Para una rápida aprobación de la ciudadanía por parte de las y los diputados locales – y en busca de remarcar el cambio a su llegada -, los 25 legisladores indicaron por unanimidad una serie de cambios radicales. Entre ellas, destaca una transformación en el acceso al recinto legislativo con el derribo de los denominados “muros de la Ignominia”.
Dicha iniciativa en esta ocasión fue de origen morenista y promovida principalmente por legisladores como Rubén Terán Águila, Presidente de la Junta de Coordinación y Concentración Política. Esto a pesar de que este último señaló “no buscar protagonismo de ningún compañero”. No obstante ha sido quien más se ha pronunciado al respecto.
Esta propuesta ya había sido promovida desde 2019, por el legislador Miguel Ángel Covarrubias. Pero que por distintas acciones y por algunas oposiciones, incluso del mismo partido de Morena, no se llevó a cabo. Contrario a esto, en ese entonces se invirtieron más de 35 mil pesos en la instalación de rejas en los accesos del recinto.
En esta ocasión la acción de retirar los muros en la lógica legislativa, busca mejorar el acceso al congreso local y que “la casa del pueblo” como se refiere Terán al inmueble, sea precisamente un lugar de bienvenida.
No obstante, esta medida es insuficiente si no existe un cambio de raíz; es decir, una mejora en la atención y trabajo legislativo. Ya que de nada sirve tener tu casa abierta si no hay quien la atienda.
Si con los muros, la aprobación es el objetivo…
De acuerdo con la consultora Mytofsky, el congreso del Estado ha sido de los peor evaluados en su desempeño y atención legislativa. Sumado a su poco crecimiento en la creación e implementación de normas y reformas.
Si bien no es una situación que recae en esta legislatura, es un indicador medible para ellas y ellos. El crecimiento en efectividad y eficiencia legislativa serán juzgadas dependiendo de las mejoras en su desempeño como congresistas y no en las remodelaciones al recinto.
La creación de estos muros fue realizada por los integrantes de la LXII legislatura entre el 2017 y 2018. De acuerdo con el mismo congreso, se invirtieron un promedio de 25 millones de pesos. Inversión que desapareció con solo 4 mil 500 pesos que se invirtieron para su derribo.
Un pendiente menos, ¿irán por el resto?
El derribo fue una buena estrategia mediática por las inconformidades que estos causaron desde su creación para colectivxs, grupxs, sociedad civil y medios de comunicación; con los cuales, incluso, hubo altercados con los entonces congresistas por su instalación.
Hay otros temas que abonan a una aprobación de mayor peso en las demandas ciudadanas, asuntos también heredados, como la definición de lo que sucederá con el “fondo moche” durante esta legislatura.
En otros asuntos, ya contamos con una propuesta para una procuraduría ambiental, la cual se encamina a solucionar temas ambientales de los cuales Tlaxcala no ha podido resolver en años. Lo que la convertiría en la entidad número 19 con una dependencia de este tipo y de la que se tendría que esperar su conformación interna para saber qué esperar.
Más allá de los muros, la despenalización del aborto y la vigilancia en materia de trasparencia son pendientes que mantendrán a la opinión pública a la expectativa para poder emitir un juicio de aprobación sobre el trabajo de esta LXIV Legislatura.
Se agradece que la movilidad al interior del congreso local vuelve a ser cómoda para las visitas. De verdad, qué hermoso es no tener que dar vueltas innecesarias y que el protocolo sanitario ya no sea una excusa para impedir el acceso.
¿Se mantendrán las excusas sobre otros pendientes que también les dejaron?
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