Escenario Tlaxcala

Por: Federico Luis Pöhls Fuentevilla.

Como se comentó en varios espacios públicos y medios de comunicación, el 5 de noviembre pasado, el Senado de la República ratificó para México el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú por haberse firmado en la ciudad del mismo nombre, en Costa Rica, desde el 4 de marzo de 2018 y por 24 países de la región. Y como ya se ha comentado, para que este Acuerdo sea exigible en la región, se requiere que 11 países lo ratifiquen, cantidad que se completa ya con la aprobación por parte del Estado Mexicano, publicada el 9 de diciembre pasado en al Diario Oficial de la Federación (DOF)

Como se detalla en el artículo 1 del Acuerdo, su objetivo es el de “…garantizar la implementación plena y efectiva… de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.”

Con la ratificación ya publicada en el DOF, conforme lo establecido en el Artículo 133c de la Constitución, el Estado mexicano integra este Acuerdo como Ley Suprema en nuestro marco legal nacional, por lo que reconoce este instrumento como válido y de fuerza obligatoria en todo el territorio nacional, permitiendo que todas y todos los habitantes del país podamos exigir su cumplimiento.

De esta manera, el Estado mexicano, se compromete necesariamente, como lo han hecho ver ya las organizaciones que han promovido el acuerdo, a transformar la gobernanza ambiental en nuestro país. Es decir que, en términos del derecho de acceso a la información, el derecho a la participación pública en la toma de decisiones y el de acceso a la justicia, México se compromete a:

• Garantizar el acceso de quien lo solicite a la información disponible y que ésta sea entregada de manera oportuna, comprensible y culturalmente apropiada, a tener sistemas de información ambiental actualizados, contar con un registro de emisiones y transferencia de contaminantes obligatorio y eficiente, divulgar toda la información disponible de inmediato en caso de amenaza a la salud o al medio ambiente, a publicar y difundir periódicamente un informe nacional sobre el estado del medio ambiente y a promover el acceso a información ambiental que está en manos de actores privados.
• Fomentar y garantizar la participación abierta e inclusiva de las comunidades afectadas o interesadas desde las etapas iniciales de elaboración de los proyectos, a garantizar que las observaciones que se hagan sean debidamente consideradas, a que, una vez tomada una decisión, el público será informado de los motivos de la misma, y a que la información relevante y necesaria para participar estará siempre disponible de manera oportuna, en tiempo y culturalmente accesible.
• Asegurar el acceso de las personas a instancias que deberán crearse explícitamente para impugnar y recurrir a la justicia en cuanto a decisiones, acciones u omisiones relacionadas con el acceso a la información ambiental, con la participación pública en decisiones ambientales o que puedan afectar al medio ambiente. Y también a fortalecer o establecer mecanismos de protección de las personas que defienden su derecho a un medio ambiente sano.

Además, de acuerdo al artículo 3 del mismo Acuerdo, nuestro país se compromete también a guiarse, entre otros, por los principios de progresividad, precautorio y principio pro persona. Lo que quiere decir que no puede reducir las responsabilidades adquiridas, que debe actuar ante los indicios de un posible daño ambiental o a las personas en su salud o en su seguridad, y que deberá aplicar la norma o la interpretación más favorable a la persona o a la comunidad.

Respecto a esto, en el artículo único del decreto de aprobación se afirma que, “para efectos del Acuerdo, los términos ‘daño’ y ‘daño significativo’, comprenden…” entre otros:

• “b) la pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación adversos y mesurables de los hábitat, de los ecosistemas, de los elementos y recursos naturales, de sus condiciones químicas, físicas o biológicas, de las relaciones de interacción que se dan entre éstos, así como de los servicios ambientales que proporcionan;
• “c) el que ocurre sobre algún elemento ambiental a consecuencia de un impacto ambiental adverso; el que resulta de uno o más impactos ambientales sobre uno o varios elementos ambientales o procesos del ecosistema que desencadenan un desequilibrio ecológico, así como el que propicia la pérdida de uno o varios elementos ambientales que afecta la estructura o función o que modifica las tendencias evolutivas o sucesionales del ecosistema”.

Con esto, si atendemos a todo esto con cuidado podremos ver que, aunque ninguna ley puede ser retroactiva, sí tenemos un instrumento nuevo por el que podemos exigir que todo lo que haga el gobierno mexicano en materia ambiental, y lo que corresponda de manera armonizada en los ámbitos estatales y municipales, se realice conforme el compromiso recién adquirido.

Así, por ejemplo, aunque la Semarnat, la Conagua y los gobiernos de Tlaxcala y Puebla firmaron desde el 28 de septiembre el Convenio Marco de Coordinación Interinstitucional y de Cooperación Técnica por el que pretenden dar cumplimiento por fin a la recomendación 10/2017 de la CNDH, y aunque, sin avisarle a la población y en pleno arranque formal del periodo electoral, llevaron a cabo el viernes 11 de diciembre un acto protocolario en Tlaxcala para la instalación del “Grupo de Trabajo Interinstitucional para el Saneamiento del Alto Atoyac”, este instrumento faculta a la ciudadanía para exigir su participación en todas las decisiones que se tomen por parte del grupo recién instalado para realizar acciones bajo ese convenio marco y obliga a las dependencias y gobiernos a abrir espacios reales para que esa participación sea efectiva y ya no a modo como en otros momentos ha sucedido.

Igualmente, el que la ciudadanía aproveche este instrumento desde ya mismo podrá servir para que cada vez se establezcan menos convenios a modo y sin su participación, como el del 28 de septiembre, y discursos amañados, como el de la directora de Conagua el viernes 11, en los que se manejan en paralelo, como si no tuvieran relación, los procesos de construcción de plantas de tratamiento, infraestructura para drenaje y saneamiento (inciso b) de la cláusula segunda del convenio), con el mandato de “elaborar e implementar un Programa Integral de Restauración Ecológica o Saneamiento de la Cuenca del Alto Atoyac” (como dice en el objetivo y en el inciso e) de la misma cláusula del convenio). Esto es, que tanto el Convenio como la directora general de Conagua, y todo indica que el gobierno de Tlaxcala también, manejan las cosas amañadamente al revés, ya que primero debería elaborarse el Plan Integral de Restauración Ecológica o de Saneamiento de la Cuenca, y sólo con base en ese plan integral determinar qué obras de infraestructura son necesarias, qué tipo de plantas de tratamiento, drenajes y procesos de saneamiento se requieren para reparar el daño que se ha hecho por tantos años al territorio y a la población de la Cuenca y prevenir y evitar daños futuros.

Así pues, los hemos dicho antes y lo decimos ahora nuevamente, contamos ahora con un nuevo instrumento legal que nos fortalece en la lucha por la restauración, el saneamiento integral de la Cuenca y la reparación de los daños cometidos por tantos años a las personas en las comunidades, y ahora porque el gobierno del estado de Tlaxcala, aunque sea por mandato constitucional, actúe en favor de la ciudadanía.