidos, falta de seguridad social, afores o pensiones; en lo educativo brindan capacitación para el conocimiento de los derechos laborales, por ejemplo, su derecho a la seguridad social y al acceso a todos los derechos contenidos en las normas oficiales mexicanas que los respaldan.
En lo colectivo favorecen la creación de grupos de organización entre las y los trabajadores, esto para que mejoren sus condiciones laborales, ya sea con la creación de colectivos, coaliciones o sindicatos.
La integrante de Cereal apunta que también buscan tener vinculación con diferentes organizaciones tanto en lo local, nacional e internacional, pero “todo en clave de la defensa de los derechos humanos”.
Con respecto al acompañamiento, la activista precisa que cada año atienden a poco más de mil personas, a quienes les han dado asesorías personalizadas, pero también han capacitado a más o menos 80 personas en el conocimiento de sus derechos laborales.
De esto último, María del Mar señala que es realmente valioso cuando los conocimientos que imparten desde CEREAL se replican y comparten con más personas luego de una asesoría o el servicio brindado, lo que propicia que más personas puedan conocer y exigir todos sus derechos.
“Hay como una sinergia también de cuando la persona se atiende, entonces van y comparten con otras personas el servicio que han recibido y se va pasando la voz de persona en persona”, expresa María.
Gran parte de estos logros se han dado gracias al proyecto de Mecanismos de Reclamación de Derechos Humanos (MRDH) con el que tienen incidencia en Jalisco, San Luis Potosí, León, Querétaro, y están a la espera de llegar a Nuevo León y Coahuila.
“La mayor parte de incidencia efectivamente es aquí en Guadalajara, jalisco, pues de las personas que atendemos más o menos el 70% vienen de la industria de la electrónica y de la automotriz y el resto es de los otros espacios locales”, comenta María del mar.
El MRDH es un proyecto que nació hace dos años luego de que el Ministerio del Trabajo de Alemania exhortó a todas las empresas, sobre todo a las automotrices alemanas, a construir algunos mecanismos para poder cumplir con lo estipulado con sus leyes y con las legislaciones de los países en los que operan.
La Cooperación Técnica Alemana (GIZ), por sus siglas en alemán, es una organización alemana que en conjunto con el Ministerio del Trabajo y organizaciones de la sociedad civil crearon: el Mecanismo de Reclamación de Derechos Humanos.
Así fue como el GIZ contacta a CEREAL para que fuera la unidad coordinadora del mecanismo en México, lo que conlleva recibir las reclamaciones para alinearlas con los criterios del mecanismo y ver si, entonces, entran en la lógica de este mecanismo o no.
El MRDH atiende sobre todo las violaciones a derechos humanos de las personas en México, relacionadas con empresas automotrices alemanas y su cadena de suministro.
“Lo que quiere es como privilegiar sobre todo el diálogo, que pueda ser una atención adecuada a la persona que ha sido víctima de esa violación”, expresa María respecto al proyecto.
Lo que a CEREAL le corresponde siendo unidad coordinadora del Mecanismo es la socialización del proyecto:
“Socializarlo en algunos sindicatos, directamente con las personas trabajadoras involucradas, en las líneas operativas o de mandos medios, incluso, con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de los Estados para que, entonces, no solo lo conozcan, sino también pues puedan respaldarlo”, expresa la integrante de CEREAL.
Además, CEREAL realiza diferentes materiales dirigidos a personas trabajadoras, sindicatos, empresas y empresarios para que, de acuerdo a su contexto, puedan conocer el Mecanismo, identificar las posibles violaciones a los derechos y haciendo énfasis que el mecanismo aborda los derechos humanos, los derechos laborales y los derechos ambientales.
La gestión del proyecto se hace entre CEREAL -como Comunidad Coordinadora-, una Unidad Coordinadora de Alemania, un Comité encargado de vigilar este proceso del Mecanismo. Para ello se seleccionaron personas expertas para realizar la investigación pertinente después de que se ingresa cada queja.
“Se trata de un esfuerzo constante de diálogo, ponernos de acuerdo, ir gestionando las dos culturas, la mexicana con la alemana. Creo que la unidad coordinadora alemana ha estado como muy abierta y muy dispuesta a trabajar y hacer eh funcionar este mecanismo”, puntualiza María del Mar sobre el proyecto.
Para la realización de la queja se cuenta con una plataforma en internet, donde se puede presentar no sólo la queja, sino también el conjunto de las pruebas que se piden para realizar la investigación y evaluación por parte de los expertos, esto para determinar si se procede o no de acuerdo al mecanismo.
Luego de esto, se ponen en contacto con las instituciones y se da un espacio para emitir recomendaciones, las que siempre se dan por medio del diálogo y la cooperación directa con las empresas.
Con respecto a los derechos ambientales, es necesario destacar que las quejas para este rubro pueden darse no sólo por trabajadores, sino también personas que vivan en los alrededores de las empresas o instalaciones si es que observan actividades que les dañen o dañen al medio ambiente.
“Nosotros (CEREAL) vamos a las colonias y con la gente que vive cerca de las empresas automotrices alemanas, de tal manera que no sólo la persona que está trabajando dentro de la empresa es la que tiene posibilidades de usar este mecanismo, sino también las personas que viven cerca de la empresa y que tienen algún daño ambiental pueden hacer uso de este mecanismo”, precisa María del Mar.
Es necesario destacar que todas las quejas y manifestaciones que realice un trabajador son completamente confidenciales, esto para que no se tomen represalias en su contra:
“Hay como muchos códigos que ayudan a que la persona se sienta completamente segura de que se está usando un mecanismo y que no va a ser despedida o no va no va a haber consecuencias. Se cuida mucho el proceso, ya que muchas veces por este tipo de cuestiones es que se quedan impunes varias acciones”, comenta María del Mar.
Todas las quejas que proceden son designadas con una o un experto que le da seguimiento para que, en menos de un mes, se pueda realizar una recomendación a la empresa o espacio de trabajo donde se come la cometió la violación de derechos, los casos acoso y/o hostigamiento, así como todo acto de discriminación, siendo éstas las principales violaciones a las que las y los trabajadores se enfrentan.
“Ellos no tienen máximo un mes para hacer esa investigación y entonces al mes eh nosotros tenemos eh ya como las posibles soluciones para entrar en diálogo directamente eh la persona quejosa, por así decirlo, y en la empresa para poder solucionar el caso”, expresa la integrante de CEREAL.
María del Mar concluye que, si bien, este Mecanismo no suple una conciliación del daño o una demanda formal, sí funciona como una alternativa que las y los trabajadores pueden utilizar:
“Es una opción que eh que pueden utilizar las personas eh trabajadoras, sobre todo por la reducción del tiempo y la solución del problema a través del diálogo directo con la empresa, además, de pues de ser confidencial, pues es un Mecanismo donde la persona puede sentirse segura de ello sin llegar a la demanda”.
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), ha puesto en marcha un simulador de costos de grúas en línea para que la ciudadanía pueda calcular el precio de los servicios de grúas y corralones, garantizando así que se cumplan las tarifas máximas establecidas en la normativa vigente.
Herramienta de cálculo en línea para tarifas de grúas
Con esta información, el sistema calcula el costo final que el prestador de servicios puede cobrar. De esta manera, los ciudadanos cuentan con una herramienta útil para verificar que la tarifa sea acorde con el Reglamento de los Servicios Auxiliares de Arrastre, Arrastre y Salvamento, Depósito de Vehículos y Encierros Oficiales para el Estado de Tlaxcala.
Este reglamento entró en vigor el 16 de enero de 2024, tras su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. La medida tiene como objetivo regular los servicios de grúas y corralones en la entidad, garantizando tarifas justas y una atención de mayor calidad para la población.
Ante el regreso de los discursos de odio contra las personas migrantes, la amenaza de deportaciones masivas, la creciente militarización de la frontera,el gobierno federal ha puesto en marcha el programa México te Abraza, bajo la consigna de recibir de manera cálida y humanaa los mexicanos y mexicanas.
Son diversas las acciones que contemplan incorporación a programas del bienestar, documentos de identidad, CURP, afiliación al Seguro Social, albergue temporal, recursos para llegar a sus lugares de origen. Se promete además realizarun trabajo coordinado entre todas las dependencias y entrelos tres niveles de gobierno.
Sin embargo, en este contexto es importante recordar que las deportaciones yla migración de retorno no es un fenómeno nuevo en México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (ENADID) del INEGI, entre 2009 y 2014, cerca de 1 millón de mexicanos y sus familias regresaron de Estados Unidos a México,mientras que en el período 2017-2021 se registraron, 1,590,391 deportaciones.
Son datos que revelan que las personas migrantes en condiciones de retorno/deportación se encuentran en el país desde hace muchos años, enfrentando distintos obstáculos para el ejercicio ygoce de derechos humanos básicos y de esto podemos dar cuenta las organizaciones que al igual que el Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena, trabajamos con ellas y ellos,en diferentes estados y comunidades del país.
Por lo tanto, las acciones no pueden seguir focalizándose como ha sucedido, al recibimiento en los puntos de repatriación, pues el retorno no se circunscribe a este momento, va mucho más allá de la coyuntura actual, implica todo un proceso.
El verdadero desafío consiste en darles un seguimiento puntual, generar condiciones que garanticen su reintegración económica, social, cultural y jurídica; muchas de las cuáles, no necesariamente tienen que ver con asignación de recursos presupuestales, que sin duda se requieren, sino de voluntad política para realizar cambios normativose implementar los ya existentes con el fin de eliminar algunas de lasbarreras que obstaculizan su incorporación.
¿Cómo atender lasnecesidades de las personas migrantes retornadas/deportadas y sus familias ?
Durante doce años desde las organizaciones de la sociedad civil, hemos insistido con funcionarios de diferentes dependencias,en la urgencia de efectuar diversas acciones, que facilitan tanto el proceso de integraciónde las personas migrantes deportadas como de su familia,enumero algunas de ellas:
Reconocer como documentos de identificación oficiallos emitidos por las autoridades mexicanas en el extranjero: la credencial para votar,el pasaporte o la matrícula consular, actualmente estosno son aceptados para acreditar identidad, y en consecuencia, no pueden acceder a la renta de una vivienda, servicios de salud, bancarios
Acelerar el proceso de digitalización de todos los actos registrales para poder obtener en línea el acta de nacimiento y la CURP, los documentos más solicitados para realizar cualquier trámite en el país,de no estar digitalizados, necesariamente se tiene que acudir al registro civil de su lugar de origen, lo que requiere recursos con los que las personas deportadas no cuentan.
Los beneficios del programa México te Abraza solo están dirigidos a las personas que ingresan por los puntos de entrada controlados por el Instituto Nacional de Migración, cuando deben otorgarse también atoda persona migrante que haya regresado de Estados Unidos, independientemente de si fue deportado o decidió regresar por el recrudecimiento de la política antiinmigrante de Trump.
Adecuar los códigos civiles estatales conla reforma aprobada a nivel federal en abril de 2024, que elimina el requisito de presentar el acta de nacimiento apostillada para que los hijos e hijas de personas migrantes nacidos en el extranjero accedan a la doble nacionalidad.
Atender la necesidad más importante e inmediata delos menores de 18 años, que regresan con sus padres, la incorporación y/o continuidad de su educación, mediante la Implementación efectiva e inmediata en todos los niveles educativos de las modificaciones realizadas al marco normativo; que garantizan el acceso, permanencia, certificación de grado, revalidación de estudios. y que a 10 años de haberse aprobado, siguen siendo letra muerta
Desarrollar y ejecutar una campaña de información ciudadana que contribuya a eliminar la discriminación que viven en sus comunidades de origen, las personas retornadas, particularmente los que fueron deportadas.
A través de estas medidas, se pueden allanar muchas de las problemáticas que cotidianamente enfrentan y saldar en parte la deuda histórica que se tiene con quienes han contribuido mediante el envío de sus remesas a la economía del país.
New York, Estados Unidos. Marco Castillo es un activista y defensor de los derechos de los migrantes con una amplia trayectoria en la organización comunitaria en Estados Unidos. Es integrante de la Red de Pueblos Transnacionales y miembro de El Círculo de Escenario Tlaxcala, nuestro Consejo Editorial.
Marco ha trabajado en iniciativas de apoyo a la comunidad migrante, la más reciente en la sede de Casa Tlaxcala en Nueva York. En el contexto de la reciente administración de Donald Trump y el anuncio de una deportación masiva, su labor se vuelve crucial para entender cómo estas políticas afectan a los migrantes en Estados Unidos y qué estrategias están adoptando para hacerles frente.
A pocos días del inicio de la nueva administración, se han registrado operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en varias ciudades, lo que ha generado un clima de incertidumbre y temor en las comunidades migrantes. En esta entrevista, Marco Castillo analiza la situación, las acciones de las autoridades locales y federales, y la respuesta de las organizaciones de apoyo a migrantes en un escenario donde el discurso de odio y las políticas punitivas están marcando la pauta.
Escenario Tlaxcala: Marco, gracias por el espacio. Sabemos que están en la corredera con tantos procesos abiertos, pero queremos comenzar preguntándote: ¿Esta situación ya se veía venir desde Casa Tlaxcala? ¿Se estaban preparando para una contingencia como esta o los toma por sorpresa?
Marco: Es una pregunta interesante y complicada, porque en el contexto de la migración siempre trabajamos para que las personas conozcan sus derechos y luchamos por su reconocimiento pleno. Las presidencias cambian, pero la historia es la misma: años sin reconocimiento de derechos y estatus migratorio.
Desde la campaña, se sabía que Donald Trump basó su victoria en un discurso de odio contra los migrantes. Ya habíamos vivido una primera presidencia suya en la que habló mucho y actuó poco, por lo que existía incertidumbre sobre si realmente cumpliría sus amenazas. Ahora, en esta primera semana, ha sembrado el terror en las comunidades migrantes. Para eso nunca se está preparado.
Hemos visto información falsa circulando en redes sobre la presencia de agentes de migración en calles y casas, así como discursos que aterrorizan a la población. Incluso autoridades locales en Nueva York, que antes se comprometieron a defender a los migrantes, ahora dicen que colaborarán con las deportaciones. Hoy en la madrugada, ICE llevó a cabo una acción en Nueva York y también han actuado en Chicago. Se estima una cuota diaria de 1,500 deportaciones, y la semana pasada se documentaron 4,000. No solo mexicanos están siendo afectados.
El discurso está generando terror: la gente ha dejado de llevar a sus hijos a la escuela, de salir a las calles e incluso de ir a trabajar.
ET:Sobre esto que mencionas de la presidencia previa de Trump, en la que «decía mucho y hacía poco», ¿consideras que estas primeras semanas nos muestran un panorama en el que la situación es más discursiva que real? Si los números son similares a los de Biden, ¿crees que las deportaciones se mantendrán, aumentarán o solo es una estrategia de miedo?
M: Es muy pronto para sacar conclusiones. Hay factores políticos en EE.UU. que pueden modificar la situación. Uno de ellos es que Trump está frustrado por las cifras de deportaciones y busca ampliar la capacidad de ICE. Podría hacerlo usando la Guardia Nacional o aumentando la colaboración con autoridades estatales y municipales.
El discurso de odio también tiene un impacto psicológico. Aunque las deportaciones no suban drásticamente, el terror genera efectos graves: hay personas que están regresando por miedo. Además, este discurso podría alentar a grupos supremacistas a cometer actos de violencia contra migrantes.
ET:Mencionaste que algunas autoridades locales han cambiado su postura. ¿Quiénes son estas autoridades?
M: En el caso de Nueva York, hablamos del alcalde Eric Adams. En los últimos años, él se quejó del arribo masivo de solicitantes de asilo y tuvo que asumir la construcción de albergues y la atención a miles de personas, pero lo hizo de mala gana. Además, está bajo investigación por presuntos sobornos de Turquía y otros gobiernos.
Ahora, con el regreso de Trump, ve una oportunidad política y ha pasado de ser promigrante a colaborar con las deportaciones.
ET:En Casa Tlaxcala, ¿qué coordinación existe con el gobierno del estado y qué protocolos están implementando?
M: Casa Tlaxcala brinda ayuda de emergencia como orientación legal, talleres sobre derechos y acompañamiento en casos individuales. Es clave que la gente tenga sus documentos listos, sepa qué hacer en caso de detención y delegue poderes legales si necesita regresar a México.
Estamos en contacto con organizaciones aliadas en el Bronx, New Haven y otras zonas para canalizar casos.
ET: ¿Cuántas organizaciones conforman esta red y en qué estados operan?
M: En Nueva York, Casa Tlaxcala trabaja con Unidad Latina en Acción (Connecticut), la Red de Pueblos Transnacionales (Nueva York) y los consulados de Nueva York y Boston. También con Casa Pueblo en Nueva York y otras organizaciones de mexicanos y latinos en la región.
ET:El Gobierno Federal ha mencionado que el 80% de las remesas se queda en EE.UU. y solo el 20% llega a México. Si las deportaciones aumentaran, ¿cuál sería el impacto económico?
M: Aquí es donde el discurso de Trump enfrenta su talón de Aquiles. Deportar personas cuesta miles de dólares y no tiene sentido perder contribuyentes que pagan impuestos sin recibir beneficios.
En Tlaxcala, las remesas representan más de 2,111 millones de dólares al año. Si se multiplica por el 80%, hablamos de una gran cantidad de dinero que fortalece la economía de EE.UU. Deportar trabajadores significa afectar sectores como la construcción y servicios, donde los tlaxcaltecas tienen gran participación.
ET:Para cerrar, ¿qué información clave pueden recibir los migrantes para enfrentar esta situación con mayor tranquilidad?
M: Lo más importante es conocer sus derechos y acudir a Casa Tlaxcala o a organizaciones aliadas. El derecho al silencio es fundamental: no deben hablar ni firmar nada sin un abogado.
También deben organizarse como comunidad, vigilar sus barrios y acompañarse mutuamente. En redes sociales pueden encontrar información en pueblostransnacionales.org. Casa Tlaxcala también está en California, Wyoming, Nueva York, New Jersey y Connecticut, con líneas de atención disponibles para quienes necesiten apoyo.
ET:Marco, muchas gracias por tu tiempo y por esta información tan valiosa.
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