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Entre peinados locos y la violencia hacia las infancias en México

Malinalli
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Entre peinados locos y la violencia hacia las infancias en México

Indra Damaris Cervantes Aguilar

Malinalli Espacio Común

  • 30 abril día del niño y la niña ¿habrá algo que celebrar? Por su puesto. Pero también hay que detenernos a reflexionar sobre la realidad inhumana que encarna el cuerpo de las niñas y los niños en México: la violencia, el hambre, la migración forzada, el abuso sexual, el abandono por el feminicidio de sus madres, la desaparición. No todas las infancias llegan a la fiesta, no todas se presentan al bailable y no todas llegan con su “peinado loco”.

La intención de esta columna es poder posicionar las realidades y violencias que viven las niñas y los niños en nuestro país. No busco desanimar las intenciones de festejarles, al contrario, invito a hacer un trabajo consciente y reflexivo que vaya acompañado de ternura, invito a mirar con amor a las infancias en aquella cotidianidad, en abrazar su palabra y en poder ser esos cuidadores que posibiliten la dignidad.

Nombrarles para no olvidarles

Cuando Ivanoa (así le gusta que le digan) comenzaba a caminar se apoyaba de mi perrita Jeika, una labradora que la ayudó a dar sus primeros pasos. Tengo en mi memoria su rostro de niña traviesa. Me conmovía su seguridad, pareciera ser que ella ya sabía de lo que estaba a punto de realizar: comenzar a caminar por la vida.

Dedico esta escritura a mis sobrinos: Tadeo, Ivanoa y Adair. A mis alumnos y alumnas: Ik, Max, Fri, Jade, Mat y Cali. Pienso que me dan vida sus voces y aunque la palabra “infancia” significa “el que no habla” me gusta pensar en la resignificación de las palabras y romper con la imposición de una lengua que no es nuestra. “Infancias, las y los que hablan pero que a veces no escuchamos”.

A Malinalli Espacio Común han llegado situaciones complejas. Rompo en llanto cuando se dé infancias que nunca probaron el desayuno antes de irse a la escuela o cuando son excluidos por su discapacidad, por no encajar en la “normalidad intelectual”. Me duele cuando hay historias de abuso sexual por parte de los “adultos” que se supone tendrían que ser sus cuidadores. Y ese dolor trato de convertirlo en rabia, busco la manera de acompañarlos, investigo sus caricaturas favoritas para tener conversaciones interesantes, me gusta cantarles, bailarles y contarles cuentos. Sin embargo, no puedo ser ajena a la crítica, no puedo dejar de pensar que como sociedad les hemos fallado.

La realidad mexicana para las infancias

Hay infancias con el cuerpo cansado antes de tiempo. En México, más del 8% de niñas y niños en edad preescolar viven con anemia, una cifra que no sólo habla de salud, sino de abandono estructural (La Jornada, 2026a). Hay infancias que aprenden a leer el hambre antes que los libros.

Otras infancias, son aquellas que dejan la escuela no porque quieren, sino porque el sistema les expulsa. Al menos el 14% del alumnado con discapacidad abandona las aulas, recordándonos que la inclusión sigue siendo una promesa incumplida (La Jornada, 2026b). ¿Qué significa celebrar cuando el derecho a aprender no es para todas y todos?

Hay infancias que migran solas. Que cruzan territorios con miedo, con hambre, con incertidumbre, con historias que no deberían existir. Niñas y niños expuestos a la violencia sexual y desprotección en su tránsito (La Jornada, 2026c). Infancias que no juegan: que sobreviven y que buscan un destino digno que sus tierras de origen no les dio.

Y están las que desaparecen. Más de 10 mil 700 reportes de desaparición de menores en una sola región del país no son una cifra: son ausencias que pesan en casa, en la escuela, en el barrio, en la comunidad (La Jornada, 2026d). Son habitaciones intactas. Son madres buscando con miedo. Son nombres que el gobierno busca negar.

Otras infancias no desaparecen: son tomadas, reclutadas e invisibilizadas. En territorios donde el crimen organizado disputa cuerpos y futuros de niñas, niños y adolescentes entre la trata, el reclutamiento forzado y la omisión institucional (ZonaDocs, 2026a).

También hay infancias desplazadas, por la violencia, por el despojo, por proyectos bajo el nombre de “desarrollo”. En Chiapas, en Sinaloa, en Morelos, las infancias crecen entre el miedo y la pérdida de sus territorios (ZonaDocs, 2026b; Pie de Página, 2026; El Muro MX, 2026).

Pero las infancias se están posicionando. Están diciendo cómo se sienten estar en medio de la violencia cotidiana y en cómo habitan el miedo (Revista Espejo, 2026a). Nos preguntan − ¿qué presente nos están dejando? −.

Porque el problema no es solo la violencia visible. También es la que se normaliza. La que se oculta en la pobreza y en el trabajo infantil (Revista Espejo, 2026b). La que deja a niñas y niños en orfandad sin acompañamiento tras el feminicidio de sus madres (Animal Político, 2026a). La que se filtra en las pantallas, generando nuevas formas de dependencia y aislamiento (Animal Político, 2026b).

Tlaxcala: pendientes por acompañar

Como organización, identificamos distintas violencias que hoy en día debería preocuparnos, pero compartiremos solo dos. En entrevista con Edith Méndez Ahuactzin, directora del Colectivo Mujer y Utopía (CMU), reporta la necesidad de mirar a las infancias huérfanas tras el feminicidio de sus madres. En un periodo del 2018 a abril del presente año, el CMU tiene un registro de 24 infancias y adolescencias menores de 17 años en abandono. Infancias que al Estado no le interesa acompañar, y aunque ya existe una medida en la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) desde marzo del 2025, el acompañamiento integral a niñas y niños víctimas de feminicidio no ha sido una realidad.

Otra situación de violencia hacia las infancias en el contexto de Tlaxcala es el caso de la escuela “Emiliano Zapata”, ubicada en Tlaxcala capital. El desplazamiento de niñas y niños de su espacio escolar, entre intimidaciones, engaños denunciados por madres y padres, decisiones sostenidas sin diálogo real y sin claridad sobre riesgos ambientales, rompe algo más profundo que la continuidad educativa (Escenario Tlaxcala, 2025; 2026a; 2026b). No es solo un conflicto administrativo: es una forma de violencia. No es digno aprender en medio de la incertidumbre, ni ser reubicados sin ser escuchados. Es una infancia desplazada no por guerra, pero sí por decisiones institucionales que desarraigan, silencian y exponen.

Celebrar y cuidar

Con todo este contexto desalentador, invito a celebrar, pero también a cuidar. Que podamos cuidar desde la consciencia y la ternura. Necesitamos generar espacios seguros para ellas y ellos porque es nuestra obligación como sociedad.

Referencias

CAFAMI fortalece en Tlaxcala el derecho a la identidad de familias migrantes; busca que instituciones reduzcan costos en trámites de doble nacionalidad

Valeria Arroyo
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CAFAMI fortalece en Tlaxcala el derecho a la identidad de familias migrantes; busca que instituciones reduzcan costos en trámites de doble nacionalidad

Tlaxcala, Tlax.- El Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (CAFAMI) consolidó durante 2025 una agenda enfocada en la defensa del derecho a la identidad, la incidencia legislativa y el fortalecimiento de redes comunitarias, posicionándose como un actor clave en la atención a familias migrantes en Tlaxcala y en la articulación de estrategias a nivel nacional e internacional.

Desde su constitución como asociación civil en 2007, CAFAMI ha acompañado a familias de comunidades de origen afectadas por la migración, especialmente a mujeres —esposas, madres, hijas y hermanas de migrantes en Estados Unidos— reconociendo su papel central dentro de las dinámicas comunitarias y fortaleciendo su estructura institucional bajo una misión enfocada en la dignidad, la justicia y la cultura en contextos migratorios.

Derecho a la identidad, doble nacionalidad y acompañamiento comunitario

Derecho a la identidad, doble nacionalidad y barreras económicas persistentes

De acuerdo con su informe anual de labores, la organización llevó a cabo nueve jornadas informativas en municipios como Tlaltelulco, Tetlanohcan, Tlaxco y Tlaxcala, donde orientó a 64 personas —45 mujeres y 19 hombres— sobre los procesos para acceder a la doble nacionalidad y garantizar el ingreso al sistema educativo estatal, con especial atención a niñas, niños y adolescentes nacidos en el extranjero.

Como parte de este acompañamiento, CAFAMI gestionó 22 casos exitosos mediante el Programa Binacional de Educación Migrante y el Departamento de Registro y Certificación de la SEP, además de brindar seguimiento jurídico a múltiples solicitudes.

En materia legal, CAFAMI financió la representación de seis personas en juicios de nulidad por doble registro, obteniendo resoluciones favorables en cinco casos. Este proceso permitió que 22 niñas, niños y adolescentes lograran formalizar su doble nacionalidad, accediendo a documentos esenciales para el reconocimiento de su ciudadanía mexicana y la protección de su identidad.

Sin embargo, en entrevista, Norma Mendieta, directora de CAFAMI, advirtió que uno de los principales retos para este año continúa siendo el alto costo de los trámites relacionados con la inscripción de menores al Registro Civil, particularmente por gastos derivados de traducciones, apostillas y pagos administrativos.

“Tenemos al menos seis casos en los que las familias no han podido continuar porque no logran reunir el dinero para traducción, inscripción y constancias. No estamos diciendo que sea gratis, pero sí que sea accesible”

Mendieta explicó que, entre traducción, inscripción y otros costos variables según cada oficialía, una familia puede llegar a desembolsar entre 2 mil y 2 mil 200 pesos por menor, cifra que se duplica en casos donde se busca registrar a dos hijos.

“Si le sumas mil 150 pesos, más entre 700 y 800 de traducción, y otros cobros que en cada Registro Civil son distintos, estamos hablando de montos que muchas familias simplemente no pueden cubrir”

Ante esta situación, CAFAMI hizo un llamado al Poder Legislativo para revisar el Código Financiero estatal y valorar reformas que permitan reducir o exentar estos pagos para niñas, niños y adolescentes en contextos migratorios.

“Igual ahí se puede hacer un llamado a legislar para modificar el Código Financiero y exentar, al menos, a estos niños, niñas y adolescentes del pago de su inserción en el libro del Registro Civil”

Uno de sus ejes prioritarios para este periodo será fortalecer el programa de dispensa de apostilla mediante jornadas de difusión, asesoría directa a madres y padres de familia, capacitación a oficiales del Registro Civil y producción de materiales informativos para ampliar el acceso a este derecho en municipios, escuelas, centros de salud y espacios públicos.

Te recomendamos leer: 20 tlaxcaltecas ya son reconocidos mexicanos por acompañamiento de CAFAMI sobre el Programa de Dispensa de la Apostilla

Incidencia legislativa y proyección nacional en políticas migratorias

En el terreno legislativo, CAFAMI sostuvo reuniones estratégicas con integrantes de tres comisiones del Congreso del Estado para impulsar reformas a la Ley estatal de atención y protección a personas migrantes, buscando adecuarla a las realidades actuales de las comunidades en movilidad.

En coordinación con el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, participó además en el “Espacio de Reflexión: Derechos Humanos, Migración, Asilo y Trabajo Legislativo”, donde organismos internacionales como OACNUDH y ACNUR, junto con organizaciones civiles, analizaron desafíos en torno a los derechos de personas migrantes y solicitantes de protección internacional.

Asimismo, desarrolló talleres de sensibilización con enfoque de género, multiculturalidad, interculturalidad y derechos humanos, y extendió su presencia regional mediante su participación en el foro “La migración de retorno: experiencias, reflexiones y propuestas para la región Centro-Golfo”.

A nivel nacional, CAFAMI promovió mesas de trabajo con autoridades de Jalisco y Oaxaca para impulsar la eliminación del requisito de actas apostilladas en el acceso al derecho a la identidad jurídica, tomando como referencia el modelo implementado en Tlaxcala.

Con casi dos décadas de trayectoria, CAFAMI reafirma su papel como una organización referente en la defensa de los derechos de las familias migrantes, promoviendo transformaciones legales, sociales y culturales que buscan garantizar justicia, identidad y dignidad para comunidades históricamente atravesadas por la migración.

Presidente de Nativitas desconoce autonomía electoral de San Miguel del Milagro

Adrian Meléndez
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Presidente de Nativitas desconoce autonomía electoral de San Miguel del Milagro

Tlaxcala, Tlax.- El presidente de comunidad de San Miguel del Milagro, Alfonso Benítez Sartillo, denunció que el alcalde de Nativitas, Óscar Murias Juárez, se niega a reconocerlo como autoridad, pese haber sido electo por segundo año consecutivo en asamblea comunitaria. A la par, acusó que el Tribunal Electoral de Tlaxcala ha solicitado repetir el proceso con la presencia del ayuntamiento y del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), esto pese a que su nombramiento ya fue validado el pasado 29 de diciembre de 2025.

El líder comunitario señaló que las autoridades municipales desconocen la voluntad de la asamblea, considerada la máxima autoridad de la población, la cual ratificó por segunda ocasión a Benítez Sartillo como presidente de comunidad. Dicha elección —aseguró— quedó asentada en el libro de actas, documentos que Murias Juárez se rehúsa a validar bajo el argumento de que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) no estuvo presente durante el proceso.

Benítez Sartillo aseguró que, desde enero de 2026, el ayuntamiento ha retenido los recursos correspondientes al gasto corriente y las remuneraciones de la presidencia de comunidad. Este bloqueo económico ha representado un obstáculo para el desarrollo local; no obstante, afirmó que la comunidad ha logrado sostenerse de manera autónoma.

La asamblea comunitaria como máxima autoridad

En entrevista para Escenario Tlx, Alfonso Benítez comentó que la comunidad forma parte de las 94 comunidades nahuas y equiparables que se rigen por usos y costumbres, teniendo como base central la asamblea comunitaria como figura de máxima autoridad y que es reconocida por el propio pueblo por encima de cualquier instancia externa. Es en este espacio donde los pobladores «toman las decisiones fundamentales» que rigen la vida colectiva y las normas internas de San Miguel del Milagro.

Relató que el proceso de elección inicia con la emisión de una convocatoria dirigida a toda la comunidad, realizada con al menos tres días de anticipación al 29 de diciembre de cada año. Durante la asamblea se instala la mesa de debates, encargada de dar fe y legalidad al proceso, incluidos los conteos de votos, así como a las decisiones y acuerdos que de ella emanen.

Asimismo, explicó que el método de votación utilizado por la comunidad consiste en la formación de filas frente al candidato y, en algunos casos, mediante voto a mano alzada y señaló que el «libro de actas» es el documento central e histórico que ha otorgado legitimidad a las decisiones comunitarias, integrado por actas foliadas que datan desde 1902.

Este registro —explicó— es fundamental para la comunidad, ya que contiene el listado de todos los presidentes que han servido por más de un siglo y funciona como prueba de la continuidad de la representación comunitaria, así como de la voluntad colectiva en la toma de decisiones.

Lo que el alcalde de Nativitas niega

Tras la asamblea general celebrada el 29 de diciembre de 2025, en la que Alfonso Benítez Sartillo fue electo por segunda ocasión, el líder comunitario denunció la existencia de una «mano negra» en el proceso. Señaló que, pese a que su nombramiento fue legitimado mediante el libro de actas, se intentó invalidar el resultado con base en una «hoja suelta» de libreta presentada por un grupo opositor que, afirmó, está vinculado al Partido Alianza Ciudadana (PAC).

Durante el conteo de votos de dicha jornada, en la que contendieron Ángel Vega y Alfonso Benítez, este último obtuvo al menos 88 votos a su favor, frente a los 32 alcanzados por Ángel Vega. El resultado derivó en su reelección para un segundo periodo de gobierno comunitario; sin embargo, Vega manifestó su inconformidad, lo que generó tensiones entre integrantes de la comunidad e incluso intentos por interrumpir la asamblea.

Ante este escenario, el presidente de la mesa de debates —máxima autoridad durante la asamblea comunitaria— procedió a formalizar el nombramiento de Benítez Sartillo como presidente electo y a entregarle en resguardo el libro de actas.

El líder comunitario subrayó que, al tratarse de una comunidad regida por usos y costumbres, no existe la obligación de solicitar la presencia del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) y aunque en ocasiones se ha requerido de su intervención, insistió en que su participación no es determinante para validar los consensos alcanzados por la asamblea.

En este contexto, calificó como «increíble» e «incongruente» que las autoridades den mayor valor probatorio a una «libreta común», misma que fue presentada ante las autoridades  municipales y electorales antes que al contenido del libro de actas, documento histórico que respalda las decisiones comunitarias.

Asimismo, denunció que el alcalde de Nativitas, Óscar Murias Juárez, se ha negado a reconocerlo como autoridad comunitaria bajo el argumento de que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) no estuvo presente para «dar fe de la asamblea». Para Benítez Sartillo, esta postura institucional desconoce años de registro comunitario y privilegia documentos sin formalidad, lo que —afirmó— evidencia una falta de perspectiva intercultural por parte de las autoridades municipales y electorales estatales.

El presidente electo argumentó que el tribunal falló al no aplicar una perspectiva intercultural, la cual, sostuvo, obliga a los jueces a investigar y respectar los sistemas normativos comunitarios en lugar de imponer criterios estatales o administrativos como la presencia obligatoria del ITE.

Las consecuencias tras la negación del reconocimiento de San Miguel del Milagro

Elia Díaz Ramírez, tesorera de la comunidad, señaló que, tras la negativa de reconocimiento por parte del alcalde, han enfrentado el bloqueo de recursos financieros, lo que ha afectado a la población desde enero, particularmente en el gasto corriente y las remuneraciones personales.

Por su parte, el presidente comunitario indicó que el monto retenido por mes de aproximadamente 25 mil pesos mensuales, cantidad que calificó como insuficiente para cubrir las necesidades básicas de la comunidad. Subrayó que San Miguel del Milagro requiere una inversión constante en infraestructura, debido al alto flujo de peregrinos y visitantes que acuden a la basílica local.

La «asfixia», señalaron, no se limita al ámbito económico, sino que también se extiende al plano administrativo. Benítez Sartillo denunció que no ha sido convocado a sesiones de cabildo —espacio en el que debería contar con voz y voto—, además de que se le ha negado el acceso al techo financiero destinado a obra pública. A pesar de estas limitaciones, aseguró que la estructura comunitaria no ha colapsado y continúa operando de manera independiente.

«Se ha estado trabajando con normalidad… realizándose las festividades, los rondines, el aseo y el pago de la luz para el sistema de agua potable», afirmó.

Esta versión es respaldada por la tesorera Elia Díaz Ramírez, quien sostuvo

«Nuestro pueblo está en calma, estamos trabajando como se debe, atendiendo a la comunidad… no hay ningún reporte que diga que no estamos cumpliendo con nuestros cargos».

No obstante, reconocieron que el bloqueo comienza a generar afectaciones en sectores clave. Entre ellos, mencionaron recortes en apoyos a preescolares y jardines de niños, así como a expresiones culturales como el grupo de «moros» de San Miguel del Milagro y celebraciones comunitarias, entre ellas el Día del Niño y el Día de las Madres.

Finalmente, Díaz Ramírez subrayó la conciencia comunitaria sobre sus derechos y advirtió:

“No rebasen nuestra ignorancia porque no somos ignorantes. Sabemos nuestros derechos… estamos en una comunidad muy rica en historia”.

Ante un Estado impositivo que frena la autonomía

Para Parastoo Anita Mesri —doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y acompañante legal de las 94 comunidades nahuas y equiparables de Tlaxcala—, asegura que estas comunidades se enfrentan un «Estado impositivo» que, históricamente, ha buscado la homogeneización mediante políticas que, afirma, «inducen al etnocidio», al despojar a los pueblos de sus formas de organización y de conocimiento que han perdurado hasta la actualidad.

En el caso de San Miguel del Milagro, este «etnocidio» se traduce en la imposición de requisitos ajenos a la comunidad, como la exigencia de la presencia del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) durante la asamblea.

En ese sentido, el presidente comunitario señaló que, tras el juicio SCM-JDC-12/2026 emitido por la Sala Regional Ciudad de México, el instituto local le solicitó repetir el proceso electivo, condicionándolo a la presencia del ayuntamiento, Protección Civil y del propio ITE, con el fin de validar un nombramiento que —subrayó— ya había sido legitimado por la comunidad.

El testimonio de Benítez Sartillo también apunta a la intervención de actores políticos externos, particularmente del Partido Alianza Ciudadana (PAC), al que señala como un factor de desestabilización. Según su versión, este tipo de injerencia ha propiciado la organización de grupos al interior de la comunidad para intentar reventar la asamblea y generar actas paralelas en documentos que no forman parte del libro de actas.

Así, lo que en apariencia podría interpretarse como un conflicto interno, en realidad refleja una disputa más amplia entre la comunidad y las instituciones del Estado. En ese contexto, Mesri advierte —como lo expone en El derecho electoral indígena en México: retos y desafíos (2020)— que, en ocasiones, las autoridades «parecieran estar coludidas con partidos y organizaciones políticas para generar divisionismo, competencia, violencia y miseria en las comunidades».

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Nonantzin: la obra que reivindica la colectividad en Tlaxcala y a los PECDA

Valeria Arroyo
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Nonantzin: la obra que reivindica la colectividad en Tlaxcala y a los PECDA

Tlaxcala, Tlax.- ¿Por qué tantas heridas emocionales generacionales? es la pregunta en Mi madre, lejos de su hogar, busca. A partir de las realidades de Tlaxcala como el empleo doméstico informal y los abandonos paternales, la directora Laura Yvonee entrelaza historias de madres que trabajan lejos de casa, de infancias que crecen entre ausencias y de padres que se distancian con el tiempo.

En entrevista para Escenario Tlaxcala, Laura Yvonee, beneficiaria del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) 2025, señaló que su acercamiento a las artes escénicas surgió como un proceso de autodescubrimiento. De ahí nació Nonantzin: lejos de su hogar, una obra que reúne a talentos emergentes, en su mayoría jóvenes y mujeres tlaxcaltecas para visibilizar la violencia ejercida contra infancias y mujeres en un contexto marcado por el machismo.

Aunque es licenciada en Gestión y Desarrollo Empresarial, su inclinación por las humanidades la llevó a explorar las artes escénicas mediante talleres, cursos y proyectos multidisciplinarios. En ese recorrido, ha buscado no solo descubrir nuevas formas de expresión, sino también compartirlas y generar espacios de reflexión colectiva.

«En el interior mi deseo era irme, pero también me quedé y aproveché lo que estaba en nuestras manos»

Señaló que formarse en artes escénicas implica contar con recursos económicos y acceso a oportunidades, por lo que en muchos casos, profesionalizarse supone trasladarse a ciudades más urbanizadas como Ciudad de México, Veracruz o Puebla. En este sentido, cuestionó que, así como las y los artistas se ven obligados a migrar en busca de formación y desarrollo, los espacios de exhibición y presentación artística también tienden a concentrarse en estos centros urbanos, dejando en desventaja a otras regiones.

Refirió que, si bien Nonantzin: lejos de su hogar fue un proyecto desarrollado a lo largo de siete meses, su presentación final solo está contemplada para una única proyección en el Centro de las Artes de Tlaxcala y entre semana, lo anterior como parte del programa del (PECDA). Por lo que cuestionó la necesidad de que la obra pudiera realizarse en fin de semana, al señalar que recintos como el Centro de las Artes Tlaxcala no abren al público sábados y domingos, lo cual resulta contradictorio frente a las dinámicas laborales de la población en Tlaxcala; en donde la informalidad permea. 

En este sentido, subrayó la incongruencia de que los espacios recreativos permanezcan cerrados durante los fines de semana, cuando la mayoría de las personas cuenta sólo con uno o dos días para realizar actividades culturales o de esparcimiento. Al reducirse la oferta en horarios accesibles, señaló, se limita significativamente el acceso a la cultura, especialmente cuando los espacios cierran temprano o en días considerados de descanso.

«¿Por qué no hay actividades de acceso libre?, ¿Por qué no se están acercando estos productos culturales a la sociedad?

Cuando un artista es beneficiado por un programa de PECDA debe cumplir entre una y tres actividades de retribución social. En el caso de los proyectos de creación, generalmente se solicita una presentación final como un estreno, exposición o lectura de obra, y, en algunos casos la impartición de una charla o taller complementario.

Por lo que Laura dijo que parte de realizar Nonantzin, es llegar a comunidades para abrir espacios culturales que no solo se ofrezcan al público cuando hay una feria patronal o mediante proyectos/festivales itinerantes; y que luego de cumplir con las presentaciones establecidas por el programa, este proyecto continúe difundiéndose en distintos municipios de Tlaxcala.

«Es es necesario, porque nos permite de alguna forma no sentirnos solos, y nos permite mostramos ante la sociedad y las autoridades que no solo somos uno, dos, que somos más, y por ello es importante la colectividad»

NONANTZIN, LEJOS DE SU HOGAR

Nonantzin está ambientada en el municipio de Xaloztoc, pero también aborda dicha región donde se encuentra Terrenate, Tocatlán, Xaltocan, Huamantla, Tetla de la Solidaridad y Tlaxco. En este contexto, la obra retrata cómo cada vez más mujeres migran a otras ciudades o estados de la República Mexicana para trabajar, al convertirse en el sustento del hogar; otras incluso, emigran a países alejándose de sus comunidades de origen.

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Laura expone con crudeza la realidad cotidiana, la vulneración de los derechos de las mujeres (incluidos los laborales), la persistente desigualdad de género, el desempleo informal, la pobreza extrema y la presencia del narcotráfico. Asimismo, plantea que estas problemáticas responden a un contexto nacional de alta vulnerabilidad en muchos hogares, donde niñas, niños y adolescentes se ven expuestos a situaciones complejas, como la drogadicción.

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«En la escritura del texto yo quería hablar de todo, son tantas las cosas que están pasando en Tlaxcala que yo pensaba en qué momento, en qué parte del texto agregar que las mujeres están desapareciendo, que se van a trabajar y no regresan, que los feminicidios aumentan, que los homicidios aumentan»

Señaló que Nonantzin le ha llevado a reflexionar sobre la importancia de la colectividad. Por ello, una de las estrategias para ampliar su alcance más allá de los espacios ubicados únicamente en la capital tlaxcalteca consiste en buscar presencia en distintos municipios. A partir de la vinculación de espacios emergentes, buscará que el arte llegue a un mayor número de personas.

«Es cruel vivir al día a día cargando con toda la violencia y no poderlo hablar, porque no sabemos cómo, no tenemos tiempo para hacerlo, no tenemos las palabras»

De esta necesidad surge la importancia de repensar los espacios recreativos y culturales en Tlaxcala, con el fin de propiciar encuentros donde el arte cuestione lo cotidiano y donde la asfixia de los problemas colectivos pueda reflexionarse y expresarse abiertamente.

Nonantzin se presentará por primera vez en la Caja Negra del Centro de las Artes, en San Luis Apizaquito, Apizaco, este sábado 2 de mayo a las 12:00 p.m. No te pierdas esta oportunidad de disfrutar una propuesta escénica única en un espacio íntimo y especial.

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Una puesta de escena multidisciplinaria por: producción ejecutiva de Laura Yvonee, Diseño de escenografía de Laura Yvonee, Construcción y elaboración de escenografía por Laura Yvonee, Itzel Palestina, Francisca Hernandez, Julio Valencia y Angel Ramirez. Diseño de Iluminación de Laura Yvonee y Lulu Pimienta Razo, Composición musical de Iris Ruiz,  Diseño y elaboración de Vestuario de Laura Yvonee y Jose Armando Colindrez Tavira, Diseño de maquillaje de Lulu Pimienta Razo, Diseño de máscaras de Laura Yvonee. Corrección de estilo del texto dramático por Ale Naranjo, Asesoramiento de técnica de elaboración para máscaras por Itzel Palestina, Asesoramiento de técnica vocal por Iris Ruiz, Asesoramiento de arte textil por Jose Armando Colindrez Tavira, Asesoramiento de mediación lectora para los círculos de lectura Ale Naranjo, Asesoramiento de Técnica de totomoxtle por Julio Valencia, Asesoramiento de Danza Contemporánea por Elisa Muñoz. Ilustraciones de Cecilia Macias, Técnico de iluminación y audio: Itzel Palestina y Iris Ruiz, Asistencia de montaje de escenografía, iluminación y audio de Vanessa Bello y Miguel Macias. Diseño gráfico de Laura Yvonee y Hernan Montiel, Asistencia de publicidad y comunicación de Mabel Flores. Video y fotografías de Brenda Garcia y Aldo Zamora, Diseño y elaboración de artesanías de totomoxtle: Laura Yvonee, Itzel Palestina, Danna Maldonado, Francisca Hernandez, Jovita Aguilar, Iris Rojas, Julio Valencia, y Jesus Ivan Mendez.

Tras seis años, Congreso local se niega a garantizar elección de diputaciones por «usos y costumbres»

Adrian Meléndez
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Tras seis años, Congreso local se niega a garantizar elección de diputaciones por «usos y costumbres»

Tlaxcala, Tlax.- Tras 6 años de lucha, las 94 comunidades nahuas, otomíes y equiparables del estado de Tlaxcala siguen en pie frente al desacato del Congreso local a la resolución emitida por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordena otorgar a estas comunidades la autonomía para elegir diputaciones mediante el sistema de usos y costumbres, de las cuales, 7 de estas bajo representación relativa y 3 más por representación proporcional, dando un total de 10 diputaciones bajo Asambleas Generales Comunitarias.

En el juicio SCM-JDC-20/2026, las 94 comunidades solicitaron sancionar al Congreso del Estado de Tlaxcala por ignorar la sentencia emitida desde 2020, a la par de ignorar una orden prevista para 2022, en la cual se solicitó una consulta previa así como la realización de reformas legislativas correspondientes para elegir diputaciones locales mediante este sistema normativo.

En entrevista para Escenario Tlx, Juan Cocoletzi Conde, expresidente de comunidad de San Felipe Cuauhtenco —e iniciador de la organización de las 94 comunidades nahuas y equiparables de Tlaxcala—, señaló que el Congreso local se resiste a otorgar 10 diputaciones electas bajo este sistema normativo, el cual permitiría una representatividad real frente al sistema de partidos, además de brindar mayor autonomía y libre determinación, principios establecidos en los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los lideres comunitarios aseguran que estas medidas han permitido que actores políticos se auto-adscriban como integrantes de las 94 comunidades sin que estos tengan una participación activa ni dominio de una lengua originaria en la región, dejando de lado el legislar sobre problemáticas medioambientales como el gusano descortezador, sobre la defensa del agua o la implementación de escuelas trilingües —español, náhuatl e inglés— en territorios originarios.

Una representación verdadera ante la simulación institucional

La entidad tlaxcalteca cuenta con un total de 393 comunidades; de estas, 94 eligen a sus autoridades mediante el sistema normativo conocido como «usos y costumbres», mientras que otras 299 se rigen bajo el sistema de partidos políticos.

Varias de estas comunidades se encuentran asentadas en la franja nahua de la Matlalcueyetl, que comprende desde el municipio de San Pablo del Monte hasta el municipio de Zitlaltepec. Otras se ubican en las regiones del oriente, poniente, centro y sur del estado; en su gran mayoría son comunidades con ascendencia nahua, mientras que, en el caso de Ixtenco, que es el último bastión Yumhu (aunque este se rige por partidos políticos).

Posterior a seis años, el Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala ha ignorado la orden que la Sala Regional Ciudad de México dictó en el juicio «TET-JDC-022/2020» para legislar sobre la representación de las diputaciones locales bajo el sistema normativo de las 94 comunidades.

Juan Cocoletzi afirmó para este medio que «lamentablemente, hasta el día de hoy, el Congreso ha hecho caso omiso a una resolución emitida por la Sala Regional» y que, aunque en 2022 esta misma instancia ordenó realizar una consulta —con un plazo de un año—, en 2026 el mandato «sigue incumplido».

Cocoletzi Conde aseguró que este desacato no es solo una falta administrativa, sino que representa una ofensa a la soberanía y autodeterminación de los pueblos originarios y equiparables del estado y constituye una «burla» hacia las poblaciones nahuas y otomíes.

Ante el persistente incumplimiento de las sentencias judiciales, los lideres comunitarios han solicitado que se formalice la aplicación de medidas de apremio y sanciones concretas hacia las instituciones locales involucradas, entre ellas destacan sanciones contra el Congreso de Tlaxcala en el reciente juicio con expediente SCM-JDC-20/2026.

Además, han exigido sanciones contra el Tribunal Electoral de Tlaxcala, al señalar que ha sostenido un papel que niega el mandato judicial emitido, así como su participación en la dilación del proceso. Aseguran que el TET es cómplice al declarar que el Congreso estaba «en vías de cumplimiento» tras años de retraso.

En entrevista, el líder comunitario de Cuauhtenco aseguró que la situación actual es comparable a la privación de libertad de cualquier ciudadano común, al señalar que, ante un desacato federal, el responsable debería haber sido «metido temporalmente a la cárcel».

Sistemas normativos en Tlaxcala: un paso hacia la autonomía y la libre determinación

Para la Dra. Parastoo Anita Mesri —doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y acompañante legal de las 94 comunidades nahuas y equiparables de Tlaxcala— esta forma de gobernanza comunitaria refleja una realidad del pluralismo jurídico, sustentada en la asamblea general, la cual tiene la facultad de tomar decisiones colectivas y nombrar representantes sin injerencias externas —ya sean organismos estatales o partidos políticos—.

En este sentido, el sistema normativo de «usos y costumbres» es una forma de autogobierno y organización colectiva que regula las normas de convivencia en diversas comunidades de la entidad. Este modelo comprende las conductas y prácticas de los pobladores dentro de sus comunidades e integra actividades como los cargos civiles y religiosos —mayordomías o fiscalías—, el trabajo comunitario —faenas o tequios—, así como el pago de cuotas para el desarrollo de infraestructura y la atención de necesidades colectivas.

El reconocimiento legal de este sistema se encuentra en tres instrumentos centrales que garantizan la autonomía, la libre determinación y el acceso a una consulta libre, informada y culturalmente adecuada.

Por un lado, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece la obligación de consultar a los pueblos originarios mediante mecanismos adecuados y a través de instituciones representativas ante cualquier intervención en sus territorios autónomos. A la par, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas refuerza los estándares de participación y consentimiento.

En el ámbito nacional, la reforma constitucional de agosto de 2001 al artículo 2 reconoció a México como un Estado pluricultural y estableció derechos fundamentales para los pueblos originarios, como la libre determinación, la autonomía y el acceso a la justicia con intérpretes.

Ante la omisión institucional, las 94 comunidades han recurrido a acciones jurisdiccionales para combatir actos de autoridad —como los del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE)— que en la practica siguen ignorando sus sistemas normativos. Entre estas destacan los juicios para la protección de los derechos político-electorales (JDC) ante el TEPJF, así como el uso del recurso per saltum para acudir directamente a instancias superiores como la Sala Regional Ciudad de México, la cual ha sido útil frente al desacato y la simulación de las autoridades tlaxcaltecas.

Por una verdadera representatividad

Durante la entrevista Yair Linares, actual presidente de la comunidad de San Vicente Xiloxochitla, afirmó que la elección de diputaciones mediante el sistema normativo de usos y costumbres representaría una alternativa al sistema de partidos políticos, al sostener que la demanda central es «poder elegir diputaciones a través de asambleas comunitarias», las cuales constituyen la máxima autoridad y el modelo de organización histórica de los pueblos nahuas y otomíes de Tlaxcala.

Asimismo, señaló que este mecanismo permitiría una mayor rendición de cuentas, ya que el diputado no dependería de una dirigencia partidista, sino de un ejercicio colectivo desde la asamblea, lo que permitiría trabajar «en favor del pueblo«.

En ese sentido, argumentó que estas acciones han impulsado a más comunidades a autodeterminarse ante el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) como originarias y permitiendo «reconectar con sus raíces nahuas y reconocer su habla cotidiana como un híbrido cultural entre el náhuatl y el español».

Añadió que el reconocimiento y la participación de las comunidades en la elección de diputaciones también permitirían legislar para y por las comunidades. Linares aseguró que, bajo este sistema, los representantes darían mayor atención a prioridades como la defensa del agua, el campo y la protección de los bosques, al existir un compromiso comunitario y una «causa noble» por el reencuentro de las 94 comunidades en resistencia.

Por su parte, Juan Cocoletzi señaló que esta medida también contribuiría a atender problemáticas en los bosques de la Matlalcueyetl, como el gusano descortezador y la tala inmoderada.

Casos de éxito en otras latitudes

Al mismo tiempo, existen casos de éxito en el país que han logrado que los sistemas normativos trasciendan del ámbito comunitario al municipal y estatal. Destaca el estado de Oaxaca como principal referente, con 418 municipios que nombran a sus autoridades (concejalías) mediante el derecho electoral indígena desde hace más de 30 años.

Otro ejemplo de resistencia es el municipio de Cherán, en Michoacán, alcanzando su autonomía el 15 de abril de 2011 tras un levantamiento colectivo contra el crimen organizado y la tala ilegal que destruía sus bosques, estableciendo un gobierno comunal bajo el sistema normativo de «usos y costumbres».

A nivel federal, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha implementado mecanismos de representación para garantizar el acceso de personas indígenas a diputaciones, mediante la creación de distritos electorales indígenas, con una distribución de 28 distritos federales y 56 locales en diversas regiones del país.

Asimismo, existen referentes internacionales que han servido de base legal para esta lucha. En entrevista, la Dra. Parastoo Anita mencionó el caso «Yatama vs. Nicaragua», resuelto en 2001 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerado un precedente en el que, según explicó «el Estado no puede imponer modelos de partidos políticos ajenos» a los sistemas normativos de los pueblos originarios para el ejercicio de sus derechos político-electorales.

Una cronología de la resistencia

La lucha de estas comunidades no es nueva; se inscribe en la memoria, el trabajo colectivo y la organización que ha permitido reunir a más de 90 comunidades en todo el territorio tlaxcalteca. Este movimiento inició en 2020, a partir de un juicio promovido en agosto de ese año, cuando Crispín Pluma Ahuatzin, entonces presidente de la comunidad nahua de Guadalupe Ixcotla, impugnó la omisión legislativa del Congreso de Tlaxcala por no reglamentar el derecho de los pueblos nahuas y otomíes a elegir diputaciones locales bajo el sistema normativo de «usos y costumbres».

La sentencia original, con clave «TET-JDC-022/2020«, reconoció la discriminación histórica y la omisión legislativa del Congreso local. El documento denunció ante el tribunal que «el discurso político local es racista, discriminatorio y excluyente»; esto, a pesar de que los políticos de la entidad «han reconocido» que las raíces de la población tlaxcalteca provienen de las comunidades originarias, y basando su argumento en estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para asegurar que la población actual «no se considera indígena».

Para 2021, el entonces presidente comunitario de San Felipe Cuauhtenco, municipio de Contla, Juan Cocoletzi Conde, y Crispín Pluma realizaron la primera reunión para unir a las 94 comunidades originarias y equiparables en dicha comunidad.

La segunda reunión se llevó a cabo en junio de 2022, en la comunidad de Santa Justina Ecatepec, municipio de Ixtacuixtla, reuniendo a más de 20 presidencias, las cuales acordaron presentar un juicio ante la Sala Regional para exigir consultas previas, informadas y culturalmente adecuadas —las cuales no se han realizado—. En septiembre del mismo año se realizó la tercera reunión en la comunidad de Álvaro Obregón, municipio de Españita.

La cuarta reunión se llevó a cabo en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala y la quinta en agosto de 2025, celebrada en San Diego Recova, municipio de Hueyotlipan; esta última concentró aproximadamente a 50 presidentas y presidentes comunitarios, quienes firmaron el incidente de incumplimiento de sentencia ante el TET y denunciaron el desacato del Congreso local.

Para abril de 2026, expresidentes, presidentes y presidentas de las 94 comunidades nahuas y equiparables de la entidad presentaron un juicio ante la Sala Regional Ciudad de México para exigir sanciones por el incumplimiento que persiste tras seis años.

Este último proceso mantiene vigente la denuncia de las y los líderes comunitarios ante una crisis institucional que ha actuado bajo simulación y ha impedido que las comunidades originarias tengan una verdadera representación en el Congreso del estado.

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¡Sin consulta! Intervienen la Unidad Deportiva de Guadalupe Ixcotla, predio donado hace 50 años

Adrian Meléndez
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¡Sin consulta! Intervienen la Unidad Deportiva de Guadalupe Ixcotla, predio donado hace 50 años

Tlaxcala, Tlax.- Pobladores de las comunidades originarias de Guadalupe Ixcotla y Santa Cruz Guadalupe, en el municipio de Chiautempan, denunciaron que el ayuntamiento municipal y el Gobierno de Tlaxcala intervinieron la Unidad Deportiva número 5 el día 17 de marzo para construir el Centro Educativo y de Cuidado Infantil (CECI) en el predio que había sido donado desde hace 50 años y sin emitir una consulta previa.

En entrevista, la Comisión Para la Defensa de la Unidad Deportiva número 5, compartieron que este espacio fue donado por ambas comunidades para ser un área verde destinada al deporte y para la recreación comunitaria desde hace 50 años, situación que las autoridades municipales y estatales ignoran por completo al imponer un proyecto que estaba destinado para el municipio de Zacatelco.

Tras detener el avance del trabajo en la unidad deportiva el día 23 de marzo, los pobladores de las comunidades nahuas de Chiautempan, hicieron llegar un escrito al director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Zoé Robledo Aburto para informarle que el Gobierno de Tlaxcala no ha presentado ningún informe ni plan de trabajo para ejecutar en este predio.

Aseguran que las comunidades deben ser notificadas sobre los futuros proyectos que se ejecuten en la zona además de solicitar una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, asegurando el reconocimiento del uso comunal y cultural que representa este espacio para los pobladores.

Don Mariano Pinillo en entrevista para Escenario Tlx argumentó que este conflicto no es nuevo y que, desde 1985, se encuentran en disputa por este predio que fue expropiado para construir una unidad deportiva que a la fecha no se ha concretado. Además, señalaron que al no recibir la indemnización al año siguiente, la tierra ha regresado a manos de las comunidades originarias.

La Comisión afirmó que estos espacios forman parte de un legado para quienes practican distintos deportes, además de ser un área verde importante para las poblaciones circunvecinas, pues es de los pocos espacios que aún se mantienen libres y abiertos al público.

La importancia de la Unidad Deportiva número 5

La Comisión para la Defensa de la Unidad Deportiva número 5 conformada por lideres comunitarios de Guadalupe Ixcotla y Santa Cruz Guadalupe aseguran que este espacio representa una área verde importante para el deporte del municipio sarapero.

Señalaron que este espacio es importante, pues ha albergado finales de futbol, béisbol, así como diversas actividades realizadas por instituciones educativas como el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) 132.

Además, compartieron que sobre estos predios se ha inscrito una memoria colectiva centrada en el deporte y el ocio, destacando eventos culturales como concursos de vuelo de papalotes, torneos de la liga de Santa Ana Chiautempan así como actividades al aire libre para infancias de ambas comunidades.

unidad deportiva

Los pobladores relataron para este medio que en estos espacios también se han celebrado eventos culturales organizados por el municipio, sobre todo ante la falta de áreas amplias para albergar eventos masivos.

Don Cándido Mimiantzi, tesorero de la comisión, argumentó que se han realizaron diversos eventos en beneficio del municipio y de las comunidades, entre ellas, actividades para recaudar fondos para mejorar la parroquia de Guadalupe Ixcotla. Indicó que siempre se le ha notificado al IMSS y aseguró que «nunca tuvimos problemas, porque había comunicación mutua entre la comunidad y el Seguro Social».

Un legado comunitario que resiste

El legado de esta unidad deportiva data desde la década de 1970, cuando ambas comunidades nahuas organizadas bajo asambleas comunitarias y el manejo de concesos colectivos se organizaron para donar al menos 50 mil metros cuadrados para la creación de espacios deportivos —misma que posee una figura jurídica y que tanto el IMSS como los gobiernos municipales y estatales ignoran—.

A esto, se suma que en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, con fecha del 13 de diciembre de 1985, se publicó el Decreto de Expropiación «por causa de utilidad pública» de un predio en Chiautempan de casi cinco hectáreas. En el documento se establece que el avalúo arrojó un valor cercano a 15 millones de pesos, cantidad que debía pagarse un año después de la declaratoria.

Don Cándido Mimiantzi, tesorero de la comisión, relató que tras el incremento en la deuda externa en 1985, el Seguro Social ya no pudo concretar el proyecto que contemplaba «tres canchas de futbol, una de béisbol, dos de basquetbol y una de tartán», por lo que el programa fue abandonado. La indemnización no fue cubierta y por tanto, el retorno de las 5 hectáreas a manos de las comunidades nahuas.

Además, durante el mandato del gobernador Alfonso Abraham Sánchez Anaya, con fecha del 11 de julio de 2001, realizó un contrato ante un notario en donde se expresa que estos predios fueron donados al IMSS y que en la cláusula quinta del contrato se estableció lo siguiente:

CECI Chiautempan

No puede llevarse a cabo ninguna obra sin una consulta

En entrevista, la Dra. Parastoo Anita Mesri —doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y acompañante legal de las 94 comunidades nahuas y equiparables de Tlaxcala— explicó que no se puede intervenir en espacios comunitarios, ya que «son base de la vida colectiva», y que, de realizarse alguna acción, deben ser las comunidades quienes decidan mediante una consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada, respetando el sistema normativo de usos y costumbres por el cual se rigen estas comunidades originarias.

Liborio Tonix Tonix, presidente del Comité  de Santa Cruz Guadalupe, afirmó que, si el IMSS fuera propietario de los predios de la Unidad Deportiva, debían haberse acercado previamente con las comunidades para dialogar sobre el proyecto. Asimismo, dijo desconocer porqué autoridades municipales intervinieron en el predio sin consulta ni aviso previo y aseguró que integrantes del gobierno han acudido a su domicilio para hablar con él.

A la par, los pobladores de la comunidad aseguran que durante el ingreso de la maquinaría algunos arboles de la zona se vieron afectados e incluso, algunos tuvieron que ser talados ante el inicio de labores para el Centro Educativo y Cuidado Infantil (CECI) del IMSS.

Ante las anomalías Liborio Tonix afirmó que ambas poblaciones no se han negado al diálogo. Señalaron que existen múltiples irregularidades y cuestionaron que, si el Seguro Social está interesado en los campos, les sorprende que la institución no se haya presentado para dialogar.

También aseguraron que no existe un proyecto definido ni acciones concretas sobre el predio ubicado en Guadalupe Ixcotla, por lo que reiteraron su disposición al diálogo y la necesidad de claridad sobre la obra que se pretende realizar.

Finalmente, Tonix Tonix sostuvo que las comunidades no se oponen a la realización de una obra; sin embargo, esta debe presentarse ante toda la población mediante un proyecto claro y una maqueta, a fin de que, conforme a los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se lleve a cabo una consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada.

¿Qué es el CECI?

El Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) es una iniciativa impulsada desde la Presidencia de la República, encabezada por Claudia Sheinbaum, para brindar apoyo a madres trabajadoras afiliadas al IMSS. Este proyecto responde al sector maquilador, con el objetivo de ofrecer cuidado seguro y educación a infancias de 43 días a 4 años.

El alcance inicial contempla la instalación de estos centros en estados como Chihuahua (Ciudad Juárez) y Baja California (San Quintín), en beneficio de madres trabajadoras de la maquila, así como su establecimiento en Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) ubicados en al menos 14 entidades del país. La meta para 2030 es construir mil centros en 507 municipios para consolidar el Sistema Nacional de Cuidados.

Hasta el momento, el proyecto considera al menos 14 nuevos CECI en municipios como Apizaco, Tlaxcala, Zacatelco y Chiautempan; sin embargo, su presentación ante la población no ha incluido una exposición formal de los proyectos por parte del IMSS, delegación Tlaxcala, lo que mantiene en incertidumbre la situación de estos centros de educación infantil.

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Al menos 5 delitos está cometiendo Eddy Roldán con contrato de comodato del mercado municipal de Contla

Valeria Arroyo
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Al menos 5 delitos está cometiendo Eddy Roldán con contrato de comodato del mercado municipal de Contla

Tlaxcala, Tlax.- El síndico municipal de Contla de Juan Cuamatzi, Gilberto Flores Maldonado, denunció que la administración anterior (2021–2024) habría cedido el control económico del mercado municipal al ex-edil Eddy Roldán Xolocotzi por un periodo de 50 años. Esta acusación, aseguró, le ha costado ser excluido de algunas sesiones de Cabildo durante la actual administración.

Durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, Gilberto Flores Maldonado afirmó que el documento denominado Contrato de Comodato, establece como beneficiario del mercado municipal al exedil y actual presidente honorífico del DIF de Contla de Juan Cuamatzi, Eddy Roldán Xolocotzi. El acuerdo, añadió, fija un pago anual de 10 mil pesos por concepto de licencia de funcionamiento del inmueble.

Escenario Tlaxcala tuvo acceso a este oficio, expedido por el notario público Cesáreo Santamaría Madrid, titular de la Notaría Pública Número Uno de la demarcación de Lardizábal y Uribe, mediante el cual se avala a Eddy Roldán Xolocotzi como presidente del Consejo de Administración del mercado. El documento, emitido en Chiautempan, establece la entrega del uso, goce, disfrute y explotación del mercado municipal y su estacionamiento a dicho consejo por un periodo de 50 años, con vigencia del 12 de agosto de 2024 al 12 de agosto de 2074.

En el apartado “I” del documento se le confiere, además, la facultad de cobrar rentas y administrar el inmueble sin intervención del gobierno municipal.

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De acuerdo con información compartida por Flores Maldonado, la aprobación del Consejo de Administración del Mercado Municipal fue el 12 de agosto de 2024 durante una sesión extraordinaria de cabildo del municipio, misma en la que señala no haber estado presente debido a que solicitó un periodo de licencia, por lo que su suplente Pablo Xelhuantzi estuvo en representación.

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Posteriormente, señaló que el 30 de agosto de 2024 se formalizó el contrato de comodato entre el Ayuntamiento, representado por la síndico Leticia Flores Sarmiento, y Eddy Roldán Xolocotzi, en su carácter de presidente del Consejo.

De acuerdo con lo expuesto por el síndico, Gilberto Flores, la Ley Municipal establece en su artículo 34, fracción XV, la obligación de remitir anualmente al Archivo General las actas de cabildo. No obstante, al realizar una consulta en el Archivo Histórico, detectó que el municipio de Contla no había entregado las correspondientes a los años 2024 y 2025. Esta información le fue confirmada por el jefe de departamento, Eleazar Pérez Hernández.

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Asimismo, indicó que durante el proceso de entrega-recepción la autoridad omitió compartir información. Explicó que existe un plazo de 15 días para notificar al Órgano de Fiscalización, el cual, a su vez, debería haber informado al síndico; sin embargo, afirmó que dicha notificación no se realizó.

Gilberto Flores ha señalado que desde la difusión de los documentos en los que expone la situación, ha sido excluido de al menos una sesión de Cabildo y eliminado de los grupos de comunicación por parte del presidente honorífico del DIF, Eddy Roldán Xolocotzi, ex edil de Contla.

En ese sentido, en un video publicado en sus redes sociales contextualizó que cada trimestre se presenta la cuenta pública del municipio; sin embargo, precisó que durante el último trimestre de 2025 no se le proporcionó la información correspondiente para su revisión y validación. 

Por esta razón, en enero de 2026 decidió no firmar la cuenta pública remitida al Congreso del Estado. Conforme a la ley, este documento debe contar con la firma de la presidenta municipal, el tesorero y el síndico; sin embargo, este último se negó a suscribirla al señalar que no le fue proporcionada la información necesaria para su análisis y eventual aprobación, situación fue notificada tanto al Órgano de Fiscalización como a la Comisión de Finanzas del Congreso del Estado.

Como resultado de no firmar, días posteriores fue notificado de que ya no tendría la facultad de revisar la información ni se le proporcionaría documentación alguna, bajo el argumento de que dicha atribución corresponde al Órgano de Fiscalización.

Por lo que hasta el momento, el síndico continúa a la espera de que sea resuelto el hecho de lo señalado, y sus facultades y obligaciones sean ejecutadas al margen de las leyes.

Por su parte, el exedil Eddy Roldán Xolocotzi y los integrantes del Cabildo 2021–2024 publicaron un video en respuesta al síndico Flores Maldonado, donde aseguraron que el comodato otorgado contó con sustento legal y respondió a un objetivo específico de protección patrimonial. Señalaron que existía el riesgo de que terceros intentaran apropiarse del mercado y sus locales, principalmente a partir de laudos laborales heredados de administraciones anteriores.

En este sentido, precisaron que el mercado municipal forma parte de los bienes de dominio público del Ayuntamiento, por lo que el acuerdo no implicó en ningún momento la transferencia de propiedad a particulares.

Añadieron que el síndico Gilberto Flores Maldonado tenía conocimiento de este documento y que, aunque no lo firmó, estaba al tanto de su contenido. Asimismo, señalaron que presuntamente habría divulgado esta información después de que no se le autorizara el cobro por algunos locales del mercado. Situación que Flores Maldonado ha negado.

Pese a que el ex edil, Eddy Roldán, niegue dicha acusación, el Contrato de Comodato evidencia que se encuentra violando diversas normas, tanto a nivel federal como local. En un escenario como el denunciado —relacionado con la presunta apropiación de un mercado construido con recursos públicos en Contla de Juan Cuamatzi— se configuraría una transgresión al Código Penal Federal de México, específicamente en sus artículos 217, por uso ilícito de atribuciones y facultades, y 224, por enriquecimiento ilícito.

Asimismo, contravendría la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que en sus artículos 52 al 64 tipifica faltas graves como abuso de funciones y desvío de recursos públicos. En el ámbito estatal, la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala establece en su artículo 34, fracción VIII, que los ayuntamientos no pueden realizar actos con efectos posteriores al periodo para el que fueron electos, lo que refuerza la ilegalidad de cualquier intento de adjudicar bienes públicos con beneficios más allá de su gestión.

No obstante, este hecho habría sido autorizado ante el notario Cesáreo Santamaría, lo que no lo exime de responsabilidad legal, ya que ningún acto notarial puede validar disposiciones contrarias a la ley; además, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala prohíbe el uso del patrimonio municipal para fines personales, por lo que dichos actos serían nulos y sujetos a sanciones administrativas y penales.

¿Cuota real o simulación? El plan del ITE para blindar las Acciones afirmativas en comunidad LGBTQI+

Adrian Meléndez
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¿Cuota real o simulación? El plan del ITE para blindar las Acciones afirmativas en comunidad LGBTQI+

Tlaxcala, Tlax.- Ante la contienda electoral de 2027, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) se encamina a consolidar acciones afirmativas en favor de la comunidad LGBTTTIQA+. Aunque el avance es considerado histórico, integrantes de la comunidad advierten riesgos para su representatividad, como condiciones de seguridad aún cuestionadas y la posible exclusión de personas sin acceso a medios digitales, lo que limitaría su participación en la consulta.

Para profundizar en el tema, el equipo de Escenario Tlaxcala dialogó con la consejera Janet Cervantes, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, quien explicó que el diseño y desarrollo de la encuesta estuvo a cargo de esta comisión. Mientras tanto, para su análisis y validación, se contó con el acompañamiento de la Oficina de Atención a la Diversidad Sexual (OADS) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Una consulta que busca acercarse a la diversidad sexual en Tlaxcala

Desde Escenario Tlaxcala se realizó el ejercicio de responder el instrumento, durante el cual se identificó que este se compone de dos secciones. La primera corresponde a datos personales, mientras que la segunda se estructura en tres ejes:

  • el impacto de las acciones afirmativas aplicadas en el proceso electoral 2023-2024,
  • la autodeterminación y autoadscripción en las candidaturas y por último,
  • la construcción de mecanismos de verificación respecto a dicha autoadscripción.

En conjunto, estos tres ejes integran un total de 15 preguntas. La consulta se encuentra abierta a la participación de cualquier persona, dando prioridad a la comunidad LGBTTTIQA+, además de solicitar la clave de elector —de manera opcional— y un correo electrónico como filtro de seguridad.

En entrevista, Janet Cervantes aseguró que no existe un padrón electoral específico de personas pertenecientes a la población LGBTTTQIA+. Al ser cuestionada sobre los criterios para definir una población base, explicó que se ha tomado como referencia el Censo Nacional de 2020 y, posteriormente, la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) del INEGI, que estima la existencia de 62 mil 685 personas de la diversidad sexual en la entidad.

No obstante, reconoció que este ejercicio por parte del INEGI, aún presenta vacíos en cuanto a la representación total de la comunidad, lo que ha representado un reto en la construcción del instrumento, ante la falta de un censo más preciso y completo.

Al mismo tiempo, la presidenta de la Comisión señaló que el instrumento cuenta con un protocolo que garantiza la seguridad y confidencialidad de la información proporcionada, bajo parámetros previamente establecidos. Asimismo, destacó que la entidad se encuentra entre las únicas cuatro a nivel nacional —junto con Baja California Sur, Ciudad de México e Hidalgo— en implementar este ejercicio.

Al corroborar la accesibilidad de la consulta desde el portal del ITE, misma que se logró ingresar de manera sencilla, se identificó que la plataforma permite su traducción a lenguas extranjeras, más no a lenguas nacionales o aquellas habladas en la entidad, teniendo en cuenta que existen al menos 27 mil 174 personas mayores de tres años que hablan alguna lengua originaria; entre ellas, San Pablo del Monte, donde se encuentra el Centro de Atención a la Población LGBT+, el primer recinto en ofrecer servicios municipales gratuitos en todo el Estado.

Otro de los puntos que se identificaron fue la posibilidad de un posible sabotaje por parte de grupos anti-derechos. Durante la entrevista, Janet Cervantes afirmó que la encuesta cuenta con un proceso de autentificación que permite asegurar que las respuestas recibidas sean pertinentes y acordes a la escucha de la población LGBTTTIQA+.

Asimismo, destacó que, durante el proceso de sistematización y verificación de los datos obtenidos —particularmente en los espacios de comentarios y opiniones incorporados en la consulta— se aplicarán criterios de análisis; por lo que se tendrá que realizar un análisis exhaustivo por respuesta para excluir cualquier tipo de comentario negativo que pueda vulnerar los derechos de la comunidad.

En este sentido, señaló que «una persona que pertenece a las poblaciones LGBTTTIQA+ y que vive todas las discriminaciones, las violencias y la exclusión, no va a hacer un posicionamiento de ese tipo en un cuestionario».

Y aseguró que será el proceso metodológico de sistematización e identificación de datos el cual depure y valore cada una de las respuestas obtenidas en la consulta, lo que garantizará la seguridad y que se escuche verdaderamente a la población LGBTTTIQA+ en Tlaxcala.

En cuanto al impacto de las acciones afirmativas para que no solo sean cuotas simbólicas en las políticas publicas de la entidad, se afirmó que el instituto valorara la progresividad y gradualidad que se deben de tener en cuanto a derechos humanos.

El panorama tras las acciones afirmativas en 2024

Tras la contienda electoral de 2024 en Tlaxcala, las acciones afirmativas quedaron bajo cuestionamiento por presuntos casos de simulación, donde integrantes de partidos políticos habrían fingido pertenecer a la comunidad LGBTTTIQA+ para cumplir con las cuotas de representación.

Sobre este tema, la consejera señaló que la consulta en curso busca corregir los errores detectados en procesos anteriores, con el objetivo de garantizar que este sector no solo se sienta seguro, sino que cuente con una representación auténtica y efectiva.

En este contexto, durante enero del presente año, activistas de la comunidad como José Alfredo y Gustavo, originarios de San Pablo del Monte, denunciaron errores de registro por parte del ITE. Asimismo, señalaron haber sido objeto de escarnio público tras ser etiquetados de manera errónea como «mujeres trans» desde sus propios partidos.

A la par, se han documentado casos, como en Michoacán, para la contienda electoral de 2024, cuando al menos ocho hombres obtuvieron cargos de elección bajo la identidad de mujer transgénero, ocupando espacios reservados por las cuotas de género y diversidad, sin que necesariamente formaran parte de colectivos trans ni contaran con una trayectoria de trabajo en favor de la comunidad diversa.

Si bien la consulta ya se encuentra activa, persiste una brecha digital reconocida que excluye a sectores vulnerables en la entidad. En respuesta se anunció la instalación de seis sedes físicas en distintos puntos del estado; no obstante, hasta ahora solo se han llevado a cabo dos, mientras que las cuatro restantes están programadas para el mes de mayo. Esta situación podría retrasar el acceso y la difusión de la consulta en regiones donde el internet continúa siendo una limitante.

Las sedes previstas se ubicarán en Apizaco (1 de mayo), Contla de Juan Cuamatzi (8 de mayo), Papalotla (15 de mayo) y San Pablo del Monte (22 de mayo).

La consulta estará disponible en el portal del ITE de abril a junio de 2026, y sus resultados se presentarán en julio del mismo año. La Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación será la instancia encargada de recibir y procesar la información obtenida, según explicó la consejera.

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Trabajadores de la FGJE denuncian que son obligados a realizar proselitismo en favor de Alfonso Sánchez García

Adrian Meléndez
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Trabajadores de la FGJE denuncian que son obligados a realizar proselitismo en favor de Alfonso Sánchez García

Tlaxcala, Tlax.— De cara a los próximos procesos electorales, los actos de promoción previos comienzan a intensificarse en distintos puntos de la entidad tlaxcalteca. De acuerdo con un testimonio, funcionarios públicos han sido enviados a las comunidades con el objetivo de posicionar la imagen de servidores públicos, entre ellos, Alfonso Sánchez García, a la par de solicitar credenciales de elector para afiliar a ciudadanos al partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Estas acciones se inscriben en una estrategia de promoción personalizada que no es exclusiva de la entidad, asimismo, representan un desafío legal y ético sobre el actuar de las autoridades que buscan contender por un cargo de elección popular para 2027.

No obstante, el artículo 7 y 11 de Ley General en Materia de Delito Electoral y el artículo 134 de Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos consideran estos actos como un posible desafío legal y ético, ya que podrían constituir el uso de personal subordinado para fines de promoción individual, prácticas que han sido calificadas como injustas y equiparables al uso indebido de recursos públicos por parte de funcionarios.

Trabajadores de la FGJE salen a las comunidades para promocionar la imagen de Alfonso Sánchez García

Según los señalamientos, trabajadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala han salido de sus espacios laborales para distribuir material informativo que hace alusión al presidente municipal de la capital, Alfonso Sánchez García. A estas acciones se suman actividades como la difusión de contenido relacionado con el edil en redes sociales, así como la colocación de imágenes en perfiles personales con las iniciales «AS».

De acuerdo con el testimonio, los trabajadores de la Fiscalía habrían sido obligados a colocar dicha imagen en sus cuentas personales y, posteriormente, enviar capturas de pantalla como evidencia del cumplimiento.

Mientras tanto, la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece, en su artículo 7, relativo a los delitos en materia electoral, sanciones que van de 50 a 100 días de multa, así como penas de prisión de seis meses a tres años, para quienes «recojan en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos».

Asimismo, contempla sanciones para quienes soliciten el voto a cambio de pagos, promesas de dinero u ofertas laborales.

Alfonso Sánchez García

En paralelo, el artículo 11 de la misma legislación prevé castigos para los casos en que se obligue o amenace a trabajadores con el fin de que participen en actos proselitistas de precampaña o campaña, o para influir en su decisión de votar o no por determinado candidato.

Este medio de comunicación ha dado seguimiento al Escenario Electoral rumbo a 2027, en el cual se ha documentado que diversas figuras políticas han comenzado a incorporar su imagen —entre ellos Alfonso Sánchez García o Miguel Ángel Covarrubias Cervantes— y presencia en redes sociales como parte de su agenda pública.

En este contexto, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre otros objetivos, el control en el uso de recursos públicos y la garantía de equidad en los actos de promoción previos a los procesos electorales.

Dicho artículo señala que toda propaganda «bajo cualquier modalidad de comunicación social», debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Asimismo, prohíbe la inclusión de nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen «promoción personalizada» de cualquier servidor público.

No obstante, bajo la política pública denominada «Más territorio, menos escritorio», Alfonso Sánchez García ha comenzado a tejer una base clientelar a partir de acciones que, asegura, buscan acercar su figura como edil capitalino a la población de Tlaxcala.

De manera paralela, en las últimas semanas diversos medios de comunicación han difundido en redes sociales una serie de encuestas que, según se afirma, colocan a Sánchez García como puntero y favorito para gobernar el estado.

Sin embargo, en el entorno digital se ha señalado que dichos ejercicios habrían sido elaborados por integrantes y funcionarios del gobierno municipal. Pese a ello, los medios los han presentado como resultados concluyentes, sin transparentar una metodología clara y con aparentes inconsistencias en la recolección de datos.

A la par, el consejero Hermenegildo Neria Carreño, compartió para Escenario que la Ley General establece diversas multas bajo un régimen de penalidades graduales que varían según la gravedad de la conducta y en casos graves y reiterados, puede proceder la cancelación del registro o la anulación de constancias de mayoría.

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Valeria Arroyo
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Sólo 24 Plantas de Tratamiento de 110 que se han construido al rededor del Río Zahuapan funcionan

Tlaxcala, Tlax.- El río Zahuapan forma parte de la cuenca del Alto Atoyac, una región que desde 2022 fue reconocida como zona de emergencia sanitaria ante los altos niveles de contaminación acumulados por décadas de crecimiento industrial y urbano sin control suficiente. Desde 1981, la respuesta institucional ante este problema se ha concentrado en la instalación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) como principal medida de contención. Sin embargo, la distribución de esta infraestructura sólo abarca 24 PTAR actualmente activas de las 130 plantas registradas en el estado.

La Cuenca del Alto Atoyac se extiende por los estados de Tlaxcala, Puebla y el Estado de México, con una superficie total de 3,600 km². De los cuales 2,086 km² corresponden al territorio tlaxcalteca. Mismo que en las últimas décadas ha experimentado una transformación impulsada por procesos de urbanización e industrialización. Como resultado, en 2017 únicamente el 19% del territorio estatal conservaba cobertura de vegetación natural, lo anterior, de acuerdo con el Centro Fray Julián Garcés.

Te recomendamos leer la primera parte de este especial sobre las PTAR

Aproximadamente 10,100 empresas se han establecido en el estado, lo que ha obligado al gobierno estatal a implementar normativas para la protección del Río Zahuapan a lo largo de los años. En este contexto, una de las principales estrategias impulsadas por las distintas administraciones ha sido la instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), con el objetivo de regular las descargas industriales en el afluente.

No obstante, el propio CFJG ha señalado que las PTAR instaladas no están diseñadas para tratar el tipo de agua que proviene de las industrias, sino únicamente las descargas municipales. Esto implica que una parte sustancial de la contaminación que llega al Zahuapan queda fuera del alcance real de esta estrategia.

Actualmente, 30 de 130 PTAR en el estado están activas y se encuentran en los siguientes municipios:

 

De los 22 municipios que cuentan con PTAR activas, existen 24 plantas en estos 22 municipios que están ubicadas a lo largo del río Zahuapan. Sin embargo, este río atraviesa un total de 52 municipios en la entidad, donde se han construido un total de 110 PTAR. Pero, cabe señalar que no todas las PTAR se encuentran en operación, sino que únicamente 24 de ellas.

En el siguiente mapa se presenta el total de PTAR construidas en la entidad, su ubicación respecto al río Zahuapan y su estatus actual, lo que permite identificar cuáles operan y cuáles permanecen inactivas.

A partir de una solicitud de información con folio 000016, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Tlaxcala (CEAS) informó que, entre 2023 y 2025, las 30 plantas activas han recibido una inversión total de 26,256,943.59 pesos para su rehabilitación. De estas, 24 PTAR se ubican cerca del río Zahuapan, mientras que las seis restantes se localizan en los municipios de Benito Juárez, Calpulalpan, El Carmen Tequexquitla y Emiliano Zapata.

De acuerdo con el CEAS, el agua tratada por las PTAR puede ser utilizada en el riego agrícola, industrial o en actividades recreativas, para reducir el consumo de agua potable; en ese sentido, la principal actividad a la que se dedica la población de dichos municipios donde no pasa el río Zahuapan es principalmente al sector primario (agricultura ganadería, comercio y servicios) así como la elaboración de artesanías.

Inversión total en construcción y rehabilitación de PTAR en la entidad

La Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Tlaxcala (CEAS) dio a conocer a través de la solicitud de información con folio 26000011 que se han invertido $59,071,721,94 millones de pesos para la rehabilitación de las PTAR en Tlaxcala de 2022 a 2025. Sin embargo, la calidad del agua del Río Zahuapan continúa presentando indicadores críticos como la Demanda Química de Oxígeno (DQO), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Coliformes Fecales y Toxicidad Aguda. Mientras que sólo ha 20 municipios de los 24 que cuentan con alguna PTAR activa se le ha realizado algún tipo de inversión.  

Si quieres conocer los detalles de la inversión que han recibido las PTAR entre 2022 a 2025 por año y municipio, y que contrasta el número de plantas que se encuentran actualmente en operación, suscríbete desde $50 pesos dando click aquí y conoce la información detallada.

En ese sentido, a pesar de haber recibido inversión, las PTAR ubicadas en los municipios de Atlangatepec y Xicohtzinco no se encuentran actualmente en operación.

Por otra parte, de acuerdo con la solicitud de información con folio 000005, los municipios de Santa Cruz Tlaxcala y Xicohtzinco han recibido en conjunto una inversión de $5,755,593.83 millones de pesos destinada a la elaboración de proyectos ejecutivos para la recuperación del río Zahuapan y la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales (actualmente ambos municipios no cuentan con una PTAR).

Asimismo, el municipio que ha recibido la mayor inversión es Tlaxcala, con $10,249,063.70, seguido de Tlaxco con $6,201,382.95 y Panotla con $5,234,570.86.

A través de una solicitud de información con folio 000004, solicitamos a la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento del Estado de Tlaxcala (CEAS) el costo para la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en Tlaxcala. Misma que respondió no tener la facultad de construir una PTAR, por lo que dicha información podía ser contestada por la Secretaría de Infraestructura (SI).

Por lo que, tras otra solicitud con folio 000016 y esta vez dirigida a la Secretaría de Infraestructura (SI) esta, señaló que no cuenta con un tabulador para dar un aproximado sobre cuánto cuesta la construcción para una PTAR en Tlaxcala, porque dijo, eso varía de acuerdo a la función de diversos factores técnicos, geográficos y de diseño.

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Sin embargo, durante la inauguración de la PTAR ubicada en la zona de hospitales del municipio de San Pablo Apetatitlán, realizada el pasado 23 de octubre de 2025, el titular de la SI, Eduardo Rubén Hernández Tapia, informó que la construcción de esta planta tuvo un costo de 31 millones 316 mil pesos. Asimismo, destacó que su objetivo es beneficiar a las instituciones de la zona hospitalaria y que operará mediante un sistema biológico a base de lodos, con una capacidad superior a 400 mil litros diarios.

Esta inversión contrasta con la vida útil de las PTAR. En la primera parte de este especial señalamos que estas instalaciones tienen una duración máxima de 50 años.

PTAR no son suficientes para la contaminación que produce la industria

Una de las principales críticas que ha realizado el CFJG apunta al alcance limitado de las PTAR, en diversas ocasiones, Alejandra Méndez ha señalado que la plantas de tratamiento no están diseñadas para procesar la contaminación de origen industrial, por lo que una parte importante del problema queda sin atender. Cabe resaltar que la el Río Zahuapan y la Cuenca del Alto Atoyac contienen metales pesados, compuestos químicos y residuos peligrosos que siguen llegando al río sin un tratamiento adecuado.

De acuerdo con los datos del Directorio Nacional de Unidades Económicas del INEGI (2017), en la cuenca Atoyac – Zahuapan, hay 20 mil 402 empresas manufactureras, de ese total, 9 mil 068 (44.6%) se encuentran en Tlaxcala. Mismas que desempeñan un papel central en la dinámica de contaminación ambiental de la cuenca y de afectación a la salud de la población, por el tipo y el volumen de sus emisiones contaminantes a la atmósfera, a los suelos y al agua.

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Mapa ilustrativo sobre la concentración industrial en el estado de Tlaxcala al corte de 2017. Elaboración: Centro Fray Julián Garcés.

Asimismo, las empresas que se han establecido con mayor expansión, o que generan un mayor impacto ambiental debido a sus actividades en los sectores textil, químico y automotriz, descargan contaminantes como residuos peligrosos, metales pesados y aguas residuales sin tratar en los cuerpos de agua.

Algunas de las empresas que se han instalado alrededor del Río Zahuapan son Grupo Textil Providencia S.A. de C.V., Bayer de México, S.A. de C.V.., Kimberly Clark de México, Gamesa, Sabritas, Volkswagen de México, Pemex. En la próxima entrega de este especial, detallaremos las multas económicas, las empresas involucradas y el tipo de contaminantes que han descargado en el río o en cuerpos de agua conectados con este afluente.

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