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Así opera la venta de lotes en la Malinche: sin permisos, cláusulas de rescisión y costos engañosos

  • Escenario Tlaxcala se infiltró como potencial comprador y documentó el funcionamiento de un esquema de venta de terrenos en las faldas de La Malinche.
  • Un especialista consultado advierte que este modelo permite que un mismo terreno pueda volver a comercializarse, sin garantías para los compradores.
  • Durante el recorrido, la empresa reconoció que los compradores deben tramitar posteriormente los permisos ambientales, asumir costos adicionales por escrituración y construcción, mientras que el contrato prevé la rescisión automática en caso de incumplimiento en los pagos.

Tlaxcala, Tlax. Desde 2024, la venta de lotes en la Malinche se ha convertido en un negocio que se promociona de manera constante a través de redes sociales como Facebook. Con anuncios que destacan la posibilidad de adquirir terrenos «baratos», financiados y con alta plusvalía, distintas páginas y perfiles ofrecen predios ubicados en municipios como Huamantla, San Pablo del Monte y San Francisco Tetlanohcan, dirigidos principalmente a personas interesadas en construir cabañas o invertir en un patrimonio rodeado de bosque.

Las publicaciones prometen mensualidades accesibles, financiamiento sin intermediarios, acompañamiento durante el proceso de escrituración y terrenos «listos para construir o invertir». Algunas ofertas incluso anuncian recorridos diarios para conocer los desarrollos y destacan su cercanía con la Unidad Vacacional del IMSS La Malinche, uno de los principales atractivos turísticos de la montaña.

Aunque la publicidad destaca un enganche inicial de apenas 30 mil pesos y pagos mensuales accesibles, al sumar el costo del terreno financiado, la regularización de la propiedad, los permisos ambientales, la infraestructura y la construcción de una cabaña, la inversión puede superar el millón de pesos. A ello se suma que el contrato contempla la rescisión de la compraventa en caso de incumplimiento de las condiciones pactadas, por lo que especialistas recomiendan revisar cuidadosamente sus cláusulas antes de firmar.

El negocio detrás de los lotes en La Malinche: así operan las ventas de terrenos rústicos con altos costos, permisos pendientes y cláusulas de rescisión
Imagen extraída de la publicidad de venta de lotes en la Malinche.

Sin embargo, detrás de la publicidad existe un modelo de comercialización que implica mucho más que el precio anunciado del terreno.

Con el objetivo de conocer cómo operan estas ventas, Escenario Tlaxcala contactó a una de las personas que promocionaban estos lotes en la Malinche y se hizo pasar por un posible comprador. Como parte de este trabajo, el equipo fue llevado a uno de los predios ubicados en el crucero 50 de la carretera perimetral Malintzi, en el municipio de San Francisco Tetlanohcan, donde obtuvo información sobre los esquemas de financiamiento, la situación jurídica de los terrenos, los permisos necesarios para construir y las condiciones establecidas en los contratos de compraventa.

Del anuncio de Facebook a conocer los predios en venta

Tras responder a uno de los anuncios publicados en Facebook, Escenario Tlaxcala fue contactado a través de WhatsApp por un asesor comercial que no se identificó; no obstante, durante la conversación  explicó que los terrenos ofertados se localizan en el crucero 50 de la carretera perimetral Malintzi, en el municipio de San Francisco Tetlanohcan, a unos minutos del Centro Vacacional IMSS La Malinche.

El negocio detrás de los lotes en La Malinche: así operan las ventas de terrenos rústicos con altos costos, permisos pendientes y cláusulas de rescisión
Publicaciones de venta de lotes en la Malinche

Asimismo, el asesor informó que la empresa comercializa lotes rústicos distribuidos en tres desarrollos denominados Jardín, Cuahuatla y Halcón, donde hasta ese momento todavía había terrenos disponibles. Respecto a la forma de pago, aseguró que los compradores pueden elegir entre pago de contado o financiamiento a 36 y 48 meses, dependiendo de la zona y del metraje del lote.

Una vez manifestado el interés por conocer los predios, el contacto fue canalizado con la licenciada Dulce Sánchez, quien se identificó como asesora comercial y programó una visita guiada a los terrenos.

Formas de pago y financiamiento que inflan el costo inicial

Durante el recorrido, la asesora explicó que los terrenos disponibles tienen superficies que van desde mil 40 hasta cerca de 2 mil 900 metros cuadrados, dependiendo de la zona y su ubicación. En el desarrollo Jardín, donde se realizó la visita, señaló que los lotes tienen precios de contado que oscilan entre 287 mil y 317 mil pesos. Sin embargo, precisó que al optar por un esquema de financiamiento el costo total puede incrementarse hasta 390 mil pesos.

Como ejemplo, la asesora mostró uno de los lotes disponibles y explicó que su precio a crédito era de 364 mil pesos, con un enganche mínimo de 30 mil pesos, un apartado inicial de 5 mil pesos y mensualidades de 7 mil 380 pesos durante 48 meses. De acuerdo con Sánchez, los esquemas de financiamiento dependen del desarrollo y de las características del terreno.

El negocio detrás de los lotes en La Malinche: así operan las ventas de terrenos rústicos con altos costos, permisos pendientes y cláusulas de rescisión
Imagen extraída de la publicidad de venta de lotes en la Malinche.

Durante la explicación del esquema de financiamiento, Sánchez también señaló que el contrato contempla cláusulas de penalización para ambas partes. Explicó que, si el comprador se retrasa en el pago de una mensualidad, se generan intereses moratorios. Sin embargo, advirtió que, en caso de acumular tres mensualidades vencidas, el contrato de compraventa se rescinde automáticamente, por lo que el terreno deja de formar parte de la operación.

Añadió que, si cualquiera de las partes decide dar por terminado el contrato, también se aplican cláusulas de penalización. En el caso del vendedor, aseguró que existe una cláusula de saneamiento mediante la cual se compromete a responder si surgiera algún problema legal relacionado con la propiedad.

Lotes en la Malinche son herencia, prometen no intermediarios de compra-venta

Respecto al origen de los lotes en la Malinche, Dulce Sánchez respondió que los terrenos no son de régimen ejidal, sino propiedad privada que, según explicó, forma parte de una herencia familiar. Fue en ese momento cuando aseguró que ella y su familia son los propietarios de los predios que actualmente se comercializan. Precisó que actualmente los lotes se comercializan mediante una constancia de posesión, aunque aseguró que cuentan con pago del impuesto predial, manifestación catastral y registro ante el municipio de San Francisco Tetlanohcan.

«Nosotros lo tenemos por medio de constancia de posesión, pero está dado de alta en el municipio de San Francisco Tetlanohcan. Yo pago predial, tengo manifestación y clave catastral»

La asesora sostuvo que los predios no fueron adquiridos para su comercialización, sino que provienen de una herencia familiar. En ese sentido, aseguró que no existen intermediarios inmobiliarios en la venta, pues, según dijo, son los propios propietarios quienes decidieron poner los terrenos en el mercado.

Notaría 2 y 3 de Tlaxcala, las encargadas de la compra venta de los lotes en la Malinche

Asimismo sostuvo que una vez adquirido el terreno, el comprador puede optar por formalizar la propiedad mediante una cesión de derechos o iniciar un procedimiento judicial para obtener un título de propiedad.

Según la información proporcionada durante el recorrido, la escrituración mediante cesión de derechos tiene un costo aproximado de 35 mil pesos, monto que incluye avalúos, traslado de dominio y gastos notariales. En caso de optar por un procedimiento judicial para obtener el título de propiedad, el costo puede ascender a entre 50 y 55 mil pesos, dependiendo de los impuestos y demás gastos notariales.

La asesora añadió que estos trámites se realizan habitualmente con la Notaría Número 2 o, dependiendo del caso, con la Notaría Número 3 de Tlaxcala.

Estos gastos no están incluidos en el precio de venta del terreno y deberán ser cubiertos por el comprador, por lo que representan un costo adicional a la inversión inicial anunciada en la publicidad. Estos montos representan un costo adicional al precio de compra del terreno y deben ser cubiertos por el comprador, por lo que la inversión final supera el valor inicialmente anunciado en la oferta comercial.

Permisos de construcción, otro trámite que deberá realizar el comprador ante autoridades ambientales

Aunque los anuncios con los que se promocionan los lotes en la Malinche destacan que son terrenos ideales para construir cabañas o desarrollar proyectos turísticos, durante el recorrido la propia asesora comercial reconoció que cualquier obra requiere una serie de permisos que deberán ser gestionados por los compradores ante distintas dependencias gubernamentales, debido a que se encuentra en una Zona Natural Protegida.

Al ser cuestionada sobre si los terrenos ya contaban con autorizaciones para construir, Sánchez respondió que, si bien existen zonas de La Malinche donde la edificación está restringida por tratarse de áreas protegidas, los predios que comercializan pueden desarrollarse únicamente después de obtener una Manifestación de Impacto Ambiental y las autorizaciones correspondientes.

«Sí se tienen que sacar una Manifestación de Impacto Ambiental y hacer un proyecto como tal para que nos lo autoricen. La construcción tiene que ser de bajo impacto; no podemos meter nada que afecte directamente la fauna»

La asesora indicó que estos trámites no se realizan ante el municipio, sino directamente con las autoridades competentes en materia ambiental. Incluso señaló que ella mantiene contacto con un supervisor forestal que orienta a los compradores durante el proceso de gestión de permisos.

Además del tiempo que implica obtener las autorizaciones, Sánchez reconoció que los permisos representan uno de los gastos más elevados para quienes deciden construir. Como ejemplo, aseguró que en uno de los proyectos que actualmente tramita, la Manifestación de Impacto Ambiental tuvo un costo de 48 mil pesos, mientras que los permisos adicionales para construir ascienden a 25 mil pesos.

De acuerdo con la información proporcionada por la asesora, los permisos ambientales y de construcción representan un costo aproximado de 73 mil pesos, otro monto que deberá cubrir cada comprador de manera independiente y que se suma al precio del terreno, la escrituración y demás gastos asociados a la adquisición del predio.

Sánchez explicó que, debido a las características ambientales de la zona, las construcciones deben realizarse bajo un esquema de bajo impacto, utilizando materiales que no alteren el entorno natural.

«Podemos hacer cabañas. La cimentación puede ser de concreto, pero de ahí hacia arriba todo natural: adobe, ladrillo o madera, sin problema.»

Añadió que los terrenos no cuentan con servicios básicos, por lo que los futuros propietarios deberán implementar soluciones alternativas para el abastecimiento de agua y el manejo de residuos.

«La mística es que no hay servicios, pero los podemos adaptar»

Al explicar cómo podrían resolverse la falta de drenaje y otros servicios básicos, Sánchez aseguró que es posible instalar un biodigestor para el tratamiento de las aguas residuales de los baños, además de implementar otras soluciones compatibles con el entorno natural.

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Tipo de cabaña construida en la Zona de «El Jardín» Fotografía: Escenario Tlaxcala

Durante el recorrido, Escenario Tlaxcala constató que, al menos en el paraje Jardín, donde se realizó la visita, únicamente había una cabaña construida. Aunque la asesora aseguró que varios de los lotes ya habían sido vendidos, el resto de los predios permanecían sin construcciones y conservaban sus características de terrenos rústicos cubiertos por vegetación.

RADAC, la empresa detrás de la comercialización de los lotes

Aunque durante el recorrido la asesora aseguró que los terrenos provienen de una herencia familiar y que no existen intermediarios inmobiliarios, la revisión realizada por Escenario Tlaxcala muestra que Constructora RADAC, S.A. de C.V. ha participado en la promoción y comercialización de estos lotes.

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Desde 2024, este medio documentó que la venta de lotes en la Malinche se difunde principalmente a través de publicaciones en Facebook. La mayoría de los anuncios no son realizados desde una página oficial de la empresa, sino mediante perfiles personales de promotores que ofrecen recorridos, financiamiento y facilidades de pago. No obstante, en algunos casos las publicaciones sí hacen referencia directa a Constructora RADAC como responsable del desarrollo.

Como parte de la investigación, Escenario Tlaxcala revisó el perfil de WhatsApp Business utilizado por la asesora Dulce Sánchez, donde además de sus datos de contacto aparece un enlace que dirige a la página de Facebook Fernando Mendieta – Menfort Inmobiliaria. En ese perfil no se promocionan de manera abierta los lotes en la Malinche, sin embargo comparte constantemente publicaciones del perfil de Facebook de la Constructora RADAC, S.A. de C.V.

En su sitio web, RADAC se describe como una empresa con más de 20 años de experiencia en el sector de la construcción, especializada en el desarrollo de proyectos arquitectónicos para viviendas, comercios y espacios funcionales.

La revisión del Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía muestra que Constructora RADAC, S.A. de C.V. fue constituida en 2014 y tiene su domicilio en el municipio de La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala. Como socios aparecen registrados Iván Mendieta de la Fuente, José Mendieta de la Fuente y Silvia Gloria de la Fuente de Gante.

La investigación también permitió identificar que la empresa no sólo ha participado en desarrollos inmobiliarios. De acuerdo con documentos oficiales consultados por Escenario Tlaxcala, RADAC formó parte del Padrón de Proveedores y Contratistas del Gobierno de Tlaxcala y obtuvo contratos de obra pública durante la administración del exgobernador Marco Antonio Mena Rodríguez (2017-2021). Entre ellos figura una obra de alumbrado público adjudicada en 2019, con una inversión cercana a seis millones de pesos.

La participación de Constructora RADAC en la promoción de los terrenos contrasta con la explicación brindada durante la visita, en la que la asesora sostuvo que la venta se realiza directamente por los propietarios de los predios y no mediante intermediarios inmobiliarios.

El negocio detrás del financiamiento

Para conocer las implicaciones del esquema de venta ofrecido durante el recorrido, Escenario Tlaxcala consultó al asesor inmobiliario, Alberto* con experiencia en la comercialización de terrenos rústicos. El especialista explicó que este tipo de operaciones puede representar una inversión de alto riesgo cuando los compradores desconocen los costos reales que deberán asumir una vez firmado el contrato, pues al precio del terreno deben sumarse los gastos de escrituración, permisos ambientales, infraestructura y construcción.

Alberto confirmó que las cláusulas de rescisión, como la descrita durante el recorrido por la asesora comercial, son comunes en este tipo de contratos. Explicó que, cuando el comprador incumple con las mensualidades pactadas y la compraventa se cancela, el terreno puede regresar al vendedor para volver a ser comercializado. Desde su experiencia, este modelo termina siendo favorable para quienes promueven este tipo de desarrollos, pues conservan la posibilidad de recuperar el predio y ofrecerlo nuevamente.

También recomendó revisar cuidadosamente las condiciones del contrato antes de firmar, solicitar asesoría jurídica independiente y calcular el costo total de la inversión, ya que el valor anunciado del terreno representa sólo una parte del gasto que finalmente deberá asumir el comprador.

Y aunque la publicidad presenta los lotes como una oportunidad para construir una cabaña en medio del bosque, los cálculos realizados por Escenario Tlaxcala con base en la información proporcionada por la empresa muestran que un comprador podría invertir entre 950 mil pesos y más de un millón 300 mil pesos para adquirir el terreno mediante financiamiento, regularizar la propiedad, obtener los permisos ambientales, instalar servicios autónomos y construir una cabaña básica.

Así, el enganche de 30 mil pesos que se promociona en la publicidad representa sólo una fracción del costo real que deberá asumir el comprador. Por lo que detrás de la oferta de lotes en la Malinche existe un modelo de comercialización en el que al precio del terreno se suman los costos de regularización de la propiedad, permisos ambientales, infraestructura y construcción, además de las obligaciones derivadas del financiamiento, elementos que terminan definiendo el costo real de la inversión.

NOTA 1** En la segunda parte de esta investigación conocerás las respuestas oficiales de la Secretaría de Medio Ambiente de Tlaxcala, la CONANP, la SEMARNAT y la PROFEPA, obtenidas mediante solicitudes de acceso a la información, para saber si estas dependencias tienen conocimiento de la venta de lotes y de los desarrollos inmobiliarios en las inmediaciones del Parque Nacional La Malinche, así como las autorizaciones, inspecciones, denuncias y procedimientos administrativos relacionados con estos proyectos.

NOTA 2***El nombre «Alberto» fue utilizado para proteger la identidad del asesor inmobiliario, quien solicitó reservar su nombre por motivos profesionales.


Remesas y restricciones: te contamos los retos frente a las nuevas políticas en EUA

Tlaxcala, Tlax.- Mientras las remesas continúan siendo uno de los principales ingresos para miles de familias en Tlaxcala y el resto del país, especialistas analizaron el panorama que enfrentan las comunidades migrantes ante las recientes medidas implementadas por el gobierno de Estados Unidos, las cuales abarcan cambios en materia migratoria, financiera y de acceso a servicios bancarios.

Estos temas fueron abordados durante la sesión informativa «Remesas y alternativas financieras», realizada el pasado 26 de junio y organizada por la National Day Laborer Organizing Network (NDLON), la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), el Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (CAFAMI), Comunidad en Retorno, Fuerza Migrante y Otros Dreams en Acción (ODA).

En el encuentro participaron María de Lourdes Rosas-López, profesora investigadora de la Facultad de Política y Gobierno de la UPAEP, y Juan José Li Ng, economista senior para México de BBVA Research, quienes expusieron los efectos de las políticas migratorias estadounidenses, el comportamiento de las remesas y las alternativas financieras para la población migrante.

Analizan cambios en la política migratoria

Durante su participación, María de Lourdes Rosas-López explicó que las medidas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump se desarrollan en un contexto de modificaciones a la política migratoria de Estados Unidos.

Señaló que este escenario tomó mayor relevancia luego de que la Suprema Corte de Estados Unidos, presidida por John G. Roberts Jr., permitiera la aplicación de medidas relacionadas con la política migratoria promovida por la administración federal. Con una votación de seis magistrados a favor y tres en contra, indicó, la decisión abre la posibilidad de avanzar en acciones dirigidas a poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

La investigadora explicó que una eventual eliminación del TPS tendría implicaciones para personas migrantes originarias de Haití y de diversos países de América Latina, Centroamérica, Asia y África. Añadió que las modificaciones también podrían incidir en los procesos de solicitud de asilo, las condiciones para ingresar a Estados Unidos por la frontera sur y otros mecanismos de protección migratoria.

Remesas muestran recuperación

Por su parte, Juan José Li Ng señaló que, pese al contexto migratorio actual, las remesas enviadas a México han mostrado una recuperación durante los primeros meses del año.

Explicó que el comportamiento observado en México ha sido distinto al registrado en otros países de América Latina, lo que refleja una dinámica particular en el envío de recursos por parte de la población migrante mexicana.

Asimismo, indicó que las remesas también forman parte del debate fiscal en Estados Unidos. De acuerdo con las proyecciones presentadas durante la sesión, el gobierno estadounidense estima obtener ingresos mediante un impuesto especial aplicado a determinadas transferencias de remesas entre los años fiscales 2025 y 2034.

Las estimaciones contemplan una recaudación de 862 millones de dólares para 2026; más de mil millones de dólares en 2028; alrededor de mil 190 millones en 2030; y mil 409 millones de dólares para 2034.

¿Quiénes pagarían el impuesto?

Respecto al impuesto del 1 % sobre determinadas remesas, Li Ng explicó que más del 84 % de las personas migrantes mexicanas cuenta con una cuenta bancaria en Estados Unidos, incluso algunas que no tienen documentos migratorios, por lo que una parte importante de los envíos podría realizarse mediante mecanismos que no estarían sujetos a este gravamen.

Precisó que la propuesta no contempla a las tarjetas prepagadas y señaló que quienes tendrían un mayor impacto serían las personas migrantes indocumentadas que no cuentan con acceso al sistema bancario. Agregó que la medida también tendría mayores efectos entre migrantes originarios de El Salvador, Guatemala y Honduras.

El economista explicó además que este escenario coincide con la orden ejecutiva emitida por el gobierno de Estados Unidos el pasado 19 de mayo, mediante la cual se busca reforzar la supervisión bancaria sobre personas sin estatus migratorio regular.

Indicó que esta disposición podría incidir en la apertura de cuentas bancarias y en el envío de remesas a través del sistema financiero, por lo que recomendó a las personas migrantes mantenerse informadas sobre los cambios regulatorios y las alternativas disponibles para realizar transferencias de recursos.


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Sólo 2 de las 30 Plantas de Tratamiento activas reutilizan agua; el resto la regresa a ríos, barrancas y lagunas contaminadas

  • En Tlaxcala, más del 90% del agua tratada por las plantas operadas por el estado termina en ríos, lagunas y barrancas contaminadas. 

Tlaxcala, Tlax. Durante décadas, los gobiernos han apostado por la construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) como una de las principales estrategias para combatir la contaminación de los ríos en Tlaxcala. Tan sólo durante el sexenio de Lorena Cuéllar, los gobiernos estatal y federal han destinado cerca de 500 millones de pesos a la construcción de nuevas plantas de tratamiento y a la rehabilitación de infraestructura existente como parte de las acciones de saneamiento en la entidad.

Sin embargo, información entregada por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) mediante la solicitud de transparencia folio 292976626000023 revela que de las 30 plantas de tratamiento que actualmente se encuentran en operación y bajo su administración, únicamente dos reportan algún tipo de reutilización del agua tratada. Mientras que el agua tratada de las otras 28 PTAR descargan el líquido en ríos, barrancas y lagunas contaminadas. 

De ser tratada a volver a espacios contaminados, así el trabajo de las PTAR en Tlaxcala

De acuerdo con información obtenida previamente por Escenario Tlaxcala, desde la década de 1980 se han construido alrededor de 120 plantas de tratamiento de aguas residuales en la entidad. De ellas, actualmente, sólo 30 permanecen en operación y 24  se encuentran en municipios vinculados a la Cuenca del Alto Atoyac-Zahuapan, una de las regiones con mayores problemas de contaminación hídrica del país.

Durante los últimos años, el gobierno de Lorena Cuéllar ha sostenido que la construcción de nuevas plantas de tratamiento y la rehabilitación de infraestructura existente forman parte de la estrategia de saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac-Zahuapan, una de las más contaminadas del país. En distintos anuncios de obra, la administración estatal ha señalado que estas acciones «permitirán reducir la contaminación y contribuir a la recuperación ambiental de ríos y cuerpos de agua que durante años permanecieron en el olvido».

Incluso, durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Tlaxcala en febrero de este año, la gobernadora Lorena Cuéllar afirmó que la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Tecomalucan, en el municipio de Tlaxco, tendría una capacidad de tratamiento de 10 litros por segundo y beneficiaría a 6 mil 840 habitantes, además de que aseguró que el aprovechamiento de agua de reúso sería para riego agrícola.

No obstante, la información entregada por la CEAS, muestra que ese esquema de reúso aún no se refleja en las plantas que actualmente operan en Tlaxco. De los 15 registros reportados por la dependencia, sólo uno descarga al río Zahuapan, siete lo hacen en barrancas sin nombre, dos en canales de riego sin nombre, uno en una zanja, dos mediante infiltración al suelo y uno más en la Cañada Los Baños. En ninguno de los casos se reporta algún tipo de reutilización del agua tratada, por lo que el líquido continúa teniendo como destino final distintos cuerpos receptores naturales.

Por lo que una vez tratada, el agua de estas y de las otras 30 PTAR, tiene como destino principal el río Zahuapan, el río Atoyac, el río Atenco, además de barrancas, lagunas, zanjas y canales de riego.

De acuerdo con la respuesta emitida por la CEAS en  la solicitud de información con folio  292976626000023, las únicas dos plantas que reportan algún tipo de reutilización del agua tratada son una ubicada en el municipio de Tlaxcala, donde el líquido es destinado al riego de áreas verdes, jardines y actividades agrícolas, y otra en Ixtacuixtla, donde el agua tratada tiene como destino el riego de campos agrícolas.

En contraste, las plantas ubicadas en Apetatitlán, Benito Juárez, Calpulalpan, El Carmen Tequexquitla, Emiliano Zapata, Españita, Huamantla, Nativitas, Panotla, San Juan Huactzinco, Tepetitla, Tepeyanco, Tetla de la Solidaridad, Tetlatlahuca, Tlaxco, Tocatlán, Tzompantepec, Yauhquemehcan y Apizaco descargan el agua tratada en cuerpos receptores como el río Zahuapan, río Atoyac, río Atenco, barrancas, lagunas, zanjas y canales.

La respuesta de la CEAS también presenta una inconsistencia. Aunque la solicitud de información incluyó al municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, donde existen dos plantas de tratamiento de aguas residuales, ninguna de ellas aparece en la tabla entregada por la dependencia. Esto significa que no fue posible conocer si el agua tratada en ese municipio se reutiliza o también es descargada en ríos, barrancas o lagunas, como ocurre en la mayoría de los casos reportados.

Barrancas, el lugar más frecuente donde el agua tratada es depositada

Respecto a los datos del destino del agua, la CEAS informó que el destino más frecuente del agua tratada en Tlaxcala son las barrancas. La dependencia reportó al menos 22 descargas en barrancas sin nombre y otras 12 en barrancas identificadas, entre ellas Teopa, Coecillo, El Columpio, Santa Bárbara, Paso Colorado, Xalpatlahuaya, Santa Ana Ríos, La Sabinera, Briones y Ameyales.

Además, 13 plantas descargan en ríos, principalmente el Zahuapan, Atoyac y Atenco; cuatro más lo hacen en las lagunas Atochac y Totolcingo, mientras que otras terminan en zanjas, canales de riego, arroyos o mediante infiltración al suelo.

PTAR cumplen con la norma, pero no resuelven el problema

Para Nancy Wence, investigadora del Centro de Estudios e Investigación en Biocultura, Agroecología, Ambiente y Salud (CEIBAS), las plantas de tratamiento sí cumplen una función dentro de la estrategia de saneamiento al reducir parte de la carga contaminante de las aguas residuales antes de su descarga en ríos, barrancas y lagunas. Sin embargo, advirtió que ello no resuelve el problema de fondo, pues una vez que el agua es liberada vuelve a mezclarse con otras descargas domésticas e industriales que continúan llegando a los cuerpos de agua.

«La lógica que están siguiendo es limpiar parcialmente el agua para poder descargarla en ríos, barrancas o lagunas con una menor carga de contaminación. Lo que están asumiendo es que cumplen con la normatividad para poder desecharla en esos cuerpos de agua»

Al revisar la NOM-001-SEMARNAT-2021, Escenario Tlaxcala encontró que la legislación ambiental permite la descarga de aguas residuales en ríos, lagos y otros cuerpos receptores nacionales, siempre que éstas cumplan con los límites máximos permisibles de contaminantes establecidos en la norma.

Wence señaló que, bajo esa lógica, las plantas permiten que el agua llegue menos contaminada a los cuerpos receptores y reducen parte de los riesgos ambientales y sanitarios asociados a las descargas directas de aguas residuales. 

Sin embargo, ello no significa que se resuelva el problema de contaminación de los ríos, pues el agua tratada vuelve a mezclarse con otras descargas domésticas e industriales que continúan llegando a la cuenca.

«Atender el problema no significa resolverlo»

Wence explicó que el marco normativo está diseñado para que las aguas residuales reciban un tratamiento previo antes de ser descargadas a cuerpos receptores, por lo que las plantas cumplen con esa función. No obstante, una vez que el agua vuelve al río, se mezcla nuevamente con otras fuentes de contaminación.

«Es como barrer mientras alguien sigue tirando basura detrás de ti. Se reduce una parte de la contaminación, pero el agua vuelve a mezclarse con otras descargas contaminadas»

Sobre la efectividad de las Plantas Tratadoras de Aguas Residuales, Nancy Wence agregó que una parte importante de la contaminación de la cuenca Atoyac-Zahuapan proviene de actividades industriales, por lo que consideró que las plantas de tratamiento, por sí solas, difícilmente podrán revertir el deterioro ambiental de los ríos. A su juicio, mientras continúen llegando descargas contaminantes y no existan acciones más contundentes para controlar las emisiones industriales, los esfuerzos de saneamiento tendrán resultados limitados.

«No se puede sanear un río de un lado, mientras por el otro, la industria sigue contaminándolo»

Por ello, consideró que en términos estrictos no puede hablarse de un saneamiento integral de los ríos, sino de una reducción parcial de contaminantes antes de la descarga. Mientras continúen llegando aguas residuales y contaminantes industriales a la cuenca, el problema seguirá reproduciéndose aguas abajo.

La respuesta de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) no incluye los resultados de monitoreo, análisis de laboratorio ni indicadores de calidad que permitan conocer en qué condiciones está siendo descargada el agua tratada, por lo que no fue posible verificar si las descargas cumplen con los parámetros establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-2021.

Al cierre de esta nota, Escenario Tlaxcala presentó nuevas solicitudes de información para conocer los monitoreos realizados por la dependencia, la tecnología utilizada en cada planta de tratamiento y la calidad del agua antes y después de su descarga.


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Con 25 egresados, Tlaxcala consolida la formación profesional en Artes Visuales y Artes Plásticas

Tlaxcala, Tlax.- Veinticinco estudiantes concluyeron la primera generación de la Licenciatura en Artes Visuales y Artes Plásticas de la Escuela de Arte de Tlaxcala (EDART), convirtiéndose en los primeros egresados de este programa académico desarrollado mediante una colaboración entre el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Gobierno del Estado.

La ceremonia de egreso se realizó en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, con lo que concluye el primer ciclo de una licenciatura diseñada para ampliar la oferta de educación artística profesional en Tlaxcala y evitar que jóvenes interesados en las artes visuales tengan que trasladarse a otras entidades para continuar su formación.

El programa académico fue construido de manera conjunta entre la EDART y el INBAL, a través de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas y la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, con el propósito de responder al contexto cultural del estado y fortalecer las capacidades de formación artística en la entidad.

Con este egreso, la Escuela de Arte de Tlaxcala consolida una oferta integrada por tres licenciaturas: Artes Visuales y Artes Plásticas, Música y Arte Textil, esta última considerada pionera en Iberoamérica por su especialización en la preservación, investigación e innovación de las prácticas textiles desde una perspectiva contemporánea.

Las autoridades educativas señalaron que el modelo desarrollado entre Tlaxcala y el INBAL también permitió sentar las bases para la creación de la Licenciatura en Arte Textil y fortalecer los procesos de actualización curricular, acompañamiento docente y vinculación institucional, como parte de una estrategia nacional para ampliar el acceso a la educación artística profesional.

La conclusión de la primera generación representa además un precedente para la formación artística en Tlaxcala, al consolidar un proyecto académico con estándares nacionales y pertinencia regional, orientado a profesionalizar el talento local y ampliar las oportunidades educativas para las nuevas generaciones de artistas.


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Tlaxcala abrirá su Conservatorio Estatal de Música en 2027

Tlaxcala, Tlax.- El estado de Tlaxcala prevé contar por primera vez con un Conservatorio Estatal de Música a partir de agosto de 2027, como resultado de un proyecto desarrollado en coordinación con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). La convocatoria para integrar la primera generación se contempla para marzo de ese mismo año.

Mientras avanza el proceso académico y administrativo, las autoridades estatales proyectan iniciar en diciembre los trabajos de adecuación del inmueble que albergará el nuevo centro de formación artística, cuya sede se mantiene prevista en la Plaza Bicentenario, una vez que el espacio sea desocupado por la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que será reubicada al municipio de Contla.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura estatal, el proyecto contempla no solo aulas especializadas para la enseñanza musical, sino también la construcción de un auditorio con capacidad para mil asistentes, con el objetivo de fortalecer la infraestructura destinada a la formación artística en la entidad.

La dependencia informó que el conservatorio complementará la oferta educativa existente de la Escuela de Música del Estado (EMET), institución que actualmente imparte la Licenciatura en Música y cuya red de enseñanza se ha extendido a 16 municipios mediante talleres comunitarios considerados como espacios de formación inicial para futuros estudiantes de nivel profesional.

El gobierno estatal prevé invertir 44 millones de pesos en infraestructura y equipamiento para el primer Conservatorio Estatal de Música

La creación del conservatorio también busca reducir la necesidad de que jóvenes tlaxcaltecas migren a otras entidades para cursar estudios superiores en música, una situación que suele implicar mayores costos para las familias debido a gastos de transporte, alimentación, alojamiento, colegiaturas y materiales académicos.

En este contexto, la titular de la Secretaría de Cultura, Karen Álvarez Villeda, indicó que la administración estatal mantiene gestiones para consolidar el proyecto y definir de manera definitiva las condiciones de la nueva sede, además de señalar que la apertura dependerá del avance en la liberación del inmueble y de las obras de adecuación previstas para finales de este año.

Como parte de la estrategia de fortalecimiento de la educación artística, la dependencia informó que durante la actual administración se han destinado 44 millones de pesos para infraestructura, equipamiento, estímulos a la creación y mejora de espacios educativos vinculados con la formación cultural en Tlaxcala.


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¿Dónde está el plomo? ¿A quién afecta? ¿Qué daños causa? ¿Vigilan las autoridades?

Cuauhtémoc Arturo Juárez Pérez; Elodia Rojas Lima; Luz Estela Hernández Téllez; Rosalia Fascinetto Dorantes

Una de las sustancias tóxicas más encontradas como contaminante en el ambiente y en muy diversos trabajos, es el plomo. Este es un metal pesado al que se ven expuestos miles de trabajadores y trabajadoras mexicanas y poblaciones que viven aledañas a zonas mineras de extracción de plomo, cobre y plata; los expuestos a los jales mineros, a las fábricas refinadoras de estos metales, y también a los diversos procesos productivos donde se utiliza este metal tóxico como las empresas electrónicas, automotriz, de la construcción, la metalúrgica y municiones, en la producción de blindajes médicos, en artesanías y la alfarería tradicional vidriada con plomo, talleres de reparación de radiadores, empresas recicladoras de baterías usadas y de desechos electrónicos, etc., entre las muy diversas actividades donde se sigue utilizando el plomo.

Este tóxico se acumula en todo nuestro cuerpo, 5% en nuestros tejidos blandos y especialmente en los huesos un 95%. Contribuye a enfermedades cardiovasculares, daño renal, trastornos en el sistema inmunológico; causa daño neurológico y por lo tanto disminución en la memoria, la atención, la concentración y por lo tanto en la capacidad de aprender. Daña a los adultos, pero especialmente a los niños y a las mujeres embarazadas.

La OMS (Organización Mundial de la Salud) ha estimado que el plomo causa entre 1.5 y más de 5 millones de muertes prematuras cada año en el mundo, por enfermedades cardiovasculares relacionadas con este metal pesado; y más del 92% de estas muertes ocurren en países como México. La misma OMS ha señalado que no hay nivel de plomo en sangre (PbS) que sea segura y evite la presencia de los daños a la salud ya señalados.

¿Qué poblaciones se ven mayormente expuestas al plomo en México? Son pocas las evidencias documentadas que nos muestren los niveles de exposición de los trabajadores mexicanos, a pesar de estar asegurados más de 20 millones en el IMSS. La seguridad social, ni la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y tampoco la COFEPRIS, cuentan con un sistema de vigilancia a la salud de los trabajadores ni de las poblaciones en riesgo expuestos al plomo.

Los pocos estudios refieren los siguientes promedios del metal en sangre: trabajadores de una imprenta litográfica 12.3 µg/dL (microgramos por decilitro) de PbS y altas concentraciones de plomo en hueso 25.9 en tibia y 43.3 en rótula mcg/Pbgrhm (1999); en reparadores de radiadores 35.5 µg/dL de PbS (2002); en los y las alfareras del barro vidriado son diversas las concentraciones, en promedio en los adultos 37.9 µg/dL y en sus hijos 22.5 µg/dL de PbS (2022); y cerca de 70 µg/dL de PbS en trabajadores de una empresa recicladora de baterías.

Recientemente se publicaron los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2022), en él se muestran los resultados de 1158 niños y niñas, de 1 a 4 años de edad, una muestra representativa de nuestro país considerando la norma que establece como nivel límite de PbS de <5 µg/dL de PbS, observándose que 16.8% de esta muestra presentó concentraciones iguales o mayores a 5 µg/dL de PbS, estimando que esto representa a 1 407 498 niños y niñas, en estas condiciones de intoxicación; estos mismos presentaron como fuente de exposición al metal pesado, en un 48.3% el uso de alfarería de barro vidriado con plomo para cocinar sus alimentos y en un 51.7% por exposición a la contaminación ambiental y/o por exposición a través de las ropas de algún familiar que estuviera trabajando con plomo.

Las empresas, como las autoridades no desarrollan programas de vigilancia de la salud de los trabajadores formales e informales que manejan plomo en algunos de los diversos procesos mencionado. Es más, no se cuentan con laboratorios públicos donde se midan periódicamente las concentraciones de plomo en la sangre de estas poblaciones ocupacionales y ambientales en riesgo.

Especialmente entre los alfareros y alfareras, en quienes desde hace más de 30 años se ha intentado eliminar el uso de la greta (óxidos de plomo) por esmaltes libre de plomo, lográndose en sólo un 5% de los talleres alfareros de entre los 20 estados y cerca de 50 mil alfareros (FONART) y del cual se requiere un mayor apoyo gubernamental para lograrlo.

Es necesario que las autoridades de salud, seguridad social, del trabajo y ambiente se coordinen y se logre reducir al máximo la exposición al plomo entre los trabajadores formales e informales, así como en las poblaciones de las más de 60 regiones de emergencia ambiental y sanitaria, donde se exponen al plomo y otros cientos de contaminantes tóxicos. 


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Testimonios explican el hueco que deja Yajaira en el INAH-Tlaxcala y narran más casos de violencia institucional

Tlaxcala, Tlax.- El despido de la arqueóloga Yajaira Gómez, responsable de la Zona Arqueológica de Cacaxtla-Xochitécatl, generó cuestionamientos entre activistas, organizaciones comunitarias y especialistas, quienes consideran que su salida implicó la pérdida de una de las principales gestoras de proyectos de vinculación social, gestión cultural y conservación del patrimonio arqueológico en el sur de Tlaxcala.

En este contexto, Escenario Tlaxcala dio seguimiento al caso y recopiló testimonios que no solo destacan las contribuciones de la investigadora en comunidades del sur de la entidad, sino que también exponen problemáticas más amplias relacionadas con la gestión del patrimonio cultural, casos de violencia institucional y el nombramiento de perfiles ajenos a disciplinas especializadas en arqueología, antropología e historia dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), delegación Tlaxcala.

Por un lado, integrantes del Colectivo Cultural Camaxtli señalaron que la arqueóloga Yajaira Gómez mantuvo una estrecha colaboración con organizaciones comunitarias, brindando asesorías, acompañamiento técnico y espacios para el desarrollo de actividades orientadas a la conservación y difusión del patrimonio cultural.

A esta denuncia se suma el relato de una profesionista que describió prácticas de violencia institucional y epistémica dentro de los procesos de evaluación y selección del Centro INAH Tlaxcala, refiriendo que, durante un examen de oposición realizado en 2024 para una plaza de investigación, fuera cuestionada con preguntas de carácter personal ajenas a la evaluación de sus capacidades académicas y técnicas.

Los entrevistados también expresaron preocupación por el perfil del actual titular del Centro INAH Tlaxcala, Vicente de la Rosa Herrera. Señalaron que su formación académica no corresponde a disciplinas vinculadas con la investigación y conservación del patrimonio arqueológico o antropológico, por lo que consideran indispensable que estos cargos sean ocupados por perfiles especializados en arqueología, antropología, etnología e historia.

Las denuncias recopiladas apuntan a un debate más amplio sobre la protección del patrimonio cultural, las condiciones laborales dentro de las instituciones encargadas de su resguardo y el papel de la especialización académica en la toma de decisiones institucionales.

Una gestión que priorizó la vinculación comunitaria y social

El trabajo de la arqueóloga Yajaira Gómez al frente de la Zona Arqueológica de Cacaxtla-Xochitécatl es reconocido por colectivos y activistas como una gestión que priorizó la vinculación comunitaria, la innovación técnica y la defensa del patrimonio cultural, pese a las limitaciones institucionales que enfrentó durante su cargo.

En entrevista, Ana Gabriela Rojas, integrante del Colectivo Cultural Camaxtli, señaló que uno de los principales aportes de la arqueóloga fue transformar la relación entre la institución y la sociedad, impulsando una estrategia de acercamiento con habitantes, colectivos y productores locales de municipios como Nativitas, Zacatelco o Papalotla, fortaleciendo la participación comunitaria en torno al patrimonio arqueológico.

De acuerdo con la entrevistada, su trabajo se reflejó en las labores de restauración en la zona arqueológica y en la construcción de redes de colaboración con diversos actores sociales, lo que permitió una participación más activa de la comunidad en la protección y apropiación de estos espacios. Además, destacó la implementación de proyectos orientados a la inclusión de sectores históricamente excluidos, como personas sordas y con discapacidad visual.

Por su parte, Gustavo Juárez, también integrante del Colectivo Cultural Camaxtli, sostuvo que Yajaira Gómez dejó una huella marcada por la sensibilidad hacia la comunidad y un enfoque humanista que trascendía sus funciones técnicas, afirmando que promovió la apropiación del sitio por parte de los habitantes de la región.

El activista subrayó que la comunidad fue la que originalmente descubrió las pinturas de Cacaxtla y, por ello, debía tener un papel protagónico en el resguardo del sitio. Añadió que durante su gestión se priorizó el cuidado y resguardo de las tradicionales locales, como la festividad del 3 de mayo, cuando pobladores colocan una cruz en lo alto del basamento piramidal de Xochitécatl.

Asimismo, señaló que durante su gestión el sitio mantuvo estándares de curaduría en los museos de sitio, así como condiciones adecuadas de higiene y mantenimiento, acompañadas de una labor constante de investigación.

Casos de violencia institucional dentro del INAH Tlaxcala

Como ejemplo del ambiente que prevalece dentro de la institución, Ana Gabriela Rojas compartió que, las mujeres que ocupan cargos de responsabilidad suelen enfrentar cuestionamientos sobre su capacidad profesional. En ese sentido, mencionó expresiones como «Seguro ya llegaste ahí porque te metiste con quién sabe quién» así como diversos señalamientos dirigidos hacia la arqueóloga Yajaira Gómez, los cuales identificó como manifestaciones de violencia de género.

De acuerdo con la integrante del Colectivo Cultural Camaxtli, la postura feminista asumida por Yajaira Gómez como investigadora y funcionaria también fue utilizada para desacreditar su trabajo dentro de la institución. Como ejemplo, refirió expresiones como «Claro, como es feminista te está ayudando», las cuales eran utilizadas para descalificar sus decisiones y cuestionar la validez de sus argumentos técnicos. Rojas sostuvo que esta perspectiva fue empleada por algunos trabajadores y actores vinculados al INAH para invalidar su autoridad profesional, minimizar sus aportaciones y desestimar criterios sustentados en su experiencia y trayectoria académica.

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Asimismo, afirmó que esta dinámica también se reflejó en la relación entre el INAH y el Colectivo Cultural Camaxtli, tras la denuncia de la siembra de árboles en basamentos prehispánicos del municipio de Papalotla. De acuerdo con su testimonio, la arqueóloga Yajaira Gómez respaldó técnicamente las observaciones del colectivo; sin embargo, la respuesta institucional habría buscado desestimar el procedimiento al negar la existencia de irregularidades.

La entrevistada también describió un contexto de precarización laboral durante la gestión de Gómez, al señalar que la arqueóloga operó con recursos limitados, falta de personal y equipo, mientras que alertas técnicas sobre posibles afectaciones al patrimonio no fueron atendidas por autoridades del Centro INAH Tlaxcala.

En este contexto, sostuvo que la salida de Yajaira Gómez no puede entenderse únicamente como una decisión administrativa, sino como parte de un proceso de violencia laboral y de género bajo la dirección del Centro INAH Tlaxcala, Vicente de la Rosa.

Por otra parte, una investigadora que solicitó anonimato relató experiencias que, desde su perspectiva, evidencian violencia institucional dentro del Centro INAH Tlaxcala durante concursos para plazas de investigación.

De acuerdo con su testimonio, en 2024 participó en un examen de oposición ante un jurado integrado por tres hombres, donde recibió cuestionamientos que consideró despectivos y ajenos a la evaluación académica y que referían a su persona como a trabajo de investigación:

“de esas mujeres que les gustaba llevarle la contraria a los profesores” aseguró.

Indicó que, pese a la argumentación de su proyecto, fue cuestionada por la ausencia de ciertos autores que el jurado consideró como «importantes» dentro de la investigación, lo que consideró como violencia epistémica. Asimismo, denunció recibir preguntas de carácter personal, entre ellas, recibió afirmaciones como:

“Yo les estaba contando que en mi trabajo de campo había danzado en una de las comunidades del estado de Tlaxcala y recuerdo que otro de los jurados me preguntó si había alcanzado el éxtasis bailando”, afirmó.

Cuestionamientos a la gestión y condiciones laborales dentro del INAH

Integrantes del Colectivo Cultural Camaxtli señalaron que la gestión de Vicente de la Rosa al frente del Centro INAH Tlaxcala se ha caracterizado por deficiencias técnicas y administrativas asociadas a la falta de formación en áreas como antropología y arqueología.

De acuerdo con los entrevistados, las críticas derivan de su formación como abogado y de la percepción de que no cuenta con la preparación especializada necesaria para dirigir una institución de investigación, lo que limita la comprensión de aspectos técnicos del patrimonio cultural.

“Esclavitud administrativa” y precarización laboral

Mientras tanto, el arqueólogo Fernando Cortés afirmó que existe una problemática estructural en el INAH a nivel nacional, la cual definió como una “esclavitud administrativa”, derivada de esquemas de contratación mediante terceros que evitan relaciones laborales directas.

Cortés explicó que este modelo ha generado precarización laboral, retrasos en pagos, acoso, sobrecarga de trabajo y falta de garantías laborales, lo que calificó como un “verdadero desastre nacional”.

Añadió que en distintos estados se han designado directivos sin formación especializada en disciplinas afines a la antropología, arqueología, historia o etnología, mencionando entre ellos Tabasco, Puebla, Hidalgo y Quintana Roo.

Por su parte, Gustavo Juárez señaló que los recortes al sector cultural han generado condiciones laborales precarias para trabajadores, artistas y talleristas, además de incidentes derivados del deterioro de la infraestructura en espacios culturales.

Asimismo, indicó que la falta de recursos humanos y económicos ha obligado al personal a asumir funciones fuera de sus responsabilidades. Como ejemplo, mencionó que en el Museo de Sitio de Xochitecatl algunos trabajadores han tenido que realizar tareas vinculadas con la investigación arqueológica para cubrir la falta de personal especializado.

Los testimonios coinciden en describir un escenario marcado por limitaciones presupuestales, déficit de personal y cuestionamientos sobre los perfiles designados para dirigir algunas representaciones estatales del instituto.

Las razones detrás del rechazo al PODECIBI en San Pedro Ecatepec

Por: Paola Torres Nahuatlato y Adrián Meléndez

Tlaxcala, Tlax.- La falta de transparencia en la presentación del proyecto, el temor a una mayor contaminación ambiental, la negativa a seguir viviendo entre la basura y la desconfianza hacia las autoridades son las principales razones por las que habitantes de San Pedro Ecatepec, comunidad del municipio de Atlangatepec, rechazan la instalación del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECEBI), proyecto impulsado por el Gobierno de México y promovido en Tlaxcala por la Secretaría de Medio Ambiente (SMA).

Los hechos del 24 de junio, cuando un operativo de seguridad estatal terminó con el uso de la fuerza contra habitantes que impedían el ingreso de personal encargado de realizar mediciones del terreno y estudios técnicos y ambientales para el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto, colocaron el conflicto en el centro de la discusión pública.

Mientras el Gobierno del Estado sostuvo que las acciones buscaban continuar con los estudios previos para evaluar la viabilidad del PODECEBI, la comunidad afirmó que dichos trabajos comenzaron sin información suficiente, sin acuerdos previos y pese al rechazo expresado durante semanas.

El PODECEBI forma parte de la estrategia federal para impulsar polos de desarrollo basados en la economía circular. En Tlaxcala, el proyecto comenzó a tomar forma desde finales de 2025, cuando la Secretaría de Medio Ambiente anunció el cierre de los tiraderos a cielo abierto de Panotla y Huamantla como el primer paso hacia un nuevo modelo de gestión de residuos.

En distintas entrevistas, el titular de la dependencia, Pedro Aquino Alvarado, explicó que la intención es sustituir progresivamente el entierro de residuos por un parque industrial donde empresas privadas aprovechen materiales reciclables, reduciendo el gasto público destinado a los rellenos sanitarios.

Sin embargo, detrás de las imágenes del operativo del 24 de junio existe una historia que comenzó meses antes y que, de acuerdo con habitantes entrevistados por Escenario Tlaxcala, explica por qué la comunidad decidió oponerse al proyecto incluso antes de que iniciaran los estudios técnicos.

“El proyecto se llevó con total opacidad desde el día cero”

Escenario Tlaxcala entrevistó a diversos habitantes de San Pedro Ecatepec, quienes solicitaron mantener en reserva su identidad por temor a represalias. Aunque sus testimonios fueron recabados por separado, coinciden en un punto, que el rechazo no surgió por desinformación, sino por la forma en que el proyecto fue presentado. Una de las habitantes asegura que la comunidad comenzó a enterarse del PODECEBI mediante rumores de personas que trabajaban en el predio donde se pretende construir la planta.

“El proyecto se llevó con total opacidad desde el día cero. Nunca nos informaron realmente qué pretendían hacer. Todo fue por rumores.”

Recuerda que durante varios meses escucharon versiones sobre la venta de terrenos y la posible construcción de un nuevo basurero, aunque inicialmente consideraron poco probable que otro complejo de residuos se instalara tan cerca de la población.

“Yo decía: no creo que vayan a poner un basurero tan cerquita de la población.”

Cuando finalmente se realizó una reunión informativa, los habitantes aseguran que las explicaciones no resolvieron sus dudas. En esa asamblea, encabezada por funcionarios estatales y por Rubén Zarco Novelo, exencargado de despacho del Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE) de Nuevo León y asesor técnico del proyecto en Tlaxcala, se explicó que el complejo reciclaría prácticamente la totalidad de los residuos, sin embargo, la población cuestionó esa afirmación.

“Nos dijo que iba a reciclar el cien por ciento de la basura. Se lo preguntamos varias veces y volvió a responder que sí. Es algo ilógico que el cien por ciento de la basura se recicle.”

La incertidumbre aumentó cuando, durante la misma explicación, se les informó que el proyecto tardaría alrededor de dos años en comenzar a operar plenamente, mientras que desde el inicio comenzaría a recibir residuos provenientes de otros municipios.

“¿Cómo nos iban a decir que primero iban a traer basura durante dos años y después empezarían a reciclarla? Para nosotros eso significaba un basurero a cielo abierto.”

Vivir junto a un basurero explica buena parte del rechazo Los testimonios coinciden en que la oposición no obedece únicamente a la falta de información. Los habitantes recuerdan que desde hace años conviven con el Relleno Sanitario de Atlangatepec, el cual recibe residuos provenientes de la mayor parte del estado. Para ellos, esa experiencia explica por qué reaccionaron con preocupación cuando conocieron el PODECEBI.

“Lo primero que detecta uno al salir de casa es el olor. Es un aroma insoportable.”

Además de los malos olores, aseguran haber observado escurrimientos de lixiviados, barrancas con agua oscura y afectaciones visibles en parcelas cercanas al relleno sanitario, pues «Las barrancas ya llevan agua negra, como si tuvieran aceite. Las milpas terminan pardas, negras, por todo lo que sale del basurero».

Otra de las preocupaciones es el agua, liquido vital de San Pedro Ecatepec

De acuerdo con los habitantes entrevistados, el predio donde se proyecta instalar el PODECEBI se encuentra a menos de un kilómetro de la comunidad y el pozo que abastece a la población está aproximadamente a 700 metros del sitio.

“Si los lixiviados llegan al agua, ya no sólo sería un problema para San Pedro Ecatepec; serían muchos municipios los afectados.”

También consideran que el impacto podría extenderse a comunidades cercanas como Santa María Tepetzala, Villa de las Flores, San Francisco, Chipila, Morelos, Muñoz, Zumpango y Atlangatepec, además de otros municipios vinculados con la cuenca del río Atoyac.

Lo que ocurrió el 24 de junio

Los habitantes sostienen que el operativo del 24 de junio fue consecuencia de un conflicto que ya existía. Ese día, personal vinculado al proyecto acudió para realizar mediciones del terreno y otros estudios técnicos y ambientales. Los entrevistados afirman que esos trabajos comenzaron sin previo aviso a la comunidad ni a la comisión que la representa.

“Nosotros buscamos el diálogo. Fuimos nosotros quienes buscamos a la gobernadora para que nos escuchara.”

Mencionan que, tras varias reuniones con autoridades, continuaban sintiendo que sus planteamientos no eran atendidos.

“Nos escuchan, pero nos ignoran. Nos tratan como si fuéramos unos ignorantes.”

Respecto a la versión oficial sobre una presunta privación de la libertad de trabajadores, rechazan esa narrativa.

“Nunca estuvieron secuestrados. Ellos estaban dentro del predio y nosotros afuera porque es propiedad privada.”

Posteriormente arribaron elementos de seguridad estatal. Los habitantes aseguran que la intervención derivó en golpes contra manifestantes y el uso de gas lacrimógeno.

“Golpearon a adultos mayores, mujeres y hasta niños. Sin deberla ni temerla nos atacaron.”

Otra de las entrevistadas recuerda que incluso personas que no participaban directamente en la confrontación resultaron afectadas.

“Yo estaba lejos y aun así sentía que no podía respirar. Te arden los ojos, la cara… fue algo horrible.”

Un conflicto construido por la falta de información Para los habitantes, el operativo del 24 de junio fue el desenlace de un proceso de comunicación que consideran fallido. El primer acercamiento formal ocurrió el 17 de mayo, cuando autoridades estatales convocaron a una asamblea pública para presentar el proyecto.

Durante esa reunión participó Rubén Zarco Novelo, quien preguntó a los asistentes si alguna vez se habían cuestionado a dónde iba la basura después de que pasaba el camión recolector.

La pregunta provocó molestia inmediata

Los habitantes respondieron que ellos conocen perfectamente el destino de los residuos porque durante años han vivido junto al relleno sanitario que recibe basura de la mayor parte del estado.

Además, reclamaron que nunca se explicaron aspectos fundamentales del proyecto, como la capacidad de procesamiento, el número de camiones que circularían diariamente, las empresas participantes, las dimensiones del complejo o los estudios ambientales que justificarían su instalación.

Semanas después, el 15 de junio, autoridades estatales y federales sostuvieron una primera mesa de diálogo con la comunidad. En ella participaron representantes de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Económico, el Fideicomiso de la Ciudad Industrial Xicohténcatl y la Secretaría de Medio Ambiente. Durante esa reunión, los habitantes insistieron en que el problema no era la falta de información de la comunidad, sino la falta de claridad por parte de las autoridades.

“No estamos desinformados; aquí ya vinieron a presentarnos un proyecto que no tenía ni pies ni cabeza. Nadie nos ha consultado.”

Los pobladores también cuestionaron que, mientras el Gobierno sostenía que todavía no existía un proyecto definitivo, ya se hablaba públicamente del PODECEBI y se realizaban gestiones relacionadas con el predio.

Por su parte, el secretario de Medio Ambiente, Pedro Aquino Alvarado, respondió que aún no existe un proyecto concluido y que primero deben realizarse estudios técnicos y ambientales para determinar la viabilidad del sitio.

Explicó que únicamente después de esa etapa podría emitirse una convocatoria pública para desarrollar el proyecto. Sin embargo, nueve días después comenzaron precisamente esos estudios en medio de un operativo que terminó con enfrentamientos entre habitantes y fuerzas estatales.

Al día de hoy, los testimonios recabados por Escenario Tlaxcala muestran que el rechazo de San Pedro Ecatepec no nació el 24 de junio. Para quienes viven en la comunidad, comenzó meses antes, entre rumores, reuniones que consideran insuficientes y una profunda desconfianza hacia un proyecto que, aseguran, todavía no responde las preguntas fundamentales sobre su impacto ambiental y social.


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La cotidianidad de las mujeres: Unidad nacional y temas prioritarios. Las buscadoras.

Unidad nacional y temas prioritarios. Las buscadoras.

Por Elsa Cordero Martínez

Es probable que hoy el tema en la convivencia diaria, tendrá que ver con el partido de ayer en el que México ganó 3-0 a su rival, y el pase a la siguiente ronda, teniendo como antecedente que no le metieron ningún gol a nuestro equipo nacional.

Hace unos días vivimos la unidad de todas las personas del país, en la inauguración del mundial de fútbol 2026, en una ceremonia en la que seguramente coincidimos al ponerse “chinita la piel” al entonar de pie el Himno Nacional, al ver nuestra Bandera y  al lucir de manera muy vistosa la tradición y la riqueza cultural de nuestro país.

Confieso mi conocimiento superficial y nada experto en temas futbolísticos y que mi interés al ver los partidos en los que juega la selección mexicana, es causado por  esa sensación de pertenencia y de representatividad de un equipo tricolor,  de la anfitrionía nacional a muchos países del mundo. 

Llamó mi atención que de 170 árbitros en el 2026, solo 5 son mujeres, el mayor número de árbitras que se tiene en la historia deportiva, el 2.94%.

Un tema que fue referencia también ante las preparativos para estas inauguraciones mundialistas, fue la presencia de grupos de choque del giro magisterial y la importante presencia de madres buscadoras, cuya cruel realidad e inimaginable impotencia, las hace recurrir a los espacios donde sus exigencias puedan tener eco, pero sobre todo la presencia estatal para dar seguimiento a este flagelo que amerita estrategias prontas y eficaces, iniciando necesariamente como debe atenderse cualquier problema, con reconocer la  existencia y magnitud del mismo.

Qué mejor espacio de atención nacional que este en el que se encuentran multitudes atentas de partidos deportivos, para hacer escuchar su voz.

Criticar sus exigencias, restringir sus derechos para exigir su acceso a la justicia, o minimizar su presencia, muestra que la estrategia para atender la problemática está siendo errada, pues no se está partiendo del principio. 

México  en 2025 recibió recomendaciones del Comité CEDAW ante el 10º. Informe Periódico en los que destacan el rubro 22,  al atender el tema  sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos,  observó con preocupación que la atención prestada por la Comisión a las “buscadoras” es insuficiente, y que no hay  un diálogo adecuado y seguro con estos grupos, por eso  el comité de expertas  recomienda que la CNDH  “dé prioridad y apoye a las mujeres que buscan a personas desaparecidas y a las mujeres víctimas de amenazas, desapariciones u homicidios, así como a sus familias, entre otras cosas mediante dependencias especializadas y protocolos y medidas adaptados a sus necesidades específicas de protección”. 

Al abordar el rubro de Mujeres afectadas por formas interseccionales de discriminación, y en concreto al atender lo relativo a Defensoras de los derechos humanos y buscadoras destacan los puntos 57 y 58 en los que el Comité está especialmente preocupado por la situación de las buscadoras, predominantemente son madres, hijas y esposas quienes buscan a personas desaparecidas, mujeres que enfrentan violencia,  discriminación,  persecución basada en el género, rechazo institucional,  disuasión  e incredulidad arraigados en la discriminación de género y en los prejuicios sobre la credibilidad y el papel de las mujeres. 

Al organismo internacional  “le alarma” que “la labor de las buscadoras a menudo no se reconozca como una labor de defensa de los derechos humanos, lo que crea obstáculos para los mecanismos de protección a pesar de las iniciativas de verdad y justicia”. 

Destaca que la crisis de las desapariciones forzadas coincide con el aumento constante de violencia letal que enfrentan las buscadoras.

Por eso a México se le recomienda que reconozca formalmente a las buscadoras como una categoría especial de defensores de los derechos humanos, estableciendo normas mínimas a nivel nacional para la definición y las medidas de protección de las buscadoras, velando por una protección mínima uniforme en todos los estados, y extendiendo a las buscadoras la protección otorgada a los defensores de los derechos humanos para  asegurar su inclusión en los mecanismos de protección.  Ordena el establecimiento de un sistema de recopilación y monitoreo de datos y  la aplicación  de medidas de protección que comprenda la naturaleza generizada de la violencia contra las buscadoras.

También propone el establecimiento de  programas de reparación sensibles al género en los que se reconozca a las buscadoras como víctimas de diversos tipos de violencia, que incluyan atención de salud mental y  apoyo psicosocial adecuados , pues deben abordar los efectos psicológicos que causa la incertidumbre continuada sobre el paradero de las personas familiares desaparecidas, previniendo la victimización secundaria.  Expresa la propuesta para incluir sistemáticamente a las buscadoras en los procesos de búsqueda de la verdad y memorialización.

El país entero debe rendir cuentas sobre estas recomendaciones puntuales, no solo dando informes, sino ejecutando acciones concretas y dando resultados, por lo que sitiar a las buscadoras e impedirles su derecho de manifestación, y tratar de tapar el sol con un dedo, no parece una estrategia adecuada.

Queremos cotidiano.  Un país que celebra como sede encuentros muldialistas en  alegría, unidad y con el orgullo de pertenecer a esta tierra, y que con ese enjúndia respalde la atención responsable de un problema nacional,  pues nadie merece el dolor de la incertidumbre sobre la suerte de una persona familiar desaparecida y además ser víctima de violencia insitucional.


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81 millones de pesos en videovigilancia: los contratos y pagos de Tlaxcala a Seguritech

Tlaxcala, Tlax.- A partir del análisis de registros fiscales, contratos públicos, actas corporativas y documentos financieros, la investigación Rentabilidad del miedo documentó que el Gobierno de Tlaxcala destinó al menos 81 millones de pesos en videovigilancia a Seguritech, empresa encargada de operar sistemas de seguridad en la entidad.

El trabajo, realizado por PopLab y CONNECTAS, expone cómo distintos gobiernos estatales en México han canalizado recursos multimillonarios a compañías de seguridad mediante adjudicaciones directas y esquemas con limitada transparencia. Tlaxcala no fue la excepción, pues los registros analizados muestran pagos relacionados con la implementación y operación de tecnologías de vigilancia, incluido un sistema de reconocimiento facial.

Aunque la administración encabezada por Lorena Cuéllar Cisneros clasificó como reservada la información relacionada con estos sistemas, los montos identificados por ambos medios fueron reconstruidos mediante la revisión de registros financieros internos y documentación corporativa.

La investigación también señala que Seguritech, considerada una de las principales proveedoras de tecnología de seguridad para gobiernos en México, ha recibido al menos 52 mil millones de pesos en contratos celebrados con 37 administraciones estatales y municipales desde 2012.

Los hallazgos cobran relevancia debido al alcance de las herramientas contratadas, identificando un sistema de reconocimiento facial que, de acuerdo con la investigación, fue utilizado por autoridades estatales en noviembre de 2025 para identificar a activistas  que participaron en actos de iconoclasia en el mausoleo a los 500 años de la fundación de Tlaxcala, lo que derivó en indagatorias por parte de la Fiscalía local.

La opacidad de los 81 millones de pesos en videovigilancia

Durante la administración encabezada por Lorena Cuéllar Cisneros se ha documentado el uso de tecnologías de videovigilancia para el monitoreo e identificación de participantes en movimientos sociales, en un contexto marcado por cuestionamientos sobre la transparencia de los recursos destinados a los sistemas de seguridad estatal.

La investigación Rentabilidad del miedo detalla que el gobierno de Tlaxcala realizó pagos por más de 81 millones de pesos a Seguritech, equivalentes a aproximadamente 4.5 millones de dólares. De acuerdo con los hallazgos, parte de estos recursos se destinaron a la implementación de un sistema de vigilancia con reconocimiento facial.

Y es que uno de los casos documentados ocurrió en noviembre de 2025, cuando autoridades estatales utilizaron esta tecnología para identificar a activistas que participaron en actos de iconoclasia contra la cápsula del tiempo instalada sobre el bulevar Guillermo Valle, en el marco de la conmemoración por los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala en octubre del mismo año.

La crónica periodística realizada por nuestro equipo editorial refieren que el 9 de noviembre un grupo de activistas intervino el monumento, lo que derivó en la activación de mecanismos de identificación operados por el C5i (Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia).

La actuación de las autoridades se destacó por la rapidez con la que fueron identificadas las personas involucradas, pues apenas un día después de los hechos, el Gabinete de Seguridad y el C5i difundieron información sobre los presuntos responsables, evidenciando la capacidad operativa de los sistemas tecnológicos empleados por el gobierno estatal.

Sin embargo, los detalles financieros relacionados con estos sistemas permanecieron fuera del escrutinio público. De acuerdo con la investigación, la información no fue obtenida mediante mecanismos de transparencia gubernamental, sino a través del análisis de registros financieros internos y comprobantes fiscales recabados por PopLab y CONNECTAS.

Y es que el caso de Tlaxcala se suma a los ejemplos documentados sobre el uso de herramientas de vigilancia en contextos caracterizados por bajos niveles de transparencia y escasos mecanismos de control democrático. Según la investigación, estas tecnologías pueden terminar siendo utilizadas para fines distintos a los que justificaron su adquisición, como ocurrió con la identificación de activistas feministas tras los actos de iconoclasia registrados en la entidad.

Sobre este panorama, Bernardo León Olea, consultor en seguridad y exfuncionario en áreas de inteligencia, advirtió que este tipo de sistemas implica diversos riesgos, entre ellos, señaló los altos costos asociados a su implementación, la posibilidad de que el sector de la seguridad se convierta en un espacio propicio para negocios poco transparentes y la adquisición de tecnologías bajo argumentos de seguridad sin una adecuada rendición de cuentas.

Asimismo, alertó sobre la capacidad de estas herramientas para recopilar y procesar información de amplios sectores de la población, incluso para usos distintos a los originalmente planteados.

La apuesta por el C5i

La construcción del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) fue presentada por el gobierno estatal como una de las principales inversiones en materia de seguridad pública durante la administración de Lorena Cuéllar Cisneros.

Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado en 2023, el entonces titular de la Secretaría de Infraestructura, Alfonso Sánchez García —actual alcalde con licencia del municipio de Tlaxcala—, aseguró que el proyecto representaría una inversión cercana a los 300 millones de pesos y contribuiría al fortalecimiento de la seguridad y la estabilidad de la entidad.

Posteriormente, el gobierno estatal inauguró y dio a conocer una inversión reportada de 293 millones de pesos, además de otros 100 millones destinados a la adquisición de cámaras de videovigilancia. En el acto participaron la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

De acuerdo con las autoridades, el C5i fue concebido como el eje rector de la estrategia estatal de seguridad. Entre sus principales funciones se encuentra la atención de llamadas de emergencia a través de las líneas 089 y 911, así como la coordinación de herramientas tecnológicas orientadas a mejorar la capacidad de respuesta ante hechos delictivos.

La red empresarial detrás de Seguritech

Seguritech fue fundada en 1995 por Simón Picker Gottlieb, padre de Ariel Picker Schatz, quien actualmente dirige la compañía. De acuerdo con la investigación, la empresa inició operaciones en el sector inmobiliario, pero posteriormente orientó sus actividades hacia el negocio de la seguridad y las alarmas vecinales.

A lo largo de tres décadas, la familia Picker Schatz y sus colaboradores más cercanos han conformado una extensa red corporativa. La investigación documentó la creación de al menos 63 empresas vinculadas a este grupo, de las cuales 29 mantienen relación con el corporativo Seguritech Integral Security.

En la actualidad, la compañía se ha consolidado como una de las principales proveedoras de tecnología de seguridad para gobiernos estatales y municipales. Entre sus servicios se encuentran la instalación, operación y mantenimiento de sistemas de videovigilancia, centros de control C5, plataformas de análisis de datos, drones y herramientas de reconocimiento facial.

Un modelo de negocio basado en contratos públicos

La investigación realizada por POP Lab y CONNECTAS también identificó una serie de prácticas que han permitido a Seguritech consolidarse como una de las principales proveedoras de tecnología de seguridad y mantener presencia en distintos gobiernos estatales y municipales desde 2012.

Entre los hallazgos destaca que el 97 por ciento del monto total de los contratos obtenidos por la empresa fue asignado mediante adjudicación directa, un mecanismo que evita la competencia abierta bajo argumentos relacionados con la seguridad pública.

Asimismo, el corporativo ha operado mediante una red de empresas vinculadas que participan en distintas etapas de los proyectos contratados. De acuerdo con la investigación, algunas de estas compañías reciben pagos por gestión o «éxito de proyecto» que oscilan entre el 4 y el 50 por ciento del valor de los contratos, porcentajes superiores a los estándares habituales del mercado.

Otro de los elementos identificados son las cláusulas de confidencialidad incluidas en diversos convenios, las cuales pueden extenderse hasta por diez años. Además, algunos contratos establecen que la empresa no será responsable por fallas técnicas en equipos considerados innovadores, trasladando parte de los riesgos operativos a las instituciones públicas contratantes.

La dependencia de recursos gubernamentales es otro rasgo central del modelo de negocio. Según los hallazgos, el 95 por ciento de los ingresos de Seguritech Privada proviene de contratos financiados con recursos públicos.

En este contexto, los más de 81 millones de pesos identificados en Tlaxcala forman parte de una estructura empresarial que, durante más de una década, ha construido su crecimiento a partir de recursos públicos, contratos de seguridad y mecanismos que, según la investigación, han operado bajo amplios márgenes de discrecionalidad y limitada transparencia.


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