Tlaxcala, Tlax. El feminicidio de Ana Laura López, originaria del municipio de Huamantla, parece ser un caso más de omisión por parte de las autoridades estatales quienes han sido las responsables de las múltiples violaciones en materia de derechos humanos de Laura.

El pasado 4 de abril, Ana Laura López quien dos días antes había cumplido 23 años, desapareció en el trayecto de Huamantla a Apizaco. De acuerdo con las declaraciones de su padre, Ana Laura salió para ir de compras. Sin embargo minutos antes de que desapareciera, logró decirle a una de sus hermanas que dos hombres, la iban siguiendo. Desde entonces no se supo más sobre su paradero.

El 6 de abril sus familiares acudieron a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y No Localizadas a reportar su desaparición. En esos momentos se emitió un boletín con su foto y características.

A pesar de las protestas y los múltiples esfuerzos de sus familiares por encontrar a Ana Laura, el pasado miércoles 14 de junio la Fiscalía confirmó que los restos encontrados en Terrenate correspondían a ella.

Desaparición de mujeres, una violación a los derechos humanos

El caso de Laura – al igual que los de otras mujeres en la misma situación – nos permite visibilizar las múltiples violaciones a los derechos humanos. La desaparición y muerte de Laura evidencia que las mujeres aún no pueden vivir una vida libre de violencia.

La primer violación a los derechos que vivió Laura, fue el derecho a la vida. En principio, cuando se habla de temas de desaparición forzada, se viola el derecho a la vida, o la pone gravemente en peligro. De acuerdo con el folleto informativo Desapariciones forzadas o involuntarias, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; los Estados tienen la obligación de tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales y de otro tipo eficaces para prevenir o erradicar los actos de desaparición forzada.

En ese sentido, todo acto de desaparición forzada constituye una violación de las normas del derecho internacional que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas, el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho a la libertad y a la seguridad personales y el derecho a no ser sometido a tortura ni a otras penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes.

Dejando claro que el Estado no garantiza que las mujeres puedan transitar con libertad en los espacios públicos, como lo fue el caso de Ana Laura.

Sin perspectiva de género en las búsquedas de mujeres desaparecidas

A pesar de que en 2018 en Tlaxcala se haya decretado la Alerta de Género, no garantiza que cuando las mujeres desaparecen en la entidad, se activen protocolos de búsqueda con perspectiva de género.

Pues la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y No Localizadas en Tlaxcala no ha logrado un enfoque diferenciado para la búsqueda e investigación cuando las víctimas directas son mujeres.

Esto ha originado que Laura, durante su desaparición, se viera expuesta a violencia de género, trata de personas y feminicidio. El que no haya perspectiva de género es una violación a los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. 

El pasado 26 de abril la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE), Ernestina Carro Roldán, dio una conferencia de prensa en donde reafirmó su compromiso con la familia de Laura, para poder localizar a Laura con vida.

Sin embargo, las búsquedas no apuntaban a que fuera así; pues éstas se dieron en terrenos baldíos, donde generalmente a las víctimas se les localiza sin vida. Además de que los padres estuvieron expuestos a que las búsquedas no tuvieran éxito, esto en primer lugar porque se les citaba cuatro horas antes de que las autoridades correspondientes llegaran al lugar; además de que no contaban con las herramientas necesarias para una búsqueda.

Autoridades policiacas de Tlaxcala todavía ocupan la tortura, una violación más a los derechos humanos

Durante la investigación por parte de la PGJE, Juan Carlos N. -originario de Terrenate y quien supuestamente fue pareja de Ana Laura- se convirtió en el principal sospecho de su desaparición, por lo que se giró una orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con las investigaciones por parte de la PGJE, Juan Carlos N. en ese momento era la única vía para poder localizar el paradero de Ana Laura, sin embargo al momento de ser detenido por autoridades policiacas de la Unidad de Investigación de Delitos de Alto Impacto, lo golpearon hasta originarle muerte cerebral.

Este tipo de prácticas como la tortura actualmente son castigadas en un margen de carácter internacional; sin embargo, este caso nos deja ver que en Tlaxcala estas acciones que vulneran a las personas, se sigue usando. Lo que puede ser contraproducente para las víctimas.

Siguiendo a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la tortura es una violación grave a los derechos humanos, pues tiene la finalidad de provocar dolores y/o sufrimientos en una persona con la intención de obtener información, una confesión, para una investigación criminal.

De acuerdo con la ONU existe una prohibición absoluta en la Declaración Universal de Derechos Humanos que es aceptada de forma universal e inequívoca: la prohibición de la tortura consignada en el Artículo 5.

Este tipo de acciones solo perjudicaron la búsqueda de Ana Laura, pues para ese momento perdieron la única vía para su localización.

Hasta el momento existe otra carpeta de investigación abierta para poder castigar a los oficiales que cometieron esta violación a los derechos humanos.

No es clasificado como feminicidio, otra vez

Por último y como es bien sabido, en Tlaxcala, las muertes de mujeres tampoco son investigadas con perspectiva de género; y en el caso de Laura, se sigue la misma línea.

A pesar de que México haya firmado todos los convenios internacionales que aseguren que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia – en los que Tlaxcala también está adscrita- al momento de realizar las investigaciones sobre mujeres que son localizadas sin vida, no se tipifican como feminicidio.

Con información de Edith Méndez, directora del Colectivo Mujer y Utopía, hasta el momento la PGJE no ha tipificado la muerte de Ana Laura como feminicidio hasta que se presente alguna razón de género.

Las autoridades no contemplan al Código Penal Federal; documento que especifica que se considera como feminicidio cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público o cuando haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza.

El caso de Ana Laura también es evidencia de las múltiples violaciones en materia derechos humanos que se repiten cuando las víctimas son mujeres. Impidiendo así que puedan acceder a una vida libre de violencia.

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