Yauhquemehcan, Tlax. A través de video, ambientalistas denuncian ecocidio en cerro de Tepenacasco en Atlihuetzia, municipio de Yauhquemehcan. Hacen un llamado y denuncian ante la sociedad y la gobernadora Lorena Cuéllar e instancias correspondientes para tomar acción.
Esto, ante la tala de árboles y destrucción de la vegetación baja en dos predios uno de aproximadamente dos hectáreas y otro de poco más de un hectárea por parte de una constructora.
La cual no cuenta con ningún tipo de permiso, ni de impacto ambiental, por lo que constituye un delito su proceder. Además, aseguran están infringiendo la ley ya que la zona está considerada como bosque agrícola y además como el uso del suelo es H1 es decir, vivienda unifamiliar, lo que contradice el proyecto arquitectónico.
Mismo proyecto que está calculado para torres que albergarán en total 240 departamentos aproximadamente, en los cuales se considerarán alrededor de mil habitantes y un aproximado de 300 o más vehículos.
Destacan que en la zona, está vigente el Programa Parcial de Santa María Atlihuetzia del 2007 al 2030 que define los usos de suelo. Sin embargo, la constructora aprovechó que se encuentran bardeados ambos predios y procedió a la tala y destrucción del ecosistema.
Afectando de esta manera la vida vegetal y animal, y por ende el inminente deterioro del medio ambiente. Esto a pesar de que pobladores y ambientalistas tuvieron una reunión hace seis meses.
Reunión en la cual se expusieron las problemática que conlleva la construcción de dichas torres, incluyendo la falta de agua potable, problemas de inseguridad, entre otras. Sin embargo, hicieron caso omiso.
Haciendo énfasis en que una de las miembras de dicha constructora señaló que “en Tlaxcala todo se puede hacer con dinero”. Por lo que solicitan de manera inmediata, realizar los procedimientos legales a la brevedad posible para frenar estos actos fuera de la ley.
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El 28 de septiembre, Octavio Rosas Landa, investigador y profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, participó en la primera sesión del webinario convocado por el Pronace Agua de Conacyt: Comunicación y diseminación para la formación de nuevos sujetos sociales del agua.
En ese rato, mientras Octavio hablaba sobre los modelos y las necesidades de comunicación de los nuevos sujetos sociales del agua, mostró, de forma sencilla y bien documentada, cómo los gobiernos tienen un mecanismo instalado por el que transforman la necesidad de resolver los grandes problemas de manera eficaz, a través de una o varias etapas, en una serie de actividades normalmente inconexas entre sí pero muy bien integradas en un discurso por el que afirman que todo se va solucionando de manera satisfactoria.
Es decir, es un mecanismo instalado, y muchas veces bien cobijado por normatividades hechas a modo, por el que pueden realizar acciones que parece que en verdad tienden a resolver los problemas de su región, pero que en el fondo están hechas para que nada cambie y muchas veces, además, para favorecer no a quienes sufren las consecuencias de esos problemas sino a quienes los han causado o a otros actores de fuera de la región.
Y con mucha pena tenemos que compartir también que el ejemplo que Octavio Rosas Landa utilizó para mostrar esto fue el de Tlaxcala y Puebla, en el proceso de atención a la recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), respecto a la devastación socioambiental en que nos han forzado a vivir y la violación de nuestros derechos humanos a un medio ambiente sano, a la salud, a la información y a la participación ciudadana en la búsqueda y construcción de soluciones para el problema.
Este proceso de transformación referido por Octavio tiene, ahora ya, al menos tres etapas en Tlaxcala:
Una, la transformación del cumplimiento de la recomendación de la CNDH en el cumplimiento de un convenio hecho a modo, y firmado en el 2020, en el que se desdibuja el punto principal de la recomendación, a saber, la elaboración e implementación de un Plan Integral de Restauración o Saneamiento para toda la Cuenca del Alto Atoyac, con la participación de la sociedad civil, y se le desbarata en una serie de acciones dispersas.
Dos, la transformación del cumplimiento de ese convenio, ya de por sí viciado, en el cumplimiento de un llamado Plan de acciones de saneamiento (PAS), en el que cada gobierno y dependencia indica qué es lo que pretende hacer sin importar si sus acciones tienen o no relación con lo que hagan las demás.
Y tres, la transformación del cumplimiento de ese PAS en la necesidad de llenar de cualquier manera, a como le dé la inventiva al funcionario o funcionaria en turno, un formato en Excel para que las autoridades, por ejemplo la gobernadora de Tlaxcala, pueda decir en la reunión que tiene con las demás instancias involucradas que está cumpliendo con cerca del 100% de las acciones comprometidas en el PAS, de forma que esto se confunda con un porcentaje semejante de cumplimiento de la recomendación de la CNDH aunque las acciones mencionadas ni sus intenciones tengan ya nada que ver con eso.
Es un mecanismo claramente perverso pero muy eficiente para engañar a la ciudadanía que utilizan las instancias gubernamentales con el cobijo de la CNDH.
Y sólo así se puede entender, que no justificar, cómo en Tlaxcala se puede afirmar que hay una preocupación por las afectaciones provocadas por la contaminación al mismo tiempo que se dice que la misma contaminación está bajo control; que se invierte en la ampliación de una planta de tratamiento cuando en realidad lo que se está haciendo es echar a andar componentes que la misma planta ya tenía; que se quieren atacar de fondo las causas de la contaminación y sus efectos mientras se utiliza nuevamente a las microempresas como chivos expiatorios en lugar de ir sobre las medianas y grandes, cuando ya se ha mostrado que son éstas las que vierten los componentes que más daño hacen a la salud humana y ambiental en sus descargas y emisiones al aire.
Este mecanismo les permite, pues, al mismo tiempo que se formaliza el establecimiento de una Procuraduría estatal de protección al ambiente, dar la bienvenida a más industrias automotrices priorizando la inversión económica sobre la normatividad ambiental que esas industrias deberían cumplir de acuerdo a las condiciones actuales de la cuenca y a la disposición real de agua en la región.
Con el mismo desparpajo les permite ofrecer el territorio a grandes empresas inmobiliarias para que, de la mano con las grandes empresas, continúen con la destrucción de los socioecosistemas de la cuenca y el agotamiento del agua y de la biodiversidad, por ejemplo, construyendo un parque lineal sobre el Zahuapan en la zona urbana de Tlaxcala, o facilitando (pasando sobre la norma) la construcción de torres de departamentos, fraccionamientos y unidades habitacionales, como parece que ya está sucediendo en Atlihuetzian y en otras comunidades y municipios del estado.
Igualmente les permite intentar, al menos por ahora e influyendo sobre el legislativo local, la elaboración de una nueva Ley de aguas para Tlaxcala con muy graves problemas de inconstitucionalidad y convencionalidad, pues no se considera el agua como derecho humano, no se prioriza el consumo humano sobre cualquier otro (más bien se tiene a priorizar el consumo industrial) y tiende a la privatización del agua al abrir posibilidades para convertirla en un bien económico y mercantilizable.
En fin, es necesario que las y los habitantes del estado busquemos siempre la manera de informarnos bien y que estemos muy atentos a estos manejos de los problemas y de la información, de manera que no dejemos que nos doren la píldora, que no nos engañen con discursos en los que se afirma que se está trabajando en la solución de los problemas cuando en realidad se están llevando a cabo acciones para ocultar esos problemas y para que en el fondo nada cambie y las y los beneficiarios de esas acciones y los programas sigan siendo los mismos.
[1] Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local. A.C.
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Tlaxcala. A pesar de aprobarse hace menos de un mes el maltrato animal como delito. Esto, en atención a la Ley de Protección y Bienestar Animal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, este día colectivos que velan por derechos de los animales se manifestaron en contra de reformas aprobadas en el Congreso del Estado.
En la página de Facebook, Sin Maltrato en Tlaxcala, bajo el hashtag #TlaxcalaProBienestarAnimal, manifiestan su descontento y denuncian que con la aprobación de esta nueva Ley, se genera un retroceso, respecto a lo que se había logrado en materia legislativa con respecto al bienestar de los animales, por lo que ahora implica un perjuicio a los mismos.
El objetivo de la ley era la protección de los animales y la concientización de la población sobre los animales como seres vivos susceptibles de cuidado. Sin embargo, este día, manifestaron su preocupación ya que no hay precedentes en ningún otro estado de la República donde el bienestar animal y su protección quede en manos de la Secretaría de Salud. Tal cual se estípulas hoy en el pleno.
En el resto del país, le compete a las secretarías de medioambiente la protección y bienestar animal. Lo que preocupa a las organizaciones estatales, ya que se tiene precedentes de que el sector salud se ha encargado de disminuir la sobrepoblación de animales en situación de calle mediante capturas y matanzas masivas.
Por lo que temen que este retroceso perpetúe el sacrificio de animales, en lugar de trabajar en campañas de esterilización o políticas en pro de su integridad.
Asimismo, lamentaron la falta de interés de los diputados estatales en esta materia y aseguraron que estas acciones “dejarán a Tlaxcala sumida en un hoyo de falta de aplicación de dicha norma”.
Los antecedentes de bienestar animal en Tlaxcala
El pasado 23 de septiembre de 2021 la diputada Maribel León Cruz, junto a Sociedad Civil en defensa de los animales, propusieron la iniciativa de Reforma al Código Penal de Tlaxcala para tipificar el maltrato animal como delito.
Tras poco más de un año de espera, este 24 de noviembre de 2022 se aprobó la iniciativa en donde se adiciona el título: “De los Delitos Cometidos en Contra de los Animales», con un Capítulo Único, llamado «De los Delitos contra la Vida, la Integridad y la Dignidad de los Animales”.
Para garantizar el bienestar, atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural y buena salud y salvaguardar a los animales de comportamientos físicos naturales, asegurando la sanidad animal y la salud pública y fomentando, la Reforma al Código Penal contempla lo siguiente.
Artículo 435: A quien intencionalmente cometa actos de maltrato o crueldad injustificados en contra de cualquier especie animal doméstico, adiestrado, de trabajo o producción en los términos de lo dispuesto en la Ley de Protección y Bienestar Animal para el Estado de Tlaxcala, provocándole lesiones, sufrimiento, dolor o estrés se les impondrá de seis meses a tres años de prisión y multa de cincuenta a cuatrocientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente.
Por lo que se consideran actos de crueldad o maltrato animal:
Causar la muerte de un animal injustificadamente.
Sacrificar un animal empleando métodos diversos a los establecidos en las normas oficiales mexicanas, o privar de la vida a un animal utilizando cualquier medio que le provoque un sufrimiento excesivo, innecesario o que prolongue su agonía.
III. Cualquier mutilación, lesión o marca permanente, sin fines médicos.
Las lesiones que pongan en peligro la vida de un animal, que le generen una incapacidad parcial o total permanente, que disminuyan alguna de sus facultades, o que afecten el normal funcionamiento de un órgano o miembro.
Provocar la ingesta o aplicar alguna substancia u objeto tóxico, que pongan en peligro la vida de un animal o le provoque la muerte.
Privar a un animal de aire, luz, alimento, agua, espacio, movilidad, abrigo contra la intemperie, cuidados médicos o alojamiento adecuado, acorde a su especie, que cause o pueda causarle daño.
VII. Abandone a un animal o lo desatienda por períodos prolongados que comprometan su bienestar.
VIII. Incitar a los animales para que se ataquen entre ellos, o no tener el cuidado, siempre que por su ferocidad o fuerza de los animales se puedan provocar lesiones o la muerte.
Artículo 438. Se impondrá pena de seis meses a dos años de prisión y multa de trecientas a cuatrocientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente a quien utilice a un animal vertebrado con fines sexuales.
Se entenderá por utilización con fines sexuales:
La práctica de actos sexuales con un animal.
La venta, distribución, exhibición o difusión de imágenes, fotografías, videos o cualquier otro medio en que conste algún acto sexual que involucre animales.
Es así como tras un gran avance, el Congreso Local, preocupa a la sociedad civil organizada por su falta de interés en materia de bienestar animal, al delegar al sector salud un tema que le compete a ecología, y que no se homologa con el resto de leyes animales del país.
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Tlaxcala. Esta mañana en el Congreso del Estado, las colectivas Cyber Pink y Mujeres Organizadas de Tlaxcala, apoyadas por la diputada Diana Torrejón Rodríguez, presentaron propuestas para reformar leyes estatales en materia de defensa y procuración de mujeres, niñas, niños y adolescentes. El objetivo es considerar la violencia digital sexual dentro de las mismas.
Derivado del estudio con perspectiva antropológica realizada por las miembras de dichas colectivas, destacaron la importancia de reformar la aplicabilidad de la Ley Olimpia para hacer efectiva la procuración de justicia a las víctimas de violencia digital sexual.
En ese sentido, señalaron que la iniciativa nace desde un proyecto que lleva más de dos años a partir de la atención de casos de violencia digital sexual tanto a personas mayores como a menores de edad. Lo cual, brindó herramientas para tener un panorama tangible en la comparativa del informe del año pasado con el del presente, realizado por las mismas.
Es así como mujeres, niñas, niños y adolescente tlaxcaltecas que sean víctimas de dicho delito podrán acceder con mayor facilidad a la justicia. Destacando la importancia de atención a las infancias, ya que su investigación arroja que es esta población la que más incurre en este tipo de delitos.
Siendo así que este año la violencia digital y violencia digital sexual aumentó más del 50% en comparación con el año pasado, siendo menores entre 15 y 17 años el grupo más afectado. Ya que son victimarios entre su grupo de edad, o víctimas de adultos.
Por lo que señalaron, es imperioso armonizar estos delitos con leyes secundarias estatales para una vida libre de violencia para las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Por lo que las colectivas esperan que este proyecto integral que incluye diversas reformas ayuden a la población del estado, a través de mecanismos y herramientas más seguros y efectivos.
Dicho protocolo nació de una convocatoria de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por lo cual las colectivas se lo presentaron a la misma y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Por lo que con el apoyo de la diputada Diana Torrejón se busca reforzar un protocolo aplicable en materia legislativa.
Dicha iniciativa, trastoca 5 reglamentos, el Código Penal Estatal; la Ley que garantiza el acceso a las mujeres una vida libre de violencia; la Ley de educación del estado; la Ley de justicia para los adolescentes; y la Ley de atención y protección a víctimas y ofendidos.
Ante medios de comunicación la diputada Torrejón enfatizó en que no toda la violencia digital es sexual. Asimismo señaló “hacemos la diferencia en esta iniciativa y también armonizamos el Código Federal y se establece en el Código Penal Local la pornografía infantil”.
La colectiva Cyber Pink recalcó que las mujeres menores de edad víctimas de este tipo de delitos no tienen respaldo, por lo que no existen denuncias oficiales ya que a nivel jurídico no hay el alcance para ellas. Sin embargo, hay dos casos documentados de mayores de edad procesados por la Ley Olimpia.
Además, recalcaron que “tristemente son muy pocas instituciones a nivel estatal que se acercan a estos temas, es la organización civil quien se encarga de los estudios de estos casos”. Por lo que se crearon dicha propuesta de protocolo único para la atención de víctimas de violencia digital sexual en el estado de Tlaxcala.
La cual considera tres fases que son prevención, atención y seguimiento. Siendo la primera donde se considera la realización de campañas, capacitaciones y talleres, que contemplarán el uso de dispositivos y redes sociales para poder reducir el índice de casos en este rango de edad.
En cuanto a los tipos de violencia digital sexual, señalaron que se tienen identificados 5: Hackeos, difusión de contenido íntimo sin consentimiento, extorsión o sextorsión y pornografía infantil. Derivados de sus investigaciones.
Por último señalaron que se incluye también el “grooming”, que es la relación entre adultos con menores de edad con el fin de explotación o de obtener contenido íntimo o algún fin económico.
El trabajo de las colectivas organizadas en Tlaxcala
En entrevista con Diana Morales, integrante de la Colectiva Cyber Pink, señaló que los casos que reciben de menores de edad reflejan que este tipo de delito afecta más estadísticamente a las mujeres que a los hombres.
Comentó que aunque la iniciativa trate con menores debe procurar la perspectiva de género, ya que afecta en su mayoría a las mujeres, pero no excluye a los niños menores de edad. “Si son menores de edad y tienen que ser tratados como menores de edad atendidos como tal, pero también tienen que tiene que haber esta perspectiva de género”, recalcó.
Asimismo dijo que todo el protocolo no está tipificado legalmente, “o sea literalmente solo es como como una guía de la colectiva de luchadoras que hizo a partir de una investigación y nosotros la retomamos porque de ahí es donde desde el colegio logramos diferenciar los tipos de violencia digital”.
En Tlaxcala a pesar de estar vigente la Ley Olimpia, existen inconsistencias en su conocimiento, uso y aplicación por parte de las entidades competentes. Sobre todo deficiencias en la parte operativa.
De los dos casos activos bajo esta Ley, no se sabe nada. Lo que sí se tiene claro es que en la Ley Olimpia se estipuló la violencia digital y cibernética, “pero no hicieron esta diferenciación desde la lectura es decir, no pusieron violencia sexual digital o violencia sexual cibernética”.
Por lo que tampoco considera casos como estafas, suplantación de identidad o robo de información. “Cuando se habla de violencia digital, porque violencia digital es todo los tipos de violencia que pueden sufrir las mujeres en internet, no solo es sexual, sino que abarca otros rubros”
Asimismo, la pornografía infantil es de las que más sucede Tlaxcala, haciendo referencia a los múltiples grupos en redes sociales donde se comparte contenido íntimo de menores de edad. Los cuales también los revictimizan al ser ubicados por nombre, edad o municipio.
Protocolo Esponda
Es importante señalar que se denominó Protocolo Esponda a esta fuerte investigación y labor de las colectivas de mujeres. Esto en honor a la rapera tlaxcalteca Prania Esponda, quien ha sido parte fundamental para el reconocimiento de la violencia digital sexual.
Misma que entre el activismo y la música ha logrado poner a Tlaxcala en el mapa nacional, pero sobre todo impulsado y apoyado el feminismo local.
Las cifras
El diagnóstico se hizo con encuestas aplicadas a mujeres de distintas zonas del estado. El 88% de las participantes, sí sabe que es la violencia digital, pero en cuanto a violencia digital, solo un 44% supo en qué consistía. Un 31% señalan que no ha sufrido ese tipo de violencia y un 24% no está segura.
Hasta 2021 se identifican tres modalidades de las cuales las mujeres eran víctimas de violencia digital en general: hackeos e intentos de hackeos a cuentas personales para el robo de contenido íntimo, la difusión de dicho contenido y la extorsión para obtener contenido íntimo. Siendo las principales vías espacios digitales como Facebook, Instagram y Whatsapp.
Importancia de perspectiva de género
Diana Morales, enfatizó en la importancia de que en los Ministerios Públicos exista perspectiva de género. El principal objetivo es evitar la revictimización, por lo que la policía cibernética y los módulos especializados deben contar con unidades en violencia digital sexual.
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Tlaxcala. La organización civil, Alto al Secuestro en su reporte nacional al corte de noviembre ya no registra a Tlaxcala como uno de los estados sin presencia de este delito.
Esto, derivado del secuestro a una familia integrada por madre, dos hijos y tío en el municipio de Tlaxco. Del cual, lograron salir ilesos por la pronta acción de las autoridades estatales, pues en 12 horas pudieron lograr la liberación de todos los afectados.
En su reporte de noviembre de 2022, Alto al Secuestro, en México han ocurrido 5,129 secuestros, involucrando a 6,754 víctimas y 5,782 detenidos. Esto es un acumulado de 2018 al presente año.
Asimismo, se reporta que en el país hay en promedio 4 secuestros por día, siendo Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Morelos las entidades con mayor índice. Siendo en un 90.9% atendidos por autoridades estatales y 9.1% por autoridades federales.
Los estados que no presentaron este tipo de delito durante noviembre de 2022 son Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Nayarit, Querétaro, Sinaloa y Yucatán.
Contrario al mes de octubre, Tlaxcala ya no perfila dentro del secuestro cero, justo por el caso mencionado anteriormente. Mismo en el que se vieron involucrados cuatro sujetos adscritos a la Secretaría de Defensa Nacional.
Los hechos fueron reportados a las 21:03 horas del 3 de diciembre, y aunque no corresponde al mes del corte del informe, ya es tomado en cuenta por la fecha de recabación de los datos.
Cabe mencionar que la familia fue liberada gracias a la negociación con los involucrados, quienes pedían en un principio 2 millones de pesos. Posteriormente a las 2:00 am del 4 de diciembre fueron liberados tres integrantes de la familia, sobre la carretera Tlaxco-Apan.
Hecho que permitió localizar rápidamente al menor de 4 años que permaneció en poder de los secuestradores hasta lograr una negociación de 50 mil pesos. Esto permitió que en la misma carretera tras dejar al menor, los implicados fueran detenidos.
Al respecto, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, declaró que los culpables no pertenecían a las 23 Zona Militar del estado, pero tampoco quiso revelar a cuál estaban adscritos.
Más datos de Alto al Secuestro
A lo largo de 2022, Tlaxcala ha presentado 3 secuestros, el primero en abril donde la víctima fue un empresario textil; en junio por una situación de violencia vicaria al ser extraído un menor de edad; y el más reciente, el de la familia en Tlaxco a principios de diciembre.
En abril, también se presentó un caso, pero en este los autores del delito de secuestro eran originarios de Tlaxcala y tenían una casa de seguridad en el municipio de Apizaco. Fueron detenidos por la privación de la libertad a un comerciante del estado vecino de Hidalgo.
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Tlaxcala. Se realizó el rescate de los últimos tres felinos que se encontraban en el Santuario Black Jaguar White Tiger, ubicado en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.
El cual fue clausurado el pasado mes de julio por las malas condiciones en las que se encontraban los animales.
El personal del Zoológico del Altiplano se trasladó al predio localizado en la zona del Ajusco, para realizar revisiones veterinarias a los tres leones que posteriormente fueron trasladados a la entidad.
Cabe destacar que la Profepa autorizó la reubicación de los felinos al territorio tlaxcalteca tras corroborar que el Zoológico cumple con las normativas ambientales, cuenta con la infraestructura necesaria para albergar a esta especie y con la capacidad económica para atender sus necesidades.
Importante mencionar que el organismo encargado del cuidado y preservación del ambiente en todo el país, clausuró el Santuario el 18 de julio del presente año tras recibir denuncias de maltrato animal y abandono, mismas que fueron corroboradas.
Los casi 200 animales fueron reubicados en los estados de Aguascalientes, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Tlaxcala.
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Tlaxcala. La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar anda muy invocadora de Dios, primero dijo en entrevista para El Heraldo de México que gracias a él no hay trata de personas en la entidad. Ahora el pasado 9 de diciembre señaló que “Ni Dios lo mande” de que haya crimen organizado en Tlaxcala. Ambas declaraciones son falsas.
También, a principios de diciembre el secretario de gobierno, Sergio González sostuvo que al estado aún no llega el crimen organizado ni grupos delictivos de los que operan en otras. Declaración también falsa.
La gobernadora por su parte, negó que la delincuencia organizada haya llegado al estado, y aseguró que los elementos del Ejército Mexicano que participaron en el secuestro de una familia en Tlaxco, no eran parte de la 23 Zona Militar.
Pero tampoco quiso declarar y dijo que no podía revelar la zonas de la SEDENA a la que pertenecen los perpetradores de dicho crimen.
“¡No, ay no, ni lo mande Dios!, no, no, no, eso habla de que hay personas que llegan, traen otras mañas, que traen otro tipo de prácticas que tenemos que parar y precisamente este estado está verificando que se les ponga fin y que no penetren de ninguna manera”, señaló la mandataria al ser cuestionada por la presencia de delincuencia organizada en el estado.
Lorena tiene unos datos, pero Guacamaya Leaks otros
Derivado del hackeo de Guacamaya Leaks a la SEDENA se revelaron datos precisos sobre la presencia de grupo delictivos en todos los estados de la República. Nadie, nadie, ni Dios salva a Tlaxcala.
En la entidad y estados vecinos; se están fortaleciendo los grupos delictivos dedicados al robo de combustible y tráfico de migrantes, no precisamente de narcotráfico; pero tampoco estamos exentos de éstos.
Tras la investigación de El Universal a los documentos de Guacamaya Leaks, se reveló que en México hay 80 grupos del crimen organizado y operan en las 32 entidades federativas.
Así las cosas en Tlaxcala con el crimen organizado
Siguiendo el mapa realizado por el Universal los cárteles que se encuentran en la entidad tlaxcalteca son: el Cártel Jalisco Nueva Generación, Pura Gente Nueva de los Zetas, la Familia Michoacana y bandas locales.
Los municipios con presencia de crimen organizado son Calpulalpan, Nanacamilpa, Españita, Ixtacuixtla, Tepetitla de Lardizábal, Nativitas, Zacatelco, Tenancingo, San Pablo del Monte, San Luis Teolocholco, Tetlanohcan, Zitlaltepec, Ixtenco, Huamantla, Cuapiaxtla, Atlzayanca, Cuapiaxtla, Tequexquitla, Tetla, Tlaxco, Emiliano Zapato, Terrenate y Apizaco.
Los municipios que se encuentran de color blanco, no cuentan con registro de grupos criminales. Se trata de 37, por lo que en el resto, 23, hay registro de presencia del crimen organizado.
¿Y quién es el notario preso?
En las mismas declaraciones retomadas del medio local Quadratín, la Gobernadora señala que “por ahí tenemos una persona que hizo algo indebido, me refiero a un notario público, que ya está detenido”, haciendo referencia a Miguel Tizatl Santos, notario público de Zacatelco.
Quien tras verse implicado en una riña en la vía pública en la comunidad de San Lucas Cuahutelulpan, en la capital tlaxcalteca con vecinos de la zona no pudo ser salvado por Dios.
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Tlaxcala, Tlax. La diputada local Diana Torrejón Rodríguez propuso ante el Congreso del Estado la iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Tlaxcala, la cual pretende dejar sin vigor a la ley que atendía a estas poblaciones.
Aquí te explicamos de qué va. Para empezar, esta nueva ley busca crear la Oficina de Protección y Asistencia de Personas Adultas Mayores, la cual será administrada por el Sistema Estatal DIF.
Entre los argumentos que destacan para la aprobación de la misma se encuentran que en tres décadas nuestra sociedad será compuesta mayoritariamente por personas adultas mayores, y por otras en proximidad a dicha clasificación
Asimismo, argumenta que en mayo de 1980, el Consejo Económico y Social de la ONU, reconoció que la cuestión del envejecimiento es compleja, ya que abarca tanto el envejecimiento de la persona como el de las poblaciones.
El objetivo del Plan de Acción impulsado por la ONU, es fortalecer la capacidad de los gobiernos y la sociedad civil para abordar eficazmente el envejecimiento de la población. Así como el potencial de desarrollo y las necesidades de dependencia de las personas de edad, reconociendo que la calidad de vida no es menos importante en la longevidad.
Por lo que, las personas adultas mayores conforman un grupo vulnerable dentro de nuestra sociedad, debido a la exclusión del mercado laboral, y del acceso a la participación política y social.
La vejez en México
México cuenta con la Ley de Los Derechos de las Personas Adultas Mayores, cuya última reforma data del 10 de mayo de 2022. En Tlaxcala se emitió una semejante publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado con fecha 3 de noviembre de 2006, cuya última reforma se publicó en abril de 2021.
Por ello, la imperiosidad del reconocimiento de los derechos humanos obliga a actualizar el ordenamiento jurídico local para potenciar sus alcances en favor del grupo social al que dirige la tutela de sus preceptos.
La Vejez en Tlaxcala y la nueva propuesta de Ley
La propuesta de la diputada Torrejón señala que la Ley local vigente desde hace más de quince años, desde su promulgación adolece de inconsistencias e insuficiencias, que parten desde su estructura.
Por lo que ahora se propone que el Sedif realice una atención integral a este sector de la población con una oficina dedicada a ésta y no de manera general. Esto, ya que atiende las problemáticas derivadas de la dinámica de las familias, y en particular las que se relacionan con la niñez y la adolescencia.
Por lo que en la propuesta se señala: “La iniciativa que ponemos a su consideración, si se aplicase como una reforma a la Ley vigente, trastocaría más de la mitad de su contenido, lo que impone considerar como más pertinente derogarla y emitir una nueva”.
Esto, sobre todo porque contempla una nueva figura administrativa denominada Oficina de Protección y Asistencia de Personas Adultas Mayores.
La iniciativa de nueva Ley, homologa, e incluye algunos conceptos de la Ley Federal que fueron ignorados en la Ley vigente, y adecúa la redacción de las partes que se conservan en la propuesta de sustitución.
Misma que contempla capítulos, entre los que se encuentran el de Disposiciones Generales; Disposiciones Generales, Principios rectores; De los derechos de las personas adultas mayores; De los deberes del Estado; De las obligaciones de las familias; De la Oficina de Protección y Asistencia de Personas Adultas Mayores; De la protección de la economía de las personas adultas mayores y de su atención preferencial; De la asistencia social; De las responsabilidades, infracciones, sanciones y medios de impugnación; y de la Denuncia Popular.
De aprobarse esta ley contemplará asistencia social, atención integral, atención médica, convivencia familiar, así como denuncia popular y defensoría.
De esto se encargará la Oficina
La Oficina de Protección y Asistencia de Personas Adultas Mayores, tendrá como objeto la atención a las personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad.
Misma que procurará atender junto al Sedif y los Sistemas Municipales de Desarrollo Integral, casos de violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, vicaria y cualquier otra forma de que lesionen o dañen la dignidad, integridad y libertad de las y los adultos mayores.
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Tlaxcala. El pasado 8 de diciembre el Congreso del Estado aprobó la reforma a la Ley de Pensiones Civiles del Estado, la cual busca garantizar los derechos de las personas trabajadoras del Estado y extender protección social.
Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y la de Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social, presididas por Ever Alejandro Campech Avelar y Gabriela Esperanza Brito Jiménez, presentaron el dictamen que avala las diversas disposiciones de esta norma jurídica.
¿Qué proponen?
Lo que buscan los legisladores locales es ampliar las facultades de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, y que reviste la naturaleza de un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonios propios.
Por lo que podrá celebrar contratos, incluyendo sociedades y convenios con instituciones públicas o privadas para otorgar las prestaciones y servicios, superiores a los previstos en la fracción VII del artículo 3 de la presente Ley.
Reforma y todo pero aquí tenemos algunos antecedentes
Pensiones Civiles del Estado tiene varios antecedentes de al menos hasta abril del presente año donde al menos 30 personas no habían obtenido pensión por una supuesta falta de recurso.
Derivado de una entrevista que Escenario Tlaxcala hizo a uno de las afectadas, pudimos conocer la situación que laceraba a personas mayores cuyo único ingreso ahora serían sus pensiones. Situación que perduró más de un año.
Nuestra fuente, acudió a PCET para los trámites de jubilación, pero debido a la pandemia no daban citas de forma presencial. Del mes de mayo hasta agosto estuvo tratando de agendar una cita.
Con el cambio de gobierno en septiembre pasado se abrieron de nuevo las oficinas. Sin embargo, al ser un proceso burocrático le solicitaron actualizar y certificar algunos de sus documentos, los cuales por la misma situación ya habían vencido. Hasta septiembre, luego de una larga espera le recibieron sus documentos.
Debido a todos los procesos burocráticos que implica la entrega-recepción, y sobre todo de partido a partido, además del cambio de directores, el proceso de hacer algún trámite resulta una odisea para cualquier ciudadano.
«Pues es que mire, yo estoy tramitando mi pensión. Ya tengo todos los documentos, pero pues no me resuelven nada. Dice ‘es que no tenemos recurso, y ahorita no se está dando trámite a las jubilaciones. Yo creo que será hasta el otro año, en enero’. Yo nuevamente voy en enero» comentó en abril la afectada.
A pesar de tener 65 años y más de 30 aportando a pensiones civiles, le pidieron que tuviera paciencia. Paciencia tras un año de intentar lograr la pensión. Los cambios burocráticos implican volver a empezar procesos administrativos una y otra vez, vueltas y vueltas para lograr un derecho por su trabajo.
Desde que comenzó a trabajar, se le descontaba la cuota respectiva de pensiones, para así poder recibir retroactivos correspondientes a la ley al momento de jubilarse.
La cantidad de la pensión depende del salario que recibía el trabajador. Y de acuerdo a los años de servicio, era porcentaje. En su caso, le deben pagar el 100 % de lo que ella ganaba. La cuota (aunque no recuerda del todo) supone era alrededor del 10%. No sólo les descontaban la cuota de pensiones sino también el impuesto sobre la renta.
Que la reforma sea a bien de todas las y los adultos mayores que han sido vulnerados por la supuesta falta de recursos, los cambios administrativos y la falta de empatía de la burocracia es algo que simplemente no queda claro.
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