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Testimonios explican el hueco que deja Yajaira en el INAH-Tlaxcala y narran más casos de violencia institucional

Tlaxcala, Tlax.- El despido de la arqueóloga Yajaira Gómez, responsable de la Zona Arqueológica de Cacaxtla-Xochitécatl, generó cuestionamientos entre activistas, organizaciones comunitarias y especialistas, quienes consideran que su salida implicó la pérdida de una de las principales gestoras de proyectos de vinculación social, gestión cultural y conservación del patrimonio arqueológico en el sur de Tlaxcala.

En este contexto, Escenario Tlaxcala dio seguimiento al caso y recopiló testimonios que no solo destacan las contribuciones de la investigadora en comunidades del sur de la entidad, sino que también exponen problemáticas más amplias relacionadas con la gestión del patrimonio cultural, casos de violencia institucional y el nombramiento de perfiles ajenos a disciplinas especializadas en arqueología, antropología e historia dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), delegación Tlaxcala.

Por un lado, integrantes del Colectivo Cultural Camaxtli señalaron que la arqueóloga Yajaira Gómez mantuvo una estrecha colaboración con organizaciones comunitarias, brindando asesorías, acompañamiento técnico y espacios para el desarrollo de actividades orientadas a la conservación y difusión del patrimonio cultural.

A esta denuncia se suma el relato de una profesionista que describió prácticas de violencia institucional y epistémica dentro de los procesos de evaluación y selección del Centro INAH Tlaxcala, refiriendo que, durante un examen de oposición realizado en 2024 para una plaza de investigación, fuera cuestionada con preguntas de carácter personal ajenas a la evaluación de sus capacidades académicas y técnicas.

Los entrevistados también expresaron preocupación por el perfil del actual titular del Centro INAH Tlaxcala, Vicente de la Rosa Herrera. Señalaron que su formación académica no corresponde a disciplinas vinculadas con la investigación y conservación del patrimonio arqueológico o antropológico, por lo que consideran indispensable que estos cargos sean ocupados por perfiles especializados en arqueología, antropología, etnología e historia.

Las denuncias recopiladas apuntan a un debate más amplio sobre la protección del patrimonio cultural, las condiciones laborales dentro de las instituciones encargadas de su resguardo y el papel de la especialización académica en la toma de decisiones institucionales.

Una gestión que priorizó la vinculación comunitaria y social

El trabajo de la arqueóloga Yajaira Gómez al frente de la Zona Arqueológica de Cacaxtla-Xochitécatl es reconocido por colectivos y activistas como una gestión que priorizó la vinculación comunitaria, la innovación técnica y la defensa del patrimonio cultural, pese a las limitaciones institucionales que enfrentó durante su cargo.

En entrevista, Ana Gabriela Rojas, integrante del Colectivo Cultural Camaxtli, señaló que uno de los principales aportes de la arqueóloga fue transformar la relación entre la institución y la sociedad, impulsando una estrategia de acercamiento con habitantes, colectivos y productores locales de municipios como Nativitas, Zacatelco o Papalotla, fortaleciendo la participación comunitaria en torno al patrimonio arqueológico.

De acuerdo con la entrevistada, su trabajo se reflejó en las labores de restauración en la zona arqueológica y en la construcción de redes de colaboración con diversos actores sociales, lo que permitió una participación más activa de la comunidad en la protección y apropiación de estos espacios. Además, destacó la implementación de proyectos orientados a la inclusión de sectores históricamente excluidos, como personas sordas y con discapacidad visual.

Por su parte, Gustavo Juárez, también integrante del Colectivo Cultural Camaxtli, sostuvo que Yajaira Gómez dejó una huella marcada por la sensibilidad hacia la comunidad y un enfoque humanista que trascendía sus funciones técnicas, afirmando que promovió la apropiación del sitio por parte de los habitantes de la región.

El activista subrayó que la comunidad fue la que originalmente descubrió las pinturas de Cacaxtla y, por ello, debía tener un papel protagónico en el resguardo del sitio. Añadió que durante su gestión se priorizó el cuidado y resguardo de las tradicionales locales, como la festividad del 3 de mayo, cuando pobladores colocan una cruz en lo alto del basamento piramidal de Xochitécatl.

Asimismo, señaló que durante su gestión el sitio mantuvo estándares de curaduría en los museos de sitio, así como condiciones adecuadas de higiene y mantenimiento, acompañadas de una labor constante de investigación.

Casos de violencia institucional dentro del INAH Tlaxcala

Como ejemplo del ambiente que prevalece dentro de la institución, Ana Gabriela Rojas compartió que, las mujeres que ocupan cargos de responsabilidad suelen enfrentar cuestionamientos sobre su capacidad profesional. En ese sentido, mencionó expresiones como «Seguro ya llegaste ahí porque te metiste con quién sabe quién» así como diversos señalamientos dirigidos hacia la arqueóloga Yajaira Gómez, los cuales identificó como manifestaciones de violencia de género.

De acuerdo con la integrante del Colectivo Cultural Camaxtli, la postura feminista asumida por Yajaira Gómez como investigadora y funcionaria también fue utilizada para desacreditar su trabajo dentro de la institución. Como ejemplo, refirió expresiones como «Claro, como es feminista te está ayudando», las cuales eran utilizadas para descalificar sus decisiones y cuestionar la validez de sus argumentos técnicos. Rojas sostuvo que esta perspectiva fue empleada por algunos trabajadores y actores vinculados al INAH para invalidar su autoridad profesional, minimizar sus aportaciones y desestimar criterios sustentados en su experiencia y trayectoria académica.

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Asimismo, afirmó que esta dinámica también se reflejó en la relación entre el INAH y el Colectivo Cultural Camaxtli, tras la denuncia de la siembra de árboles en basamentos prehispánicos del municipio de Papalotla. De acuerdo con su testimonio, la arqueóloga Yajaira Gómez respaldó técnicamente las observaciones del colectivo; sin embargo, la respuesta institucional habría buscado desestimar el procedimiento al negar la existencia de irregularidades.

La entrevistada también describió un contexto de precarización laboral durante la gestión de Gómez, al señalar que la arqueóloga operó con recursos limitados, falta de personal y equipo, mientras que alertas técnicas sobre posibles afectaciones al patrimonio no fueron atendidas por autoridades del Centro INAH Tlaxcala.

En este contexto, sostuvo que la salida de Yajaira Gómez no puede entenderse únicamente como una decisión administrativa, sino como parte de un proceso de violencia laboral y de género bajo la dirección del Centro INAH Tlaxcala, Vicente de la Rosa.

Por otra parte, una investigadora que solicitó anonimato relató experiencias que, desde su perspectiva, evidencian violencia institucional dentro del Centro INAH Tlaxcala durante concursos para plazas de investigación.

De acuerdo con su testimonio, en 2024 participó en un examen de oposición ante un jurado integrado por tres hombres, donde recibió cuestionamientos que consideró despectivos y ajenos a la evaluación académica y que referían a su persona como a trabajo de investigación:

“de esas mujeres que les gustaba llevarle la contraria a los profesores” aseguró.

Indicó que, pese a la argumentación de su proyecto, fue cuestionada por la ausencia de ciertos autores que el jurado consideró como «importantes» dentro de la investigación, lo que consideró como violencia epistémica. Asimismo, denunció recibir preguntas de carácter personal, entre ellas, recibió afirmaciones como:

“Yo les estaba contando que en mi trabajo de campo había danzado en una de las comunidades del estado de Tlaxcala y recuerdo que otro de los jurados me preguntó si había alcanzado el éxtasis bailando”, afirmó.

Cuestionamientos a la gestión y condiciones laborales dentro del INAH

Integrantes del Colectivo Cultural Camaxtli señalaron que la gestión de Vicente de la Rosa al frente del Centro INAH Tlaxcala se ha caracterizado por deficiencias técnicas y administrativas asociadas a la falta de formación en áreas como antropología y arqueología.

De acuerdo con los entrevistados, las críticas derivan de su formación como abogado y de la percepción de que no cuenta con la preparación especializada necesaria para dirigir una institución de investigación, lo que limita la comprensión de aspectos técnicos del patrimonio cultural.

“Esclavitud administrativa” y precarización laboral

Mientras tanto, el arqueólogo Fernando Cortés afirmó que existe una problemática estructural en el INAH a nivel nacional, la cual definió como una “esclavitud administrativa”, derivada de esquemas de contratación mediante terceros que evitan relaciones laborales directas.

Cortés explicó que este modelo ha generado precarización laboral, retrasos en pagos, acoso, sobrecarga de trabajo y falta de garantías laborales, lo que calificó como un “verdadero desastre nacional”.

Añadió que en distintos estados se han designado directivos sin formación especializada en disciplinas afines a la antropología, arqueología, historia o etnología, mencionando entre ellos Tabasco, Puebla, Hidalgo y Quintana Roo.

Por su parte, Gustavo Juárez señaló que los recortes al sector cultural han generado condiciones laborales precarias para trabajadores, artistas y talleristas, además de incidentes derivados del deterioro de la infraestructura en espacios culturales.

Asimismo, indicó que la falta de recursos humanos y económicos ha obligado al personal a asumir funciones fuera de sus responsabilidades. Como ejemplo, mencionó que en el Museo de Sitio de Xochitecatl algunos trabajadores han tenido que realizar tareas vinculadas con la investigación arqueológica para cubrir la falta de personal especializado.

Los testimonios coinciden en describir un escenario marcado por limitaciones presupuestales, déficit de personal y cuestionamientos sobre los perfiles designados para dirigir algunas representaciones estatales del instituto.

Las razones detrás del rechazo al PODECIBI en San Pedro Ecatepec

Por: Paola Torres Nahuatlato y Adrián Meléndez

Tlaxcala, Tlax.- La falta de transparencia en la presentación del proyecto, el temor a una mayor contaminación ambiental, la negativa a seguir viviendo entre la basura y la desconfianza hacia las autoridades son las principales razones por las que habitantes de San Pedro Ecatepec, comunidad del municipio de Atlangatepec, rechazan la instalación del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECEBI), proyecto impulsado por el Gobierno de México y promovido en Tlaxcala por la Secretaría de Medio Ambiente (SMA).

Los hechos del 24 de junio, cuando un operativo de seguridad estatal terminó con el uso de la fuerza contra habitantes que impedían el ingreso de personal encargado de realizar mediciones del terreno y estudios técnicos y ambientales para el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto, colocaron el conflicto en el centro de la discusión pública.

Mientras el Gobierno del Estado sostuvo que las acciones buscaban continuar con los estudios previos para evaluar la viabilidad del PODECEBI, la comunidad afirmó que dichos trabajos comenzaron sin información suficiente, sin acuerdos previos y pese al rechazo expresado durante semanas.

El PODECEBI forma parte de la estrategia federal para impulsar polos de desarrollo basados en la economía circular. En Tlaxcala, el proyecto comenzó a tomar forma desde finales de 2025, cuando la Secretaría de Medio Ambiente anunció el cierre de los tiraderos a cielo abierto de Panotla y Huamantla como el primer paso hacia un nuevo modelo de gestión de residuos.

En distintas entrevistas, el titular de la dependencia, Pedro Aquino Alvarado, explicó que la intención es sustituir progresivamente el entierro de residuos por un parque industrial donde empresas privadas aprovechen materiales reciclables, reduciendo el gasto público destinado a los rellenos sanitarios.

Sin embargo, detrás de las imágenes del operativo del 24 de junio existe una historia que comenzó meses antes y que, de acuerdo con habitantes entrevistados por Escenario Tlaxcala, explica por qué la comunidad decidió oponerse al proyecto incluso antes de que iniciaran los estudios técnicos.

“El proyecto se llevó con total opacidad desde el día cero”

Escenario Tlaxcala entrevistó a diversos habitantes de San Pedro Ecatepec, quienes solicitaron mantener en reserva su identidad por temor a represalias. Aunque sus testimonios fueron recabados por separado, coinciden en un punto, que el rechazo no surgió por desinformación, sino por la forma en que el proyecto fue presentado. Una de las habitantes asegura que la comunidad comenzó a enterarse del PODECEBI mediante rumores de personas que trabajaban en el predio donde se pretende construir la planta.

“El proyecto se llevó con total opacidad desde el día cero. Nunca nos informaron realmente qué pretendían hacer. Todo fue por rumores.”

Recuerda que durante varios meses escucharon versiones sobre la venta de terrenos y la posible construcción de un nuevo basurero, aunque inicialmente consideraron poco probable que otro complejo de residuos se instalara tan cerca de la población.

“Yo decía: no creo que vayan a poner un basurero tan cerquita de la población.”

Cuando finalmente se realizó una reunión informativa, los habitantes aseguran que las explicaciones no resolvieron sus dudas. En esa asamblea, encabezada por funcionarios estatales y por Rubén Zarco Novelo, exencargado de despacho del Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE) de Nuevo León y asesor técnico del proyecto en Tlaxcala, se explicó que el complejo reciclaría prácticamente la totalidad de los residuos, sin embargo, la población cuestionó esa afirmación.

“Nos dijo que iba a reciclar el cien por ciento de la basura. Se lo preguntamos varias veces y volvió a responder que sí. Es algo ilógico que el cien por ciento de la basura se recicle.”

La incertidumbre aumentó cuando, durante la misma explicación, se les informó que el proyecto tardaría alrededor de dos años en comenzar a operar plenamente, mientras que desde el inicio comenzaría a recibir residuos provenientes de otros municipios.

“¿Cómo nos iban a decir que primero iban a traer basura durante dos años y después empezarían a reciclarla? Para nosotros eso significaba un basurero a cielo abierto.”

Vivir junto a un basurero explica buena parte del rechazo Los testimonios coinciden en que la oposición no obedece únicamente a la falta de información. Los habitantes recuerdan que desde hace años conviven con el Relleno Sanitario de Atlangatepec, el cual recibe residuos provenientes de la mayor parte del estado. Para ellos, esa experiencia explica por qué reaccionaron con preocupación cuando conocieron el PODECEBI.

“Lo primero que detecta uno al salir de casa es el olor. Es un aroma insoportable.”

Además de los malos olores, aseguran haber observado escurrimientos de lixiviados, barrancas con agua oscura y afectaciones visibles en parcelas cercanas al relleno sanitario, pues «Las barrancas ya llevan agua negra, como si tuvieran aceite. Las milpas terminan pardas, negras, por todo lo que sale del basurero».

Otra de las preocupaciones es el agua, liquido vital de San Pedro Ecatepec

De acuerdo con los habitantes entrevistados, el predio donde se proyecta instalar el PODECEBI se encuentra a menos de un kilómetro de la comunidad y el pozo que abastece a la población está aproximadamente a 700 metros del sitio.

“Si los lixiviados llegan al agua, ya no sólo sería un problema para San Pedro Ecatepec; serían muchos municipios los afectados.”

También consideran que el impacto podría extenderse a comunidades cercanas como Santa María Tepetzala, Villa de las Flores, San Francisco, Chipila, Morelos, Muñoz, Zumpango y Atlangatepec, además de otros municipios vinculados con la cuenca del río Atoyac.

Lo que ocurrió el 24 de junio

Los habitantes sostienen que el operativo del 24 de junio fue consecuencia de un conflicto que ya existía. Ese día, personal vinculado al proyecto acudió para realizar mediciones del terreno y otros estudios técnicos y ambientales. Los entrevistados afirman que esos trabajos comenzaron sin previo aviso a la comunidad ni a la comisión que la representa.

“Nosotros buscamos el diálogo. Fuimos nosotros quienes buscamos a la gobernadora para que nos escuchara.”

Mencionan que, tras varias reuniones con autoridades, continuaban sintiendo que sus planteamientos no eran atendidos.

“Nos escuchan, pero nos ignoran. Nos tratan como si fuéramos unos ignorantes.”

Respecto a la versión oficial sobre una presunta privación de la libertad de trabajadores, rechazan esa narrativa.

“Nunca estuvieron secuestrados. Ellos estaban dentro del predio y nosotros afuera porque es propiedad privada.”

Posteriormente arribaron elementos de seguridad estatal. Los habitantes aseguran que la intervención derivó en golpes contra manifestantes y el uso de gas lacrimógeno.

“Golpearon a adultos mayores, mujeres y hasta niños. Sin deberla ni temerla nos atacaron.”

Otra de las entrevistadas recuerda que incluso personas que no participaban directamente en la confrontación resultaron afectadas.

“Yo estaba lejos y aun así sentía que no podía respirar. Te arden los ojos, la cara… fue algo horrible.”

Un conflicto construido por la falta de información Para los habitantes, el operativo del 24 de junio fue el desenlace de un proceso de comunicación que consideran fallido. El primer acercamiento formal ocurrió el 17 de mayo, cuando autoridades estatales convocaron a una asamblea pública para presentar el proyecto.

Durante esa reunión participó Rubén Zarco Novelo, quien preguntó a los asistentes si alguna vez se habían cuestionado a dónde iba la basura después de que pasaba el camión recolector.

La pregunta provocó molestia inmediata

Los habitantes respondieron que ellos conocen perfectamente el destino de los residuos porque durante años han vivido junto al relleno sanitario que recibe basura de la mayor parte del estado.

Además, reclamaron que nunca se explicaron aspectos fundamentales del proyecto, como la capacidad de procesamiento, el número de camiones que circularían diariamente, las empresas participantes, las dimensiones del complejo o los estudios ambientales que justificarían su instalación.

Semanas después, el 15 de junio, autoridades estatales y federales sostuvieron una primera mesa de diálogo con la comunidad. En ella participaron representantes de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Económico, el Fideicomiso de la Ciudad Industrial Xicohténcatl y la Secretaría de Medio Ambiente. Durante esa reunión, los habitantes insistieron en que el problema no era la falta de información de la comunidad, sino la falta de claridad por parte de las autoridades.

“No estamos desinformados; aquí ya vinieron a presentarnos un proyecto que no tenía ni pies ni cabeza. Nadie nos ha consultado.”

Los pobladores también cuestionaron que, mientras el Gobierno sostenía que todavía no existía un proyecto definitivo, ya se hablaba públicamente del PODECEBI y se realizaban gestiones relacionadas con el predio.

Por su parte, el secretario de Medio Ambiente, Pedro Aquino Alvarado, respondió que aún no existe un proyecto concluido y que primero deben realizarse estudios técnicos y ambientales para determinar la viabilidad del sitio.

Explicó que únicamente después de esa etapa podría emitirse una convocatoria pública para desarrollar el proyecto. Sin embargo, nueve días después comenzaron precisamente esos estudios en medio de un operativo que terminó con enfrentamientos entre habitantes y fuerzas estatales.

Al día de hoy, los testimonios recabados por Escenario Tlaxcala muestran que el rechazo de San Pedro Ecatepec no nació el 24 de junio. Para quienes viven en la comunidad, comenzó meses antes, entre rumores, reuniones que consideran insuficientes y una profunda desconfianza hacia un proyecto que, aseguran, todavía no responde las preguntas fundamentales sobre su impacto ambiental y social.


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La cotidianidad de las mujeres: Unidad nacional y temas prioritarios. Las buscadoras.

Unidad nacional y temas prioritarios. Las buscadoras.

Por Elsa Cordero Martínez

Es probable que hoy el tema en la convivencia diaria, tendrá que ver con el partido de ayer en el que México ganó 3-0 a su rival, y el pase a la siguiente ronda, teniendo como antecedente que no le metieron ningún gol a nuestro equipo nacional.

Hace unos días vivimos la unidad de todas las personas del país, en la inauguración del mundial de fútbol 2026, en una ceremonia en la que seguramente coincidimos al ponerse “chinita la piel” al entonar de pie el Himno Nacional, al ver nuestra Bandera y  al lucir de manera muy vistosa la tradición y la riqueza cultural de nuestro país.

Confieso mi conocimiento superficial y nada experto en temas futbolísticos y que mi interés al ver los partidos en los que juega la selección mexicana, es causado por  esa sensación de pertenencia y de representatividad de un equipo tricolor,  de la anfitrionía nacional a muchos países del mundo. 

Llamó mi atención que de 170 árbitros en el 2026, solo 5 son mujeres, el mayor número de árbitras que se tiene en la historia deportiva, el 2.94%.

Un tema que fue referencia también ante las preparativos para estas inauguraciones mundialistas, fue la presencia de grupos de choque del giro magisterial y la importante presencia de madres buscadoras, cuya cruel realidad e inimaginable impotencia, las hace recurrir a los espacios donde sus exigencias puedan tener eco, pero sobre todo la presencia estatal para dar seguimiento a este flagelo que amerita estrategias prontas y eficaces, iniciando necesariamente como debe atenderse cualquier problema, con reconocer la  existencia y magnitud del mismo.

Qué mejor espacio de atención nacional que este en el que se encuentran multitudes atentas de partidos deportivos, para hacer escuchar su voz.

Criticar sus exigencias, restringir sus derechos para exigir su acceso a la justicia, o minimizar su presencia, muestra que la estrategia para atender la problemática está siendo errada, pues no se está partiendo del principio. 

México  en 2025 recibió recomendaciones del Comité CEDAW ante el 10º. Informe Periódico en los que destacan el rubro 22,  al atender el tema  sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos,  observó con preocupación que la atención prestada por la Comisión a las “buscadoras” es insuficiente, y que no hay  un diálogo adecuado y seguro con estos grupos, por eso  el comité de expertas  recomienda que la CNDH  “dé prioridad y apoye a las mujeres que buscan a personas desaparecidas y a las mujeres víctimas de amenazas, desapariciones u homicidios, así como a sus familias, entre otras cosas mediante dependencias especializadas y protocolos y medidas adaptados a sus necesidades específicas de protección”. 

Al abordar el rubro de Mujeres afectadas por formas interseccionales de discriminación, y en concreto al atender lo relativo a Defensoras de los derechos humanos y buscadoras destacan los puntos 57 y 58 en los que el Comité está especialmente preocupado por la situación de las buscadoras, predominantemente son madres, hijas y esposas quienes buscan a personas desaparecidas, mujeres que enfrentan violencia,  discriminación,  persecución basada en el género, rechazo institucional,  disuasión  e incredulidad arraigados en la discriminación de género y en los prejuicios sobre la credibilidad y el papel de las mujeres. 

Al organismo internacional  “le alarma” que “la labor de las buscadoras a menudo no se reconozca como una labor de defensa de los derechos humanos, lo que crea obstáculos para los mecanismos de protección a pesar de las iniciativas de verdad y justicia”. 

Destaca que la crisis de las desapariciones forzadas coincide con el aumento constante de violencia letal que enfrentan las buscadoras.

Por eso a México se le recomienda que reconozca formalmente a las buscadoras como una categoría especial de defensores de los derechos humanos, estableciendo normas mínimas a nivel nacional para la definición y las medidas de protección de las buscadoras, velando por una protección mínima uniforme en todos los estados, y extendiendo a las buscadoras la protección otorgada a los defensores de los derechos humanos para  asegurar su inclusión en los mecanismos de protección.  Ordena el establecimiento de un sistema de recopilación y monitoreo de datos y  la aplicación  de medidas de protección que comprenda la naturaleza generizada de la violencia contra las buscadoras.

También propone el establecimiento de  programas de reparación sensibles al género en los que se reconozca a las buscadoras como víctimas de diversos tipos de violencia, que incluyan atención de salud mental y  apoyo psicosocial adecuados , pues deben abordar los efectos psicológicos que causa la incertidumbre continuada sobre el paradero de las personas familiares desaparecidas, previniendo la victimización secundaria.  Expresa la propuesta para incluir sistemáticamente a las buscadoras en los procesos de búsqueda de la verdad y memorialización.

El país entero debe rendir cuentas sobre estas recomendaciones puntuales, no solo dando informes, sino ejecutando acciones concretas y dando resultados, por lo que sitiar a las buscadoras e impedirles su derecho de manifestación, y tratar de tapar el sol con un dedo, no parece una estrategia adecuada.

Queremos cotidiano.  Un país que celebra como sede encuentros muldialistas en  alegría, unidad y con el orgullo de pertenecer a esta tierra, y que con ese enjúndia respalde la atención responsable de un problema nacional,  pues nadie merece el dolor de la incertidumbre sobre la suerte de una persona familiar desaparecida y además ser víctima de violencia insitucional.


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81 millones de pesos en videovigilancia: los contratos y pagos de Tlaxcala a Seguritech

Tlaxcala, Tlax.- A partir del análisis de registros fiscales, contratos públicos, actas corporativas y documentos financieros, la investigación Rentabilidad del miedo documentó que el Gobierno de Tlaxcala destinó al menos 81 millones de pesos en videovigilancia a Seguritech, empresa encargada de operar sistemas de seguridad en la entidad.

El trabajo, realizado por PopLab y CONNECTAS, expone cómo distintos gobiernos estatales en México han canalizado recursos multimillonarios a compañías de seguridad mediante adjudicaciones directas y esquemas con limitada transparencia. Tlaxcala no fue la excepción, pues los registros analizados muestran pagos relacionados con la implementación y operación de tecnologías de vigilancia, incluido un sistema de reconocimiento facial.

Aunque la administración encabezada por Lorena Cuéllar Cisneros clasificó como reservada la información relacionada con estos sistemas, los montos identificados por ambos medios fueron reconstruidos mediante la revisión de registros financieros internos y documentación corporativa.

La investigación también señala que Seguritech, considerada una de las principales proveedoras de tecnología de seguridad para gobiernos en México, ha recibido al menos 52 mil millones de pesos en contratos celebrados con 37 administraciones estatales y municipales desde 2012.

Los hallazgos cobran relevancia debido al alcance de las herramientas contratadas, identificando un sistema de reconocimiento facial que, de acuerdo con la investigación, fue utilizado por autoridades estatales en noviembre de 2025 para identificar a activistas  que participaron en actos de iconoclasia en el mausoleo a los 500 años de la fundación de Tlaxcala, lo que derivó en indagatorias por parte de la Fiscalía local.

La opacidad de los 81 millones de pesos en videovigilancia

Durante la administración encabezada por Lorena Cuéllar Cisneros se ha documentado el uso de tecnologías de videovigilancia para el monitoreo e identificación de participantes en movimientos sociales, en un contexto marcado por cuestionamientos sobre la transparencia de los recursos destinados a los sistemas de seguridad estatal.

La investigación Rentabilidad del miedo detalla que el gobierno de Tlaxcala realizó pagos por más de 81 millones de pesos a Seguritech, equivalentes a aproximadamente 4.5 millones de dólares. De acuerdo con los hallazgos, parte de estos recursos se destinaron a la implementación de un sistema de vigilancia con reconocimiento facial.

Y es que uno de los casos documentados ocurrió en noviembre de 2025, cuando autoridades estatales utilizaron esta tecnología para identificar a activistas que participaron en actos de iconoclasia contra la cápsula del tiempo instalada sobre el bulevar Guillermo Valle, en el marco de la conmemoración por los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala en octubre del mismo año.

La crónica periodística realizada por nuestro equipo editorial refieren que el 9 de noviembre un grupo de activistas intervino el monumento, lo que derivó en la activación de mecanismos de identificación operados por el C5i (Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia).

La actuación de las autoridades se destacó por la rapidez con la que fueron identificadas las personas involucradas, pues apenas un día después de los hechos, el Gabinete de Seguridad y el C5i difundieron información sobre los presuntos responsables, evidenciando la capacidad operativa de los sistemas tecnológicos empleados por el gobierno estatal.

Sin embargo, los detalles financieros relacionados con estos sistemas permanecieron fuera del escrutinio público. De acuerdo con la investigación, la información no fue obtenida mediante mecanismos de transparencia gubernamental, sino a través del análisis de registros financieros internos y comprobantes fiscales recabados por PopLab y CONNECTAS.

Y es que el caso de Tlaxcala se suma a los ejemplos documentados sobre el uso de herramientas de vigilancia en contextos caracterizados por bajos niveles de transparencia y escasos mecanismos de control democrático. Según la investigación, estas tecnologías pueden terminar siendo utilizadas para fines distintos a los que justificaron su adquisición, como ocurrió con la identificación de activistas feministas tras los actos de iconoclasia registrados en la entidad.

Sobre este panorama, Bernardo León Olea, consultor en seguridad y exfuncionario en áreas de inteligencia, advirtió que este tipo de sistemas implica diversos riesgos, entre ellos, señaló los altos costos asociados a su implementación, la posibilidad de que el sector de la seguridad se convierta en un espacio propicio para negocios poco transparentes y la adquisición de tecnologías bajo argumentos de seguridad sin una adecuada rendición de cuentas.

Asimismo, alertó sobre la capacidad de estas herramientas para recopilar y procesar información de amplios sectores de la población, incluso para usos distintos a los originalmente planteados.

La apuesta por el C5i

La construcción del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) fue presentada por el gobierno estatal como una de las principales inversiones en materia de seguridad pública durante la administración de Lorena Cuéllar Cisneros.

Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado en 2023, el entonces titular de la Secretaría de Infraestructura, Alfonso Sánchez García —actual alcalde con licencia del municipio de Tlaxcala—, aseguró que el proyecto representaría una inversión cercana a los 300 millones de pesos y contribuiría al fortalecimiento de la seguridad y la estabilidad de la entidad.

Posteriormente, el gobierno estatal inauguró y dio a conocer una inversión reportada de 293 millones de pesos, además de otros 100 millones destinados a la adquisición de cámaras de videovigilancia. En el acto participaron la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

De acuerdo con las autoridades, el C5i fue concebido como el eje rector de la estrategia estatal de seguridad. Entre sus principales funciones se encuentra la atención de llamadas de emergencia a través de las líneas 089 y 911, así como la coordinación de herramientas tecnológicas orientadas a mejorar la capacidad de respuesta ante hechos delictivos.

La red empresarial detrás de Seguritech

Seguritech fue fundada en 1995 por Simón Picker Gottlieb, padre de Ariel Picker Schatz, quien actualmente dirige la compañía. De acuerdo con la investigación, la empresa inició operaciones en el sector inmobiliario, pero posteriormente orientó sus actividades hacia el negocio de la seguridad y las alarmas vecinales.

A lo largo de tres décadas, la familia Picker Schatz y sus colaboradores más cercanos han conformado una extensa red corporativa. La investigación documentó la creación de al menos 63 empresas vinculadas a este grupo, de las cuales 29 mantienen relación con el corporativo Seguritech Integral Security.

En la actualidad, la compañía se ha consolidado como una de las principales proveedoras de tecnología de seguridad para gobiernos estatales y municipales. Entre sus servicios se encuentran la instalación, operación y mantenimiento de sistemas de videovigilancia, centros de control C5, plataformas de análisis de datos, drones y herramientas de reconocimiento facial.

Un modelo de negocio basado en contratos públicos

La investigación realizada por POP Lab y CONNECTAS también identificó una serie de prácticas que han permitido a Seguritech consolidarse como una de las principales proveedoras de tecnología de seguridad y mantener presencia en distintos gobiernos estatales y municipales desde 2012.

Entre los hallazgos destaca que el 97 por ciento del monto total de los contratos obtenidos por la empresa fue asignado mediante adjudicación directa, un mecanismo que evita la competencia abierta bajo argumentos relacionados con la seguridad pública.

Asimismo, el corporativo ha operado mediante una red de empresas vinculadas que participan en distintas etapas de los proyectos contratados. De acuerdo con la investigación, algunas de estas compañías reciben pagos por gestión o «éxito de proyecto» que oscilan entre el 4 y el 50 por ciento del valor de los contratos, porcentajes superiores a los estándares habituales del mercado.

Otro de los elementos identificados son las cláusulas de confidencialidad incluidas en diversos convenios, las cuales pueden extenderse hasta por diez años. Además, algunos contratos establecen que la empresa no será responsable por fallas técnicas en equipos considerados innovadores, trasladando parte de los riesgos operativos a las instituciones públicas contratantes.

La dependencia de recursos gubernamentales es otro rasgo central del modelo de negocio. Según los hallazgos, el 95 por ciento de los ingresos de Seguritech Privada proviene de contratos financiados con recursos públicos.

En este contexto, los más de 81 millones de pesos identificados en Tlaxcala forman parte de una estructura empresarial que, durante más de una década, ha construido su crecimiento a partir de recursos públicos, contratos de seguridad y mecanismos que, según la investigación, han operado bajo amplios márgenes de discrecionalidad y limitada transparencia.


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80% vs 30% de aprobación: Interacciones muestran indignación con el piso disparejo

  • Ana Lilia Rivera alcanzó un índice de aceptación del 79.9%, con una recepción mayoritariamente positiva en redes sociales, mientras que Alfonso Sánchez García registró apenas un 27.9% de aceptación.

Tlaxcala, Tlax.- Más allá de los discursos, las consignas y la capacidad de movilización mostrada el pasado 21 de junio, las reacciones de miles de usuarios en redes sociales permitieron medir la recepción pública de dos de las figuras más visibles de Morena en Tlaxcala. Las interacciones registradas en publicaciones de medios locales revelan patrones de aceptación y rechazo que ayudan a comprender cómo son percibidos ambos actores políticos en el espacio digital.

Escenario Tlaxcala realizó un análisis de las interacciones registradas en las redes sociales de 10 medios de comunicación locales sobre los eventos políticos llevados a cabo el pasado 21 de junio: el informe legislativo de la senadora Ana Lilia Rivera y la marcha por la soberanía nacional en respaldo a Alfonso Sánchez García.

El ejercicio permitió identificar diferencias significativas en el alcance, los niveles de interacción y el posicionamiento digital alcanzado por ambos actores políticos, quienes recientemente solicitaron licencia a sus respectivos cargos y son considerados entre los perfiles con posibilidades de competir por la gubernatura de Tlaxcala en 2027.

Los resultados muestran que, aunque ambos mantienen una base de respaldo en plataformas digitales y reacciones de rechazo hacia sus figuras. Asimismo, el comportamiento de las audiencias permitió observar diferencias en la capacidad de movilización, apropiación de narrativas y generación de conversación pública alrededor de cada uno de los aspirantes.

El ejercicio de monitoreo contempló a 10 plataformas digitales y portales de noticias:  Transición MX, El Sol de Tlaxcala, La Bestia Política, Nexos TxT, ABC Noticias, Gen TLX, La Jornada de Oriente, El Gritón Digital, 385 Grados y Alerta Vigilante. Los cuales marcaron la pauta informativa de la jornada política este domingo 21 de junio.

Para construir el indicador de aceptación o rechazo se analizaron las reacciones disponibles en Facebook: “Me gusta”, “Me encanta”, “Me importa”, “Me divierte”, “Me entristece”, “Me enoja” y “Me asombra”. Para efectos de este ejercicio, las reacciones “Me gusta”, “Me encanta” y “Me importa” fueron consideradas como expresiones de aceptación o valoración positiva hacia el actor político dentro de la conversación digital. En contraste, “Me entristece”, “Me enoja” y “Me divierte” se agruparon como indicadores de desaprobación, crítica o rechazo. La reacción “Me asombra” fue excluida del análisis debido a que su interpretación puede variar entre valoraciones positivas y negativas, lo que dificulta asociarla de manera consistente a una categoría específica.

Los datos recabados fueron registrados mediante una base de datos, que puedes acceder si te suscribes aquí.

A partir de las interacciones analizadas, se identificó que Ana Lilia Rivera alcanzó un índice de aceptación del 79.9%. De las 40 publicaciones revisadas sobre su informe legislativo, 39 registraron una predominancia de reacciones asociadas a la aceptación. En contraste, Alfonso Sánchez García obtuvo un índice de aceptación del 27.9%; de las 30 publicaciones analizadas sobre la marcha por la soberanía nacional, 29 concentraron mayoritariamente reacciones vinculadas al rechazo.

Esta tendencia se replicó en el volumen de interacciones registrados en plataformas digitales, pues medios como Alerta Vigilante y 385 Grados concentraron altos niveles de participación en sus publicaciones, con patrones similares de comportamiento.

¿Qué dicen los datos sobre la aceptación e interacciones en redes sociales?

El análisis de publicaciones en medios digitales reveló que la aceptación de Alfonso Sánchez García enfrenta un escenario adverso. A través de 30 publicaciones difundidas en distintos portales, el político capitalino acumuló un total de 10,655 reacciones y de este total, las críticas duplicaron al apoyo, registrando 7,107 reacciones en contra (66.70%) frente a 3,548 a favor (33.30%), lo que sitúa su margen de aceptación en un 27.90%.

Ahora bien, el rechazo digital hacia el político capitalino no fue uniforme, sino que osciló de forma drástica según la plataforma de publicación, registrando un total de 3 publicaciones con cero registros a favor. El escenario más crítico se registró en el medio GenTlx, donde la aprobación fue nula al estancarse en un 0% de reacciones a favor, dejando a la publicación con solo 5 reacciones, todas ellas negativas.

En contraste, el punto más alto de apoyo para el Sánchez García se localizó en una publicación de La Jornada de Oriente, donde logró revertir la tendencia al alcanzar un 56% de reacciones positivas. Sin embargo, este repunte se dio en un universo reducido de interacciones, sumando apenas 28 votos a favor frente a 22 en contra.

Por su parte, el monitoreo digital de Rivera Rivera reflejó una tendencia inversa y de mayor dispersión en medios con 41 contenidos publicados, acumulado un total de 10,997 reacciones. El porcentaje general favoreció ampliamente a la senadora con un 77.26% de opiniones positivas (8,496 reacciones) frente a un 22.74% de rechazo (2,501 interacciones) y alcanzando un margen de aceptación del 79.9%.

Las publicaciones que hicieron mención de Ana Lilia Rivera mostraron, en términos generales, una recepción favorable entre las audiencias digitales. El nivel de aceptación osciló entre un mínimo de 50% de aprobación —registrado en una publicación del portal ABC Noticias— y un máximo de 100% de reacciones positivas en diversos contenidos analizados.

Sin embargo, este tope de efectividad absoluta se localizó únicamente en dos publicaciones de Facebook con un volumen mínimo de interacciones, por un lado, el medio NexosTxT sumó apenas cinco muestras de apoyo, y en GenTlx registró diez respuestas favorables, ambas sin registrar un solo voto en contra.

Cabe mencionar que Ana Lilia Rivera contó con una mayor presencia en los diez medios de comunicación analizados, al registrar 40 publicaciones frente a las 30 de Alfonso Sánchez García.

Así fue la cobertura en medios para Alfonso Sánchez García y Ana Lilia Rivera

Al contrastar los números de cada publicación realizada por los diez medios de comunicación analizados, se observó que los espacios de difusión no se comportaron de la misma manera para ambos aspirantes. Alfonso Sánchez García, alcanzó un despliegue por parte de 385 Grados con al menos 6 contenidos, seguido por La Jornada de Oriente con 4 impactos.

En un tercer escalón se ubicaron GenTlx y La Bestia Política, con 3 publicaciones cada uno. Por su parte, Alerta Vigilante, El Gritón Digital y Nexos TxT mantuvieron una cobertura moderada de 2 notas por firma, mientras que portales como ABC Noticias y Transición Mx registraron apenas una publicación.

En el caso de la senadora Ana Lilia Rivera, quien consolidó una mayor presencia global en las plataformas digitales, los picos de difusión se reconfiguraron notablemente. Su principal medio fue La Bestia Política, espacio donde disparó su volumen con un total de 12 publicaciones.

Detrás de este medio se posicionaron 385 Grados con 8 contenidos y GenTlx con 7. El bloque intermedio se compuso por Alerta Vigilante, El Gritón Digital y Nexos TxT registrando una constancia de 3 notas por medio; en tanto, El Sol de Tlaxcala aportó 2 publicaciones y cerrando la lista con ABC Noticias y La Jornada de Oriente con una sola mención cada uno.

Los focos de interacción se registraron tanto en la Bestia Política como en 385 Grados

Más allá del número de publicaciones difundidas, uno de los hallazgos más relevantes del análisis fue el volumen de interacciones registrado en los medios de la Bestia Política y 385 Grados. Fue en estos espacios donde Ana Lilia Rivera y Alfonso Sánchez García concentraron la mayor cantidad de reacciones, convirtiéndose en los principales puntos de amplificación de la conversación digital y del interés generado en torno a ambas figuras políticas.

El medio que generó mayor tráfico de interacciones fue la Bestia Política, portal que acumuló un  flujo de 2,224 reacciones a favor entre ambos políticos; sin embargo, en este mismo espacio se activó un fuerte núcleo de rechazo que dejó un saldo de 2,885 reacciones en contra.

El segundo gran catalizador de la conversación digital fue 385 Grados, medio que registró un volumen de 5,222 interacciones positivas frente a un bloque crítico de 4,753 reacciones negativas, consolidando así los dos escenarios con mayor movimiento y debate de toda la muestra.

Una radiografía de la percepción pública digital

La respuesta registrada en medios digitales ofrece una radiografía de cómo son percibidos ambos personajes entre las audiencias que participan activamente en redes sociales. Las reacciones e interacciones analizadas muestran que, más allá de la capacidad de movilización demostrada en las calles, la disputa por el posicionamiento rumbo a 2027 también se libra en el terreno digital.

En ese contexto, la realización de eventos paralelos el mismo día y en horarios prácticamente coincidentes no solo evidenció las distintas corrientes que convergen dentro de Morena, sino que volvió a colocar a Ana Lilia Rivera y Alfonso Sánchez García en el centro de la conversación pública y del debate político en Tlaxcala.


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(Actualización) Trata de personas en Tlaxcala: Lo que dijo Louise Callaghan, lo que no dijo y lo que le faltó

  • Nota editorial: Esta publicación fue actualizada el 8 de julio de 2026, en atención a una solicitud de réplica presentada por la periodista Louise Callaghan, de The Sunday Times. La nota incorpora las precisiones formuladas por la autora del reportaje y añade un resumen de su postura para ofrecer a los lectores mayores elementos de contexto.

Tlaxcala, Tlax.- El reportaje de la periodista británica Louise Callaghan, publicado por The Sunday Times, volvió a colocar en el centro de la discusión la trata de personas en Tlaxcala. La investigación, realizada en Tenancingo, documenta la permanencia de redes de explotación sexual que continúan operando pese a décadas de denuncias y a los discursos oficiales que sostienen que el problema ha sido erradicado.

A partir de las reflexiones del Dr. Óscar Montiel Torres y la Mtra. Ixchel Yglesias González Báez, especialistas que han investigado durante años este fenómeno, Escenario Tlx analiza algunos de los planteamientos que consideran relevantes para comprender el origen, la permanencia y las distintas formas que adopta la trata de personas en la entidad, además de recuperar sus observaciones en torno al enfoque del reportaje.

Tras la publicación de esta nota, Louise Callaghan envió una solicitud de réplica en la que señaló que su reportaje incorpora contexto local mediante entrevistas con integrantes del Centro Fray Julián Garcés y otras fuentes de Tlaxcala, quienes explican factores como la corrupción, la impunidad y las condiciones que favorecen la permanencia de la explotación sexual. Asimismo, sostuvo que las diferencias señaladas corresponden a decisiones editoriales de énfasis y estructura, y no a una ausencia de contexto.

Cabe mencionar, que las reflexiones de ambos especialistas fueron recopiladas en el podcast Sembrar conciencia. Escuelas que previenen la trata de mujeres en Tlaxcala, realizado en colaboración con el Centro Fray Julián Garcés A.C.

Los antecedentes de la trata de personas en Tlaxcala

Para comprender el origen y la permanencia de la trata de personas en la entidad, Escenario Tlaxcala entrevistó a Ixchel Yglesias González Báez, antropóloga y socióloga especializada en explotación sexual, y a Óscar Montiel Torres, antropólogo, investigador y coordinador en México del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas.

Por un lado, Montiel Torres afirma que este fenómeno tiene raíces históricas que se remontan a la época posrevolucionaria, cuando una combinación de marginación, exclusión laboral y transformaciones religiosas sentó las bases de lo que más tarde se convertiría en el sistema proxeneta de la entidad.

Uno de los momentos clave ocurrió durante la década de 1920, cuando algunos poblados adoptaron una iglesia cismática ortodoxa mexicana respaldada por el gobierno de Plutarco Elías Calles. La decisión provocó una ruptura con el entorno predominantemente católico y derivó en la exclusión de sus habitantes de espacios laborales, actividades económicas y celebraciones comunitarias.

Ante este escenario, numerosos hombres migraron hacia Puebla y Ciudad de México en busca de oportunidades. Fue durante estos desplazamientos cuando algunos aprendieron mecanismos de reclutamiento y manipulación de mujeres que posteriormente trasladaron a sus lugares de origen.

Entre las décadas de 1940 y 1950, el regreso de la religión católica y la reactivación de los sistemas de cargos religiosos y festividades patronales generaron nuevas dinámicas económicas dentro de las comunidades. Los recursos aportados por quienes obtenían ganancias a través de la explotación sexual comenzaron a financiar celebraciones y actividades locales, favoreciendo su integración y legitimación social.

Con el paso de los años, la práctica pasó de limitarse a ciertos grupos y comenzó a reproducirse mediante redes de amistad, compadrazgo y convivencia laboral. Algunos hombres ingresaban temporalmente a fábricas o centros de trabajo donde compartían estrategias de captación y control, contribuyendo a la expansión de un modelo que convirtió a Tlaxcala en uno de los principales referentes nacionales de este fenómeno.

“Seres para otros”, el pilar de la explotación

Mientras tanto, la investigadora Ixchel Yglesias González sostiene que la permanencia de la trata también se explica por estructuras culturales profundamente arraigadas. Una de ellas es la construcción de las mujeres como «seres que son de, para y por los otros», una visión que históricamente ha asociado su papel social con el cuidado, el servicio y la satisfacción de necesidades ajenas.

Desde esta lógica, las relaciones de poder se construyen sobre la idea de que los cuerpos y la vida de las mujeres pueden ser apropiados o utilizados por terceros. Esta concepción favorece la normalización de distintas formas de violencia y crea condiciones propicias para la explotación sexual.

Montiel Torres explica que, dentro de estas dinámicas, las mujeres de las propias familias o círculos cercanos de los tratantes rara vez son el objetivo principal. En cambio, los reclutadores suelen desplazarse hacia otros municipios o estados donde no son identificados y pueden construir vínculos afectivos sin despertar sospechas.

La estrategia consiste en generar confianza a través de relaciones sentimentales, promesas de matrimonio o expectativas de una vida mejor. De esta manera, los mecanismos de control no se sustentan inicialmente en la violencia física, sino en herramientas emocionales y afectivas que facilitan el reclutamiento y posterior sometimiento de las víctimas.

La impunidad como engrane del sistema proxeneta

Para González Báez, la permanencia de la trata de personas en Tlaxcala no puede explicarse únicamente por las estrategias de reclutamiento o explotación. Detrás de este fenómeno existe una red de omisiones, complicidades y actos de corrupción que han permitido al sistema proxeneta operar durante décadas con altos niveles de arraigo y escasas consecuencias legales.

Y a pesar de los esfuerzos gestados por las autoridades en turno, esta permanencia es posible gracias a mecanismos de protección que incluyen sobornos a corporaciones policiales y la tolerancia de autoridades encargadas de prevenir o sancionar estas conductas.

De acuerdo con los entrevistados, históricamente las instituciones han centrado su atención en algunos actores de la cadena delictiva mientras dejan fuera a los consumidores, pese al papel fundamental que desempeñan en la continuidad del negocio.

A ello se suman los vínculos que, según los especialistas, existen entre sectores políticos y personas beneficiadas por la explotación sexual. Señalan que algunos tratantes han logrado establecer relaciones con actores de poder e incluso participar indirectamente en dinámicas de financiamiento político. Paralelamente, parte de los recursos obtenidos mediante estas actividades circulan dentro de las comunidades a través de préstamos, apoyos económicos o patrocinios que terminan cubriendo vacíos dejados por la ausencia del Estado.

El coordinador en México del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Trafico de Personas advierte que la atención pública suele concentrarse en personajes específicos o casos aislados que terminan funcionando como distractores. Bajo esta lógica, las redes de explotación se reducen a figuras individuales, mientras permanecen fuera del debate las estructuras económicas, políticas y sociales que permiten su funcionamiento.

Para los especialistas, esta combinación de silencio, protección y ausencia de sanciones convierte a la impunidad en uno de los principales mecanismos que garantizan la permanencia del sistema proxeneta en Tlaxcala.

Especialistas cuestionan el enfoque del reportaje

Si bien el reportaje de la periodista británica Louise Callaghan volvió a colocar la problemática de la trata de personas en Tlaxcala en la conversación pública, González Báez considera que dejó fuera elementos fundamentales para comprender la complejidad del fenómeno, particularmente porque, a juicio de la especialista, el contexto histórico y las dinámicas sociales de la región merecen un mayor desarrollo dentro de este tipo de coberturas.

Como señaló González Báez en su reciente pronunciamiento, no es lo mismo informar que visibilizar, ni generar impacto que producir conocimiento. En ese sentido, afirmó que muchas personas agradecen «que se hable del tema», pero al mismo tiempo expresan «inconformidad con la manera en que fue presentado».

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La investigadora sostuvo que expresiones como la descripción de Tenancingo como un «pueblito» pueden contribuir a reforzar estereotipos y reproducir una mirada que calificó como racista y colonialista hacia la comunidad.

A ello se suma el riesgo de caer en enfoques sensacionalistas que priorizan el impacto narrativo sobre la comprensión del fenómeno, González Báez advirtió que este tipo de coberturas pueden derivar en una «pornografía de la violencia», donde la atención se concentra en el consumo de ficciones más que en las causas estructurales que sostienen la problemática.

La especialista señaló que esta narrativa resulta particularmente preocupante porque termina criminalizando a comunidades enteras, profundizando el estigma sobre sus habitantes y dificultando el trabajo de quienes durante años han investigado el fenómeno, acompañado a víctimas y desarrollado estrategias de prevención, «muchas veces enfrentando riesgos reales en el territorio».

Desde esta perspectiva, el debate no gira únicamente en torno a la existencia del fenómeno de la trata de personas, sino a la forma en que éste es narrado y contextualizado. Montiel Torres y Báez González argumentan que una cobertura más amplia de los procesos históricos, sociales e institucionales contribuiría a una comprensión más profunda del problema, elementos que Callaghan ha incorporado en su reportaje mediante fuentes locales, aunque con un énfasis editorial distinto.

Aclaración de Louise Callaghan

Tras la publicación de este artículo, la periodista Louise Callaghan, autora del reportaje publicado en The Sunday Times, envió una solicitud de réplica en la que manifestó que el texto de Escenario Tlaxcala omitió consultar previamente su postura. Señaló que su reportaje sí incluye contexto sobre las causas estructurales de la explotación sexual en Tenancingo, mediante entrevistas con integrantes del Centro Fray Julián Garcés y otras fuentes locales que abordan la corrupción e impunidad que han permitido la permanencia del fenómeno.

Asimismo, sostuvo que las decisiones editoriales sobre el énfasis y la extensión de determinados aspectos no significan una falta de contexto ni una comprensión superficial del problema. También indicó que, antes de publicar su reportaje, buscó obtener la postura de la gobernadora de Tlaxcala y de autoridades municipales de Tenancingo, sin recibir respuesta.

En su comunicación, Callaghan expresó que considera preocupante que el debate se centre en la representación de Tenancingo y no en la problemática de violencia y explotación sexual documentada durante décadas en la entidad. Finalmente, solicitó que su aclaración fuera incorporada a esta publicación y que se incluyera un enlace a su reportaje original para que los lectores puedan contrastar ambos contenidos.

Para consultar el reportaje completo de Louise Callaghan, da clic aquí.

Trata de personas en Tlaxcala: Evade vocero responder efectividad de sus acciones; gobernadora no da la cara

Tlaxcala, Tlax.- Tras la difusión del reportaje de Louise Callaghan y ante la solicitud de réplica del gobierno estatal, el jueves 18 de junio el vocero del Gobierno del Estado de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, defendió las acciones emprendidas por la actual administración frente a la problemática de trata de personas en Tlaxcala.

Durante el Diálogo Circular, la codirectora de Escenario Tlaxcala, Paola Torres, cuestionó a Martínez Velázquez sobre la efectividad de las medidas implementadas para combatir la trata, sin que este respondiera de manera puntual a los señalamientos.

Asimismo, se le preguntó sobre la ausencia de un posicionamiento por parte de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien hasta el momento no ha fijado una postura directa, pese a que en el programa Sin Aliento, de la escritora Sabina Berman, durante la entrevista con la periodista Callaghan, se le señalaron presuntos actos de omisión frente a este fenómeno.

En sus respuestas, Antonio Martínez aludió a que el gobierno presume la reapertura de expedientes; sin embargo, a la fecha persisten denuncias y no existen indicadores claros que den seguimiento a la medición del fenómeno, lo que mantiene abierta la discusión sobre su vigencia.

Mientras tanto, sociedad civil y organizaciones sociales han cuestionado la narrativa oficial y la efectividad del actual gobierno frente a esta problemática que continúa afectando tanto a nivel regional como nacional.

Ante cuestionamientos sobre trata, Antonio Martínez respalda acciones, pero no detalla resultados

Al ser cuestionado por el equipo de Escenario Tlaxcala, el vocero de gobernación, Antonio Martínez Velázquez, sostuvo que en la actual administración no existe una política de negación por parte de los funcionarios en turno de cara a la problemática de trata de personas en Tlaxcala y que, por el contrario, la postura oficial se ha basado en el reconocimiento del problema como punto de partida para su atención.

A la par, el coordinador de la Comisión de Comunicación del Estado rechazó de manera explícita la idea de una negación institucional, señalando que desconocer la existencia de este fenómeno implicaría «abandonar a las víctimas y renunciar a la responsabilidad institucional», y asegurando que esto no forma parte de la postura actual del gobierno en turno.

No obstante, al ser cuestionado por las cifras oficiales que tanto el Secretariado Ejecutivo de Seguridad en el Estado de Tlaxcala como instancias correspondientes, señaló que existen datos oficiales que reportan «cero» casos en distintos periodos entre 2021 y 2025, argumentando que estos datos responden a una «capa de complejidad» asociada a múltiples factores, entre ellos la «falta de denuncias formales».

Además, destacó que la gobernadora del estado instruyó la reapertura de carpetas de investigación, mismas que han permanecido «congeladas» durante más de 7 y 10 años, y aseguró que, tras esta tarea, se habrían cumplido al menos 28 órdenes de aprehensión.

Argumentó que el gobierno constituye una estructura más amplia que los temas particulares defendidos por la sociedad civil, y que esta complejidad ha permitido una respuesta organizada a través de la Secretaría de la Mujer, encargada de la atención especializada e involucrada en la estrategia de combate; así como de comités y direcciones que posibilitan la operatividad de las políticas públicas.

Además, precisó que, desde su perspectiva, al haber formado parte de la sociedad civil, entiende que en ocasiones se espera que las acciones gubernamentales giren en torno a un solo tema o causa específica. En ese sentido, señaló que:

“a veces quisiéramos que todo se tratara de nuestro tema, o sea, que el gobierno gire en torno al tema que defendemos; yo como asesor de Derechos Humanos quisiera que todo se tratara de la mujer.  no todo se trata de eso, el gobierno y las acciones que tiene son más grandes”

A un año del cierre de administración, programa contra la trata de personas en Tlaxcala presenta bajo cumplimiento

El gobierno de Tlaxcala presentó el Programa Estatal contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en Niñas y Mujeres 2022–2027 como el principal instrumento de política pública para atender esta problemática. Sin embargo, de acuerdo con documentos de evaluación del Centro Fray Julián Garcés A.C. y su reciente pronunciamiento derivado de la postura estatal, informó la existencia de una brecha entre el diseño del programa y su ejecución.

A menos de un año de que finalice el gobierno de Lorena Cuéllar, el programa mantiene un rezago significativo en el cumplimiento de sus metas. Los registros oficiales muestran que los objetivos e indicadores previstos apenas alcanzan un avance del 11.1%, muy por debajo de lo proyectado para esta etapa de la administración. Mientras que el 44.4% está en proceso de revisión y otro 44.4% permanece sin respuesta de las autoridades responsables.

En el eje de prevención, se reportan acciones como la campaña «Se Trata de Todas y Todos. Cuidemos la libertad» y la realización de al menos 11 operativos de vigilancia por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No obstante, el Diagnóstico de percepción ciudadana sobre la situación de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en el estado de Tlaxcala, publicado en 2017 ha reconocido la ausencia de un estudio integral sobre la trata en el estado.

A ello se suma el pendiente de la Secretaría de Educación para la implementación de un programa educativo en escuelas básicas, señalado por el Centro Fray Julián Garcés como un componente clave en materia de prevención, y que fue entregado el 28 de abril a las autoridades educativas, además de estar sostenido por al menos 42 organizaciones, colectivos, grupos comunitarios y redes nacionales e internacionales que han investigado el tema.

El eje de atención y asistencia es el que presenta mayores rezagos, ya que la Fiscalía General de Justicia del Estado ha confirmado que no existen refugios especializados administrados por el gobierno ni casas de medio camino para la reintegración de víctimas, además de que no se han consolidado modelos de atención integral fuera del ámbito judicial.

En el eje de investigación y judicialización, los protocolos de investigación y canalización de víctimas continúan en fase de revisión técnica, mientras que la capacitación multidisciplinaria fue proyectada hasta marzo del presente año.

En cuanto al financiamiento, se reporta la asignación de más de 2 mil 163 millones de pesos para el periodo 2023–2025 destinados al combate de la trata. Sin embargo, el destino de estos recursos ha sido cuestionado, al señalarse que no se habrían aplicado directamente al programa, sino a actividades ajenas.


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La desaparición forzada en México y el peligro de la indiferencia

Yossadara Franco Luna

A Gaby y a su familia. Su dolor nos recuerda que una persona desaparecida es una presencia que falta, una vida suspendida y una pregunta que interpela nuestra conciencia.

De la violencia política a la crisis de desapariciones en México

México vivió entre 1960 y 1980 la llamada Guerra Sucia, periodo en el que el Estado recurrió a la desaparición de activistas y opositores políticos. Sin embargo, fue a partir de 1993 cuando la violencia comenzó a adquirir nuevas formas que anticiparon parte de la crisis actual. En Ciudad Juárez, Chihuahua, se multiplicaron las desapariciones y, sobre todo, las de mujeres jóvenes que concluyeron en feminicidios y revelaron la incapacidad institucional para protegerlas. Con frecuencia se atribuía la dificultad para resolver estos crímenes a la condición fronteriza de la ciudad y a la presencia de múltiples redes criminales que operaban en la región. La proliferación de células criminales y la constante reconfiguración de sus estructuras hicieron prácticamente imposible erradicar el fenómeno mediante operativos aislados.

La situación se agravo a partir de 2006 con la llamada guerra contra el narcotráfico cuyas consecuencias seguimos padeciendo o, mejor dicho, seguimos estando en medio de ella. La estrategia de combate frontal a los grupos criminales no logró contener la violencia. Lo que aconteció fue, más bien, la fragmentación de los cárteles, el nacimiento de otros grupos más violentos y su expansión por disputas territoriales a lo largo del país. En este contexto, la desaparición dejó de percibirse como un fenómeno limitado a ciertos sectores y comenzó a extenderse como una práctica que podía alcanzar a distintos grupos de la población.

El mensaje oficial sostenía que las personas desaparecidas eran criminales y que su ausencia respondía a ajustes de cuentas entre grupos rivales. Se repetía la idea de que se trataba de criminales contra criminales y que, tarde o temprano, terminarían eliminándose entre sí. Aquella narrativa solo simplificaba el problema y contribuyó al nacimiento de una indiferencia social frente a las desapariciones. Lo cierto es que la desaparición se convirtió en una herramienta de control a través de eliminar rivales, reclutar por la fuerza, extorsionar o sembrar miedo. El resultado es siempre el mismo: una persona arrancada de su comunidad y una familia condenada a la incertidumbre.

La política conocida como «abrazos, no balazos» tampoco logró revertir esta situación. Continuó la expansión territorial y operativa de distintos grupos criminales. La desaparición de personas siguió siendo una realidad más cotidiana de lo que se pensaba, al punto que es hoy una de las expresiones más dolorosas de la crisis de violencia e impunidad que atraviesa México.

La normalización de la desaparición forzada y la indiferencia social

El problema es de dos tipos. El primero es la existencia de grupos criminales que desaparecen personas bajo criterios no específicos porque el fenómeno siempre ha alcanzado a personas de distintas edades, sexo, condición social y origen. No hay un criterio que permita sentirse a salvo. La victima puede ser cualquiera. El segundo, y quizá igual de cruel que el primero, es su normalización y con ello la indiferencia.

No quiere decir que se aprueben socialmente las desapariciones. Se trata de algo más complejo: el miedo, sumado a la saturación informativa, produce una especie de indiferencia progresiva. El ciclo comienza con la indignación ante un hecho atroz, continúa con el temor y la repetición constante de nuevas tragedias, hasta que aquello que antes parecía intolerable empieza a percibirse como parte de la normalidad. La indignación vuelve a aparecer únicamente cuando ocurre un hecho todavía más brutal que los anteriores, y después el ciclo comienza de nuevo.

Cuando desaparece el otro, desaparece algo de nosotros

¿Ser indiferentes nos convierte en malas personas? No necesariamente. La indiferencia no siempre nace de la ausencia de valores, sino de una lenta erosión de nuestra sensibilidad ante el sufrimiento ajeno. Reconocemos que algo está mal, pero dejamos de sentir que ese mal nos interpela. Así, lo intolerable comienza a percibirse como una parte normal de la vida nacional porque esta acompañada de la desconfianza en el Estado y sus instituciones, la seguridad del propio hogar y, sobre todo, la capacidad de indignarnos. La razón reconoce el mal, pero la sensibilidad moral se va apagando.

Estamos ya frente a la deshumanización del otro. Sin embargo, hay algo que no debemos olvidar: sin el otro no soy yo. La identidad humana no se construye en aislamiento, sino en relación. La desaparición forzada termina siendo también una desaparición de nuestra capacidad de reconocernos en los demás.


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Así se distribuyó el respaldo político para Alfonso Sánchez y Ana Lilia Rivera en la capital tlaxcalteca

Tlaxcala, Tlax.- Más allá de los mensajes sobre soberanía nacional y rendición de cuentas que marcaron la jornada del pasado domingo 21 de junio, la atención también se concentró en las figuras políticas que decidieron acompañar a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera y al alcalde con licencia de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, en sus respectivos actos realizados en la capital del estado.

Las convocatorias de ambos eventos circularon con apenas unos días de diferencia, pues el informe de Rivera Rivera comenzó a difundirse en redes sociales a partir del 14 de junio, mientras que la marcha fue anunciada el día 20 de junio, principalmente por la Coordinadora Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y aunque la movilización fue convocada para las 8:00 horas, su inicio se registró alrededor de las 10:30, prácticamente al mismo tiempo que arrancó el acto de la legisladora.

Entre lonas, pancartas, playeras y consignas, el respaldo se dirigió principalmente a dos figuras con amplia exposición mediática y cuyos nombres han sido recurrentes en las discusiones sobre la sucesión gubernamental de cara a 2027.

Sin embargo, más allá de la base militante, ambos actos también dejaron ver la presencia de alcaldes, legisladores y funcionarios estatales, quienes han formado parte de piezas clave del entramado político que acompañó la jornada política de este fin en la capital.

Entre figuras centrales del movimiento y rendición de cuentas, así fue el informe de Ana Lilia Rivera

Mientras la marcha encabezada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros avanzaba hacia el Zócalo capitalino, el segundo informe de actividades de la senadora federal por Morena, Ana Lilia Rivera Rivera, iniciaba en paralelo con la presencia de figuras identificadas con el movimiento de la llamada Cuarta Transformación.

Ana Lilia Rivera

En su intervención, la legisladora hizo un llamado a la unidad y al diálogo, al subrayar la necesidad de mantener cohesión entre los actores políticos de Morena y evitar divisiones internas, en un mensaje que enmarcó dentro del proyecto de transformación impulsado a nivel federal por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El acto no solo reunió a simpatizantes y militantes, sino también a perfiles del ámbito federal y legislativo que han acompañado al movimiento en distintas etapas. Entre los asistentes destacaron Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia de la República; Laura Itzel Castillo, secretaria de la Mujer; el senador Gerardo Fernández Noroña; Virgilio Martínez Miranda, vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena; así como las senadoras Verónica Camino Farjat, Mariela Gutiérrez Escalante, María Martina Kantún Can, Cinthia López Castro, María Guadalupe Chavira de la Rosa, Luisa Cortés García y el senador José Manuel Cruz Castellanos; además de las diputadas Claudia Rivera Vivanco y Dolores Padierna Luna.

Ana Lilia Rivera

A ellos se sumaron el legislador federal José Antonio Álvarez Lima, el exdiputado local Sergio González Hernández, la diputada independiente Blanca Águila, la diputada local de Morena Ana Bertha Mastranzo Corona y el síndico de Chiautempan, Cristóbal Cruz, además del dirigente nacional del Movimiento Nacional por la Esperanza, René Bejarano, y el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, en un escenario que reflejó el peso político y las alianzas que rodearon el informe legislativo en la capital tlaxcalteca.

Entre alcaldes, diputados y gabinete: ¿Quiénes asistieron a la marcha por la soberanía en la capital?

Encabezada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y Alfonso Sánchez García —alcalde con licencia indefinida de Tlaxcala y uno de los aspirantes mejor posicionados rumbo a la candidatura de Morena para la gubernatura en 2027—, la marcha por la «soberanía» fue convocada el 20 de junio por la Coordinadora Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC).

Ana Lilia Rivera

La movilización fue anunciada con apenas dos días de anticipación y difundida tanto en medios digitales como en las redes sociales de la propia organización, donde se convocó a concentrarse en el asta bandera de la capital para participar en la denominada «defensa de la soberanía nacional».

A este acto acudieron diversas figuras políticas, entre ellas presidentes municipales, diputados del Congreso local e integrantes del gabinete estatal, quienes dieron respaldo institucional a la movilización encabezada por Cuellar Cisneros y Sánchez García.

Entre los asistentes destacaron al menos 23 presidentas y presidentes municipales, de los cuales 13 gobiernan bajo las siglas de Morena. Entre ellos estuvieron Blanca Angulo Meneses, de Chiautempan; Javier Rivera Bonilla, de Apizaco; Diana Torrejón Rodríguez, de Tlaxco; Idelfonso Carro Roldán, de Panotla; José Manuel Jiménez del Razo, de Calpulalpan; Héctor Prisco Fernández, de Muñoz de Domingo Arenas; Alberto Hernández Olivares, de Ixtacuixtla; Miriam Aline Lazo Caballero, de Ixtenco; Emmanuel Contreras Corona, de Tenancingo; Giovanni Montiel López, de Tetla; Hugo Mendoza Salazar, de Tetlatlahuca; Benjamín Atonal Conde, de Totolac; y David Vega Terrazas, de Yauhquemehcan.

Ana Lilia Rivera

A la concentración también acudieron alcaldes de otras fuerzas políticas, entre ellos Ernesto Azaín Ávalos Marbán, de Apetatitlán, y José Miguel Acatzi Luna, de Zacatelco, ambos del Partido Alianza Ciudadana; Valentín Meléndez Tecuapacho, de Teolocholco, y Arturo Macuilt Díaz, de Santa Apolonia Teacalco, del PT; Williams Zainos Flores, de Tepeyanco, de Nueva Alianza Tlaxcala; Rocío Claudia Meléndez Pluma, de La Magdalena Tlaltelulco, de Fuerza por México Tlaxcala; Yazmín Jiménez Rugerio, de Santa Isabel Xiloxoxtla, del (y quien migró a MORENA en 2024); así como Sóstenes Esteban Bedolla Espinoza, de Hueyotlipan, y Sandra Corona Padilla, de San Jerónimo Zacualpan.

La presencia institucional también alcanzó al Congreso local. Al evento asistieron los diputados morenistas Ever Alejandro Campech Avelar, David Martínez del Razo, Emilio de la Peña Aponte, Lorena Ruiz García y Brenda Cecilia Villantes Rodríguez; además de María Aurora Villeda Temoltzin, de Redes Sociales Progresistas. Asimismo, estuvieron presentes los legisladores independientes Jaciel González Herrera, Maribel León Cruz y Soraya Noemí Bocardo Phillips, así como Bladimir Zainos Flores, representante de Nueva Alianza Tlaxcala.

A la movilización también acudieron integrantes del gabinete estatal, entre ellos José de Jesús Rafael de la Peña Bernal, titular de la Secretaría de Fomento Agropecuario; Luis Antonio Ramírez Hernández, secretario de Gobierno; Eduardo Rubén Hernández Tapia, secretario de Infraestructura; Steve del Razo Montiel, titular de la COEPRIST; María Estela Álvarez Corona, titular de la Secretaría de Bienestar; y Ramiro Vivanco Chedraui, oficial mayor de Gobierno, así como Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) e hija de Cuellar Cisneros, además de Josefina Rodríguez Zamora, secretaría de Turismo de México.

Ana Lilia Rivera

Esto permite observar la configuración de una asistencia integrada por alcaldes, legisladores y funcionarios de primer nivel en torno a un acto político encabezado por la mandataria estatal y uno de los principales cuadros de Morena rumbo a la sucesión gubernamental.


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Tlaxcala, Tlax.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) acumuló 520 denuncias ambientales en Tlaxcala por presuntos daños al medio ambiente en la entidad durante los últimos cinco años. Pese a ello, la dependencia no determinó ni una sola sanción relacionada con estos reportes y, en aproximadamente la mitad de los casos, se declaró incompetente para atenderlos, por lo que fueron remitidos a otras instancias.

A través de diversas solicitudes de información la PROFEPA dio a conocer que de 2021  a 2025, hubo un incremento sostenido en cuanto denuncias ciudadanas por daños al medio ambiente en la entidad, pasando de 73 a 125 expedientes lo cuál representó un incremento cercano al 76.7% durante este periodo, acumulando un total de 520 denuncias en cinco años. Además, esta tendencia reflejó una recurrencia ante el incremento de los conflictos ambientales y una ciudadanía con mayor disposición para reportar estos casos ante la autoridad federal.

Aunque la PROFEPA reportó que el 81.7% de las denuncias iniciadas entre 2021 y 2025 ya fueron resueltas, una revisión de la información realizada por Escenario Tlaxcala muestra que esa cifra no necesariamente implica la atención de los casos. De los 425 expedientes que el organismo reportó como concluidos, la resolución más recurrente fue la remisión de las denuncias a otras autoridades, esto ocurrió en 220 casos, es decir, más de la mitad de los expedientes cerrados.

De acuerdo con la Procuraduría, estas denuncias fueron canalizadas a otras instancias debido a que los hechos reportados no correspondían a su ámbito de competencia federal, con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 191 y la fracción I del artículo 199 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

Esto significa que una proporción importante de los casos cerrados no fue atendida directamente por la PROFEPA, sino canalizada a instancias estatales, municipales u otros organismos competentes. Sin embargo, en la solicitud de información con numero de terminación 65326 la PROFEPA no dio a conocer a qué instancias o dependencias remitió las denuncias.

En cuanto a las denuncias que aún no han sido concluidas, la PROFEPA informó que, hasta diciembre de 2025, 95 de las 520 denuncias presentadas en Tlaxcala permanecían activas. De ellas, 33 se encontraban en etapa de investigación y 61 continuaban en trámite, mientras que un expediente no contaba con información sobre su estatus.

Más de la mitad de las denuncias concluidas fueron remitidas a otras autoridades por falta de competencia federal

De las 520 denuncias registradas por la PROFEPA entre 2021 y 2025, un total de 425 expedientes han sido concluidos y, entre ellos, la resolución más frecuente fue la incompetencia de la autoridad federal, pues 220 casos fueron resueltos con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 191 y en la fracción I del artículo 199 de la LGEEPA, donde señala textualmente que:

«Si la denuncia presentada fuera competencia de otra autoridad, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente acusará de recibo al denunciante pero no admitirá la instancia y la turnará a la autoridad competente para su trámite y resolución, notificándole de tal hecho al denunciante, mediante acuerdo fundado y motivado.»

La remisión de los expedientes ocurrió cuando la PROFEPA concluyó que los hechos denunciados no eran de su competencia y debían ser atendidos por otras autoridades. No obstante, en la información entregada a Escenario Tlaxcala, la dependencia se limitó a citar las disposiciones legales aplicables, sin precisar los motivos concretos que la llevaron a declararse incompetente en cada denuncia.

En conjunto, este tipo de resoluciones representó el 51.76% del total de las denuncias concluidas durante el periodo analizado, es decir, más de la mitad de los expedientes que obtuvieron una resolución.

Por su parte, la PROFEPA informó que el 48.24 por ciento restante de las denuncias concluidas fue resuelto mediante inspecciones, actos de verificación, desechamiento de denuncias, procedimientos inconclusos y otros mecanismos de cierre de expedientes. Dentro de este grupo, las resoluciones derivadas de inspecciones realizadas por la propia Procuraduría representaron la categoría más numerosa, con 62 casos, equivalentes al 14.59 por ciento del total de expedientes concluidos.

No obstante, aunque la PROFEPA cuenta con facultades para iniciar procedimientos administrativos y actuar como autoridad inspectora y sancionadora en materia ambiental, la información proporcionada no detalla si estas inspecciones derivaron en sanciones, ni especifica la imposición de medidas como multas, clausuras temporales o definitivas, decomisos o la demolición de infraestructura construida en áreas naturales protegidas o zonas de jurisdicción federal.

Le siguieron 52 denuncias en las que la Procuraduría determinó que no existían contravenciones a la normatividad ambiental, una categoría que concentró el 12.24 por ciento de los expedientes concluidos. En tanto, otros 51 casos fueron desechados o quedaron inconclusos debido al incumplimiento de requisitos por parte de los denunciantes, lo que representó el 12 por ciento del total de denuncias resueltas.

En menor medida, las resoluciones obedecieron a la falta de interés de las personas denunciantes, con 18 expedientes (4.24%), así como a la imposibilidad material para continuar con el procedimiento, con 10 casos (2.35%). A ello se suman cinco denuncias declaradas improcedentes o infundadas (1.18%), además de cuatro expedientes clasificados en el rubro de «otros» (0.94%) y tres asuntos que fueron acumulados o concluidos mediante conciliación (0.71%).

Las resoluciones emitidas por la PROFEPA variaron según la materia de la denuncia. En el ámbito forestal se concentró la mayor diversidad de mecanismos de conclusión, fundamentados principalmente en las fracciones I, III y VII del artículo 199 de la LGEEPA. Estas determinaciones incluyeron desde la emisión de recomendaciones hasta la conclusión de procedimientos derivados de inspecciones realizadas por la propia autoridad.

Por su parte, las denuncias relacionadas con la atmósfera, es decir, con la calidad del aire; se resolvieron con mayor frecuencia mediante la aplicación del artículo 191, párrafo cuarto, de la LGEEPA y del artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), vinculado a trámites incompletos.

En materia de fauna, las resoluciones presentaron una distribución más equilibrada entre el artículo 191, párrafo cuarto, de la LGEEPA y el artículo 57, fracción V, de la LFPA, relativo a la imposibilidad material para continuar un procedimiento.

La distribución de estas resoluciones muestra que una proporción importante de las denuncias ambientales no culminó en procedimientos sancionatorios federales, ya sea porque los hechos denunciados correspondían a otra autoridad, no se acreditaron afectaciones al ambiente o los expedientes no reunieron los elementos necesarios para continuar su trámite.

Denuncias forestales lideran los reportes ambientales, mientras crece el rezago en su resolución

De las 520 denuncias registradas durante el periodo ante PROFEPA, 230 estuvieron relacionadas con materia forestal, lo que representó el 44.23% del total de los expedientes iniciados ante esta autoridad federal.

De estas denuncias, 163 ya fueron concluidas y que equivalen al 70.87% de los casos en materia forestal, aunque ello no implicó necesariamente la imposición de sanciones o la acreditación de infracciones ambientales.

Las denuncias en materia forestal aumentaron de forma constante entre 2021 y 2025; sin embargo, el número de expedientes concluidos no creció en la misma proporción. Mientras que los reportes pasaron de 34 en 2021 a 61 en 2025, los casos resueltos fluctuaron entre 29 y 38 expedientes anuales. El contraste fue más evidente en los últimos dos años analizados: en 2024 se registraron 55 denuncias y se concluyeron 38 expedientes, mientras que en 2025 las denuncias ascendieron a 61, pero únicamente 31 casos fueron cerrados, lo que evidencia un rezago en la atención de los reportes forestales.

En este sentido, los datos reflejaron una brecha cada vez mayor entre las denuncias recibidas y los expedientes concluidos. Aún cuando en 2021 la Procuraduría logró resolver el 88.24% de las denuncias forestales presentadas, para 2025 ese porcentaje se redujo al 50.82% y en consecuencia, el 49.18% de los casos registrados durante el último año del periodo analizado permanecían en trámite o pendientes de resolución.

En materia atmosférica la PROFEPA recibió 125 denuncias entre 2021 y 2025, de las cuales 122 ya fueron concluidas, lo que representó un nivel de resolución del 97.60%. En contraste, únicamente tres denuncias permanecen en trámite al momento del corte de la información y que equivalen al 2.40% del total de los casos registrados en esta materia.

No obstante, las resoluciones emitidas por la institución federal no derivaron necesariamente en acciones directas por su parte. En 71 casos se declaró incompetente y remitió los expedientes a autoridades estatales o municipales; en otros 29 expedientes determinó que no existían contravenciones a la normatividad ambiental vigente, mientras que 12 fueron desechados por falta de requisitos, ausencia de información o falta de interés de quienes denunciaron.

Pese al alto nivel de resolución, más de la mitad de los casos terminaron canalizados a otras instancias, mientras que cerca de una cuarta parte concluyó sin que se acreditaran infracciones a la legislación ambiental.

Agua, fauna y suelo concentraron casi un tercio de las denuncias; la mayoría fue remitida a otras autoridades

De la información obtenida mediante solicitudes de transparencia dirigidas a la PROFEPA, se identificaron 165 denuncias agrupadas en materias distintas a las forestales y atmosféricas, las cuales representaron el 31.73% del total de los expedientes registrados. Dentro de este grupo, los asuntos relacionados con agua concentraron 49 denuncias, seguidos por fauna con 46 casos, suelo con 35 y residuos con 21.

Además, se registraron nueve denuncias en materia de impacto ambiental, tres relacionadas con flora, una por Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos y un expediente sin registro de clasificación.

Al igual que en las materias forestal y atmosférica, los datos mostraron un patrón recurrente en agua, fauna y suelo, una proporción importante de las denuncias concluidas terminó siendo canalizada a otras autoridades debido a cuestiones de competencia.

En el caso del agua, de las 49 denuncias registradas, al menos 27 fueron remitidas a otras instancias o concluyeron con una declaración de incompetencia por parte de la autoridad federal. Otras cinco derivaron en resoluciones emitidas tras procedimientos de inspección y cuatro concluyeron al no acreditarse contravenciones a la normatividad ambiental vigente.

Asimismo, 10 denuncias en materia de agua permanecen en etapa de investigación o trámite, principalmente aquellas registradas durante 2024 y 2025.

Por su parte, las denuncias relacionadas con fauna reflejaron una tendencia similar. Un total de 21 expedientes fueron turnados a otras autoridades competentes o concluyeron por incompetencia de la PROFEPA, mientras que 10 casos fueron cerrados por falta de requisitos o de interés por parte de las personas denunciantes. Además, en cuatro expedientes se determinó la inexistencia de infracciones ambientales, tres fueron cerrados por imposibilidad física o legal para continuar el proceso y dos concluyeron mediante una resolución formal derivada de una inspección directa.

Finalmente, tres denuncias en materia de fauna permanecen en investigación, una fue declarada improcedente y dos más no contaban con una descripción específica sobre su estatus de conclusión.

En materia de suelo, la resolución más frecuente fue la declaración de incompetencia de la PROFEPA o la remisión del expediente a otra autoridad competente, con 20 denuncias concluidas bajo este supuesto. Esta cifra representa aproximadamente el 57% de los casos registrados en esta materia.

En menor proporción, cuatro denuncias permanecieron en trámite o investigación y otras cuatro fueron concluidas por trámites incompletos o falta de información por parte de las personas denunciantes. Asimismo, tres expedientes derivaron en una resolución formal tras un procedimiento de inspección, tres más fueron cerrados por imposibilidad material para continuar el proceso y un caso concluyó tras determinarse que no existían contravenciones a la normatividad ambiental vigente.

Mientras que en materia de residuos y Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI), se identificaron 22 denuncias durante el periodo analizado. Las resoluciones más frecuentes fueron la remisión de expedientes a otras autoridades o su acumulación, con seis casos, seguidas por cinco denuncias que concluyeron mediante una resolución derivada de un procedimiento de inspección.

Además, cuatro expedientes permanecían en trámite o investigación, dos fueron desechados por información incompleta y los cinco casos restantes concluyeron por incompetencia de la autoridad, falta de interés de la persona denunciante, imposibilidad material para continuar el procedimiento, inexistencia de contravenciones ambientales o improcedencia de la denuncia.

Denuncias ambientales en Tlaxcala; la capital lidera la lista

De acuerdo con la información emitida por la PROFEPA entre 2021 y 2025  se identificó que los municipios de Tlaxcala, Apizaco, Tlaxco, San Pablo del Monte y Calpulalpan concentraron el mayor número de reportes ciudadanos por presuntas afectaciones al medio ambiente.

La capital del estado encabezó la lista con 63 denuncias, distribuidas principalmente en materia forestal con 19, atmosférica con14 y de fauna con 10 casos, aunque también registró casos relacionados con agua, suelo, residuos, flora e impacto ambiental. En segundo lugar se ubicó Apizaco con 32 denuncias, donde los problemas vinculados a la atmósfera dominaron los reportes al concentrar 14 expedientes, seguido de fauna con siete casos.

Por su parte, Tlaxco acumuló 31 denuncias, de las cuales 21 estuvieron relacionadas con temas forestales, convirtiéndose en el municipio con la mayor concentración de reportes vinculados a la protección de bosques y recursos maderables.

Mientras que San Pablo del Monte registró 29 denuncias, con una distribución encabezada por asuntos atmosféricos con 14 y forestales 9 registros, mientras que Calpulalpan sumó 28 expedientes, de los cuales 19 correspondieron a materia forestal.

Los datos muestran una diferencia en las problemáticas ambientales denunciadas según las características de cada municipio. Mientras que en zonas con mayor actividad urbana e industrial, como Apizaco y San Pablo del Monte, predominan las quejas relacionadas con emisiones a la atmósfera, en municipios con extensas áreas boscosas, como Tlaxco y Calpulalpan, las denuncias se concentran principalmente en la protección de recursos forestales.

¿Cómo denunciar un daño ambiental ante la PROFEPA?

Cualquier ciudadano puede presentar una Denuncia Popular mediante el Manual del Procedimiento de la Denuncia Popular de la Dirección General de Delitos, Conmutaciones, Denuncias y Quejas de la PROFEPA cuando se detecten actividades que puedan afectar al medio ambiente o incumplir la legislación ambiental federal. El reporte puede realizarse de manera presencial en las oficinas de la dependencia, por correo electrónico, a través de internet o vía telefónica.

Para iniciar el trámite es necesario proporcionar una descripción clara de los hechos denunciados, la ubicación donde ocurren, así como los datos que permitan identificar a las personas, empresas o actividades involucradas. Además, la persona denunciante puede solicitar que su identidad permanezca reservada por motivos de seguridad. En caso de realizar el reporte por teléfono, éste deberá ratificarse por escrito en un plazo de tres días hábiles para que sea admitido formalmente.

Una vez recibida la denuncia, la PROFEPA evalúa si el asunto corresponde a su ámbito de competencia. Si los hechos denunciados son responsabilidad de otra autoridad, el expediente es canalizado a la instancia correspondiente. Cuando la información presentada es insuficiente, la dependencia puede requerir datos adicionales y, si éstos no son entregados, la denuncia puede ser desechada.

Si el expediente cumple con los requisitos, la Procuraduría inicia una investigación que puede incluir inspecciones, solicitudes de información y requerimientos a las partes involucradas. Finalmente, el procedimiento concluye con una resolución que puede derivar en acciones administrativas, la inexistencia de infracciones ambientales, la remisión del caso a otra autoridad o el cierre del expediente por falta de seguimiento de la persona denunciante.


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