Escenario Tlaxcala

Huamantla, Tlax. El esposo de Rocío N. fue asesinado al interior de su domicilio en junio de 2020. Ella fue quien lo encontró muerto en el jardín de su casa, ubicada en Huamantla. Tras nueve meses de los hechos, desconoce los avances de la investigación y ha sido amenazada, sin embargo las autoridades han hecho caso omiso a sus peticiones.

Desde el día del asesinato hasta la fecha, Rocío ha visitado el Ministerio Público de Apizaco alrededor de 12 veces, de las cuales 5 fueron tan sólo en el mes de marzo. En entrevista comenta que ha sido un proceso muy cansado debido a que las autoridades lo hacen muy cansado.

“Desde el primer momento fueron ignorados mis derechos y por ende los de mi hija de 4 años”, asegura. Ya que nunca ha sido tratada de la manera correcta, e incluso cuando logró ser atendida por personal del MP de Apizaco, le dijeron que regresara después porque “había mucha gente esperando”.

Las amenazas

A Rocío le preocupa tanto su seguridad como la de su hija y su familia, ya que han sido amenazados. Por lo que busca declarar y buscar protección por parte de las instancias correspondientes.

“Fue algo sumamente violento y duro para mí. Además de todo este tema donde nos enfrentamos con las autoridades un tema de corrupción, nula atención y omisión”.

Asimismo, recordó que el día que asesinaron a su esposo, quien fungía como funcionario público en Secretaría de Finanzas, ella y su hija tuvieron que retirarse por la madrugada para permitir a las autoridades hacer las diligencias correspondientes en su casa. Por lo que salieron en pijama sin llevarse nada.

“Yo era ama de casa, yo dependía económicamente de él, todas mis pertenencias están al interior de la casa y ahí se quedaron”.  Tras promover un permiso para dejarla ingresar al domicilio, sólo le permitieron sacar la ropa “necesaria” para ella y su hija.

El día que el Ministerio Público determinó que el domicilio se podía abrir, ya que habían concluido las investigaciones en el lugar, nunca arribó personal de dicha institución.

Desde entonces, Rocío no ha podido tener acceso a su casa y menciona que las cerraduras fueron cambiadas. “Tres meses antes ya no tenían pruebas que desahogar, y resultó que siempre sí tenían que seguir resguardando la casa, hay muchas inconsistencias”.

La omisión

En cuanto a la resolución del asesinato de su marido, no sabe nada. Para el mes de septiembre pasado no tenían aún los resultados de la autopsia, y eso es lo único que ella sabe. Por medios locales sólo se especula que fue un “ajuste de cuentas”.

Gente cercana a él, la ha amenazado a ella, su hija y familiares cercanos, como su hermano. Rocío ha intentado hacer una declaración sobre estas amenazas pero la omisión de las autoridades no abonan a que tanto ella como su hija puedan estar seguras.

“Vivir el duelo de mi esposo es algo muy duro. Dudo que me pueda sobreponer. Pero hace mucho más pesado este proceso la omisión de las autoridades. Salimos de la cama en pijama, sin dinero, ni cepillo de dientes. Por parte de mi familia nos dieron asilo, y yo dependía totalmente económicamente de él. Sólo quiero poder sacar mis cosas”.

Cabe mencionar que fue vinculada con 3 licenciadas diferentes y ninguna le dio solución. Por lo que acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a presentar una queja, a la cual, el Ministerio Público respondió diciendo que ella no estaba acreditada como ocupante del domicilio.

Lo cual, menciona, es una mentira. Ya que tiene documentos y estados de cuenta domiciliados en ese lugar, y le fue permitido ingresar una vez a sacar ropa. Además de que se le fue notificado 24 horas antes sobre la liberación del inmueble tras la investigación, pero no asistió el personal del MP y posteriormente se retractaron.

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